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La importancia de la Ley Comunal en la construcción de paz territorial

Escrito por Pedro Baracutao en Mar 5, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La ley 2166 de 2022 deroga la Ley 743 de 2002 y desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los Organismos de Acción Comunal. También deroga varios artículos de los decretos reglamentarios 2350 de 2002 y 890 de 2003 y la ley 1989. Es clave que le atribuye como objetivo a la organización comunal apoyar la implementación de los acuerdos de paz.

En lo sustancial de esta ley encontramos la ampliación del objeto normativo de las Juntas de Acción Comunal. La ampliación del objeto normativo consiste en que las Juntas deberán promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática y participativa. También establece un marco jurídico más amplio para las relaciones con el Estado y con los particulares. Otro elemento importante del objeto es que con esta ley se prevén los lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública comunal.

Esta ley le agrega al concepto de acción comunal nuevas características recordando que es una expresión multiétnica y multicultural que defiende la convivencia pacífica, la reconciliación, la construcción de paz, la defensa del ambiente, los derechos humanos de la comunidad y la sociedad civil en general.

Con esta nueva norma avanzamos hacia la construcción de una política pública en la que se consignen programas, proyectos y recursos, lo que podría significar un mayor compromiso y eficacia por parte del Estado y otros actores para el fortalecimiento de la acción comunal.

Esta ley se acopla muy bien con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral que buscan superar la pobreza extrema y la desigualdad estructural: infraestructura y adecuación de tierras, infraestructura eléctrica y de conectividad, vivienda y agua potable, salud rural, educación rural y plan de vías terciarias. Se acopla en el sentido de poder vincular de manera directa a las comunidades en el desarrollo integral de sus territorios, con la posibilidad incluso de contratar obras con el Estado.

La necesaria reglamentación de la ley

El gobierno nacional se ha pronunciado manifestando la importancia de los organismos de acción comunal pero la reglamentación de ley comunal continúa siendo una deuda importante para el avance de estas organizaciones.

A pesar de los avances que contempla dicha ley, es una norma con una densidad de 108 artículos, varios de ellos requieren reglamentación con una temporalidad muy específica, contemplada en su propio articulado. De esa reglamentación depende gran parte de la efectividad y real implementación de la norma.

Algunos de los temas sujetos a reglamentación y demás aspectos a desarrollar con detalle y claridad son:

– Normas generales sobre el funcionamiento de los organismos de acción comunal, con base en los principios generales contenidos en esta ley.

– El plazo dentro del cual los organismos de acción comunal adecuarán sus estatutos a las disposiciones legales.

– Empresas o proyectos rentables comunales.

– Creación del Banco de Proyectos y Base de Datos comunitarios dentro del Sistema de Información Comunal.

– Promover programas de vivienda por autogestión en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el Banco Agrario y las demás entidades con funciones similares en el nivel nacional y territorial, particularmente las consagradas en la Ley 546 de 1999, y demás actividades especiales de las organizaciones de acción comunal.

– Conformación de alianzas entre Organizaciones de Acción Comunal, con el propósito de aunar esfuerzos para las regiones.

– En la constitución de los organismos de acción comunal deberá garantizarse la participación de mujeres y jóvenes, así como de las comunidades étnicas asentadas y o con presencia en el territorio de jurisdicción o área de influencia del respectivo organismo, así como personas en situación de discapacidad.

– Los Art 24 y 25 abren la posibilidad de implementar la cátedra comunal a través de la cátedra de democracia y legitima las prácticas y pasantías profesionales, hechas en la organización comunal. Faculta a las universidades o instituciones de educación superior para que hagan convenios interadministrativos con los organismos comunales. Estimula la relación con las instituciones educativas para la creación de la figura de los comunalitos.

– Programa de restauración ecológica. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, se creará el Programa de Restauración Ecológica a cargo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes podrán suscribir convenios de cooperación con los organismos de acción comunal con el apoyo de las autoridades ambientales competentes, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental en todo el territorio nacional.

