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Etiqueta: Paz

Francisco, el Papa que oro por la paz para Colombia

Cuando el Papa Francisco visitó Colombia entre el 6 y el10 de septiembre de 2017 , el país se encontraba en medio de una fuerte polarización, al no poder superarse el debate por el triunfo del No en el Plebiscito que buscaba la refrendación de los acuerdos de paz con las extintas Farc durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El Sumo Pontífice quiso poner su granito de arena para que Colombia encontrara un camino de entendimiento que permitiera superar las diferencias entre unos y otros, por eso buscó un acercamiento entre el entonces primer mandatario Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, opositor acérrimo de la paz con las Farc. La cita se dio en el  en la biblioteca del Palacio Apostólico el 16 de diciembre de 2016, sin que objetivo de la reunión se lograra por la postura de Uribe frente al tema.

 

Fue entonces cuando se decidió la visita del Papa Francisco a Colombia quien vino con la intención de dejar un mensaje de reconciliación, pensando en una nueva vida en un país de regiones que pedía el silencio de los fusiles.

“Espero que los países que trabajaron para hacer la paz y que dan la garantía que esto siga adelante lo blinden a tal punto que jamás se pueda volver a un estado de guerra. Muchas felicidades a Colombia que ahora da este paso”, dijo Francisco en uno de los mensajes a nuestro país.

Fue entonces cuando el 6 de septiembre de 2017 Francisco pisó suelo colombiano y desfiló por la Avenida El Dorado donde miles de seguidores de la iglesia Católica esperaban verlo pasar dándoles su bendición. Otra multitud lo esperaba en la Plaza de Bolívar de Bogotá

Desde el Palacio Cardenalicio, el Papa Francisco dijo a los jóvenes colombianos que acudieron a la Plaza de Bolívar para escuchar sus palabras: «“Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. Sólo así se animarán a descubrir el País que se esconde detrás de las montañas; el que trasciende titulares de diarios y no aparece en la preocupación cotidiana por estar tan lejos”. Desde ese mismo lugar, invitó a los jóvenes a no dejarse arrebatar sus sueños.

Francisco fue el tercer Papa que visita Colombia. El primero fue Pablo VI en agosto de 1968, seguido de Juan Pablo Segundo en 1986.

La paz que no se impone

En tiempos de polarización, conflictos armados y profundas crisis sociales, hablar de paz no es una utopía, sino una necesidad urgente. Sin embargo, construirla no es tarea sencilla ni responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de las élites políticas. La paz que perdura en el tiempo y transforma realidades solo puede surgir de un proceso colectivo donde la sociedad civil tenga un papel protagónico.

La sociedad civil comprende un abanico amplio y diverso de actores. En ella se manifiestan organizaciones comunitarias, artistas, movimientos sociales, redes juveniles, colectivos de mujeres, sindicatos, iglesias, pueblos étnicos, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, medios alternativos y personas comprometidas con su entorno, entre muchos otros. Estos actores no solo padecen los efectos del conflicto, sino que también poseen conocimientos, recursos y capacidades fundamentales para la transformación de los entornos sociales.

 

Cuando se les incluye activamente en los procesos de paz, se rompe con la lógica vertical en la que unos pocos deciden por la mayoría. La paz no debe imponerse desde los comandantes de los grupos armados o la dirección política y económica del país; debe construirse con las comunidades, desde abajo, con base en el diálogo, el respeto y la inclusión.

Uno de los grandes desafíos de los acuerdos de paz es su implementación real y sostenida en el tiempo. Muchas veces, los procesos firmados en papel no se traducen en cambios concretos en los territorios. Aquí es donde la sociedad civil juega un papel insustituible, ya que su presencia constante en el terreno le permite hacer seguimiento, exigir y garantizar el cumplimiento de compromisos que no quedan en el olvido.

Además, es innegable que su participación aporta legitimidad a los procesos de diálogo y a lo acordado. Cuando la sociedad se siente parte de la solución, se genera un sentido de corresponsabilidad y pertenencia que fortalece los cimientos de la paz. En muchas ocasiones, los sectores históricamente marginados han sido silenciados tanto en el conflicto como en las mesas de negociación; Sin embargo, son estos mismos sectores quienes mantienen vivas las resistencias, las redes de apoyo y las prácticas ancestrales de resolución de conflictos.

Incluir a la sociedad civil significa fortalecer su coordinación y abrir espacios para estas voces diversas, que enriquecen el debate y aportan soluciones concretas y contextualizadas. No se trata solo de una cuestión de representación simbólica, sino de justicia y eficacia.

