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Etiqueta: Pedro Baracutao

La luchas de la juventud por la paz total en Quibdó

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

En el año 2022 nos acercamos a los procesos juveniles en Quibdó construyendo y visibilizando liderazgos para los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), en una apuesta de participación política para la construcción de la paz territorial desde un sujeto político fundamental como lo es la juventud. La muerte criminal nos ha arrebatado más de 600 jóvenes en los últimos 6 años (Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos, 2023), y esto no lo podíamos dejar en silencio. Realizamos constancias, diálogos territoriales y una audiencia pública para tratar el tema.

En abril los asesinatos de jóvenes en Quibdó incrementaron de una manera desorbitante, y para el 26 de abril ya habían 82 homicidios, una hecatombe como llamaban los griegos a  esa tragedia tan grande de vidas humanas, víctimas de una guerra ajena de carácter trasnacional por los intereses que la generan, principalmente el narcotráfico.

 

Organización y lucha política

La juventud se organizó a través del CMJ y de la construcción de  Plataformas de Juventud para exigir que cese el derramamiento de sangre. Fueron las y los jóvenes quienes demostraron autonomía en la realización de actividades de cara a la visibilización de los asesinatos que han venido ocurriendo en Quibdó.

Desde la curul apoyamos la marcha pacifica en el mes de abril liderada por más de 400 jóvenes, luego una velatón por la paz. Con este acumulado de acciones colectivas la juventud organizada plantea una solución política a esta guerra urbana. Acuden al gobierno departamental y no son escuchados, igual pasa con el gobierno municipal, no se ven  soluciones estructurales.

Ante esto la juventud logra movilizarse hasta el Congreso de la República, se entrevistan con algunos congresistas, son escuchados en diversas comisiones y presentan el “Mandato de jóvenes del Chocó por la pacificación del territorio”. Esboza los siguientes puntos:

Inversión social

  • Creación y adecuación de escenarios deportivos.
  • Infraestructura física de Casas/Centros de Juventud, arte, cultura, centros de escucha abierta, liderazgo político, habilidades para la vida, educación financiera y emprendimiento para las 7 comunas del municipio de Quibdó.
  • Fortalecer las infraestructuras artísticas y culturales de las organizaciones de juventudes a través de empresas y agencias de cooperación internacional.

Políticas públicas

  • Socialización e implementación inmediata de la política pública de seguridad y convivencia ciudadana.
  • Creación e implementación de la Política Pública de arte, innovación y cultura.
  • Actualizar e implementar la Política Pública de Juventud del Municipio de Quibdó.
  • Creación e implantación de la Política Pública municipal de género

Empleabilidad

  • Ser los pioneros de la ley de mi primer empleo.
  • Estimular la creación de pequeñas y medianas empresas para la población juvenil de Quibdó, y de igual manera garantizar acompañamiento para la sostenibilidad de las mismas.

Protección

  • Creación de la comisión de paz por Quibdó con enfoque étnico y diferencial, con una temporalidad de 10 años y con participación intersectorial.
  • Crear una plataforma digital que sirva como sistema de alerta y protección para casos de violencia juvenil en el municipio de Quibdó.
  • Creación de una veeduría para la salvaguarda de los derechos de la juventud étnica del municipio de Quibdó.

Con este acumulado, el 3 de diciembre de 2022 realizamos la Audiencia pública “Paz por los Jóvenes de Quibdó”, la cual contó con la asistencia de más de 64 jóvenes y más de 20 organizaciones juveniles, la UNAD y la UNICEF. 20 días después algunos grupos organizados al margen de ley manifiestan su intención de acogimiento a la Paz Total.

Dicho acogimiento se ha evidenciado en la disminución del 55% de asesinatos en Quibdó, y del delito del hurto. Nuestro sueño de una paz grande se acompasa con estas luchas de la juventud que tiene todo por dar para construir una Colombia al tamaño de sus sueños y no al tamaño de un interés mezquino como el de la guerra. En los gestos, luchas y atrevimientos de la juventud vemos una enseñanza fundamental: ver, oír y sentir el territorio desde los balcones de la esperanza y no desde los balcones del resentimiento.

 

 

 

 

El Aire no es como lo pintan

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Como autor del Proyecto de Ley 072C “Aire para la Vida”, es importante mencionar que su trámite sigue curso en la Comisión quinta de Senado (constitucional permanente), y surtió proposición positiva en dicha comisión. El PL establece que se ajusten los estándares de regulación con los de la OMS, y que se tomen medidas preventivas antes de que la contaminación cause daños en la salud. También propone que se informe oportunamente a la comunidad las consecuencias de la exposición a la mala calidad del aire.

Licencia para contaminar es licencia para matar

 

La OMS y la OCDE recomiendan que la cantidad máxima de PM2.5 sea de  15 microgramos, en Colombia se permiten hasta 50. Aquí hay un interés de los industriales en cabeza de la ANDI para que se siga manteniendo ese nivel de permisividad, aún cuando está demostrado que los costos ambientales, laborales y de salud pública van en detrimento de la productividad.

En la Audiencia Pública de la Comisión Quinta el pasado 11 de mayo (https://www.youtube.com/watch?v=avWgkWjRarw) se escucharon las diferentes voces del movimiento nacional por el aire. Las cifras son contundentes:

– 1 de cada 8 muertes a nivel mundial se asocia a la mala calidad del aire. Cada año mueren cerca de 8 millones personas en el mundo por esta causa (OMS).

– La mala calidad del aire en Colombia supera como causa de mortalidad al tabaquismo, los accidentes de tránsito, la malaria y las guerras. Es una muerte silenciosa que a nadie preocupa.

– Las enfermedades asociadas a la mala calidad del aire son el cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares, la enfermedad isquémica del corazón, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El aire de las ciudades principales es contaminado principalmente por la quema de combustibles fósiles, por lo que la responsabilidad recae sobre el sector industrial y de transporte. La contaminación atmosférica pone en alerta a la ciudadanía solamente cuando se prenden las alarmas principalmente dos veces al año. El resto del tiempo la gente sigue muriendo, mientras las autoridades ambientales siguen pasivas otorgando licencias, haciendo caso omiso incluso a sentencias del Consejo de Estado como la que pide generar un plan de descontaminación particular para Girardota por ser área fuente debido a la densificación industrial en este territorio del norte del Valle de Aburrá (https://chimeneainformativa.blogspot.com/2020/12/sentencia-ordena-autoridades-proteccion.html).

Como curul de Antioquia vamos a seguir abanderando esta causa ambiental, en sintonía con la apuesta del PND  de ordenar el territorio alrededor del agua y de bienes comunes como el aire, entroncando el concepto de justicia ambiental con el de justicia ambiental. Un Plan que empieza a perfilar a Colombia como una potencia mundial de la vida y a los movimientos ambientales como actores claves para la transformación de los territorios.

El Acuerdo de paz en el PND “Colombia, potencia mundial de la vida 2022-2026”

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Como firmantes de paz celebramos que el PND recoja la implementación integral del Acuerdo de Paz. Y que la planeación del desarrollo se articule con el ordenamiento del territorio alrededor del agua como primer eje de transformación dentro del plan. Una propuesta de cuidado de la “casa común”, paz y buen vivir para el pueblo colombiano.

