Dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá que se desplazaban en su moto por la Avenida Suba, chocaron contra un vehículo, milagrosamente salieron ilesos después de salir volando al colisionar.
El accidente se presentó el sábado 13 en horas de la tarde. De acuerdo con el reporte oficial, los dos uniformados se encuentran fuera de peligro.
La Policía de Bogotá reitera el llamado a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito, recordando la importancia para que los vehículos de emergencia respeten las señales de tránsito para evitar incidentes en la vía.
Uniformados de la Policía adscritos al CAI aurora de la localidad de Usme, capturaron a un hombre que tenía una orden judicial vigente, por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
La captura se materializó en la carrera 14a calle 69f, al verificar la identidad de este sujeto de 42 años de edad, el sistema de antecedentes de la Policía Nacional arrojó la orden de captura vigente. Según las investigaciones, los hechos a los que se encuentra vinculado este hombre, tuvieron lugar en el sector de Yomasa de la localidad de Usme en el año 2015, donde durante una riña le quito la vida a un hombre.
Este sujeto habría pagado 4 años de condena en centro carcelario por este delito, le fue brindada la medida de casa por cárcel, y es allí donde después de labores de verificación por funcionarios del Inpec, se percataron de su ausencia en la residencia, por tal motivo le fue revocada esta medida.
Las frases del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en contra del presidente de la república, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa al finalizar el reciente consejo de seguridad citado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, generaron el rechazo del Gobierno Nacional al considerar que este no era el escenario para realizar consideraciones políticas.
A pesar de que la rueda de prensa fue citada para exponer las conclusiones del consejo de seguridad en la capital de Antioquia, el fiscal Barbosa durante su intervención dio a conocer su punto de vista personal sobre lo sucedido con los Juegos Panamericanos y sus consideraciones sobre el manejo del orden público que ha dado el presidente, Gustavo Petro.
“Si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron”, dijo el jefe del ente investigador, afirmando más adelante: “hay un desorden absoluto de orden público en Colombia”, porque al presidente “le quedó grande la seguridad”. Además, lo acusó de encarnar la “anti-institucionalidad”.
Estas frases del fiscal se hicieron en presencia del Brigadier General, Oscar Andrés Lamprea Pinzón, comandante de la Metropolitana de la Policía del Valle de Aburrá, y del comandante de la Cuarta brigadier general, Jorge Ricardo Hernández Vargas, lo que generó el fuerte llamado de atención del Gobierno Nacional y del representante a la cámara por el departamento de Antioquia, Alejandro Toro.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco manifestó su rechazo desde su cuenta de X:
Enfrentar las amenazas de la delincuencia es una tarea titánica que debe ser encarada con decisión y armonía por todos los agentes del Estado. Citar una rueda de prensa a pocos días de dejar el cargo por periodo cumplido para fustigar al señor presidente @petrogustavo es una… pic.twitter.com/RW9K4kgc3n
— Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) January 10, 2024
Por su parte el ministro de Defensa, Iván Velasquez, quien dijo que sería interesante examinar la gestión de los cuatro años del fiscal Francisco Barbosa:
Sería interesante evaluar los resultados de la @FiscaliaCol en la investigación y acusación de los grandes narcotraficantes propietarios de las centenares de toneladas de cocaína incautadas por la Fuerza Pública en los 4 años de la gestión de Francisco Barbosa. pic.twitter.com/j9sx8fXaJH
Por su parte el representante a la cámara por el departamento de Antioquia, Alejandro Toro, reclamó por la presencia de los altos mandos militares y de Policía en Medellín durante la declaración del fiscal general de la Nación:
Qué hace el comandante de la Meval de @PoliciaColombia el general Lamprea y el comandante del la Cuarta Brigada del @COL_EJERCITO general Hernández en una rueda de prensa con el Fiscal Barbosa donde entre una de las tantas frases contra el el presidente @petrogustavo, su… pic.twitter.com/thYU1HbNYT
La estructura delincuencial estaba dedicada a reclutar menores de edad para explotarlas sexualmente, en medio condiciones degradantes como el consumo descontrolado de bebidas embriagantes y estupefacientes.