La construcción de paz implica un cambio cultural profundo. La sociedad civil es clave en la promoción de una cultura de paz, basada en la educación, la empatía, la justicia y la memoria. Solo cuando las nuevas generaciones conocen las causas de las violencias, sus consecuencias y las historias de resistencia, es posible evitar su repetición.

Organizaciones civiles han liderado procesos de memoria histórica, iniciativas de reconciliación, pedagogías comunitarias y proyectos artísticos que ayudan a sanar heridas y reconstruir el tejido social. La paz no es solo ausencia de violencia, sino presencia activa de justicia, equidad y dignidad. La historia demuestra que los esfuerzos de paz que no incluyen a las comunidades están destinados a fracasar o a generar soluciones superficiales.

La sociedad civil y sus organizaciones no son un actor secundario: son el corazón del cambio. Solo con su participación activa, crítica y constructiva es posible avanzar hacia una paz real, transformadora, solidaria y duradera. Apostar por su inclusión no es solo una decisión ética, sino una condición necesaria para construir un futuro más justo.

Luis Emil Sanabria D

¿Por qué Iván Cepeda defiende la creación de un movimiento por la paz?

Durante el reciente Congreso por las Paz celebrado el pasado 5 de abril en donde participaron miembros del Ejército Liberación Nacional (ELN) y miembros del equipo negociador, surgió la idea de crear un movimiento por la paz, tendría eco en los oídos del senador Iván Cepeda.

Desde ese momento el senador Cepeda ha dicho en reiteradas ocasiones que esta idea surge de las comunidades y las asociaciones que desde los territorios exigen al Gobierno Nacional y a los armados ilegales concretar hechos de paz.

 

“Es una idea de tiempo atrás, no porque no haya uno que trabaje ya por la paz, sino para que se encargue de coordinar y articular los esfuerzos que se hagan para concretar una paz duradera”, dijo Cepeda.

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Dijo además que el objetivo principal es el de reactivar las mesas de diálogo con el ELN, que actualmente se encuentran suspendidas, y avanzar en la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el evento participaron la jefa de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, Vera Grabe; el senador Iván Cepeda; el expresidente Ernesto Samper; Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal colombiana; y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del secretario general de la ONU en Colombia

¿Se cae otro proceso de paz en el Gobierno Petro?

Foto: Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en una fotografía de sus redes sociales.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) han informado de la suspensión provisional de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano después de los intensos combates ocurridos entre miembros del grupo y efectivos del Ejército colombiano.

 

El grupo ha publicado un comunicado denunciando «la pérdida de la confianza construida en los acuerdos establecidos en los diálogos sociales» tras los contactos coordinados por la Oficina de la Consejería de Paz.

En particular denuncian un ataque de la Primera División del Ejército Nacional contra miembros del grupo en la sierra del municipio de Ciénaga (Magdalena) en el que murieron tres de ellos y otros resultaron heridos. Además se incautó material de guerra e intendencia.

«Fueron atacados con artillería pesada, mortero, ametralladora punto 50 y apoyo de aeronaves. Los ataques dejaron la pérdida de tres colombianos que, por convicción, hacían parte de nuestra preservación del mandato de nuestras comunidades, que no es otro que proteger y garantizar el orden en la Sierra Nevada», denuncia el comunicado.

«Estando nuestras unidades en una zona rural apartada, sin estar realizando ninguna actividad confrontancional y, mucho menos, que afectara a la población civil con fines genocidas. Es claro que, de acuerdo al número de municiones disparadas, estábamos frente a un plan genocida dirigido por el enemigo del territorio», ha reprochado la organización.

Pide así «que el Ejército Nacional respete la voluntad de paz, se respete el mandato popular entregado al presidente de la República, que es la búsqueda de la paz».

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, han afirmado estar desilusionadas con el proceso de paz, por considerar que han sido traicionados luego de los acuerdos establecidos con el gobierno nacional y que no ha cumplido.

«Exigimos suspender órdenes de capturas, instalación de la mesa de diálogos y presencia de las organizaciones como MAPP-OEA, ONU, iglesia católica y la Defensoría del Pueblo para retomar cualquier conversación», han planteado.

Las falencias hacia la paz

Es innegable que el avance hacia una paz sostenible sigue siendo incierto y demasiado lento. A pesar de los esfuerzos, persisten serios problemas en la búsqueda de la paz integral, lo que genera frustración y desconfianza en los sectores que han apostado por la reconciliación.

Aunque la Ley 2272 de 2022 definió los principios clave para la negociación y la implementación de acuerdos con grupos armados, el Estado no ha avanzado con la celeridad requerida en su desarrollo. Esto ha dejado vacíos jurídicos y operativos que afectan directamente los procesos de negociación y desmovilización, así como la implementación de programas de reinserción y garantías de seguridad para los excombatientes y las comunidades afectadas por la violencia.

