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Eliminar subsidios a los combustibles, vital para la transición energética

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 21, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El Banco Mundial le ha puesto cifras al enorme gasto del Mundo en subsidiar los combustibles fósiles (BM, 2023). Sí, así como se lee, el Mundo promueve el consumo de combustibles fósiles en contra de las estrategias urgentes que el mismo Mundo debería estar implementando para combatir el cambio climático. Un contrasentido muy grave.

Dice el Banco que a nivel global se gasta monetariamente en subsidios más de doce y media (12.5) veces lo que se había prometido invertir en el marco del Acuerdo de París (USD 100,000 millones por año) para financiar las iniciativas que combatan el cambio climático, destinados a combustibles fósiles, agricultura y pesca, todos con impactos fuertes contra los objetivos de desarrollo sostenible y los límites de sostenibilidad de la tierra. En cuanto hace a los combustibles, en subsidios el Mundo gasta USD 600,000 anuales.

En el informe del BM se señala que su verdadero costo debe incluir los subsidios implícitos a los contaminadores: contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, congestión vial y destrucción de la naturaleza, que no son pagados por quienes los causan. Sumando los subsidios explícitos e implícitos la cifra llega a USD 7 billones anuales, es decir, 70 veces lo que prometieron invertir los países desarrollados por año para combatir el cambio climático.

No estamos siguiendo las recomendaciones de los científicos, ya verdaderas súplicas, sino lo contrario. Por estúpido que parezca, seguimos fomentando el cambio climático. ¡Qué paradójica resulta ser la inteligencia humana!

Difícilmente se harán por fuera de la economía de mercados

Para reforzar la comprensión sin pasiones de este tema, es bueno recordar que las correcciones de rumbo que necesita el planeta difícilmente se harán por fuera de la economía de mercados, mayoritaria como sistema en el Mundo. Los subsidios son deformaciones a los libre-mercados usados como instrumentos de los Estados para corregir los efectos de esa libertad tales como afectaciones negativas a grupos menos favorecidos. Sucede actualmente y en semejantes proporciones en el seno de los países más liberales (hablando de ideología económica) como resultado de la confluencia de la conveniencia de los más ricos (en este caso, las petroleras, muy a la derecha del espectro político) con las intenciones de los políticos de implementar medidas que beneficien a la población más pobre (a la izquierda del espectro). Otra paradoja, que solo se puede explicar por la influencia non sancta del poder económico sobre el político.

Si siguiésemos su lógica, los libre-mercados deberían funcionar así: los precios incluirían el valor de los usos ambientales, de tal forma que por su alto monto se desestimularía la demanda de los productos más impactantes y los Estados recaudarían lo necesario para las compensaciones o reversiones de sus impactos negativos, en favor de toda la humanidad. Los ricos seguirían comprándolos guiados por su comodidad y tendencia suntuaria, pero tendrían que pagar precios muy altos por sus consumos que afecten a todos. En el sistema económico predominante, en la práctica, lo que no tiene precio no tiene valor, y por eso el medio ambiente no ha tenido valor; así se le estaría dando lo que le corresponde. Muy importante resultaría que los altos precios que reflejen el costo de los usos ambientales de los productos más impactantes habiliten la competitividad de sus sustitutos que aunque tuviesen más costos de producción (aún) pero mucho más valor ambiental, terminasen con un menor precio de transacción en los mercados. Ese es el caso de las energías limpias, por ejemplo, o de las iniciativas que todos los días vemos para limpiar el aire o al mar, para que se vuelvan competitivas rápidamente. Con la lógica de los libre-mercados, implementada así, sin “mañas exógenas”, funcionaría rápidamente una inteligente lucha contra el cambio climático que urgentemente necesitamos todos los humanos.

En Colombia también subsidiamos

En Colombia estamos subiendo gradualmente los combustibles para recuperar el ritmo que se abandonó en el Gobierno Duque argumentado como medida anti-inflación para ayudar a los afectados por la pandemia, lo que abrió el enorme déficit estimado a finales de 2022 entre $25 billones y $30 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- (MinHacienda, 2022). La estabilización que iba a hacer el FEPC, suavizando el impacto de las subidas y bajadas de los precios internacionales sobre el precio interno, “en la práctica ha funcionado efectivamente como un subsidio a los precios de los combustibles” puesto que a los Gobiernos les ha tocado ir cubriendo sus déficits. Así las cosas, eliminar los subsidios debe ser prioritario para el Gobierno Petro para ser coherente con su declarada conciencia sobre el problema mundial; suspender la exploración de nuevos yacimientos resultaría apenas secundario en esta perspectiva global, dados los impactos reales de Colombia al respecto.

El BM recomienda diseñar esta gradualidad con el cuidado de no exacerbar la pobreza y la ya muy alta desigualdad; esto deriva en subsidios focalizados a las personas consumidoras (y no masivamente a los materiales como hoy sucede con los combustibles e insumos para la agricultura). El problema radica en la eficiencia de la implementación de la focalización y el resultado al final de la gradualidad que, de no tomarse en conjunto con medidas de crecimiento que conduzca a nuevas oportunidades de ingreso, terminaría de todas maneras dejando más pobres a los ya pobres.

Pero hay alternativas para solventar los problemas (impacto en los más pobres) que emergen a la eliminación del subsidio. De lo que más se debe tratar la transición es en optimizar la demanda, en hacerla eficiente, tal cual como lo explicamos en Una transición energética inteligente (ConfidencialColombia, 2023). Recordemos que de toda la energía que se consume en nuestro país, se desperdicia el 70%. Mucho más importante que gastar en subsidios al combustible deberíamos invertir en la renovación de las flotas de transporte eliminando todos los motores viejos (sumamente ineficientes), o incluso en la reconversión energética de los hogares, especialmente de los pobres. Ambas políticas irían directamente a contrarrestar el impacto indeseable de la eliminación del subsidio, mejorando de raíz el verdadero problema.

Y puede haber más políticas en este sentido. Por ejemplo, podría evaluarse el traslado del subsidio a los combustibles al mayor subsidio de la tarifa de los sistemas de transporte público masivo, en donde quedaría perfectamente localizado en los más pobres y al mismo tiempo, sería positivo para combatir el cambio climático (y aún más, si se acelera su electrificación).

Mayores retos para la Dirección Nacional de Planeación -DNP-, que debe atender a esta necesidad mundial y darle coherencia a las prioridades en las políticas del Gobierno para que sincronice el discurso doméstico con el que debería estar ejecutando el planeta.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Alianzas Público-Populares-Profesionales para los caminos campesinos

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 7, 2023. Publicado en Colombia, Opinión.

En los últimos días y semanas hemos debatido sobre los “Caminos campesinos para la paz” que son parte fundamental del programa de Gobierno consignado en su Plan Nacional de Desarrollo en torno a la economía comunitaria. En síntesis, se quiere llevar al escenario de la ejecución de los proyectos a las comunidades que los requieren.

Hasta ahí va bien. Pero como parte de su estrategia en la práctica se saca a la ingeniería como parte esencial de sus ejecuciones, lo cual no está bien por varias razones, que hoy analizaremos desde la perspectiva del proyecto y de sus impactos positivos para sus usuarios (la comunidad). Esto es posible a partir de unas premisas que no son ciertas y que han sido parte de la argumentación del Gobierno; curiosamente, pone en riesgo el desempeño y éxito de su propio programa estrella.

Como parte del debate, presentamos aquí una alternativa en la cual se tengan en cuenta los profesionales (ingenieros en este caso) como actor vital pero integrado a la estrategia del Gobierno en que las comunidades tengan un rol principal.

Premisas no ciertas

Los caminos campesinos los hacen las grande firmas contratistas. Los caminos comunitarios, vecinales o terciarios los hacen generalmente ingenieros que empiezan su vida como contratistas, o pequeñas firmas de ingeniería que atienden estos trabajos. No son construidos por grandes contratistas.

Los ingenieros se roban la plata. Es cierto que toda la contratación en el país está sumida en corrupción. Es lamentable. Lo más grave para un ingeniero que construye caminos campesinos es que le pidan plata para poder trabajar y sobrevivir. Y los mecanismos de corrupción parten de la política y del sistema electoral, en donde se han mezclado los votos con los contratos para pagarlos. La ingeniería, en su gran mayoría, ha sido presa de la corrupción en la contratación, y no al revés.

Las “obritas” no necesitan ingeniería. Este es un pensamiento dentro del subdesarrollo. Si las obras, por pequeñas que sean, se hacen bien, prestan su función, son durables, son económicas y no causan costos terribles como desestabilización de taludes y otros graves impactos ambientales que pueden incluso causar o no evitar la pérdida de vidas; de ese tamaño es la importancia de esto. La ingeniería es siempre necesaria para hacer los proyectos bien y con los menores costos, presentes y futuros. Pero no hay que olvidar que una obra de 6,000 millones de pesos dista totalmente de ser una “obrita”, y por supuesto, requiere de mucha ingeniería.

Las JAC pueden hacer las “obritas”. Es cierto que algunos miembros de Juntas de Acción Comunal pueden y hacen obras; con su participación se pueden hacer y no necesariamente hay que trasladar mano de obra no local. Pero no siempre esto es posible, incluso porque se parte de la premisa, no cierta, que los campesinos de la región no hacen nada o no trabajan en el campo, y esto no es así. Pero eso no quiere decir que su participación no solo sea deseable sino muy benéfica para los proyectos, solo que asumiendo roles que agreguen real valor y no lo destruyan por no ser actores idóneos. También aquí hay que recordar que una inversión de 6,000 millones no es para ninguna “obrita”.

Las JAC cuidarán la “platica”. Es una premisa lógica que parte del deseo de que la realidad fuera como debiera ser. Pero la realidad es como es, y hay muchos ejemplos de problemas de corrupción, clientelismo y abusos de poder entre directivos de las Juntas de Acción Comunal. No se puede contra “a ojo cerrado” de que no haber corrupción entre ellas. Lo apropiado en nuestro país es que las políticas y leyes tengan siempre en consideración que hay riesgo de corrupción y que por lo tanto hay evitar al máximo las vulnerabilidades que puedan abrirse al promulgarlas.

Nuevos roles en Alianzas tripartitas

Que el Gobierno quiera honrar sus promesas de campaña introduciendo cambios en los que se reivindiquen a las comunidades, es un propósito que se ha compartido en la mayoría de círculos profesionales y más en los de la ingeniería. Y que se quieran introducir medidas para combatir la corrupción, es más que bienvenido. Pero la conformación de esos cambios eliminando la participación de la ingeniería no es bueno para las mismas comunidades que, se supone, serán favorecidas. Si los proyectos no quedan bien hechos, no son en realidad ni buenas ni grandes ayudas a las comunidades.

En el cuadro siguiente se muestran los esquemas de contratación, indicando los roles que toman o tomarían los actores principales en los proyectos de desarrollo incluyendo una alternativa a la estrategia expuesta del Gobierno, enmendando los errores causados por las premisas no ciertas:

Cuadro by Confidencial Colombia on Scribd

Es esencial resaltar que ningún proyecto en el país se debe hacer sin tener estas etapas completas, es decir, mediante las cuales se asegure una mínima y buena maduración.
No es posible que en condiciones de recursos escasos se pueda hacer planeación distribuida totalmente, porque hay que repartirlos entre departamentos, comarcas, municipios y veredas, por lo que es indispensable que haya trabajo de coordinación y asignación de entidades centrales como el DNP, Invías y Departamentos que dispongan de información general para distribuir con equidad. Con postulaciones de proyectos por parte de las comunidades, ¡claro!

