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El 3 de septiembre de 1949, un avión estadounidense de reconocimiento atmosférico recogió muestras de aire sobre Japón. Al analizarlas, los científicos hallaron trazas de material radiactivo: la Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica. La noticia cayó como un rayo en Washington. Apenas cuatro años después de Hiroshima y Nagasaki, el monopolio nuclear de Estados Unidos había terminado.

Entre los estrategas de la Guerra Fría, el pánico se disfrazó de racionalidad. Algunos, como el secretario de la Marina Francis P. Matthews, propusieron convertirse en “agresores por la paz”. Otros, como el matemático John von Neumann, creador de la teoría de juegos, lanzaban frases escalofriantes: “¿Por qué no bombardearlos hoy?”. Era la lógica impecable del miedo, pero también la semilla de la locura. Cada decisión “racional” en favor de la seguridad terminaba haciendo al mundo más inseguro.

Todo este contexto y sus implicaciones están presentados con claridad y belleza visual en el documental de YouTube “The Evolution of Cooperation”, del canal Veritasium, una pieza monumental que traduce en imágenes lo que aquí apenas se puede resumir: cómo la inteligencia colectiva detrás de la cooperación puede salvar, o destruir, al mundo. Este artículo se basa enteramente en el documental por considerarlo una reflexión singular para la humanidad, más que necesaria y especialmente en esta actualidad tan incierta.

El dilema del prisionero

La paradoja que explica ese comportamiento se llama el dilema del prisionero, formulado en la década de 1950 por Melvin Dresher y Merrill Flood en la RAND Corporation, y popularizado por Albert Tucker. Dos jugadores deben elegir entre cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, ganan moderadamente; si uno traiciona mientras el otro coopera, el traidor gana más; si ambos traicionan, ambos pierden.

Razonando individualmente, “traicionar” parece siempre la mejor opción. Pero cuando ambos piensan igual, terminan en el peor resultado posible.

El dilema refleja, en miniatura, el drama nuclear: cada país decidió armarse para “no ser el tonto” que confía en el otro, y ambos acabaron atrapados en una carrera de destrucción costosa e inútil.

El torneo de Axelrod

Décadas después, el politólogo Robert Axelrod quiso entender cómo podía surgir la cooperación entre egoístas racionales. Organizó un torneo de computadoras: cada programa representaba una estrategia de decisión en el dilema del prisionero repetido cientos de veces. El experimento buscaba descubrir qué comportamiento prosperaba cuando las interacciones no eran únicas, sino continuas, como en la vida real, donde todos volvemos a encontrarnos.

Ganó la estrategia más simple, propuesta por el psicólogo Anatol Rapoport: Tit for Tat (“ojo por ojo”). Su regla era elemental: empezar cooperando y, a partir de ahí, imitar la última jugada del otro. Si el otro cooperaba, se cooperaba; si traicionaba, se castigaba una sola vez; y si volvía a cooperar, se perdonaba.

Cuatro reglas para sobrevivir

De esos torneos, Axelrod extrajo cuatro reglas que explican por qué la cooperación puede ser estable:

• Ser bueno: no traicionar primero.
• Ser claro: que tus intenciones sean comprensibles.
• Ser vengativo: castigar la traición, pero solo una vez.
• Ser indulgente: perdonar cuando el otro vuelve a cooperar.

El hallazgo fue sorprendente: la estrategia más ética era también la más eficaz. En los juegos iterados, resultó que la cooperación no era ingenuidad sino inteligencia.

El segundo torneo y el ruido del mundo real

Axelrod repitió el torneo con un cambio crucial: los jugadores no sabían cuántas rondas duraría el juego. Esa incertidumbre imitaba mejor la vida real, donde nadie sabe cuándo termina una relación, un negocio o una tregua. El resultado confirmó la lección anterior: las estrategias buenas, claras, vengativas e indulgentes volvieron a dominar.

Pero el experimento introdujo una nueva variable: el ruido, los errores de comunicación o percepción que pueden romper la cooperación. Como en 1983, cuando un oficial soviético, Stanislav Petrov, evitó una guerra nuclear al desconfiar de una falsa alarma de misiles estadounidenses. En contextos con ruido, Axelrod demostró que la mejor estrategia es el Tit for Tat generoso: mantener la reciprocidad, pero con una pequeña dosis de perdón. Esa pequeña concesión puede salvar la paz.

De los juegos a la vida

El dilema del prisionero no es una curiosidad matemática: está incrustado en la vida cotidiana, en la economía, en la política y hasta en la naturaleza. Las especies que sobreviven, desde los impalas africanos hasta los humanos, lo hacen porque cooperan a largo plazo. La cooperación repetida crea confianza y prosperidad; la traición constante crea ruina.

Si la colaboración es tan eficaz, ¿por qué los humanos actuamos al revés? En parte, porque confundimos cooperar con participar en el sistema. El capitalismo funciona gracias a una vasta red de colaboración anónima: millones de personas que, sin conocerse, hacen que la sociedad funcione. Pero no lo debemos confundir con la solidaridad. La solidaridad es un acto consciente de reciprocidad, una cooperación con sentido, que busca el beneficio mutuo, no la ventaja individual.