 

Un aspecto preocupante es la falta de impulso a la cultura de paz. No basta con establecer mesas de diálogo y firmar preacuerdos si no se trabajan los cambios estructurales en la sociedad que permitan que la paz sea vivida y abrazada. La creación de un ambiente social proclive a la paz, el fortalecimiento de valores democráticos y el reconocimiento de la memoria histórica son fundamentales para transformar una sociedad que ha sufrido la violencia armada por décadas. Sin embargo, estos aspectos han sido relegados en las políticas públicas, y la promoción de la cultura de paz, en el mejor de los casos, sigue siendo dispersa y fragmentada.

En este contexto, es esencial diferenciar entre la paz territorial y la paz nacional. La paz territorial implica estrategias que reconozcan las realidades locales, respetando las dinámicas de cada región y protegiendo los liderazgos comunitarios. Sin embargo, esta visión ha sido poco desarrollada, y las comunidades han manifestado que los procesos de paz no han aterrizado en sus territorios de manera efectiva. Por otro lado, la paz nacional requiere una articulación clara entre las entidades de gobierno y las políticas de seguridad y desarrollo, y así crear condiciones que permitan avanzar hacia una estabilidad duradera. Sin una integración efectiva entre estos dos niveles de construcción de paz, el país seguirá enfrentando ciclos de violencia y reconfiguración de actores armados.

La política de paz del actual gobierno, ha minimizado la experiencia y los aportes de la sociedad civil en la construcción de paz. Organizaciones comunitarias, colectivos de víctimas, movimientos de mujeres y redes de derechos humanos y paz de carácter nacional y regional han jugado un papel crucial en la resistencia pacífica y la reconciliación. Sin embargo, sus propuestas y conocimientos han sido marginados en el diseño e implementación de políticas de paz, lo que limita el impacto de las iniciativas gubernamentales y genera una desconexión con las realidades locales.

Por otro lado, la falta de coordinación entre las organizaciones que trabajan por la paz es otro de los grandes desafíos. A pesar de los esfuerzos de muchos actores, la ausencia de una estrategia conjunta reduce la efectividad de las iniciativas y dificulta la incidencia en políticas públicas. Se requiere un mayor esfuerzo para articular acciones, compartir experiencias y generar sinergias entre las organizaciones de paz para movilizar, incidir, rodear, presionar y mantener los espacios de diálogo para la paz.  Es imprescindible que el Gobierno diseñe una política de paz que involucre de manera activa y estructurada a las organizaciones sociales, garantizando su participación en la toma de decisiones y asegurando que sus esfuerzos sean complementarios y no paralelos a las iniciativas estatales.

Una de las mayores falencias del proceso de paz es la falta de una estrategia integral que no solo guíe el accionar del Estado, sino que también permita una coordinación efectiva con la sociedad civil, la comunidad internacional y las políticas gubernamentales de cambio. Sin una hoja de ruta clara e integral, las acciones quedan dispersas, sin continuidad y sin impacto real en las comunidades. Es urgente una mayor voluntad política, un compromiso real con la sociedad civil y una estrategia clara que articule todos los esfuerzos. Sin estos elementos, la paz seguirá siendo un horizonte inalcanzable para muchos colombianos y colombianas.

Luis Emil Sanabria D.

La invitación del Papa Francisco a orar por la paz

El Papa Francisco ha instado a continuar orando por la paz y ha pedido que se «ponga fin a la violencia en Siria», después de haberse enterado «con preocupación» de la reanudación de la violencia en algunas partes de la zona.

Así lo ha indicado el Papa este primer domingo de Cuaresma desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el 14 de febrero, en el discurso que ha dejado escrito para el Ángelus, publicado por el Vaticano, en el que también da gracias por la atención que está recibiendo por parte de los trabajadores sanitarios.

 

«Me he enterado con preocupación de la reanudación de la violencia en algunas partes de Siria: espero que cese de una vez por todas, con pleno respeto de todos los componentes étnicos y religiosos de la sociedad, especialmente los civiles», ha manifestado el Pontífice.

El Papa ha hecho referencia a la crisis de violencia que ha estallado esta semana en la costa mediterránea de Siria, donde fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades del país se están enfrentando con partidarios del antiguo régimen del expresidente Bashar al Assad, entre denuncias de masacres contra la población civil a manos precisamente de los efectivos de Damasco.

A este respecto, la organización Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha alertado de que han sido «ejecutados» más de un millar de civiles, la mayoría alauíes, en lo que ha descrito como una operación encubierta de represalia orquestada por las fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades.