Es perfectamente posible que las Entidades (Invías, Departamentos o la que le corresponda) se encarguen de los diseños, con o sin contratos de diseño externos, dependiendo de la magnitud de los trabajos. Lo indispensable es que queden bien hechos y con planos listos de construcción de acuerdo con la realidad de la obra. Esta etapa debe estar copada de ingeniería.
Cuando se contrata la obra con un ingeniero (entiéndase también pequeña o mediana empresa de ingeniería) se establece una relación de responsabilidad con ese ingeniero contratista; de ahí la necesidad de las pólizas de cumplimiento y estabilidad. Hay que asegurar que la obra quede bien construida de acuerdo con los planos diseñados. Pero es perfectamente posible distribuir algunas de sus funciones como la contratación de la Mano de Obra o integrar otras como las labores de compra (Proveeduría) siempre y cuando se solucione la estrategia de distribución de responsabilidades también, sobre todo en cuanto a calidad tanto de los trabajadores como de los materiales. Es cierto que no todo tiene que hacerlo el ingeniero, pero quien lo haga tiene que responder por la parte correspondiente.

Hacer que sean las comunidades las que contratan al ingeniero solo logrará encarecer su contratación a través de un intermediario. Pero además, un mal intermediario en este caso porque no tiene ni el conocimiento ni la estructura para contratar ni controlar al ingeniero, lo que seguramente generará una mala relación de trabajo que afectará al proyecto. O introducirá algunas formas corruptas para solventar este requisito fingiendo contratar a un ingeniero para llenar el requisito, haciendo que el proyecto pierda en calidad.

Siguiendo con el análisis, no puede haber proyectos llevados a cabo con recursos públicos que no tengan una interventoría que garantice que los trabajos se llevan a cabo como dicen los planos, o que ayuden a resolver problemas no previstos en ellos. Podría hacerlo la Entidad, con ingenieros, siempre y cuando tenga la capacidad técnica para hacerlo y sobre todo, la disponibilidad de tiempo de ingenieros para hacerlo. Si no, las empresas e ingenieros interventores deberán cubrir esta actividad.

En la financiación del proyecto tenemos los mayores problemas. Lo normal es que el ingeniero se endeude como pueda para financiar el proyecto, sin recibir una remuneración por hacerlo, y en algunos casos recibiendo un anticipo para funcionar en parte. Esto es, en realidad, una anormalidad puesto que debía ser la Entidad, con el presupuesto apropiado y disponible, la que financiara el proyecto. En las APPs (populares) esgrimidas en el PND se aspira a que sean las comunidades las que pongan hasta el 50% de la inversión en el proyecto (con montos que podrían ir hasta 3,000 millones de pesos) a título de aporte; se entiende que el espíritu de esta política es la de recibir el aporte en especie (mano de obra) de las comunidades, lo cual es poco probable fuera de montos muy pequeños. A no ser que emerja la corrupción: presupuestos inflados, aportes en dinero de fuentes desconocidas que puedan integrar redes de lavado, o quién sabe qué más. Muy grave dejar esta puerta abierta.

Lo que sí puede resultar interesante, es que dados todos los demás componentes, la comunidad proponga que con su aporte en especie se puedan hacer más obras (más longitud, más pavimentación, etcétera); manejado a nivel micro local por la Entidad a cargo.

La veeduría ciudadana debería ser un actor siempre principal en los proyectos. Ellos representan a la comunidad circundante que son los usuarios del proyecto.

Invitamos de esta forma al Gobierno a pensar en esta alternativa que integre a los Profesionales a las Alianzas pero contratados al mismo tiempo que las JAC para hacer un trabajo complementario y colaborativo entre ambas. Y además, controlado entre sí como un mecanismo preventivo contra la corrupción. Esa relación hay que diseñarla con sumo cuidado para que no emerjan problemas.
La prosperidad pese a las duras realidades del campo
La prosperidad de los campesinos que se genere por una mejor infraestructura de transporte (en este caso), es el verdadero retorno de estas inversiones. No habrá tal prosperidad o será mermada si los proyectos no se planean, diseñan, construyen, financian y controlan debidamente. Es con ingeniería que pueden hacer inversiones durables, funcionales y que no generen riesgos innecesarios y peligrosos. Un cambio que mejore lo actual y potencie lo bueno, es un cambio positivo.

Inteligencia humana, en duda

Escrito por Rafael Fonseca en May 31, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

A medida que la crisis nos vaya haciendo experimentar sus nuevas realidades y a someternos a sus fenómenos ampliados y descontrolados, nos encontraremos recriminándonos acerca de nuestra inteligencia, esa de la que tanto nos habíamos preciado los humanos por haber sido los conquistadores absolutos del planeta. Y aunque habrá un efecto “de demora” puesto que las desgracias llegarán con más furia a algunas zonas antes que a otras, una temporalidad en la que los valores, como los conocíamos, se desplomarán reclasificando nuevamente el territorio para que la exclusividad que compra el dinero de hoy vire hacia la estabilidad ante el cambio climático, finalmente llegará a todos (lea el símil de la caverna y la asfixia de la humanidad).

El drama humano será que su inteligencia singular no hubiera alcanzado para actuar con inteligencia colectiva. Ojalá no lleguemos hasta este punto sin retorno pero no hay motivos para el optimismo, ya que es bien es conocido que los humanos tendemos a tomar las decisiones más duras solo cuando la crisis ya está en marcha y nos está afectando.

Una pequeña muestra de esto está consignada en una sola frase: “Es necesario cambiar hacia una economía sostenible que tenga en cuenta los límites de los recursos naturales y esté enfocada en el bienestar humano en lugar del crecimiento económico continuo» advirtiendo que eventualmente podríamos hacer colapsar las capacidades de nuestra tierra. Solo que esa frase es de 1972, ¡de hace 50 años! del olvidado libro «Los límites del crecimiento» publicado por un equipo de investigadores del MIT encabezado por Donella Meadows en el seno del capitalismo cuando apenas empezaba a aflorar el desaforado neoliberalismo (como se le conocen a éstas últimas cinco décadas) que ha llevado a los humanos a hacer todo lo contrario a aquellas sesudas recomendaciones de los científicos.

Cincuenta años después aún no hemos tomado la decisión correcta. Probablemente porque, aunque la crisis ya deja ver cómo podría ser su magnitud y los científicos llevan años de malos pronósticos, cada vez con más afán, aún no es una crisis generalizada ni palpable para la mayoría. Está sucediendo, se está desencadenando, pero a la mayoría no le interesa saberlo porque aún no lo ha afectado.

Esa enorme mayoría, me atrevería a decir, siguen inocentes de lo que se viene. Gran parte, por su actitud de negación alimentada por aquellos que les dan esperanzas sobre no cambiar de estilo de vida, que la tierra se recupera sola o que la tecnología la recuperará. Aquellos son los defensores del statu quo, es decir, de seguir consumiendo y depredando para seguir en la comodidad actual, y que como resultado, sus intereses económicos de corto plazo sigan fluyendo como hoy en día.

Pareciera haber dos corrientes de pensamiento, con las que incluso han querido confundirnos con sus bases ideológicas: la primera tiene que ver con la necesidad de elevar la conciencia de todos los habitantes del planeta y cambiar sus comportamientos hacia el consumo frenando el uso bárbaro de bienes comunes: nuestros recursos naturales de la tierra. Esta es la escuela de Gore. La segunda tiene que ver con que los adelantos tecnológicos nos salvarán de la crisis. Tal como Harari ha planteado escenarios en los que la infotecnología y la biotecnología lograrían rescatarnos en los últimos instantes de esta carrera geológica.

Un ejemplo para monitorear lo que va pasando en esta carrera contra el tiempo, lo podemos ver en un sector cuya información es de dominio público: los viajes en avión. El impacto actual de esta actividad ya llega al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (National Geographic, 2022).

Francia ha prohibido los viajes cortos en avión que se pueden realizar en tren debido a que su cadena tecnológica tiene un menor impacto sobre los gases de efecto invernadero. Los aviones queman combustible fósil (gasolina de alto octanaje) mientras que los trenes consumen energía eléctrica cuya fuente de generación podría ser nuclear, eólica, incluso alguna de hidrógeno, o hasta de combustión de carbón (con la que el efecto positivo disminuiría). Pese a que la asociación de aerolíneas diga que es mínimo su impacto (ninguna sorpresa), lo que sí se conoce es que en Europa, por persona, un viaje en avión representa aproximadamente 6 veces más contaminación que uno en tren (BBC, 2023). Este dato muestra que es una medida sensata y alineada a lo que toca hacer para tratar de enfrentar la crisis.

Todas las medidas para parar los consumos suntuarios, los no estrictamente necesarios o incluso aquellos que podríamos desviar a otros que tengan menores impactos y que sumadas las acciones de cada humano, producirían, sin duda, un fuerte movimiento inverso a la crisis. Las conciencias de los humanos se pueden activar o se pueden condicionar, desde enseñar comportamientos hasta prohibir aquellos que le resulten contrarios a la sociedad, bajo la realidad práctica en la que vivimos casi en todos los países, en que las libertades individuales son limitadas por las de los congéneres y su conjunto, tras un bien común. Salvo para los melancólicos anarquistas que se enfilan con la lógica contraria.

Pero también aparecen noticias de adelantos interesantísimos como los aviones que podrán ser alimentados con hidrógeno, dejando en el aire agua en vez de gases tóxicos. Empresas como ZeroAvia y la famosa Airbus (NatGeo, 20023) están anunciando que en los próximos años (desde 2027 ZeroAvia y en 2035 Airbus) tendremos esta absoluta maravilla en los aviones comerciales.

Buena noticia para quienes viajan en avión o tienen la posibilidad de hacerlo y hayan mejorado su nivel de conciencia. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los seres humanos no pueden por su condición de pobreza, su buena noticia será que al menos, quienes sí pueden no seguirán degradando la casa mayor en que todos los humanos habitamos, pobres y ricos.

Descontando que la manifestación de inteligencia colectiva ha debido empezar hace años, cuando algunos pensadores empezaron a notar la finitud de los recursos comunes y que era preciso administrarlos (Hardin, Meadows, Daly, Rees) y no pasaron de ser personas destacadas con inquietudes intelectuales, podemos abordar para este momento de la historia el tipo de inteligencia que deberíamos tener.

Los adelantos tecnológicos van haciendo lo suyo, tanto en erradicar la causa raíz de la contaminación, como el hidrógeno en este caso, hasta la atenuación de las consecuencias, como la consigna europea para renovar los motores de los aviones actuales que reduzcan el consumo de combustible y despidan menos gases tóxicos.

Pero no es posible relajarse porque la advertencia de los científicos es que no va a haber tiempo suficiente para que esto se dé. Y lo más seguro es que antes de terminar esta década ya habremos sobrepasado el límite de los 1.5º centígrados de aumento de la temperatura con respecto a la época preindustrial, que consideran ellos será el punto de inflexión en la que las reacciones descontroladas en la naturaleza empezarán su viaje sin retorno, como la liberación de metano en las nieves perpetuas (permafrost) en Siberia y Canadá, la acidificación de los mares, o que el Amazonas deje de atrapar carbono, por ejemplo.

No hay forma de considerar que la humanidad haya sido inteligente hasta aquí. Está claro que su inteligencia colectiva no ha producido resultados. Pero nunca será lo suficientemente tarde para tratar de atenuar la crisis, por lo que podríamos estrenarnos con la decisión de combinar ambas corrientes sin más dilaciones. Conciencia colectiva para actuar con inteligencia a través de los Estados y de cada persona, combinada con el mercado para que sus estímulos hagan sus maravillas promoviendo los adelantos tecnológicos necesarios. No hay tiempo para no usar la inteligencia humana y seguir yendo en la dirección al desastre.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Reinventar el capitalismo

Escrito por Rafael Fonseca en May 24, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En estos días la fundación Rockefeller está convocando a candidatos a su programa del Bellagio Center en Italia, cerca del lago Como, para trabajar en “encontrar soluciones innovadoras para aliviar el impacto social negativo de nuestros sistemas económicos en los países de renta baja y media y en las comunidades marginadas. Los candidatos seleccionados reimaginarán los sistemas económicos, mejorarán las prácticas de financiación del desarrollo e innovarán en los principios básicos de nuestra economía global, entre otros, para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible”.

Y anota sus áreas de interés:

Liderazgo moral y gobierno corporativo – ¿Cómo pueden los líderes establecer nuevas normas y estándares a través de un liderazgo basado en valores y redefinir lo que significa hacer «buenos negocios»?¿Cómo podemos ir más allá de la ASG, la RSC y la inversión de impacto para introducir cambios sistémicos en nuestra forma de medir los resultados?

