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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Procuraduría pide la anulación de la elección del rector de la Universidad Nacional

La Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo de Estado anular la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, al considerar que durante el proceso de escogencia se presentaron varias irregularidades.

“El CSU de la Universidad Nacional de Colombia, al pretender retrotraer el procedimiento de elección del rector, para llevar a cabo uno nuevo, luego de haberse efectuado ya válidamente un procedimiento eleccionario, con su correspondiente resultado, infringió las normas en que debía fundarse el acto y con ello, el debido proceso, por lo que la designación de Leopoldo Alberto Munera Ruíz como rector de la Universidad Nacional de Colombia debe ser suspendida, en salvaguarda de los principios de presunción de legalidad de la actuación administrativa con la cual se eligió inicialmente a José Ismael Peña Reyes”, dice el organismo.

 

Para el organismo de control disciplinario, mientras no se resuelva la legalidad de esta elección, deberá prevalecer el derecho a la presunción de legalidad de la elección de José Ismael Peña.

De esta manera le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional del acto de elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruíz como Rector de la Universidad Nacional de Colombia, período 2024-2027.

Investigación disciplinaria al director del INPEC

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director general (e) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y al director de Custodia y Vigilancia de la misma entidad, Rolando Antonio Ramírez Sanabria, por una aparente omisión de sus funciones para garantizar la seguridad del director de la cárcel La Modelo, Élmer Fernández Velasco, asesinado el pasado 16 de mayo, en Bogotá.

De acuerdo con el organismo de control disciplinario, los funcionarios no prestaron atención a las alertas dadas por los riesgos que presentaba Fernández Velasco, así como tampoco habrían tramitado ante la Unidad Nacional de Protección -UNP- la evaluación de su nivel de riesgo.

 

El Ministerio Público requirió al Inpec informar las medidas administrativas y preventivas diseñadas para enfrentar amenazas proferidas contra la vida e integridad personal de los servidores de esa entidad, así como detallar cuál es el procedimiento interno y quién está encargado de ordenar su implementación.

Procuraduría destituye a Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política y que incluso lo apartó temporalmente de su cargo en 2022.

De acuerdo con el fallo del Ministerio Público, Quintero estará por fuera de la función pública durante seis meses por haber declaraciones en sus redes sociales que favorecían al Pacto Histórico y a su candidato presidencial durante la campaña del año 2022.

 

A juicio de la Procuraduría, el exalcalde se habría valido de su investidura en la capital antioqueña para favorecer la campaña del movimiento político del presidente Gustavo Petro, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales a través de trinos divulgados en su cuenta de X, falta que calificó como grave y con dolo.

La defensa de Daniel Quintero anunció apelación al fallo disciplinario.

Procuraduría abre investigación disciplinaria al concejal de Cali Andrés Escobar

La Procuraduría General de la Nación ordenó investigar de manera disciplinaria al concejal de Santiago de Cali, Rafael Andrés Escobar Gonzálezpor facilitar a su pareja sentimental el vehículo que tiene asignado de la Unidad Nacional de Protección, y con el cual se vio involucrada en un accidente.

El hecho sucedió el pasado 22 de junio de 2024 cuando la mujer conducía el automotor asignado al cabildante por su rol en la Corporación y con el que se habría estrellado en la ciudad de Cali.

 

El Ministerio Público ordenó recaudar pruebas que permitan establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria para definir si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

Procuraduría investiga el por qué se presentó un bajo recaudo tributario

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por establecer de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el bajo recaudo tributario del periodo comprendido entre enero y mayo de 2024.

De acuerdo con el Ministerio Público, «el recaudo tributario bruto de Colombia entre enero y abril de 2024 acumuló un déficit de aproximadamente $10.98 billones con relación a la meta prevista para ese lapso».

 

En el mismo sentido señaló que se revisará lo informado por varios medios de comunicación que dieron a conocer que el recaudo tributario disminuyó un 10,3 %, una cifra que se había registrado por última vez en 2010 durante el mismo periodo de tiempo y que en su momento fue consecuencia de una gran crisis financiera a nivel internacional.

El órgano de control disciplinario aseguró que también se investigará el posible impacto de una posible desaceleración económica que estaría afectando a todo el territorio nacional.

Procuraduría investiga a exdirectores de la UNGRD por demoras en la reconstrucción de Mocoa

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a los exdirectores de la Unidad de Gestión Para el Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y Eduardo José González, por presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras para la reconstrucción de Mocoa, Putumayo.

Los dineros invertidos para la reconstrucción del municipio de Mocoa, superan los $185 mil millones provenientes del sistema general de regalías.

 

De acuerdo con el Ministerio Público, la ejecución de las obras de reconstrucción de las zonas afectadas tras la calamidad sufrida durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 cuando fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como las quebradas La Taruca y La Taruquita, afectando varios sectores de la cabecera municipal, causando la destrucción de viviendas, puentes y arrastraron diecisiete barrios de la ciudad, cinco de los cuales quedaron destruidos totalmente.