Disidencia continuará en la mesa de diálogos aun con la captura de alias ‘Araña’

El comandante de la Coordinadora Nacional Bolivariana, Walter Mendoza, a través de un video divulgado en redes sociales confirmó que el grupo ilegal continuará en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, a pesar de la captura de Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

Las declaraciones se hicieron en el marco de la crisis por la que atraviesan los diálogos de paz con este grupo ilegal, tras la detención y posible extradición de alias Araña, un hecho que califican como «traición» por parte del Gobierno Nacional.

 

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Mendoza pidió al presidente de la república, Gustavo Petro, «respeto» por la confianza en el proceso de diálogos que se realiza con la Coordinadora Nacional Bolivariana, solicitando además al primer mandatario hacer lo necesario para la inmediata liberación de Rojas.

“La mesa de diálogo (…) debe continuar en los territorios y de cara a las comunidades”, enfatizó Mendoza al final del video.

Sigue la polémica por la captura de Alias Araña

No se detiene la controversia por la captura de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, integrante de que ahora se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano del Pueblo, que antes era la Segunda Marquetalia”, en cumplimiento de una circular roja de Interpol.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, alias Araña, es requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, incluso estando sentado en la mesa de negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

 

El Comisionado de Paz, Otty Patiño no solo mostró su disgusto con la captura, sino que además defendió las actividades ilícitas que ejercía el capturado.

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Fue un ataque premeditado, pensando, con el fin de afectar profundamente el proceso de paz con lo que ahora se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano del Pueblo, que antes era la Segunda Marquetalia”, dijo Patiño en diálogo con Noticias Caracol.

Frente a las actividades ilegales que ejercía Rojas desde la estructura armada ilegal, Patiño expresó lo siguiente: “todas las estructuras armadas viven de la ilegalidad, todas. Viven de negocios ilegales y uno de ellos es el tema del narcotráfico. No estamos ciegos, lo sabemos desde hace rato”.

Advirtió que la suspensión definitiva de asuntos relacionados con el narcotráfico aun no se han tratado en la mesa de negociaciones.

«Si en un acuerdo decimos ‘suspensión total de los negocios ilegales’ y si lo aceptan y no se cumple, esa conversación no vale la pena que se haga. (Pero) a ese punto no hemos llegado”, agregó.

Diálogos con el Clan del Golfo, más retos que certezas

La formalización de los diálogos con el grupo armado ilegal Clan del Golfo, que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, representa un pilar importante en la búsqueda de la paz y la estabilidad en Colombia. Este paso, aunque polémico, seguramente se fundamenta en la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto y de reducir la violencia que por décadas ha afectado a comunidades enteras.

Desde su consolidación como una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, el Clan del Golfo ha sido responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, como asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, confinamiento, extorsión, minería ilegal, trata de personas, narcotráfico. Su impacto en la seguridad nacional ha sido devastador, pues ha logrado infiltrar y construir alianzas con estructuras estatales y de gobierno, llegando a ampliar sus operaciones a nivel internacional. Por ello, cualquier intento de desarticulación de su estructura debe ir más allá de estrategias exclusivamente militares y considerar el diálogo como un mecanismo legítimo.

 

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El establecimiento de estas nuevas negociaciones responde a la urgencia de reducir la violencia en territorios donde el estado es débil o inexistente. En zonas de departamentos como Antioquia, Chocó y Córdoba, este grupo ha impuesto su ley mediante la intimidación y el terror, generando desplazamientos masivos y afectando gravemente la vida de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La formalización del diálogo abre la posibilidad de establecer acuerdos que permitan desescalar el conflicto, proteger a las comunidades y su reinserción a la vida civil.

El diálogo y la negociación con esta organización no solamente debe busca desactivar la confrontación armada, sino también sentar las bases para una transformación de los territorios afectados por su presencia y dominio. Esto incluye la implementación de políticas de desarrollo rural, acceso a oportunidades laborales, programas de sustitución de economías ilícitas, fortalecimiento de la democracia participativa y de la institucionalidad. El Estado Social de Derecho debe emerger y fortalecerse en los territorios afectados, para salirle al paso al surgimiento de nuevas expresiones armadas.

A pesar de los beneficios potenciales, el proceso de diálogo con el Clan del Golfo seguramente enfrentará múltiples retos. Uno de los principales, puede ser el tema de si existe o no unidad de mano en la organización y la existencia o no de facciones internas con intereses divergentes. Asimismo, existen sectores de la sociedad que consideran que negociar con grupos de carácter narcotraficante podría sentar un precedente peligroso y debilitar la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la vía exclusivamente militar no ha logrado desmantelar la estructura del Clan del Golfo ni erradicar la violencia en los territorios bajo su influencia. Un enfoque integral, que combine la acción judicial con mecanismos de diálogo directo, la instalación de procesos  de participación que incluya a las comunidades afectadas y un programa ambicioso de implementación de los acuerdos, puede ser más efectivo en la construcción de una paz duradera.