Brecha de ingresos y riqueza – ¿Cómo podemos crear nuevos incentivos legales, económicos y empresariales para abordar la creciente brecha entre ricos y pobres?

Conceptos fundamentales – ¿Cómo podemos innovar y mejorar los pilares conceptuales y jurídicos del capitalismo, como los derechos de propiedad o los derechos de la empresa?

Democracia y derechos de los trabajadores – ¿Cómo evitar que los intereses económicos eclipsen o erosionen los ideales democráticos, la protección del capital natural y los derechos de los trabajadores?

La economía del cuidado – ¿Cómo podemos crear políticas y sistemas que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado relacionado con el cuidado de niños, ancianos y tareas domésticas?

Recuperación económica mundial – ¿Cómo podemos reformar los mecanismos de financiación del desarrollo para ofrecer condiciones de financiación más equitativas a las naciones en desarrollo y permitir así que el mundo acelere los avances en retos mundiales como el cambio climático?

Eventos como este son una oportunidad para repensar el capitalismo, propiciados en este caso por un programa al que hasta el nobel Stiglitz ha asistido. Como la fundación sostiene iniciativas en alimentación, salud, energía y clima, innovación y recuperación de la economía global, las discusiones podrían tener el alcance adecuado. Ojalá varios colombianos de diferentes vertientes asistieran a esta convocatoria y nos pudieran contar los resultados de las deliberaciones y conclusiones en temas tan claves.

A continuación, intentaremos algunas respuestas a preguntas que cualquiera se haría sobre este asunto tan crucial para la humanidad:

¿Por qué es necesario reinventar el capitalismo?

Para nadie puede ser algo desconocido que el sistema económico predominante es un fracaso con respecto al bienestar y prosperidad de la mayoría de los humanos. Basta mirar la pobreza y las malas condiciones de vida de la mayoría. Y no tiene que ver con revivir el comunismo, fracasado del todo, lo cual solo haría parte de una dicotomía ideológica que no consulta el pensamiento crítico, tan necesario ahora. El capitalismo tiene la oportunidad de corregir su rumbo con nuevas formas o complementos y no abrirle posibilidades a regímenes desconocidos, seguramente absolutistas o anárquicos, que terminarán por acabar con el bienestar de todos.

¿Se puede separar una reinvención del capitalismo de la crisis climática que ha empezado?

En la esencia misma del capitalismo que ha emergido en los últimos dos siglos, no se consideró el valor y finitud de los recursos naturales de la Tierra, y por tanto, el apogeo de este sistema económico, basado en un consumo desmedido y sin tener en cuenta los costos de uso de los bienes ambientales y naturales, ha llevado a la actual crisis que amenaza con volverse irreversible y grave en extremo, y atentar directamente contra el estilo de vida que el capitalismo mismo ha promovido. No es posible separar una reinvención correcta del capitalismo de la búsqueda de soluciones a la crisis climática.

¿Cuál es el meollo del problema del capitalismo?

Inercialmente el capitalismo permite que haya concentración de capitales y poder en una ínfima porción de la población; poder que se usa para más concentración puesto que desata la codicia, que al parecer está muy arraigada en la naturaleza humana. Y la codicia tiene el poder de anular la ética y el sentido de humanidad que solo en teoría teníamos instalados en nuestras mentes. El resultado es que cada vez hay menos esperanza de sacar de la pobreza a la mayor parte de la población mundial que vive en condiciones deplorables, lejanas de las de los ricos de sus propios países, o a los niveles de vida de los habitantes de los países ricos. Esta concentración de la riqueza y propagación de la pobreza, además de revelar falta de empatía y ética de la vida dentro del sistema y producir sufrimiento y mínima justicia social, también es un mecanismo activado de inestabilidad y violencia.

¿Cómo es posible erradicar la causa del problema, o al menos, atenuar sus consecuencias?

La concentración de la riqueza no es un problema actual; el capitalismo monárquico y feudal igualmente tenía los mismos efectos, y aún peores que los actuales. Su base era la fuerza bruta, los ejércitos, la violencia, la injusticia y el sometimiento de los menos fuertes. Al emerger la democracia, tras la revolución francesa como hito visible, la democracia se adaptó al capitalismo y no al revés. Las relaciones de poder siguieron siendo esencialmente las mismas, solo que las libertades de las personas hicieron lo suyo y se redujo la pobreza en forma importantísima. Pero el gen de la concentración no se había extirpado y la ausencia de una educación generalizada de la población hace particularmente vulnerable a la democracia. La falta de valores fuertes y ética en las esferas de poder, las relaciones estrechas entre el poder económico sobre el político, el afán de las ganancias inmediatas sin pensar el futuro, y la falta de inteligencia al no incluir el valor de los recursos finitos sobre la tierra, han permitido la hiper concentración de la riqueza con la pérdida de la esperanza de redención de la pobreza y prosperidad a la gran mayoría. He ahí lo que hay que solucionar.

El nivel de abstracción que hay que hacer para abordar un tema tan complejo es enorme.

Y esa es la mayor dificultad. No solo de los analistas y pensadores. De los que hoy ostentan el poder económico, que condicionan al poder político, de los que pueden hacer que el rumbo se corrija: tienen que comprender que sus ganancias hoy no les garantizarán nada, porque mañana el valor de sus activos podría llegar a ser inocuo, cuando se salga de control el clima y las emergencias sean el orden del día mundial. Es ahora cuando hay que ser inteligentes.

PD: si tiene más cuestionamientos y sobre todo ideas para encontrar caminos de solución a los cuestionamientos planteados, por favor escríbame a [email protected] o por mensaje directo en Twitter a @refonsecaz para publicarlos y enviarlos a la fundación, a ver si logramos aportar ideas valiosas a considerar.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

El buen “negocio” de los corruptos exgobernadores de Guainía

Escrito por Rafael Fonseca en May 17, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Sorpresivamente, durante la misma audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en noviembre de 2019, un exgobernador y el gobernador en ejercicio del Guainía fueron asegurados intramuralmente por orden de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en presuntas irregularidades en trámites de 45 contratos de suministro y obras públicas, suscritos con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS., por $86.000’000.000.

Se trataba de Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013-2016) y de Javier Eliécer Zapata Parrado (2017-2019). En julio de 2020 les fueron embargados 87 bienes avaluados en $22.000’000.000 en Chía, Cajicá, Inírida y Villavicencio por su vinculación a procesos penales de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión. Previamente la Fiscalía había podido establecer que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas (El Espectador, 2022).

Noticia “histórica”

En esta semana apareció la noticia “Histórico | Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos” (Semana, 2023). Insólito que nos resulte histórico. Los defraudadores al Estado no nos tienen acostumbrados a este tipo de noticias. Dice que la Fiscalía logró “que los dos exmandatarios devolvieran parte de lo hurtado a los habitantes del departamento” y que fueran condenados a 9 y 11 años de prisión y a pagar multas de 2.036 millones de pesos y 4.103 millones de pesos, respectivamente.

Delitos por montones

La lista es impresionante: el exgobernador Óscar Armando Rodríguez aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio; y Javier Eliécer Zapata Parrado reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. Nos da una idea del trabajo extenuante que tuvieron para lograr todo este prontuario.

Modus operandi

Para lograr semejante febrilidad corrupta el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Verdadero comportamiento de mafioso, todo calculado y sórdido.

Esa es nuestra realidad.

Impunidad engendra corrupción. Impunidad “en parte”, también.

Este caso nos serviría como ejemplo para advertir que sí están funcionando las instituciones de control y justicia. Pero ya habrá advertido el lector que la devolución es parcial: en “parte” como escribe la revista que dijo la Fiscalía. Tampoco deja de sorprender que sea un caso de gobernadores en Guainía. Los más suspicaces pensarán que no tenían suficientes conexiones que los hubieran llevado a esquivar la justicia. Es posible.

Gran parte del asunto recae en la capacidad de las instituciones para responsabilizar a los servidores públicos (citado en el paper “La calidad de las instituciones, su impacto en la relación entre corrupción y crecimiento económico: una revisión teórica” (Mendoza y Portillo, U. Autónoma de Occidente, México, 2020) con clara influencia de Acemoglu). Mientras haya impunidad habrá todos los incentivos para ser corruptos, no obstante, incluso, se deba pasar por la cárcel un tiempo puesto que al final el balance del “negocio” da positivo.

No puede haber margen en este sentido. Los corruptos tienen que devolver todo lo robado, tener la multa por traición a sus electores (sentido ético además del jurídico) y pasar años en la cárcel. Si el balance no es negativo, seguirá habiendo impunidad relativa finalmente positiva, y seguirá habiendo corrupción, y peor, con grandes montos para que alcance a todos los “trámites” que se han escuchado por décadas: comprar ilegalmente al sistema de justicia, negociar devoluciones parciales con la Fiscalía, pagar las multas impuestas por el juez, y al final de purgar la pena con unos pocos años de cárcel (con buen comportamiento se irán a la mitad del tiempo), salir con un buen botín de todas maneras.

Defenestrando la democracia

En la editorial de El Espectador en estos días, hablando sobre el insuceso propiciado por un ex militar que fue presidente de todos los exmilitares (de Acore), advierte “Cuidado con defenestrar la democracia” (El Espectador, 2023) sobre el hecho específico, pero que deja una reflexión en el aire: ¿acaso no estamos perdiendo nuestra democracia en manos de la corrupción, tal vez poco a poco, y sin darnos cuenta? (como defenestrar paulatinamente, lo cual sería un imposible literal). Perder la democracia significa perder la libertad, que tanto asusta a las derechas privilegiadas, pero que por ostentar el poder económico que ha condicionado al poder político en toda nuestra historia y a juzgar por el estado de descomposición generalizado, se les puede achacar que poco han hecho en contra de la corrupción.

Para empeorar las conclusiones del caso expuesto hay que tener en cuenta que la corrupción es multipropósito: los dineros públicos se pierden, las obras no se ejecutan o se ejecutan mal, los proyectos no son priorizados porque lo que interesa es el contrato para robar, y por lo tanto los objetivos de desarrollo y bienestar, como sacar a colombianos de la pobreza y generar oportunidades para la gente, no solo no se cumplen, sino que su cumplimiento se dilata aún más porque la plata no alcanza. La que se robaron, se perdió, la que se invirtió mal, se perdió y para las prioridades ya no alcanza. Sin niveles mínimos de bienestar y con tanta pobreza, los riesgos de terminar de perder nuestra endeble democracia son latentes.

La apatía de la mayoría de los colombianos está permitiendo que los corruptos efectivamente defenestren nuestra democracia.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Leyes que no prevean la corrupción, propician la corrupción

Escrito por Rafael Fonseca en May 10, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

A las 3:50 de la tarde del 18 de abril en Arboleda, Nariño, esperando el cierre de una licitación cuya propuesta habían presentado 30 minutos antes para mejorar una vía terciaria por 22 mil millones de pesos, los representantes de unas PYMEs de ingeniería fueron abordados por un hombre desconocido en moto que les advirtió que si no retiraban su propuesta los esperarían a la salida del pueblo. Para salir de la población y regresar a Pasto tuvieron que ser escoltados por la policía con la colaboración del alcalde.

Significa que ya no solo estamos enfrentando una corrupción desbordada en todo el país; ahora también es violenta. Como se sabe, funcionarios con poder en los municipios y demás entidades locales, departamentales o nacionales, usan los llamados contrataderos (empresas industriales y comerciales del Estado que hacen convenios interadministrativos cuyos estatutos les permite contratar con el régimen privado) para saltarse la Ley 80 de 1993 y no estar sujetos al control del régimen que cuida los dineros públicos, poner las condiciones especiales que les cuadren solo a sus contratistas amigos y así asaltar el botín público, normalmente ligado a pagar los favores durante la anterior campaña para ser elegidos. Una mafia entre políticos, funcionarios y contratistas.

