Con apoyo del FBI (Agencia Federal de Investigación) la policía colombiana por medio de la DIJÍN capturaron a ciudadano extranjero requerido por Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
A este ciudadano extranjero de 51 lo capturaron por los delitos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración. Él hacía parte de una red de blanqueo de dineros a través de criptomonedas.
Este empresario fue capturado en un sector reconocido de Medellín y su estructura criminal opera en América, Europa y Australia.
En su labor dentro de la estructura criminal, él supervisaba y coordinar transacciones internacionales de lavado de dinero a gran escala, fungiendo como un importante empresario y de fachada tenía diferentes empresas de alimentos en Antioquia. Aún se tramita su extradición.
Durante la campaña del año 2019 por la Alcaldía de Bogotá, la entonces candidata por el partido Alianza Verde, prometió ser la jefa de la Policía en la ciudad y que además haría temblar a la criminalidad.
Más adelante, cuando se posesionó en el cargo tras ganar las elecciones pudo darse cuenta de que el alcalde de una ciudad, municipio o departamento, no es necesariamente es el jefe de la Policía del territorio que gobierna y que su función en este caso, es el de coordinar los temas seguridad y convivencia para lo cual debe articular las acciones de su administración con instituciones como la Policía, la Fiscalía y también si es posible, con los municipios vecinos y el departamento que corresponda.
Fue así como Claudia López al inicio de su administración puso al frente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, al experto en estos asuntos, Hugo Acero, quien se retira al año para ser reemplazado por Aníbal Fernández de Soto, quien luego de una labor coordinada con la Policía decide hacer un alto en el camino, y es entonces cuando llega el actual secretario, Óscar Gómez Heredia, con quién termina su período, el que ella misma reconoce que en esta materia los resultados no son buenos.
La última encuesta de percepción ciudadana del programa Bogotá Como vamos de la Cámara de Comercio de Bogotá, revela que 6 de cada 10 bogotanos aseguran sentirse inseguros y que el problema de inseguridad aumentó durante la administración de Claudia López.
Del total de los ciudadanos encuestados por Bogotá Como Vamos (1.500), el 52,4% aseguró sentirse inseguro; el 27.9% dijo no sentir inseguridad ni seguridad, y tan solo el 19, 7%, respondió que la seguridad en la capital es buena.
De todos los delitos que se cometen en Bogotá, el atraco callejero es el que más preocupa a los ciudadanos. De acuerdo con este estudio, en el año 2023 aumentó un 65,6% el miedo en la población por cuenta del hurto en los diferentes barrios de la capital. En el 2022 las estadísticas marcaban el 65,3% y en el 2021 un 59,8%.
De acuerdo con laPolicía Metropolitana de Bogotá, en el año 2023 se registraron 131.189 hurtos a personas en la capital del país; 5991 menos que en el año 2022, cuando la cifra llegó a su pico más alto (137.189).
La administración de Claudia López recibió la ciudad de manos del exalcalde, Enrique Peñalosa, con un registro en las cifras en hurto callejero para el año 2019 de 127.833, según la Policía Metropolitana de Bogotá. Estas presentaron una reducción significativa en el año 2020 (83.130), época en la que hubo menor comisión de este delito por ser el tiempo de confinamiento general al que obligó la pandemia del Covid 19.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá
El celular es el elemento favorito de los dueños de lo ajeno en Bogotá, quienes han hecho de este delito toda una empresa criminal, que incluso preocupa a diferentes directores de Policía de América Latina, quienes anunciaron durante el pasado encuentro internacional de Directores de Policía, celebrado en el mes de noviembre en la capital del país, la creación de un trabajo conjunto para enfrentar el problema.
En el último año de Enrique Peñalosa la cifra llegó a ubicarse en 61398, llegando a presentar una leve baja en los primeros doce meses de la Alcaldía de Claudia López (49249) durante la pandemia del Covid 19.
En Bogotá, según la Policía Metropolitana, entre los años 2022 y 2023, se presentó una mínima reducción de robos a celulares, aun así, el número continúa siendo alto.