Por fin un proyecto político en nuestra era republicana que pone una agenda de cambio con la paz en el centro. Proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz (Cap.1) se encuentran previstas en las Bases del PND. Así mismo, resaltamos que brinde las facultades al ejecutivo para la compra de tierras de cara a la Reforma Rural Integral y para la reparación de víctimas.

 

Los ejes de transformación del PND son el ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización, acción climática y convergencia regional (Art.3). Esto da cuenta de tres cosas fundamentales: 1) que la vida humana y la defensa de la biodiversidad son la prioridad, 2) que el plan es modernizar el país superando el centralismo y dándole poder a las regiones, y 3) Colombia en el planeta como un actor fundamental para mitigar el cambio climático.

Otro aspecto clave a mencionar son los ejes transversales del PND: la paz total, los actores diferenciales para el cambio, la estabilidad macroeconómica y la política exterior con enfoque de género (Art.4). Una apuesta por superar la violencia estructural, por superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por tumbar el grueso muro que separa lo urbano y lo rural. “Actores como las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, las víctimas, las niñas y los niños, las comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad y la comunidad campesina son parte integral de las transformaciones propuestas por este Plan”.

Es clave la apuesta de una política exterior con enfoque de género como política de Estado, orientada a promover y garantizar la igualdad de género en la política bilateral y multilateral. Se le da mucho juego en la política de paz total a la Cancillería en cabeza de Álvaro Leiva.

La paz tiene presupuesto

Hay esperanza real de paz al aprobar el Plan de Inversiones Públicas (1.154,8 billones) que incluye el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz (PPI), el cual se estima en un valor de 50,4 billones a pesos constantes de 2022 para los próximos cuatro años por $50,4 billones (Art.5) distribuidos por punto del Acuerdo de Paz así:

cifras by Confidencial Colombia on Scribd

Así mismo, al garantizar la implementación integral del PNIS y compromisos del mismo con pueblos y comunidades étnicas y campesinas (art. 10 y 11), se avanza en el ejercicio de volver a construir acuerdos con familias cultivadoras a las que el gobierno anterior les incumplió en su intento de hacer trizas el Acuerdo de Paz.

Un PND para la reconciliación y las garantías de no repetición

Otro aspecto clave para la reconciliación y la transición hacia la paz es el “proceso de acompañamiento a miembros activos y retirados de la fuerza pública durante la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (Art.18). En este sentido también es clave el Plan de Acción para la aceleración de pago de indemnizaciones administrativas (Art. 8). “El Gobierno nacional implementará un plan de eficiencia en el gasto público a fin de acelerar el pago de las indemnizaciones para las víctimas del conflicto”.

En términos generales se resalta de este PND su perspectiva de planeación participativa y su capacidad de articulación institucional para mejorar la gestión pública y superar la ineptitud burócrata de anteriores gobiernos.

En ese sentido se resalta el Sistema Nacional de Reincorporación (Art.19) como instancia de articulación y coordinación de la oferta interinstitucional de orden territorial y nacional para las personas exintegrantes de las FARC-EP, incluyendo también a sus familias. Así mismo el Programa de Reincorporación Integral, dirigido a generar capacidades en sujetos y colectivos en proceso de reincorporación social, económica y comunitaria orientadas hacia el alcance del buen vivir y la construcción de paz (Art.20).

La Agencia de Renovación del Territorio -ART- estará adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Art.14), lo cual también da cuenta de esa modernización institucional de cara a la implementación de los Acuerdos.

Finalmente, no deja de ser un tropiezo la no implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Una deuda histórica de la “oligarquía”, temerosa de los relatos múltiples de la verdad. Esa clase que como decía Gaitán “concentra en su excluyente interés los poderes económicos como medio de influencia política, y la influencia política como medio de ventajas económicas”.

 

 

 

Gaitán: Memoria e historia a 75 años del Bogotazo

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Con ese titulo la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia conmemora la vida y obra del caudillo liberal. El profesor Juan Guillermo Gómez remonta el río de la historia para narrar desde la crónica aspectos relevantes de la vida de Gaitán, una especie de retrato poético y político del hombre que agitó las masas populares en la Colombia del siglo XX.

Me sorprende el retrato de un hombre “humano demasiado humano” que inspiró las luchas campesinas, obreras y populares en diferentes territorios de la geografía nacional.  Y sobre todo la profundidad de sus planteamientos políticos, clarividentes y actuales para coyunturas como la que hoy vivimos:

 

“El liberalismo proclama su solidaridad con todas las fuerzas políticas de izquierda que en el continente americano luchan por hacer efectiva la democracia, liberándola del dominio de los grupos plutocráticos, que en lo externo actúan como fuerza imperialista y en lo interno como oligarquías, que concentran en su excluyente interés los poderes económicos como medio de influencia política, y la influencia política como medio de ventajas económicas” (Gómez, 2023, p.24).

Por posturas como la anterior es que “había que ponerlo fuera de juego”. ¡Que bello sería que los liberales recojan este sentir y en el momento actual se unan decididamente a las reformas históricas que impulsa el actual gobierno del cambio! Que sin intereses plutocráticos asuman su papel transformador inspirados por las ideas modernizantes de Gaitán.

Esta conmemoración nos refresca la memoria de nuestras luchas políticas desde la insurgencia y ahora desde el partido COMUNES nacido de los acuerdos de la Habana. El momento actual del país amerita pensar de nuevo en las ideas de Gaitán, en su emoción, su pasión, y como dice su hija Gloria Gaitán, su magnetismo y amor al pueblo. Porque la política no es solo razón e intelecto sino también pasión

En el acto conmemorativo se presentó el grupo de teatro “Semillas del Común”, con hijas e hijos de firmantes de paz, con una obra llamada GAITÁN, de construcción propia. Recoge frases y momentos icónicos de la vida del caudillo. Apenas terminó la hija de Gaitán, Gloria, estalló en llanto. Se sintió recogida en la dulzura de niñas y niños pronunciando con claridad palabras mayores, de tragedia, muerte y rebeldía.

Memorable y que se menciona en este libro es la defensa que hace Gaitán de los obreros asesinados en la masacre de las bananeras defendiendo sus derechos mediante la huelga ante la unitet Fruit, una multinacional que los despojaba y esclavizaba al mejor estilo del capitalismo salvaje. Cada día a las 5pm, cuenta Juan Guillermo Gómez, Gaitán soltaba un discurso en favor de los obreros del Magdalena, así durante casi un mes.

Que falta le hace al poder legislativo un espíritu como el de Gaitán, irradiando ideas revolucionarias y en sintonía con las masas desposeídas del país. Llegará el momento en que la historia haga parir un hombre que era un pueblo.

 

 

 

 

 

Un acto de reconciliación

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La conectividad rural a internet es un canto a la bandera de anteriores gobiernos que nunca han puesto su mirada en la ruralidad. La paz y nuestro conocimiento geográfico del territorio nos ha permitido generar propuestas para el trazado de vías terciarias y para conectar con internet diferentes veredas y corregimientos. En este caso en el municipio de Urrao, donde operamos antes del Acuerdo de Paz como Frente 34 de las FARC-EP.

