La hizo efectiva la judicialización de alias «La Mona», sindicada de ser integrante del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc.
«Según la investigación, la mujer se habría concertado con otros integrantes del grupo para cometer acciones criminales como homicidios selectivos, extorsiones, labores de inteligencia contra la fuerza pública, compra de elementos de intendencia y actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes, entre otras, en los municipios de Puerto Rondón (Arauca) y Roberto Payán (Nariño)», señaló la Fiscalía.
La captura de la mujer se hizo efectiva el pasado 7 de diciembre por la Policía Nacional en el Terminal de Transportes del Sur de Bogotá y a pesar de no aceptar la responsabilidad en los cargos formulados por concierto para delinquir agravado de la Fiscalía tendrá medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año, comparado con 2022. Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– para que analistas y los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan sacar sus conclusiones y definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos durante el periodo de gobierno que se avecina.
Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2023, se organizan por ciudad y se comparan los resultados entre ciudades, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.
Dado que para el año 2023 SIEDCO solo tiene publicadas cifras de delitos de mayor impacto hasta noviembre, para efectos de análisis comparativo con el año completo de 2019, a cada delito de 2023 se le sumo la cifra registrada en diciembre de 2022.
De acuerdo con estas cifras, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 10 en 2022. Se destaca la disminución de los homicidios en un 44%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el homicidio disminuyo en un 23% y solo dos delitos han aumentado, el hurto a personas en un 43% y el hurto a motocicletas en un 15% (ver siguiente cuadro):
En tercer lugar, se ubica Medellín, donde aumentaron los hurtos automotores 7%, motocicletas 27% y el hurto a personas 13% y se destaca la disminución de los homicidios en un 38%.
En cuarto lugar, se sitúa Pereira donde aumentaron los hurtos a Automotores 97%, Motocicletas 51% y a personas en un 40% y disminuyo el homicidio en un 9%.
En quinto lugar, está Bucaramanga, donde han aumentado tres delitos, los homicidios 8,4%, y los hurtos motocicletas 19,7% y a personas 47%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Bogotá se sitúa en el sexto lugar, aumentaron los homicidios en 1,6% y los hurtos de automotores 7,4%, motocicletas 17% y a personas 18,8%.
En séptimo lugar se ubica Villavicencio, donde los homicidios aumentaron en un 20% y los hurtos a motocicletas 46%, a personas 48% y a residencias 3%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Sigue Cúcuta en octavo lugar. Aumentaron los homicidios 22% y los hurtos de automotores, 31%, motocicletas 10% y a personas 14%.
En noveno lugar se ubica Cartagena donde los homicidios aumentaron en un 109%, los hurtos a automotores 38% y a personas 29% y la violencia intrafamiliar en un 32%.
En decimo lugar aparece Ibagué, donde aumentaron los homicidios en un 4%, los hurtos a automotores 38%, motocicletas 82% y a personas en 31%, además de la violencia intrafamiliar en un 9%.
En decimo primer lugar aparece Barranquilla donde aumentaron los homicidios 34,5%, los hurtos a automotores 100%, motocicletas 30,5% y a personas 12,6% y además aumento la violencia intrafamiliar en un 44,9%.
Finalmente, y como caso especial, se presentan los resultados de Cali, donde todos los delitos disminuyeron, según el reporte de SIEDCO, como se puede ver en el siguiente cuadro.
Situación que debe revisarse si se tiene en cuenta el comportamiento irregular de algunos delitos entre los meses de julio y noviembre de 2023, especialmente las cifras de hurtos a comercio, personas y residencias. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas que mantenía un promedio mensual cercano a 2000 casos, en el mes de julio pasó a 199, agosto 178, etc, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Seguramente existe una explicación a estas disminuciones tan importantes, dentro de las que no se puede descartar que se debe al accionar y operatividad de las autoridades de seguridad y justicia, que de ser así se deberían replicar en las demás ciudades y municipios del país donde estos delitos no han dejado de crecer.
Temas a tener en cuenta para evaluar de mejor manera la gestión de los actuales alcaldes y alcaldesas.