La Policía de Bogotá se organizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para hacerle frente a este delito en la ciudad, logrando capturar a los responsables de estos hechos, sin embargo, algunos de estos fueron dejados en libertad por errores en el procedimiento en el momento de la judicialización o porque la víctima no instauraba la respectiva denuncia.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá
Claudia López tuvo varios enfrentamientos con la rama judicial a quien culpó por dejar en libertad a quienes cometen este delito en Bogotá, que durante el último cuatrienio presentó mayores cifras de violencia durante la comisión del hecho, llegando a incluso a asesinar a las víctimas.
«El problema es cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando, y también algunas disposiciones que tiene la ley y que se deben cambiar. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”, dijo en su momento la alcaldesa.
De inmediato se desató un enfrentamiento entre el Distrito y los jueces por la decisión que estaban tomando algunos de estos, de dejar en libertad a quienes estaban dedicados a robar celulares en Bogotá, además de la presencia de venezolanos en estos hechos, muchos de estos sin permiso de residencia en Colombia, lo que hizo más difícil su judicialización.
Cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, indican que entre el último año de Enrique Peñalosa (2019) y el último de Claudia López (2023), un total de 6428 venezolanos han sido capturados en la ciudad por hurto a personas.
Las cifras indican que el número de capturas de ciudadanos venezolanos en el año 2022 por temas de hurto callejero, se redujeron, aumentando de nuevo en el año 2023.
Los homicidios se disparan en la ciudad
El control de zonas en Bogotá donde opera la criminalidad como lo son el sector de María Paz, El Amparo, Bella Vista y Patio Bonito en la localidad de Kennedy, algunas zonas de Bosa, lo mismo que algunos lugares en Ciudad Bolívar, el Barrio Santa Fe en el centro de la ciudad, desató una guerra por el control del negocio del microtráfico en la capital del país, que trae consigo otros delitos como el tráfico ilegal de armas, trata de personas, préstamos gota a gota, etc. Esto disparó los homicidios, que en algunos casos se presentaban con descuartizamiento de cuerpos que eran abandonados en bolsas de basura.
Estos hechos obligaron a Bogotá a reconocer de manera pública, la presencia de organizaciones criminales, algo a lo que las alcaldías anteriores se negaron aceptar, muy a pesar de que la aparición de cadáveres en bolsas es un hecho que se venía dando desde la administración de Gustavo Petro y de manera ocasional, se dio también durante el segundo período de Enrique Peñalosa.
El sicariato tuvo su pico más alto en Bogotá en los años 2021 (453) y 2022 (431), algo que solo puede ser comparable con la época de Pablo Escobar.
Para enfrentar este fenómeno la alcaldesa, Claudia López, invitó al departamento de Cundinamarca y al municipio de Soacha a trabajar en conjunto con Bogotá para atacar de manera conjunta los fenómenos de inseguridad que atraviesa la ciudad. Fue así como la Policía durante el actual período logró capturar a 1995 personas por el delito de homicidio, quienes fueron judicializados, y puestos en manos de un juez por la Fiscalía General de la Nación luego de establecer el delito y su pertenencia a una de las bandas criminales que operan en la capital del país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación entre los años 2019 (último de Enrique Peñalosa) y el 2023 (último de Claudia López), se han identificado un total de 995 organizaciones criminales con presencia en Bogotá.
El trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación ha permitido la captura y desarticulación de muchas de estas bandas, algunas de estas se encuentran en prisión domiciliaria y otras están con prisión intramural.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
A pesar de los esfuerzos que se hizo desde la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, durante estos últimos cuatro años por reducir el hurto callejero y la tasa de homicidios en la ciudad, el objetivo no se ha logrado y es la administración de Carlos Fernando Galán quien debe buscar soluciones en el corto y mediano plazo.
