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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Procuraduría confirmó sanción a exalcalde de Majagual

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilitó por ocho años al exalcalde de Majagual, Sucre, Álvaro Manuel Vanegas Cardoza (2012 – 2015), por irregularidades en la firma de un contrato para el manejo de vertimientos y residuos sólidos del municipio, por $45 millones.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular indicó que el exalcalde adjudicó los trabajos de manera directa, con lo que omitió la convocatoria de un concurso de méritos como correspondía legalmente, pues lo procedente era firmar un contrato de consultoría.
El órgano de control señaló que el documento suscrito comprendía actividades como estudios de diagnóstico, análisis de factibilidad para programas y proyectos específicos, así como asesorías técnicas, entre otras características, lo que demuestra que se trataba de un contrato de consultoría y no de prestación de servicios como lo argumentó el entonces funcionario.
Para el Ministerio Público quedó demostrado que Álvaro Manuel Vanegas Cardoza incurrió en una falta disciplinaria, pues desconoció los principios de selección objetiva “al haber adecuado un contrato de consultoría como de prestación de servicios, lo que implicaba que se debía promover un proceso a través de la modalidad de concurso de méritos y no de contratación directa, conclusión que encuentra sustento probatorio en los documentos analizados”.

Investigación disciplinaria en la SAE

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, al tiempo en que realizó una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones en la sede principal en Bogotá, la cual contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la entidad. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.

En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:

 

–    No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.

–    No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.

–    No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.

–    Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.

–    Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.

Con estas acciones, la Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.

Por caso Emcali abren investigación disciplinaria contra el exgerente y 12 funcionarios más

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exgerente general de Empresas Municipales de Cali, EmcaliJuan Diego Flórez González, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 21 de septiembre, y a otros 12 funcionarios de esa entidad, por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI, por 215 mil 879 millones de pesos, para la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada.
El Ministerio Público señaló que aparentemente se habrían presentado irregularidades tanto en la planeación, como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores de este, punto en el que se pudieron registrar sobrecostos en varios de los ítems.
El órgano de control indicó que, si bien una fracción de lo que se pretende lograr con la implementación de una infraestructura de medición avanzada es disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas, este no es el fin último y para lograrla aún falta parte de la reglamentación.
Entre los casos detectados, se encontró la cotización de dos televisores de 55 pulgadas por un poco más de 42 millones de pesos, cifra superior en un 247 % al promedio del estudio del mercado, y dos unidades de video wall para salas de trabajo cotizadas por más de 763 millones de pesos, costo que está un 285 % por encima del promedio del mercado.
Igualmente se hallaron cotizaciones de 3.000 unidades de medidores bifásicos trifilar y de 10 mil unidades de medidores trifásicos trifilar cuyos precios oscilan entre 521 mil 255 pesos y dos millones 246 mil 800 pesos, donde el mayor valor equivale a 4.3 veces el menor cotizado.
En los costos para la instalación del sistema comunicaciones por unidad, los costos fluctúan entre 396 mil 700 pesos y cinco mil 133 millones 84 mil 594 pesos, lo que muestra en este ítem que el mayor valor cotizado equivale a 12.962 veces el menor valor.
Los otros funcionarios de Emcali a quienes se les abrió investigación son el secretario general, Carlos Olmedo Arias Rey; el gerente de la Unidad Estratégica de Energía, Marino del Río Uribe; el gerente del Área de Abastecimiento, Jorge Hernelio Saldarriaga Romero. también fue afectado  el subgerente de Distribución de la Unidad Estratégica de Energía, Adolfo León Aponte García, lo mismo que la  coordinadora de la Unidad Jurídica, Diana Lucero Mejía Ramírez; la jefe de la Unidad Jurídica, Diana Paola Urrego Trujillo; la coordinadora de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Patricia Galindo Salas, y la directora de Presupuesto, María Cristina Acosta Anzola.

Procuraduría ordena no utilizar caballos en manifestaciones

En el concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien estudia la demanda interpuesta por el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, pide no utilizar a los caballos en protestas y manifestaciones.