La paradoja humana

Y aquí la pregunta brutal: si la cooperación es ganadora, ¿por qué la humanidad no coopera para resolver sus problemas comunes?

¿Por qué seguimos compitiendo en una carrera absurda por el poder y la riqueza mientras el planeta se agota, la desigualdad crece y millones viven sin dignidad?

La respuesta duele: no actuamos inteligentemente. Hemos desarrollado tecnologías asombrosas, pero no la inteligencia ética para usarlas cooperativamente. En términos de Axelrod, somos jugadores que siguen el peor algoritmo: desconfianza preventiva, castigo infinito, opacidad total.

Quizás, como especie, estamos atrapados en un dilema del prisionero global, incapaces de entender que nadie gana solo. Y que la verdadera inteligencia, la colectiva, consiste en cooperar sin ingenuidad, castigar sin odio y perdonar a tiempo. Solo entonces podremos decir que hemos aprendido a jugar el juego de la vida.

Rafael Fonseca

«La plata ya no alcanza como antes» es una frase frecuente que se escucha entre los colombianos, sin importar su estrato socioeconómico. Es una queja permanente. La percepción de las personas, que sale registrada en los estudios que se hacen al respecto (Raddar citado en Portafolio, 2025), revelan que la capacidad de compra de los hogares ha disminuido sistemáticamente, incluso en años en los que el salario mínimo ha subido por encima de la inflación. Algo no cuadra; las cifras oficiales del Índice de Precios al Consumidor -IPC- informa una inflación menor a la que se “siente” en los bolsillos de la gente.

Los precios suben por muchas razones. Algunas corresponden a los aumentos en costos como las alzas en la gasolina, los alimentos y el transporte, por ejemplo. Otras provienen de decisiones macroeconómicas, como la emisión monetaria, alza de tasas de interés, tipo de cambio o presiones externas como guerras o pandemias, e incluso de mayores impuestos. Al final el resultado es el mismo: todo sube, y rara vez baja. Esa es la inflación de precios. Y aunque se la intente compensar con políticas salariales, hay un desfase no suficientemente explicado entre lo que sube el costo de vida y lo que sube el ingreso.

En nuestro país cada año se reúne una mesa compuesta por empresarios (representados por gremios, algunos de grandes empresas), sindicatos y el Gobierno nacional para definir el aumento del salario mínimo. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo toma la decisión por decreto. Teóricamente, el aumento debe reflejar la inflación del año anterior más un porcentaje de aumento de la productividad lograda, revisando lo que se espera de inflación en el siguiente año. En los últimos años, con alta inflación, el aumento ha sido mayor. Pero esto no ha garantizado que los trabajadores estén recuperando su poder adquisitivo como sí lo aclara la Corte Constitucional en la sentencia C-408-21.

Y no todos los trabajadores se ven beneficiados. Colombia tiene una tasa de informalidad laboral de cerca del 55.2%, según el DANE (2025), lo que significa que más de la mitad de los trabajadores no necesariamente están cubiertos por el aumento del salario mínimo. Además, muchos trabajadores formales ganan más que el mínimo, pero sus incrementos no siempre siguen la misma lógica de ajuste.

Si el salario mínimo sube para compensar la inflación, ¿por qué la gente siente que no se actualiza su poder adquisitivo? Normalmente se esgrimen posibles razones, como que el IPC mide una canasta promedio, que no necesariamente refleja la realidad de todas las familias. Por ejemplo, los hogares más pobres destinan más a alimentos, transporte y arriendo, sectores donde los precios han subido por encima del promedio. Esto indica que hay que estudiar con mayor profundidad la problemática para buscar soluciones rápido, porque pasan los años y vuelve la misma conclusión recurrente sin correcciones, la gente sigue empobreciéndose y fuera de todo, es una obligación para el Gobierno (tal cual lo aclara con toda claridad la sentencia de la Corte Constitucional). También hay quienes sugieren que debe ser que los resultados del IPC se alteran dado que es un indicativo fuerte de la política en curso; una conjetura de la calle a partir de la falta de explicación convincente. Lo cierto es que no hay nada completamente cierto y claro para explicar esta “sensación”.

Desde 2021 le sigo la pista a esta incógnita, puesto que no hay respuestas contundentes. En ese momento escribí el artículo “Regalo fugaz: salario mínimo” (Fonseca, 2021) en donde, aguando la fiesta del 10% anunciado por el presidente Duque con bombos y platillos (con una inflación registrada del 5% y contando con la sensibilidad generalizada del momento postpandemia), advertí que no alcanzaría a disfrutarse ni un mes ya que se vendrían unas alzas generalizadas muy fuertes, tal cual como pasó. Ese año, 2022, la inflación terminó en 13.12%. Me quedó la conclusión desde entonces que la actualización del poder adquisitivo en enero de cada año no era suficiente para compensar los aumentos de precios que se dan durante el año. Esta vez me propuse hacer los análisis encontrando un error aritmético, del cual no encuentro una discusión seria, y que simplemente parece aceptarse por todo el mundo, y la gran mayoría sin entender nada. Sus consecuencias son brutales para la gente y que explica en parte, esto sí, por qué la gente siente que el sueldo no alcanza, o alcanza cada vez menos. Pero además, no se ajusta a la ley (ver la sentencia C-408-21).