Estas personas, al parecer, contactaban a adolescentes entre 14 y 16 años, a través de redes sociales y sistemas de mensajería móvil. Las jóvenes eran ciudadanas colombianas y extranjeras en condición de vulnerabilidad, a las que les ofrecían dinero, ayudas económicas para sus hogares y familias, y otros supuestos beneficios para que accedieran a tener encuentros con extranjeros.
De igual manera, se estableció que en portales web y comunidades virtuales presuntamente ofrecían los servicios sexuales de las menores de edad. Asimismo, distribuían a los turistas catálogos con imágenes de las adolescentes desnudas. Los hombres interesados pagaban diversas sumas de dinero, que dependían de los lugares y el tipo de acompañamiento que realizaban las víctimas. Algunas veces en apartamentos, y en otras oportunidades en fiestas programadas en establecimientos nocturnos y en una mansión lujosa.
A los capturados les fueron imputados cargos por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada; y concierto para delinquir con fines de trata de personas, proxenetismo con menor de edad y demanda de explotación sexual de menores.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 18 años al capitán de la Policía Nacional, Jorge Isaac Aguilar García, al encontrar probada su participación en el tráfico y transporte de cerca de 446 kilos de clorhidrato de cocaína y más de $100 millones en efectivo que fueron incautados en Providencia el 23 de mayo de 2021.
El órgano de control pudo establecer que el uniformado se desplazó a la isla con el propósito de recibir la droga y el dinero que llevaron desde Bogotá dos personas, a quienes trató de brindarles facilidades en el cumplimiento de su propósito, al indicar en el aeropuerto El Embrujo que se trataba de un vuelo que llevaba ayudas humanitarias.
De acuerdo con la investigación, el uniformado coaccionó a un oficial de menor rango dentro de la cadena de mando, para que omitiera funciones propias de su rol de control y seguridad a las aeronaves, y permitiera el paso del cargamento, que posteriormente resultó decomisado.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a dos mujeres cuando se encontraban deambulando con actitudes sospechosas por la zona de los establecimientos comerciales abiertos al público.
En el momento de realizar el registro se les encuentra 17 pastillas de Zolpidem medicamento sedativo-hipnotico, que aparentemente lo pretendían utilizar, para escopolaminar a sus víctimas.
Ayer, el registrador del Chocó fue víctima de un secuestro. Hasta ahora, la policía no ha logrado obtener información sobre el autor o el motivo del delito, reflejando la realidad del 60% de los casos registrados. En el período comprendido entre agosto de 2022 y octubre de 2023, se documentaron 287 secuestros, según datos proporcionados por el SIEDCO de la Policía Nacional. Es probable que este periodo culmine con la cifra más alarmante desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, evidenciando una tendencia al alza que suscita una preocupación generalizada.
El aumento no puede atribuirse al acuerdo de paz ni a la supuesta «entrega del país a las FARC». Más bien, se debe al enorme vacío dejado tras dicho acuerdo, combinado con el crecimiento desmedido en número y capacidad de estructuras criminales organizadas. Actualmente, contamos con 196 de estas estructuras solo en las 7 principales ciudades, y la extorsión se convierte cada vez más en una fuente de financiamiento. Entre 2018 y 2022, Colombia experimentó un aumento de 18 a 33 Grupos Armados Organizados (GAO), un mercado que se sofistica diariamente y resulta cada vez más difícil de combatir. La justificación de toda nuestra violencia mediante el narcotráfico también se torna cada vez más insostenible.
La política de paz total no es la única responsable del incremento en secuestros, pero tampoco ha contribuido a mitigarlo hasta el momento. Considerando que el ELN puede estar asociado al 11% de los casos y el EMC al 10%, y que solo con estos dos grupos hay mesas de diálogo, incluso con un cumplimiento del 100% de lo pactado, nos enfrentamos a un universo del 80% restante, con poca información y una alta impunidad.
