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Funcionarios elegidos por voto popular no escapan del poder de la Procuraduría
Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Colombia, Nación.
Al tumbar el artículo primero de la Ley 2094 de 2021, que le daba facultades jurisdiccionales a los procuradores para que adelantaran investigaciones en contra de los funcionarios elegidos por voto popular, la Sala Plena de la Corte Constitucional, dejó en firme la facultad de la Procuraduría General de la Nación para sancionar funcionarios públicos elegidos por voto popular.
La Corte consideró que fue equivocado delegar funciones jurisdiccionales a los procuradores delegados.
Esta potestad del Ministerio Público fue demandado por el senador Alexander López, el Colectivo de Abogados José Alvear y la excongresista, Ángela María Robledo, quienes consideran que el sistema en Colombia debe ponerse a tono con el artículo 23 de la Convención Americana que determina que la reglamentación legal de los derechos políticos puede referirse a condena por juez penal competente que, en la práctica, equivale a que su limitación, en especial el derecho a ser elegido, no puede darse por parte de autoridades administrativas.
al respecto, el presidente Gustavo Petro criticó fuertemente la decisión diciendo: “Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana que es parte de la Constitución. Lástima que Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”
Y en otro mensaje señaló: “A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos si no (es) por sentencia de juez penal. Este que es el artículo 23 de la Convención Americana debe ser acatado por el Estado colombiano. Presentaremos proyecto de ley al respecto, ojalá en consenso con la actual Procuraduría”.
El primer mandatario acudió a la CIDH luego de ser destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.
Seis altos mandos del Ejército serán investigados por operativo en Putumayo
Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Colombia, Nación.
La Procuraduría General de la Nación investiga la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, (vereda El Alto Remanso) el pasado 28 de marzo de 2022, donde perdieron la vida 11 personas, donde podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares.
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación.
De igual manera, a lo largo del año 2022 han sido expedidos diferentes autos que ordena la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido.
La investigación busca establecer la responsabilidad de la cadena de mando del Ejército Nacional en la operación militar en la vereda El Remanso en el Putumayo. Testimonios de la comunidad presente en el lugar de los hechos, os militares se identificaron como guerrilleros para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera. Además, que los hombres venían vestidos de negro y que los cuerpos de las víctimas fueron movidos por el personal militar y estuvieron bajo su custodia por varias horas.
El Ejército Nacional y el ministro de Defensa de la época, Diego Molano defendieron el operativo, “fue una operación legítima contra Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, Bruno, y otro comandante conocido en la guerra como Managua”.
Llamado de atención de la Procuraduría por la la persistencia del reclutamiento forzado de menores
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Colombia, Nación.
Petro aboga por el director de la SAE
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Nación.
Foto: SAE.
Como un “primer campanazo” para evitar que se hagan las reformas del Gobierno del Cambio calificó el Presidente Gustavo Petro la suspensión del Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por parte de un organismo de control.
El Mandatario se refirió al tema durante la entrega a 52 familias campesinas de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la SAE.
En su intervención el Mandatario recalcó que, de tiempo atrás, un sector corrupto de la clase política se apropió de los bienes de la mafia, hasta que llegó este Gobierno y dijo: “Basta, paren el robo”.
Indicó que en su administración hay algunos “funcionarios de la línea roja”, a quienes los corruptos ponen dos alternativas: “O se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan”.
“Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado, para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar, vendiéndose por el dinero del narcotráfico”, sostuvo.
Consideró que no es fácil encontrar a esas personas, quienes arriesgan su vida y las de sus familias.
Además agregó: “En el caso de la SAE, escogí a Daniel. Y fíjese el resultado: a las pocas semanas de su posesión, aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, por los políticos en el poder”.
“Y, en cambio, cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al Director de la entidad”, subrayó el Presidente Petro.
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“¿Eso es justicia? ¿Qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer campanazo, apenas; es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública, y por lo cual 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos” decidieron que era el momento de hacer el cambio en Colombia.
Entrega de tierras en San Benito Abad
Cabe indicar que durante su visita de este sábado al municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre, el Jefe de Estado entregó a 52 familias campesinas un total de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En estos predios se realizará un proyecto de siembra de cítricos y marañón, además de una intervención ambiental para recuperar este sector afectado por actividades de minería.
El acto liderado hoy en San Benito Abad por el Presidente Petro hace parte de una serie de entregas de tierras por parte de la SAE, las cuales se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero en los municipios de Sampués, San Marcos y San Benito Abad, en Sucre.
En este sentido, a través de su estrategia ‘Tierras para la Paz Total’, la SAE –con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– entregó los derechos de uso de cinco predios en total para beneficiar a mujeres cabeza de hogar, afectados por la ola invernal, comunidades indígenas, mujeres artesanas y familias campesinas.
En Sampués, entregó dos predios: Bendición de Dios, de 77 hectáreas, a 25 familias campesinas. Y La Esperanza, de 12 hectáreas, a 50 mujeres vulnerables.