En todos estos aspectos a reglamentar, más otros referentes a aspectos contables, al sistema de información comunal, a la juventud y a la educación, está la aplicación eficaz de una norma dirigida a transformar el territorio desde abajo, desde las bases comunales, en una apuesta de democratización profunda del desarrollo y del ordenamiento territorial, tal como está consagrado en el Acuerdo de Paz para la construcción de una paz estable y duradera.

Pedro Baracutao

Representante a la Cámara

Vigía del Fuerte reclama la implementación integral del Acuerdo de Paz

Escrito por Pedro Baracutao en Feb 26, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Cuando se vuelven a recorrer los corregimientos y caseríos de la Antioquia profunda, colindante con Chocó, queda la sensación de que la gente no puede vivir en un paraíso natural, lleno de riquezas y biodiversidad, sin condiciones de vida digna. Este es el caso de Vigía del Fuerte, que sigue reclamando por la implementación del Acuerdo de Paz y especialmente del Capítulo Étnico

Cuando el gobierno desmonta el espacio territorial “Héroes de Murrí”, en Vidrí (Vigía del Fuerte), los cerca de 450 firmantes de paz del Frente 34 y del frente Aurelio Rodríguez de FARC-EP allí concentrados se esparcen en 4 departamentos del noroccidente colombiano (Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda) y se desactiva la posibilidad de una reincorporación colectiva e integral con arraigo territorial. Cabe recordar que este espacio territorial fue desmontado de manera unilateral por el anterior gobierno.

Actualmente en Vigía del Fuerte han estallado conflictos relacionados con la ausencia del Estado y la falta de inversión social, en un municipio priorizado como PDET, con comunidades indígenas y Consejos Comunitarios Afro a la espera de que se implemente el Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz.

Desde el Capitolio hasta el territorio

Salimos desde Quibdó, y Atrato abajo, a dos horas más adelante, cogimos el río Arquía (Vigía del Fuerte) y en sus riveras visitamos los corregimientos de Vegaéz, Puerto Medellín y Puerto Palacio. Realizamos en Vegaéz una asamblea con cerca de 50 reincorporados con el objetivo de conformar una Nueva Área de Reincorporación (NAR) que permita garantizar los derechos de la población firmante.

A 6 años de la firma del Acuerdo, las comunidades siguen esperando que la paz sea más que un discurso o un mero Acuerdo entre dos partes. La plataforma con la que hacíamos trabajo desde la organización político-militar que eran las FARC-EP decía “por un gobierno de transición y reconciliación nacional”. Ése gobierno es el que tenemos hoy y que apoyamos como una apuesta de cambio histórico y de modernización política.

Aún con 355 firmantes de paz asesinados (entre los que se cuentan 48 afrocolombianos, 11 mujeres y 33 indígenas) tenemos esperanza. No hemos tenido paz ni nosotros los firmantes, porque nos han estado matando la gente, ni la comunidad porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz en el territorio: no han llegado las vías de penetración que quedaron contempladas en el Acuerdo, el cambio o mejoramiento en la salud de la población, no ha llegado la inversión del Estado en el territorio. Mientras eso no suceda no nos vamos a ver cobijados en ese Acuerdo de Paz, que por fortuna no se pudo desbaratar en el gobierno que salió. Necesitamos luchar desde los territorios y desde los diferentes liderazgos para que se cumpla ese Acuerdo, de lo contrario no va a cambiar nada.

Encuentro con Consejos Comunitarios de la cuenca del río Arquía

El Arquía nace en el Alto de Pavarandó, perteneciente a Urrao, Antioquia, pasa por Taitá, dos resguardos indígenas, el resguardo de Guaguandó y los Consejos Comunitarios de Puntas de Ocaidó, Isleta, Belén, Vegaéz, Vidrí, Puerto Palacio, Puerto Medellín y Palo Blanco. Estos Consejos expresan que se hace necesario la construcción de una carretera que conecte a Vigía del Fuerte con Murindó y Urrao.

