Procuraduría pide suspender la licitación del acueducto de Riohacha
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Confidencial Noticias 2025
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
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Por supuestamente incurrir en el delito de prevaricato por acción al otorgar libertad a dos jóvenes señalados de alteración al orden público durante el Paro Nacional, para que fueran designados como voceros de paz, la Procuraduría denunció penalmente a la juez, Lilyan Jhoana Bastidas, al considerar que la funcionaria no tenía la competencia para tomar esa determinación.
Para el organismo de control, la juez pasó sobre la ley al no remitir los casos a jueces de Control de Garantías.
El delegado de asuntos penales del ente de control Jairo Ignacio Acosta, considera que la servidora ignoró que el alto comisionado para la Paz indicó que se debía suspenderse las órdenes de captura y no las medidas de aseguramiento.
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
Imagen de referencia/Secretaría Distrital de Educación
Por demoras en las obras de infraestructura en los colegios en diferentes departamentos como Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe al a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales, cuya ejecución se realiza con recursos de ese fondo y que presentan importantes retrasos, los cuales superan en algunos casos, los dos años.
El órgano de control elevó la petición con el ánimo de evitar que estas obras terminen convirtiéndose en ‘elefantes blancos’.
El Ministerio Público exhortó al FFIE, precisar las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.
Asimismo, porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega.
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la directora de la Unidad de Administrativa de Servicios Públicos – UAESP por la firma del contrato con el que se adjudicó la administración de los cementerios de Bogotá.
De acuerdo con el ente de control, existen audios donde se escucha la voz del señor Marcial Esquivel “haciendo propuestas non santas”.
En los señalamientos se habla del señor Marcel Esquivel Reina, quien se habría encargado de impartir las posibles instrucciones para beneficiar al contratista que finalmente resultó ganador del proceso.
La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, aseguró que las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones respectivas.
Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación, pidió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y a la Secretaría Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, un informe sobre las acciones adoptadas para la atención de la temporada invernal, así como sobre la declaración de calamidad pública declarada este lunes, con ocasión de las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias que se registran en la ciudad.
El ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, le recordó a la autoridad local que de manera anticipada, el Ministerio Público mediante la Directiva No. 011 de 9 de junio de 2022, alertó a todas las autoridades nacionales y territoriales que el fenómeno de La Niña se mantendría hasta el segundo semestre del presente año, con predicción de precipitaciones superiores a los promedios recientemente registrados, conforme a la información suministrada por el IDEAM.
Por lo tanto, se instó a través de la mencionada circular, a que se tomaran las medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención de la temporada invernal, así como de las acciones de prevención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos.
la Alcaldía Distrital y la Secretaría Distrital de Ambiente deberán informar al ente de control, las medidas adoptadas y planes de contingencia formulados con el fin de disminuir el impacto de los fenómenos naturales en la población y de las acciones antrópicas sobre el medio ambiente, con base en las competencias y obligaciones legales y los principios de coordinación y subsidiariedad establecidos, así como en lo que refiere a la directiva y la circular emitidas por el Ministerio Público, que le alertaron sobre el fenómeno de La Niña.
Por último, las autoridades locales deberán remitir las razones por las cuales, a pesar de las referidas medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención del fenómeno de La Niña requeridas desde el 9 de junio y el 11 de agosto pasados, se hizo necesaria la declaratoria de calamidad pública.
Finalmente, se instó al Distrito Capital a que se garantice la atención oportuna de todos los requerimientos básicos necesarios para la subsistencia de los bogotanos afectados por las fuertes lluvias.
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.
La Procuraduría General de la Nación hizo el llamado al Gobierno Nacional para que se avance en la implementación de la adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz.
En el ente de control dijo que solo se ha cumplido con el 16 % de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de tres millones de hectáreas.
En la entrega del Cuarto Informe sobre el estado del Avance en la Implementación del Acuerdo de Paz, indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2’612.983, es decir el 37 %.
Igualmente, enfatizó en que se deben reforzar las medidas de seguridad y protección de quienes se encuentran en proceso de reincorporación, así como las de los defensores de DDHH y líderes y lideresas sociales.