El secuestro, especialmente el extorsivo, se ha vuelto atractivo para el crimen organizado y grupos armados. No requiere una logística particularmente costosa y cuenta con el respaldo del control territorial ejercido por estos grupos. Utiliza las mismas rutas controladas por los violentos y ofrece una rentabilidad inmensa a un costo mucho menor que otras actividades informales o ilegales, solo comparable con la extorsión.
La concentración territorial refuerza esta hipótesis. A nivel departamental, Antioquia (67 casos), Norte de Santander (60 casos) y Valle del Cauca (55 casos) son los más afectados. Sin embargo, a nivel de ciudades, Cali (23), Bogotá (23), Cúcuta (21), Medellín (20) y Buenaventura (12) destacan la urbanización del fenómeno. En el caso del Valle del Cauca, Buenaventura y Cali concentran el 63% de los casos.
En contraste, la capacidad de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general se encuentra limitada. Se requiere una mayor aplicación de tecnología y una mayor eficiencia en el seguimiento de los casos en las primeras horas. La falta de coordinación eficiente también es un obstáculo, sumado a la enorme impunidad, donde muchos casos se resuelven únicamente con el pago de rescates. Esto implica que los responsables no enfrentan consecuencias penales, aumentando la probabilidad de que vuelvan a cometer el delito.
Hasta ahora, nos enfrentamos a un fenómeno que se urbaniza no solo en las grandes capitales sino también en centros poblados urbanos. El secuestro, de bajo costo y baja probabilidad de judicialización, se ve facilitado por el control territorial ejercido por actores armados. La Fuerza Pública tiene una capacidad limitada para perseguir y capturar eficientemente, mientras que la justicia enfrenta dificultades para condenar el delito. Todo esto, junto con la sofisticación de las redes de extorsión y el alto número de estructuras armadas organizadas, conforma un cóctel perfecto donde los incentivos negativos superan ampliamente a los positivos.
Toda esta información salió a la luz ayer en uno de los noticieros de mayor audiencia nacional, tras el secuestro del gobernador. En retrospectiva, durante la entrevista, no me di cuenta de que llevaba mi saco al revés. Sin embargo, al reflexionar sobre la atención generada por este hecho, creo que no solo mi saco estaba al revés, sino también nuestras prioridades como sociedad.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó un balance positivo acerca de los siniestros viales que se presentaron durante la época de fin de año.
Del 29 de diciembre de 2023 al 1 de enero del 2024 se movilizó una cifra de 3.369.646 vehículos en todo el país siendo Cundinamarca el departamento con más afluencia.
«La accidentalidad presenta una histórica reducción del 52 %. El año anterior hubo 81 fallecidos, este año lamentablemente fallecieron 39 y en los heridos se redujeron 26%, pasando de 222 a 165 comparado con el año anterior», señaló la Policía.
En otras cifras durante este periodo se sancionaron 2.495 conductores que no acataron las normas de tránsito. La mayoría, 382, fue por no portar la licencia de conducción.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, logró la captura en flagrancia de cinco personas en el barrio Cedritos de la localidad de Usaquén, momentos en los cuales fueron sorprendidos huyendo por los techos de las viviendas de este sector, con algunos de los elementos hurtados.
La rápida y oportuna reacción de la patrulla del cuadrante, permitió la captura de estas personas y la recuperación de los elementos hurtados, asimismo fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, para que respondan por los hechos.
Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, para que respondan por los hechos.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, considera que es necesario reforzar en la ciudad la seguridad en la ciudad con mayor presencia de la Policía en la calle.
“Tengan la certeza que como alcalde me voy a preocupar para que con recursos del Distrito ustedes estén bien, tengan los elementos de inteligencia y transporte para que recuperemos la tranquilidad de la ciudad”, dijo.
El mandatario de la capital del Valle del Cauca prometió trabajar de la mano con la Policía para que los índices de inseguridad se reduzcan y garantizar de esta manera la seguridad de los caleños.