La paz en Colombia no se logrará únicamente con operativos militares, la salida negociada es un elemento imprescindible que debe ir de la mano con soluciones políticas, sociales y económicas que ataquen las raíces del conflicto y permitan construir un país más justo y equitativo.

Luis Emil Sanabria D.

Colombia: Un año de esperanza y el compromiso con la paz

El 2024 llega a su fin, y con él un año lleno de desafíos, aprendizajes y oportunidades para avanzar hacia un país más justo y en paz. La construcción de la paz en Colombia no ha sido una tarea fácil, pero cada paso dado nos acerca más al sueño colectivo de una nación reconciliada, equitativa y participativa.

Sin embargo, este cierre de año nos invita a reflexionar sobre algunos componentes de la construcción de paz. El 25 de mayo de 2025, por ejemplo, es una fecha que pudo marcar un antes y un después en nuestro camino hacia la paz duradera. Ese día estaba previsto que se firmara el cierre de la implementación del acuerdo #28 con el ELN, centrado en la participación de la sociedad. Este hito fundamental habría abierto las puertas hacia un proceso irreversible en los diálogos y en la transformación social del país.

 

El acuerdo #28 no es solo un compromiso técnico; representa una apuesta por un modelo de país donde la participación activa de las comunidades sea el eje de las decisiones políticas. Su implementación plena habría consolidado la confianza de las comunidades en las instituciones y reforzado la legitimidad de los diálogos, especialmente en momentos cruciales de reformas políticas y del sistema general de participación.

Es crucial que las partes en la mesa de negociación Gobierno Nacional – ELN realicen un esfuerzo real y profundo, pensando en las necesidades y anhelos del pueblo colombiano, y en el futuro político del país. De lo contrario, el diálogo corre el riesgo de deslegitimarse como un mecanismo expedito y efectivo para alcanzar un acuerdo que transforme las condiciones estructurales que perpetúan la violencia.

En el 2024, el contexto de los diálogos se complica profundamente y se cuestiona por diversos sectores sociales, debido a las dificultades con unos frentes del llamado Estado Mayor Central de las FARC, su decisión de continuar una estrategia de lucha ligada a acciones terroristas, al narcotráfico y a la minería ilegal, entre otras, llevaron al rompimiento definitivo de los diálogos con dichos frente. A pesar de los obstáculos, se han mantenido activos los diálogos con las disidencias de las FARC que cuentan con reconocimiento político, lo que constituye un logro importante para la búsqueda de soluciones negociadas y sostenibles.

A nivel urbano, las mesas de diálogo en Medellín, Buenaventura y Quibdó han demostrado avances significativos. Estos espacios han permitido abordar las problemáticas locales desde una perspectiva participativa, generando soluciones que responden a las necesidades de las comunidades urbanas más afectadas por la violencia. Estos logros son un ejemplo de que la paz no solo se construye en las mesas nacionales, sino también en los territorios; sin embargo, las comunidades siguen alzando su voz solicitando mayores espacios de participación y mecanismos que prevean desde ya el acogimiento a los y las futuros hombres y mujeres de paz.

En este escenario, también se hace urgente continuar avanzando en el establecimiento de diálogos con las estructuras paramilitares, cuyas actividades continúan siendo la mayor amenaza para la estabilidad y seguridad de muchas regiones. Estos actores, aunque diferentes en su naturaleza y motivaciones, deben ser incluidos en una estrategia integral de paz que aborde todas las dimensiones del conflicto colombiano.

Un elemento preocupante ha sido la débil participación de la sociedad civil en rodear el proceso de paz y en incidir para que se mantengan los diálogos. La exigencia del respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en temas relacionados con el reclutamiento de menores, el confinamiento, el secuestro, las amenazas y los asesinatos a líderes y lideresas sociales, ha sido insuficiente. Además, las organizaciones y sectores que trabajan por la paz no han contado con el respaldo y apoyo necesarios para mantener un movimiento por la paz activo, cohesionado y autónomo frente a las partes.

No se ha logrado desatar una gran campaña nacional coordinada a todo nivel, en todos los escenarios y con todos los actores, que instale con más fuerza una cultura de paz en el imaginario colectivo. Esto constituye un reto urgente que debe abordarse para que la paz no solo sea un acuerdo firmado, sino una realidad vivida y construida de manera colectiva.