Al respecto la politóloga, Laura Bonilla, considera que el alcalde electo Carlos Fernando Galán, debe quitar los temas de convivencia a las funciones de vigilancia que ejerce la Policía en Bogotá, esto con el ánimo de liberar de responsabilidades a los uniformados para que así atienda asuntos más urgentes como el hurto ciudadano.
Así mismo, Bonilla recomienda una mayor articulación con la Fiscalía General de la Nación para que el trabajo que hace la Policía para capturar al delincuente no se pierda por cuenta de errores en el procedimiento que permite que este sea dejado en libertad.
Por último, la analista dice que es necesario implementar con urgencia el centro de analítica que articule los datos de las diferentes entidades y se tomen decisiones rápidas.
El también analista, Fernando Rojas, estima que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, debe analizar si la manera como se ha abordado la compra y venta de drogas ilegales en Bogotá ha funcionado y así mismo crear estrategias que permitan abordar el tema y solucionarlo en el corto y mediano plazo.
Termina entonces la Alcaldía de Claudia López, quien no pudo reducir los problemas de inseguridad en Bogotá, especialmente el hurto callejero y el sicariato e inicia la de Carlos Fernando Galán, quien deberá no solo reconocer que el problema persiste, sino que además debe buscar soluciones para que el crimen organizado que se ha tomado sectores como El Amparo, María Paz, Patio Bonito, Bella Vista, la localidad de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba, no termine por generar un mayor caos en la ciudad.
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a los integrantes de la banda delincuencial dedicada al hurto de celulares, reconocida con el nombre de ‘Los Emais’.
Estos sujetos abordaban los servicios de transporte masivo (Transmilenio) en los portales Américas y Banderas en la localidad de kennedy, valiéndose de la alta afluencia de público, empleaban su destreza como ‘cosquilleros’ y hurtaban los celulares de los usuarios.
La investigación de la Policía permitió establecer que ‘Los Imeis’ alcanzaron una renta criminal de 18 millones de pesos y estarían vinculados en al menos 10 eventos de hurto.
Mediante tres diligencias de registro y allanamiento, fueron materializadas cuatro órdenes de captura; en estos domicilios les fueron incautados un millón 300 mil pesos en efectivo, 1.500 euros en efectivo, dos billetes de 100 del país de Israel, 18 equipos móviles celulares de diferentes referencias (varios con reportes por hurto).
Propongo un gran acuerdo nacional con dos objetivos comunes para la Colombia de hoy: pacto por la vida y por la libertad. En concreto, creo que tenemos la oportunidad de disminuir sustancialmente el secuestro y el homicidio, que han sido los dos grandes lunares de la paz total, pero cuyo aumento no es atribuible a ésta.
No es por aguar la fiesta, pero, aunque es una gran noticia el compromiso del ELN y el EMC de suspender el secuestro, y aunque ello traerá un gran alivio en las regiones donde hacen presencia, me temo que no va a ser suficiente. En nuestro reciente informe publicado desde la Fundación PARES sobre las dinámicas del secuestro, se muestra que hay una concentración urbana de los casos, que en un 60% no se conoce quién es el autor de este, y que, además, el EMC y el ELN suman alrededor del 21% de los casos reportados por la Policía Nacional.
Igual sucede con las violencias masivas que hoy afectan sustancialmente a la población y que se relacionan más con la presencia de organizaciones delincuenciales y de crimen organizado en áreas urbanas, que suman 196 en 7 ciudades. Podrían ser muchas, muchas más. Por eso hay que tener dos miradas estratégicas, aunque complementarias. Una, enfocada en la recuperación de la seguridad ciudadana y otra en avanzar en las negociaciones posibles de paz. Ambas miradas están en sintonía con lo propuesto por el nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño: concentrémonos en el territorio.
En la primera estamos muy mal en información, seguridad, tecnología y análisis. También se requieren recursos mucho más permanentes para la seguridad en municipios y departamentos afectados. Prevenir la conformación y proliferación de grupos criminales y entrar de frente a desmantelar los focos de corrupción en las cárceles y en el propio INPEC. La información que provee la Fiscalía General de la Nación al día de hoy es precaria e insuficiente, como también su accionar para complementar el trabajo de policía, y es difícil encontrar casos donde la labor de policía y la justicia operen de forma complementaria. Un 60% de desconocimiento es inadmisible.