En medio de este contexto tan nefasto y difícil, en el que el Estado no tiene control del territorio en una parte del país y menos de sus procesos de contratación en donde la corrupción es la norma, con una fuerte presencia de grupos al margen de la ley desde guerrilleros hasta narcotraficantes, es aprobado el Plan Nacional de Desarrollo – PND – con dos artículos que podrían abrir troneras aún peores e irreparables.

Con el artículo 356, se puede contratar a las llamadas Asociaciones de Iniciativa Pública, en procesos hasta por 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV -, (6,000 millones de pesos para 2023, realmente grande y muy por encima de los montos establecidos en las normas vigentes (Ley 1150 de 2007)) usando el procedimiento de selección abreviada (que se traduce fácilmente en invitación a dedo, además de exigir condiciones que solo cumpla un proponente) en la cual el contratista debe aportar el 50% de los recursos (puede ser en especie).

Además de dejar por fuera a profesionales y PYMEs de la ingeniería, lo cual puede significar la mala calidad de las obras, un aporte tan grande puede conducir a concentración de la contratación, como lo advierte la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- en un reciente comunicado, o a que por esta vía, sin querer, se empiecen a facilitar procesos de lavado de dinero o incluso a transitar recursos públicos a los grupos al margen de la ley que se apoderen de las formas de presentar las propuestas y hacerse a estos contratos una y otra vez, por siempre

Hay que invitar al Gobierno para que en los decretos reglamentarios estudie con el mayor cuidado cuál podría ser la vulnerabilidad de la contratación pública por este artículo frente a los corruptos, que tienen el poder en los territorios para adueñarse de esta contratación. Hay que atajar resultados que pueden llegar a ser muy funestos.

Y en el artículo 91 se faculta a que se contraten directamente a personas naturales o entidades sin ánimo de lucro mediante las llamadas Asociaciones Público-Populares y hasta por la mínima cuantía. Y podría decir esto que los trabajos de ingeniería se queden sin contar con alguna ingeniería, como lo establece la Ley 842 de 2003; es decir, también plantea una violación a una ley vigente. De paso, una gran parte de las PYMEs y profesionales de la ingeniería también podrían estar en la economía popular pero estarían siendo excluidas por ser formales. Una verdadera paradoja.

En los decretos reglamentarios correspondientes será preciso que el Gobierno evalúe en detalle el riesgo de dejar sin ingeniería a obras de ingeniería degradando su calidad y funcionalidad, y que todos los procesos mayores a esta mínima cuantía se fraccionen para que puedan adjudicarse a dedo. Sería una multiplicación de la corrupción.

Un abogado recordó en las redes una frase adaptada de Montesquieu que viene al caso: «hay dos tipos de corrupción: una cuando el pueblo no observa las leyes y otra cuando el mismo pueblo es corrompido por las leyes». Más que el dinero público perdido, sería irreparable el hecho de que se estuviera propiciando una mayor corrupción en estas comunidades. Hay que advertir que sería un viaje sin retorno.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

La ética práctica, primer paso para una inteligencia más sofisticada

Escrito por Rafael Fonseca en May 3, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En el artículo previo La ética global (Fonseca, ConfidencialColombia, 2023) se habla de cómo los humanos hemos llegado a una situación de vulnerabilidad autoinfligida que cuestiona duramente y por sí sola la inteligencia de la especie.

En los años 60 (hace 60 años ya) Hardin estaba especialmente preocupado por el crecimiento de la población, al entender que los recursos disponibles de la tierra eran finitos, y por lo tanto una tasa de crecimiento permanente de la población llevaría a la tragedia tarde o temprano; por eso abogaba por la coerción como estrategia de contención del crecimiento para preservar la lógica del bienestar para todos (Hardin, 1968). La coerción es la forma general para indicar las reglas que la misma sociedad se autoimpone para regularse, vía leyes, impuestos y otras formas de control.

Sus detractores clamaban porque las libertades individuales se veían amenazadas con estas medidas de coerción, en un mundo que todavía no sentía el problema, pero que evidentemente él sí visualizaba. La mayor parte de la gente prevé consecuencias de corto plazo, pero muy pocas personas prevén consecuencias de largo plazo.

Estaba reclamando por el uso de impuestos o instrumentos similares, que limitaran el uso de recursos como el agua y el aire, porque su uso libre, basado en la decisión particular y egoísta de cada persona terminaría afectando a todo el mundo. Hoy, esta realidad está sobrepasando por lejos su anticipación. Planteó tempranamente un curso de acción brillante al respecto, que ayuda a resolver el cuestionamiento principal: a situaciones cambiantes, cambia también la racionalidad con que se toman las decisiones. Me atrevo a complementar: puede incluso también cambiar la ética dependiendo de la magnitud del cambio de la situación.

Si se hubiera reconocido el costo de los usos ambientales en su momento, como hoy se le llama a la utilización de los recursos naturales, bien fuera por vía de impuestos, o de tasas que representaran la reparación o la recuperación del estado inicial del recurso para uso de la humanidad, se hubiera dado un marco diferente para la racionalidad de las decisiones, aún sin tener que apelar a la razonabilidad que habla Savater (Savater, 2008).

Ahora es fácil decirlo porque estamos viendo ya las consecuencias de su agotamiento. Aunque hubo unos pocos, como Hardin, que previeron las consecuencias de largo plazo, pudo más el inmediatismo y egoísmo del capitalismo imperante, – de las utilidades ya – fin último, e incluso tuvo más peso la ética de las libertades individuales que impidió reconocer la tragedia venidera para toda la humanidad. Una curiosa pero popular inteligencia desarrollada a partir de premisas no correctas, que ahora tenemos el enorme reto de corregir este error estructural para reformular el desempeño de la humanidad sobre la faz de la tierra, y obtener, por fin, un resultado colectivamente inteligente (Innerarity, 2019).

No se nos haga raro que en no más de unos 20 años se piense que lo que vivimos en la actualidad de las ciudades más pobladas perteneció a una época bárbara, absurda, en que buses y autos las contaminaban asfixiantemente y los ciudadanos estaban condenados al mal aire que respiraban, y no será fácil entender bien cómo se generó semejante estupidez colectiva.

En un nuevo orden, el industrial que quisiera explotar un mineral, debería contabilizar entre su estado de resultados la reparación de los daños ambientales, con el consecuente traslado de esos costos al precio, y ese efecto precio sobre la demanda determinaría si aún habría estímulos para producir y mercadear, o si por el contrario habría que innovar hacia nuevas formas de productos y servicios; también habría límites desde los cuales no estuviera permitida alguna actividad, no por efectos de mercado sino de regulación.

Ese nuevo capitalismo, o capitalismo sostenible como lo llaman modernamente algunos autores, el del cambio del marco de reglas e incentivos que incorporen a la naturaleza como recurso valiosísimo, finito y en muchos casos ya escaso, para así también cambiar la forma en que las personas decidan el consumo de productos, deberá necesariamente incorporar la economía de mercados como parte de la solución, para que sea aceptado con rapidez. De resto, cualquier otro camino que pretenda un cambio completo de sistema generará unas enormes fricciones con quienes ostentan posiciones de poder económico actualmente, y razones para seguir polarizando y luchando para conservar sus privilegios, mientras se pasa el tiempo valioso que ya no tenemos, y con el riesgo de no concluir en el final feliz de ninguna iniciativa.

Aunque las reclamaciones sean justas y lógicas en torno a la inequidad, la concentración de la riqueza, y las pocas esperanzas de vencer la pobreza, es más probable que una transición con fórmulas provenientes del mismo capitalismo de mercados sea no solo más viable sino más rápida. Es factible que algunos ricos puedan ser más ricos, sin corrupción, pero que se logre el objetivo del aumento de la calidad de vida para la mayoría de la población, equidad en todos los servicios básicos que presten los Estados, la salida de la pobreza para la mayoría y el rescate del equilibrio del ser humano con la tierra, que es lo que realmente importa.

Lentamente, pero en forma creciente, del mismo capitalismo se han venido emitiendo declaraciones de que “no todo vale” para hacer dinero. De esa misma forma cada uno, por su cuenta, debería reflexionar y apelar a su razón para cambiar la forma en que toma sus decisiones cotidianas y ser éticos por encima de su propia racionalidad.

Con un nuevo sentido ético, práctico, que debe conducirnos a comprender que es necesario apuntar a que el bien común sea piedra esencial del bien propio y poder derrotar el egoísmo predominante que solo les funciona bien a unos pocos y muy mal a la mayoría.

Necesariamente esto nos debe llevar a reconsiderar que el corto plazo no puede ser el escenario para la fijación de metas, y que, por el contrario, debemos siempre estar evaluando los efectos en el largo plazo, aunque ya no existamos, pero sí nuestra descendencia. Una nueva ética práctica, en la que, con una inteligencia más sofisticada, mucho menos primaria como la que hoy nos gobierna, nos permita comprender que solo a través de la prosperidad colectiva se logra maximizar la prosperidad propia.

Ingeniería y no politiquería para las vías terciarias

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 27, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Hace un mes la pequeña ingeniería estaba en alerta máxima porque según los anuncios del Gobierno Nacional, el programa de Vías Comunitarias para la Paz Total se iba a hacer con las Juntas de Acción Comunal -JAC- dejando por fuera a los profesionales del gremio (ver artículo Alerta máxima para la pequeña ingeniería). Después de hacer los cuestionamientos y escuchar a los directivos del INVÍAS en sus explicaciones detalladas sobre el programa, ha desaparecido la alerta y ahora hay que ponerse a planear cómo apoyar y participar en el muy importante programa y vigilar que se cumpla lo planeado y expresado por ellos.

Atendiendo la solicitud que les hiciera la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-, los ingenieros Juan Alfonso Latorre y Edgar Jesús Rojas, director y director técnico del INVÍAS, explicaron en detalle el programa y respondieron las preguntas de los miembros del gremio, después de lo cual no queda duda que todas las obras se harán con el concurso pleno de la ingeniería en todas sus actividades.

El programa tiene la ambiciosa meta de intervenir en este gobierno 5,000 kilómetros de vías terciarias y secundarias, del orden de 200 kilómetros por departamento, con una inversión estimada de 8 billones de pesos. Hay que aplaudir esta meta que tanto estaba haciendo falta, pese a que sea una cantidad mínima en comparación de las necesidades del país si se compara con los cerca de 300,000 kilómetros estimados que hay en todo el territorio nacional, pero que está completamente limitada por la disponibilidad de recursos monetarios de inversión.

El objetivo del programa es la transitabilidad de corredores de alto impacto, que obedezcan a las necesidades más sentidas en las regiones que permitan desarrollar sus actividades económicas y sociales de forma fluida.

El inventario de las vías a intervenir se logró mediante de un trabajo de planeación en la dirección del INVÍAS con base en la convocatoria a las JAC que la atendieron con postulaciones de vías en las que participaron del orden de 29,000 y culminaron el proceso 23,000 en todo el país. Y su priorización obedece a la habilitación de los corredores que respondan a las necesidades de la producción de las regiones, y ha coincidido con priorizaciones existentes como la de Planeación Nacional según los funcionarios. Otro criterio de priorización es la facilidad de la intervención y así lograr el mayor número posible de vías mejoradas.

El director del INVÍAS hizo énfasis en que el proceso ha sido técnico y no político, y para despejar toda duda sobre la vulnerabilidad a la politización del programa comentó que aunque en este tipo de convenios con las comunidades no aplica la Ley de Garantías (desde julio por el próximo proceso electoral) él, personalmente, no firmará ningún convenio después de junio.

El programa tiene dos estrategias: Transitabilidad y Mejoramiento.

De los 8 billones de pesos, 2 billones se asignarán a la estrategia de Transitabilidad y será llevada a cabo mediante Convenios Solidarios con Juntas de Acción Comunal cuyo valor unitario será del orden de 150 millones de pesos, en los cuales la ingeniería estará a cargo de los ingenieros de las 26 Direcciones Territoriales del INVÍAS que están siendo reforzadas con más ingenieros dedicados a trabajar directamente en el territorio, viabilizando las solicitudes de las comunidades, diseñando, acompañando y supervisando los tramos de vías que se estén interviniendo.