El próximo año será decisivo. Las reformas deben materializarse con un enfoque que garantice la inclusión, la transparencia y la equidad, mientras que la reforma del sistema general de participación debe priorizar el fortalecimiento de los territorios y el reconocimiento de sus particularidades. Cada paso en estas direcciones no solo será un avance técnico, sino también una afirmación de que la paz es posible y necesaria.

A medida que cerramos este año, invitamos a todos los colombianos a mantener viva la esperanza y a trabajar juntos por un futuro mejor. La paz es un proceso que requiere paciencia, voluntad y acción colectiva. Que el 2025 sea un año de grandes avances, de diálogo sincero y de pasos firmes hacia una Colombia que pueda vivir sin miedo, sin exclusión y sin violencia.

¡Que el nuevo año traiga consigo la paz que todos soñamos!

Luis Emil Sanabria

“Al ELN no se le ha ofrecido ni se le ha otorgado nada”: Iván Cepeda

El senador del Polo Democrático y negociador del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN dice en entrevista para Confidencial Colombia, que al grupo guerrillero no se le ha ofrecido ni se le ha otorgado nada, más allá de la posibilidad de construir de un diálogo social con los diferentes sectores del país.

Al proceso de paz con el ELN se le ha dado un voto de confianza ¿No cree usted que ya han sido demasiada las oportunidades?

 

Iván Cepeda: El Estado colombiano libra con el Ejército de Liberación Nacional una guerra de más de 60 años y para construir una solución de ese conflicto se requiere ante todo una construcción paciente. Uno entiende que hay un cansancio en el país y una exigencia para que se avance, pero a los que estamos en el papel de negociadores nos corresponde tener la paciencia de la construcción, sin olvidar la urgencia de los resultados.

¿Qué más se le puede ofrecer al ELN?

Iván Cepeda: La pregunta es, ¿qué es lo que se la ofrecido tan desmesuradamente? ¿Qué es lo que se les ha entregado? Absolutamente nada, más allá de la posibilidad de crear un proceso de participación social para que diferentes sectores digan que transformaciones se requieren para superar en los territorios este conflicto armado.

Da la impresión de que una cosa quieren los negociadores y otra los integrantes del ELN que están en los territorios en medio de la guerra

Iván Cepeda: Eso ocurre en toda organización de este tipo. Al interior del ELN también hay discusiones y seguramente también contradicciones fuertes. El comandante de esta guerrilla, Pablo Beltrán, dijo que el Gobierno tenía dos cabezas negociando y la pregunta es: ¿Cuántas cabezas tiene el ELN?

¿Seguirá acompañando la negociación con el ELN?

Iván Cepeda: Por supuesto. Estaré ahí hasta que el presidente así lo decida, y así no estén en la mesa de negociación en el ELN seguiré trabajando por la paz de Colombia las 24 horas.

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Firmantes del Noroccidente colombiano marchan en Medellín

Este lunes 25 de noviembre, a las 9am, cientos de firmantes de paz se concentrarán en el Parque de Bolívar de Medellín para reafirmar su compromiso con el Acuerdo Final de Paz que firmaron en La Habana en 2016. Conmemoran 8 años de la firma del Acuerdo de Paz con la consigna: #FirmesConElAcuerdo

Al cumplirse 8 años del Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano y la entonces guerrilla de la FARC-EP, quienes dejaron las armas, exigen garantías para la vida tras 438 asesinatos de personas en reincorporación en el país, 41 de ellas en Antioquia.

 

Con una marcha por el centro de Medellín, doscientos hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz y dejaron las armas en el marco del Acuerdo Final de Paz de La Habana, reafirman su compromiso de continuar su lucha en la política y piden garantías para la vida y la reincorporación en el territorio antioqueño y los vecinos departamentos de Chocó, Córdoba y Eje Cafetero.

Los derechos a la tierra, a la vivienda, al empleo, entre otros, siguen siendo deudas con la población en reincorporación en Antioquia y el país, por lo cual los firmantes marcharán desde el Parque de Bolívar hasta la Alpujarra por la Avenida Oriental, y después San Juan, en la mañana del próximo lunes, entre las 9 y el medio día. Lo anterior se suma a la  jornada de Conmemoración de la Firma del Acuerdo el domingo 24 de noviembre en la Plazuela de San Ignacio donde se le hará un reconocimiento a organizaciones y personalidades PRO-PAZ en Antioquia y el Noroccidente Colombia.