Rubén Darío Gutiérrez es jubilado de la policía. Y es amigo de la paz. Así nos recuerda su historia:

 

Resulta que por la zona donde operaba el Frente 34, yo laboraba en la Policía. Laboré en Urrao, Caicedo, Betulia, luego pedí traslado para el Chocó, y allá conocí la guerra. Cuando inició el proceso de paz, a través de un primo de Alape, vecino mío en el barrio Guayabal, se dio cuenta de que yo era bueno para el tema del internet y la conectividad y me hizo el contacto con Pedro. A mi me gusta lo social”.

Un acto de reconciliación lo llamo porque mediante la amistad y el interés por lo social queremos emprender proyectos que beneficien a las comunidades por donde pasó la guerra. Un proyecto que Rubén Darío visiona así:

“El proyecto inicia en Urrao, cubre cerca de 20 km desde la Ecarnación, pasando por el Siereno y La Quiebra. Se baja hasta El Sireno y se tira la fibra óptica otros  45 km hasta la población de Mandé. Y por el recorrido de la selva se cubren 8 centros educativos o escuelitas. De la Encarnación al Sireno cubren 40 escuelas rurales, 4 colegios y 4 centros de salud. Luego en el cerro el Sireno, estratégico porque allá es desde donde se ha dirigido la guerra, es un cerro muy alto, hay una base militar en este momento, allá van a quedar 15 antenas (equipos de radio) que van a cubrir comunidades indígenas, colegios rurales, a 20 y hasta a 40 km de distancia”.

Hay que mencionar que estos corregimientos no pueden sacar sus productos porque no tienen vías de comunicación. Lo que nos habla de una necesidad de una conectividad vial para generar mejores condiciones de vida y permanencia en el campo.

Rubén Darío estuvo en varias tomas guerrilleras, en su labor de policía. En una emboscada pierde el ojo izquierdo. Dice que “perdonar es muy duro pero si usted no perdona nunca va a vivir tranquilo. A mi no me pasa por la mente el rencor. Ahorita se trata es de servir”.

Todo esto es un proyecto futurista, una posibilidad de apoyos vitales como la telemedicina y comunicación digital en centros poblados muy alejados de las centralidades municipales como es el caso de Mandé. La idea es beneficiar 2.400 viviendas y 48 escuelas rurales apartadas.

Pedro Baracutao

 

 

«La paz total requiere del diálogo con todos, incluyendo los exjefes de las AUC»: Pedro Baracutao

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Voces Confidencial.

Reproductor de vídeo

Pedro Baracutao,  Paz total

 

 

Encuentro con las comunidades mineras de Campamento (norte de Antioquia)

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Campamento es la cuna de la Independencia de Antioquia, allí se dio la batalla de Chorros Blancos con el liderazgo de José María Córdova, en un combate definitivo que selló la liberación de España. Este municipio histórico del norte de Antioquia, siglos después de la liberación del imperio español, padeció el conflicto armado durante varias décadas, y aunque no es PDET tiene todas las condiciones para serlo.

Hoy sus comunidades campesinas (cocaleras, mineras, paneleras) sienten la falta de implementación integral de los Acuerdos de Paz, principalmente los acuerdos de sustitución (PNIS) que no se han cumplido y dejaron a la gente en una situación bastante crítica.

 

El Carriel, Tijeras y Venteadero son veredas mineras asentadas sobre el río Nechí. Allí barequean entre 300 y 500 mineros. Estas comunidades vienen movilizándose desde el Paro Agrario del 2013, y en los sucesivos paros del nordeste y Bajo Cauca hasta llegar al del 2023. En este momento las comunidades sienten que el gobierno las escucha, por la presión de los paros, y que en el Congreso encuentran voces que los pueden representar en la lucha por la formalización minera con garantías para los pequeños y medianos mineros, y para defender sus territorios y oficios ancestrales.

Exigen pues que se respeten los acuerdos y conquistas de sus movilizaciones. Aparte de la defensa de su minería, también plantean la defensa de paneleros y cultivadores de hoja de Coca. También disputan los derechos por la concesión Las Brisas, en entre las veredas La Solita y Norizal, una mina de asbesto que dejó de operar y que ahora pretenden volver a explotar como cantera para extraer talcos.

En el marco de la reforma al Código Minero hemos realizado más de 25 audiencias públicas en diferentes territorios de la geografía nacional, escuchando a la minería mediana, pequeña y artesanal. Sin embargo, hay territorios que no han sido escuchados y merecen serlo, como es el caso de Campamento. Cerca de 50 mineras y mineros se acercaron para poner de manifiesto su inconformidad con la estigmatización, criminalización y quema de maquinaria. Se sienten perseguidos, ilegales, maltratados, negados.

En este municipio que linda con Anorí, Yarumal y Angostura, se necesita la conformación de una organización minera del territorio para que pueda representar a mineros y mineras que practican el barequeo. Lo que expresan algunos líderes es que “estamos cansados de que el gobierno solo llegue con glifosato para la coca y candeleo para nuestra maquinaria”. También exigen “acuerdos comunitarios porque nosotros podemos ser más amigables con el medio ambiente que las mismas multinacionales, porque nosotros sí nos duele el territorio, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos”.

Desde que fundamos el Partido Comunes nos acercamos a este pueblo para aportar en el fortalecimiento de organizaciones paneleras (https://www.facebook.com/omar.comunes/videos/768795027389420/). Se realizó un diagnóstico panelero en donde las familias se quejaban de que solo se mirara a los grandes ingenios y no a los entables paneleros. También se trabajó con las familias cultivadoras que se acogieron al PNIS y con el sindicato de la mina de asbesto a través de acompañamiento y asesoría jurídica. En este escenario de labores legislativas volvemos a escuchar a la gente de Campamento, esta vez frente al tema minero. No habían sido escuchados por actores institucionales y merecen serlo de cara a la reforma del Código Minero y a la defensa del modo de vida campesino como una forma de salvaguardar la vida y la biodiversidad en el territorio.

Las comunidades manifiestan que se puede verificar que el desastre ecológico de la minería es más fuerte en las concesiones que tienen las multinacionales y que ellas pueden concertar soluciones al daño ambiental sin necesidad de que las criminalicen, las estigmaticen y les quemen su maquinaria. La defensa del territorio es con su gente y en beneficio de las comunidades que siempre lo han habitado. El temor más grande sigue siendo el despojo en favor de las multinacionales y en nombre de una “legalidad” que afecta a los más pequeños, criminalizándolos y dejándolos sin el sustento que les da la explotación minera ancestral o que siempre han hecho en el territorio.

Pedro Baracutao

Representante a la cámara

 

Sleeping Giant: un documental para seguir pensando la paz

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Producido por el director alemán Markus Schröder esta película, como lo expresa su reseña, “sigue a dos excomandantes del grupo rebelde FARC-EP cuando regresan a una sociedad colombiana hostil después de 50 años de guerra civil. Pronto aprenden que los partidos de fútbol simbólicos contra antiguos enemigos no pueden curar las cicatrices del conflicto. Cuando el nuevo presidente descarrila el proceso de paz, sus nombres aparecen en las listas negras de los paramilitares, sumergiendo sus vidas en una lucha por la supervivencia” (https://vimeo.com/751600505).

Con esta película se muestra, desde un fragmento de mi historia de vida, un retrato humano y esperanzado donde el deporte es un espacio para construir paz y aunar esfuerzos para la reconciliación en territorios como el Chocó. La película se comienza a grabar en el 2018, recorriendo Bajirá, La Blanquita (Frontino), Quibdó, Río Atrato y Medellín. Se terminó de grabar en Marzo de 2022.