Otros 5 billones de pesos se invertirán a través de la estrategia de Mejoramiento contratada por obra pública con Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES- de ingeniería, en la que ojalá se puedan privilegiar aquellas que sean de las mismas regiones, y tendrán montos superiores a 1,000 millones de pesos en cada contrato. Los diseños para la contratación y la supervisión de las construcciones también serán llevados a cabo por los ingenieros del INVÍAS.

Y para las zonas de conflicto en donde no se lograría de otra forma, los Batallones de Ingenieros del Ejército Nacional ejecutarán del orden del 10% del programa.

Con base en las explicaciones de los dos funcionarios se puede afirmar que el programa sí está concebido para ser realizado con el concurso necesario de profesionales de la ingeniería en todas sus actividades como lo establece la Ley 842 de 2003 para este tipo de trabajos. Como debe ser.

Dos aspectos finales para destacar. Todo el programa está siendo llevado a cabo sin papeles; desde las postulaciones de vías por las JAC, su ubicación georreferenciada, la Viabilización por parte de los ingenieros del INVÍAS, los diseños, los reportes de supervisión, los pagos a las JAC y a las PYMES, todo el proceso sistematizado en la plataforma de la Entidad. Magnífico ejemplo para las demás entidades. Y el segundo es muy importante: el uso de nuevas tecnologías para el diseño y construcción de las vías de acuerdo con las realidades y posibilidades de cada territorio, y no solo la construcción de “placa huella” que son costosas y no necesarias en muchos casos: veremos soluciones de estabilización de las superficies que ofrecen reducciones de costos que permiten hacer más kilómetros con la misma inversión. Una demostración de ingenierías aplicadas a los trabajos de las vías.

Como lo hemos dicho desde esta columna en múltiples oportunidades, nada tan multi-objetivo como las vías terciarias: apuntan a reducir los cultivos ilícitos al hacer competitivas las tierras para producir y transportar productos diferentes a la coca (que no necesita vías para ser transportada), y por ende, apuntan a la paz en los territorios y al desarrollo y bienestar de las comunidades campesinas que los habitan, además de la posibilidad de soñar en producir para la seguridad alimentaria nacional y la exportación de productos agrícolas generando negocios interesantes para el campo y divisas para el país. Objetivos todos de carácter superior.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Puentes agridulces

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 19, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

La semana anterior fue agridulce para la ingeniería en el país.

Lo agrio: Se cayó el puente del Alambrado sobre el río La Vieja en el Quindío, que impide la conexión directa entre el Valle, incluyendo el puerto de Buenaventura, y el centro del país, una de las más activas en el territorio nacional. Por fortuna, hay una vía alterna razonable pese a tener que recorrer más kilómetros y un poco más de tiempo. Comentaremos este caso próximamente cuando se dispongan los análisis técnicos de la falla.

Lo dulce: el Tribunal de Arbitramento del contrato del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla, determinó que la reclamación de la firma SACYR no tenía fundamente y sentenció que el INVÍAS no tendría que pagarle un solo peso de un monto reclamado de 135 mil millones de pesos (actualizado a hoy rondaría los 150 mil millones). En realidad es un poco agridulce también, porque el recuento de cómo se llegó a esta situación es agrio, pero por lo menos genera grandes lecciones aprendidas para que sean aplicadas de aquí en adelante. Su historia a continuación.

Laudo arbitral del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla

La mayor parte de la reclamación de SACYR se trataba de una Mayor Permanencia en Obra (70% aproximadamente) debido al cambio de diseño y sistema constructivo. Una paradoja si se tiene en cuenta que el principal objetivo de la constructora al inicio del contrato era este cambio, para lo cual se llenó de argumentos (entre los cuales estaba la eventual compra de un terreno en el lado oriental por la existencia de una instalación de una empresa de gas) y terminó convenciendo al INVÍAS de ambos cambios y además facturarle 120 mil millones adicionales a los 630 mil millones con los cuales se había ganado la licitación de construcción de obra pública. Para que nos hagamos una idea, la sola adición significa nada menos que hacer más de un puente como el Chirajara, el famoso de la vía al Llano. La constructora dijo que no era posible construirlo con prefabricados; en el fondo lo que quería fundir in situ para que le saliera menos costoso; insólito si se recuerda que se ganó el contrato dados unos diseños completamente terminados, con planos listos para construir, como debe ser.

El diseño del puente fue contratado por el reconocido ingeniero Jaime Fandiño con su empresa y un consorcio que lo acompañó; a su vez de contaron con la asesoría de la firma de Jose Fernandez Casado con el ingeniero Materola liderando el diseño, pesos pesados de la ingeniería española con renombre mundial. Se reforzaron del lado colombiano con el ingeniero Jorge Padilla para tener una relación técnica de altísimo nivel con los asesores. Este punto es importante.

A partir del hallazgo de una menor longitud del puente construido comparado al inicialmente diseñado (315 metros menos) el perito técnico, ingeniero Mario Lara, desenredó una madeja que llevó al equipo de defensa del INVÍAS a una posición muy sólida ante el Tribunal.

Se preguntaba el ingeniero Lara que al disminuir la longitud del puente lógicamente tendrían que haberse aumentado las pendientes del mismo. Sin embargo, al comprobar que no fue así siguió investigando y encontró que se había bajado el gálibo de diseño en la sección central (de 51 metros a 45), lo cual tenía implicaciones en la prestación de servicio para el que fue construido el puente. El gálibo en este caso es la altura libre entre el nivel del río y la parte más baja del puente en su punto más alto, o sea, la mayor altura que puede tener un barco al pasar por debajo del puente; nada menos que el argumento principal por el que se decidió hacer el puente con semejante inversión (ese es otro debate de grueso calibre que revisaremos en próximo artículo).

Pero encontró más asuntos difíciles. La menor longitud del puente fue lograda recortándolo en el lado oriental, con el argumento de evitar la instalación de gas. El diseño original entraba unos 400 metros desde la orilla del río; por supuesto les pareció más fácil entrar solamente 100 metros y así evitar los gastos aparentemente innecesarios de adquirir los terrenos. Lo que descubrió el perito técnico es que el río está permanentemente erosionando esa margen y que el diseño original proyectó tal longitud para poder preservar la vida útil del puente a 75 años. Eso significa que tal decisión nos está dejando con la inminente construcción de protecciones cuando el río con su erosión esté llegando al estribo del puente. Pero adicionalmente, revisando en detalle la geometría del sitio llegó a la conclusión que se hubiera podido evitar la compra de los terrenos de la instalación de gas y conservar la longitud original. Es decir, una solución errada usada seguramente para justificar el cambio de diseño, para a su vez generar un mayor valor, tal como sucedió.

Y con esta reclamación, además, querían otros 135 mil millones por haberles aprobado el cambio de diseño y sistema constructivo para bajar sus costos de construcción y pese a haberles aprobado los primeros 120 mil millones.

A buena hora los Árbitros comprendieron muy bien los argumentos del perito ingeniero Lara, ya conocido por sus explicaciones sencillas de entender a temas complejos de ingeniería, para las que utiliza maquetas y gráficos que facilitan la comprensión.

Un gran logro, puesto que estamos más acostumbrados a recibir malas noticias en la defensa del Estado contra los grandes contratistas y mas trasnacionales como SACYR, reconocidos por tener más abogados que ingenieros.

A pesar del alborozo, no es lo ideal. Lo ideal es que no se llegaran a estas controversias y que los contratos del Estado, grandes y pequeños, se llevaran en la paz contractual que emergería de procesos de contratación trasparentes y bien madurados. Por eso hay que sacar las lecciones aprendidas de este sonado y abultado caso.

Lecciones aprendidas

Los contratos de construcción deben basarse en diseños bien hechos. Este era el caso, pero se ha perdido con las figuras de apropiación de diseños, las concesiones y las actividades de diseño y construcción unidas en las que el contratista de construcción hace el diseño; es simple prever que conllevan, todas, el incentivo perverso de hacer diseños de acuerdo con los intereses del constructor.

Los diseños bien hechos deben respetarse. El mismo tema, para hacernos revisar de fondo las formas contractuales actuales que van en contra de los intereses del Estado. No es cierto que las Entidades no puedan volver a manejar procesos contractuales de diseños bien hechos con la debida responsabilidad del diseñador.

Los cambios en el diseño o el sistema constructivo deben estar a cargo exclusivamente del contratista y así debe especificarse en los pliegos. Deberían quedar prohibidos estos cambios en los contratos, pero si así se aceptaran, los mayores costos inducidos deben estar a cargo exclusivo del contratista, eliminando así el incentivo perverso.

En caso de controversias es de la mayor importancia que las Entidades estatales se asesoren de los mejores peritos técnicos y que en el Tribunal de Arbitramento o en el Panel de Amigables Componedores debe haber al menos un ingeniero de mucha experiencia. Sobre todo en casos de gran complejidad y monto enorme, es clave poder llegar a los detalles técnicos más agudos que permitan valorar debidamente los argumentos del contratista.

Hay que mejorar el sistema de selección de árbitros evolucionándolo a un sistema similar al de reparto, para evitar que los árbitros otorguen una especie de premio de consolación para no estar en la lista negra de empresas que, como SACYR, permanentemente están invocando Tribunales de Arbitramiento que representan grandes ingresos para ellos.

Curiosamente así era antes. Hemos involucionado en contratación estatal y hemos, de paso, privilegiado las argucias y la corrupción. Tenemos que recuperar el trecho desandado lo antes posible.

Rafael Fonseca Zarate

Tecnología amenazante

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 12, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Hasta hace muy poco las cadenas de supermercados eran todopoderosas en sus mercados. En estas épocas todo puede cambiar en relativo poco tiempo a causa de la tecnología, y ahora están enfrentando serios problemas por una nueva rivalidad que, aunque se sabía que venía llegando, no han podido enfrentar con éxito. No se trata de la tecnología y sus avances, sino de los impactos severos que puede infringir a un sector específico como el de la venta detallista de alimentos, y extenderse a toda la economía y la política del mundo amenazando cambiar muchas de sus reglas actuales y exponiendo a la humanidad a enfrentar serios retos.

Lo había advertido Harari desde hace algún tiempo en “21 lecciones para el siglo XXI” (Debate, 2018) en el que señalaba que tanto la biotecnología como la infotecnología podrían ser la solución a nuestros problemas estructurales (cambio climático, pobreza, desigualdad) o por el contrario, ser la fuente de dominación de tipo totalitaria por aquellos poseedores de la tecnología. Por ahora ya sabemos que en los mercados va avanzando como una mancha imparable, tal cual como veremos en el caso de los minoristas.

Recientemente Wolf en su libro “La crisis del capitalismo democrático” (Penguin Random House, 2023) advierte que ya estamos viviendo una crisis de una enorme complejidad porque involucra y mezcla los problemas de política (polarización, populismo, especialmente de derecha), economía (insatisfacción de la gente debido a que el capitalismo no está respondiendo a sus expectativas de futuro económico, más desigualdad, globalización) y las tecnologías disruptivas.

Advierte que ya hemos retornado a la plutocracia como sistema político (el mismo del feudalismo), en la que los más poderosos económicamente se apoderan de la maquinaria política, a través de la financiación de las campañas de los políticos, que harán después exactamente lo que quieren los plutócratas (el círculo vicioso que hemos catalogado como la corrupción más grave, aun siendo legal aparentemente y que hemos comentado en detalle en varios artículos en esta columna). Y es este un estado propicio en el cual el surgimiento del totalitarismo a partir de la posesión de la tecnología podría estar a sólo unos cuantos años.

