Al ponerse en la posición de un contratista ingeniero con una empresa unipersonal, que ha invertido gran parte de su vida en construir esa forma de subsistencia y desarrollo, pero que está llena de problemas y amenazas, y que todos los días afronta más incertidumbre, no se puede sino sentir angustia. La corrupción creciente lo acorrala y en muchos casos lo asfixia: o cede o no trabaja.
Corrupción asfixiante
La mayoría de los mecanismos corruptos que se usan en la contratación pública ya los hemos expuesto en esta columna. La no aplicación del pliego tipo en las licitaciones es uno, pero el peor de todos es la utilización de entidades creadas para hacer las contrataciones de las entidades públicas pero saltándose el régimen de contratación pública (Ley 80 de 1993). Y en las narices de todos los colombianos. Ambos mecanismos buscan establecer y hacer calificaciones subjetivas, es decir, que dependan del criterio del calificador, para que éste pueda escoger a dedo al contratista ganador de la licitación.
Cómo serán de utilizadas estas prácticas corruptas a lo largo y ancho del país y en todos los niveles del Gobierno, que los posibles proponentes detectan, con solo leer el pliego, que está dirigido a un amigote de la entidad (del funcionario dirigente y sus secuaces) con quien previamente han cuadrado todo el desfalco, y no se presentan para no perder plata y esfuerzo en la licitación. Por eso el número de proponentes al cierre de la licitación es tan importante: es el indicador de una potencial corrupción (casi segura). Lamentablemente las entidades control (las “ías”) conocen esto bien y poco actúan; no se puede pensar en algo diferente a un concierto de agentes políticos en el Estado para la corrupción.
Población en minoría y vulnerable
El espíritu del Artículo 53 en la Carta Magna apunta que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, y que el Estado debe garantizar el acceso a trabajos en igualdad de oportunidades (haciendo analogía de trabajo a empleo, que es el espíritu de la ley). Esto, precisamente, se está vulnerando a este grupo de profesionales y es exactamente el Estado el que no ha sido capaz de garantizar el acceso a esos trabajos en igualdad de oportunidades, porque no ha sido capaz de controlar la corrupción.
Si no fuera poco esto, cada vez que un Gobierno implementa prácticas redistributivas o de protección a poblaciones vulnerables usando la contratación pública para ello, estrangula aún más a los ingenieros contratistas pequeños y medianos. Una verdadera ironía porque los discapacitados en el país, por ejemplo, son alrededor de 3 millones de personas (6,1% de la población total, según el censo de 2018) mientras que los ingenieros contratistas pequeños y medianos pueden ser 20 veces menos, es decir, una minoría de 0.3% vulnerable y amenazada que habría que proteger aún más.
Privilegiando a los grandes con fórmulas ilógicas
Además de la compleja realidad, existen una serie de problemas que enfrentan los contratistas.
Durante su campaña, el Presidente ofreció promover el empleo formal para las personas con discapacidad a través de incentivos y medidas de inclusión laboral. El Plan Nacional de Desarrollo – PND está cumpliendo la promesa. Dice así:
“ARTÍCULO 76. CRITERIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. En los procesos de selección de contratistas, las entidades estatales podrán establecer un factor de asignación de puntaje que fomente la ejecución de los contratos por parte de población sujeto de especial protección constitucional, así como de campesinado, pequeños productores locales, o personas de la economía popular; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual”. (subrayado fuera del original).
Como suele suceder en la elaboración de política pública, de leyes y normas, esta política tampoco consulta los inconvenientes prácticos con los que la corrupción mancha todas las ejecuciones públicas que se deriven de ella.
La protección de esta población está bien, pero no debe llevarse a cabo a través del proceso de contratación por varias razones.
En primer lugar, los pequeños y medianos contratistas deben contratar a personas de los grupos de protección para poder presentarse a una licitación que aún no han ganado. Lógicamente, los contratistas contratan a todos sus recursos humanos cuando tienen el contrato en la mano. De lo contrario, para poder presentarse en las licitaciones, deben incurrir en un gasto no productivo. Esto aumenta los problemas de su lamentable situación. Claramente, incentiva la desigualdad entre contratistas: los grandes pueden permitirse estos lujos, lo que hace que cada vez haya menos pequeños y medianos contratistas, destinados a ser subcontratistas de los grandes, acabando con una sana redistribución de oportunidades e ingresos.
En segundo lugar, con esta redacción, las entidades estatales pueden asignar más puntos a aquellos que tengan contratados a más personas de estos grupos, lo que abre aún más la puerta al mecanismo de corrupción ya muy conocido y tristemente extendido.
La forma de conciliar esto es sencilla conceptualmente: el contratista seleccionado tiene la obligación de contratar formalmente a personas de los grupos protegidos una vez se haya ganado el contrato. De esta manera, no habría efectos negativos para nadie y se cumpliría la política de manera satisfactoria sin introducir ruidos no deseables en el proceso. Este problema ya existe en la contratación pública (Decreto 392 del 2018) y hay que arreglarlo lo antes posible para combatir efectivamente a la corrupción, en conjunto con otros ajustes que hemos expuesto en artículos anteriores.
Los llamados aquí “incentivos” deben volverse “exigencias” que deben cumplirse durante todo el contrato. Es simple. De hecho, ya existe la exigencia de mantener vinculada a la población protegida. Pero no menos importante, para no estrangular a estos pequeños y medianos empresarios con gastos que atentan contra su supervivencia.
Participación de las Juntas de Acción Comunal, pero para hacer obras sostenibles
En este artículo, así como en los artículos 76, 81 y 290 del Plan Nacional de Desarrollo, se incentiva la contratación de poblaciones a través de la asignación de puntajes y se prepara el terreno, junto con el reciente Decreto 142 de 2023 de Planeación Nacional – DNP -, para que “(…) las Entidades Públicas podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las Entidades Públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos. (…)” (Artículo 82).
Es decir, podrán contratar a las Juntas de Acción Comunal.
En nuestro artículo “Vías terciarias, Juntas de Acción Comunal: el camino a la solución o al desastre” analizamos en detalle esta participación y sugerimos su activa implicación, en combinación con ingenieros, para aprovechar todas sus ventajas. Quitar la participación de ingenieros en estas contrataciones sería no solo una pérdida para el desarrollo sostenible de la infraestructura, sino también una señal equivocada del gobierno, que enviaría el mensaje de que Colombia no necesita ingenieros y que estudiar ingeniería no vale la pena. Esto podría generar un impacto negativo en el desarrollo del país.
La lógica detrás de la combinación de Juntas de Acción Comunal e ingenieros radica en que las obras deben ser sostenibles en su buen funcionamiento a largo plazo y en su menor impacto ambiental. Si los ingenieros no participan en estas obras, es muy probable que no duren, no sean efectivas y, en cambio, causen un daño irreversible al medio ambiente. Cuidado.
Por lo tanto, es importante que el Gobierno revise su postura para evitar posibles errores.
Un país pobre no puede desperdiciar sus escasos recursos
Somos un país pobre, con gente que ha estado marginada por generaciones, que no ha tenido suficientes oportunidades. Ahora que en teoría tenemos la oportunidad de corregir ese mal rumbo, hagámoslo bien, con inteligencia y cuidado, para que sus beneficios se multipliquen muchas veces más de lo esperado.
Gobierno Nacional: por favor revise estos detalles y trabajemos con todos los colombianos al mismo tiempo hacia un mejor futuro. Incluidos los ingenieros contatistas, por supuesto. No los estrangulemos.
Rafael Fonseca Zárate