Para evaluar la gestión de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades hay que tener en cuenta una serie de hechos que hicieron más compleja la situación de inseguridad durante este cuatrienio de gobierno:
Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.
Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.
Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.
Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.
Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.
La ofensiva para continuar con la lucha contra el uso prohibido de la pólvora continúa en pie y la Policía decomisó un cargamento con media tonelada de pólvora lista para ser distribuida.
Los hechos se dieron en el barrio Siete de Agosto de Florencia (Caquetá). Se hizo gracias a la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Con estas acciones se logró la incautación avaluada en 120 millones de pesos. Este material estaba almacenado y listo para su distribución.
«Se insta a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o manipulación ilegal de pólvora», advierte la Policía.
Esta acción se ejerce en vísperas de la celebración de Año Nuevo este 31 de diciembre, día en el que crece exponencialmente el uso de la pólvora.
El presidente de la república, Gustavo Petro, firmó el decreto 2225 del 2023, dando vida al programa de gratuidad en el proceso de incorporación de soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de la Policía Nacional.
El beneficio está orientado a reservistas de primera clase y jóvenes en servicio militar que deseen seguir una carrera en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, dándole prioridad a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica.
El decreto establece como condición, el ser colombiano, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años para las Fuerzas Militares, y entre 17 años y seis meses a 27 años para la Policía Nacional. Además, de ser reservistas de primera clase.. Quienes accedan a este beneficio tendrán que firmar un acta de compromiso de permanencia durante su formación, y solo se otorgará una vez. Se dará especial consideración a quienes estén dentro de los parámetros del Sisbén, en especial a aquellos clasificados en los grupos de pobreza extrema, moderada y población vulnerable.
Uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), lograron la desarticulación de la organización criminal conocida con el nombre de ‘Los Elenos’, dedicada a a la extorsión a comerciantes en la capital del país.
La banda ‘Los Elenos’ estaría involucrada en una serie de eventos relacionados con acciones extorsivas, como la quema de dos vehículos y la realización de disparos a locales comerciales, por el no pago de las exigencias de dinero que realizaban aparentando pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las primeras denuncias que se tiene registradas son en el sector de Bella Vista de la localidad de Kennedy. Estos delincuentes recolectaban datos personales de sus posibles víctimas, para luego crear los videos donde mostraban armas, municiones y explosivos con los nombres de los familiares, amenazándolos de muerte, si no ‘colaboraban’ con sus exigencias.
Esta estructura, dentro de su modalidad extorsiva, también llegó a afirmarle a sus víctimas que les otorgaban ‘crédito’ y ‘facilidades de pago’ para que cumplieran con las exigencias económicas a cambio de no atentar contra su integridad.
La investigación pudo establecer que estos delincuentes exigían sumas de dinero entre los 5 hasta los 60 millones
de pesos a comerciantes, bajo el pretexto de no atentar contra la vida de sus familias, trabajadores o la infraestructura de sus negocios; en algunas ocasiones constreñían con plazos de 8 horas para enviar el dinero.
Además, se encontró que usaban al menos 30 números telefónicos, para realizar las amenazas, pero cuando pedían la consignación de los dineros, enviaban el mismo número para consignar por una plataforma bancaria.
A esta red criminal se le atribuyen al menos 55 víctimas, donde se presentaron cinco hechos de violencia, con la utilización de armas de fuego y artefactos explosivos.
Durante el operativo se incautaron 2 granadas de color azul, un elemento explosivo improvisado tipo ‘tatuco’, 10 panfletos extorsivos, 150 gramos al parecer del explosivo C4, dos armas de fuego tipo revolver con 18 cartuchos y cinco teléfonos celulares con posible información criminal.
Luego de terminar un consejo de seguridad en el departamento del Cauca convocado por el Gobierno Nacional para analizar la situación de orden público en este territorio, el ministro de Defensa manifestó que existen muchas razones para sospechar que detrás del asesinato del alcalde de Guachené, están las disidencias lideradas por alias ‘Mordiscos’.