La situación es la siguiente: el salario se ajusta en enero con base en la inflación del año anterior (como mínimo, dice la norma), para que le sirva de ingreso renovado para el siguiente año, pero durante ese año el trabajador va a perder capacidad de compra mes a mes por la inflación mensual intra-anual. No se trata solo de que la plata ya no alcance en diciembre: no alcanzaba desde marzo, desde julio, desde septiembre. Esa pérdida nunca se recupera. Hace parte del empobrecimiento gradual de la gente.

Este error de cálculo genera una erosión silenciosa. Por ejemplo, en 2007, el valor real del salario mínimo ajustado por inflación se erosionó en un 61% durante el año, lo que significa que solo el 39% del aumento fue efectivamente útil para compensar la pérdida de poder adquisitivo. El salario mínimo de ese año fue 433,700 $/mes, por lo que el trabajador perdió durante el año $201,437 (algo cercano a medio salario mensual), o lo que es igual a que el aumento real del salario mínimo hubiera sido solo del 3.9% y no del 6.3% (lo decretado).

Este error en el cálculo produjo una pérdida acumulada de 2000 a 2024 de $11’350,000 (a pesos de 2024) en los ingresos de un trabajador con salario mínimo. Un empobrecimiento invisible.

En la tabla 1 se muestra el calculo del error en cada año, y lo que ha debido ser el aumento del salario mínimo en su momento para que los trabajadores no perdieran su ingreso por la inflación mensual intra-anual. Para 2025 se supone una inflación de fin de año de 4.81% (BanRepública, 2025) y un escenario alto para 2026 con un comportamiento similar a 2025. Esto arroja, que si se está pensando en un 7% el aumento del salario mínimo debería ser de 11% para evitar que el ingreso de los trabajadores se erode durante 2026 por efectos del error de cálculo, y cumplir con la ley: “… derecho constitucional en cabeza de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario” (sentencia C-408-21).

Corregir esto es sencillo desde el punto de vista técnico: la fórmula para iniciar la discusión del aumento del salario mínimo no debería partir de la inflación del año anterior sino de esa inflación dividida por uno menos el porcentaje de pérdida de ingreso causada por la inflación intra-anual (el 66% del ejemplo de 2007). Ese debería ser el nuevo punto de partida, antes de considerar la productividad y la negociación política. De esa forma, se evitaría que el trabajador arranque cada año perdiendo la inflación intra-anual. Es una corrección de un error, no una concesión.

Como algunos argumentan que aumentar más el salario mínimo puede disparar la inflación, hay que recordar que la evidencia empírica, incluida la del Banco de la República citada por Portafolio (2025), señala que el impacto es acotado: un aumento del 1% en el salario mínimo genera solo entre 0,10% y 0,16% de incremento en la inflación total. Y ese efecto se concentra principalmente en servicios intensivos en mano de obra, como restaurantes o peluquerías, donde el componente salarial es más alto. En la mayoría de los sectores empresariales, los salarios representan entre el 5% y el 15% de los costos totales, por lo que el impacto directo sobre los precios es marginal. Parece que no hay justificación técnica para negarle a los trabajadores una compensación justa alegando efectos inflacionarios generalizados, aunque se sabe que hay un bucle de retroalimentación entre ambas variables. También se advierte que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación destruyen empleo; sin embargo, según BanRepública (2020) “un aumento del SM real de 1% produce una pérdida de puestos de trabajo de 0,7% en un horizonte de uno a dos años”, es decir, también efectos acotados.

Y una reflexión adicional.

Lo que sí es sistemático es que las grandes empresas reportan utilidades crecientes y enormes en muchos casos, como Davivienda que reporta 66% en el segundo trimestre o Argos con 161% en el primer semestre de este año, pero que hacen parte de las voces que normalmente insisten (a través de sus gremios) en que no hay margen para subir el salario mínimo más allá de la inflación. Esto, en una economía en la que más de la mitad de los trabajadores está en la informalidad y la otra mitad ve su salario erosionarse cada mes, es una posición muy difícil de defender, por decir lo menos.

Es necesario repensar estos mecanismos estructurales de desigualdad. Con prioridad, hay que arreglar el error aritmético que señalo, pero se debe ir más allá, y generar otras formas de ayudar a la población para mejorar sus condiciones, cuando las utilidades de las empresas tienen el margen para hacerlo. En Ecuador, por ejemplo, se exige por ley que las empresas distribuyan el 15% de sus utilidades con los trabajadores (MinTrabajo, Ecuador).

La negociación del salario mínimo este año debería ser diferente. Gobierno, empresarios y sindicatos: como primera medida, hay que corregir el error que ha empobrecido, en silencio, a millones de colombianos por décadas. El salario mínimo debe compensar la pérdida del ingreso mínimo erodado mes a mes por la inflación inter-anual.

