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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Prosperidad Social

Gustavo Bolívar explica lo que serán los PAS y cuántos se construirán

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dio a conocer lo que serán los puntos de abastecimiento solidario (PAS), proyectos con los que se responderá a las necesidades que tiene la economía popular y ayudar a mitigar el hambre en municipios afectados por la violencia y en las ciudades capitales.

De acuerdo con el funcionario se espera construir un total de 150 puntos de abastecimientos solidario en los próximos ocho meses.

 

La entidad abrió la primera convocatoria nacional para que las alcaldías de los 170 municipios y las capitales departamentales y distritos se postulen para recibir el proyecto en su territorio. “Los municipios PDET son zonas con alto riesgo de hambre, violencia y vulnerabilidad; y las capitales concentran a mucha población que está en situación de hambre”, explicó Bolívar.

Bolívar informó que el Gobierno invertirá cerca de 500.000 millones de pesos, para construir 150 PAS en los municipios que queden seleccionados. “El presidente Gustavo Petro quiere que sigamos construyendo en todos los territorios donde, según nuestros sistemas de información y mapas de hambre, sea pertinente. Abrimos la primera convocatoria, y no va a ser la última. Esta es una inversión y un ritmo inéditos: los últimos cinco años, Prosperidad Social ha entregado ocho plazas de mercado; vamos a construir 150 en este periodo”, dijo Bolívar.

La subdirectora de Prosperidad Social, María Fernanda Rojas, explicó que ciudades como Bogotá por ejemplo podrán contar con cinco PAS, y que es posible ampliar su número dependiendo de la voluntad del mandatario local de turno.

Gobierno entregará el pago a las personas del programa Adulto Mayor

El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, ha comprometido recursos por 210.444 millones de pesos, de los cuales 109.805 millones de pesos serán destinados para el pago diferenciado.

En el ciclo anterior, el sexto, la entidad logró una efectividad del 94 % en los cobros del subsidio: 1.567.569 adultos mayores reclamaron el subsidio, de los cuales 472.005 eran mayores de 80 años. Ese ciclo cerró el pasado 5 de julio.

 

Este ciclo llegará a 1.636.307 adultos mayores en todo el país, de los cuales 488.057 recibirán el pago diferencial de 225.000 pesos, que aprobó el Gobierno Nacional para las personas de 80 años o más que están activas en el programa.

¡No se deje engañar!

Prosperidad Social le recuerda a los beneficiarios no deben pagar ni adquirir productos al momento de realizar el cobro. Sólo deben presentarse en el punto de pagos más cercano, una vez reciban la notificación mediante mensaje de texto, y llevar su documento de identidad original. Recuerde contar el dinero antes de retirarse de la ventanilla, y verificar que la suma corresponda a la notificada en el mensaje que llega a su teléfono.

Contraloría inspeccionó el DPS buscando pruebas de la red de las ‘Mario-netas’

Funcionarios de la Contraloría General de la República realizaron una visita de inspección a las instalaciones del Departamento de Prosperidad Social para revisar los documentos que demostrarían la existencia de una red de corrupción en la entidad durante el Gobierno de Iván Duque, de la que harían parte algunos congresistas.

Al parecer todo el entramado de corrupción fue manejado por la cabeza del Departamento de Prosperidad Social de ese entonces, Pierre García. En la investigación se mencionan los nombres de los senadores Ciro Ramírez, Juan Sammy Merheg, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa, Julio Cesar García y el fallecido, Carlos Castaño.

 

Al respecto, la Fiscalía compulsó copias del expediente que involucra a los congresistas, a la Corte Suprema de Justicia para que determine si hay lugar una investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, se habrían entregado comisiones a los congresistas por favorecer a las empresas contratistas que sumarían más de 40 mil millones de pesos. Este carrusel se habría dado con la anuencia del entonces director del DPS.