Asimismo, en San Marcos, entregó el predio El Paraíso, de 170 hectáreas, a 40 familias campesinas.
Los proyectos productivos que se apoyarán en estos predios buscan aportar a la economía popular y la soberanía agroalimentaria.
¿Por qué la Procuraduría suspendió al presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín?
Escrito por Jazmin Barón en . Publicado en Economía.
Foto: cortesía.
Este viernes la Procuraduría emitió una comunicación diciendo: «Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE; a quien se suspende por tres meses, también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios».
«Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A», explica la entidad.
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Así mismo, «El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales».
«Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo del Presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres (3) meses», de está manera finaliza el comunicado emitido por la Procuraduría.
Ante la decisión el Presidente Gustavo Petro trinó: «Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A».
También adicionó el primer mandatario que «Llegó a San Benito Abad, Sucre. Vamos a repartir tierras de la SAE, a familias campesinas. No nos detenemos».
Por su parte, el director de la SAE, afirmó en su cuenta de Twitter: «Mientras siga en mis funciones seguiré cumpliendo con el mandato de poner las tierras que pertenecieron a la mafia al servicio de la producción de alimentos en manos de familias campesinas. Rumbo a San Benito (Sucre) a cumplirle a nuestro pueblo».
Procuraduría se opone a la libertad del hijo de la ‘Gata’
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Colombia, Lo + Confidencial.
La Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’ Enilce López, tras la solicitud hecha por el Comisionado de Paz para que actúe como facilitador de paz.
El Ministerio Público, considera que la decisión del juez no se analizó la procedencia de su designación como facilitador de paz, y no hay claridad sobre si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997.
Tras la polémica desatada, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró al país que el Gobierno Nacional en ningún momento ha solicitado la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, quien hoy cumple una medida de prisión domiciliaria.
Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. En 2021 le fue concedida la detención domiciliaria, decisión que en su momento fue apelada por la Procuraduría y que se encuentra pendiente por resolver.
Procuraduría solicitó acciones concretas para Islas del Rosario y San Bernardo
Escrito por Jazmin Barón en . Publicado en eConfidencial.
Foto: cortesía.
Desarticulación entre las diferentes entidades nacionales y locales y recursos insuficientes destinados para restaurar y proteger ambientalmente el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, advirtió la Procuraduría General de la Nación, luego de reunión de seguimiento con autoridades obligadas al cumplimiento de las órdenes proferidas en el año 2011 por el Consejo de Estado, para enfrentar las diversas problemáticas en estos territorios insulares.
A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, el ente de control instó a las entidades con competencias en el área insular del Distrito de Cartagena y a las autoridades obligadas con el fallo, a presentar acciones y fechas concretas para el cumplimiento de las ordenes de la decisión judicial, entre las cuales se referencia la definición de los responsables y recursos disponibles destinados al plan de señalización, requerido para preservar el ecosistema y evitar accidentes.
El Ministerio Público también referenció que es apremiante la definición de aforos para el ingreso de motonaves al archipiélago y el reforzamiento de los medios de la Armada Nacional y de Guardacostas, para apoyar de una manera más efectiva la protección de las Islas del Rosario y San Bernardo.
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Asimismo, la Procuraduría también advirtió que, aún no se evidencia el recaudo y la implementación del cobro a lanchas por parte del Parques Nacionales Naturales de Colombia, establecido por la Resolución No. 0173 de 2015, compromiso ratificado en la hoja de ruta acordada en agosto de 2021, en la que se identificaron las acciones conjuntas para la salvaguarda de este archipiélago en la zona insular.
A la reunión convocada por el Ente de Control y la Contraloría General de la República, fueron citados el Ministerio de Defensa Nacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar), en su calidad de tomadores de decisiones a nivel nacional y ordenadores de los recursos con los que cuentan los funcionarios del nivel local, para ejercer las funciones constitucionales y legales en cabeza de las entidades y cumplir decisiones judiciales.
Advertencia de la Procuraduría a las posibles modificaciones al proyecto metro de Bogotá
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Presidencia de la República, tras conocer la solicitud del primer mandatario para que se estudie la posibilidad de hacer modificaciones al contrato firmado para la construcción de la primera línea del metro.
Al respecto, el Ministerio Público considera que “los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público”.
El organismo de control advirtió que estará observando lo que ocurra en este proceso de revisión y análisis de los riesgos que se podrían presentar si se ejecuta algún cambio al contrato firmado.
Procuraduría convoca a la primera Mesa Nacional de Mercurio
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en eConfidencial.
Foto: cortesía.
La Procuraduría General de la Nación convocó la primera Mesa Nacional de Mercurio, en atención a las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal en diferentes regiones del país, que estarían generando impactos socio ambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal, especialmente en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá.
Ante este panorama y con el propósito de atender esta grave crisis socio ambiental que se ha intensificado, registrando cifras preocupantes en los últimos meses, el ente de control convocó a más de 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales.