«Tenemos como altamente probable que la autoría de esta masacre en Canoas, Santander de Quilichao, fue obra del Estado Mayor Central, la estructura Dagoberto Ramos», aseguró.
El jefe de la cartera de Defensa confirmó la orden del presidente de la república, Gustavo Petro de reforzar la seguridad en el departamento del Cauca.
«Vamos a desatar una ofensiva de protección a la población civil», dijo el funcionario quien aseguró que va a incrementarse, la presencia de la fuerza pública, del Ejército, de la Policía y que los organismos de inteligencia estarán presentes en esta tarea.
Una emergencia se vivió en la ciudad de Cartagena el jueves 21 de diciembre, tras el estallido al interior de un bus de una botella que contenía ácido nítrico.
En el hecho once personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato Hospital Universitario del Caribe y la Clínica Cartagena del Mar.
Las víctimas sufrieron quemaduras en sus extremidades y rostros. Las autoridades investigan las razones por las cuales una botella con un químico de esta naturaleza se encontraba en el interior del bus.
La policía identificó y retuvo a la persona que abordó el vehículo con el ácido y abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron al derrame, además de establecer el por qué no transportaba esta sustancia con las normas para su traslado.
Los hechos tuvieron lugar, el pasado 6 de octubre del 2022, en el barrio Restrepo en la localidad de Antonio Nariño, en el momento que el patrullero asesinado cumplía las funciones de custodio de una persona privada de la libertad (alias ‘Sower’), que habría planeado una supuesta cita odontológica para fugarse.
Este individuo contaba con circular azul de Interpol, además según información compilada por los investigadores se encontraba evadiendo la justicia en el vecino país de Ecuador. Se pudo establecer, que este sujeto era líder de una organización delincuencial, dedicada al hurto de usuarios del sistema financiero, mediante la modalidad de ‘fleteo’. Evadía a las autoridades presentando documentos de identidad falsos.
El individuo presenta antecedentes por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público; fue presentado ante la autoridad competente por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.
Con apoyo del FBI (Agencia Federal de Investigación) la policía colombiana por medio de la DIJÍN capturaron a ciudadano extranjero requerido por Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
A este ciudadano extranjero de 51 lo capturaron por los delitos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración. Él hacía parte de una red de blanqueo de dineros a través de criptomonedas.
Este empresario fue capturado en un sector reconocido de Medellín y su estructura criminal opera en América, Europa y Australia.
En su labor dentro de la estructura criminal, él supervisaba y coordinar transacciones internacionales de lavado de dinero a gran escala, fungiendo como un importante empresario y de fachada tenía diferentes empresas de alimentos en Antioquia. Aún se tramita su extradición.
Durante la campaña del año 2019 por la Alcaldía de Bogotá, la entonces candidata por el partido Alianza Verde, prometió ser la jefa de la Policía en la ciudad y que además haría temblar a la criminalidad.
Más adelante, cuando se posesionó en el cargo tras ganar las elecciones pudo darse cuenta de que el alcalde de una ciudad, municipio o departamento, no es necesariamente es el jefe de la Policía del territorio que gobierna y que su función en este caso, es el de coordinar los temas seguridad y convivencia para lo cual debe articular las acciones de su administración con instituciones como la Policía, la Fiscalía y también si es posible, con los municipios vecinos y el departamento que corresponda.
Fue así como Claudia López al inicio de su administración puso al frente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, al experto en estos asuntos, Hugo Acero, quien se retira al año para ser reemplazado por Aníbal Fernández de Soto, quien luego de una labor coordinada con la Policía decide hacer un alto en el camino, y es entonces cuando llega el actual secretario, Óscar Gómez Heredia, con quién termina su período, el que ella misma reconoce que en esta materia los resultados no son buenos.
La última encuesta de percepción ciudadana del programa Bogotá Como vamos de la Cámara de Comercio de Bogotá, revela que 6 de cada 10 bogotanos aseguran sentirse inseguros y que el problema de inseguridad aumentó durante la administración de Claudia López.
