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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Advertencia de la Procuraduría a las posibles modificaciones al proyecto metro de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Presidencia de la República, tras conocer la solicitud del primer mandatario para que se estudie la posibilidad de hacer modificaciones al contrato firmado para la construcción de la primera línea del metro.

Al respecto, el Ministerio Público considera que “los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al  principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público”.

 

El organismo de control advirtió que estará observando lo que ocurra en este proceso de revisión y análisis de los riesgos que se podrían presentar si se ejecuta algún cambio al contrato firmado.

 

Procuraduría convoca a la primera Mesa Nacional de Mercurio

Foto: cortesía.

La Procuraduría  General de la Nación convocó la primera Mesa Nacional de Mercurio, en atención a las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal en diferentes regiones del país, que estarían generando impactos socio ambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal, especialmente en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá.

 

Ante este panorama y con el propósito de atender esta grave crisis socio ambiental que se ha intensificado, registrando cifras preocupantes en los últimos meses, el ente de control convocó a más de 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales.

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La Procuraduría precisa que, la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto, requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.

La reunión, liderada por el Ministerio Público, se realizará el próximo 26 de enero en Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, mediante la reducció​n y eliminación del uso de mercurio, evitando así la irreversible afectación de los ecosistemas y salud de los habitantes de los territorios que se benefician de sus servicios ecosistémicos, así como frenar la deforestación generada por esta actividad ilegal.

Procuraduría confirma sanción contra Yahir Acuña

La Procuraduría General de la Nación confirmó el falló de suspensión contra el diputado de Sucre, Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, en ese momento representante a la Cámara, a quien sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por cuatro meses por incurrir en falta grave cometida a título de culpa gravísima.
La Sala de segunda instancia y doble conformidad, compuesta por tres Delegadas del Ministerio Público, señaló que no existen elementos jurídicos que permitan acceder a la solicitud de reposición que formuló la defensa, a quien se le advirtió que contra la presente decisión no procede recurso alguno.
La sanción del Ente de control tuvo lugar por la extralimitación de funciones de Acuña Cardales, quien asumió en 2014 la presidencia ad hoc de la Corporación aduciendo ser el primero de la lista de los legisladores designados para integrar la comisión aduciendo ser el primero en la lista, contrariando lo estipulado legalmente.
El órgano de control sostuvo que no se presentó atipicidad en el cargo formulado y que, por el contrario, el entonces representante expidió como presidente una resolución que ordenó el reparto de quejas y denuncias entre los representantes, función que debió ser asumida por la nueva directiva, comportamiento por el que fue investigado y posteriormente sancionado.

Investigación disciplinaria a un coronel de la Policía por pasear con su familia en helicóptero

La Procuraduría inició indagación previa en contra del coronel César Mauricio Rodríguez Zarate, jefe de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacionalpor el posible uso irregular de un helicóptero de esta institución. 
De acuerdo con la información divulgada en medios de comunicación, el oficial habría utilizado una aeronave de su institución, para irse de paseo con su familia a la Sierra Nevada de Santa Marta, a pesar de que se encontraba en turno de descanso de fin de año y vestido de civil.
La Policía habría argumentado que se encontraba realizando una actividad de tipo humanitario con miembros de la comunidad indígena Kogui.
El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas que buscan establecer si para la época de los hechos el coronel estaba de descanso, turnos navideños o permiso y si existe normativa interna que permita a los uniformados realizar actividades oficiales a pesar de encontrarse en alguna de las situaciones administrativas señaladas.
La institución armada también deberá indicar, entre otros aspectos, qué dependencia autoriza el uso de los helicópteros para realizar actividades oficiales y, si para el día 8 de enero de 2023 fue autorizada alguna misión a la Sierra Nevada de Santa Marta, en una de estas aeronaves.

Procuraduría pone la lupa a la compra de furgones en Bogotá adaptados como ambulancias

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la Secretaría de Salud los vehículos que habrían sido adquiridos por la administración distrital para prestar el servicio de ambulancia, sin cumplir con los estándares técnicos necesarios para atender una situación médica de urgencia.

