La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a los exdirectores de la Unidad de Gestión Para el Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y Eduardo José González, por presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras para la reconstrucción de Mocoa, Putumayo.
Los dineros invertidos para la reconstrucción del municipio de Mocoa, superan los $185 mil millones provenientes del sistema general de regalías.
De acuerdo con el Ministerio Público, la ejecución de las obras de reconstrucción de las zonas afectadas tras la calamidad sufrida durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 cuando fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como las quebradas La Taruca y La Taruquita, afectando varios sectores de la cabecera municipal, causando la destrucción de viviendas, puentes y arrastraron diecisiete barrios de la ciudad, cinco de los cuales quedaron destruidos totalmente.
El órgano de control disciplinario encontró presuntas deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras. Posteriormente, durante la ejecución, se hallaron posibles irregularidades técnicas que no fueron consideradas y habrían puesto en riesgo la infraestructura existente, también construcciones en ejes ambientales sin los respectivos permisos y trámites ambientales hechos fuera de tiempo.
Otra presunta irregularidad que llamó atención fue la destinación de recursos para 86 actividades no relacionadas con uno de los proyectos de construcción, como un viaje a San Andrés y Providencia por ocho días para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia por el paso del huracán Iota y una supuesta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están, copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la UNGRD, además de los dos contratos firmados para el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales y de vivienda, con sus respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal y soportes de su ejecución.
Además de los exdirectores, la Procuraduría vinculó a la investigación a Gerardo Jaramillo, secretario general de la UNGRD, Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía, además Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.