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Los protagonistas del escándalo de corrupción en el DPS

Los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto protagonizan un nuevo escándalo político por su supuesta vinculación en hechos de corrupción en el Departamento de Prosperidad social durante el gobierno del expresidente, Iván Duque.

Este mismo escándalo tiene contra las cuerdas al exdirector de Prosperidad Social del Gobierno Duque, Pierre Eugenio García Jacquier, a quien se le dictó orden de captura a través de Interpol para dar con su paradero.

 

De acuerdo con las investigaciones, los congresistas hicieron parte de una red de contratación en temas de infraestructura y vivienda que incluía grandes sumas de dinero, donde además estaban metidas las manos del entonces congresista, Mario Castaño.

Los contratos con los que estos congresistas buscarían su beneficio económico y político, tenían que ver con la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca por un total de 48.000 millones de pesos.

Según lo afirma el fiscal del caso, “las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos. No hablaba, pues se comunicaba, era escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito”.

¿Quiénes son los congresistas implicados?

Los seis congresistas implicados en el escándalo pertenecen a los partidos políticos que apoyaron la mayoría de iniciativas del entonces presidente, Iván Duque, es decir al Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U. Sus nombres son los siguientes:

Ciro Ramírez: senador del Centro Democrático. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en derecho Minero Petrolero de la Universidad Externado de Colombia. Representante a la Cámara por Boyacá (2014-2018).

Se encuentra en prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado jueves 14 de diciembre. El senador presuntamente tuvo una injerencia indebida en 13 negocios para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Por ello, Ramírez supuestamente se benefició con el pago de coimas. El caso ha involucrado también a otras personas como el contratista Anderson González y Katherine Rivera, quien formó parte de la unidad de trabajo legislativo (UTL) de Ramírez.

Carlos Fernando Motoa: senador de Cambio Radical. Abogado de la Universidad San Buenaventura Cali, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. De acuerdo con la Fiscalía, su nombre está mezclado en un segundo grupo de políticos que tendrían intereses en contratos para algunos departamentos como el Valle del Cauca, de donde el congresista es oriundo.

Juan Samy Merheg: senador del Partido Conservador. Administrador de empresas. Se le señala de recibir beneficios de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos.

Carlos Abraham Jiménez: Senador de Cambio Radical. Ingeniero electricista egresado de la Universidad del Valle. Los hechos ocurrieron durante el periodo 2014 – 2018 cuando Jiménez era representante a la Cámara. El congresista ya había enfrentado un escándalo en el pasado, cuando se supo que, al parecer, les habría exigido a sus empleados adscritos a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que le entregaran sus salarios, primas y prestaciones sociales con el fin de cotizar para su pensión y salud.

Juan Felipe Lemus: Senador del Partido de la U. Abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia.

Miguel Ángel Barreto: Senador del Partido Conservador. Es Contador Público de la Universidad de Ibagué. Se le señala de pertenecer a la red de contratación pública que buscaba favorecer intereses particulares con 13 contratos.  En el caso del senador Miguel Ángel Barreto, su enlace era el contratista Óscar Leyton, quien, al parecer, direccionaba los contratos en varios municipios del Tolima, incluyendo Herveo, Casabianca, Líbano, Planadas, Alvarado, Villahermosa y Rovira.

Este escándalo de corrupción incluye nombres de personas como el excandidato a la Cámara Julio César García y el exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera.

Sector privado y Prosperidad Social se unen para ayudar a las personas en el Chocó

El Gobierno Nacional, a través del Departamento de Prosperidad social entregó más de 20 toneladas de ayudas para los hogares afectados por la emergencia invernal en Chocó.

a iniciativa contó con la participación de sector privado a través de empresas como el Grupo Éxito, Bavaria y Alquería, quienes contribuyeron con el aporte de 2.500 mercados.

 

La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres, dijo: “Por instrucciones del señor presidente, Gustavo Petro, hemos unido esfuerzos: la Fuerza Aérea Colombiana, el sector privado y Prosperidad Social, para llevar un poco de alivio a las familias damnificadas en Chocó. Hoy logramos embarcar más de 20 toneladas de alimentos, kits de aseo, ropa, insumos de cocina y otros elementos que puedan ayudar en medio de esta tragedia”.