La primera en advertir sobre este asunto fue la concejal Diana Diago quien aseguró que se habrían adquirido camiones que al parecer, fueron adecuados para la atención de pacientes.

 

La cabildante señaló que “nos metieron gato por liebre, la administración de Claudia López compró furgones y los habilitaron para ambulancias La suspensión no sirve, la parte eléctrica no sirve, 36 mil millones de pesos en despilfarro”.
El Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde el año 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos.
La indagación previa abierta por el ente disciplinario busca identificar los servidores públicos que participaron en la compra de los vehículos -ambulancias-, al parecer, sin cumplir con las exigencias establecidas en  la norma técnica para prestar ese servicio.

Procuraduría advierte que; Colombia no cuenta con regulación para «aguas termales»

La Procuraduría General de la Nación advirtió que, a la fecha, el país no cuenta con una norma expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estipule los límites definidos para los vertimientos de las aguas termales a las fuentes hídricas como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos.
En acción preventiva, el Ministerio Público elaboró un informe sobre la gestión manejo, uso y administración de las aguas termales, seguimiento que permitió establecer que la inexistencia de una regulación y lineamientos definidos, dificultan la labor de las 15 Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de otorgar las concesiones para autorizar su uso y aprovechamiento.
El estudio también reveló que actualmente existen en el país 135 fuentes termales, ubicadas en 51 municipios del país y que registran una ocupación total de 9.295,67 hectáreas en todo el territorio nacional.  El informe “Gestión de las Aguas Termominerales en Colombia, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales 2022”, también reveló que, solo el 21,4 % de las Corporaciones Autónomas Regionales, responsables de la administración de las aguas termales, han realizado caracterizaciones de tipo fisicoquímicas, microbiológicas e hidrogeológicas de las aguas; mientras que el 78,5% restante no las han efectuado, lo que pone en alto riesgo la preservación y adecuada gestión de las condiciones de las fuentes hídricas en el país.
En ese sentido, la Procuraduría afirmó que es fundamental que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental – SINA-, genere los lineamientos de política y la regulación requerida para el manejo, gestión y administración de las aguas termales del país.
Finalmente, el ente de control precisó que compartirá con las instituciones del SINA, los resultados del informe para las actuaciones que aseguren la disponibilidad, conservación y aprovechamiento sostenible de esta fuente de energías limpias y renovables, vitales para el futuro energético y el cumplimiento de los compromisos del país, para hacer frente al cambio climático, que tantos problemas ambientales, sociales y económicos le está generando a países como Colombia.

¿Por qué la Procuraduría pone en la mira la PTAR de Tunja?

Por medio de un comunicado la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por la insuficiente operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR de la ciudad de Tunja, situación que estaría generando un alto grado de contaminación en el Río Jordán, fuente hídrica que atraviesa de sur a norte la ciudad, afectando también el Embalse La Playa, cuerpo de agua construido en el municipio de Tuta, Boyacá.

De acuerdo con el informe generado por el Ministerio Público, luego de una visita técnica preventiva, se evidenció que la PTAR funciona parcialmente con 2 de sus 3 módulos construidos, el primero sin operar por presuntos problemas legales. Esta situación ha ocasionado que el sistema no alcance a tratar la totalidad de las aguas residuales generadas por el municipio de Tunja que son 400 litros/seg, ya que actualmente vierte al río Jordán, alrededor de 240 litros/seg., de aguas sin tratamiento.

 

La Procuraduría advirtió que la situación del embalse de La Playa también es preocupante, presentando un alto grado de contaminación debido a los aportes de las aguas residuales domésticas de por lo menos el 60% del municipio de Tunja.  El ente de control recordó que el embalse de La Playa fue construido con la finalidad de regular las aguas provenientes del río Jordán, controlando las crecientes en invierno y regulando su flujo de aguas en verano, en beneficio de los agricultores que dependen del distrito de riego.

