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Investigación disciplinaria en la SAE
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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, al tiempo en que realizó una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones en la sede principal en Bogotá, la cual contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la entidad. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.
En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:
– No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
– No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.
– No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.
– Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.
– Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.
Con estas acciones, la Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.
Por caso Emcali abren investigación disciplinaria contra el exgerente y 12 funcionarios más
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Procuraduría ordena no utilizar caballos en manifestaciones
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En el concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien estudia la demanda interpuesta por el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, pide no utilizar a los caballos en protestas y manifestaciones.
El Ministerio Público considera que no se debe utilizar estos animales como medios de disuasión y control en marchas y protestas sociales porque han resultado heridos.
En el texto la Procuraduría recordó que, aunque estos animales no han resultado heridos gravemente en los disturbios en que la Dirección de Carabineros ha tenido que intervenir para garantizar el orden público, sí han sido afectados.
La Procuraduría aclaró que, uso de caballos por parte de la Policía Nacional debe ser únicamente para las labores en las cuales no exista peligro para su integridad. El órgano de control explicó que estos animales no pueden estar en las manifestaciones por el riesgo que corren en situaciones de violencia.
El Ministerio Público recordó además que la Dirección de Carabineros no tiene funciones ni mecanismos antidisturbios y su labor está orientada a actividades de acompañamiento y seguridad en las zonas rurales del país.
Cargo disciplinario a exdirector de la Picota por fuga de alias ‘Matamba’
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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al director de la cárcel La Picota, de Bogotá, Juan Javier Papa Gordillo, y a seis guardianes de ese centro penitenciario, por presuntamente haber facilitado la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido con el alías de ‘Matamba’, el pasado 18 de marzo.
Los guardianes afectados por el pliego de cargos son el inspector jefe Julián Segundo Pérez Jiménez; el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda, y los dragoneantes Julián Andrés López Espinosa, Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza.
El órgano de control señaló que el director al parecer no adoptó las medidas necesarias para evitar la fuga de Castro Estupiñán, a pesar de que existía una información desde la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- sobre un posible plan de fuga de alias ‘Matamba’, y de recibir la orden de extremar la seguridad del penal para prevenir el hecho.
Por su parte, los inspectores Pérez Rodríguez y Jiménez Arboleda habrían concedido y ofrecido, respectivamente, unos permisos para ausentarse del penal a Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza, quienes tenían asignados turnos de guardia el día en que ocurrió la fuga. Ese permiso fue concedido a los dos guardianes por haber votado en las elecciones del 13 de marzo de 2022, pese a que estos advirtieron que no habían ejercido el derecho al voto. Además, al parecer propiciaron la rotación de personal en diferentes puntos de seguridad del penal.
El guardián Julián Andrés López Espinosa, quien prestó el servicio de guardia el día y hora de los hechos, al parecer le habría suministrado al detenido un uniforme de uso exclusivo de los integrantes del cuerpo de custodia, y fue quien abrió la celda y las rejas del patio y de la Unidad de Medidas Especiales, por donde pasó ‘Matamba’.
En el caso de Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, quien no se presentó a su turno de vigilancia por una supuesta indigestión, se le investiga porque presuntamente pudo ser la persona que sacó a alias ‘Matamba’ del centro de reclusión en un vehículo.
Por esos hechos, el órgano de control profirió pliego de cargos contra los siete investigados por la falta disciplinaria de facilitar o permitir la fuga de presos, que en el caso de las faltas consideradas gravísimas tienen una sanción de destitución e inhabilidad que va de diez a veinte años.
Ana del Castillo tendrá que cantar ante la Procuraduría: por su presentación en La Picota
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Lo + Viral.
La Procuraduría General de la Nación citó a los cantantes: Ana del Castillo: José Vicente Rosado, conocido como “Mono Zabaleta”: al acordeonero Daniel Maestre: el manager Fabio Quiroz y Jorge Iván Díaz, conocido como “Churo Díaz”, a dar su versión sobre una fiesta en el pabellón de extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá.
Según la investigación, en los videos grabados durante el 24, 25 y 26 de septiembre en el pabellón de los extraditables del centro penitenciario, la artista Ana del Castillo estaría cantando algunas de sus canciones.
La fiesta de larga duración que se celebró la semana pasada en el pabellón ERE Sur de la cárcel La Picota de Bogotá, la cual le costó el cargo al último director de este centro penitenciario, Joaquín Darío Medrano.
De acuerdo al comunicado de la Procuraduría, también serán tenidos en cuenta los testimonios de cinco reclusos del mismo pabellón, quienes tendrían mayor información de las irregularidades que ya ocurrían en el lugar antes de la escandalosa fiesta de tres días, celebrada en honor a la Virgen de las Mercedes, considerada la patrona de los reclusos y en cuyo honor se hacen eventos especiales en los centros penitenciarios.
