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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: pesca

Modernizar la pesca

La pesca en Colombia es un sector subvalorado, fragmentado y sin una representación política real, pese a tener un potencial económico comparable al de varios renglones agroindustriales tradicionales. Mientras países con extensiones marítimas similares diversifican sus exportaciones con acuicultura, valor agregado y cadenas logísticas integradas, Colombia permanece anclada en un modelo pesquero artesanal, con baja productividad e infraestructura débil. Hay que echar la red donde hay peces, aquí hay muchos.

El contraste es contundente. Chile exporta más de USD 7.000 millones en salmón. Ecuador supera los USD 6.000 millones en camarón. Perú construyo un clúster industrial alrededor de la anchoveta, con cadenas completas de harina, aceite y consumo humano. Colombia, en cambio, exporta apenas cerca de USD 200 millones en productos pesqueros y acuícolas, una cifra irrisoria para un país con dos océanos, 3.000 km de costa y una de las biodiversidades marinas más ricas del mundo.

 

La institucionalidad pesquera ha sido crónicamente débil: trámites dispersos, escasa presencia estatal en los litorales, vigilancia insuficiente y ausencia de fomento productivo. A esto se suma la expansión de la pesca ilegal, responsable de casi el 45% de la captura total en algunas zonas, rompe cualquier posibilidad de sostenibilidad biológica, fiscal y social. La acuicultura enfrenta barreras innecesarias.

Aunque proyectos de tilapia y cachama han demostrado competitividad, aún no existe una agenda para atraer inversión, elevar estándares sanitarios o conectar productores con los con mercados globales. Mientras América Latina crece en acuicultura al 8% anual, Colombia lo hace apenas al 2%. No es falta de potencial: es falta de articulación.

Aun así, hay señales esperanzadoras. La infraestructura portuaria del Pacífico y el Caribe está evolucionando; el Sena y varias universidades han comenzado a formar técnicos especializados en maricultura, genética y bioprocesos, y las empresas privadas están invirtiendo en recirculación de agua, trazabilidad y tecnologías limpias. Además, comunidades del Chocó, La Guajira y San Andrés han empezado a organizarse en cadenas productivas con enfoque territorial.

El desafío es convertir esfuerzos aislados en política pública seria. Colombia necesita una Agencia Nacional de Pesca robusta, con competencias claras en inspección, investigación científica y promoción comercial. Hace falta un estatuto pesquero moderno, que incentive la inversión responsable, la modernización de flotas, el repoblamiento marino y las certificaciones que permitan acceder a nichos globales de alto valor. La pesca podría ser un motor regional comparable al cacao o al aguacate Hass, con la ventaja de generar empleo costero donde la pobreza es más profunda.

Los países exitosos en pesca la tratan como un sector estratégico, no como anexo del agro. Colombia tiene la biodiversidad, la geografía y el talento. Lo que le falta es visión. La pesca podría convertirse en una oportunidad transformadora para el Pacífico y el Caribe, pero para lograrlo hay que hacer lo que históricamente no se ha hecho: diseñar una política de Estado y sostenerla en el tiempo.

A veces los recursos más valiosos están mas cerca de lo que pensamos. Colombia no es la excepción.

Simón Gaviria Muñoz

Impulsan programa de pesca artesanal para familias de pescadores

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, y la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior, RED SUMMA, han unido esfuerzos con el propósito de mejorar las condiciones de los pescadores artesanales en distintas regiones del país.

Esta iniciativa busca fortalecer sus capacidades productivas, brindar acceso a herramientas y conocimientos técnicos, y promover la sostenibilidad del sector pesquero.

 

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Como parte de este programa, los días 26, 27 y 28 de febrero se entregaron 30 embarcaciones y kits de pesca en Cartagena, Manaure y Bahía Solano, beneficiando a diversas asociaciones de pescadores artesanales. Con esta jornada, el número total de embarcaciones entregadas en todo el país asciende a 283, impulsando el desarrollo del sector. Estos equipos no solo mejoran las condiciones de trabajo de los pescadores, sino que también aumentan su capacidad productiva, permitiéndoles acceder a zonas de pesca más distantes y ampliar sus oportunidades económicas.

Más allá de la entrega de equipos, el convenio incorpora un componente clave: formación técnica, capacitación y transferencia de conocimientos, enfocadas en técnicas avanzadas de pesca y mantenimiento de motores fuera de borda. Estas capacitaciones garantizan que los beneficiarios puedan utilizar adecuadamente los recursos entregados, reducir costos operativos y aplicar buenas prácticas para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y fluviales.