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El informe también advirtió que, el embalse se convirtió en un acumulador de materia orgánica, de vertimiento industrial, basura y sedimento proveniente desde el nacimiento del río Jordán, ya que por su diseño y construcción recoge las aguas residuales que la PTAR no alcanza a tratar. Esta contaminación se convirtió en el alimento de un buchón de agua, por los nutrientes de la excesiva carga de materia orgánica acumulada “La biomasa del buchón, capaz de duplicarse en un mes, forma densas colonias flotadoras, densas alfombras impenetrables y además otro problema de tipo socio-ambiental, siendo hospedero de larvas de mosquito y zancudo, ocasionando problemas ecológicos y posibles afectaciones a la salud”.

Ante esta situación, la Procuraduría remitió el informe a la Fiscalía General de la Nación, a la dirección especializada contra violaciones a los derechos humanos, al Contralor General de la República, al Gobernador Departamento de Boyacá, al  Alcalde Municipal de Tunja y al Director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, para el seguimiento, revisión e  implementación de acciones encaminadas a dar una solución definitiva de manera pronta y efectiva, para que  se garantice el derecho a gozar de un ambiente sano y a la salud de los habitantes aledaños.

De acuerdo a W Radio, después que la Procuraduría General de la Nación emitiera alerta por la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Tunja, la empresa Veolia respondió que actualmente están en funcionando tres módulos tratando el 83% de la carga contaminante y un 80% del caudal producido por la capital boyacense.

“En promedio, al río Chicamocha se descarga el 20% en caudal de la totalidad de las aguas residuales domésticas que se producen en la capital boyacense y, un 17% de carga contaminante, en esos términos, la Ptar cumple satisfactoriamente los valores máximos permisibles establecidos por la autoridad ambiental para vertido en el río Jordán, que a su vez, entrega al embalse La Playa”, explicó Veolia.

Así mismo dice que la alerta emitida por la Procuraduría corresponde a información operativa correspondiente a cuando el módulo 1 aun no se encontraba integrado al sistema, situación que ha cambiado, según Veolia, significativamente a partir de abril del año 2022 cuando el módulo uno empezó su arranque.

Veolia reconoce que para tratar el 100% de las aguas residuales de Tunja, la PTAR requiere de la construcción y operación de un cuarto módulo cuyos recursos están siendo gestionados por la Alcaldía de Tunja

Foto: El Diario Boyacá.

Procuraduría pide suspender la licitación del acueducto de Riohacha

Luego de evidenciar fallas en la información del plan de obras e inversiones del futuro operador del servicio de Acueducto y  Alcantarillado en Riohacha, la Procuraduría exhortó al alcalde del municipio a considerar la suspensión inmediata de la licitación.
El Ministerio Público encontró inconsistencias en costos y presupuestos y falencias técnicas en la definición de condiciones para ejecutar el proyecto en zonas rurales del municipio.
En la labor preventiva, el organismo de control reiteró en más de un ocasión observaciones al mandatario local, José Ramiro Bermúdez Cotes, sobre los requisitos del proceso licitatorio y la importancia de tener claridad frente a la valoración económica de la infraestructura existente.
De igual forma, en diversas mesas técnicas llevadas a cabo, la Procuraduría puso de manifiesto los riesgos en torno al proceso contractual sin que hasta el momento se haya dado respuesta a muchas inquietudes, una de ellas la no publicación de la matriz de riesgo ni de los pliegos de condiciones lo que infiere una presunta vulneración de los principios de la contratación pública.
El monto de la licitación supera los 100 mil millones de pesos, recursos , en su gran mayoría, provenientes de regalías.  El organismo de control manifestó, la importancia de conocer los esfuerzos realizados por el entre territorial para garantizar la participación y pluralidad de oferentes dentro del proceso de contratación cuestionado, pues solo se presentaron dos empresas participantes que serán evaluadas este 2 de enero de 2023.
la Procuraduría, exhortó al alcalde a suspender el proceso licitatorio y lo invitó a participar en las mesas de articulación para buscar soluciones que lleven a la prestación de un servicio de acueducto y alcantarillado de calidad para beneficio de la comunidad.