El Ministerio Público considera que no se debe utilizar estos animales como medios de disuasión y control en marchas y protestas sociales porque han resultado heridos.

 

En el texto la Procuraduría recordó que, aunque estos animales no han resultado heridos gravemente en los disturbios en que la Dirección de Carabineros ha tenido que intervenir para garantizar el orden público, sí han sido afectados.

La Procuraduría aclaró que, uso de caballos por parte de la Policía Nacional debe ser únicamente para las labores en las cuales no exista peligro para su integridad.  El órgano de control explicó que estos animales no pueden estar en las manifestaciones por el riesgo que corren en situaciones de violencia.

El Ministerio Público recordó además que la Dirección de Carabineros no tiene funciones ni mecanismos antidisturbios y su labor está orientada a actividades de acompañamiento y seguridad en las zonas rurales del país.

 

 

Cargo disciplinario a exdirector de la Picota por fuga de alias ‘Matamba’

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al director de la cárcel La Picota, de Bogotá, Juan Javier Papa Gordillo, y  a seis guardianes de ese centro penitenciario, por presuntamente haber facilitado la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido con el alías de ‘Matamba’, el pasado 18 de marzo.

Los guardianes afectados por el pliego de cargos son el inspector jefe Julián Segundo Pérez Jiménez; el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda, y los dragoneantes Julián Andrés López Espinosa, Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza.

 

El órgano de control señaló que el director al parecer no adoptó las medidas necesarias para evitar la fuga de Castro Estupiñán, a pesar de que existía una información desde la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- sobre un posible plan de fuga de alias ‘Matamba’, y de recibir la orden de extremar la seguridad del penal para prevenir el hecho.

Por su parte, los inspectores Pérez Rodríguez y Jiménez Arboleda habrían concedido y ofrecido, respectivamente, unos permisos para ausentarse del penal a Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza, quienes tenían asignados turnos de guardia el día en que ocurrió la fuga. Ese permiso fue concedido a los dos guardianes por haber votado en las elecciones del 13 de marzo de 2022, pese a que estos advirtieron que no habían ejercido el derecho al voto. Además, al parecer propiciaron la rotación de personal en diferentes puntos de seguridad del penal.

El guardián Julián Andrés López Espinosa, quien prestó el servicio de guardia el día y hora de los hechos, al parecer le habría suministrado al detenido un uniforme de uso exclusivo de los integrantes del cuerpo de custodia, y fue quien abrió la celda y las rejas del patio y de la Unidad de Medidas Especiales, por donde pasó ‘Matamba’.

En el caso de Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, quien no se presentó a su turno de vigilancia por una supuesta indigestión, se le investiga porque presuntamente pudo ser la persona que sacó a alias ‘Matamba’ del centro de reclusión en un vehículo.

Por esos hechos, el órgano de control profirió pliego de cargos contra los siete investigados por la falta disciplinaria de facilitar o permitir la fuga de presos, que en el caso de las faltas consideradas gravísimas tienen una sanción de destitución e inhabilidad que va de diez a veinte años.

 

Ana del Castillo tendrá que cantar ante la Procuraduría: por su presentación en La Picota

La Procuraduría General de la Nación citó a los cantantes: Ana del Castillo: José Vicente Rosado, conocido como “Mono Zabaleta”: al acordeonero Daniel Maestre:  el manager Fabio Quiroz y Jorge Iván Díaz, conocido como “Churo Díaz”, a dar su versión sobre una fiesta en el pabellón de extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá.

Según la investigación, en los videos grabados durante el 24, 25 y 26 de septiembre en el pabellón de los extraditables del centro penitenciario, la artista Ana del Castillo estaría cantando algunas de sus canciones.

 

La fiesta de larga duración que se celebró la semana pasada en el pabellón ERE Sur de la cárcel La Picota de Bogotá, la cual le costó el cargo al último director de este centro penitenciario, Joaquín Darío Medrano.

De acuerdo al comunicado de la Procuraduría, también serán tenidos en cuenta los testimonios de cinco reclusos del mismo pabellón, quienes tendrían mayor información de las irregularidades que ya ocurrían en el lugar antes de la escandalosa fiesta de tres días, celebrada en honor a la Virgen de las Mercedes, considerada la patrona de los reclusos y en cuyo honor se hacen eventos especiales en los centros penitenciarios.