Durante el año 2023 la ciudad de Cali registró más de 1000 homicidios lo que terminó por convertirla en la capital más insegura de la capital.
Durante el acto de transmisión de mando de la Comandancia de Policía Metropolitana de Bogotá, a manos del Brigadier General, José Daniel Gualdrón Moreno, el alcalde, Carlos Fernando Galán, pidió al cuerpo de uniformados, trabajar las 24 horas para reestablecer el tejido social y la confianza de los ciudadanos hacia el trabajo que en materia seguridad se hace desde la administración distrital.
El mandatario reconoció el delicado estado por el que atraviesa la seguridad en la capital del país y prometió trabajar de la mano con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para atacar la criminalidad y una mejor convivencia ciudadana.
“Vamos a trabajar por convertir a Bogotá en un referente de seguridad, convivencia y justicia, como bases fundamentales del desarrollo social y económico de nuestra sociedad”, afirmó el alcalde de la capital.
En su discurso Galán reconoció el papel que cumple la Policía a la hora de garantizarle a los ciudadanos la tranquilidad, reafirmando su compromiso para que los uniformados puedan cumplir con su labor.
“Bogotá espera que recorramos y tracemos el camino hacia una Bogotá segura donde el transporte público pueda usarse a cualquier hora y no haya zonas por donde no se pueda transitar y en las que los únicos que sientan miedo de caminar por las calles sean los delincuentes”, puntualizó.
Reiteró la necesidad que tiene la ciudad de un trabajo conjunto entre la administración y la Policía y que se superen las pugnas internas. Dijo además que su alcaldía tendrá tres prioridades: la protección de la vida; la garantía del disfrute de la ciudad y la reconstrucción de la confianza ciudadana.
El Brigadier General José Gualdrón asume el mando de esta unidad policial enfatizando en la importancia de la corresponsabilidad, tanto institucional como social, para frenar la criminalidad, alcanzar índices representativos en la disminución de la delincuencia y el crimen organizado.
El señor oficial, con 35 años de servicio en la Policía Nacional, oriundo del municipio de Flandes, Tolima, nació en el seno del hogar conformado por don Luis Martín Gualdrón y doña María Dolores Moreno, el 20 de septiembre 1966; es el cuarto de ocho hermanos, casado y con tres hijos, quienes representan su mayor motivación. Vivió su niñez y adolescencia en su natal Flandes.
Al finalizar sus estudios, en 1986 se incorporó al Ejército Nacional para definir su servicio militar obligatorio, dos años más tarde ingresó a la Policía Nacional de Colombia como estudiante en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada y como profesional, fue destinado como su primera unidad al Departamento de Policía de Caquetá.
En su carrera policial ha laborado en los comandos de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Santiago de Cali; los Departamentos de Policía de Cundinamarca, Santander, Tolima, Guajira, Caquetá, Putumayo y Risaralda. De igual manera, ha prestado sus servicios en especialidades como Tránsito y Transporte y en el Área de Control Interno de la Institución.
La hizo efectiva la judicialización de alias «La Mona», sindicada de ser integrante del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc.
«Según la investigación, la mujer se habría concertado con otros integrantes del grupo para cometer acciones criminales como homicidios selectivos, extorsiones, labores de inteligencia contra la fuerza pública, compra de elementos de intendencia y actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes, entre otras, en los municipios de Puerto Rondón (Arauca) y Roberto Payán (Nariño)», señaló la Fiscalía.
La captura de la mujer se hizo efectiva el pasado 7 de diciembre por la Policía Nacional en el Terminal de Transportes del Sur de Bogotá y a pesar de no aceptar la responsabilidad en los cargos formulados por concierto para delinquir agravado de la Fiscalía tendrá medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año, comparado con 2022. Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– para que analistas y los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan sacar sus conclusiones y definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos durante el periodo de gobierno que se avecina.
Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2023, se organizan por ciudad y se comparan los resultados entre ciudades, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.