Procuraduría denuncia penalmente a juez que liberó a dos jóvenes ‘voceros de paz’

Por supuestamente incurrir en el delito de prevaricato por acción al otorgar libertad a dos jóvenes señalados de alteración al orden público durante el Paro Nacional, para que fueran designados como voceros de paz, la Procuraduría denunció penalmente a la juez, Lilyan Jhoana Bastidas, al considerar que la funcionaria no tenía la competencia para tomar esa determinación.

Para el organismo de control, la juez pasó sobre la ley al no remitir los casos a jueces de Control de Garantías.

 

El delegado de asuntos penales del ente de control Jairo Ignacio Acosta, considera que la servidora ignoró que el alto comisionado para la Paz indicó que se debía suspenderse las órdenes de captura y no las medidas de aseguramiento.

 

Procuraduría requirió informe por retrasos en obras de infraestructura educativa

Imagen de referencia/Secretaría Distrital de Educación

Por demoras en las obras de infraestructura en los colegios en diferentes departamentos como Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe al a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales, cuya ejecución se realiza con recursos de ese fondo y que presentan importantes retrasos, los cuales superan en algunos casos, los dos años.

 

El órgano de control elevó la petición con el ánimo de evitar que estas obras terminen convirtiéndose en ‘elefantes blancos’.

El Ministerio Público exhortó al FFIE, precisar las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.

Asimismo, porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega.

Abren investigación disciplinaria a la directora de la UAESP

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la directora de la Unidad de Administrativa de Servicios Públicos – UAESP por la firma del contrato con el que se adjudicó la administración de los cementerios de Bogotá.

De acuerdo con el ente de control, existen audios donde se escucha la voz del señor Marcial Esquivel “haciendo propuestas non santas”.

 

En los señalamientos se habla del señor Marcel Esquivel Reina, quien se habría encargado de impartir las posibles instrucciones para beneficiar al contratista que finalmente resultó ganador del proceso.

La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, aseguró que las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones respectivas.

Procuraduría pide explicaciones a Claudia López

La Procuraduría General de la Nación, pidió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y a la Secretaría Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, un informe sobre las acciones adoptadas para la atención de la temporada invernal, así como sobre la declaración de calamidad pública declarada este lunes, con ocasión de las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias que se registran en la ciudad.

El ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, le recordó a la autoridad local que de manera anticipada, el Ministerio Público mediante la Directiva No. 011 de 9 de junio de 2022, alertó a todas las autoridades nacionales y territoriales que el fenómeno de La Niña se mantendría hasta el segundo semestre del presente año, con predicción de precipitaciones superiores a los promedios recientemente registrados, conforme a la información suministrada por el IDEAM.

 

Por lo tanto, se instó a través de la mencionada circular, a que se tomaran las medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención de la temporada invernal, así como de las acciones de prevención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos.

la Alcaldía Distrital y la Secretaría Distrital de Ambiente deberán informar al ente de control, las medidas adoptadas y planes de contingencia formulados con el fin de disminuir el impacto de los fenómenos naturales en la población y de las acciones antrópicas sobre el medio ambiente, con base en las competencias y obligaciones legales y los principios de coordinación y subsidiariedad establecidos, así como en lo que refiere a la directiva y la circular emitidas por el Ministerio Público, que le alertaron sobre el fenómeno de La Niña.

Por último, las autoridades locales deberán remitir las razones por las cuales, a pesar de las referidas medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención del fenómeno de La Niña requeridas desde el 9 de junio y el 11 de agosto pasados, se hizo necesaria la declaratoria de calamidad pública.

Finalmente, se instó al Distrito Capital a que se garantice la atención oportuna de todos los requerimientos básicos necesarios para la subsistencia de los bogotanos afectados por las fuertes lluvias.