Bogotá, Cali y Cúcuta son las tres ciudades más afectadas en número de casos de secuestro. Si queremos bajar el indicador se tiene que empezar por éstas, incluyendo el desmantelamiento más efectivo de bandas y grupos dedicados a la extorsión como renta principal. También es altamente relevante considerar tener indicadores no basados en la efectividad del crimen, sino en la de las acciones de la Policía, como indicadores de planeación y satisfacción del servicio por parte de la ciudadanía. Y sí, todo esto necesita una articulación muchísimo mejor entre el gobierno central y los gobiernos locales.
Para asegurar la segunda mirada estratégica se necesita más concentración y esfuerzo en los tres grandes: el ELN, las disidencias agrupadas en el EMC y el Clan del Golfo o las AGC. Aquí hay varios temas clave para iniciar, paralelo al avance de las mesas decididas por el gobierno y por los propios grupos. La primera es la formalización minera. Una minería artesanal o a pequeña escala que pueda ser formalizada es la única forma de garantizar que el Estado está donde lo necesitan y no dónde puede. La reforma al Estatuto Minero es fundamental en el 2024. Gran parte de los grupos armados utilizan la informalidad minera para dar créditos a maquinaria amarilla, con gravísimos daños a los ecosistemas y al mismo tiempo ejercen control territorial y de población, compran el oro y lo venden o lo lavan. Esta cadena de valor debe tener un control muchísimo mayor.
El segundo son las cárceles. Infortunadamente, la economía criminal funciona hoy a través de ellas y en muchos casos de los llamados “carteles de abogados”, que por fuera de ella manejan rutas y negocios al crimen organizado. Una ruta es en realidad un conjunto de contactos, una cadena de corrupción que permite que todo se mueva. Lo legal y lo ilegal. Tal y como están las cárceles y el INPEC hoy es casi imposible que una reforma pueda solventar el grado de podredumbre que hay en ellas. Habrá que considerar otras alternativas.
Finalmente, está la necesidad de clarificar la paz urbana o la política de sometimiento y encontrar una salida pronta a los y las jóvenes que están pidiendo una segunda oportunidad y que son perfectamente sujetos de una buena política de reincorporación. Incluso una individual, si es necesario.
Vamos a necesitar una gran generosidad social tanto por parte del gobierno central como de la sociedad, e incluso de aquellos grupos que están en la mesa. Sin embargo, lo veo viable. Supongo que es parte del espíritu decembrino.
Una sanción de destitución e inhabilidad de 18 años recibió Nelson Enrique Robles por parte de la Procuraduría después de que se determinara un hallazgo de 500 kilos de cocaína incautados con destino al Reino Unido.
Robles era el intendente de Control Aeroportuario de Bogotá en el grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional. La Procuraduría confirmó que él «adquirió y facilitó un uniforme y prendas de uso exclusivo de la institución policial a un particular, quien las usó y se hizo pasar como miembro activo de la Policía Nacional, e ingresó al hangar de la empresa Central Charter de Colombia S.A.S ubicado en el Aeropuerto El Dorado; para simular el registro de 15 maletas que contenían 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína».
Esta mercancía ilegal fue transportada en un jet privado con destino a Farnborough, Reino Unido y se procedió con la sanción al funcionario.
«De conformidad con lo anterior, el Ministerio Público corroboró que el uniformado participó en operaciones de tráfico y transporte de estupefacientes; aun cuando fungía como jefe de Control de Equipajes y Aviones», expresó la Procuraduría en un comunicado.
Por el momento, esta es la única sanción que recae en contra de Nelson Robles y también recae sobre la decisión un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia anunció la incautación de 2,4 toneladas de cocaína en Barranquilla. La droga estaba camuflada como un cargamento de carbón destinado a Bélgica.