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La Procuraduría precisa que, la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto, requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.
La reunión, liderada por el Ministerio Público, se realizará el próximo 26 de enero en Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, mediante la reducción y eliminación del uso de mercurio, evitando así la irreversible afectación de los ecosistemas y salud de los habitantes de los territorios que se benefician de sus servicios ecosistémicos, así como frenar la deforestación generada por esta actividad ilegal.
Procuraduría confirma sanción contra Yahir Acuña
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Lo + Confidencial.
Investigación disciplinaria a un coronel de la Policía por pasear con su familia en helicóptero
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
Procuraduría pone la lupa a la compra de furgones en Bogotá adaptados como ambulancias
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la Secretaría de Salud los vehículos que habrían sido adquiridos por la administración distrital para prestar el servicio de ambulancia, sin cumplir con los estándares técnicos necesarios para atender una situación médica de urgencia.
La primera en advertir sobre este asunto fue la concejal Diana Diago quien aseguró que se habrían adquirido camiones que al parecer, fueron adecuados para la atención de pacientes.
Procuraduría advierte que; Colombia no cuenta con regulación para «aguas termales»
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en eConfidencial.
¿Por qué la Procuraduría pone en la mira la PTAR de Tunja?
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en eConfidencial.
Por medio de un comunicado la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por la insuficiente operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR de la ciudad de Tunja, situación que estaría generando un alto grado de contaminación en el Río Jordán, fuente hídrica que atraviesa de sur a norte la ciudad, afectando también el Embalse La Playa, cuerpo de agua construido en el municipio de Tuta, Boyacá.
De acuerdo con el informe generado por el Ministerio Público, luego de una visita técnica preventiva, se evidenció que la PTAR funciona parcialmente con 2 de sus 3 módulos construidos, el primero sin operar por presuntos problemas legales. Esta situación ha ocasionado que el sistema no alcance a tratar la totalidad de las aguas residuales generadas por el municipio de Tunja que son 400 litros/seg, ya que actualmente vierte al río Jordán, alrededor de 240 litros/seg., de aguas sin tratamiento.
La Procuraduría advirtió que la situación del embalse de La Playa también es preocupante, presentando un alto grado de contaminación debido a los aportes de las aguas residuales domésticas de por lo menos el 60% del municipio de Tunja. El ente de control recordó que el embalse de La Playa fue construido con la finalidad de regular las aguas provenientes del río Jordán, controlando las crecientes en invierno y regulando su flujo de aguas en verano, en beneficio de los agricultores que dependen del distrito de riego.
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El informe también advirtió que, el embalse se convirtió en un acumulador de materia orgánica, de vertimiento industrial, basura y sedimento proveniente desde el nacimiento del río Jordán, ya que por su diseño y construcción recoge las aguas residuales que la PTAR no alcanza a tratar. Esta contaminación se convirtió en el alimento de un buchón de agua, por los nutrientes de la excesiva carga de materia orgánica acumulada “La biomasa del buchón, capaz de duplicarse en un mes, forma densas colonias flotadoras, densas alfombras impenetrables y además otro problema de tipo socio-ambiental, siendo hospedero de larvas de mosquito y zancudo, ocasionando problemas ecológicos y posibles afectaciones a la salud”.
Ante esta situación, la Procuraduría remitió el informe a la Fiscalía General de la Nación, a la dirección especializada contra violaciones a los derechos humanos, al Contralor General de la República, al Gobernador Departamento de Boyacá, al Alcalde Municipal de Tunja y al Director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, para el seguimiento, revisión e implementación de acciones encaminadas a dar una solución definitiva de manera pronta y efectiva, para que se garantice el derecho a gozar de un ambiente sano y a la salud de los habitantes aledaños.
De acuerdo a W Radio, después que la Procuraduría General de la Nación emitiera alerta por la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Tunja, la empresa Veolia respondió que actualmente están en funcionando tres módulos tratando el 83% de la carga contaminante y un 80% del caudal producido por la capital boyacense.
“En promedio, al río Chicamocha se descarga el 20% en caudal de la totalidad de las aguas residuales domésticas que se producen en la capital boyacense y, un 17% de carga contaminante, en esos términos, la Ptar cumple satisfactoriamente los valores máximos permisibles establecidos por la autoridad ambiental para vertido en el río Jordán, que a su vez, entrega al embalse La Playa”, explicó Veolia.
Así mismo dice que la alerta emitida por la Procuraduría corresponde a información operativa correspondiente a cuando el módulo 1 aun no se encontraba integrado al sistema, situación que ha cambiado, según Veolia, significativamente a partir de abril del año 2022 cuando el módulo uno empezó su arranque.
Veolia reconoce que para tratar el 100% de las aguas residuales de Tunja, la PTAR requiere de la construcción y operación de un cuarto módulo cuyos recursos están siendo gestionados por la Alcaldía de Tunja