El órgano de control disciplinario encontró presuntas deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras. Posteriormente, durante la ejecución, se hallaron posibles irregularidades técnicas que no fueron consideradas y habrían puesto en riesgo la infraestructura existente, también construcciones en ejes ambientales sin los respectivos permisos y trámites ambientales hechos fuera de tiempo.

Otra presunta irregularidad que llamó atención fue la destinación de recursos para 86 actividades no relacionadas con uno de los proyectos de construcción, como un viaje a San Andrés y Providencia por ocho días para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia por el paso del huracán Iota y una supuesta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa.

Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están, copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la UNGRD, además de los dos contratos firmados para el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales y de vivienda, con sus respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal y soportes de su ejecución.

Además de los exdirectores, la Procuraduría vinculó a la investigación a Gerardo Jaramillo, secretario general de la UNGRD, Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía, además Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.

Procuraduría pone la lupa sobre la licitación para compra de equipos de radioayudas en la Aeronáutica Civil

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la licitación con la que busca adquirir equipos de radioayudas para los aeropuertos de Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cúcuta.

El Ministerio Público encontró fallas en el cumplimiento de los cronogramas que podrían transgredir los principios de la contratación estatal, una de ellas, el cambio de fechas establecidas desde el mismo inicio de la apertura del proceso (27 de diciembre de 2023), trasgrediendo no solo normas de la contratación, sino también intereses de los mismos oferentes.

 

El órgano de control disciplinario encontró además se prorrogó el plazo de la licitación en más de la mitad del inicialmente fijado, es decir, que la fecha establecida era hasta el 6 de febrero de 2024, y la extendió hasta el 13 del mismo mes, contrariando lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación.

Otro de los puntos cuestionados por el ente de control fue el plazo de adjudicación que estaría enmarcado entre los días del 24 al 29 de febrero de 2024, pero esta se prorrogó hasta el 7 de junio, yendo en contravía de los rigores normativos de la Ley 80 de contratación.

Lo anterior hizo que la Procuraduría solicitó la revocatoria del acto de apertura de la licitación con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública.

Cargos disciplinarios a exgerente de la ESE El Roble, en Sucre

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgerente de la Empresa Social del Estado Centro de Salud El Roble, Sucre, Fernando Manuel Vergara Ortega, por supuestamente emitir una resolución que obligaba el pago de las obligaciones contraídas por Comfasucre EPS, con lo que puedo extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público indicó que la decisión del servidor incluyó el embargo de los recursos destinados a la salud por un valor cercano a los $12 mil millones, para lo que habría decretado, sin tener facultades ni competencia, el embargo de los recursos disponibles en las cuentas bancarias de la entidad.

 

De igual manera, el ente de control indicó que con los hechos ocurridos durante la vigencia 2022, Vergara Ortega pudo pasar por alto que el dinero hacía parte de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación y que al estar destinadas al régimen de salud no podían, bajo ningún concepto, ser objeto de la decisión tomada.

Regaño de la Procuraduría a la UNP por reducir medidas de seguridad al director de la Cárcel de Cúcuta

 La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección – UNP -para que brinde la adecuada seguridad al director de la cárcel Modelo de Cúcuta, Ángelo Smith Torrado, quien extrañamente tomó la decisión de cambiarle el vehículo blindado por uno convencional.

«El Ministerio Público no se explica cómo después de lo sucedido, el pasado 16 de mayo con el asesinato del coronel Elmer Fernández, se den estas actuaciones por parte de la entidad y más cuando el propio ministro de Justicia solicitó reforzar la seguridad para los directores de los establecimientos carcelarios a nivel nacional», dice el organismo de control en el comunicado.

 

La denuncia fue dada a conocer por el alcalde de Cúcuta ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, a cargo de Javier Sarmiento, quien urgió explicaciones al director de la UNP sobre este caso y de paso le recordó la declaratoria de emergencia carcelaria que rige desde el 12 de febrero de 2024, a raíz de los riesgos de seguridad y actos de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-ya que a la fecha han sido asesinados 5 funcionarios y más de 100 son blanco de amenazas.

El complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta hace parte de los 15 establecimientos con más amenazas, razón por la que el Ministerio Público no se explica el porqué de la decisión de reducir las medidas de seguridad a su director.

Nota relacionada: ¿Los carros asignados a la UNP tienen licencia para invadir el espacio público en Bogotá?

Por contrato de ambulancias la Procuraduría sanción a un exgobernador (e) de La Guajira

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al secretario de Salud Departamental y supervisor técnico del contrato, Jarexon José Arredondo Quintero, y con suspensión de 12 meses en el ejercicio del cargo al exgobernador (e) de La Guajira, Wilson Rafael Rojas Vanegas, meses de suspensión que se convertirán en el pago de $ 52´952.532.