 

Este documental de 83 minutos será estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), el festival de cine más antiguo de América Latina, fundado en 1960. En esta versión 62 “la temática girará en torno al ‘ciberfeudalismo’, ante el auge de la inteligencia artificial y de la relación entre los ‘terratenientes’ digitales y el ‘campesinado’ electrónico”.

Como firmantes de paz este experiencia en el cine nos da una oportunidad de narrarnos y mostrar el rostro humano de la reincorporación, en un contexto tan adverso como lo fue el anterior gobierno que quiso hacer trizas los acuerdos. El documental de 83 minutos pretende mostrar la esperanza de paz en medio de la turbulencia social y hace parte de la sección DOCUMENTES HECHO EN CASA.

Ojalá el cine y estos espacios de festivales sirvan para crear más conciencia sobre los Acuerdos de Paz y sobre la importancia de su implementación para cortar con los ciclos de violencia que hemos padecido en Colombia. En este que es el gobierno del cambio y de la esperanza, esperamos que la cultura y los espacios que esta abre sirvan para ir tejiendo y construyendo una paz más cotidiana. Y que se tenga la conciencia de que el Acuerdo de la Habana es la base para la llamada paz total, que no se le puede engavetar como un mero documento sino que necesita de muchos más espacios pedagógicos y que la sociedad se lo apropie, sobre todo en momentos donde se sigue poniendo en riesgo la vida de firmantes de paz en diferentes espacios territoriales.

 

Sobre el Paro Minero en Nordeste y Bajo Cauca

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El Paro Minero en Nordeste y Bajo Cauca (12 municipios), ajusta 18 días y fue detonado por la quema de dragas y dragones que contaminan los ríos, pero en el fondo está la tensión histórica entre la minería artesanal, la pequeña y la mediana, con la de la gran minería, multinacional, siendo la más antigua Mineros de Antioquia S.A.

Bajo Cauca y Nordeste son un enclave minero, pero también tienen tierras aptas para la agricultura y la ganadería. A pesar de la “riqueza” del oro la subregión es la más pobre de Antioquia. Se necesita una alternativa productiva rentable para las comunidades diferente a la explotación del oro y la coca, una economía extractiva que está deteriorando el territorio y sus ríos, en una especie de “ecocidio” causado por la deforestación.

 

Remedios, Segovia, Yondó, El Bagre y Zaragoza concentran el 50% de la deforestación en Antioquia. En los últimos 20 años se han talado 500 mil hectáreas de bosque en el departamento, y 250 mil hectáreas se han devastado en Nordeste y Bajo Cauca por efecto de la minería legal e ilegal, en una subregión que tiene al 57.79% de su población por debajo de la línea de la pobreza (Encuesta de Calidad de vida, 2019).

El 80 % de la población del Bajo Cauca es víctima del conflicto armado (Comisión de la Verdad), y después de la firma del Acuerdo de Paz en el territorio se agudizaron las dinámicas del conflicto armado.  En Nordeste y Bajo Cauca, 16 firmantes de paz han sido asesinados.

La subregión sigue teniendo la tasa más alta de homicidios entre todas las subregiones PDET: 54 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz: 5 en 2017, 17 en 2018, 9 en 2019, 12 en 2020, 11 en 2021,  1 en 2022 (Idepaz). El 70% víctimas del conflicto son jóvenes. Hay falta de infraestructura educativa y de oportunidades para la juventud, lo que también posibilita dinámicas como el reclutamiento forzado y el trabajo desde la niñez en la minería.

Una propuesta para el Nordeste y Bajo Cauca

El primer paso para la construcción de paz en esta región, que es uno de los nodos de confrontación y persistencia del conflicto armado en el país, es la implementación integral del Acuerdo de Paz. El Bajo Cauca y el Nordeste son claves para la llamada paz total y para la solución de los conflictos socioambientales asociados a la minería. Hay que generar un modelo de transición hacia economías que cuiden la vida y la biodiversidad en el territorio, sin vulnerar los derechos legítimos de la minería ancestral, la pequeña y la mediana, a veces estigmatizada como ilegal o criminal.

En el territorio se dan tres figuras como la Zona de Reserva Campesina, que permite ordenar el territorio desde una vocación diferente a la exclusivamente minera. Se necesita que las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) sea mínimo de 25 hectáreas productivas por familia, como se propuso desde el ETCR Juan Carlos Castaneda y darle opciones de productividad a familias empobrecidas por varias décadas de conflicto armado y disputas territoriales.

Con la firma del Acuerdo de Paz se definieron 10 municipios PDET (El Bagre, Remedios, Taraza, Caucasia, Valdivia, Briceño, Anorí, Zaragoza, Nechí y Cáceres), con el propósito de generar planes de desarrollo con enfoque territorial y en beneficio de las comunidades más afectadas por la guerra. Nuestra propuesta es que en estos municipios se priorice la titulación de tierras, la formalización y el catastro multipropósito, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). En otras palabras la implementación integral del punto 1 (Reforma Rural Integral) y el punto 4 (Solución al problema de las Drogas Ilícitas).

Así va la implementación en tema de tierras

El porcentaje promedio de cumplimiento de áreas erradicadas voluntariamente y verificadas por la UNODC (Oficina de ONU contra la droga y el delito) en los municipios PNIS-PDET de Bajo Cauca fue del 99%, pero sólo el 65,8% recibieron la totalidad de los pagos de asistencia alimentaria para 2021. Sin embargo, en materia de avances en proyectos PDET, la Agencia de Renovación del Territorio reportó la aprobación de 15 proyectos de OCAD Paz por $206.940 millones, en 10 municipios PDET (El Bagre, Remedios, Taraza, Caucasia, Valdivia, Briceño, Anorí, Zaragoza, Nechí y Cáceres). Es decir que los municipios de Amalfi, Ituango y Segovia no cuentan con ninguna obra aprobada.

A corte de 30 de septiembre de 2021, solo se habían entregado 3,81 hectáreas, siendo este uno de los PDET con menor cantidad de tierra entregada. Por su parte en materia de formalizaciones, se formalizaron 13.605,62 hectáreas en dicha subregión a la misma fecha de corte. Todo esto impide avanzar en la transformación del territorio y de las condiciones de vida de sus campesinas y campesinos, comunidades étnicas y afrodescendientes.

A casi 20 días de paro, le solicitamos al gobierno que se busque una salida negociada a los conflictos mineros y socioambientales expresados en este artículo, de la mano con las organizaciones de base del territorio. Se necesita construir una alternativa a la minería que contamina, sin necesidad de perseguir y estigmatizar a los más pequeños, que son el pueblo sobreviviendo con el poco o mucho oro que logra extraer.

 

 

Que paren los feminicidios en el Valle de Aburrá

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El 8 de marzo se conmemoró en las calles el día internacional de los derechos de las mujeres, masiva y colorida manifestación. Pero en la mañana de ese mismo día, fría y lluviosa, densa por los tacos, varias personas se acercaron al Búnker de la Fiscalía de Medellín para exigir justicia por un caso de feminicidio en total silencio e impunidad. Eso hasta ese 8M cuando familiares y amigos de la víctima hicieron público su dolor y clamor de justicia. Un cartel de papel periódico al estilo trapo de barra de fútbol decía la consigna: “No Más Feminicidios”.

