Gregorio Eljach renunció al cargo de secretario general del Senado de la República, luego de ser ternado por el presidente de la república para el cargo de procurador general de la Nación.
«Manifiesto el honor que para mí ha representado servir en la Rama Legislativa, a las instituciones democráticas y a Colombia en estos periodos”, escribió Eljach en su carta de renuncia al cargo.
De esta manera, Gregorio inicia la búsqueda de votos en el Senado de la República para ser elegido Procurador General de la Nación, donde desde algunas bancadas han manifestado la intención de favorecerlo con su voto. Por el momento Eljach cuenta con los 20 votos del Pacto Histórico; 13 votos del Partido Liberal; 15 del Partido Conservador; 10 del Partido de la U y 3 del MIRA.
Todo el que ha visitado las instalaciones del Congreso de la República y conoce su funcionamiento, sabe también lo inmenso que es el poder que tiene el secretario general, cargo que ocupa Gregorio Eljach, personaje escogido por el presidente Gustavo Petro para que complete la terna de candidatos al puesto de procurador.
Es la persona que se encarga de suministrar oficinas a los senadores de la república y es además quien se encarga de agendar los temas que serán tratados en las plenarias de la Corporación, ordenar la publicación en la “Gaceta del Congreso” de los documentos originados en el proceso de formación de las leyes, etc. No hay un solo senador que no le deba un solo favor a secretario, lo que genera la duda de sí Gregorio Eljach ¿les pasará la cuenta de cobro, ahora que debe buscar los votos de cada uno de sus electores para llegar a la cabeza del organismo de control disciplinario?
Eljach conoce muy bien a los actuales senadores y sabe muy bien en qué está cada uno de ellos, a diferencia de sus otros dos contendores (Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino), quienes tienen buenas relaciones con los parlamentario, pero, no tienen la capacidad actual de negociación que sí tiene Gregorio, por la actual cercanía que tiene el secretario del Senado con cada uno de ellos.
La Corte Suprema de Justicia eligió como su candidato al cargo de procurador general de la Nación al exsenador vargasllerista, Germán Varón Cotrino.
El ahora candidato a jefe del Ministerio Público fue representante a la cámara y senador por el Partido Cambio Radical. Al igual que el también aspirante a la Procuraduría General de la Nación, Luis Felipe Henao, es cercano al exvicepresidente y exministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Germán Varón fue secretario General de Corabastos; secretario General de la Personería de Bogotá. En el 2002 llegó a la Cámara de Representantes de donde saltó al Senado de la República. Ahora le corresponde al presidente Gustavo Petro elegir a su candidato para completar la terna.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 13 años al concejal de Piedecuesta, Santander, Octavio Cárdenas Almeida, por abuso de autoridad en beneficio propio en medio de un procedimiento policivo.
El ente de control corroboró, que el servidor público estuvo involucrado en una riña en un establecimiento público del municipio a pesar de las restricciones del COVID – 19; razón por la cual fue conducido a la estación de policía debido a su alto grado de exaltación en donde amenazó a los uniformados preguntado ¿usted no sabe quien soy yp?
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta del disciplinado como gravísima a título de dolo.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al concejal de Bogotá, Julián Forero (Fuchi) para establecer su responsabilidad en un altercado que sostuvo con unos agentes de tránsito.
El organismo de control verifica si de parte del concejal hubo trato irrespetuoso y carente de rectitud con los funcionarios de la policía Metropolitana de Bogotá, Cristian Naranjo Sandoval y Jorge Enrique Reyes, quienes detuvieron al cabildante en inmediaciones de la carrera 68 con calle 13, para un registro de personas y vehículos.
El Ministerio Público indaga además si en los hechos ocurridos el 22 de febrero del presente año, si el funcionario distrital en medio del operativo usó palabras descalificantes, irrespetuosas y violentas en contra de ellos con frases como: “perro, gamín” “usted no sabe a quién paró”.
La Procuraduría Primera Distrital calificó provisionalmente la falta del concejal como grave, a título de dolo.
El exministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Felipe Henao, fue ternado por el Consejo de Estado para el cargo de procurador general de la Nación.
Henao es muy cercano al exvicepresidente y exministro del Interior, Germán Vargas Lleras, hecho que el mismo reconoce en sus diferentes declaraciones a los medios de comunicación.
Luis Felipe Henao es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario tiene una especialización en Derecho de la Empresa de la misma institución. También es Doctor en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca (España). Ocupó el cargo de viceministro del Interior; director (E) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y ministro de Vivienda.
La terna para escoger procurador general de la Nación debe ser completada con el candidato que terne la Corte Suprema de Justicia y la persona que escoja el presidente Gustavo Petro.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró su preocupación por la creciente presencia de migrantes en la isla de San Andrés, tras el cierre del paso fronterizo con Panamá en el Tapón del Darién.
Cabello recordó que en días pasados se conoció del naufragio de una embarcación con 20 migrantes,en el que resultó una persona fallecida, cuatro desaparecidos y 15 recuperados.
“Han habido avances positivos por parte de la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Superintendencia de Transporte en el cumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría, pero faltan respuestas de otras entidades”
Confirmó que la Armada Nacional ha rescatado un total de 1.347 personas, 272 corresponden a niños, niñas y adolescentes, población más afectada, alertando que no se observan actuaciones claras del ICBF.
La jefa del Ministerio Público pidió una mayor coordinación entre la OCCRE y Migración Colombia para aunar esfuerzos en el control y verificación migratorio de manera fluida y permanente.
El fallo del órgano de control disciplinario tiene que ver con el pago de servicios odontológicos por 3.054 millones de pesos a Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que no tenían un legal vínculo contractual con la entidad territorial.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que entre 2014 y 2015 la gobernación expidió nueve resoluciones de pago por servicios prestados a las IPS Maxilofacial de Córdoba, Oralcosta, Odontológica IPS SAS y Mauricio Javier Bermúdez Ramos, sin que hubiese negocio jurídico alguno entre las partes, “lo cual se acreditó en las visitas administrativas practicadas a las dependencias de la gobernación y al verificar las resoluciones expedidas”.
La investigación determinó que Lyons no les exigió el trámite precontractual y contractual de acuerdo con la normativa aplicable, con la finalidad de realizar los pagos previa celebración de un acuerdo de voluntades entre las IPS y la gobernación, y así recibir a satisfacción los servicios prestados.
El órgano de control calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
La Procuraduría General de la Nación impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 17 años al exjefe del Grupo de servicios asistenciales de la Policía del Quindío, teniente Darío Fernando Cabrera Hidalgo, por acosar laboralmente a una subalterna entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.
El Ministerio Público confirmó que el oficial abusó de su rol jerárquico para cambiarle de manera permanente los turnos que debía cumplir en su calidad de patrullera, la obligó a prestar servicio en su día de descanso y omitió las incapacidades médicas que tenía y le asignó responsabilidades que excedían los horarios laborales.
El Ente de control disciplinario encontró además que probado que el oficial descalificó con comentarios hostiles y humillantes las labores de la funcionaria, le endilgó responsabilidades distintas a las que estaba obligada, situaciones todas que provocaron su aislamiento laboral toda ve que sus compañeros evitaban el contacto para no ser víctimas de medidas similares.
«Con su conducta el teniente vulneró el principio de moralidad, se apartó de la normatividad vigente en el cumplimiento de sus funciones y abusó de su grado para entorpecer el desarrollo del trabajo a cargo de quien estaba bajo su mando», dice el fallo.
La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una solicitud de medidas cautelares que busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas asociadas a los daños efectuados contra de los bienes culturales (materiales e inmateriales) y del territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta).
El Ministerio Público busca la protección del sistema vital de los 348 sitios sagrados que conforman e interconectan la “Línea Negra”, el ente de control y las cuatro comunidades de la Sierra Nevada, Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.
Con la medida se pretende evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas y las autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales.