También se hace necesario que a las comunidades llegue la electrificación rural, que ha llegado desde Urrao hasta Puntas de Ocaidó, pero de allí no se ha podido extender hasta Isleta, a solamente 9 km, y poder conectar Puntas de Ocaidó, Isleta, Belén, Vegaéz, Vidrí y de allí en adelante las dos comunidades indígenas Guaguandó, Puerto Palacios, Puerto Medellín y conectarse con Palo Blanco

Si la interconexión eléctrica se hace por Urrao se beneficia el 98% de las comunidades de Vigía del Fuerte ubicadas en le cuenca del río, incluyendo a las comunidades indígenas. Pero se hizo por el norte y todas las comunidades de la cuenca del río mencionadas están sufriendo la falta de un fluido eléctrico eficiente. Como bien lo expresa un líder comunitario: “con la electrificación la mujer podría tener su lavadora, que la mujer no tenga que cansarse y sufrir de la espalda y de la columna. Con el fluido eléctrico se mejoraría la parte social, cada familia es digna de hacer cualquier emprendimiento…”

Para las comunidades indígenas y afro del territorio sería un alivio que se convierta en realidad el Acuerdo de Paz que tanto anhelaba el pueblo después de 50 años de conflicto. Así lo expresan: “se consolidó la paz, pero apenas se dio un pañito de agua, no lo tenemos en vivo, el conflicto, esas circunstancias, pero sí tenemos el conflicto del hambre, de necesidades como salud, educación, transporte y electrificación”.

La paz o las paces, pasa entonces por la dignificación de estas comunidades: alimento, vías, salud, electrificación. Un reclamo mínimo de la modernidad que da cuenta del estado de atraso, precarización y vulnerabilidad de las comunidades rurales, que viven como en el siglo XIX en pleno XXI.

Pedro Baracutao

Representante a la Cámara

El Oriente Antioqueño clama por la paz

Escrito por Pedro Baracutao en Feb 17, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

A la memoria de la joven Comunera de Marinilla Viviana Marcela Ramírez (QEPD).

En la época más aguda del conflicto armado entre insurgencia, paramilitares y Fuerza Pública, y tras el despliegue de ambiciosos proyectos económicos como hidroeléctricas, la creación de una zona franca e industrial e inversión inmobiliaria, los habitantes del Oriente antioqueño vivieron graves violaciones a los Derechos Humanos: desplazamientos, desaparición forzada, confinamiento, estigmatización, bloqueos económicos y homicidios, entre otros.

El Oriente de Antioquia está conformado por 23 municipios agrupados en 5 zonas: Aguas, Altiplano, Bosques, Páramo y Porce Nus. Tras la firma del Acuerdo de Paz ningún municipio de la región fue priorizado como PDET, habiendo vivido un despliegue paramilitar y del Ejército, a la par con el accionar de tres frentes de la otrora guerrilla de las Farc-EP, padeciendo un fuerte conflicto social y armado.

En el escenario del posacuerdo y con la salida de la insurgencia este territorio queda como una zona en disputa. Pese a que hay presencia de Fuerza Pública, múltiples actores armados ejercen control territorial: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pamplona, Clan Isaza, El Mesa, Los Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá y organizaciones armadas locales. Queda en evidencia la gravedad de la problemática de los derechos humanos con 336 homicidios desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 y 16 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos en los últimos 6 años. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño no existe hoy presencia disidencias de las FARC-EP ni del ELN en ninguno de los 23 municipios que conforman la subregión.

Cabe recordar que la región del Oriente Antioqueño ha estado históricamente enmarcada en los conflictos sociales y armados que han caracterizado a nuestro país. Estos han estado relacionados con el interés sobre la riqueza de la tierra, sus minerales, ríos y su ubicación estratégica. Según el Observatorio, el mapa de violencia y la presencia armada coincide con los lugares de interés y conflicto socio ambientales.

Hay que atender las Alertas Tempranas de la Sociedad Civil

De acuerdo con el informe “Nuevos órdenes, viejas disputas”, elaborado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, desde 2012 han aumentado los conflictos ambientales por la posible construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y la apertura de minas para la explotación de los suelos. Además, durante la última década también se han cultivado grandes extensiones de tierra con aguacate hass, monocultivo que está desvaneciendo progresivamente el paisaje boscoso que caracteriza la zona del páramo, poniendo en riesgo la biodiversidad que alberga la cordillera y la autonomía alimentaria.