Sector financiero se une a la idea de combatir el ‘gota a gota’

Representantes del sector financiero sostuvieron una reunión con la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia y a instancias de la Superintendencia Financiera, para explorar la posibilidad de ofrecer alternativas para combatir de manera conjunta el ‘gota a gota’ y generar condiciones que permitan impulsar las economías populares.

A la cita asistieron la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; el consejero presidencial para Asuntos Empresariales, Juan Fernández; el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán y la superintendente financiera (e), Natalia Guerrero.. De las entidades financieras, estuvieron presentes representantes de Davivienda, Grupo Bolívar, Asobancaria, BBVA, Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Aval, Grupo Empresarial Colpatria, Nubank y Scotiabank.

 

Los participantes coincidieron en que para que haya más crecimiento económico, debe haber más ahorro y mayor crédito.

Inician los pagos de Renta Ciudadana

El Departamento de Prosperidad Social inició este jueves 4 de enero el pago de Tránsito a Renta Ciudadana para 1.626.534 hogares no bancarizados, que reciben la transferencia a través de giros o corresponsales bancarios. A partir del 11 de enero, el Banco Agrario ofrecerá también cajas extendidas.

Estos pagos corresponden al quinto ciclo del programa, que iniciaron el pasado 27 de diciembre para los hogares que están bancarizados con el Banco Agrario. Para el quinto ciclo de Tránsito a Renta Ciudadana, hay un total 2.523.085 familias beneficiarias, en 1.104 municipios y 2 corregimientos del país. El Gobierno del Cambio invirtió en este ciclo más de 1 billón de pesos ($1´044.083.920.000).

 

La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, anunció que 16.383 familias del pueblo wayuu, que tienen niños y niñas en primera infancia, fueron incorporadas en este ciclo. Recibirán esta transferencia en municipios como Manaure y Uribia: allí el número de familias beneficiarias aumentó en cerca del 50 %. En Riohacha y Maicao, el número de familias vinculadas creció cerca de 20 %. El pago para estas familias se desarrollará de acuerdo con el cronograma y aliados establecidos para cada municipio.

Los beneficiarios recibirán una notificación a través de mensajes de texto (SMS) al número celular registrado en Prosperidad Social, con la información detallada de la modalidad de pago (ya sea bancarizado o por giro), el lugar y la fecha de pago (a través de un corresponsal bancario o en una oficina específica).

La alerta del DPS para no caer en estafas con llamas a nombre del programa de Renta Ciudadana

Prosperidad Social alertó sobre personas que estarían usando plataformas digitales para enviar mensajes falsos anunciando pagos por el programa de Renta Ciudadana. Esto como una modalidad de estafa para solicitar información personal y contraseñas bancarias para robar a la ciudadanía.

El quinto ciclo de pagos del programa Tránsito a Renta Ciudadana comenzó el pasado 27 de diciembre y se realiza a través del Banco Agrario.

 

Prosperidad Social recordó que, en ningún caso, solicita información personal, número de cuentas o claves bancarias, para que los beneficiarios inscritos accedan al pago. Además, todos los trámites son gratuitos.

Los cobros se realizan siguiendo este procedimiento: el usuario del programa recibe una notificación a través de mensajes de texto (SMS) al número celular registrado en Prosperidad Social con la información detallada de la modalidad del desembozo.

La ciudadanía debe estar muy pendiente de revisar cualquier mensaje que reciba. Todos los sitios web de las entidades del Gobierno Nacional, que son canales para obtener información estatal verificada, terminan en ‘.gov.co’.

Para los beneficiarios que se encuentren bancarizados, el abono se les realizará en sus cuentas de ahorro del Banco Agrario desde el 27 de diciembre en adelante.