Pero las discusiones deberían estar basadas en todos los estudios disponibles en forma objetiva y sin sesgos, y francamente no adoptar expresiones clichés para hacer advertencias de debacles si se sube el salario mínimo en pequeños porcentajes mientras que las utilidades de los empresarios que discuten el salario mínimo se leen en porcentajes de varias decenas.

Rafael Fonseca Zarate

Uno de los aspectos de la vida humana en los que los políticos y el poder económico logran una polarización violenta es el medio ambiente. De no creer: en las condiciones generales de vida sobre la tierra no hay distingos; si la casa mayor se estropea para la vida humana, todos sufriremos. La desigualdad hará que los poderosos la pasen menos mal, pero nadie quedará indemne.

En Colombia, el vínculo de la izquierda con la defensa de la tierra tiene raíces campesinas: la toma de baldíos, la confrontación contra el latifundio, los asesinatos de defensores ambientales. La violencia ligada a la apropiación ilegal de tierras y posteriormente al narcotráfico convirtió en automático el constructo de que proteger la naturaleza era “cosa de la izquierda”. Así, el dogma se instaló en ambos extremos: quienes defienden la tierra quedan estigmatizados de izquierda, y quienes la depredan justifican su acción como defensa del orden o del desarrollo, de derecha.

Este dilema es especialmente estúpido, en su acepción de diccionario de torpeza notable para comprender las cosas, porque pone en riesgo la vida de todos. Desde la razonabilidad, en el sentido que la entiende Savater frente a la mera racionalidad instrumental, ni siquiera debería existir debate y mucho menos polarización. Incluso si los negacionistas tuvieran algo de razón, desde el principio de prudencia del derecho romano se zanja: ante la duda, abstente. En cuestiones de riesgo mayor, la lógica exige prevención.

La divulgación del problema ambiental ha perdido fuerza porque guerras y conflictos políticos parecen más urgentes. Pero la amenaza climática sigue como espada de Damocles sobre la humanidad. Como suele ocurrir, lo urgente desplaza a lo importante. Y quizá solo cuando toquemos fondo, ese sufrimiento extremo que Dostoievski describe como detonante de transformación, reaccionaremos. El riesgo, advierten los científicos, es que para entonces sea demasiado tarde.

La polarización política también ha golpeado a la ciencia. En Estados Unidos, el presidente Trump convirtió a los investigadores del clima en blanco de ataque ideológico, priorizando beneficios monetarios inmediatos frente a la razonabilidad preventiva. La racionalidad económica se ha impuesto a la fuerza sobre la prudencia que salvaguarda la supervivencia.

Con esta perspectiva, la polarización ambiental resulta insulsa. Cada cual puede creer lo que quiera, pero la razonabilidad, en términos de supervivencia, debería llevarnos a actuar al unísono.

En términos estratégicos, aparece la brecha entre lo que “debiera ser” y lo que efectivamente “pudiera hacerse” (Fonseca, 2014). Lo deseable sería que la razonabilidad prevaleciera. Pero la desigualdad extrema del mundo y el poder económico aferrado a la utilidad inmediata impiden esperar una respuesta rápida y seria. La única salida parece ser virar los incentivos: alinear los intereses de quienes concentran el poder con la urgencia de atender la crisis ambiental.

Aquí Edgar Morin, padre del pensamiento complejo, ofrece luces. En su reciente libro “Despertar” reconoce la paradoja: detener el crecimiento económico es necesario para salvar el planeta, pero mantener el crecimiento es imprescindible para que funcionen las sociedades modernas. Los líderes suelen optar por los intereses particulares e inmediatos, manteniendo el crecimiento. Morin propone una política inteligente declarada: decrecer en lo que contamina y destruye, crecer en lo que protege y regenera (Despertar, Morin, 2024).

A esa visión conviene añadir una dimensión más: no solo promover lo regenerativo, sino impulsar sola la innovación que desde el inicio no destruya (Fonseca, 2020). La transición energética debe ir más allá de sustituir lo existente; debe anticipar las nuevas y crecientes demandas sin repetir errores. El reto no es menor: ampliar un mercado donde múltiples oferentes compitan con soluciones limpias, bajo reglas que internalicen el costo de reparar la naturaleza y marginen monopolios.

Si no hemos logrado contener al capitalismo voraz, al menos podemos reorientar su energía: desplazar la producción contaminante hacia la regenerativa e insertar lo ambiental en los flujos del mercado, para que incluso los actores más poderosos tengan incentivos de permanencia bajo un paradigma distinto. Paralelamente, debemos abordar la otra crisis que Morin señala: la del pensamiento. El cambio climático no solo exige soluciones técnicas, sino un viraje cultural y cognitivo que nos permita pensar de manera más compleja y menos fragmentaria.

El desafío es enorme: conjurar la amenaza vital lo más pronto posible, dentro de las mismas reglas humanas que han creado esa amenaza. Con este enfoque, la polarización sobre el medio ambiente se revela por lo que es: un absurdo peligroso. Frente al riesgo mayor, la única opción razonable es actuar. No hacer nada no es, ni de lejos, una opción inteligente.