Ante esta realidad, población civil y organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan mediante Alerta Temprana la declaratoria de “Crisis Humanitaria” desde el Estado local, departamental y nacional por los graves atentados contra la vida y el aumento de homicidios, amenazas, reclutamientos y masacres. Una de las solicitudes que emergen de esta Alerta Temprana de la sociedad civil es que la institucionalidad del territorio subregional deje de afirmar que “aquí no pasa nada”, lo que deviene en una política de brazos cruzados o de “dejar hacer, dejar pasar” por parte de la Fuerza Pública.

Un hecho reciente sin precedentes fue denunciado por el mismo CTI de Rionegro. El Coordinador de esta entidad, mediante un comunicado público, alertó sobre un posible plan de las AGC para cometer un atentado contra servidores y funcionarios del Palacio de Justicia Municipal (Blu Radio, 2022).

Esta Alerta Temprana señala que los municipios de Rionegro, Sonsón, El Carmen de Viboral, Marinilla, La Unión, Guarne, La Ceja, San Luis, Argelia, San Carlos, San Rafael, Cocorná, El Retiro, Granada, Santuario, San Francisco, El Peñol, San Vicente Ferrer y Concepción, presentan mayores índices de violencia. En este contexto de Crisis Humanitaria, la población con mayores riesgos son las juventudes, campesinos/as, mujeres, niños, niñas, adolescentes y docentes, mineros/as artesanales, poblaciones históricamente estigmatizadas, lideresas y líderes sociales, defensores/as de derechos humanos, defensores/as ambientales, servidores/as públicos/as, Población Migrante, LGTBIQ+.

Como congresista de Antioquia hago un llamado respetuoso a las autoridades para atender esta situación mediante la articulación institucional de modo que las comunidades del Oriente antioqueño tengan garantías para la vida, el buen vivir, y en general que sus derechos humanos sean protegidos.

Con el pasar del tiempo se agudizan las contradicciones y los conflictos que dejan como principales víctimas a la población civil y las juventudes, quienes en medio de una histórica situación de desigualdad social, y pese a la enorme riqueza que se produce en el territorio, quedan a merced de grupos armados.

No solo un despliegue del Estado y su Fuerza Pública con una actuación transparente en el desmantelamiento de organizaciones ilegales es necesario, sino una política transversal y eficiente que atienda las necesidades de la juventud, carne de cañón en todas las guerras. ¡Que el rebrote de la guerra en este bello territorio no nos arrebate la esperanza un país en paz!

Sobre la Sentencia de la CIDH frente al exterminio de la UP

Escrito por Pedro Baracutao en Feb 10, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Como firmante de paz y Representante a la Cámara por el Partido Comunes, nacido del Acuerdo de la Habana, rescato de esta sentencia no solamente su valor jurídico sino su contribución a la reconciliación, a la no repetición y a la verdad. La UP, como lo expresó Imelda Daza, nació de un Acuerdo de Paz con el gobierno de Belisario en 1984, en uno de los tantos intentos que hemos tenido por transitar de la insurgencia armada a la política legal. Fuimos traicionados y trataron de exterminar este sueño de patria grande con justicia social.

El martes 7 de febrero de 2023 realizamos en el Capitolio Nacional la sesión conjunta en homenaje a la Unión Patriótica, a la memoria de sus dirigentes y militantes asesinados, de las víctimas y sobrevivientes. La UP en cabeza de hombres y mujeres revolucionarias rompía el viejo Frente Nacional detentador del monopolio del poder y se convertía en la tercera fuerza política del país. Pero la lógica de la seguridad nacional y de la lucha contrainsurgente contra el enemigo interno, inspirada en el anticomunismo, quizo exterminar este sueño de una Nueva Colombia que seguimos encarnando desde Comunes. Llevamos 385 camaradas asesinados y por eso nos declaramos víctimas del Estado: nos aplazaron la voluntad de hacer política sin armas durante otros 34 años, dejando un saldo de muerte y dolor que es difícil superar.