A quienes no estén bancarizados se les otorgarán los beneficios a través de la red de corresponsales bancarios de aliados del 4 a 23 de enero del 2024.

Este beneficio solamente se le otorga a personas que, además de haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley, también hayan realizado la preinscripción en las convocatorias para la cuarta fase del programa Familias en Acción en los años 2021 y 2022.

De no haberse inscrito es improbable que reciba el subsidio, por lo que cualquier mensaje relacionado podría tratarse de un engaño.

Pierre García, exfuncionario del DPS, fue imputado por corrupción

Por un caso de corrupción en contratación, la Fiscalía General de la Nación imputó a Pierre García, exsubdirector de programas y proyectos del DPS (Departamento para la Prosperidad Social) durante la administración de Iván Duque.

«El exfuncionario habría aprovechado el cargo que ocupaba para asignar irregularmente un contrato superior a los 48.000 millones de pesos y 27 contratos más derivados de este», expuso la Físcalía.

 

Según el ente acusador, García habría recibido dádivas correspondientes a mil millones de pesos que involucra a la Empresa para el Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío’.

Vale la pena señalar que entre los investigados también figuran un senador, otros funcionarios públicos particulares y contratistas

A García le imputaron los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, pero él no los aceptó.

«El material de prueba da cuenta de que el exfuncionario habría aprovechado su cargo y participación en los comités de contratación del DPS, en 2021, presuntamente para orientar irregularmente la celebración del contrato interadministrativo No. 670 de 2021, suscrito entre el DPS y ‘Proyecta Quindío’, por 48.660 millones de pesos; y otros 27 proyectos relacionados con este proceso contractual», explicó la Fiscalía.

Este otro proyecto contemplaba la financiación de obras en los departamento Tolima, Quindío y Valle del Cauca. El dinero de las dádivas de mil millones habrían sido compartidas con un congresista.

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*Foto: prosperidadsocial.gov.co

El Departamento de Prosperidad Social y el Grupo Aval acuerdan trabajar juntos por La Guajira

Ante la comunidad Kaikashi del pueblo indígena wayuu, Prosperidad Social, en cabeza de su directora Laura Sarabia, y el Grupo AVAL, con la colaboración del Grupo Prisa, firmaron un acuerdo para trabajar conjuntamente en la transformación social y territorial de algunos de los principales municipios de La Guajira.

El objetivo de esta alianza es articular acciones que promuevan y fortalezcan las actividades orientadas hacia la sostenibilidad de los procesos de inclusión social y productiva, en los municipios de Manaure y Uribia. Tendrá en cuenta la cosmovisión y el conocimiento ancestral y matrilineal de las comunidades, a través de mecanismos para su participación, bajo un enfoque étnico y multicultural.

 

Se estructurará una estrategia de transformación territorial de largo plazo que, además de proveer soluciones a necesidades del territorio, cree las condiciones para la diversificación económica y el fortalecimiento del aparato productivo. Se busca potencializar sectores como el agrícola, el turístico, el comercio internacional y la producción de energías limpias, en el marco de una transición energética justa.

Esta labor comprenderá varios frentes de acción: seguridad alimentaria; proyectos productivos: centro de acopio, desarrollo, comercialización y exportación de mochilas y mantas;  frigoríficos para la adecuada conservación de carne de chivo y manejo para su comercialización; igualmente se evaluará la viabilidad y eventual impulso al proyecto de las salinas de Manaure; energía: apoyo al desarrollo de comunidades energéticas y la implementación de soluciones individuales a energía solar, o una granja solar a gran escala; y agua potable: desarrollo de soluciones para proveer de agua potable, como plantas desalinizadoras; y construcción y mejoramiento de pozos y jagüeyes.

“Hoy nos comprometeremos con la firma de este memorando a escribir una historia distinta para La Guajira. Una historia de unión, de inclusión. Con esta alianza queremos trabajar en conjunto para que el desarrollo de huertas, sistemas de riego y paneles solares sean una realidad en este territorio. Les invito a sumarnos a esa magia de hacer posible lo que parece imposible. A escribir una nueva historia para que la riqueza cultural y ancestral de La Guajira se extienda con todo su esplendor en el tiempo”, dijo Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social.