El Ministerio Público demostró que como secretario de Salud y supervisor del contrato celebrado entre el departamento de La Guajira y la sociedad carrocerías EL SOL S.A.S., que tenía como objeto brindar apoyo para el transporte asistencial básico y medicalizado con inversión pública, cuyo presupuesto inicial fue de cerca de $ 3.565 millones para la adquisición de 17 ambulancias, cambió las especificaciones técnicas de las ambulancias con particularidades distintas a las previamente establecidas.

 

Además, se comprobó que otorgó plazos más amplios para cumplir el objeto contractual, situación que generó demoras en la entrega.

La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2 declaró que los investigados generaron un impacto social negativo para la población más necesitada de La Guajira y, a su vez, vulneraron los principios de legalidad, rigurosidad, respeto y seriedad en manejo de los recursos públicos que les correspondía como funcionarios.

Debido a las conductas irregulares, el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como gravísima con culpa gravísima para el secretario de Salud; y grave con culpa grave para el gobernador encargado.

Procuraduría dice que la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional fue legal

Ante la polémica desatada por la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña Reyes como nuevo rector de la Universidad Nacional, confirmó la legalidad del acto.

Luego de revisar y analizar los reportes y trazabilidad de los informes corroboró que el procedimiento empleado para la designación de Peña Reyes fue ajustado a las normas que rigen el CSU y a la autonomía universitaria, el Ministerio Público, determinó que el procedimiento fue ajustado a las normas que rigen el CSU y a la autonomía universitaria.

 

Recalca el ente de control que, en la sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2024, cuando fue elegido el nuevo rector, los 8 miembros del Consejo Universitario, en el que tiene asiento la ministra, estuvieron de acuerdo con el sistema de votación empleado y que llevó a Peña Reyes, con 5 votos a favor y 3 en blanco, a alzarse como director de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027.

Procuraduría investiga a Emilio Archila por irregularidades en los OCAD PAZ

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, (2019 – 2021), Emilio José Archila Peñalosa, por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de Regalías por $7.152 millones.

La investigación disciplinaria cobija también a exgobernador de Arauca ,José Facundo Castillo Cisneros, y exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles y a todos  miembros del Órgano Colegiado de Decisión, OCAD Paz.

 

De acuerdo con la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, sin que al parecer contara con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyectos de regalías, de solo 18%, factores que hacían inviable su designación.

Procuraduría investiga al concejal Julián Forero por mal comportamiento

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al concejal de Bogotá, Julián Forero, por un presunto altercado con funcionarios del Tránsito de Bogotá.

El Ministerio público investiga las circunstancias de modo y lugar en las que los funcionarios públicos decidieron interponer un comparendo de aproximadamente $1.000.000 al cabildante, quien no dudó en recordar el lugar que hoy ocupa en la política bogotana.

 

El órgano de control verifica si en medio de la discusión entre el concejal y los uniformados de la Polícia en una noche de febrero del presente año en las horas de la madrugada, el cabildante irrespetó y usó palabras descalificantes y violentas contra los agentes que lo habrían detenido en medio de un control policial ubicado en la avenida 68 con Calle 13.

Esta es la segunda investigación que debe enfrentar el concejal Julián Forero en la Procuraduría, quien indaga también la escena en la que aparece en una moto en los corredores de las oficinas del Concejo de Bogotá en compañía de su compañero de bancada, Angelo Shiavenato.

Procuraduría investiga sí son ciertas las declaraciones de Sneyder Pinilla

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció el inicio de investigaciones que permitan esclarecer los actos de posible corrupción en el contrato de los carrotanques que surtirían agua potable al departamento de La Gra.

La jefa del Ministerio Público dijo que se harán las actuaciones disciplinarias que sean pertinentes por los graves hechos denunciados en las últimas horas, en los que se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado. 

 

Cabello ordenó a la entidad el debido y pronto recaudo del material probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas de manera pública, que hablan de la supuesta entrega de altas sumas de dinero como parte de sobornos entregados

Procuraduría alerta por presencia mercurio en afluentes del rio Cali

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la continuidad de las actividades de extracción ilícita de minerales en el Parque Nacional genera una afectación significativa en diferentes fuentes hídricas, incluyendo el río Cali y entre otras que proveen de agua a los acueductos de La Reforma y San Antonio, beneficiando a 600.000 habitantes de la ciudad. 

Recientes estudios realizados por el ente de control revelan niveles preocupantes de mercurio y arsénico en el río Felidia, superando los límites establecidos por la Environmental Protection Agency (EPA), con un registro de 17 y 31 partes por millón (ppm) de mercurio y 23 ppm de arsénico; hallazgo que subraya el impacto negativo de la minería en el componente hidrográfico y la biodiversidad del área. 

 

El Ministerio Público recalcó que es imperativo garantizar la calidad del agua en estos afluentes para salvaguardar el derecho a la salud de los habitantes de la capital vallecaucana