Dado que para el año 2023 SIEDCO solo tiene publicadas cifras de delitos de mayor impacto hasta noviembre, para efectos de análisis comparativo con el año completo de 2019, a cada delito de 2023 se le sumo la cifra registrada en diciembre de 2022.
De acuerdo con estas cifras, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 10 en 2022. Se destaca la disminución de los homicidios en un 44%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el homicidio disminuyo en un 23% y solo dos delitos han aumentado, el hurto a personas en un 43% y el hurto a motocicletas en un 15% (ver siguiente cuadro):
En tercer lugar, se ubica Medellín, donde aumentaron los hurtos automotores 7%, motocicletas 27% y el hurto a personas 13% y se destaca la disminución de los homicidios en un 38%.
En cuarto lugar, se sitúa Pereira donde aumentaron los hurtos a Automotores 97%, Motocicletas 51% y a personas en un 40% y disminuyo el homicidio en un 9%.
En quinto lugar, está Bucaramanga, donde han aumentado tres delitos, los homicidios 8,4%, y los hurtos motocicletas 19,7% y a personas 47%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Bogotá se sitúa en el sexto lugar, aumentaron los homicidios en 1,6% y los hurtos de automotores 7,4%, motocicletas 17% y a personas 18,8%.
En séptimo lugar se ubica Villavicencio, donde los homicidios aumentaron en un 20% y los hurtos a motocicletas 46%, a personas 48% y a residencias 3%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Sigue Cúcuta en octavo lugar. Aumentaron los homicidios 22% y los hurtos de automotores, 31%, motocicletas 10% y a personas 14%.
En noveno lugar se ubica Cartagena donde los homicidios aumentaron en un 109%, los hurtos a automotores 38% y a personas 29% y la violencia intrafamiliar en un 32%.
En decimo lugar aparece Ibagué, donde aumentaron los homicidios en un 4%, los hurtos a automotores 38%, motocicletas 82% y a personas en 31%, además de la violencia intrafamiliar en un 9%.
En decimo primer lugar aparece Barranquilla donde aumentaron los homicidios 34,5%, los hurtos a automotores 100%, motocicletas 30,5% y a personas 12,6% y además aumento la violencia intrafamiliar en un 44,9%.
Finalmente, y como caso especial, se presentan los resultados de Cali, donde todos los delitos disminuyeron, según el reporte de SIEDCO, como se puede ver en el siguiente cuadro.
Situación que debe revisarse si se tiene en cuenta el comportamiento irregular de algunos delitos entre los meses de julio y noviembre de 2023, especialmente las cifras de hurtos a comercio, personas y residencias. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas que mantenía un promedio mensual cercano a 2000 casos, en el mes de julio pasó a 199, agosto 178, etc, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Seguramente existe una explicación a estas disminuciones tan importantes, dentro de las que no se puede descartar que se debe al accionar y operatividad de las autoridades de seguridad y justicia, que de ser así se deberían replicar en las demás ciudades y municipios del país donde estos delitos no han dejado de crecer.
Temas a tener en cuenta para evaluar de mejor manera la gestión de los actuales alcaldes y alcaldesas.
Para evaluar la gestión de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades hay que tener en cuenta una serie de hechos que hicieron más compleja la situación de inseguridad durante este cuatrienio de gobierno:
Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.
Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.
Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.
Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.
Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.
La ofensiva para continuar con la lucha contra el uso prohibido de la pólvora continúa en pie y la Policía decomisó un cargamento con media tonelada de pólvora lista para ser distribuida.
Los hechos se dieron en el barrio Siete de Agosto de Florencia (Caquetá). Se hizo gracias a la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Con estas acciones se logró la incautación avaluada en 120 millones de pesos. Este material estaba almacenado y listo para su distribución.
«Se insta a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o manipulación ilegal de pólvora», advierte la Policía.
Esta acción se ejerce en vísperas de la celebración de Año Nuevo este 31 de diciembre, día en el que crece exponencialmente el uso de la pólvora.