Ambos espacios, así como múltiples diálogos que se desarrollarán en la Universidad de Antioquia y otros escenarios, tienen en el centro la solicitud por el compromiso de aceleración de la implementación integral del Acuerdo de parte del Gobierno Nacional, pero también de los mandatarios municipales y departamentales.  “La paz requiere de políticas claras frente a la reincorporación política, económica, social y comunitaria. Esto incluye, de manera prioritaria, acceso a la tierra y a la vivienda para quienes adelantamos nuestra reincorporación en territorios tanto rurales como urbanos, así como acciones contra la estigmatización que vivimos los firmantes a la par con los militantes del Partido Comunes”, afirma Marcos Urbano, Consejero político del Partido Comunes

Se invita a la ciudadanía en general a acompañar las actividades y rodear el Acuerdo de Paz, como pilar fundamental hacia la Paz Total y el Cambio en Colombia.

Pedro Baracutao

Ocho años

“Que ocho años no es nada”, como parodiando a Carlos Gardel en su inolvidable tango “Volver”, podríamos decir, a propósito de los 8 años del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las extintas FARC, que se cumplen este 24 de noviembre. Y ocho años no es nada, si se trata de superar un conflicto político armado de larga duración, que por mas de medio siglo protagonizó la guerrilla, en aquel momento, la más antigua y grande del continente. Y ocho años no es nada, sobre todo si la mitad de ellos, todo un cuatrienio presidencial, se destinó desde el Gobierno de derecha de Iván Duque, a “hacer trizas” lo acordado, o cuando menos, a congelarlo.

Ese cuatrienio perdido para la paz ha dejado consecuencias difíciles de revertir, sobre todo porque como lo advierten los expertos y lo demuestra la evidencia internacional, los primeros cinco años son cruciales para la implementación de un acuerdo de paz y la reincorporación exitosa de quienes han participado en las actividades bélicas. Las cifras y las realidades no mienten. Duque recibió un Acuerdo de Paz por cumplir y nos entregó dos disidencias de las extintas FARC; recibió una mesa de dialogo con el ELN dotada de agenda, metodología y países acompañantes y nos dejó un crecimiento en pie de fuerza, finanzas y cobertura territorial de esta organización guerrillera; recibió un Clan del Golfo, fortaleciéndose como holding criminal a partir del reciclaje de carteles y paramilitarismo, y nos entregó un poderoso ejército con capacidad perturbadora en varias regiones del país. Y fue en ese cuatrienio en el que se incrementó el asesinato de firmantes de paz con 261 casos.    

 

Fuentes creíbles como la Fundación Paz y Reconciliación -PARES– señalan que Duque cerró su gobierno con un Clan del Golfo expandido a 241 municipios, un ELN incrementando su presencia a 183 poblaciones, mientras que las disidencias de las antiguas FARC comandadas por “Gentil Duarte” llegaron a 119 y la denominada Segunda Marquetalia a 61 municipios. Es decir que el País que recibió Petro tenía 420 municipios, el 37% del territorio nacional, con presencia de grupos armados organizados. Y lo propio ocurrió con el crecimiento de los cultivos de coca en el gobierno de la paz hecha trizas: Según la información de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, Juan Manuel Santos le entregó a Iván Duque un área cultivada de 208 mil hectáreas, mientras que Duque le dejó a Gustavo Petro un área incrementada en 234.000 hectáreas, un aumento del 11%.

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El más reciente informe del Gobierno Colombiano presentado en New York ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre pasado, señaló que los rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz “obedecen a decisiones políticas pasadas que desconocieron sus compromisos e instauraron un enfoque limitado al alcance de la paz.”. Concretamente el informe, destaca que desde su inicio la implementación del Acuerdo de Paz  se dispersó y fragmento en 53 entidades del Estado revelando deficiencias y falta de capacidades institucionales para cumplir lo pactado; que los recursos asignados han resultado insuficientes; que persiste la violencia en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado; que es evidente una fragmentación de la verdad y una débil articulación de los distintos modelos de justicia transicional; y que ha habido ausencia de compromiso de otras ramas del poder público.

Acierta el Gobierno Nacional en asumir el cumplimiento del Acuerdo de Paz como un componente central de la política de Paz Total. Acierta en actualizar, de común acuerdo con la otra parte contratante representada en Comunes, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo. Acierta en poner en marcha un plan de choque que acelere su cumplimiento y materialización. Y mucho mas acertado, que dicho “plan de choque” haga énfasis en garantizar y culminar la reincorporación de los excombatientes, los municipios PDETs y los pactos territoriales, el pacto político nacional para proscribir la violencia de la política y la seguridad en los territorios. Si dicho plan es exitoso, recuperaremos buena parte del tiempo perdido en estos ocho años.         

Antonio Sanguino

¿Cuál es la paz que buscamos?