Del total de los ciudadanos encuestados por Bogotá Como Vamos (1.500), el 52,4% aseguró sentirse inseguro; el 27.9% dijo no sentir inseguridad ni seguridad, y tan solo el 19, 7%, respondió que la seguridad en la capital es buena.
De todos los delitos que se cometen en Bogotá, el atraco callejero es el que más preocupa a los ciudadanos. De acuerdo con este estudio, en el año 2023 aumentó un 65,6% el miedo en la población por cuenta del hurto en los diferentes barrios de la capital. En el 2022 las estadísticas marcaban el 65,3% y en el 2021 un 59,8%.
De acuerdo con laPolicía Metropolitana de Bogotá, en el año 2023 se registraron 131.189 hurtos a personas en la capital del país; 5991 menos que en el año 2022, cuando la cifra llegó a su pico más alto (137.189).
La administración de Claudia López recibió la ciudad de manos del exalcalde, Enrique Peñalosa, con un registro en las cifras en hurto callejero para el año 2019 de 127.833, según la Policía Metropolitana de Bogotá. Estas presentaron una reducción significativa en el año 2020 (83.130), época en la que hubo menor comisión de este delito por ser el tiempo de confinamiento general al que obligó la pandemia del Covid 19.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá
El celular es el elemento favorito de los dueños de lo ajeno en Bogotá, quienes han hecho de este delito toda una empresa criminal, que incluso preocupa a diferentes directores de Policía de América Latina, quienes anunciaron durante el pasado encuentro internacional de Directores de Policía, celebrado en el mes de noviembre en la capital del país, la creación de un trabajo conjunto para enfrentar el problema.
En el último año de Enrique Peñalosa la cifra llegó a ubicarse en 61398, llegando a presentar una leve baja en los primeros doce meses de la Alcaldía de Claudia López (49249) durante la pandemia del Covid 19.
En Bogotá, según la Policía Metropolitana, entre los años 2022 y 2023, se presentó una mínima reducción de robos a celulares, aun así, el número continúa siendo alto.
La Policía de Bogotá se organizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para hacerle frente a este delito en la ciudad, logrando capturar a los responsables de estos hechos, sin embargo, algunos de estos fueron dejados en libertad por errores en el procedimiento en el momento de la judicialización o porque la víctima no instauraba la respectiva denuncia.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá
Claudia López tuvo varios enfrentamientos con la rama judicial a quien culpó por dejar en libertad a quienes cometen este delito en Bogotá, que durante el último cuatrienio presentó mayores cifras de violencia durante la comisión del hecho, llegando a incluso a asesinar a las víctimas.
«El problema es cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando, y también algunas disposiciones que tiene la ley y que se deben cambiar. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”, dijo en su momento la alcaldesa.
De inmediato se desató un enfrentamiento entre el Distrito y los jueces por la decisión que estaban tomando algunos de estos, de dejar en libertad a quienes estaban dedicados a robar celulares en Bogotá, además de la presencia de venezolanos en estos hechos, muchos de estos sin permiso de residencia en Colombia, lo que hizo más difícil su judicialización.
Cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, indican que entre el último año de Enrique Peñalosa (2019) y el último de Claudia López (2023), un total de 6428 venezolanos han sido capturados en la ciudad por hurto a personas.
Las cifras indican que el número de capturas de ciudadanos venezolanos en el año 2022 por temas de hurto callejero, se redujeron, aumentando de nuevo en el año 2023.
Los homicidios se disparan en la ciudad
El control de zonas en Bogotá donde opera la criminalidad como lo son el sector de María Paz, El Amparo, Bella Vista y Patio Bonito en la localidad de Kennedy, algunas zonas de Bosa, lo mismo que algunos lugares en Ciudad Bolívar, el Barrio Santa Fe en el centro de la ciudad, desató una guerra por el control del negocio del microtráfico en la capital del país, que trae consigo otros delitos como el tráfico ilegal de armas, trata de personas, préstamos gota a gota, etc. Esto disparó los homicidios, que en algunos casos se presentaban con descuartizamiento de cuerpos que eran abandonados en bolsas de basura.