La Policía utilizó «tecnología de última generación» para detectar el alijo de droga, que se encontraba impregnado en carbón coque.
La droga del Clan del Golfo a simple vista era casi indetectable, según la Policía, que considera que «la investigación inicia acá», ya que no hay detenidos. La droga al parecer se iba a distribuir en España, Portugal y Francia y podría haber alcanzado al menos diez millones de dólares en el mercado negro.
Un agente percibió en el cargamento algo sospechoso, ya que «no es común la exportación de carbón en contenedores» y notificó al Centro de Tecnologías contra el Narcotráfico, por lo que «será reconocido», ha apuntado un portavoz policial, el general William Salamanca.
Ofensiva contra el narcotráfico nos permitió incautar 3.4 toneladas de cocaína: 2.453 kilos en puerto de Barraquilla, mimetizados en un cargamento de carbón coque, que tenía como destino final Bélgica; otros 600 kilos en Panamá y 400 más en Santa Marta. pic.twitter.com/MulH97Wpai
— General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) December 15, 2023
El Centro de Tecnologías, ubicado en Bogotá, fue el responsable de emitir una alerta inmediata por la «mezcla extraña». Cuando el comandante recibió los resultados, que daban positivo para clorhidrato de cocaína, ordenó revisar el resto del material. Una parte de él estaba «rocoso, fuerte» y era carbón, pero otra parte era «flexible», debido a su contaminación.
En un 25 % se aumentó la cifra de policías capturados en el país a lo largo de 2023. En total han sido 510 los uniformados capturados por diferentes delitos
«No toleramos ningún asomo de corrupción en la institución. Hay una política de transparencia que se implementa todo el tiempo y también el fortalecimiento de la contrainteligencia para detectar a aquel policía que le esté fallando a su código de ética», dijo el general de la Policía, William Salamanca.
El máximo director de la Policía señaló que el aumento de la cifra se debe en gran parte a los controles y contrainteligencia alrededor de estos hechos.
Además del tráfico de drogas otro de los delitos con los que más se vinculan a los policías capturados es la extracción ilegal de minerales.
La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de 17 integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada ‘Satanás’, 12 de ellos por orden judicial, 5 más en flagrancia y se realizaron 13 notificaciones en centros carcelarios.
En el operativo se realizaron 14 diligencias de registro y allanamiento en las localidades, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe y Fontibón, se logró la incautación de cinco armas de fuego, más de 9 mil dosis de estupefacientes y cuatro teléfonos celulares.
Dentro de las detenciones se encuentra el hombre conocido como ‘Happy’, quien es uno de los cabecillas de la organización multicrimen y determinador para la comisión delitos, quien reclutaba integrantes para la estructura delincuencial, mediante intimidaciones y amenazas de muerte. ‘Happy’, sería el presunto responsable de ordenar 13 homicidios selectivos, por el no pago de extorsiones.
Un juez condenó a 40 años de prisión a patrullero de la Policía Nacional Harvey Damián Rodríguez Díaz por el homicidio de del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, ocurrido el nueve de septiembre de 2020. También tendrá que pagar una multa equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Al conocer el fallo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde su cuenta de Twitter se mostró satisfecha con la decisión judicial y recordó lo que este asesinato desató en la ciudad.
«El asesinato de Javier dentro de un CAI desencadenó la mayor tragedia que haya vivido Bogota en estos 4 años: el 9S de 2020 en el que miembros de la policía dispararon indiscriminadamente a los jóvenes que protestaban por el asesinato de Javier causando una masacre de 13 jóvenes, 10 en Bogotá y 3 en Soacha», escribió la mandataria desde su cuenta de X.