Por su parte, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez señaló: “Este es un proyecto de largo plazo; no venimos a la Guajira de visita. Llegamos para quedarnos a trabajar, en grupo con Prosperidad Social y las comunidades, y con la ayuda de W radio, en la construcción de soluciones concretas y tangibles para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de esta región. Queremos demostrarle al país que el trabajo en grupo, entre lo público y lo privado, no sólo es posible, sino que cuando existe la debida articulación podemos contribuir de manera significativa al progreso consciente y sostenible del país”.

Prosperidad Social aumenta inversión en Arauca

En el marco de los recorridos regionales que desde Prosperidad Social se están llevando a cabo, Laura Sarabia -directora del departamento- anunció un incremento del 150 % de inversión en Arauca.

“Este aumento en la inversión en transferencias monetarias, demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción de la pobreza extrema en la región.”, dijo Sarabia.

 

En total, la cifra es de 2 mil millones de pesos en mejoras de vivienda para la urbanización Las Playitas después de un convenio firmado con la Gobernación para beneficiar a 1.200 hogares con in programa de seguridad alimentaria integral en los municipios de en Fortul, Saravena, Tame y Arauca.

«El interés del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es volcar el interés hacia la Colombia profunda, para empezar a pagar la deuda histórica que se tiene con territorios como el departamento de Arauca”, concluyó Sarabia.

Con esto se busca la superación de la pobreza en el territorio. Vale la pena resaltar que con esta son cuatro ya las visitas que Prosperidad Social ha hecho en Arauca.

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*Foto: Cortesía

Gobierno puso en marcha el ‘Tránsito a Renta Ciudadana’

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), puso en marcha  el programa ‘Tránsito a Renta Ciudadana’, que garantizará a los hogares vulnerables un ingreso digno por encima de la línea de pobreza.

De hecho, mediante esta iniciativa se aumentará la población beneficiada de 1.900.000 hogares con Familias en Acción a 3.300.000 hogares, aproximadamente, lo que representa un incremento del 42,4%. En términos de inversión anual, se pasa de 1,7 billones de pesos a casi 7 billones de pesos, un aumento presupuestal de más del 400%.
Al respecto, el Presidente Gustavo Petro indicó que gran parte de los beneficiarios del programa serán madres cabeza de familia.

 

“En mi Gobierno más de 3 millones de hogares, especialmente los de las madres cabeza de familia, recibirán un ingreso digno. Hoy celebramos la puesta en marcha del programa Renta Ciudadana”, afirmó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
Durante la jornada que tuvo lugar en el Coliseo Live del municipio de Cota, el Gobierno del Cambio hizo entrega presencial de recursos a dos familias, específicamente la de María Elena Castillo, quien asistió acompañada de su esposo y sus hijos, y la de Yaitmín Ríos, quien llegó al evento con sus tres hijos menores de edad.

El programa tendrá cobertura en todo el país y una atención especial en los 466 municipios priorizados, de acuerdo con el mapa de hambre. Allí las familias recibirán los montos más altos. Llegará a 1.102 municipios y 3 corregimientos, garantizando el 100% de cobertura a nivel nacional, con mayor énfasis en la reducción de la inseguridad alimentaria para familias que residen en poblaciones con mayor situación de pobreza y prevalencia de desnutrición infantil.

Serán priorizados los municipios en categoría de vulnerabilidad muy alta y alta, es decir, 466 municipios del país, de estos, 167 corresponden a municipios PDET. Así mismo, se establece que las comunidades indígenas y las víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran en estos territorios recibirán hasta $500.000 para un total de 1 millón de pesos bimestralmente; siempre y cuando cumplan con las corresponsabilidades en salud y educación.