Este 21 de noviembre se cumplieron ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las FARC-EP. Quedan apenas siete de los quince años establecidos para completar su implementación y menos de la mitad de los $147 billones calculados la ejecutar los 578 compromisos materiales adquiridos. El Instituto KROC de Paz de la Universidad de Notre Dame, designado en el marco de implementación del Acuerdo para hacer el seguimiento, estableció en su octavo informe de mayo pasado un panorama sombrío que refleja la disputa política todavía vigente sobre la negociación política con los actores armados del conflicto.

Los dos puntos con mayor avance son aquellos que interesan a la institucionalidad: el fin del conflicto armado y la dejación de armas por parte de las FARC; y la estructuración de los mecanismos de implementación y verificación del Acuerdo por parte del gobierno. Los relativos a las causas estructurales del conflicto armado y del social subyacente no han corrido con la misma suerte. Los niveles más bajos de implementación corresponden al capítulo primero, de la reforma rural integral, dirigido a resolver los conflictos sobre la tierra y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y al segundo, de participación política, diseñado para impulsar el mejoramiento de la calidad de la democracia y de la participación ciudadana. El gobierno no pudo “hacer trizas el acuerdo”, pero frenó en seco su ejecución.

 

El capítulo relativo a la justicia transicional marcó con el promedio general de la implementación, pero merece serios reparos respecto del cumplimiento de lo efectivamente pactado sobre el carácter político de la rebelión armada y de los delitos conexos. El Estado, a través de la ley de víctimas y el reconocimiento de la existencia del conflicto armado advirtió la existencia de dos responsabilidades concomitantes: la objetiva del Estado que representa al sistema social vigente, expresada en la reparación a las víctimas; y la subjetiva de los actores concretos alzados en armas en contra del sistema social y de los que delinquieron en su defensa. De ahí que se haya hecho necesario el diseño de una justicia especial autónoma, de carácter transicional y restaurativo, no ordinaria ni retributiva, para los delitos cometidos por todos los actores del conflicto armado, fueran ellos guerrilleros, militares, agentes del Estado o civiles.

No es mera coincidencia que el conflicto social también tenga efemérides este mismo 21 de noviembre, con la conmemoración del quinto y del tercer año de los estallidos sociales del 2019 y del 2021. Es necesario señalar, para quienes quisieran atribuir esta forma de rebeldía al fenómeno fortuito del COVID-19 en vez de a la patología del régimen social vigente, que el primero detonó con anterioridad a la pandemia. La coincidencia de las convocatorias a paro nacional con la fecha de la firma del Acuerdo Final y en reclamo de su implementación relieva el vínculo inescindible entre el repudio de la injusticia y exclusión por parte de las más diversas expresiones sociales civiles y el rechazo del sistema por parte de los sectores que optaron por la lucha armada.  

De ahí que la paz no pueda burocratizarse en el seguimiento de indicadores de gestión que no abocan la cuestión de fondo -la manzana de discordia- de cómo garantizar, mediante transformaciones estructurales, el mejoramiento integral y sostenible en el tiempo de las condiciones y calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad. Mientras sigamos en la mera implementación formal del Acuerdo de Paz seguirán reproduciéndose las causas y los efectos del conflicto social y también del armado. Debemos interrogarnos sobre cuál es la paz que buscamos y cuáles los medios idóneos para conseguirla.

Clara López Obregón

Gustavo Petro insiste en la necesidad de aprobar la modificación al Sistema General de Participaciones

Durante el Octavo Aniversario de la Firma del Acuerdo de Paz, el presidente de la república, Gustavo Petro, destacó los alcances de este proceso e hizo un repaso de los lo que ha trabajado su Gobierno en este sentido como la presentación y priorización del proyecto de Reforma Agraria en el Congreso, y la puesta en marcha del Plan de Choque para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en las zonas más afectas por el conflicto.

El jefe de Estado insistió en que el Proyecto de Acto Legislativo de Autonomía Territorial, que modifica el Sistema General de Participaciones, es clave para “trasladar esa cuantía de recursos al territorio.

 

“Aspiro a duplicar la entrega de tierras en Colombia, llegar a 600 mil hectáreas para el campesinado y maximizar las reservas campesinas que van bien. Aspiro a que parte del crédito que manejan un 94% de la banca privada fluya hacia las cooperativas campesinas», afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo insistió en que la paz empieza en los territorios, “Si no ocurre una verdadera transformación de los territorios, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado, no habrá paz duradera. La implementación del Acuerdo se acelera priorizando y enfocando las acciones de mayor impacto, lo más importante en esta etapa es la territorialización”, destacó.

Asimismo, explicó el Plan de Choque que adelanta el ministerio del Interior con el que se priorizan y focalizan los recursos para obras claves en los 170 municipios PDET, donde viven los más de 7 millones de colombianos que han sido más afectados por el conflicto.