Rafael Fonseca Zarate

Si alguien dice “los colombianos son creativos”, nadie suele protestar por esa generalización. Pero si alguien dice “los colombianos son perezosos”, el rechazo aparece de inmediato: “¡no generalice!”, dirán muchos de los que escuchan. Esto muestra que una generalización, por sí misma, no siempre es el problema; lo decisivo es lo que implica para quien la escucha. Esa reacción suele estar más relacionada con una resistencia emocional que con un análisis racional: un sesgo afectivo o sesgo emocional, en el que las emociones pesan más que la razón y en el que la lógica llega después, solo para justificar la postura asumida.

Este tipo de sesgo es el terreno fértil en el que se construyen las polarizaciones, que suelen ser profundamente emocionales, incluso irracionales. Lo más problemático es que el sesgo puede volverse invisible para quien lo padece: quien está inmerso en él no percibe su propia parcialidad, porque su lógica interna acomoda todas las piezas de su pensamiento a lo que le resulta aceptable a su intelecto.

No solo la proximidad de las elecciones de 2026, sino en especial la coyuntura generada por la definición en primera instancia del juicio al expresidente Álvaro Uribe, han vuelto a encrespar los ánimos.
La polarización, otra vez, se ha instalado con fuerza en el debate cotidiano, metiéndose en las conversaciones de la gente común, reafirmando a quienes creen lo mismo dentro de sus tribus virtuales, repitiéndose una y otra vez las mismas ideas de siempre, o abriendo nuevas distancias, e incluso enemistades, entre quienes piensan distinto. Y los odios entre los extremos se exasperan.

Los polarizados suelen creer que solo existen ellos y sus opositores: fuera de esa dicotomía, no hay nada más. Esa percepción no es casual, sino inducida: es una estrategia bien conocida por los polarizantes, aquellos que diseñan, siembran y cosechan la polarización para su propio beneficio. En Colombia, la ecuación parece inamovible: petristas contra uribistas, sin espacio para nadie más. Y sin embargo, según las encuestas, en un “promedio de promedios”, los primeros conservan un 30 % y los segundos un 10 % del electorado: incondicionales, activistas, movilizados por la confrontación.

Tras el resultado del juicio al expresidente Uribe, tanto petristas como uribistas parecen convencidos de que la coyuntura les favorece. Los primeros lo ven como un triunfo simbólico; los segundos, como una oportunidad para reagrupar fuerzas.
Ambos apuestan a que, por una razón o por la otra, lograrán cautivar a los votantes del centro, esa mayoría silenciosa que, en últimas, define las elecciones, como si ese centro estuviera esperando ser absorbido por alguno de los dos extremos.
No por casualidad, en ambos lados buscan presentarse como cercanos al centro, adoptando etiquetas como “centro-izquierda” o “centro-derecha”, según convenga.

La paradoja es evidente: los mismos sectores polarizados que desprecian al centro intentan, al mismo tiempo, captarlo. Para lograrlo, han promovido con éxito la idea de que el centro es sinónimo de tibieza, y que quien no toma partido radical no tiene criterio político. Un ejemplo claro de esa estrategia es la estigmatización de Sergio Fajardo como “tibio”.
Pero esa caracterización no se sostiene. Fajardo no es tibio: su perfil político está claramente definido, aun cuando no encaje en las etiquetas tradicionales. Estar en el centro no es evitar el conflicto ideológico, sino rechazar las fórmulas cerradas de ambos extremos. El centro no se desentiende de la política: la examina con juicio, identifica lo que no le convence de la derecha y de la izquierda, y elige con criterio propio.

Esa es la diferencia. El llamado centro es, precisamente, lo contrario del “todo o nada” que domina en los extremos ideológicos:
Desde el centro se comprende, y se reivindica, una combinación razonada de elementos esenciales para la vida democrática:
La libertad individual, la propiedad y la iniciativa privadas, un capitalismo funcional que no derive en corrupción ni en concentración excesiva de la riqueza.
Pero también se reconoce el papel imprescindible del Estado como regulador de mercados que son, en la práctica, imperfectos.
Se entiende la urgencia de ayudar a los ciudadanos a salir de la trampa de la pobreza, lo cual requiere garantizar acceso efectivo a educación, justicia, salud y condiciones de vida digna.
Y se acepta la necesidad de estructuras impositivas lógicas que permitan al Estado cumplir esa misión.

Sin siquiera entrar a discutir los extremos más radicales, donde, inevitablemente, se pierden las libertades en nombre del poder, ya sea bajo autoritarismo o fascismo, lo cierto es que mientras los polarizados militan con sus sesgos emocionales, los ciudadanos del centro, que son la mayoría, están esperando propuestas. Y no más improperios, insultos, miedos ni amenazas disfrazadas de estrategia. Es hora de que los precandidatos entiendan que al centro no se le evangeliza: se le convence con ideas y propuestas.