El asesinato de Javier dentro de un CAI desencadenó la mayor tragedia que haya vivido Bogota en estos 4 años: el 9S de 2020 en en el que miembros de la policía dispararon indiscriminadamente a los jóvenes que protestaban por el asesinato de Javier causando una masacre de 13… https://t.co/o77p0HXfuh
Por este hecho la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a el intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas, que entonces fungió como comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida; y contra el patrullero Henry Alejandro Bonilla Bastidas, que era auxiliar de información del CAI Villa Luz.
La Policía detuvo a dos hombres a quienes les hallaron 83 tarjetas de entidades bancarias cuando pretendía subir a dos hombres al interior de una camioneta, a quienes al parecer les habrían suministrado el medicamento controlado conocido como ‘escopolamina’, dejándolos en estado de indefensión y hurtándoles todas sus pertenecías.
El hecho se presentó hecho en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, cuando estos ciudadanos se encontraban departiendo en un establecimiento de comercio y fueron abordados por tres mujeres, quienes ganaron su confianza para posteriormente trasladarlos a un ‘amanecedero’.
Los uniformados observan un vehículo, donde al parecer se encontraban dos hombres forcejeando para que no los subieran al interior del automotor.
Los uniformados detuvieron a estos delincuentes, los cuales, al realizarle el registro a personas, se les halló en su poder 83 tarjetas débito y crédito, cinco cédulas, dos licencias de conducción, tres celulares, un datáfono, y la recuperación de un vehículo tipo ‘channa’, la cual es de pertenencia de las víctimas.
Se individualizaron a las tres mujeres, quienes son señaladas por las víctimas de ser las responsables de suministrarles la sustancia que les hizo perder la conciencia y serían las cómplices de estos dos capturados para llevar a cabo sus delitos.
Los capturados de 32 y 33 años de edad fueron dejados a disposición de la autoridad competente con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes para identificar a otros integrantes de esta banda delincuencial.
La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá, reportó 53 kilos de pólvora han sido decomisados en la ciudad, representados en 12.992 unidades de totes, martillos, mechas, volcanitos, entre otros.
De acuerdo con la entidad, este es un balance positivo que dejó la Noche de Velitas y la Celebración de la Inmaculada Concepción, este 7 y 8 de diciembre en la capital. Durante estos dos días, 3.600 policías y 1.500 funcionarios de la Alcaldía Mayor estuvieron activos en la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
«Gracias al refuerzo de Policía que tuvimos en la Celebración de Velitas y la articulación de nuestros equipos de Secretaría de Seguridad, se logró desactivar riñas, prevenir lesiones y evitar homicidios. Esta fecha es perfectamente la mejor celebración de un 7 de diciembre en los últimos 4 años, con una reducción del 44 % en muertes violentas y del 6 % en hurtos», resaltó Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad.
Según la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá, se registraron 44 lesiones personales con necesidad de atención médica; una disminución del 76 % en comparación con el año 2022, cuando se registraron 191 casos.
De igual manera, se presentaron 9 homicidios, de los cuales 8 fueron por riñas en Santa Fe, Usme y Engativá. Esta cifra representa una reducción del 44 % en comparación con el año 2022, cuando se registraron 16 homicidios.
En cuanto a capturas, se realizaron 45, de las cuales 23 fueron por delitos de alto impacto, como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.
También se incautaron 889 armas, entre blancas y de fuego, 53 kilos de pólvora, más de 5.000 botellas de licor adulterado y se impusieron 3.182 comparendos.
El presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros, derogaron el decreto 1844 de 2018 que facultaba a la Policía Nacional para vigilar expendios de drogas ilícitas y les permitía incautarlas, además de que prohibía su comercialización.
“Que el Decreto 1844 de 2018 adicionó el capítulo 9 del título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, «Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa», para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo relacionado con la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o drogas o sustancias prohibidas”, dice el decreto que fue derogado.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, se busca reorientar el esfuerzo y la capacidad institucional, para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias así como el crimen organizado.
La empresa donde Harold Andrés Echeverry prestaba sus servicios como vigilante de seguridad, en un comunicado dijo estar dispuesta a suministrar toda la información que las autoridades judiciales requieran para dar con su paradero, luego de que fue señalado del asesinato y desmembramiento de una menor.