Procuraduría inhabilita a Luis Fernando Andrade por caso Odebrecht
Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial.
La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade por el caso l Odebrecht.
El exfuncionario del Gobierno Santos fue hallado responsable disciplinariamente por la celebración y entrega del contrato de la Ruta del Sol en las etapas II y IIII.
El fallo de primera instancia podrá ser apelado por la defensa de Andrade, quien estuvo al frente de la ANI entre los años 2011 y 2017, período en el que habría avalado de manera irregular dos adiciones (conocidos en la contratación como otrosí) en el año 2015, lo cual le permitió a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños
Luis Fernando Andrade fue acusado y llamado a juicio en el 2019 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio.
Procuraduría investiga si se introdujo carne de caballo en raciones del PAE en La Ceja, Antioquia
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Diana Colombia Castro Londoño, profesional universitaria de la alcaldía de La Ceja, Antioquia, en calidad de supervisora del contrato suscrito con la Fundación Colombia un País para el Presente, por presuntas irregularidades en el contrato de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes del municipio por valor de $2.277’528.093.
El ente de control investiga si la funcionaria faltó a sus obligaciones de supervisión, teniendo en cuenta que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) informó que las raciones de alimento distribuidas por el contratista contenían carne de caballo doméstico de sexo hembra. El Ministerio Público busca establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. La implicada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.
En otro radicado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro abrió indagación previa contra servidores públicos por establecer, para averiguar si en otros municipios de los 23 que conforman el oriente antioqueño, el proveedor cárnico estaría suministrando carne de equino.
Control de advertencia de la Procuraduría a la contratación en Cali
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
Contratistas
Contratos de Empréstitos
Procuraduría sancionó con multa por $ 600 millones a exgerente de la Triple A
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $600 millones de pesos al exgerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Ramón Navarro Pereira (2015) por aprobar, certificar como recibidas y disponer el pago de órdenes de servicios que no fueron prestados.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó parcialmente la decisión de primera instancia e inhabilitó por 15 años al exdirectivo para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este.
La Procuraduría estableció que Navarro Pereira permitió que la empresa IARCO Ltda se apropiara de $ 1.350 millones provenientes de la Triple A, en razón a pagos por servicios no prestados de recolección de residuos sólidos para el año 2016, que también motivaron su condena penal por los delitos de “enriquecimiento ilícito de particulares en concurso con administración desleal y falsedad en documento privado, por las nueve facturas pagadas”.
Según dictamen pericial hecho por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), el Distrito de Barranquilla dejó de percibir recursos por concepto de utilidades por valor de $ 376.118.009, como accionista minoritario con un porcentaje de participación de 14.5 % en dicha empresa prestadora de servicios públicos.
“El comportamiento del disciplinado fue contrario al buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, al haber permitido que la firma IARCO se apropiara de recursos públicos y constituyó un claro desconocimiento del principio de eficiencia que debía guiar la conducta del quien lideraba la empresa”, advirtió el órgano de control.
La Procuraduría calificó definitivamente la falta como gravísima a título de dolo y con perjuicio al patrimonio público.
Pliego de cargos por presuntos contratos ficticios
En otro proceso, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgerente por presuntamente permitir que dos firmas se apropiaran indebidamente de recursos públicos pertenecientes a la Triple A, a través de órdenes de pedidos que habrían sido pagados sin que se hubieran prestado lo servicios correspondientes.
El ente de control señaló que el exfuncionario pudo incurrir en falta disciplinaria por, al parecer, entre septiembre de 2013 y agosto de 2015 aprobar, celebrar y pagar contratos ficticios con la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA S.A.) y Recaudos y Tributos S.A.
Pérdidas por los saqueos a transportadores en las vías ascienden a 160 mil millones
Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Nación.
Los transportadores aseguran que las pérdidas por los saqueos de los que han sido víctimas algunos de sus asociados ascienden a los 160 mil millones de pesos. Según el gremio, 27 camiones han sido robados en diferentes vías de la Costa Atlántica.
En la tarde del viernes 25 de septiembre decenas de personas saquearan una tractomula, aprovechando que esta se encontraba estacionada sobre la vía por cuenta del bloqueo de mineros que se mantiene activo en el Bajo Cauca.
Por el momento la situación se mantiene en relativa calma, sin embargo, los transportadores temen que en cualquier instante se vuelvan a presentar nuevos saqueos masivos por parte de habitantes de la región que se valen del momento para actuar de esta manera.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobierno Nacional intervención urgente ante la obstrucción de la Troncal de Occidente por parte de mineros del municipio de Cáceres, Antioquia, y pidió avanzar de manera prioritaria en un proceso de diálogo con las comunidades.