Procuraduría inhabilita a Luis Fernando Andrade por caso Odebrecht

La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade por el caso l Odebrecht.

El exfuncionario del Gobierno Santos fue hallado responsable disciplinariamente por la celebración y entrega del contrato de la Ruta del Sol en las etapas II y IIII.

 

El fallo de primera instancia podrá ser apelado por la defensa de Andrade, quien estuvo al frente de la ANI entre los años 2011 y 2017, período en el que habría avalado de manera irregular dos adiciones (conocidos en la contratación como otrosí) en el año 2015, lo cual le permitió a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños

Luis Fernando Andrade fue acusado y llamado a juicio en el 2019 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio.

 

Procuraduría investiga si se introdujo carne de caballo en raciones del PAE en La Ceja, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Diana Colombia Castro Londoño, profesional universitaria de la alcaldía de La Ceja, Antioquiaen calidad de supervisora del contrato suscrito con la Fundación Colombia un País para el Presente, por presuntas irregularidades en el contrato de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes del municipio por valor de $2.277’528.093.

El ente de control investiga si la funcionaria faltó a sus obligaciones de supervisión, teniendo en cuenta que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) informó que las raciones de alimento distribuidas por el contratista contenían carne de caballo doméstico de sexo hembra. El Ministerio Público busca establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. La implicada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.

 

En otro radicado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro abrió indagación previa contra servidores públicos por establecer, para averiguar si en otros municipios de los 23 que conforman el oriente antioqueño, el proveedor cárnico estaría suministrando carne de equino.

 

Control de advertencia de la Procuraduría a la contratación en Cali

La Procuraduría General de la Nación advirtió riesgos en la gestión contractual adelantada por el Distrito de Santiago de Cali, Valle del Cauca, en donde encontró que  entre enero de 2020 y junio de 2022 la modalidad de selección más utilizada e fue la contratación directa, con 75.509 contratos celebrados por un valor sumado superior a los $2.8 billones, correspondiente al 57 % del total de contratos celebrados.
En 2021, el ente territorial suscribió un total de 27.044 contratos de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, por lo cual, el 94,7 % del total de estos estuvieron destinados a satisfacer necesidades de personal en el Distrito.  La Procuraduría advirtió también que, para ese mismo año, $1.5 billones fueron contratados directamente mientras que sólo $437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado el 78 % fueron contrataciones directas.
En atención a lo anterior, la Procuraduría el día de hoy  realizará una visita a las 10:00 a.m. en la sede de la alcaldía, con la presencia de asociaciones gremiales y comunitarias para escuchar sus inquietudes y denuncias en torno al manejo de los recursos públicos en la administración distrital.
De otra parte, en horas de la tarde, el Ministerio Público realizará una mesa de seguimiento con el ente territorial en la que hará entrega del informe preventivo en el que se advierten riesgos de la gestión contractual, como los siguientes:

Contratistas

El análisis muestra que los mayores contratos fueron celebrados con otras entidades estatales por un valor cercano a los $566.674 millones. Se advierte que uno de los mayores contratistas es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente (Agesoc), con $133.210 millones y más de 1.176 contratos firmados.
También llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con $98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos.

Contratos de Empréstitos

 

A lo anterior se suma el riesgo que implica la celebración de los contratos de empréstitos por $625.644 millones con cinco bancos, con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución.

Procuraduría sancionó con multa por $ 600 millones a exgerente de la Triple A

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $600 millones de pesos al exgerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Ramón Navarro Pereira (2015) por aprobar, certificar como recibidas y disponer el pago de órdenes de servicios que no fueron prestados.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó parcialmente la decisión de primera instancia e inhabilitó por 15 años al exdirectivo para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este.

 

La Procuraduría estableció que Navarro Pereira permitió que la empresa IARCO Ltda se apropiara de $ 1.350 millones provenientes de la Triple A, en razón a pagos por servicios no prestados de recolección de residuos sólidos para el año 2016, que también motivaron su condena penal por los delitos de “enriquecimiento ilícito de particulares en concurso con administración desleal y falsedad en documento privado, por las nueve facturas pagadas”.