El surgimiento de la UP el 28 de mayo de 1985 condensó la voluntad de las FARC-EP de hacer tránsito a la vida civil y el nuevo movimiento político amplio se nutrió de dirigentes populares, incluso liberales y conservadores que nunca empuñaron armas. En 1986 la Unión Patriótica participó por primera vez en elecciones. Su candidato presidencial Jaime Pardo Leal logró más de 300.000 votos equivalentes al 10% de la votación total y en los comicios legislativos la UP logró representación en el Senado, en la Cámara de Representantes, así como un buen número de escaños en Concejos Municipales y Alcaldías.

En los primeros 14 meses del gobierno Barco fueron asesinadas más de 400 personas vinculadas a la UP. Desde el Gobierno Barco fueron asesinados 3.122 integrantes de la UP. Entre 1986 y 1987 los muertos de la UP representaron el 60% de las víctimas vinculadas a movimientos sociales y políticos. Fueron asesinadas 5.733 personas (muchas de ellas desaparecidas). Entre los asesinatos se cuentan dos de sus candidatos presidenciales, 32 candidatos a concejos, alcaldías y asambleas, 165 concejales, 14 diputados, seis congresistas y 17 alcaldes (https://www.arcoiris.com.co/2023/02/exterminio-de-la-up-y-una-sentencia-historica-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/).

La CIDH estableció la responsabilidad del Estado por las siguientes razones: 1) Violencia física y simbólica en contra de un partido político declarado como “enemigo interno”, obstaculizando su actividad política. 2) Acciones y omisiones al deber de protección estatal creando un clima de victimización y estigma en contra de la UP. 3) Afectación de la integridad física y psicológica de los integrantes y militantes de la UP por la estigmatización creada. 4) Retiro de la Personería Jurídica de la Unión Patriótica suprimida por el Consejo Nacional electoral en 2002, aunque dicha personería fue restituida por el Consejo de Estado, en julio de 2013.

Se fraguó una alianza entre grupos paramilitares, sectores tradicionales de la política, fuerza pública y grupos empresariales para contrarrestar el avance de esta fuerza política. Para ello hicieron uso de la violencia en contra de simpatizantes y militantes en una labor de extermino que se extendió por más de dos décadas en el territorio nacional. Todo esto orquestado bajo la idea de que cualquier brote revolucionario había que exterminarlo a sangre y fuego. En veinte años las víctimas de la UP (asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, estigmatización, judicializaciones indebidas, entre otras prácticas violentas) ascendieron a más de seis mil, reportadas ante la CIDH.

Todo esto se configuró en un crimen de lesa humanidad que se empieza a repetir con el exterminio de firmantes de paz en todo el territorio nacional. La flor de la esperanza que el establecimiento ha querido machacar renace con nosotros en el nuevo partido de la paz, hoy Comunes. No podrán arrebatarnos el sueño de la paz. Sea la ocasión para exigir la liberación de Simón Trinidad, obligado a tomar las armas por el exterminio de su partido político legal, y posteriormente extraditado injustamente a los EE.UU.

La reforma al Código Minero se debe concertar con las comunidades

Escrito por Columnista en Feb 3, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Durante los años de la guerra recorrí los territorios mineros de los Consejos Comunitarios de Antioquia y Chocó, y siempre escuchando las necesidades de la gente y su exigencia de autonomía y respeto por los derechos conquistados. En el caso de las comunidades mineras, han exigido siempre el derecho a tener sus títulos mineros y a no ser perseguidos y criminalizados por el hecho de hacer pequeña y mediana minería, a veces artesanal, otras con maquinaria.