Los gigantes caídos

Imperdible el reciente documental de la DW titulado “El declive de los supermercados” (DW, 2023) en donde muestra la crisis en que se encuentran los que hasta hace poco eran amos absolutos en sus mercados, por cuenta de los ahora gigantes digitales como Amazon y Alibaba, y de sus propias guerras entre ellos. Comenta que su agresividad ha llegado hasta vulnerar los límites legales (para Europa), y usando métodos de negociación extremos exprimen al máximo a los proveedores en toda su cadena de suministro, hacia atrás. Al mismo tiempo muestra los métodos que están siendo usados por Amazon, con enfoques completamente diferentes, en los que la optimización es el negocio, basado en la oportunidad, la facilidad y logrando precios difíciles para sus competidores. Se alcanza a ver que todo esto conlleva efectos fuertes en el empleo por la eliminación de puestos de trabajo debido a la automatización y a los procesos optimizados.

Amazon en EE. UU. ha entrado en el mercado poniendo su propia versión de autoservicio en donde todo está digitalizado y por supuesto no hay necesidad de cajeros, y toda la información de preferencias e incluso hasta dudas del cliente se usarán para hacerle cada vez más interesante su experiencia de compra, lejísimos de lo que sus viejos competidores podrían responder; una entrada con grandísimas inversiones provenientes de una caja inmensa que anuncia que va a ser el líder del mercado tarde o temprano. Y desde luego, contando con su poderoso sistema de entregas.

El caso de Alibaba que llega a integrarse hacia atrás hasta las plantas de hortalizas que usan inteligencia artificial con hidroponía en invernaderos gigantes, eliminando la necesidad de suelo, abonos, plaguicidas y mucha mano de obra. Muestra un ejemplo en China en los que el 80% de los empleados son para la preparación de pedidos y su entrega, es decir, nada menos que el anuncio de la muerte del “autoservicio” que hizo famosos a los supermercados desde los 60s en EE. UU.. Importante visualizar que el cambio de paradigma es hacia la optimización en toda la cadena de suministro, lo cual reduce los precios, estimula la rivalidad, tenderá a concentrar la propiedad y por ende, solo unos cuantos podrán seguir en el negocio. La concentración del poder que hemos venido hablando.

Vértigo inverso

Al ver la rapidez con que se mueve el mundo desarrollado con estas tecnologías aplicadas al mercado de los alimentos, y a la proliferación y locura que ha producido la muy reciente llegada de la Inteligencia Artificial a las herramientas cotidianas de escritorio, como ejemplos indiscutibles del paso más veloz que toman las tecnologías en el mundo desarrollado, se experimenta una suerte de vértigo, que podríamos llamar “vértigo inverso” debido a que la causa no es la rapidez en el movimiento propio sino el de los demás relativas al lento movimiento propio.

Las tecnologías le dan muchas más ventajas todos los días a esos países, muchas más de las que ya tenían, y de las cuales estábamos ya alejados: tenemos unos déficits en generación de ciencia, educación, pobreza, corrupción, que son manifestaciones de los problemas estructurales que como país no nos dejan avanzar. Vivimos ensimismados en problemas domésticos muy enraizados, y no estamos pudiendo ver lo que se nos puede venir del mundo, señalado por Harari. Para cuando nos llegue la dominación, es posible que ni nos demos cuenta.

Retos enormes

Debemos resolver el nudo al que hemos llegado en corrupción y en politiquería, puesto que la polarización nos impedirá trabajar en equipo, con algo de inteligencia colectiva, que nos permita levantar la mirada y auscultar estos retantes escenarios futuros.

Si lográramos resolver ese nudo, aunque sea en parte, de inmediato nos podríamos a trabajar en temas de seguridad (alimentaria, energética, integralidad del territorio, del agua, entre otras), en disminuir urgentemente la corrupción, y en educación, en mucha educación de calidad desde la niñez hasta la científica que nos permita entender la tecnología y su velocidad, para no solo usarla y adoptarla, sino adaptarla a nuestras necesidades específicas, y mejor aún, hasta crearla. De lo contrario, el mundo avanzando a velocidades enormes nos cogerá amarrados con nuestro propio nudo, insulso frente a esta amenaza descomunal; seremos presa fácil y posiblemente perdamos hasta la dignidad.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Alta vulnerabilidad por informalidad: a 40 años del terremoto de Popayán

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 5, 2023. Publicado en Colombia, Lo + Confidencial.

Imagen de referencia

La incapacidad del Estado para vigilar las construcciones en todo el país es la principal fuente de vulnerabilidad a los terremotos: el 50% de todas las construcciones han sido informales, es decir, que no han tenido ni diseño, ni construcción ni control profesional y mucho menos cumplen la norma vigente sismo resistente (1). Del otro 50%, más o menos la mitad fue construida antes de 1984, año en que salió la primera norma, por lo que potencialmente tienen vulnerabilidad. Y para el restante 25%, aunque hayan tenido un proceso formal en su construcción, se sabe que no todo ha quedado bien edificado.

Lo anterior significa que si tuviéramos un terremoto como el de Turquía la devastación podría ser enorme, dado que potencialmente el 75% de las edificaciones son vulnerables, y mataría del orden del 1% de la población. Bogotá y Soacha, por ejemplo, tendrían unos 100,000 muertos. Una absoluta tragedia. Expertos de la Asociación de Ingeniería Sísmica -AIS- han señalado que para el mismo tipo de eventos, ciudades en Japón o USA los muertos podrían estar entre el 0.2% y el 0.3% por sus diferencias en legalidad, cumplimiento de normas y diseños anti-sísmicos. Una gran diferencia.

El viernes pasado, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD- convocó en asocio con el Fondo de Adaptación al Cambio Climático y la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- a un foro llamado: “40 años del terremoto de Popayán: ¿qué tan vulnerables estamos frente a un terremoto?”. La conclusión fue la del primer párrafo. Un asunto muy serio y de la mayor gravedad posible.

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Desde el terremoto de Popayán se ha avanzado mucho en la Norma de Construcciones Sismo Resistentes -NSR- que incluso se convirtió en las leyes 400 de 1997 y 1796 de 2016, y su aplicación en las construcciones. Es decir, que todas las edificaciones que indique la norma están obligadas a observar las condiciones mínimas que allí se establecen, por lo menos. Pero la NSR sólo apunta a ese 25% de construcciones que son formales. Y no han faltado los problemas aun siendo formales: solo falta recordar el desplome del edificio Space en Medellín y las posteriores demoliciones de edificios, y los que se están en observación.

En todo este tiempo la SCI ha estado muy preocupada por esta situación tan alarmante; en 2018 emitió un documento dirigido al Gobierno Nacional (el que esté de turno) con esta alerta máxima y su hoja de ruta incluida para ajustar lo que no está funcionando al respecto:

“Solicitud de ajuste en procesos de negocio, diseño y construcción con miras a asegurar la calidad de las edificaciones y garantizar que sean seguras”, que contiene los puntos clave. El documento completo se puede consultar en la Revista Anales SCI, edición 942, página 10. Aquí la lista sintetizada de la hoja de ruta:

Control a las construcciones por parte del Estado (no permitir la informalidad).
Recursos para los Inspectores de Policía como responsables del control urbano (para detectar y no permitir la informalidad).
Diligencia en las sanciones a Funcionarios, Promotores y Profesionales corruptos.
Garantizar la real independencia del Revisor estructural y el Supervisor técnico independiente.
Asignación por reparto de los Revisores, Supervisores y Curadores.
Emprender la revisión de todas las edificaciones con problemas de licenciamiento, o en las cuales se tenga noticia de sub-diseños por hiper-optimización.
Revisión generalizada de edificaciones que por su antigüedad o por su informalidad, puedan no cumplir con la NSR-10, y determinar su demolición o posibilidad de refuerzo.
Revisión y posterior reforzamiento de todas las estructuras públicas priorizadas.
Crear el marco legal y económico para facilitar que se adelanten las revisiones de las edificaciones privadas y sus posteriores demolición o reforzamientos según sea el caso.

Lo más importante del foro es que la UNGRD (el Gobierno) esté interactuando con la SCI sobre terremotos y riesgo sísmico, trabajando en su función primordial para prevenir los desastres, y menos tener que atenderlos cuando sucedan los fenómenos naturales. Este es un paso prometedor.

Una medida del desarrollo de un país es el grado de preparación para preservar la vida ante los fenómenos naturales como hemos visto. En Colombia tenemos mucho trabajo por hacer al respecto.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Notas:

(1) Según la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio más del 50% de la construcción que se desarrolla en las ciudades es informal (ilegal, sin licencia), mostrado en su Conferencia en el 65º Congreso de la Construcción Camacol, octubre 19-21/2022; fuente: Ciudades 4.0 Política Nacional Urbana, MVCT 2019.

Nota (2) Fotografías suministradas amablemente por la Fundación Vivienda Segura [email protected] ; autor Luis Guillermo Aycardi.

Alerta máxima para la pequeña ingeniería

Escrito por Rafael Fonseca en Mar 29, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

La insistencia del Gobierno en no contar con la ingeniería en los caminos comunitarios para la paz total le pasará una cuenta de cobro muy dura a la pequeña ingeniería. Y no se trata de que las Juntas de Acción Comunal -JAC- no trabajen y no participen de su desarrollo local. Al revés, se trata de que ese desarrollo local quede bien hecho con el concurso de la ingeniería, como debe ser.

Desafortunadamente se han manejado imprecisiones por el presidente Petro para empujar esta iniciativa. La primera tiene que ver con que los caminos comunitarios los hacen los grandes contratistas, y la segunda, que las comunidades cuidarán y rendirán la platica. Lo cierto es que los caminos comunitarios los ha hecho la pequeña ingeniería, a punta de órdenes de trabajo como se les decía antes, o pequeños contratos. Y lo segundo niega nuestra realidad, cada vez más aplastante, en la que los políticos en el ejecutivo o en el legislativo se les olvida que la corrupción es rampante y no se puede tener la ingenuidad de planear programas o políticas contando con la honorabilidad de la gente. Menos cuando se sabe que hay una probabilidad importante que las JAC sean presa fácil de politiquería y corrupción. No menor es la preocupación de que el INVÍAS vaya a manejar una inversión de 8 billones de pesos a través de las JAC por todo el país, a toda velocidad y sin estudios mínimos.

Pero el problema va más allá, y no solo se puede dejar como un clamor de la pequeña ingeniería, que de paso, también tiene derecho a su trabajo. Es un un problema legal: en la Ley 842 de 2003, reglamentación del ejercicio de la ingeniería, dice con toda claridad que

“ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como:

a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad” (subrayado por fuera del texto original).

Así las cosas, el programa del Gobierno, impulsado velozmente por el INVÍAS, no se puede hacer sin quebrantar esa ley. El programa nacería con vulnerabilidad jurídica entonces. Se ha mencionado que el ingeniero del municipio pondrá la ingeniería necesaria, lo cual a su vez es poco factible dado que en la mayoría de los municipios no se cuenta con un ingeniero idóneo para asumir toda esa responsabilidad.

Y es que una pequeña obra veredal, como lo es un camino en las montañas, suele enfrentar problemas geotécnicos que de no estudiarse y diseñarse bien podrían generar posteriormente fuertes problemas ambientales (erosión, remociones en masa o derrumbes como se les conoce coloquialmente) que tengan impactos desde pérdida de vidas hasta taponamientos que impidan el flujo de la economía de sus habitantes. No es como dice el INVÍAS, que obritas como un box-culvert (alcantarilla rectangular de dimensiones importantes y que hace las veces de un puente), alcantarillas, pavimento (la famosa y no siempre buena “placa-huella”) e increíblemente la aplicación de nuevas tecnologías (!!) se podían construir sin un ingeniero responsable que sepa, no solo interpretar planos y especificaciones, controlar la calidad de los materiales y la construcción, sino interpretar las condiciones cambiantes del terreno y de la realidad en la obra que impliquen tomar decisiones apartándose del diseño original o pedir ayuda calificada.

La mejor forma de armar un desastre es subestimar los riesgos que implica todo trabajo de ingeniería, y más, haciendo carreteras en la difíciles geografía y geología de nuestras húmedas montañas. Así sean pequeñas carreteras comunitarias ¿no es lo deseable para todos, las mismas comunidades y el país en general, que queden bien? No es, como se ve, solo un tema de contratación. Pero en ese frente jurídico se pueden provocar verdaderas avalanchas, que no le convienen ni al Gobierno ni a las comunidades porque ponen en riesgo la ejecución del programa.