Según dictamen pericial hecho por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), el Distrito de Barranquilla dejó de percibir recursos por concepto de utilidades por valor de $ 376.118.009, como accionista minoritario con un porcentaje de participación de 14.5 % en dicha empresa prestadora de servicios públicos.

“El comportamiento del disciplinado fue contrario al buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, al haber permitido que la firma IARCO se apropiara de recursos públicos y constituyó un claro desconocimiento del principio de eficiencia que debía guiar la conducta del quien lideraba la empresa”, advirtió el órgano de control.

La Procuraduría calificó definitivamente la falta como gravísima a título de dolo y con perjuicio al patrimonio público.

Pliego de cargos por presuntos contratos ficticios

En otro proceso, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgerente por presuntamente permitir que dos firmas se apropiaran indebidamente de recursos públicos pertenecientes a la Triple A, a través de órdenes de pedidos que habrían sido pagados sin que se hubieran prestado lo servicios correspondientes.

El ente de control señaló que el exfuncionario pudo incurrir en falta disciplinaria por, al parecer, entre septiembre de 2013 y agosto de 2015 aprobar, celebrar y pagar contratos ficticios con la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA S.A.) y Recaudos y Tributos S.A.

 

Pérdidas por los saqueos a transportadores en las vías ascienden a 160 mil millones

Los transportadores aseguran que las pérdidas por los saqueos de los que han sido víctimas algunos de sus asociados ascienden a los 160 mil millones de pesos.  Según el gremio, 27 camiones han sido robados en diferentes vías de la Costa Atlántica.

En la tarde del viernes 25 de septiembre decenas de personas saquearan una tractomula, aprovechando que esta se encontraba estacionada sobre la vía por cuenta del bloqueo de mineros que se mantiene activo en el Bajo Cauca.

 

Por el momento la situación se mantiene en relativa calma, sin embargo, los transportadores temen que en cualquier instante se vuelvan a presentar nuevos saqueos masivos por parte de habitantes de la región que se valen del momento para actuar de esta manera.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobierno Nacional intervención urgente ante la obstrucción de la Troncal de Occidente por parte de mineros del municipio de Cáceres, Antioquia, y pidió avanzar de manera prioritaria en un proceso de diálogo con las comunidades.

A través de un comunicado, el Ministerio Público, advirtió que más de 300 automotores se encuentran represados en este corredor vial, “dejando poblaciones incomunicadas, afectando la misión médica, el abastecimiento para la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.

 

 

Procuraduría alerta sobre presuntas irregularidades en proyectos de Minciencias

La Procuraduría General de la Nación evidenció posibles irregularidades y deficiencias en la ejecución de más de 50 proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencias para el fortalecimiento de laboratorios regionales en el marco de la emergencia declarada por el covid-19, financiados con recursos de regalías.

De acuerdo con el Ministerio Público,  55 proyectos aprobados en 2020, con corte al 5 de agosto de 2022, solo 14 se han terminado por valor de $41.158.626.421 y uno registra 0 % de ejecución. Adicionalmente, un proyecto, por valor de $2.099.244.513, ubicado en el departamento de Risaralda, fue desaprobado.

 

La investigación habla de retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados, prevista para 12 meses, pues debieron iniciar su operación durante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, derivada de la pandemia.

La Procuraduría identificó “un riesgo de la pertinencia de la inversión, toda vez que estos proyectos se aprobaron con el fin de mitigar las causas que originaron la emergencia la cual terminó el 30 de junio de 2022, y a la fecha el 84 % de los proyectos no han sido terminados”, señala el informe del GES SGR.