Natalia Mejía Sánchez fue víctima de feminicidio el 28 de junio de 2022, en su propia casa ubicada en Bello. Su familia la encontró muerta en su cama, después de haber “rematado” la fiesta en su casa el día que Nacional quedó campeón. Pensaron que era muerte natural y quedaron desconcertados cuando la Fiscalía les dice que había sido un asesinato.

 

Cuando le preguntamos a la señora Madre (Adriana Sánchez) quién era Natalia Mejía, ella de manera serena y pausada describe a su ser querido: “trabajaba con deportes, con grupos de la tercera edad, el último año había emprendido su propio negocio, tenía una Academia de Baile, le daba clases de ballet a los niños, y clases de todo tipo de baile…”

Aquí la madre hace una pausa para seguir relatando y la indignación sale a flote:

“mi hija fue asesinada dentro de su propia casa (…) Cuando la encontramos ella había sido asesinada desde la noche anterior, la persona que lo hizo fue alguien muy allegado, muy conocido puesto que entró libremente a la casa, sin necesidad de forzar. Yo no tengo todavía ninguna información valiosa de la Fiscalía. Y lo digo porque ellos hasta el momento lo único que nos dicen es que es difícil detener a alguien cuando no hay una prueba contundente pero ellos tienen el celular de Natalia donde vieron mensajes, llamadas (…) tienen acceso a las cámaras del sector que son muchas. Estoy segura de que mi hija había recibido amenazas por medio del celular (…) A mí me parece muy extraño que pasados 8 meses la Fiscalía no de resultados de ninguna clase cuando todos los días se cometen este tipo de feminicidios y casi que de inmediato capturan al agresor, así no haya una prueba contundente, pero capturan a la persona, solamente el caso de mi hija para la Fiscalía al parecer es imposible. Yo no quisiera pensar que hay alguna razón por la que todavía no se ha esclarecido la muerte de mi hija, porque creo que ellos ya tienen suficientes elementos para poder decir quién fue el que la asesinó para que esta persona salga a la luz y la puedan detener”.

Como vemos en este relato, la impunidad sigue siendo la regla en lo que respecta a la investigación y sanción cuando los casos llegan al escenario judicial.

Natalia Mejía tenía 29 años, era madre de un niño de 8 años, hermana mayor, bailarina y profesora de danza (https://www.instagram.com/natimejia_s/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D). Su caso sigue en total impunidad porque como afirma su madre y hermana menor “no era famosa ni adinerada”. La hermana menor, Catalina Mejía, para poder contarnos la historia enciende un cigarrillo, la situación la desborda pero se ve firme en su lucha: “Tenemos material probatorio, indicios, y hay mucha lentitud, exigimos que cambien a la persona que está investigando para que agilice el proceso”.

La justicia en estos casos sigue siendo un privilegio de clase. A esta conclusión llegó la familia al ver que con el caso de su Natalia Mejía no pasaba nada, mientras que en casos más sonados como el de la DJ en Bogotá se resuelven con total celeridad, por su fama, estatus y ruido mediático. Justicia selectiva.

El Plantón

Llegamos a las 9AM al Búnker de la Fiscalía y ya la mole gris estaba cercada por policías y tanquetas del Esmad. Eso no amedrentó a la poca gente que iba llegando, amigos, amigas, familiares. Entraban y salían personas capturadas por infinidad de delitos menores, jóvenes esposados de a dos, sus rostros y cuerpos ajetreados, una mañana fría, funcionarias entaconadas entrando y saliendo, la indiferencia del poder. La gente se concentró a las afueras, desplegaron las consignas, trataron en varios momentos de conectar un bafle para “hacer más bulla”, denunciaron el hecho ante los medios regionales y algunos alternativos que hicieron presencia. Ni Caracol ni RCN. La prensa hegemónica es igual de ciega a la justicia, que no llega ni cojeando. Aún así la gente que asistió se  hizo sentir (https://youtu.be/cLQUGxruQH8). El dolor de su madre y hermana,  estallaron para exigir justicia y plantar una lucha que apenas comienza hasta obtener justicia.

El Plantón se hizo bajo las consignas de “Ni una más”; “Pedimos justicia por Natalia”; “Si tocan a una, nos tocan a todas”; “No más feminicidios”. Como Congresista de un partido nacido del Acuerdo de Paz, y consciente de que el cuidado de la vida es el centro de nuestro proyecto, ponemos nuestra curul a disposición para que la familia de Natalia pueda denunciar las demoras en este caso y exigir celeridad y su resolución. También “somos la voz de Nati” y acompañaremos esta lucha.

Feminicidio en cifras

En lo que va corrido del año en el Valle de Aburrá se han cometido siete feminicidios, principalmente por parejas o exparejas sentimentales. Como expresa el XX Informe sobre la situación de violación de derechos humanos de mujeres en el Valle de Aburrá y Antioquia, “la hostilidad y el desprecio misógino siguen siendo regla en la sociedad colombiana en general y en la cultura Antioqueña en particular” (Vamos Mujer y Mujeres que Crean, 2022, p. 57).

Según cifras del Observatorio colombiano de Feminicidios, en el Valle de Aburrá se presentaron 42 feminicidios entre enero y diciembre del 2022, en el 2021 fueron 50. Medellín fue el lugar con mayor registro de casos en el país, lo que da cuenta de una sociedad enferma  que ha normalizado estos feminicidios como “asuntos pasionales”. Generalmente van antecedidos de amenazas y agresiones.

En cifras de la Policía Nacional en Medellín, Bello muestra una tendencia a ser el municipio con más feminicidios en el Valle de Aburrá (8 entre 2002-2003), solamente superado por Medellin (30).  Estas cifras siguen siendo una mera foto de un problema complejo que no podemos normalizar. Mientras tanto seguiremos acompañando esta caso en cada plantón, por ahora uno cada 28 de mes, exigiendo justicia. “!Ni una más¡”

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La importancia de la Ley Comunal en la construcción de paz territorial

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La ley 2166 de 2022 deroga la Ley 743 de 2002 y desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los Organismos de Acción Comunal. También deroga varios artículos de los decretos reglamentarios 2350 de 2002 y 890 de 2003 y la ley 1989. Es clave que le atribuye como objetivo a la organización comunal apoyar la implementación de los acuerdos de paz.

En lo sustancial de esta ley encontramos la ampliación del objeto normativo de las Juntas de Acción Comunal. La ampliación del objeto normativo consiste en que las Juntas deberán promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática y participativa. También establece un marco jurídico más amplio para las relaciones con el Estado y con los particulares. Otro elemento importante del objeto es que con esta ley se prevén los lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública comunal.

 

Esta ley le agrega al concepto de acción comunal nuevas características recordando que es una expresión multiétnica y multicultural que defiende la convivencia pacífica, la reconciliación, la construcción de paz, la defensa del ambiente, los derechos humanos de la comunidad y la sociedad civil en general.

Con esta nueva norma avanzamos hacia la construcción de una política pública en la que se consignen programas, proyectos y recursos, lo que podría significar un mayor compromiso y eficacia por parte del Estado y otros actores para el fortalecimiento de la acción comunal.