En la misma Ley se puede advertir que los funcionarios tendrían implicaciones legales por infringir los siguientes artículos: artículo 14 “El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la ingeniería…”, artículo 33, literal h: “Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecución de los trabajos…”; artículo 34, literal a: “Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes…”; artículo 35, literal b: “Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias…”; artículo 39, literal d: “…ser guardianes de los intereses de sus clientes…” es decir, las comunidades atendidas.

Y también allí se especifica que el Consejo Nacional de Ingeniería -COPNIA- tendría que actuar por oficio, artículo 60, numeral 3. Revisando las responsabilidades del COPNIA que aplicarían a este caso específico, se encuentran: artículo 26, literal e: “Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al ejercicio legal de la ingeniería…”; literal f: “Denunciar ante las autoridades competentes los delitos y contravenciones de que tenga conocimiento…”; el difícil literal m: “Con el apoyo de las demás autoridades administrativas y de policía, inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional…”; y el literal p: “Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las demás normas que la reglamenten y complementen…”. Lo ideal sería, que como órgano consultivo del Gobierno, le recomiende lo antes posible que no vaya a cometer esta infracción enorme y busque la forma de involucrar la ingeniería requerida.

Si queremos ayudar a la gente del campo a cosechar todos los impactos positivos de los caminos comunitarios que hemos aplaudido en varios artículos anteriores, hay que hacer las cosas bien. Y por supuesto, legalmente. Este es un llamado al Gobierno y sus funcionarios para que repiensen en conjunto con los ingenieros como mejorar el programa de caminos comunitarios para la paz total para que salga bien, en todo sentido, en paz.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Arreglos urgentes en la política de vivienda de interés social

Escrito por Rafael Fonseca en Mar 8, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Pese a que la Constitución de nuestro país determina sin ambages que “todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna” este objetivo está lejos de ser una realidad. No solo por el déficit de viviendas, que en 2020 según el DANE llegó a 1,200,000 viviendas de interés social (VIS) de las 3´700,000 del déficit total, sino porque este número depende de lo que se ha definido como VIS digna (artículo 51) y que se intuye que podría ser mucho mayor.

En el 37º Congreso Nacional de Ingeniería celebrado recientemente, el reconocido ingeniero investigador José Joaquín Álvarez presentó una ponencia que mostró sintéticamente diez paradigmas que hay que revisar y corregir con urgencia, que dejan sendos retos para arreglar la forma en que debemos alcanzar el propósito de ayudar a los conciudadanos en condición de pobreza, que marcan una hoja de ruta que el Ministerio de Vivienda debería discutir y adoptar.

La VIS es aquella que “reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, y cuyo valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo de viviendas” (decreto 1077 de 2015, artículo 2.1.1.1.1.1.2). Y por su parte, Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP) “es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo de viviendas”.

La pregunta fundamental que se hace el ingeniero Álvarez es si las normas existentes son realmente buenas. Normas que se establecieron por decreto, y que por supuesto dependieron de personas, seguramente queriendo acertar, pero personas al fin y al cabo. Sobre todo en la relación del precio máximo con respecto a la vivienda digna: ¿los topes que se establecieron realmente derivan en una vivienda digna? Específicamente, a lo que se llama “habitabilidad” que son aquellas condiciones mínimas para vivir con dignidad.

Es importante entender que los m² y el número de cuartos para una familia de cinco personas son determinantes para una vida digna, pero que al no estar reglamentada la habitabilidad mínima, lo único que termina contando es el tope en dinero y en los m² mínimos. Es decir, están desconectados los criterios de calidad a los del precio y m². Hoy en día el aérea mínima de la vivienda es 42 m², y el área mínima habitable es tan solo de 36 m². Para ilustrar este punto mostró un plano de una vivienda VIS sueca en 1970 con un área de 63 m². Una gran diferencia que apunta a la revisión urgente de los requisitos mínimos de habitabilidad.

En cambio, sí se distraen los recursos escasos de estos programas para vivienda VIS para estratos altos, lo cual, desde su enunciado es un despropósito (ver Subsidio VIS para clases altas, ConfidencialColombia, 2023). Esto deja ver que la política ha estado más orientada a la generación de negocios para el sector de la construcción de vivienda y no a resolver el mandato del artículo 51 de la Constitución Nacional.

No se debe entender que no hay que estimular este sector; su relación con la generación de empleo es vital para la economía y es un jalonador habitual en situaciones de crisis. Pero no a costa de la destinación de recursos muy necesarios para atender a quienes deben estar dirigidos: las personas que por su condición de pobreza no pueden aspirar a una vivienda digna. “Los planes de vivienda de interés social deben definirse por el destinatario final y no por el valor de la vivienda” sentencia con toda razón el ingeniero Álvarez.

Otro asunto no menos importante tiene que ver con la inconveniencia de hacer VIS en altura (edificios de apartamentos) que ha fallado alrededor del mundo, entre otras cosas, porque el costo de operación y mantenimiento del edificio (ascensores, sistemas contra incendios, bombas, etcétera) se vuelve una carga difícil de llevar para sus habitantes con recursos ya escasos.

Hizo un llamado de atención para no olvidar que la necesidad de VIS no solo está en los centros urbanos con mayor población, sino en todo el país como es lo debido, incluyendo el campo, en donde se encuentren los mayores índices de pobreza. Estaba indicando que estas decisiones no pueden ser políticas o por el peso de las ciudades y regiones más importantes del país, sino mediante una priorización con base en las necesidades de aliviar la pobreza como lo ordena la Constitución.

Hizo hincapié en que la VIS necesita control como cualquier otra construcción: no por ser de interés social no debiera tener la seguridad y calidad de las demás; todo lo contrario. Y las VIS rurales necesitan también licencia de construcción. También insistió en no seguir haciendo válida la política de hacer legalizaciones de urbanizaciones pirata (informales), sin hacer previamente un análisis de ingeniería sobre el riesgo mitigable que puede conducir a reforzar, o a reubicar y demoler. Incluso citó las tristemente famosas “amnistías urbanísticas” que fueron determinantes en el número de muertos en el reciente desastre a raíz de los terremotos de Turquía.

Las decisiones técnicas no pueden reemplazarse por decisiones políticas. Lo hemos insistido permanentemente. En nuestro país, en forma cotidiana, se toman decisiones mal tomadas por este reemplazo errado y forzado. Y peor si se hace para privilegiar resultados económicos para una minúscula fracción de la sociedad. En las VIS se requiere que los técnicos tengan la palabra y se revise con urgencia toda la política a ver si logramos que todo colombiano viva dignamente. Es un asunto de elemental humanidad.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

La ética global

Escrito por Rafael Fonseca en Mar 1, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En la vorágine que vivimos cotidianamente para sobrevivir en un mundo cada vez más hiper competido, andamos muy congestionados como para hablar, escuchar y reflexionar sobre moral y ética, a no ser cuando nos quejamos de la corrupción reinante y de los políticos cínicos que en forma recurrente prometen que ahora sí actuarán honestamente y no como los anteriores.

No obstante, nunca como ahora ha sido necesario hablar sobre ética, ahora que a todos nos corresponde entender el momento difícil de la humanidad y cada uno tiene que poner su aporte a la solución (ética en su acepción: conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad). Necesitamos hablar de una ética global que se pueda incorporar en la vida diaria de la gente, que se vuelva lo natural, y no para teorizar por parte de intelectuales y académicos.

En La tragedia de los comunes [bienes/recursos] (Hardin, 1968) plantea el problema del agotamiento o destrucción a largo plazo de un recurso o bien común a partir de su uso o explotación por parte de individuos motivados por sus intereses egoístas, con base en decisiones racionales de corto plazo, aunque a ninguno de ellos le convenga que tal agotamiento suceda. Hoy, el planteamiento es más complejo al comprender que esas decisiones personales no solo afectan a los mismos individuos que concurren al uso del bien común, sino a toda la humanidad en su conjunto, debido a que ese bien común es la tierra misma.

60 años más tarde, en La tiranía del hombre común (Schwartz, 2009) formula la pregunta “¿Cómo escapar del dilema en el que muchos individuos actuando racionalmente con en su propio interés, pueden, en última instancia, destruir un recurso compartido y limitado, incluso cuando es evidente que esto no beneficia a nadie a largo plazo? Nos enfrentamos ahora a la tragedia de los bienes comunes globales. Hay una Tierra, una atmósfera, una fuente de agua y siete mil millones de personas compartiéndolas. Deficientemente. Los ricos están sobre consumiendo y los pobres esperan impacientes a unírseles”.

Como resultado de su inexplicable estupidez colectiva (Innerarity, 2019), el ser humano ha deteriorado su única casa mayor y la ha puesto en riesgo. Un asunto de ética de la mayor envergadura posible, que, a la luz de la supuesta racionalidad de los humanos para tomar sus decisiones, ha debido ser un asunto de lógica elemental de supervivencia. Pero la tozuda realidad actual demuestra que nada está más lejos de la lógica reinante.

Hardin en 1968 (!!), Schwartz en 2009, Innerarity en 2019, comparten el mismo cuestionamiento: ¿Qué pasó con la inteligencia de los humanos? ¿Por qué la gente no actúa con ética global?

Savater encuentra una respuesta a esto, separando la racionalidad de la razonabilidad (Savater, 2008), que a simple vista pareciera sencillo, pero que tiene un fuerte sentido que podría ayudar a encontrar soluciones entendibles para recuperar la ética.

El ejemplo clásico de esta divergencia se observa cuando los ciudadanos usan su carro y no el transporte público, porque su racionalidad les lleva a concluir que así se movilizan más cómodamente y satisfacen necesidades aspiracionales, sin tener en cuenta que contribuyen a contaminar el aire, aumentar la congestión y generar ruido, que a la larga aumentan los casos de enfermedades respiratorias y de morbilidad, y una baja calidad de vida en la ciudad, lo cual, no resulta razonable de ninguna manera para ellos mismos que habitan tal ciudad y por ende sufrirán todos estos males en un mayor grado.

Es posible que falte ilustración sobre estas relaciones de causas y consecuencias no obvias cuando no se tiene el conocimiento mínimo requerido. Por eso, la solución siempre empieza por la educación. Pero como sabemos en tantos casos, aun contando con un nivel más que adecuado de conocimientos, se observan muchísimos casos de actuación no ética a diario. Es una realidad y una gran pena, pero la solución no se alcanzaría solo con educación.

Es racional para un industrial extraer minerales para obtener, con su proceso de transformación y mercadeo, ganancias para sí mismo, cumpliendo las leyes y normas establecidas para hacerlo; pero no es razonable que la liquidación de sus ganancias personales no tenga en cuenta el costo de esa naturaleza finita, como si no fuera perecible, ese costo ambiental que pueda causar el impacto de la extracción representado en la destrucción o contaminación de fuentes y corrientes de agua y todas sus amplias implicaciones, la destrucción del hábitat natural de especies, y en general, del uso total de la energía para llevar sus productos al mercado. Tarde o temprano, sus efectos se le devolverán en contra de él mismo o de su descendencia, directa o indirectamente, de una manera u otra.

El sistema económico, especialmente el capitalismo de las últimas décadas, ha exacerbado el comportamiento egoísta, desintegrando cada vez más la capacidad de pensamiento y actuación colectiva dentro de las sociedades. Como el uso de la naturaleza no ha tenido precio dentro del sistema económico que se rige en torno al dinero, tampoco ha tenido valor (dentro de su esquema de valores); el resultado ha sido su devastación.

También ha llevado a las condiciones de concentración de la riqueza en poquísimas personas, mientras la enorme mayoría de la población no logra salir de la pobreza: la inequidad comparte el podio de los males mayores que la inteligencia del ser humano no fue capaz de atender. Es ese reformulamiento de los valores en torno al dinero y la devaluación de la vida, que llevó a la “deshumanización del humano” (Castells, 2017); una real paradoja.