Estos hechos obligaron a Bogotá a reconocer de manera pública, la presencia de organizaciones criminales, algo a lo que las alcaldías anteriores se negaron aceptar, muy a pesar de que la aparición de cadáveres en bolsas es un hecho que se venía dando desde la administración de Gustavo Petro y de manera ocasional, se dio también durante el segundo período de Enrique Peñalosa.
El sicariato tuvo su pico más alto en Bogotá en los años 2021 (453) y 2022 (431), algo que solo puede ser comparable con la época de Pablo Escobar.
Para enfrentar este fenómeno la alcaldesa, Claudia López, invitó al departamento de Cundinamarca y al municipio de Soacha a trabajar en conjunto con Bogotá para atacar de manera conjunta los fenómenos de inseguridad que atraviesa la ciudad. Fue así como la Policía durante el actual período logró capturar a 1995 personas por el delito de homicidio, quienes fueron judicializados, y puestos en manos de un juez por la Fiscalía General de la Nación luego de establecer el delito y su pertenencia a una de las bandas criminales que operan en la capital del país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación entre los años 2019 (último de Enrique Peñalosa) y el 2023 (último de Claudia López), se han identificado un total de 995 organizaciones criminales con presencia en Bogotá.
El trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación ha permitido la captura y desarticulación de muchas de estas bandas, algunas de estas se encuentran en prisión domiciliaria y otras están con prisión intramural.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
A pesar de los esfuerzos que se hizo desde la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, durante estos últimos cuatro años por reducir el hurto callejero y la tasa de homicidios en la ciudad, el objetivo no se ha logrado y es la administración de Carlos Fernando Galán quien debe buscar soluciones en el corto y mediano plazo.
Al respecto la politóloga, Laura Bonilla, considera que el alcalde electo Carlos Fernando Galán, debe quitar los temas de convivencia a las funciones de vigilancia que ejerce la Policía en Bogotá, esto con el ánimo de liberar de responsabilidades a los uniformados para que así atienda asuntos más urgentes como el hurto ciudadano.
Así mismo, Bonilla recomienda una mayor articulación con la Fiscalía General de la Nación para que el trabajo que hace la Policía para capturar al delincuente no se pierda por cuenta de errores en el procedimiento que permite que este sea dejado en libertad.
Por último, la analista dice que es necesario implementar con urgencia el centro de analítica que articule los datos de las diferentes entidades y se tomen decisiones rápidas.
El también analista, Fernando Rojas, estima que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, debe analizar si la manera como se ha abordado la compra y venta de drogas ilegales en Bogotá ha funcionado y así mismo crear estrategias que permitan abordar el tema y solucionarlo en el corto y mediano plazo.
Termina entonces la Alcaldía de Claudia López, quien no pudo reducir los problemas de inseguridad en Bogotá, especialmente el hurto callejero y el sicariato e inicia la de Carlos Fernando Galán, quien deberá no solo reconocer que el problema persiste, sino que además debe buscar soluciones para que el crimen organizado que se ha tomado sectores como El Amparo, María Paz, Patio Bonito, Bella Vista, la localidad de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba, no termine por generar un mayor caos en la ciudad.
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a los integrantes de la banda delincuencial dedicada al hurto de celulares, reconocida con el nombre de ‘Los Emais’.
Estos sujetos abordaban los servicios de transporte masivo (Transmilenio) en los portales Américas y Banderas en la localidad de kennedy, valiéndose de la alta afluencia de público, empleaban su destreza como ‘cosquilleros’ y hurtaban los celulares de los usuarios.
La investigación de la Policía permitió establecer que ‘Los Imeis’ alcanzaron una renta criminal de 18 millones de pesos y estarían vinculados en al menos 10 eventos de hurto.