Esta ley se acopla muy bien con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral que buscan superar la pobreza extrema y la desigualdad estructural: infraestructura y adecuación de tierras, infraestructura eléctrica y de conectividad, vivienda y agua potable, salud rural, educación rural y plan de vías terciarias. Se acopla en el sentido de poder vincular de manera directa a las comunidades en el desarrollo integral de sus territorios, con la posibilidad incluso de contratar obras con el Estado.

La necesaria reglamentación de la ley

El gobierno nacional se ha pronunciado manifestando la importancia de los organismos de acción comunal pero la reglamentación de ley comunal continúa siendo una deuda importante para el avance de estas organizaciones.

A pesar de los avances que contempla dicha ley, es una norma con una densidad de 108 artículos, varios de ellos requieren reglamentación con una temporalidad muy específica, contemplada en su propio articulado. De esa reglamentación depende gran parte de la efectividad y real implementación de la norma.

Algunos de los temas sujetos a reglamentación y demás aspectos a desarrollar con detalle y claridad son:

–  Normas generales sobre el funcionamiento de los organismos de acción comunal, con base en los principios generales contenidos en esta ley.

– El plazo dentro del cual los organismos de acción comunal adecuarán sus estatutos a las disposiciones legales.

– Empresas o proyectos rentables comunales.

– Creación del Banco de Proyectos y Base de Datos comunitarios dentro del Sistema de Información Comunal.

– Promover programas de vivienda por autogestión en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el Banco Agrario y las demás entidades con funciones similares en el nivel nacional y territorial, particularmente las consagradas en la Ley 546 de 1999, y demás actividades especiales de las organizaciones de acción comunal.

– Conformación de alianzas entre Organizaciones de Acción Comunal, con el propósito de aunar esfuerzos para las regiones.

– En la constitución de los organismos de acción comunal deberá garantizarse la participación de mujeres y jóvenes, así como de las comunidades étnicas asentadas y o con presencia en el territorio de jurisdicción o área de influencia del respectivo organismo, así como personas en situación de discapacidad.

– Los Art 24 y 25 abren la posibilidad de implementar la cátedra comunal a través de la cátedra de democracia y legitima las prácticas y pasantías profesionales, hechas en la organización comunal. Faculta a las universidades o instituciones de educación superior para que hagan convenios interadministrativos con los organismos comunales. Estimula la relación con las instituciones educativas para la creación de la figura de los comunalitos.

– Programa de restauración ecológica. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, se creará el Programa de Restauración Ecológica a cargo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes podrán suscribir convenios de cooperación con los organismos de acción comunal con el apoyo de las autoridades ambientales competentes, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental en todo el territorio nacional.

En todos estos aspectos a reglamentar, más otros referentes a aspectos contables, al sistema de información comunal, a la juventud y a la educación, está la aplicación eficaz de una norma dirigida a transformar el territorio desde abajo, desde las bases comunales, en una apuesta de democratización profunda del desarrollo y del ordenamiento territorial, tal como está consagrado en el Acuerdo de Paz para la construcción de una paz estable y duradera.

Pedro Baracutao

Representante a la Cámara

Vigía del Fuerte reclama la implementación integral del Acuerdo de Paz

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Cuando se vuelven a recorrer los corregimientos y caseríos de la Antioquia profunda, colindante con Chocó, queda la sensación de que la gente no puede vivir en un paraíso natural, lleno de riquezas y biodiversidad, sin condiciones de vida digna. Este es el caso de  Vigía del Fuerte, que sigue reclamando por la implementación del Acuerdo de Paz y especialmente del Capítulo Étnico

Cuando el gobierno desmonta el espacio territorial “Héroes de Murrí”, en Vidrí (Vigía del Fuerte), los cerca de 450 firmantes de paz del Frente 34 y del frente Aurelio Rodríguez de FARC-EP allí concentrados se esparcen en 4 departamentos del noroccidente colombiano (Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda) y se desactiva la posibilidad de una reincorporación colectiva e integral con arraigo territorial. Cabe recordar que este espacio territorial fue desmontado de manera unilateral por el anterior gobierno.

 

Actualmente en Vigía del Fuerte han estallado conflictos relacionados con la ausencia del Estado y la falta de inversión social, en un municipio priorizado como PDET, con comunidades indígenas y Consejos Comunitarios Afro a la espera de que se implemente el Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz.

Desde el Capitolio hasta el territorio

Salimos desde Quibdó, y Atrato abajo, a dos horas más adelante, cogimos el río Arquía (Vigía del Fuerte) y en sus riveras visitamos los corregimientos de Vegaéz, Puerto Medellín y Puerto Palacio. Realizamos en Vegaéz una asamblea con cerca de 50 reincorporados con el objetivo de conformar una Nueva Área de Reincorporación (NAR) que permita garantizar los derechos de la población firmante.

A 6 años de la firma del Acuerdo, las comunidades siguen esperando que la paz sea más que un discurso o un mero Acuerdo entre dos partes. La plataforma con la que hacíamos trabajo desde la organización político-militar que eran las FARC-EP decía “por un gobierno de transición y reconciliación nacional”. Ése gobierno es el que tenemos hoy y que apoyamos como una apuesta de cambio histórico y de modernización política.

Aún con 355 firmantes de paz asesinados (entre los que se cuentan 48 afrocolombianos, 11 mujeres y 33 indígenas) tenemos esperanza. No hemos tenido paz ni nosotros los firmantes, porque nos han estado matando la gente, ni la comunidad porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz en el territorio: no han llegado las vías de penetración que quedaron contempladas en el Acuerdo, el cambio o mejoramiento en la salud de la población, no ha llegado la inversión del Estado en el territorio. Mientras eso no suceda no nos vamos a ver cobijados en ese Acuerdo de Paz, que por fortuna no se pudo desbaratar en el gobierno que salió. Necesitamos luchar desde los territorios y desde los diferentes liderazgos para que se cumpla ese Acuerdo, de lo contrario no va a cambiar nada.

 Encuentro con Consejos Comunitarios de la cuenca del río Arquía

El Arquía nace en el Alto de Pavarandó, perteneciente a Urrao, Antioquia, pasa por Taitá, dos resguardos indígenas, el resguardo de Guaguandó y los Consejos Comunitarios de Puntas de Ocaidó, Isleta, Belén, Vegaéz, Vidrí, Puerto Palacio, Puerto Medellín y Palo Blanco. Estos Consejos expresan que se hace necesario la construcción de una carretera que conecte a Vigía del Fuerte con Murindó y Urrao.

También se hace necesario que a las comunidades llegue la electrificación rural,  que ha llegado desde Urrao hasta Puntas de Ocaidó, pero de allí no se ha podido extender hasta Isleta, a solamente 9 km, y poder conectar Puntas de Ocaidó, Isleta, Belén, Vegaéz, Vidrí y de allí en adelante las dos comunidades indígenas Guaguandó, Puerto Palacios, Puerto Medellín y conectarse con Palo Blanco

Si la interconexión eléctrica se hace por Urrao se beneficia el 98% de las comunidades de Vigía del Fuerte ubicadas en le cuenca del río, incluyendo a las comunidades indígenas. Pero se hizo por el norte y todas las comunidades de la cuenca del río mencionadas están sufriendo la falta de un fluido eléctrico eficiente.  Como bien lo expresa un líder comunitario: “con la electrificación la mujer podría tener su lavadora, que la mujer no tenga que cansarse y sufrir de la espalda y de la columna. Con el fluido eléctrico se mejoraría la parte social, cada familia es digna de hacer cualquier emprendimiento…”

Para las comunidades indígenas y afro del territorio sería un alivio que se convierta en realidad el Acuerdo de Paz que tanto anhelaba el pueblo después de 50 años de conflicto. Así lo expresan:  “se consolidó la paz, pero apenas se dio un pañito de agua, no lo tenemos en vivo, el conflicto, esas circunstancias, pero sí tenemos el conflicto del hambre, de necesidades como salud, educación, transporte y electrificación”.