A través de un comunicado, el Ministerio Público, advirtió que más de 300 automotores se encuentran represados en este corredor vial, “dejando poblaciones incomunicadas, afectando la misión médica, el abastecimiento para la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.
Procuraduría alerta sobre presuntas irregularidades en proyectos de Minciencias
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Lo + Confidencial.
La Procuraduría General de la Nación evidenció posibles irregularidades y deficiencias en la ejecución de más de 50 proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencias para el fortalecimiento de laboratorios regionales en el marco de la emergencia declarada por el covid-19, financiados con recursos de regalías.
De acuerdo con el Ministerio Público, 55 proyectos aprobados en 2020, con corte al 5 de agosto de 2022, solo 14 se han terminado por valor de $41.158.626.421 y uno registra 0 % de ejecución. Adicionalmente, un proyecto, por valor de $2.099.244.513, ubicado en el departamento de Risaralda, fue desaprobado.
La investigación habla de retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados, prevista para 12 meses, pues debieron iniciar su operación durante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, derivada de la pandemia.
La Procuraduría identificó “un riesgo de la pertinencia de la inversión, toda vez que estos proyectos se aprobaron con el fin de mitigar las causas que originaron la emergencia la cual terminó el 30 de junio de 2022, y a la fecha el 84 % de los proyectos no han sido terminados”, señala el informe del GES SGR.
De acuerdo con el análisis realizado por el ente de control al avance físico de los proyectos de inversión, se encontró que:
- 13 proyectos, por valor de $ 52.640.480.791, presentan un avance físico inferior al 40%, que corresponde al 20.73 % del total de recursos aprobados, ubicados en Amazonas, Bogotá, Boyacá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
- Nueve proyectos registran una ejecución estimada entre el 40 % y el 80 % por valor de $ 68.471.858.246, equivalente a 26.97% del total de recursos aprobados.
- 19 proyectos tienen una ejecución superior al 80 % por valor de $ 89.526.289.495, equivalente a 35.26 % del total de recursos aprobados.
- 14 proyectos terminados por valor de $ 41.158.626.421, correspondiente al 16.21% del total de recursos aprobados en esta convocatoria.
Entre las entidades ejecutoras se encuentran departamentos, instituciones de educación superior, Empresas Sociales del Estado (E.S.E), y otros actores que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI.
Procuraduría alerta hacinamiento en estaciones de Policía de 12 municipios del Cesar
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Nación.
La Procuraduría General de la Nación, advirtió sobre el hacinamiento que padece la población sindicada en las Estaciones de Policía de los Municipios de Valledupar, Becerril, El paso, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Manaure, Bosconia, El Copey, Pueblo Bello, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi.
El Ministerio Público requirió a las administraciones municipales, el cumplimiento de la Ley 65 de 1993, que permite adelantar los trámites pertinentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para la atención de esta población recluida en las unidades policiales, teniendo en cuenta que estas carecen de capacidad.
También pidió información de los recursos asignados para la presente vigencia y su próxima asignación en los puestos de detención, en busca de establecer planes para la precisa ubicación de los sindicados.
El ente de control solicitó a las autoridades competentes acciones inmediatas, con el fin que el cuerpo policial adelante sin inconvenientes las capturas y allanamientos pendientes.
Procuraduría tiene en la mira a 21 contralores territoriales
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Lo + Confidencial.
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Borrador del proyecto de reforma política de Petro deja sin algunos dientes a la Procuraduría
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Lo + Confidencial.
Confidencial Colombia conoció el borrador del proyecto de reforma política que el Gobierno de Gustavo Petro radicará en el Congreso de la República en los próximos días. Los cinco puntos más polémicos de la iniciativa son los siguientes:
- El primer punto que trata la iniciativa y que promete ser uno de los más polémicos es que le quita las competencias a la Procuraduría y la Contraloría de poder suspender o inhabilitar a funcionarios de elección popular, dejándola en manos de una “Corte Electoral”.
- propone es la financiación estatal de las campañas electorales.
- Modifica la edad para ser elegido congresista (25 años para senador y 18 año para representante a la cámara)
- Abre la puerta al transfuguismo político.
- Crea las listas cerradas para las elecciones a Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, concejos y juntas administradoras locales.
La iniciativa gubernamental busca darle un vuelco total a la manera en como se ejerce la política en Colombia y, además modificar el funcionamiento de algunos órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, quienes actualmente tienen facultad de sancionar y destituir funcionarios públicos que llegan al cargo mediante elecciones populares.
El borrador del texto descarta la posibilidad de que los congresistas puedan ejercer de manera simultánea la labor de ministros del Gobierno de turno.
El proyecto se encuentra en revisión del presidente, Gustavo Petro, quien podrá sugerir algunos cambios antes de ser presentado a consideración del legislativo en los próximos días.