Mediante tres diligencias de registro y allanamiento, fueron materializadas cuatro órdenes de captura; en estos domicilios les fueron incautados un millón 300 mil pesos en efectivo, 1.500 euros en efectivo, dos billetes de 100 del país de Israel, 18 equipos móviles celulares de diferentes referencias (varios con reportes por hurto).
Propongo un gran acuerdo nacional con dos objetivos comunes para la Colombia de hoy: pacto por la vida y por la libertad. En concreto, creo que tenemos la oportunidad de disminuir sustancialmente el secuestro y el homicidio, que han sido los dos grandes lunares de la paz total, pero cuyo aumento no es atribuible a ésta.
No es por aguar la fiesta, pero, aunque es una gran noticia el compromiso del ELN y el EMC de suspender el secuestro, y aunque ello traerá un gran alivio en las regiones donde hacen presencia, me temo que no va a ser suficiente. En nuestro reciente informe publicado desde la Fundación PARES sobre las dinámicas del secuestro, se muestra que hay una concentración urbana de los casos, que en un 60% no se conoce quién es el autor de este, y que, además, el EMC y el ELN suman alrededor del 21% de los casos reportados por la Policía Nacional.
Igual sucede con las violencias masivas que hoy afectan sustancialmente a la población y que se relacionan más con la presencia de organizaciones delincuenciales y de crimen organizado en áreas urbanas, que suman 196 en 7 ciudades. Podrían ser muchas, muchas más. Por eso hay que tener dos miradas estratégicas, aunque complementarias. Una, enfocada en la recuperación de la seguridad ciudadana y otra en avanzar en las negociaciones posibles de paz. Ambas miradas están en sintonía con lo propuesto por el nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño: concentrémonos en el territorio.
En la primera estamos muy mal en información, seguridad, tecnología y análisis. También se requieren recursos mucho más permanentes para la seguridad en municipios y departamentos afectados. Prevenir la conformación y proliferación de grupos criminales y entrar de frente a desmantelar los focos de corrupción en las cárceles y en el propio INPEC. La información que provee la Fiscalía General de la Nación al día de hoy es precaria e insuficiente, como también su accionar para complementar el trabajo de policía, y es difícil encontrar casos donde la labor de policía y la justicia operen de forma complementaria. Un 60% de desconocimiento es inadmisible.
Bogotá, Cali y Cúcuta son las tres ciudades más afectadas en número de casos de secuestro. Si queremos bajar el indicador se tiene que empezar por éstas, incluyendo el desmantelamiento más efectivo de bandas y grupos dedicados a la extorsión como renta principal. También es altamente relevante considerar tener indicadores no basados en la efectividad del crimen, sino en la de las acciones de la Policía, como indicadores de planeación y satisfacción del servicio por parte de la ciudadanía. Y sí, todo esto necesita una articulación muchísimo mejor entre el gobierno central y los gobiernos locales.
Para asegurar la segunda mirada estratégica se necesita más concentración y esfuerzo en los tres grandes: el ELN, las disidencias agrupadas en el EMC y el Clan del Golfo o las AGC. Aquí hay varios temas clave para iniciar, paralelo al avance de las mesas decididas por el gobierno y por los propios grupos. La primera es la formalización minera. Una minería artesanal o a pequeña escala que pueda ser formalizada es la única forma de garantizar que el Estado está donde lo necesitan y no dónde puede. La reforma al Estatuto Minero es fundamental en el 2024. Gran parte de los grupos armados utilizan la informalidad minera para dar créditos a maquinaria amarilla, con gravísimos daños a los ecosistemas y al mismo tiempo ejercen control territorial y de población, compran el oro y lo venden o lo lavan. Esta cadena de valor debe tener un control muchísimo mayor.
El segundo son las cárceles. Infortunadamente, la economía criminal funciona hoy a través de ellas y en muchos casos de los llamados “carteles de abogados”, que por fuera de ella manejan rutas y negocios al crimen organizado. Una ruta es en realidad un conjunto de contactos, una cadena de corrupción que permite que todo se mueva. Lo legal y lo ilegal. Tal y como están las cárceles y el INPEC hoy es casi imposible que una reforma pueda solventar el grado de podredumbre que hay en ellas. Habrá que considerar otras alternativas.