«Estamos prestos a brindar toda la colaboración con las entidades judiciales ante este hecho aberrante y doloroso que no solo enluta a una familia en su corazón, sino que acabo con el trabajo arduo y el sostenimiento de 9 familias más«, dice el comunicado.
De acuerdo con los primeros informes, sobre las 8 de la noche del día jueves 7 de diciembre esta menor de edad fue a un negocio a comprar unos elementos de mercado que el papá le ordenó y en su retorno a la residencia, al parecer, fue ingresada a este taller mediante modalidad de engaño”, aseguró el coronel José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
El cuerpo Michel Dayana González Sierra, de 14 años, lo encontraron desmembrado en bolsas de basura, dentro de un taller de pinturas, ubicado en el barrio San Judas Etapa 1, en la ciudad de Cali.
La empresa Car Center, dueña del taller donde ocurrió el asesinato denunció que el sujeto se dio a la fuga en un vehículo tipo motocicleta marca Discover de placa EQP 37D, propiedad de la firma. Las autoridades de Cali están ofreciendo hasta $100 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que conduzca a la captura de Harold Andrés Echeverry Orozco.
Con el final del Día de las Velitas, la Policía ha venido dando fuertes golpes a la economía ilegal de la venta y expendio de pólvora en varios departamentos del país.
En ciudades capitales como Cali se decomisaron 383 kilogramos de pólvora este fin de semana y en la jornada se presentaron 7 personas quemadas.
La Policía Nacional de Colombia, en una acción coordinada con la INTERPOL Lima y con apoyo del FBI, logró materializar la retención de Wanda del Valle Bermúdez, quien era requerida judicialmente mediante notificación roja de INTERPOL, a solicitud de autoridades judiciales de Lima (Perú), la mujer se escondía en una residencia ubicada en el sur de Bogotá.
Wanda del Valle Bermúdez Viera, de 26 años, es la ex pareja sentimental de Christopher Fuentes González, alias “Maldito Cris”, quien llegó a ser uno de los hombres más buscados en el Perú por una serie de delitos que incluían hurto, homicidios y explotación sexual, de hecho, se estima que recibía cerca de 7 mil dólares mensuales por esta última práctica criminal.
La ciudadana retenida lideraba junto a su expareja una facción del “Tren de Aragua” conocida como “Los llaneros de sangre fría”, y son acusados de una serie de delitos asociados al hurto y al homicidio, especialmente en la ciudad de Lima. Wanda es señalada como presunta recaudadora del dinero proveniente de diversos ilícitos tales como extorsiones, distribución de armas de fuego, coordinación de sicarios y trata de personas mediante la captación en la modalidad de engaño, de mujeres colombianas y venezolanas para luego ser prostituidas en varios países. “Una vez más queda demostrado que las policías de América están trabajando unidas para enfrentar las amenazas del multicrimen globalizado, como lo anunciamos en el pasado encuentro de directores de policía de América Latina, hemos dado inicio a una serie de operaciones binacionales que serán claves para consolidar la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó el general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional de Colombia.
Teniendo en cuenta su ascendencia en la organización criminal, las autoridades peruanas habían incluido a Wanda en la lista de “Los más buscados” del Programa de Recompensas, ofreciendo un beneficio económico de 150 mil soles por información que permitirá su captura.
La retenida se hacía llamar en la red social Tiktok como “Bebecita del TikTok”, desde donde presumía de los lujos que poseía a su corta edad, joyas, viajes en motos y yates, relojes, extravagancias y finos licores, además, se había realizado algunos cambios de apariencia física para evadir los controles de las autoridades.
Se presume que ingresó a Colombia, con ayuda de miembros de “El Tren de Aragua”, desde donde continuaba coordinando actividades delincuenciales de la organización que en los últimos años ha extendido sus operaciones delictivas a Colombia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia y en la que Wanda tenía un historial delictivo de aproximadamente 10 años.