Ni que decir de la racionalidad del minero ilegal, que sin cumplir ni leyes ni normas existentes que en algo contienen el daño, destruye de manera absurda la naturaleza y la envenena; nada le importa, aunque lo sepa, porque sus decisiones se rigen únicamente por sus ganancias relativamente más fáciles de corto plazo. Su racionalidad incluye la ilegalidad promovida por la impunidad práctica que le permite el Estado del territorio en que opera, y el egoísmo máximo que no mide consecuencia alguna para los seres vivos a su alrededor. Esa debilidad del Estado, o quizá la falta real de interés de ejecutar el control de ese Estado, es aún más depredadora y de mayor impacto negativo.

Savater clama por un mayor nivel de conciencia en las personas, haciendo de la razonabilidad el cuestionamiento que apunta a la ética. Si las personas reforzaran su ética, en sus decisiones futuras primaría su razonabilidad, aun cuando la racionalidad apuntara en otro sentido.

Hay que advertir que la racionalidad resulta naturalmente más atractiva que la razonabilidad, porque depende más de la lógica cercana, al sentido del yo, y se refiere al corto plazo; mientras que la razonabilidad apela a la reflexión para encontrar la mejor forma de convivir entre los humanos, a la empatía y al sentido del todo y del largo plazo.

Para que el valor de la vida sobre la tierra vuelva a florecer, incluyendo por supuesto, la del humano, necesitamos que la ética global florezca primero en el humano. Que florezca la razonabilidad de personas éticas, fuertes, que influyan cada vez más sobre otras muchas más, y así, un movimiento de inteligencia colectiva logre determinar las decisiones de los humanos en la recuperación del valor de la vida.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

Lecturas citadas:

Castells, M. y. (2017). Otra economía es posible. Madrid: Alianza Editorial.

Fonseca, R. (13 de may de 2014). La ética reinante engendra la corrupción. El mundo es nuestra meta.

Hardin, G. (ol. 162, Issue 3859, pp. 1243-1248. de 1968). The tragedy of the commons. Science Magazine.

Innerarity, D. (26 de mar de 2019). La estupidez colectiva. EL PAÍS.

Savater, F. (7 de feb de 2008). Lo racional y lo razonable. EL PAÍS.

Schwartz, B. (July/August de 2009). Tyranny for the Commons Man. The National Interest.

Duras lecciones desde Turquía

Escrito por Rafael Fonseca en Feb 15, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Sentimientos de incertidumbre y susto deben estar aterrando a los habitantes de Turquía, después de lo que se ha sabido en estos días posteriores a los terremotos en el suroeste del país y en Siria. Hay similitudes que nos obligan a tener en cuenta sus lecciones de inmediato.

Al fin de semana ya iban alrededor de 35,000 muertos pero los expertos ya hablan de que la cifra llegará a 90,000. El número de heridos ya pasó por esta cifra.

Después de los 18,000 muertos debido al terremoto de 1999, Turquía ha tenido como ley el código de construcciones sismo-resistentes.

No obstante, el presidente de la Cámara de Arquitectos de Turquía dijo que “los edificios fueron construidos con materiales y métodos inferiores, y que generalmente no cumplieron con los estándares gubernamentales” (Infobae). Y es que culpan a la corrupción endémica en el país y a las políticas gubernamentales, porque permitieron las llamadas “amnistías” para los contratistas, mediante las cuales podían pagar una multa para no actualizar las estructuras incumpliendo con las normas vigentes de construcción, con el fin de fomentar un auge inmobiliario (BBC).

Para nadie era desconocida la evidente amenaza sísmica pero “fue en gran medida ignorada dado que abordarla sería costoso, impopular y frenaría un motor clave del crecimiento económico del país”. Antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2018, el Gobierno del presidente Erdogan otorgó una de esas “amnistías” (Infobae).

Aún así, según las declaraciones del gobernante en la zona de desastre: «Estas cosas siempre han sucedido«, «Es parte del plan del destino» (BBC).

La Cámara de Ingenieros Geológicos de Turquía había instado desde 2021 al Gobierno a realizar estudios para garantizar que los edificios en la zona de desastre cumplieran los códigos y acabara con las amnistías. Y había advertido que la “indiferencia a la cultura de seguridad ante desastres” causaría muertes prevenibles (Infobae).

Por su parte, el presidente de la Unión de Cámaras de Ingenieros y Urbanistas de Estambul “estimó que hasta 75.000 edificios en la zona afectada por el terremoto han recibido amnistías”. Y el propio Ministro de Desarrollo Urbano había reconocido en 2018 que la mitad de los edificios en Turquía no cumplían (las normas mínimas) (Notas de Prensa).

Pese a todo esto, el Ministro de Justicia anunció el establecimiento de oficinas de investigación de terremotos (ABC News) y “están detrás de arquitectos, geólogos e ingenieros para que respondan por el desastre”. Ya van más de 130 bajo investigación y varios detenidos. Como si no hubiera responsabilidad del Estado en el desastre.

Para los expertos internacionales el asunto no es diferente. Por ejemplo, David Alexander, profesor de planificación de emergencias en el University College London, dijo: “Este es un desastre causado por una construcción de mala calidad, no por un terremoto”. Sin ambages señala a la muy probable vulnerabilidad de las edificaciones como la causa del desastre (VOA News).

Las normas mínimas funcionan

En primer lugar, hay que tener en cuenta que han sido dos terremotos principales atípicos, con movimientos simultáneos horizontales en dos direcciones (norte-sur y este-oeste) y vertical, con una gran intensidad (7.8 y 6.7, V a VII Ricther) y muy poco profundos (1 a 20 kilómetros) con cientos de réplicas. Lo muestra el terrible resultado en toda el área de influencia de los fuertísimos movimientos telúricos.

De los aproximadamente 20,000 edificios que se cayeron, se estima que entre 100 a 500 colapsaron a pesar de estar diseñados cumpliendo las últimas especificaciones (1). Hay que recordar que las normas apuntan a que no colapsen las estructuras aunque se dañen, porque salvar la vida es lo prioritario. Pese a que no han debido caerse, el dato es muy importante por dos aspectos:

En términos generales muestra que sí funcionan las normas mínimas de diseño que contienen los códigos; que la ingeniería funciona. Pero que la mala política, la corrupción y anteponer objetivos económicos a la vida, producen desastres terribles.
Estos sismos atípicos para éste “instante” del conocimiento humano al respecto, exigen una revisión profunda del estado del arte en el diseño y construcción de edificaciones, en Turquía y en todos los países con esta amenaza. La oportunidad de aprendizaje será enorme en todas las escuelas de ingeniería estructural alrededor del mundo, lo cual redundará en el mejoramiento de la seguridad en el diseño de los edificios.

¿Por qué esto tiene que ver con Colombia?

La situación en Turquía, en términos generales, es parecida en nuestro medio.

Según la estimación del ingeniero José Joaquín Alvarez, presidente de la Comisión de Estructuras y Construcción de la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-, en Colombia el 50% de las edificaciones son ilegales, es decir, no han pasado por ningún control de diseño o construcción (la mitad no cumplen las normas mínimas). Y del restante, entre 20 a 25% pese a que en su momento fueron legales y tuvieron licencia, pero fueron construidas antes de 1985, año en que entró en vigor el código para construcciones sismo-resistentes, no han sido actualizadas. Esto significa, nada menos, que tenemos del orden del 75% de las edificaciones vulnerables (datos Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER- y Ministerio de Vivienda). Aterrador.

No podemos olvidar que en Colombia hemos tenido casos de edificios colapsados sin la ocurrencia de un sismo, por cargas verticales únicamente (¡no eran capaces de sostener su peso propio!) con licencia, como el Space en Medellín (2013), y sin licencia, como el Blas de Leso en Cartagena (2017). Y los muchos que han tenido que ser demolidos en Medellín (ConfidencialColombia, R.Fonseca).

Advertencias

Desde 2018, la Sociedad Colombiana de Ingenieros instó al Gobierno a actuar por medio del pronunciamiento llamado “Solicitud de ajuste en procesos de negocio, diseño y construcción con miras a asegurar la calidad de las edificaciones y garantizar que sean seguras”, que contenía puntos clave (Revista Anales de Ingeniería, SCI, edición 946, página 10), entre otros:

“Debe asegurarse el control a las construcciones por parte del Estado”.
“La falta de diligencia o la no ejecución del control debido a actos corruptos, tanto los Funcionarios como los Promotores (propietarios) de las edificaciones, deben ser castigados con la máxima severidad que la ley permita para casos en los cuales se exponga la vida de los residentes de tales edificaciones”.
“(…) dotar a las inspecciones de Policía de todo el país (1123 municipios) de los recursos idóneos especializados (…)”.
(…) garantizar la real independencia del revisor técnico independiente y el supervisor técnico independiente, que se hablan en la ley 1796 de 2016, los decretos 945 y 1203 de 2017 y las resoluciones 462, 463 y 0017 de 2017 (…)”.
(…) asignación de los Revisores, Supervisores y Curadores por reparto y con toda trasparencia, y controle que los honorarios a recibir por estas funciones sean los que están establecidos en la resolución 0017 cuya redacción debe ser modificada para que sean mínimos obligatorios y no simplemente sugeridos, y no estén sometidos a ningún tipo de negociación”.
“(…) emprender la revisión de todas las edificaciones a nivel nacional con problemas de licenciamiento, o en las cuales se tenga noticia de sub-diseños, hiper-optimización de diseños, o que su diseño se hizo con reducciones de los factores de seguridad, por fuera de las recomendaciones, normas técnicas y marco jurídico vigente (…)”.
“(…) extenderse esta revisión generalizada a aquellas edificaciones que por su vejez o por su carácter de informalidad, puedan no cumplir con la NSR-10, y puedan presentar una vulnerabilidad apreciable frente a la amenaza sísmica, para determinar la posibilidad de reparación y/o reforzamiento o la necesidad de reemplazo de la estructura (…)”.
“(…) cumplirse la revisión y posterior reparación y/o reforzamiento de las estructuras públicas priorizadas que se encuentran aún sin tales trabajos urgentes establecidos en el marco legal vigente para edificaciones
“(…) crear el marco legal y económico para facilitar que se adelanten las revisiones de las edificaciones pertenecientes a privados, y sus posteriores reparaciones y/o reforzamientos o demolición y nueva construcción, que logre bajar en forma real la vulnerabilidad frente a la amenaza sísmica en el menor tiempo posible (…)”.

Los ajustes son lentos en nuestro país. Al igual que en Turquía, es como si el Gobierno no tuviera que ver con la seguridad de la vida de sus compatriotas. Siendo su responsabilidad. Las lecciones del medio oriente nos enseñan que sí suceden sismos muy fuertes y que tarde o temprano le pasan factura a todos los problemas similares con los que convivimos.

Avances

Actualmente el Servicio Geológico Colombiano -SGC- está adelantando el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico coordinado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI- con el concurso de expertos de varias de las más prestigiosas universidades. El Modelo servirá para estimar % muertos, # edificaciones que se dañarían y % Producto Interno Bruto -PIB- que se afectaría si hubiera un terremoto en alguna parte del país.

En Turquía ya se estima que la destrucción va a costar el 10% del PIB. Esta cifra es muy importante porque le aclara muy bien a los gobernantes que es menos costoso disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones que enfrentar un desastre semejante y además reconstruir.

Para hacerse una idea, los expertos de la Asociación de Ingeniería Sísmica -AIS- hablan de que en Bogotá, dadas todas sus circunstancias, los muertos podrían estar entre 0.8% y 1% para un evento devastador como el de Turquía, es decir, unas 90,000 personas. Terrible. (para Japón o USA podría estar entre el 0.2% y el 0.3% puesto que sus circunstancias son bien diferentes: legalidad, cumplimiento de normas, diseños anti-sísmicos).

Ministerio de Vivienda, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, IDIGER, Gobierno: ¡hay que actuar responsablemente, ya!

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

Nota (1): es necesario esperar a la estadística rigurosa con los edificios colapsados, el año de construcción y si hubo el diseño estructural por parte de un ingeniero, para la conclusión final.