El Ingreso Solidario no continuará en el 2023

El Ingreso Solidario  inició en el 2020 en la época dura de la pandemia del Covid -19, y finaliza este 31 de diciembre de 2022.

El Presidente Gustavo Petro  había dicho a finales de octubre que el Ingreso Solidario tendría giros por 500.000 pesos en sus últimas entregas, pero que no serían para todos quienes lo están recibiendo. «Algunos perderán en ello y tengo que pedirles perdón pero la plata no alcanza para todo«, dijo en ese momento.

 

Se acaba este 31 de diciembre el Ingreso Solidario. Lo vamos a transformar en esto que queda del año de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas, puedan recibir 500 mil pesos mensuales”, indicó el mandatario.

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Por su parte, la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, se había pronunciado al respecto.

El subsidio se había dado en el marco de la pandemia para mitigar efectos. Había unos recursos limitados que no teníamos y el Gobierno anterior lo dejó dispuesto hasta el 31 de diciembre de 2022. Esa es la única transferencia que termina”, indicó Rusinque.

La directora del departamento afirmó que están creando una política pública que «corresponderá al principio o la orientación del nuevo Gobierno, en la que estamos apostando a un sistema no asistencialista, sino a garantizar un sistema de transferencias encaminado a impactar a la población más vulnerable. Además, con una oferta institucional integral que les permitirá superar ese estado de pobreza o pobreza extrema”.

Lo que esta claro, es que los programas correspondientes a Familias en Acción y Jóvenes en Acción si continuarían.

Foto: cortesía.

Reactivación económica: programa Empléate ha generado 1.993 puestos de trabajo

El programa Empléate generó 1.993 empleos formales, entre 2020 y 2021. El director (e) de Prosperidad Social, Pierre García Jacquier, dijo que la entidad ha invertido 6.657 millones de pesos en esta estrategia, para aportar al cierre de brechas de la inclusión laboral de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Empléate se ha ejecutado en dos vigencias. Busca fomentar el acceso efectivo y permanencia en el mercado laboral, eliminar o mitigar las barreras existentes, generar alianzas público-privadas y contribuir a la generación de ingresos en los hogares. “Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan los hogares en pobreza y pobreza extrema es el deterioro del componente laboral, en buena medida porque los miembros están ocupados en la informalidad. Esto se agravó durante la crisis sin precedentes causada por la pandemia”, dijo García.

 

Empléate es una iniciativa de pago por resultados, que está enfocada principalmente en vinculación laboral y en la permanencia en los puestos de trabajo. “Colombia es un referente internacional en este tipo de esquemas. En las dos vigencias del programa (2020 y 2021) hemos contado con la participación de 19 aliados estratégicos, que nos han conectado con 448 empresas, en 14 departamentos del país. Ha sido clave el rol de la empresa privada en la generación de oportunidades laborales para la población, y su compromiso con el proceso de cada uno de los participantes”, dijo García.

Los aliados han sido prestadores del Servicio Público de Empleo, a través de siete Cajas de Compensación Familiar: Comfenalco Valle, Combarranquilla, Cajasán, CAFAM, Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfiar; una agencia pública de empleo del SENA; y doce aliados privados y empresarios: Fundación Colombia Incluyente, Corporación Minuto de Dios, Corporación Gestión Empresarial, Fenalco Meta, Fundación Academia Sinú, Audiovisuales Surcolombiana, Tolimax, Cootrapensimeta, Andes BPO, Cámara de Comercio de Girardot, Consorcio Empleando con Oportunidad y Fundesmag.

En la versión de 2020, se vincularon laboralmente 1.264 participantes. En la de 2021 –que sigue en ejecución– hay 729 personas vinculadas laboralmente, hasta abril. De las 1.993 personas vinculadas a un empleo formal, 1.209 son mujeres. El 60 % de las personas vinculadas son jóvenes entre 18 y 29 años: 58 de estos jóvenes pertenecieron al programa Jóvenes en Acción, lo que permitió finalizar su ciclo de intervención. El programa permitió vincular a un empleo formal a 384 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado. Cerca del 10 % de la población beneficiada se autoreconoce afrocolombiana o negra.