De acuerdo con el análisis realizado por el ente de control al avance físico de los proyectos de inversión, se encontró que:

  • 13 proyectos, por valor de $ 52.640.480.791, presentan un avance físico inferior al 40%, que corresponde al 20.73 % del total de recursos aprobados, ubicados en Amazonas, Bogotá, Boyacá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
  • Nueve proyectos registran una ejecución estimada entre el 40 % y el 80 % por valor de $ 68.471.858.246, equivalente a 26.97% del total de recursos aprobados.
  • 19 proyectos tienen una ejecución superior al 80 % por valor de $ 89.526.289.495, equivalente a 35.26 % del total de recursos aprobados.
  • 14 proyectos terminados por valor de $ 41.158.626.421, correspondiente al 16.21% del total de recursos aprobados en esta convocatoria.

Entre las entidades ejecutoras se encuentran departamentos, instituciones de educación superior, Empresas Sociales del Estado (E.S.E), y otros actores que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI.

Procuraduría alerta hacinamiento en estaciones de Policía de 12 municipios del Cesar

La Procuraduría General de la Nación, advirtió sobre el hacinamiento que padece la población sindicada en las Estaciones de Policía de los Municipios de Valledupar, Becerril, El paso, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Manaure, Bosconia, El Copey, Pueblo Bello, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi.

El Ministerio Público requirió a las administraciones municipales, el cumplimiento de la Ley 65 de 1993, que permite adelantar los trámites pertinentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para la atención de esta población recluida en las unidades policiales, teniendo en cuenta que estas carecen de capacidad.

 

También pidió información de los recursos asignados para la presente vigencia y su próxima asignación en los puestos de detención, en busca de establecer planes para la precisa ubicación de los sindicados.

El ente de control solicitó a las autoridades competentes acciones inmediatas, con el fin que el cuerpo policial adelante sin inconvenientes las capturas y allanamientos pendientes.

Procuraduría tiene en la mira a 21 contralores territoriales

La Procuraduría General de la Nación inició 21 actuaciones disciplinarias, por posibles anomalías en el proceso de selección de contralores en todo el territorio nacional, los cuales debían tomar posesión de sus cargos el pasado 1 de enero del año en curso.
El ente de control, a través de sus procuradores regionales y provinciales ubicados en 15 departamentos del país, formuló un pliego de cargos, abrió cinco investigaciones disciplinarias y 15 indagaciones preliminares.
Por las presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento del cronograma, la elección de la terna, la contratación de las universidades, la injerencia de servidores públicos ajenos al proceso de elección, el incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los aspirantes y presuntas inhabilidades, conflictos de interés y el incumplimiento de los requisitos normativos del concurso, no todos los procesos culminaron en los tiempos previstos con la elección o posesión exitosa de los contralores.
La Procuraduría considera importante el seguimiento a los procesos de selección y de elección de las personas que controlan fiscalmente los municipios y departamentos para que estos

estos cargos cumpla estrictamente la normatividad vigente y se refleje en el nombramiento de los candidatos más idóneos.

 

 

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Borrador del proyecto de reforma política de Petro deja sin algunos dientes a la Procuraduría

Confidencial Colombia conoció el borrador del proyecto de reforma política que el Gobierno de Gustavo Petro radicará en el Congreso de la República en los próximos días. Los cinco puntos más polémicos de la iniciativa son los siguientes:

  1. El primer punto que trata la iniciativa y que promete ser uno de los más polémicos es que le quita las competencias a la Procuraduría y la Contraloría de poder suspender o inhabilitar a funcionarios de elección popular, dejándola en manos de una “Corte Electoral”.
  2. propone es la financiación estatal de las campañas electorales.
  3. Modifica la edad para ser elegido congresista (25 años para senador y 18 año para representante a la cámara)
  4. Abre la puerta al transfuguismo político.
  5. Crea las listas cerradas para las elecciones a Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, concejos y juntas administradoras locales.

La iniciativa gubernamental busca darle un vuelco total a la manera en como se ejerce la política en Colombia y, además modificar el funcionamiento de algunos órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, quienes actualmente tienen facultad de sancionar y destituir funcionarios públicos que llegan al cargo mediante elecciones populares.

 

El borrador del texto descarta la posibilidad de que los congresistas puedan ejercer de manera simultánea la labor de ministros del Gobierno de turno.

El proyecto se encuentra en revisión del presidente, Gustavo Petro, quien podrá sugerir algunos cambios antes de ser presentado a consideración del legislativo en los próximos días.