El centro está hastiado de todas esas estrategias de miedo, ya desgastadas y repetidas hasta el cansancio. No funcionará seguir invocando la lucha de clases, ni apelar a una versión reciclada del socialismo del siglo XXI, que ya ha mostrado sus fracasos. Tampoco asustará al votante no polarizado la amenaza de que “nos vamos a volver como Venezuela” o, más recientemente, la insinuación viral de que se avecina un fenómeno similar al nazismo.
Nada de eso convencerá al votante de centro, que tiene la opción, y la madurez, de escuchar, pensar, discernir, y dejar de tener que elegir siempre al menos malo.

Los precandidatos, si quieren ser tomados en serio, deben enfocarse en propuestas sesudas, bien elaboradas, argumentadas con rigor. El país necesita respuestas reales para reducir la pobreza extrema y aliviar el sufrimiento de millones que viven con mala alimentación, vivienda precaria, acceso limitado y deshumanizado a la salud, pocas oportunidades para remontar la pobreza, y un sistema de justicia que funciona de manera injusta.
Necesitamos mejorar la calidad de vida y el bienestar general, no solo el de las clases altas que no enfrentan esos problemas.

Para lograrlo, se requieren sus propuestas para una mejor planeación de las intervenciones e inversiones del Estado, potenciar la competitividad del país y sus empresarios, reducir la corrupción en todas sus dimensiones, incluyendo el desafío de enfrentar al aparato político del que los mismos precandidatos provienen, y racionalizar los impuestos con los que el Estado puede financiar todo lo anterior.

Una mención final, necesaria, para el cáncer de la corrupción.
Muchos economistas analistas, con razón, señalan que los montos robados son pequeños si se comparan con el total de las finanzas públicas. Y es cierto que, por sí solos, no explican el atraso del país en términos de desarrollo y bienestar. Pero ahí no termina el daño. Los efectos intangibles de la corrupción son brutales: distorsionan la planeación estatal, sacrifican metas de largo plazo, y pervierten decisiones públicas para favorecer el saqueo. La eficiencia del gasto se derrumba no solo por lo que se roba, sino por lo que se deja de hacer bien para proteger los intereses que roban.
Ese será el tema de nuestra próxima reflexión.

Rafael Fonseca

Para nadie medianamente enterado resultará desconocido que el mundo está en una agitación creciente en las últimas décadas, que cada vez se va energizando más, haciéndose más amenazante, y provocándonos más y más incertidumbre.

El mundo hoy se encuentra sumido en una compleja maraña de tensiones geopolíticas, económicas y sociales que se retroalimentan y amplifican entre sí. Las guerras comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China, no solo están reconfigurando el comercio internacional, sino que han expuesto fracturas profundas en el orden económico mundial. A esto se suman los conflictos armados, como la guerra en Ucrania que es un ejemplo claro de la creciente competencia por el control de recursos estratégicos y el alineamiento de potencias mundiales. La reciente confrontación entre Irán e Israel, en la cúspide del ajedrez geopolítico, que pone de manifiesto la peligrosidad de lo que las tensiones mundiales pueden desencadenar, y que aparentemente aún resuelven los EE.UU. Mientras tanto, el cambio climático que avanza sin freno, exacerbando las desigualdades sociales y aumentando la presión sobre gobiernos y poblaciones. A la par, la aceleración de la tecnología, en particular la inteligencia artificial, que ya se ve ad-portas de superar la capacidad humana de gestión, creando un panorama de incertidumbre donde los equilibrios del pasado parecen desmoronarse, abriendo la puerta a un futuro impredecible y repleto de desafíos.

Probablemente estemos asistiendo a un cambio de turno en la hegemonía de los EE.UU. que irremediablemente confluye en lo financiero. En su libro El Gran Reinicio (2013), Willem Middelkoop predijo un posible cambio estructural en el sistema financiero global, en el que el dólar estadounidense, hasta ahora la moneda de reserva mundial, podría perder su rol central en las transacciones internacionales. Según Middelkoop, la creciente deuda global y particularmente la inmensa deuda interna en EE.UU. junto con su persistente déficit fiscal, las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, en específico la Reserva Federal, y la pérdida de confianza en el dólar, conducirán a un colapso gradual de este sistema, abriendo paso a una reconfiguración del orden financiero mundial, en donde monedas como el yuan o los Derechos Especiales de Giro del FMI podrían tomar el relevo. Este proceso, que ya está en marcha, se refleja en las acciones de países como China y Rusia, que han buscado crear alianzas económicas y monetarias fuera del control del dólar. Iniciativas como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y los acuerdos bilaterales entre estas potencias para realizar transacciones en sus propias monedas, son pruebas claras de que el mundo se está alejando del dólar como moneda dominante, pese a los esfuerzos de los EE.UU. por evitarlo, tanto financieros, comerciales como geopolíticos; esfuerzos que últimamente han parecido torpes para muchos analistas mundiales, porque parecen ayudar al declive en vez de contrarrestarlo. Según datos recientes, gran parte del comercio bilateral entre China y Rusia ya no se realiza en dólares de EE.UU. sino en sus propias monedas o en trueque (Comercio bilateral ruso-chino) (Trueque ruso-chino) (China Track) (Bolsa rusa en yuanes). Al mismo tiempo las reservas en oro de ambos países se han acrecentado para alejarse del dólar como moneda de reserva (Reservas en oro)(Monedas de reserva). Estos movimientos reflejan lo que Middelkoop anticipó como un proceso de desdolarización gradual, un proceso que, de consolidarse, marcaría el fin de la hegemonía estadounidense y una redefinición del poder financiero global. Mientras esto sucede, el poder de influencia de EE.UU. caerá a la par que las capacidades bélicas de China y Rusia se acerquen a las suyas.