La paz o las paces, pasa entonces  por la dignificación de estas comunidades: alimento, vías, salud, electrificación. Un reclamo mínimo de la modernidad que da cuenta del estado de atraso, precarización y vulnerabilidad de las comunidades rurales, que viven como en el siglo XIX en pleno XXI.

Pedro Baracutao

Representante a la Cámara

 

 

 

 

El Oriente Antioqueño clama por la paz

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

A la memoria de la joven Comunera de Marinilla Viviana Marcela Ramírez (QEPD).

En la época más aguda del conflicto armado entre insurgencia, paramilitares y Fuerza Pública, y tras el despliegue de ambiciosos proyectos económicos como hidroeléctricas, la creación de una zona franca e industrial e inversión inmobiliaria, los habitantes del Oriente antioqueño vivieron graves violaciones a los Derechos Humanos: desplazamientos, desaparición forzada, confinamiento, estigmatización, bloqueos económicos y homicidios, entre otros.

 

El Oriente de Antioquia está conformado por 23 municipios agrupados en 5 zonas: Aguas, Altiplano, Bosques, Páramo y Porce Nus. Tras la firma del Acuerdo de Paz ningún municipio de la región fue priorizado como PDET, habiendo vivido un despliegue paramilitar y del Ejército, a la par con el accionar de tres frentes de la otrora guerrilla de las Farc-EP, padeciendo un fuerte conflicto social y armado.

En el escenario del posacuerdo y con la salida de la insurgencia este territorio queda como una zona en disputa. Pese a que hay presencia de Fuerza Pública, múltiples  actores armados ejercen control territorial: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pamplona, Clan Isaza, El Mesa, Los Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá y organizaciones armadas locales.  Queda en evidencia la gravedad de la problemática de los derechos humanos con 336 homicidios desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 y 16 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos en los últimos 6 años. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño no existe hoy presencia disidencias de las FARC-EP ni del ELN en ninguno de los 23 municipios que conforman la subregión.

Cabe recordar que la región del Oriente Antioqueño ha estado históricamente enmarcada en los conflictos sociales y armados que han caracterizado a nuestro país. Estos han estado relacionados con el interés sobre la riqueza de la tierra, sus minerales, ríos y su ubicación estratégica. Según el Observatorio, el mapa de violencia y la presencia armada coincide con los lugares de interés y conflicto socio ambientales.

Hay que atender las Alertas Tempranas de la Sociedad Civil

De acuerdo con el informe “Nuevos órdenes, viejas disputas”, elaborado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, desde 2012 han aumentado los conflictos ambientales por la posible construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y la apertura de minas para la explotación de los suelos. Además, durante la última década también se han cultivado grandes extensiones de tierra con aguacate hass, monocultivo que está desvaneciendo progresivamente el paisaje boscoso que caracteriza la zona del páramo, poniendo en riesgo la biodiversidad que alberga la cordillera y la autonomía alimentaria.

Ante esta realidad, población civil y organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan mediante Alerta Temprana la declaratoria de “Crisis Humanitaria” desde el Estado local, departamental y nacional por los graves atentados contra la vida y el aumento de homicidios, amenazas, reclutamientos y masacres. Una de las solicitudes que emergen de esta Alerta Temprana de la sociedad civil es que la institucionalidad del territorio subregional deje de afirmar que “aquí no pasa nada”, lo que deviene en una política de brazos cruzados o de “dejar hacer, dejar pasar” por parte de la Fuerza Pública.

Un hecho reciente sin precedentes fue denunciado por el mismo CTI de Rionegro. El Coordinador de esta entidad, mediante un comunicado público, alertó sobre un posible plan de las AGC para cometer un atentado contra servidores y funcionarios del Palacio de Justicia Municipal (Blu Radio, 2022).

Esta Alerta Temprana señala que los municipios de Rionegro, Sonsón, El Carmen de Viboral, Marinilla, La Unión, Guarne, La Ceja, San Luis, Argelia, San Carlos, San Rafael, Cocorná, El Retiro, Granada, Santuario, San Francisco, El Peñol, San Vicente Ferrer y Concepción, presentan mayores índices de violencia. En este contexto de Crisis Humanitaria, la población con mayores riesgos son las juventudes, campesinos/as, mujeres, niños, niñas, adolescentes y docentes, mineros/as artesanales, poblaciones históricamente estigmatizadas, lideresas y líderes sociales, defensores/as de derechos humanos, defensores/as ambientales, servidores/as públicos/as, Población Migrante, LGTBIQ+.

Como congresista de Antioquia hago un llamado respetuoso a las autoridades para atender esta situación mediante la articulación institucional de modo que las comunidades del Oriente antioqueño tengan garantías para la vida, el buen vivir, y en general que sus derechos humanos sean protegidos.

Con el pasar del tiempo se agudizan las contradicciones y los conflictos que dejan como principales víctimas a la población civil y las juventudes, quienes en medio de una histórica situación de desigualdad social, y pese a la enorme riqueza que se produce en el territorio, quedan a merced de grupos armados.

No solo un despliegue del Estado y su Fuerza Pública con una actuación transparente en el desmantelamiento de organizaciones ilegales es necesario, sino una política transversal y eficiente que atienda las necesidades de la juventud, carne de cañón en todas las guerras. ¡Que el rebrote de la guerra en este bello territorio no nos arrebate la esperanza un país en paz!

 

 

 

 

 

Sobre la Sentencia de la CIDH frente al exterminio de la UP

Escrito por Pedro Baracutao en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Como firmante de paz y Representante a la Cámara por el Partido Comunes, nacido del Acuerdo de la Habana, rescato de esta sentencia no solamente su valor jurídico sino su contribución a la reconciliación, a la no repetición y a la verdad. La UP, como lo expresó Imelda Daza, nació de un Acuerdo de Paz con el gobierno de Belisario en 1984, en uno de los tantos intentos que hemos tenido por transitar de la insurgencia armada a la política legal. Fuimos traicionados y trataron de exterminar este sueño de patria grande con justicia social.

El martes 7 de febrero de 2023 realizamos en el Capitolio Nacional la sesión conjunta en homenaje a la Unión Patriótica, a la memoria de sus dirigentes y militantes asesinados, de las víctimas y sobrevivientes. La UP en cabeza de hombres y mujeres revolucionarias  rompía el viejo Frente Nacional detentador del monopolio del poder y se convertía en la tercera fuerza política del país.  Pero la lógica de la seguridad nacional y de la lucha contrainsurgente contra el enemigo interno, inspirada en el anticomunismo, quizo exterminar este sueño de una Nueva Colombia que seguimos encarnando desde Comunes. Llevamos 385 camaradas asesinados y por eso nos declaramos víctimas del Estado: nos aplazaron la voluntad de hacer política sin armas durante otros 34 años, dejando un saldo de muerte y dolor que es difícil superar.