Finalmente, está la necesidad de clarificar la paz urbana o la política de sometimiento y encontrar una salida pronta a los y las jóvenes que están pidiendo una segunda oportunidad y que son perfectamente sujetos de una buena política de reincorporación. Incluso una individual, si es necesario.
Vamos a necesitar una gran generosidad social tanto por parte del gobierno central como de la sociedad, e incluso de aquellos grupos que están en la mesa. Sin embargo, lo veo viable. Supongo que es parte del espíritu decembrino.
Una sanción de destitución e inhabilidad de 18 años recibió Nelson Enrique Robles por parte de la Procuraduría después de que se determinara un hallazgo de 500 kilos de cocaína incautados con destino al Reino Unido.
Robles era el intendente de Control Aeroportuario de Bogotá en el grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional. La Procuraduría confirmó que él «adquirió y facilitó un uniforme y prendas de uso exclusivo de la institución policial a un particular, quien las usó y se hizo pasar como miembro activo de la Policía Nacional, e ingresó al hangar de la empresa Central Charter de Colombia S.A.S ubicado en el Aeropuerto El Dorado; para simular el registro de 15 maletas que contenían 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína».
Esta mercancía ilegal fue transportada en un jet privado con destino a Farnborough, Reino Unido y se procedió con la sanción al funcionario.
«De conformidad con lo anterior, el Ministerio Público corroboró que el uniformado participó en operaciones de tráfico y transporte de estupefacientes; aun cuando fungía como jefe de Control de Equipajes y Aviones», expresó la Procuraduría en un comunicado.
Por el momento, esta es la única sanción que recae en contra de Nelson Robles y también recae sobre la decisión un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia anunció la incautación de 2,4 toneladas de cocaína en Barranquilla. La droga estaba camuflada como un cargamento de carbón destinado a Bélgica.
La Policía utilizó «tecnología de última generación» para detectar el alijo de droga, que se encontraba impregnado en carbón coque.
La droga del Clan del Golfo a simple vista era casi indetectable, según la Policía, que considera que «la investigación inicia acá», ya que no hay detenidos. La droga al parecer se iba a distribuir en España, Portugal y Francia y podría haber alcanzado al menos diez millones de dólares en el mercado negro.
Un agente percibió en el cargamento algo sospechoso, ya que «no es común la exportación de carbón en contenedores» y notificó al Centro de Tecnologías contra el Narcotráfico, por lo que «será reconocido», ha apuntado un portavoz policial, el general William Salamanca.
Ofensiva contra el narcotráfico nos permitió incautar 3.4 toneladas de cocaína: 2.453 kilos en puerto de Barraquilla, mimetizados en un cargamento de carbón coque, que tenía como destino final Bélgica; otros 600 kilos en Panamá y 400 más en Santa Marta. pic.twitter.com/MulH97Wpai
— General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) December 15, 2023
El Centro de Tecnologías, ubicado en Bogotá, fue el responsable de emitir una alerta inmediata por la «mezcla extraña». Cuando el comandante recibió los resultados, que daban positivo para clorhidrato de cocaína, ordenó revisar el resto del material. Una parte de él estaba «rocoso, fuerte» y era carbón, pero otra parte era «flexible», debido a su contaminación.
En un 25 % se aumentó la cifra de policías capturados en el país a lo largo de 2023. En total han sido 510 los uniformados capturados por diferentes delitos
«No toleramos ningún asomo de corrupción en la institución. Hay una política de transparencia que se implementa todo el tiempo y también el fortalecimiento de la contrainteligencia para detectar a aquel policía que le esté fallando a su código de ética», dijo el general de la Policía, William Salamanca.
El máximo director de la Policía señaló que el aumento de la cifra se debe en gran parte a los controles y contrainteligencia alrededor de estos hechos.
Además del tráfico de drogas otro de los delitos con los que más se vinculan a los policías capturados es la extracción ilegal de minerales.