Nosotros hemos crecido a la sombra de EE.UU. pero no hemos sido ni sus protegidos ni hemos compartido pactos sólidos que nos garanticen protección. Por eso, nuestra incertidumbre es, de manera natural, mucho mayor. Hemos confiado en su relato, en el que los malos eran quienes les parecían los malos a los EE.UU. sin cuestionar. Ahora empezamos a darnos cuenta de que ese gigante que parecía el bueno podría no serlo tanto, y nos enfrentamos al reto de definir nuestra posición en un mundo que ya no sabemos cómo será. La frase del escritor Mauricio García Villegas «Los jóvenes actuales son la primera generación que no tiene ni idea cómo va a ser el mundo en 40 años» resume con agudeza la brutal la incertidumbre que nos embarga (El País, 2025).

Aquí no solamente están confluyendo las fuerzas financieras, geopolíticas y de tecnología interrelacionadas sino que también entra el juego el cambio climático, cuyas consecuencias más severas están comenzando a manifestarse, producto del desenfrenado uso de los ecosistemas durante el último siglo.

La pregunta que nos debería gravitar en nuestras mentes sería ¿cómo nos tendríamos que irnos posicionando ante los diferentes escenarios, para que al menos tuviésemos la oportunidad de preparar algunas mejores herramientas de adaptación para no ser simplemente arrasados por las tormentas mundiales a las cuales muy probablemente estaremos expuestos en los próximos años? No sabemos qué tan rápido llegarán, pero tenemos la sensación de que no serán legadas a otras generaciones.

¿Cómo es posible que, hacia adentro, estemos atrapados en semejantes enredos interminables, sin superar en prácticamente nada la violencia que nos acompaña desde la conquista, ni cosechar una cultura colectiva que nos permitiera mínimamente pensar en reforzamientos como sociedad para cuando se nos vengan esas tormentas?

Vivimos en una maraña asfixiante de corrupción, de malos gobernantes más interesados en sus beneficios personales, mientras sentimos que se nos acerca el precipicio. Sin prepararnos como deberíamos en conocimientos científicos -incluyendo los sociales-, en cerrar la brecha tecnológica, para que nos proteja del mundo hiper tecnificado que va a gran velocidad mientras nosotros sabemos que estamos retrocediendo en general. El mundo real está tomando posiciones y estudiando probabilidades, y nosotros discutiendo los mismos problemas desde el grito de la libertad.

No es posible que nuestra inteligencia no nos alcance (esa de la que tanto nos preciamos entre nosotros o comparándonos con los iguales a nosotros) para hacer un “gran reinicio” político que nos conduzca a recuperar tanto tiempo perdido y cerrar las brechas fundamentales para enfrentar el futuro. Político, porque la política es la ciencia del poder colectivo para el bien colectivo, que nos debe liderar a erigir las defensas para enfrentar las tormentas mundiales de todo orden que se vienen. De lo contrario, vamos a ser simplemente arrasados y subyugados. Hay que reaccionar ante estas realidades superiores; para no confundirnos, la reacción es muchísimo más allá de la politiquería y la polarización actuales que resultan nimiedades frente al reto gigante de salvarnos como pueblo ante lo que nos acecha en forma inminente.

Rafael Fonseca Zarate

El 5 de mayo, el presidente Petro afirmó que “los puertos del país están cooptados por el narcotráfico y el contrabando” y que era el momento de cambiar su administración, dada la violencia creciente en las ciudades donde operan. Además, mencionó que se estaban analizando temas jurídicos y hasta proyectos de ley. Hablaba de los puertos de Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y el aeropuerto de Bogotá. Indicó que se revisaría el papel de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la DIAN, a quienes culpó de haber «fracasado«. Concluyó diciendo que era necesario cambiar “el método de vigilancia y administración de los puertos” (Prensa Presidencia, 2025).

La declaración inmediatamente encendió las alarmas entre los concesionarios portuarios, operando bajo la Ley 1 de 1991 (La República, 2025), quienes fueron respaldados al día siguiente por organizaciones como la Andi, Analdex y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). La CCI, a través de su presidente Juan Martín Caicedo, respondió -con toda razón- señalando que el Estado, en cabeza del Gobierno, es el responsable de erradicar y controlar el narcotráfico y contrabando, incluso en la infraestructura concesionada como puertos, aeropuertos y carreteras (El Colombiano, 2025).

Dos días después, Petro aclaró que no cambiaría la administración de los puertos, sino la vigilancia, que actualmente está bajo el control de mafias (La W, 2025).

