El sesenta por ciento de la gente en Bogotá se siente insegura según datos de Invamer. Y el panorama se repite en ciudades principales del país. Sin embargo, a nuestra Fuerza Pública, esos valerosos hombres y mujeres que velan por nuestro derecho a la seguridad y por atacar el complejo escenario delincuencial y criminal en las calles, no se les brinda el trato que merecen.
Empecemos por el presidente de la República, Gustavo Petro. Llega tarde a los compromisos con la Policía y el Ejército, abandona los eventos públicos y su falta de cortesía con las Fuerzas Militares ha sido foco de atención en las últimas semanas, esto por mencionar algunos ejemplos.
Sin embargo, a este tipo de comportamientos de Petro, los colombianos, lastimosamente, nos hemos acostumbrado. Pero, uno no esperaría que ese trato indiferente se mantenga en la capital del país, bajo la administración de Carlos Fernando Galán, quien prometió que nuestros uniformados serían dignificados y que Bogotá iba a “Caminar Segura”.
Explico esto diciendo que, sumado a que no hay pie de fuerza suficiente para cumplir con la demanda de trabajo y que la MEBOG tiene más de 3.800 motos que cumplieron con su ciclo de vida útil, hay una nueva perla: ¡No hay contrato de refrigerios para la Fuerza Pública durante las protestas sociales!
Es decir, a quienes ponen el pecho por la gente, no se les da ni un tinto y los tienen pasando hambre. En lo que va corrido de 2024 no se han celebrado contratos para tal fin por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Lo más absurdo es que hay recursos asignados por seis mil millones de pesos que no han sido usados sin que tengamos una explicación. La plata está, la voluntad no.
Es insólito que quienes garantizan la tranquilidad en la ciudad estén en estas condiciones. Ni siquiera pasó esto en la alcaldía de Claudia López, quien se caracterizó por su irrespeto constante a la Policía.
Aprovecho este espacio para recordarle a nuestras autoridades distritales que quienes salen a protegernos en las manifestaciones deben someterse a largas jornadas, a condiciones climáticas adversas y, además, en el caso de los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD) a cargar elementos de protección con un peso estimado de 20 kilos, pues tienen protector corporal, casco antimotín, escudo, uniforme y prenda de protección balística interna.
Nuestra Fuerza Pública tiene que estar moralizada, pero esto también se obtiene con incentivos y muestras de que los respetamos, partiendo desde las autoridades. Imagínense ustedes estar todo el día a la intemperie sin siquiera un vaso de agua. ¿Cuántos podríamos resistir?
Quiero recordar que nuestra Fuerza Pública no solo ejerce su trabajo en situaciones de caos como el más reciente paro de taxistas o los bloqueos en la Universidad Nacional que dejaron uniformados atacados y heridos, además de buses vandalizados y alteraciones en la movilidad. Ellos también atienden a diario las movilizaciones o manifestaciones que se registran en la ciudad, que en lo que va corrido de este 2024 ya llegan a 902.
Hasta el momento, “Bogotá Camina Segura” pareciera haber sido solo un eslogan de campaña, pero pasados siete meses de esta administración, no se ve mayor intención de que eso vaya a convertirse en una realidad. No se puede perder de vista que este gobierno distrital será medido por sus logros en materia de seguridad y no se podrá tener una ciudad segura si no se honra y reconoce la labor de la Fuerza Pública.
Por último, ofrezco disculpas a nuestra Fuerza Pública por este trato inmerecido que están recibiendo por parte de la administración. Desde el Concejo de Bogotá y desde la Bancada Pro Fuerza Pública que integro, adelantaré todos los esfuerzos que se necesiten para que sus derechos sean reivindicados.
Andrés Barrios Bernal