Esta iniciativa, implementada en diversas regiones del país, ha beneficiado a centenares de familias, brindándoles acceso a embarcaciones, herramientas y capacitaciones especializadas. La combinación de insumos adecuados y formación en pesca sostenible, mantenimiento de motores y comercialización de productos ha permitido a los pescadores mejorar sus condiciones de trabajo, optimizar procesos y reducir costos operativos, lo que se traduce en una mayor calidad de sus capturas y un incremento en su competitividad en el mercado.

Fallo de la Haya protegió la actividad pesquera en San Andrés

Con el fallo del Tribunal de la Haya que favoreció a Colombia, los pescadores artesanales de las islas de San Andrés y Providencia vuelven a sentir tranquilidad porque su actividad económica no se verá perjudicada.

De acuerdo con el sector, “una libra de pescado pasara de $8.000 a $15.000 pesos en la última década, lo que resintió la demanda, pues los propios habitantes preferían, incluso, comprar pollo porque «les salía más económico».

 

Según datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), en la actualidad hay más de 1.000 pescadores artesanales y la línea de mano ha estructurado la pesquería artesanal de San Andrés, correspondiente a más de 90% de la captura desde 2004.

En el momento, las islas de San Andrés y Providencia cuentan con la presencia de siete empresas dedicadas a la producción y comercialización de pescados y mariscos, que generan alrededor de 1500 empleos al mes y que se hubiesen visto afectados con un fallo contrario.

 

Los incendios en los páramos de Boyacá afectaron una extensa zona

Foto: cortesía.

Manuel Fernando Castellanos, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, confirmó que a la fecha se han registrado 30 incendios forestales afectando 1147 hectareas.

 

El incendio más complejo fue el que se registró en el Páramo de las Alfombras entre los municipios de Aquitania, Pesca, Zetaquira y Tota.

Sostuvo que desde su despacho se están realizando campañas en compañía de los presidentes de concejos municipales gestión del riesgo, los alcaldes y coordinadores.

También se está recomendando evitar fogatas recreativas y quemas controladas. “Con respecto a la investigación en el páramo de Las Alfombras estamos a la espera de la investigación por parte de los cuerpos de bomberos, pero creemos que se debió a un evento de quema controlada”, dijo.

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Con respecto al balance por la temporada de heladas, se espera que esta semana la Secretaría de Agricultura entregue detalles de afectaciones en el sector agropecuario.

Para el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), Herman Amaya, el aumento de la temperatura, es propicio para los incendios, en los ecosistemas de páramo andino, que son muy sensibles a los cambios externos.

“Estaremos uniendo esfuerzos con las Alcaldías, la Gobernación de Boyacá y la Nación para generar procesos de restauración; urge que todas las instituciones adelantemos procesos de prevención de incendios, pero lo más importante estar preparados para las temporadas secas que se presentan al año en todo el país”, dijo Amaya.

Es necesario recordar que el 71,26% de los 87 municipios en los que ejerce Corpoboyacá, cuentan con áreas de páramo  de los cuales los más afectados corresponden  a: Aquitania,  Arcabuco,  Belén,  Chiscas,  Chita,  Cómbita, Duitama, Mongua, Cuítiva, Pesca, Rondón, Toca, Tópaga, Siachoque, Sogamoso, Sutamarchán y Tota.

De peces y aborto

Mediante Sentencia C-148/2022 la Honorable Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 4 del Artículo 273 del Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, el literal c) del Artículo 8 de la Ley 13 de 1990, por la cual se dictó el Estatuto General de Pesca, y un aparte del Artículo 8 de la Ley 84 de 1989 por medio de la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y difirió los efectos de dicho fallo por el término de un año contado a partir de su notificación. Esta sentencia sería un fallo más de los múltiples de control constitucional que expide el Tribunal Supremo de lo constitucional, de no ser porque el efecto práctico de dicho fallo es poner fin a la actividad de la pesca deportiva y/o recreativa en el País, en cualquier medio, marítimo, fluvial y lacustre.