Vitalia Salas Panesso, mujer minera y líder del Consejo Comunitario Menor del Medio Atrato, cuenta que “a nosotros que somos luchadores, que a veces hasta prestamos, hacemos máquinas de alambre y aguantamos hambre por un tiempo para conseguir una máquina para poder sobrevivir, cuando nos queman una máquina básicamente nos mochan las manos, nos quitan la oportunidad de laborar y de llevar comida a nuestras casas”. Estos operativos de quema se hacen bajo el supuesto de que este tipo de minería alimenta a los grupos armados, desconociendo que estos grupos armados están allí por la ausencia de Estado y que las comunidades responden a quien tenga la hegemonía en el territorio.

En el Medio Atrato el pasado 17 de diciembre le quemaron tres máquinas a un propietario de minas, 15 días después de que realizamos la Audiencia Pública Minera en Quibdó, y nos comprometimos a buscarle una salida pacífica o un mecanismo de transición para evitar este tipo de operativos que reviven los traumas de la guerra en el territorio.

El legítimo derecho de las comunidades a la explotación minera

En la mencionada Audiencia se planteó la necesidad de una especie de transición, tregua y amnistía para ir aplicando métodos de explotación más amables con el medio ambiente, acordes con el programa de gobierno y su vocación ambiental. Se necesita formalización y legalidad minera progresiva, escalada y multinivel, para que no sean las multinacionales las únicas beneficiadas.

Es un absurdo querer titular sin gradualidad, eso genera violencia. No puede supeditarse la gestión minera a la titularidad formal, sin un enfoque de derechos etnoculturales. En el andén pacífico se padece una reglamentación rígida que no se compadece de las dinámicas territoriales de las comunidades negras y campesinas que habitan este territorio.

Para estos pueblos étnicos someterse al código de minas los pone en un escollo, pero aún así han querido legalizarse, solicitando Áreas de Reserva Especial que deriven en un título minero. El proceso se atranca con la zona de reserva forestal -Ley Segunda- y por esto no se habilitan las licencias que además exigen un Plan de Trabajos y Obras (PTO), Licencia ambiental y Plan de Manejo Ambiental. Ese callejón entre cuidar la reserva forestal y explotar las minas deja a las comunidades negras, campesinas e indígenas en un laberinto jurídico que mientras se logra resolver les genera condiciones de hambre y miseria. El tema de la transición es que se puede ser ambientalista sin morirse de hambre en medio de la selva y la riqueza.

Y mientras tanto las fuerzas armadas en su mandato piden el título y si no lo tienen queman. No concilian, pasan por encima de la gente. Alientan más el conflicto. Después de la salida de las FARC-EP involucionó la regulación minera que se hacía de hecho en estos territorios. Se necesita ser realista y reconocer que las áreas de reserva forestal están huérfanas (uso ilícito, deforestación, minería, movilización de fauna silvestre, expansión de la frontera agrícola, grupos armados).

Finalmente, frente al tema ambiental, los Consejos Comunitarios proponen un monitoreo compartido entre institucionalidad y comunidad. Y también un capítulo minero en concordancia con Ley 70 para que sea posible esa evaluación ambiental comunitaria en vez de la evaluación tradicional de impacto ambiental realizada por expertos, y que se hace por fases que no se corresponden con las dinámicas y las realidades territoriales.

Todo esto parte de reconocer que existe una minería de hecho y que en estos territorios étnicos donde la economía minera es el eje hay que aplicar un enfoque diferencial que permita superar los laberintos jurídicos, generar un solo instrumento y que los pequeños y medianos mineros no se vean atrapados en una cantidad de trámites que no podrán cumplir. Nuestra curul y función en la Comisión Minera está al servicio de que estas comunidades puedan obtener sus títulos mineros y vivir en paz en sus territorios, armonizando su práctica de explotación ancestral con el cuidado del medio ambiente que también saben y pueden hacer.

“En el Atrato paz sin territorio no hay”

Escrito por Columnista en Ene 20, 2023. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Chocó, con cerca de 550 mil habitantes, es el departamento con mayor pobreza monetaria de Colombia (74,3 % de su población) según el DANE (2020), seguido por La Guajira donde aún se mueren niños de hambre (73,2%). Otro flagelo es el desplazamiento forzado: entre el 2021 y el 2022 hay más de 51 mil desplazados. A través de las 18 alertas tempranas emitidas por la Defensoría y que permanecen activas en la región, se advierte que “420 mil personas están en riesgo de ser victimizadas”.