Señaló que se debe actualizar la caracterización de la población en reincorporación y de sus familias, tanto de quienes aún se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR- como de aquellos que ya no se encuentran en esos lugares, con el fin de optimizar la ejecución del procedimiento.
Sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, recomendó aumentar la cobertura de las acciones de rehabilitación en las zonas rurales, dinamizar los procesos de reparación colectiva, y brindar acompañamiento a los de retorno y reubicación, en articulación con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, considerados como elementos clave para la consolidación de una paz estable y duradera.
Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Bogotá.
La Personería de Bogotá está investigando si hubo fallas en el sistema de alertas y emergencias en el caso de Hilary, la menor de edad que había sido abusada sexualmente en una estación de TransMilenio y quien denunció que no hubo una atención oportuna por parte de las autoridades locales.
En diálogo con RCN Mundo, Sandra García, personera delegada para la prevención y control de la Función Pública, indicó que “frente a la investigación de los hechos, serán las autoridades judiciales competentes las que terminen la investigación, nosotros desde la personería de Bogotá hemos iniciado las investigaciones disciplinarias por presuntas fallas en el sistema de alertas y emergencias de la ciudad».
Señaló que ese sistema está compuesto por varias acciones como “la línea 123, las cámaras de Transmilenio que son vigiladas desde el C4, así como el Centro, Comando y Control de TransMilenio y la presencia de institucionalidad, que en este caso no existía en el momento de los hechos”.
“Desde la personería de Bogotá sabemos que en el lugar de los hechos y el momento de la agresión de que fue víctima la adolescente, no había presencia de ninguna institución de la Policía Nacional, no se activó el sistema de alerta y emergencias a través del C4 que es el centro de computo”, enfatizó.
La personera delegada advirtió que “más allá de presentarse dentro o fuera de las estaciones de TransMilenio, las distintas víctimas deben articular o encontrar un respondiente y una efectiva respuesta, en otras oportunidades y de manera reiterada, la Personería de Bogotá le ha hecho el llamado al Sistema TransMilenio, la Secretaría de Seguridad y las entidades distritales, para que hagan las debida articulación en garantía y la activación de todo el sistema de alertas de la ciudad”.
“Esto implica no solo un componente, sino varias acciones de distintas entidades, de tal suerte que el llamado a la articulación para que el sistema sea eficiente, ha sido reiterado por parte de la Personería de Bogotá”, comunicó.
Por su parte la Fiscalía ya inició la indagaciones del caso.
Foto: cortesía
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La Procuraduría General de la Nación halló responsable al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini, por irregularidades en el giro de 16 mil millones de pesos, para tratamiento de pacientes con hemofilia.
El Ministerio Público le inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos por presuntamente ser responsable fiscal del Cartel de la Hemofilia.
El órgano de control investiga también a las exsecretarias de Salud Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Berta María Pérez López, la exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Nacha Newball Jiménez, y el exfuncionario de esa misma dependencia Luis Eduardo Ortiz Herrera.
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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, al tiempo en que realizó una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones en la sede principal en Bogotá, la cual contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la entidad. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.
En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:
– No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
– No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.
– No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.
– Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.
– Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.
Con estas acciones, la Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.
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En el concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien estudia la demanda interpuesta por el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, pide no utilizar a los caballos en protestas y manifestaciones.
El Ministerio Público considera que no se debe utilizar estos animales como medios de disuasión y control en marchas y protestas sociales porque han resultado heridos.
En el texto la Procuraduría recordó que, aunque estos animales no han resultado heridos gravemente en los disturbios en que la Dirección de Carabineros ha tenido que intervenir para garantizar el orden público, sí han sido afectados.
La Procuraduría aclaró que, uso de caballos por parte de la Policía Nacional debe ser únicamente para las labores en las cuales no exista peligro para su integridad. El órgano de control explicó que estos animales no pueden estar en las manifestaciones por el riesgo que corren en situaciones de violencia.