La pesca deportiva y/o recreativa es una modalidad de pesca que, junto a la pesca artesanal, industrial, de subsistencia con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, científica, de control y de fomento constituyen las actividades pesqueras hasta el presente, aceptadas en Colombia, cada una con su propia finalidad. La pesca deportiva y/o recreativa es la que se hace con fines recreativos o de ejercicio sin otra finalidad que su realización misma. Los argumentos de la Corte para tamaña decisión apuntan al desconocimiento por parte del Estado de los deberes de protección de los recursos naturales y ambientales, manifiesto en la omisión de protección de los animales no humanos, al constituirse esta modalidad de pesca en un presunto maltrato animal al que se someten los peces en la actividad deportiva; y con el desconocimiento del derecho a la educación ambiental.

 

El fallo de la Corte Constitucional se sustenta en el principio ambiental de precaución, bajo el entendido, al no haber certeza definitiva sobre si los peces como seres sintientes pueden padecer dolor y sufrimiento con la práctica del ejercicio de la pesca deportiva, lo mejor es que esta práctica se prohíba, para prevenir un posible o potencial sufrimiento y maltrato que podrían padecer los peces con esta actividad en particular, en atención de la Constitución ecológica de 1991, como la reconoce la Corte Constitucional.

Por una parte, la decisión es loable desde la óptica de los defensores de los animales no humanos; por otra parte, admite también profundos cuestionamientos, porque se trata de la misma Corte, que hace pocos meses falló a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo en Colombia hasta la semana vigésima cuarta de gestación. En otras palabras, para la Corporación judicial un ser humano hasta la semana vigésima cuarta de gestación no sufre, ni padece sufrimiento o dolor, ni es humano, porque debe prevalecer el derecho de la mujer gestante para abortar incluso por mera liberalidad, pero los peces sí son dignos de protección contra posible maltrato animal. Aunado a lo anterior, como si la pesca industrial, o artesanal que muchas veces emplea técnicas no amigables con el ambiente, o de subsistencia o científica no merecieran el mismo reproche porque probablemente, no ocasionan sufrimiento para los peces, o tienen fines más nobles que la pesca deportiva y/o recreativa.

La Corte más allá de su deber de control constitucional, evidencia claro relativismo moral para definir lo que es y lo que no es sufrimiento. Si el fallo hubiese sido coherente con el fallo previo de la despenalización del aborto, que implica sin lugar a duda sufrimiento y estrés para el nasciturus, debió declarar exequibles las normas acusadas y permitir la pesca en todas sus modalidades. Incluso, en elemental hermenéutica jurídica debió hacer aplicación por extensión del principio de precaución para la protección de los humanos en gestación. ¡Que más ambiente y naturaleza que la vida humana en el concierto del Todo! La Corte olvidó que la naturaleza humana apunta a la supervivencia y la pesca no es sólo una forma de sustento, sino también una actividad propia de las diferentes dimensiones de la vida humana, y que el ser humano por naturaleza es recolector, cazador y pescador; que animales humanos y no humanos forman parte de la trama de la vida, como lo dijera el físico austriaco Fritoj Capra (1939).

Las prácticas deportivas son propias de la actividad humana. Desde la antigüedad la caza, la pesca, la lucha entre hombres, con y entre animales han sido actividades aceptadas porque la competencia y la lúdica son propias de la condición humana, no así la interrupción del embarazo por mera liberalidad. En este escenario, vale la pena preguntar ¿La Corte Constitucional pretende equiparar la vida humana a la vida animal no humana?, ¿Para la protección de la vida humana en gestación no aplica por extensión el principio de precaución que sí aplica para evitar el sufrimiento de los peces? y ¿En otras modalidades de pesca no hay maltrato para los peces?

Otrosí, el relativismo moral de la Corte, difirió los efectos de la sentencia a un año posterior a su notificación, como si los peces que en el presente son objeto de pesca deportiva y/o recreativa no sufrieran o sufrieran menos que los peces que serán pescados deportiva y/o recreativamente dentro de un año. No hay argumento racional válido para que la misma Corte proteja la vida de los peces, pero no la del humano en gestación. La Corte Constitucional, peligrosamente, ha evidenciado interpretar las normas con una agenda progresista, proaborto, proanimalista, con exceso de ética utilitarista acorde a los colectivos ambientalistas, como si el derecho natural no tuviese importancia. Se requiere con urgencia una reforma a la Justicia. Colombia no puede seguir siendo un Estado cogobernado por vía de sentencia judicial.

Plan San Andrés para ayudar a los isleños

El presidente Juan Manuel Santos, anunció un plan de inversiones para compensar a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina afectados por la reducción de mar en la nueva delimitación con Nicaragua, mientras estudia declarar una emergencia económica en la zona.

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