 

El surgimiento de la UP el 28 de mayo de 1985 condensó la voluntad de las FARC-EP de hacer tránsito a la vida civil y el nuevo movimiento político amplio se nutrió de dirigentes populares, incluso liberales y conservadores que nunca empuñaron armas. En 1986 la Unión Patriótica participó por primera vez en elecciones. Su candidato presidencial Jaime Pardo Leal logró más de 300.000 votos equivalentes al 10% de la votación total y en los comicios legislativos la UP logró representación en el Senado, en la Cámara de Representantes, así como un buen número de escaños en Concejos Municipales y Alcaldías.

En los primeros 14 meses del gobierno Barco fueron asesinadas más de 400 personas vinculadas a la UP. Desde el Gobierno Barco fueron asesinados 3.122 integrantes de la UP. Entre 1986 y 1987 los muertos de la UP representaron el 60% de las víctimas vinculadas a movimientos sociales y políticos. Fueron asesinadas 5.733 personas (muchas de ellas desaparecidas).  Entre los asesinatos se cuentan dos de sus candidatos presidenciales, 32 candidatos a concejos, alcaldías y asambleas, 165 concejales, 14 diputados, seis congresistas y 17 alcaldes (https://www.arcoiris.com.co/2023/02/exterminio-de-la-up-y-una-sentencia-historica-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/).

La CIDH estableció la responsabilidad del Estado por las siguientes razones: 1) Violencia física y simbólica en contra de un partido político declarado como “enemigo interno”, obstaculizando su actividad política. 2) Acciones y omisiones al deber de protección estatal creando un clima de victimización y estigma en contra de la UP. 3) Afectación de la integridad física y psicológica de los integrantes y militantes de la UP por la estigmatización creada. 4) Retiro de la Personería Jurídica de la Unión Patriótica suprimida por el Consejo Nacional electoral en 2002, aunque dicha personería fue restituida por el Consejo de Estado, en julio de 2013.

Se fraguó una alianza entre grupos paramilitares, sectores tradicionales de la política, fuerza pública y grupos empresariales para contrarrestar el avance de esta fuerza política. Para ello hicieron uso de la violencia en contra de simpatizantes y militantes en una labor de extermino que se extendió por más de dos décadas en el territorio nacional. Todo esto orquestado bajo la idea de que cualquier brote revolucionario había que exterminarlo a sangre y fuego. En veinte años las víctimas de la UP (asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, estigmatización, judicializaciones indebidas, entre otras prácticas violentas) ascendieron a más de seis mil, reportadas ante la CIDH.

Todo esto se configuró en un crimen de lesa humanidad que se empieza a repetir con el exterminio de firmantes de paz en todo el territorio nacional. La flor de la esperanza que el establecimiento ha querido machacar renace con nosotros en el nuevo partido de la paz, hoy Comunes. No podrán arrebatarnos el sueño de la paz. Sea la ocasión para exigir la liberación de Simón Trinidad, obligado a tomar las armas por el exterminio de su partido político legal, y posteriormente extraditado injustamente a los EE.UU.

 

 

La reforma al Código Minero se debe concertar con las comunidades

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Durante los años de la guerra recorrí los territorios mineros de los Consejos Comunitarios de Antioquia y Chocó, y siempre escuchando las necesidades de la gente y su exigencia de autonomía y respeto por los derechos conquistados. En el caso de las comunidades mineras, han exigido siempre el derecho a tener sus títulos mineros y a no ser perseguidos y criminalizados por el hecho de hacer pequeña y mediana minería, a veces artesanal, otras con maquinaria.

Vitalia Salas Panesso, mujer minera y líder del Consejo Comunitario Menor del Medio Atrato, cuenta que “a nosotros que somos luchadores, que a veces hasta prestamos, hacemos máquinas de alambre y aguantamos hambre por un tiempo para conseguir una máquina para poder sobrevivir, cuando nos queman una máquina básicamente nos mochan las manos, nos quitan la oportunidad de laborar y de llevar comida a nuestras casas”. Estos operativos de quema se hacen bajo el supuesto de que este tipo de minería alimenta a los grupos armados, desconociendo que estos grupos armados están allí por la ausencia de Estado y que las comunidades responden a quien tenga la hegemonía en el territorio.

 

En el Medio Atrato el pasado 17 de diciembre le quemaron tres máquinas a un propietario de minas, 15 días después de que realizamos la Audiencia Pública Minera en Quibdó, y nos comprometimos a buscarle una salida pacífica o un mecanismo de transición para evitar este tipo de operativos que reviven los traumas de la guerra en el territorio.

El legítimo derecho de las comunidades a la explotación minera

En la mencionada Audiencia se planteó la necesidad de una especie de transición, tregua y amnistía para ir aplicando métodos de explotación más amables con el medio ambiente, acordes con el programa de gobierno y su vocación ambiental. Se necesita formalización y legalidad minera progresiva, escalada y multinivel, para que no sean las multinacionales las únicas beneficiadas.

Es un absurdo querer titular sin gradualidad, eso genera violencia. No puede supeditarse la gestión minera a la titularidad formal, sin un enfoque de derechos etnoculturales. En el andén pacífico se padece una reglamentación rígida que no se compadece de las dinámicas territoriales de las comunidades negras y campesinas que habitan este territorio.

Para estos pueblos étnicos someterse al código de minas los pone en un escollo, pero aún así han querido legalizarse, solicitando Áreas de Reserva Especial que deriven en un título minero. El proceso se atranca con la zona de reserva forestal -Ley Segunda- y por esto no se habilitan las licencias que además exigen un Plan de Trabajos y Obras (PTO), Licencia ambiental y Plan de Manejo Ambiental. Ese callejón entre cuidar la reserva forestal y explotar las minas deja a las comunidades negras, campesinas e indígenas en un laberinto jurídico que mientras se logra resolver les genera condiciones de hambre y miseria. El tema de la transición es que se puede ser ambientalista sin morirse de hambre en medio de la selva y la riqueza.

Y mientras tanto las fuerzas armadas en su mandato piden el título y si no lo tienen queman. No concilian, pasan por encima de la gente. Alientan más el conflicto. Después de la salida de las FARC-EP involucionó la regulación minera que se hacía de hecho en estos territorios. Se necesita ser realista y reconocer que las áreas de reserva forestal están huérfanas (uso ilícito, deforestación, minería, movilización de fauna silvestre, expansión de la frontera agrícola, grupos armados).

Finalmente, frente al tema ambiental, los Consejos Comunitarios proponen un monitoreo compartido entre institucionalidad y comunidad. Y también un capítulo minero en concordancia con Ley 70 para que sea posible esa evaluación ambiental comunitaria en vez de la evaluación tradicional de impacto ambiental realizada por expertos, y que se hace por fases que no se corresponden con las dinámicas y las realidades territoriales.

Todo esto parte de reconocer que existe una minería de hecho y que en estos territorios étnicos donde la economía minera es el eje hay que aplicar un enfoque diferencial que permita superar los laberintos jurídicos, generar un solo instrumento y que los pequeños y medianos mineros no se vean atrapados en una cantidad de trámites que no podrán cumplir. Nuestra curul y función en la Comisión Minera está al servicio de que estas comunidades puedan obtener sus títulos mineros y vivir en paz en sus territorios, armonizando su práctica de explotación ancestral con el cuidado del medio ambiente que también saben y pueden hacer.