«Por un lado se busca proteger el territorio a través de los sitios sagrados como sistema vital“, y por otro lado, “al pueblo como tal y precaver futuras violaciones a los derechos humanos, a través de garantías de no repetición”, agrega la Procuraduría.
La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10. Además, resaltaron que lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias.
El secretario del Senado de la República, Gregorio Eljach, se encuentra a la espera de ser ternado por la Corte Suprema de Justicia para de esta manera aspirar oficialmente al cargo de Procurador General de la Nación.
En los pasillos del Congreso de la República se rumora que, en el caso de no lograr la postulación de la Corte Suprema de Justicia para ser jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, sería candidatizado ´por el presidente de la república, con lo cual se daría por hecho su llegada a la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, porque la elección final la hacen los senadores de la república, quienes le deben uno que otro favorcito.
La terna para elegir procurador general de la Nación, la componen un candidato del Consejo de Estado, otro de la Corte Suprema de Justicia y uno más que postula el presidente de la república.
La Procuraduría General de la Nación expidió una alerta por los retrasos hallados, luego de revisar la documentación de las construcciónes de las cárceles en los departamentos del Magdalena y La Guajira.
La alerta la hace el ente de control después de requerir información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- sobre estos proyectos que, por sus atrasos, representan riesgos al patrimonio público por las altas inversiones presupuestales de más de 400 mil millones de pesos.
El Ministerio Público encontró que las obras de avance de la cárcel de mediana seguridad en la población de San Ángel, Magdalena, con capacidad para 1914 reclusos, apenas presenta una ejecución del 34,94 por ciento.
La situación no es diferente en Riohacha en donde también se construye una cárcel de mediana seguridad y sus trabajos de ejecución apenas llegan al 48,14 por ciento.
Lo anterior evidencia que las modificaciones a los cronogramas y los constantes retrasos en la ejecución de las obras no han permitido el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas, afectando las metas en cuanto a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Para la Procuraduría es posible que se haya vulnerado el principio de planeación en materia contractual con respecto a la estimación de los plazos de culminación de las obras, debido a que después de aproximadamente cuatro años desde la suscripción de los contratos de obra e interventoría únicamente se evidencia una ejecución contractual que a la fecha no supera al 50 por ciento.
La Procuraduría General de la Nación llamó la atención a la Cancillería para que garantice y mejore la calidad de la prestación del servicio de expedición de pasaportes, tras conocer múltiples quejas.
El ente de control instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a replantear el modelo actual de agendamiento de citas, que, de acuerdo a las denuncias, este sigue presentando innumerables quejas por parte de los usuarios con situaciones como indisponibilidad del portal, los horarios limitados y hasta la aparición de tramitadores ajenos a la entidad.
El Ministerio Público pidió a la Cancillería la revisión de cambios o nuevas franjas en los horarios de activación del portal de agendamiento facilitando el acceso a los ciudadanos y evitando la congestión y saturación del trámite.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala, en sus condiciones de agentes Escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por haber realizado diligencias del protegido y llevar a personas ajenas a dicho esquema.
De acuerdo con el órgano de control, «este actuar, en contravía de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo».
Los dos funcionarios fueron identificados como Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala. La camioneta de placas IFR 763 habría sido utilizada para realizar diligencias personales de Hernández Gil.
La Procuraduría General de la Nación recordó que solo quienes se encuentran bajo la figura de ‘protegidos’ son quienes pueden utilizar los carros asignados para estos fines.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar al brigadier general (r) del Ejército, Yuber Armando Aranguren Rodríguez, por los delitos de acoso sexual e injuria, cometidos en contra de una subteniente de la institución cuando se desempeñaba como comandante de la Brigada 27, con sede en Mocoa, Putumayo.
En el proceso quedó plenamente acreditado que el entonces brigadier general se valió de su cargo para acosar a la oficial de manera habitual y permanente, mediante expresiones soeces y comentarios tanto públicos como privados de flagrante connotación sexual que no eran consentidos por ella.
Para el delegado, las conductas cometidas por el investigado “perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres, razón por la cual resulta crucial abordar estos temas desde los cimientos de nuestra sociedad”.