El problema que el presidente Petro puso sobre la mesa es sumamente grave, y aunque la administración (operación) de los puertos es muy compleja, la cuestión de la seguridad, particularmente contra el narcotráfico y el contrabando, lo es más y sigue siendo una tarea pendiente del Estado. Si bien Colombia ha alcanzado buenos resultados operativos con puertos en manos privadas (J.M.Caicedo, X, 2025), se convive con una situación crítica que no se debe ignorar.

Un puerto es un epicentro de actividad comercial internacional, lo que lo convierte en un objetivo para el narcotráfico en un país como Colombia, principal productor mundial de cocaína (Statista, 2024), concentrando un punto de alto riesgo. La violencia y corrupción derivadas de este fenómeno son inmensas. Como bien lo expresó Caicedo, el control de estas actividades depende directamente de la Policía y el Ejército, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, aunque los concesionarios deben estar disponibles para colaborar con las autoridades.

El manejo de puertos es peligroso para los operadores privados en un contexto como el colombiano. Es común que haya muertos entre los empleados que no cooperan con las mafias. La corrupción es casi ilimitada, ya que, aunque se conozcan patrones de operación ilícita, los traficantes están permanentemente inventando nuevas formas de contaminación (con droga) y/o vulneración de procesos que funcionen bien. Las estrategias de seguridad deben ser excepcionalmente inteligentes, y más, considerando que las mismas entidades encargadas de la seguridad son vulnerables al poder corruptor de los traficantes.

La clave es eliminar la dependencia de personas, o al menos de personas identificables, en la toma de decisiones para evitar la contaminación de la carga. La política pública en seguridad portuaria debe extenderse más allá de la estrategia policial y de inteligencia policial e incluir las operaciones logísticas. Por ejemplo:

1. Inteligencia preventiva y reacción: Todas las actividades de inspección, incluyendo perfilamientos y chequeos, deben ser gestionadas por la Policía como autoridad responsable. La inteligencia de seguridad debe ser rigurosa, utilizando la más avanzada tecnología y sistemas automatizados para detectar posibles actividades delictivas.
2. Recintos portuarios aislados: Todos los puertos deben contar con áreas de alta seguridad, completamente aisladas del exterior y equipadas con tecnologías avanzadas que permitan anticiparse a actos ilícitos. Específicamente, las medidas en el costado de los muelles deben ser mejoradas por ser normalmente muy vulnerables.
3. Inspección rigurosa de cargas: Cada carga que ingrese al puerto debe ser inspeccionada a fondo con rayos X para escanear los contenedores y vehículos de transporte. Las imágenes generadas deben ser interpretadas mediante sistemas de inteligencia artificial que emitan alertas automáticas ante cualquier anomalía, para luego activar una respuesta inmediata de la Policía.
4. Control estricto en los patios: Se debe implementar un «toque de queda permanente» en los patios y muelles, de manera que ninguna persona pueda transitar sin estar completamente identificada y autorizada. Los conductores de camiones, por ejemplo, no deben bajarse de sus vehículos en ninguna circunstancia. La policía debe reaccionar de inmediato si se violan estas normas.
5. Rotación aleatoria de personal: Los operarios de grúas y otros equipos en los muelles deben ser rotados aleatoriamente en cada turno, para evitar que se establezcan vínculos con actores corruptos o ilegales. La asignación de turnos debe ser controlada por un centro de cómputo ubicado fuera del país, para asegurar que los empleados locales no puedan influir en las asignaciones.
6. Rediseño de patios de contenedores: Los patios de contenedores deben estar diseñados con la metodología poka yoke (a prueba de errores) para impedir físicamente la apertura ilegal de contenedores de exportación para contaminarlos. Por ejemplo: cuñas de concreto que impide abrir las puertas del contenedor a nivel de piso.
7. Manejo de sellos inteligentes: Que se instalan en la entrada al puerto y viajan con el contenedor hasta el cliente final en el extranjero, y pueden ser leídos con dispositivos de campo o puntos de lectura automatizados en el puerto a distancia. Emiten alertas de violación de sellos en el puerto y por tanto el requerimiento automático de inspección de la Policía.
8. Identificación inteligente de contenedores en cada operación en puerto: Tanto en la operación de las grúas de patio como en las grúas de cargue y descargue de buques al lado del muelle. Aportan datos muy valiosos a la trazabilidad.
9. Inspecciones continuas y auditadas: Las inspecciones de contenedores deben ser rigurosas, y todos los procesos deben ser auditados para garantizar la transparencia. La Policía debe poder compartir la información de los sistemas del puerto que aseguren que cada paso del proceso está debidamente registrado, auditado y revisado cuando se requiera.

La implementación de ésta política no será barata, pero los costos de no hacerlo son mucho mayores: las vidas perdidas, la violencia asociada al narcotráfico, la pérdida de competitividad para el país, los sobrecostos derivados de los procesos manuales de inspección, y el daño directo a los exportadores son solo algunos de los impactos negativos. La prevención y contención son fundamentales, y no deben verse como un gasto, sino como una inversión en la seguridad y prosperidad del país.

Es necesario que el presidente Petro y su equipo se concentren en desarrollar una política seria y efectiva para enfrentar este problema de manera integral. Si se implementa correctamente, Colombia podría dar un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en sus puertos.

Rafael Fonseca Zarate