Llamado de la Procuraduría al Gobierno Nacional para que avance en la adjudicación de tierras

La Procuraduría General de la Nación hizo el llamado al Gobierno Nacional para que se avance en la implementación de la adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz.

En el ente de control dijo que solo se ha cumplido con el 16 % de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de tres millones de hectáreas.

 

En la entrega del Cuarto Informe sobre el estado del Avance en la Implementación del Acuerdo de Paz, indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2’612.983, es decir el 37 %.

Igualmente, enfatizó en que se deben reforzar las medidas de seguridad y protección de quienes se encuentran en proceso de reincorporación, así como las de los defensores de DDHH y líderes y lideresas sociales.

Señaló que se debe actualizar la caracterización de la población en reincorporación y de sus familias, tanto de quienes aún se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR- como de aquellos que ya no se encuentran en esos lugares, con el fin de optimizar la ejecución del procedimiento.

Sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, recomendó aumentar la cobertura de las acciones de rehabilitación en las zonas rurales, dinamizar los procesos de reparación colectiva, y brindar acompañamiento a los de retorno y reubicación, en articulación con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, considerados como elementos clave para la consolidación de una paz estable y duradera.

Procuraduría investiga si existieron fallas en la atención de la menor que denunció «abuso sexual» en Transmilenio

La Personería de Bogotá está investigando si hubo fallas en el sistema de alertas y emergencias en el caso de Hilary, la menor de edad que había sido abusada sexualmente en una estación de TransMilenio y quien denunció que no hubo una atención oportuna por parte de las autoridades locales.

En diálogo con RCN Mundo, Sandra García, personera delegada para la prevención y control de la Función Pública, indicó que “frente a la investigación de los hechos, serán las autoridades judiciales competentes las que terminen la investigación, nosotros desde la personería de Bogotá hemos iniciado las investigaciones disciplinarias por presuntas fallas en el sistema de alertas y emergencias de la ciudad».

 

Señaló que ese sistema está compuesto por varias acciones como “la línea 123, las cámaras de Transmilenio que son vigiladas desde el C4, así como el Centro, Comando y Control de TransMilenio y la presencia de institucionalidad, que en este caso no existía en el momento de los hechos”.

“Desde la personería de Bogotá sabemos que en el lugar de los hechos y el momento de la agresión de que fue víctima la adolescente, no había presencia de ninguna institución de la Policía Nacional, no se activó el sistema de alerta y emergencias a través del C4 que es el centro de computo”, enfatizó.

La personera delegada advirtió que “más allá de presentarse dentro o fuera de las estaciones de TransMilenio, las distintas víctimas deben articular o encontrar un respondiente y una efectiva respuesta, en otras oportunidades y de manera reiterada, la Personería de Bogotá le ha hecho el llamado al Sistema TransMilenio, la Secretaría de Seguridad y las entidades distritales, para que hagan las debida articulación en garantía y la activación de todo el sistema de alertas de la ciudad”.

“Esto implica no solo un componente, sino varias acciones de distintas entidades, de tal suerte que el llamado a la articulación para que el sistema sea eficiente, ha sido reiterado por parte de la Personería de Bogotá”, comunicó.

Por su parte la Fiscalía ya inició  la indagaciones del caso.

Foto: cortesía

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Destituyen al exgobernador de Bolívar

La Procuraduría General de la Nación halló responsable al exgobernador de Bolívar  Juan Carlos Gossaín Rognini, por irregularidades en el giro de 16 mil millones de pesos, para tratamiento de pacientes con hemofilia.

El Ministerio Público le inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos por presuntamente ser responsable fiscal del Cartel de la Hemofilia.

 

El órgano de control investiga también a las exsecretarias de Salud Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Berta María Pérez López, la exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Nacha Newball Jiménez, y el exfuncionario de esa misma dependencia Luis Eduardo Ortiz Herrera.