Además, la mayoría de muertes en la infancia en el Atrato son por enfermedades gástricas asociadas al consumo de agua que no es potable. La paradoja que me duele es que el territorio más rico y biodiverso de Colombia no tiene la posibilidad de que su infancia crezca y florezca en condiciones favorables para el desarrollo de la vida. Cuidar la niñez es sembrar paz. Y salvaguardar el territorio con sus propias comunidades es materializar la consigna de “vivir sabroso” y reconciliados: con la población víctima, con la naturaleza, con nuestra propia historia.

Milton Velázquez, periodista de Riosucio Estéreo, narra que en el lecho del río hay mucho muerto, que la guerra vino con la droga y que la paz es un deseo colectivo, un grito de dignidad:

“Como negros, como indígenas, queremos que haya un respeto dentro del territorio. Para que haya paz se necesita devolver el territorio a la gente, devolverle la vida que han venido haciendo el negro y el indígena en su territorio que ha sido todo para ellos. Aquí, en el Atrato, paz sin territorio no hay. Creo que el negro del Atrato es un negro que piensa, piensa en la paz. La paz se va a dar y yo creo que va a empezar por aquí” (https://www.youtube.com/watch?v=fodOZ4uzOLY&list=PLAqCDDZtecYquxDP7HIrUptiKdNBEs3pp&index=16).

El Chocó tiene la riqueza en todos sus rincones: es la única selva lluviosa tropical continua del Pacífico en Suramérica, por lo que es considerada como una de las zonas más lluviosas del mundo, posee una variedad de ecosistemas propios como manglares, ciénagas, bosques inundables, secos, húmedos y nubosos, y páramo. Es el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico y el único departamento limítrofe con Panamá (lo que lo ubica como la mejor esquina de América con potenciales megaproyectos como la autopista Panamericana y el puerto interoceánico). Este territorio lo habitan pueblos indígenas (65 mil personas distribuidas en 8 etnias) y afrodescendientes (285.964 personas).

El Atrato es la autopista natural más grande del Chocó y sus comunidades han padecido el precio de habitar la riqueza con un conflicto armado y disputas territoriales durante varias décadas. En Riosucio se dio el desplazamiento forzado más grande del país fruto de la llamada operación Génesis. El bajo, medio y alto Atrato han arrastrado centenares de cuerpos y el río es impactado directamente por la deforestación y la minería. Este cuerpo de agua necesita que se aplique la sentencia T-622 que lo declara como sujeto de derechos.

Las comunidades negras e indígenas, las verdaderas guardianas de este territorio, necesitan medidas que las protejan, que garanticen su permanencia y, cuando sea el caso, el retorno en condiciones dignas con la posibilidad de restaurar su tejido social y comunitario. Si la paz comienza por el Chocó, como decía el periodista de Riosucio, entonces el programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida” va en la ruta que es al priorizar este departamento y al litoral pacífico en las políticas surgidas del recién creado Ministerio de la Igualdad.

Como la curul de los pueblos étnicos he venido recorriendo el Chocó biodiverso, las barriadas populares de Quibdó y las comunidades de los ríos Atrato, Arquía, bajo, medio y alto Baudó. Hemos también generado audiencias públicas para discutir la reforma al código minero y frenar la muerte criminal de la juventud en Quibdó; además impulsamos la conectividad vial entre Chocó y el Urabá antioqueño, y entre el Baudó y la salida al Pacífico.

Quiero, en conjunto y con el enorme privilegio de ser una voz pública con capacidad de interpelar al Estado y legislar, impulsar la implementación integral del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y generar vida digna en el Chocó y en general para el pueblo afrocolombiano y las comunidades excluidas de Colombia que exigieron un cambio en las urnas, tras las luchas populares que fueron escuchadas gracias al silencio de los fusiles y la apertura democrática que traza el Acuerdo Final de Paz para la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Pedro Baracutao

@Pedro_Comunes