Los participantes han expresado la importancia de este programa en medio de la crisis que se presentó en el mercado laboral a causa de la pandemia. “Empléate me ayudó a vincular laboralmente. Hago parte del Collect Center del Banco de Occidente: soy asesora de cobranza. El programa me ha permitido adquirir conocimientos del área bancaria y mejorar mis habilidades en este sector”, dijo Mónica Pozo, participante de Empléate en Cali.

El programa ha entregado otros beneficios a 7.662 personas: apoyo en los procesos de selección, mejoramientos de perfiles laborales y formación, para fomentar el desarrollo de habilidades y competencias de los participantes, que permitan la vinculación laboral a futuro.

Prosperidad Social abre 50.000 cupos nuevos para Jóvenes en Acción

Prosperidad Social abrió 50.000 nuevos cupos para el programa Jóvenes en Acción, informó el director (e) de la entidad, Pierre García Jacquier. El proceso de inscripciones comienza este lunes 23 de mayo y están abiertas hasta noviembre próximo. Pueden inscribirse estudiantes de universidades públicas, del SENA y de otras entidades aliadas.

Estos 50.000 cupos se suman a una ampliación histórica de la cobertura poblacional, anunciada en el Plan Nacional de Desarrollo. La entidad sobrepasó la meta desde 2021, al haber vinculado a más de 500.000 nuevos participantes a Jóvenes en Acción.

 

La convocatoria está abierta para jóvenes entre 14 y 28 años, que cuentan con un diploma de bachiller de media vocacional (grado 11), no tienen un título profesional universitario y están en una de las bases de focalización poblacional del programa, que certifican la situación de vulnerabilidad o pobreza: listados censales del ICBF, listados censales indígenas y Sisbén vigente.

“Los cupos no tendrán ninguna distribución por municipios. Es una bolsa general para todo el país que se distribuirá de manera equitativa entre los 78 convenios con las instituciones de educación superior, el SENA y las otras entidades aliadas”, dijo García. Para consultar los convenios vigentes pueden ingresar a:

El proceso que deben realizar para la inscripción tiene tres fases:

• Prerregistro: el estudiante debe acceder de manera virtual, y diligenciar un formulario que posteriormente le genera una clave de acceso al Portal de Jóvenes en Acción. Allí debe cargar documentación básica como documento de identidad y diploma de bachiller.
• Registro: Prosperidad Social valida los datos y documentos registrados.
• Formalización de la inscripción: la entidad recibe los reportes de las instituciones educativas en los que se debe encontrar matriculado el aspirante.
Los aspirantes deben cumplir con todas las fases del proceso de inscripción. La entrega de los incentivos comienza cuando sean verificados los compromisos solicitados por el programa. El programa envía una notificación para informar si el aspirante cumplió con los requisitos para vincularse.

García recordó que este programa es una de las ayudas institucionales que, tal como reportó del DANE recientemente, impactó positivamente en la reducción de la pobreza en 2021: “Es, además, un programa que tiene evaluados y medidos los efectos positivos y significativos en el acceso y permanencia en la formación académica de los jóvenes en el país, a través de las transferencias monetarias y habilidades para la vida”.

El programa dará prioridad a los estudiantes de primer semestre con el fin de contribuir a la estrategia de atención complementaria articulada con el programa Generación E componente de Equidad, el cual brinda un aporte en matricula y desde Jóvenes en Acción entrega un apoyo para sostenimiento a estos estudiantes.

Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno nacional que acompaña a los participantes en su formación técnica, tecnológica o profesional con la entrega de transferencias monetarias condicionadas, para mejorar las capacidades y oportunidades de movilidad social y condiciones de bienestar. Ofrece procesos pedagógicos para promover y fortalecer las habilidades para la vida.