El Ministerio Público recordó además que la Dirección de Carabineros no tiene funciones ni mecanismos antidisturbios y su labor está orientada a actividades de acompañamiento y seguridad en las zonas rurales del país.
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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al director de la cárcel La Picota, de Bogotá, Juan Javier Papa Gordillo, y a seis guardianes de ese centro penitenciario, por presuntamente haber facilitado la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido con el alías de ‘Matamba’, el pasado 18 de marzo.
Los guardianes afectados por el pliego de cargos son el inspector jefe Julián Segundo Pérez Jiménez; el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda, y los dragoneantes Julián Andrés López Espinosa, Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza.
El órgano de control señaló que el director al parecer no adoptó las medidas necesarias para evitar la fuga de Castro Estupiñán, a pesar de que existía una información desde la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- sobre un posible plan de fuga de alias ‘Matamba’, y de recibir la orden de extremar la seguridad del penal para prevenir el hecho.
Por su parte, los inspectores Pérez Rodríguez y Jiménez Arboleda habrían concedido y ofrecido, respectivamente, unos permisos para ausentarse del penal a Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza, quienes tenían asignados turnos de guardia el día en que ocurrió la fuga. Ese permiso fue concedido a los dos guardianes por haber votado en las elecciones del 13 de marzo de 2022, pese a que estos advirtieron que no habían ejercido el derecho al voto. Además, al parecer propiciaron la rotación de personal en diferentes puntos de seguridad del penal.
El guardián Julián Andrés López Espinosa, quien prestó el servicio de guardia el día y hora de los hechos, al parecer le habría suministrado al detenido un uniforme de uso exclusivo de los integrantes del cuerpo de custodia, y fue quien abrió la celda y las rejas del patio y de la Unidad de Medidas Especiales, por donde pasó ‘Matamba’.
En el caso de Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, quien no se presentó a su turno de vigilancia por una supuesta indigestión, se le investiga porque presuntamente pudo ser la persona que sacó a alias ‘Matamba’ del centro de reclusión en un vehículo.
Por esos hechos, el órgano de control profirió pliego de cargos contra los siete investigados por la falta disciplinaria de facilitar o permitir la fuga de presos, que en el caso de las faltas consideradas gravísimas tienen una sanción de destitución e inhabilidad que va de diez a veinte años.
Escrito por Úrsula Alcalá en . Publicado en Lo + Viral.
La Procuraduría General de la Nación citó a los cantantes: Ana del Castillo: José Vicente Rosado, conocido como “Mono Zabaleta”: al acordeonero Daniel Maestre: el manager Fabio Quiroz y Jorge Iván Díaz, conocido como “Churo Díaz”, a dar su versión sobre una fiesta en el pabellón de extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá.
Según la investigación, en los videos grabados durante el 24, 25 y 26 de septiembre en el pabellón de los extraditables del centro penitenciario, la artista Ana del Castillo estaría cantando algunas de sus canciones.
La fiesta de larga duración que se celebró la semana pasada en el pabellón ERE Sur de la cárcel La Picota de Bogotá, la cual le costó el cargo al último director de este centro penitenciario, Joaquín Darío Medrano.
De acuerdo al comunicado de la Procuraduría, también serán tenidos en cuenta los testimonios de cinco reclusos del mismo pabellón, quienes tendrían mayor información de las irregularidades que ya ocurrían en el lugar antes de la escandalosa fiesta de tres días, celebrada en honor a la Virgen de las Mercedes, considerada la patrona de los reclusos y en cuyo honor se hacen eventos especiales en los centros penitenciarios.
Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial.
La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade por el caso l Odebrecht.
El exfuncionario del Gobierno Santos fue hallado responsable disciplinariamente por la celebración y entrega del contrato de la Ruta del Sol en las etapas II y IIII.
El fallo de primera instancia podrá ser apelado por la defensa de Andrade, quien estuvo al frente de la ANI entre los años 2011 y 2017, período en el que habría avalado de manera irregular dos adiciones (conocidos en la contratación como otrosí) en el año 2015, lo cual le permitió a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños
Luis Fernando Andrade fue acusado y llamado a juicio en el 2019 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio.