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Corrupción, sólo 500 años de experiencia

Escrito por Confidencial Noticias en Ago 2, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven, Punto de inflexión, Venezuela.

En días pasados el secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas -ACCE-, Alcides Gómez, durante la instalación del foro La corrupción en Colombia y las propuestas para su eliminación, organizado en conjunto con el Colegio Máximo de las Academias de Colombia -COLMAC-, y el Instituto Anticorrupción -IA-, hizo la presentación histórica del problema de la corrupción, remontándose hasta la colonia.

Presentó algunos fragmentos tomados del libro Corrupción: metáfora de ambición y deseo de Hermes Tovar Pinzón (Ediciones UniAndes, 2014) que nos llevan directamente a las raíces del problema más sofocante que tenemos, que es a su vez causa de la mayoría de los demás problemas que sufrimos, que no solo no nos deja avanzar sino que nos mantiene anclados al subdesarrollo y sin esperanza de salir de la pobreza y mejorar la desigualdad.

Las tres instituciones que nos trajo la colonia fueron la encomienda, la alcabala y la iglesia católica. El recorrido por estos fragmentos nos da una repasada sobre cómo estas instituciones forjaron una cultura de corrupción muy arraigada que fomentó la pobreza, la desigualdad, el racismo y la injusticia. Son hoy, esos resultados con los que nos ha tocado vivir.

Por considerarlo de gran importancia para la comprensión real del problema mayor de los colombianos, comparto los fragmentos de la conferencia (en una adaptación libre) que permiten visualizar aquella época infortunada:

La colonia tuvo una historia de poder, de familias poderosas y caciques locales que cayeron en la tentación de la corrupción y el fraude. En la sociedad colonial, funcionarios estatales, líderes religiosos y gamonales utilizaron lo ilícito para enriquecerse, generando malestar social. Las relaciones de poder se basaban en conveniencia, amiguismo, parentesco y prejuicios, lo que permitía el acceso a tierras, negocios y cargos mediante prácticas corruptas.

Durante la colonia, burocracia, empresariado e iglesia explotaron y dominaron la sociedad, incluyendo a indios, negros y mestizos. Esta «Santa Trinidad» creó sistemas de opresión, soborno e injusticia, con tribunales propios para castigar y torturar. Se unieron para controlar la tierra, ingresos fiscales y todas las estructuras de poder, afianzando su hegemonía e inmoralidad.

A lo largo del tiempo, se estableció la exclusión social y el racismo como formas de marginar y establecer una nueva estructura de castas en las colonias. Surgieron sistemas que limitaban las oportunidades de desarrollo para unos pocos. Se forjaron los pilares para mantener la impunidad y reprimir a aquellos que desafiaban su poder y privilegios en busca de libertad, democracia y derechos fundamentales. Los que controlaban el poder público ignoraron que, si el costo de la ley supera sus beneficios, la ley se incumple y se consolida la ilegitimidad.

En el mundo colonial, se aceptaron y promovieron conductas de despilfarro, violencia e impunidad, lo que dio lugar a una cultura de saqueo arraigada en el Estado colonial y posteriormente en la República, aún bajo los estandartes de libertad y orden. A pesar de los controles fiscales y restricciones comerciales, el desfalco, robo y evasión de impuestos fueron comunes, al igual que el contrabando de diversos bienes, respaldado por las autoridades aduaneras y militares de puertos y ciudades pequeñas.

La ilegalidad y la informalidad se afianzaron con el respaldo de funcionarios de alto y bajo nivel, así como de personas interesadas en beneficiarse de estas prácticas opacas de la economía. Desde mercaderes hasta oficiales reales, gobernadores y hasta obispos, todos se vieron involucrados en la corrupción, como se decía en la época alrededor de 1630.

Estas conductas operaron como la principal forma de acumulación de capital y riqueza para algunos en la época colonial, mientras que para otros eran medios de supervivencia. La escasez de oportunidades económicas impulsó el enriquecimiento de grupos que se establecieron en ciudades, villas y poblados, a través del uso de recursos públicos, la sobre explotación de los tributos y la evasión de impuestos. Esta ambiciosa economía de codicia y corrupción llevó a los menos favorecidos a imitar a predicadores de normas y leyes sobre el orden y la moral.

Los gobernantes, quienes debían promover la honestidad, equidad y equilibrio social, no fueron un buen ejemplo para los grupos subalternos que siguieron sus prácticas éticas. Un ejemplo de esto fue el fiscal de la audiencia de Panamá en 1608, quien reportó grandes fraudes en las aduanas durante la llegada de las flotas a Portobelo (Panamá) pero culpó a personas pobres de Sevilla (España) por dejarse sobornar.

Alrededor de 1620, los oficiales reales en Cartagena de Indias dejaron de inspeccionar los navíos a cambio de sobornos para permitir la introducción ilegal de negros y otros bienes de contrabando. Aproximadamente la mitad de los negros introducidos entre 1618 y 1620 fueron contrabando, y las autoridades recibían un tercio de los impuestos recaudados, que se repartían entre el teniente Gobernador, el tesorero y el contador. Un grupo de subalternos y colaboradores facilitaban el funcionamiento de estos sistemas corruptos, donde la inequidad en los ingresos y la impunidad en la justicia se consolidaron como los principales pilares de la corrupción desde el siglo XVII.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, el contrabando se convirtió en un modo de vida que unía a políticos, funcionarios militares y comerciantes en una poderosa y persistente camarilla de contrabandistas. Incluso el virrey Villalonga fue acusado de extorsión y destituido debido a su complicidad con el gran grupo de contrabandistas establecido en Cartagena.

Después de 1830, quienes lideraron la construcción de la República heredaron los antivalores y corrupción del pasado, considerando legítimo mantener el dominio sobre cabildos, gobernaciones y aparatos estatales, así como los recursos públicos, sin los controles impuestos desde la metrópoli colonial. Estos herederos de la cultura de la venalidad y el cohecho establecieron una ética republicana basada en sus antiguos vicios y privilegios. Aunque ya no pagaban por los cargos burocráticos, utilizaron los recursos públicos para enriquecer a sus allegados.

Casi todas las guerras civiles buscaron intereses burocráticos más que fines políticos, ya que el botín estaba en las rentas públicas, utilizadas para recompensar a sus seguidores con pensiones, bienes y cargos oficiales. Los partidos luchaban por obtener el control de la administración pública para favorecer a sus allegados y familiares. Al ser denunciada la corrupción, los grupos en el poder respondieron con represión y violencia para silenciar a los críticos.

Esta dimensión humana de la corrupción y su evolución histórica se encuentran registradas en archivos históricos de Europa y América Latina. El impacto económico y los costos sociales de este desfalco han sido devastadores para el crecimiento y desarrollo de las regiones y de la nación colombiana.

Que legado tan funesto. Los 500 años de experiencia en todo tipo de prácticas corruptas explican nuestra cultura tan fuerte al respecto, y nos deja con la necesidad de ser más agudos y ácidos en la auto reflexión, en la reflexión conjunta y en el diseño de soluciones, desde puntuales hasta generalizadas, desde individuales hasta colectivas, desde legales hasta éticas, que nos permitieran tener al menos la esperanza de que algún día podríamos mejorar.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Balance desolador pero bien conocido: corrupción e impunidad

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 26, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

La impunidad es sobre todo una recompensa. Una recompensa para los corruptos que pueden llevarse el botín y los alienta a seguir robando. Recuerda esto una frase de Ayn Rand: “cuando caes en cuenta que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada». Así estamos, condenados si no logramos hacer que una parte importante de la política colombiana haga los arreglos que se necesitan para parar la corrupción generalizada.

Sobre el “hallazgo desolador” del Secretario de la Transparencia, no hay nada de qué sorprendernos (CM&,2023). Es cierto que una impunidad del 94% es asombrosa. No se entiende cómo una sociedad puede vivir sin justicia. Pero no puede sorprendernos cuando es normal y cotidiano, desde hace décadas, que se destapen nuevos “escándalos” (no se escandaliza nadie ya) de personajes de la política. Los conocemos a través de los titulares de periódicos, revistas y sitios de internet que usualmente aprovechan para atacar a quienes les sean contrarios a los intereses de los dueños de su medio de comunicación, en el ejercicio, también corrupto, del oficio de “informar”. Lo único que ha ido cambiando, francamente al alza, es el monto de tales “escándalos”.

Por lo cual, lo “destapado” por el Secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga sí constituye un balance desolador, como él lo llama, pero no es un gran descubrimiento. Sí podría ser muy importante si en realidad este Gobierno estuviera dispuesto a “meterle ganas” para disminuir la corrupción. Si sólo es un mecanismo para desprestigiar al Fiscal y enviarle un mensaje de “hagámonos pasito” entonces no pasará nada diferente a todo lo anterior; no nos olvidemos que, en los hervores de todas las campañas, sin excepción, todos los candidatos han prometido que atacarán la corrupción, y nosotros, el pueblo bobo, vuelve y cree. Cínicamente, porque sabían que no lo iban a hacer, como en efecto, no lo hicieron. Ninguno.

Hay que advertir que no todas las denuncias tienen que terminar en encarcelamientos o terminan siendo “un positivo”, lo que significa que el número de denuncias que se manejan puede ser más alto que lo debido, y por su parte, la más grave, no todos los actos corruptos tienen su denuncia, lo que significa que el número de denuncias puede no reflejar un número mucho más grande de contratos con corrupción porque no hubo denuncias. Esto puede tener muchas causas (ejemplos): a la gente le da miedo denunciar, o piensa que no va a pasar nada denunciando y para que perder su tiempo, o porque se terminó la ejecución con todo y corrupción, o porque ya ha hecho carrera que así es el asunto y hay que aceptarlo.

Como todos podemos inferir, en la medida que haya más impunidad hay más corrupción por no haber ninguna consecuencia adversa por cometer ilícitos. Sin tener en cuenta la aclaración del párrafo anterior, con total impunidad (94%) pues debemos tener total corrupción. Algo así es lo que se percibe. No tenemos una cifra cierta sobre la corrupción, solo algunas estimaciones de las entidades de control de años recientes que hablaron de 50 billones anuales (ElPaís, 2017)(Alponiente, 2022); es posible que se queden cortas.

El sistema de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) y el judicial (jueces, tribunales y altas cortes), como se sabe con casos ciertos, han entrado en la cadena de corrupción y que, como dice el Secretario, son responsables de la impunidad. Desde que los montos de corrupción son enormes se habilitó también que hubiera dinero para silenciar y torcer a todos los posibles actores en el proceso. Pero, desde luego, la mejor forma de que no haya impunidad es que no haya corrupción a la cual procesar judicialmente y no termine en impunidad al final. De Perogrullo.

Y hay varias medidas preventivas de bulto, que se le pueden sugerir al Secretario con el mejor ánimo de proponer los cambios necesarios.

Posiblemente el aumento de los montos de la corrupción haya influido en forma directa en una mayor impunidad, porque habilita el pago de los torcidos en todo el sistema, desde los que entregan el contrato, los de los entes de control y los jueces hasta las altas cortes. Por lo tanto, hay que prohibir la agregación de contratos y en lo posible que, al revés, se desagreguen en partes más pequeñas. ¿Para qué agregar muchos colegios regados en la geografía nacional en un solo contrato, como lo hizo el FFIE? Con contratos pequeños, el monto es menor y la corrupción no alcanzaría para pagar a toda la cadena.

La más importante en todo caso, es prohibir las figuras que posibilitan que los dineros públicos no se controlen como públicos sino como privados, es decir, al antojo de quien los contrata. Ese es el caso de las entidades de economía mixta, de moda entre las entidades territoriales, que van desde poblaciones pequeñas hasta la mismísima Medellín. Al poder establecer las reglas como privado no se utilizan pliegos tipo para escoger al contratista; por supuesto, el pliego de condiciones se hace a la medida (sastre) del contratista que viene escogido de antemano. Esta cadena de corrupción, como ya se sabe también desde hace años, parte desde el Congresista que “consigue” los recursos y llega hasta el Alcalde, y seguramente funcionarios que se puedan atravesar o deban participar, que hacen caso y también participan del botín. Hay para todos. Desde luego, el contratista es parte de la banda.

En el Gobierno Duque y en este, los Presidentes han prohibido que no se usen pliegos tipo en las contrataciones del orden nacional mediante sendas “directivas presidenciales” a las que ninguno de sus funcionarios ha hecho caso y que terminaron siendo retiradas sin pena ni gloria meses después. A este nivel es la fuerza del “sistema corrupto” que hasta el todo poderoso Presidente de turno resulta pintado en la pared, seguramente por condicionamiento de los Congresistas que le advierten al mandatario que no lo acompañarán en sus iniciativas en el Congreso si no tienen como hacer fluir el dinero ilícito al que están acostumbrados.

Si el señor Presidente y su Secretario de la Trasparencia quieren de verdad impactar positivamente y en forma descomunal al país, lo que tienen que hacer es desmontar la posibilidad de saltarse la Ley 80 de 1993, a través de la figura descrita, que incluye la mermelada como se le conoce a los “acuerdos” que hace el Ejecutivo con los Congresistas para garantizar su “gobernabilidad”.

Los funcionarios de todas partes de la geografía nacional dirán que entonces no van a poder hacer mayor cosa en sus periodos puesto que los procesos de contratación son muy engorrosos. En la medida en que lo que les interese a los gobernantes sean los contratos y no los proyectos, la demora en los procesos perjudica a sus infames bolsillos. Pero es que los proyectos bien pensados para mejorar algún aspecto en el bienestar de los habitantes, bien planeados, bien licitados, bien contratados y bien desarrollados tienen ciclos de madurez que requieren tiempo. No obstante, se podría estudiar cómo mejorar los tiempos en esos procesos, puesto que siempre se encontrarán oportunidades dentro de la legalidad y con mayor uso de la tecnología. Se necesita que Colombia Compra Eficiente desarrolle un proceso eficiente al mismo tiempo de salvaguardar la trasparencia en la adquisición de bienes y servicios del Estado. Y en últimas, solo al principio habría un impacto en la ejecución mientras se hace el ajuste requerido, porque después los procesos fluirían con sus tiempos necesarios, aunque algunos pasarán de un período anual al siguiente, asunto que tampoco les gusta a los funcionarios corruptos porque les quita manejo frente a los otros actores corruptos coequiperos en el robo de los dineros públicos.

En este tema, especialmente, saber lo que se debe hacer esta bien pero no significa mayor cosa. Lograr hacerlo es lo que se lleva todos los méritos. Ninguno de los que pertenecen a este sistema corrupto querrá ayudar, como es apenas lógico. Y eso puede significar una gran soledad en una batalla peligrosa al máximo, que exige entonces mayor inteligencia y coraje. La gran oportunidad para, de verdad, cambiar al país y de paso para cumplir con la promesa de campaña y ganar una enorme cantidad de puntos en la opinión pública. Sin duda.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

Saliendo de la crisis en la vivienda

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 20, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Sociedad Superficial.

Las fuentes de la crisis en el sector de la construcción de vivienda provienen de varios frentes como lo han explicado los analistas (Casas en el Aire, EL Tiempo, 2023 y varios más). Uno tiene que ver con las tasas de intereses que subieron al ritmo de la inflación y de la reacción del Banco de la República subiendo su tasa de referencia, otro de la desaceleración de la economía que trae consecuencias en el empleo, otro proviene de las medidas que tomó el Gobierno en torno a los subsidios, o de la inflación específica de los materiales de construcción y al menos otro que habla sobre el pesimismo que invade a los ciudadanos cuando se presentan temporadas de malas calificaciones de los gobiernos.

53.3% de caída de la construcción en el primer semestre (Camacol entrevistado en La República, 2023), que es el doliente por ser el gremio de los constructores de vivienda, es alarmante y preocupa aún más por su encadenamiento de varios sectores, en especial la mano de obra no calificada y los materiales de la construcción.

Seguramente una parte importante de la causa, si no la más importante, tiene que ver con las medidas que tomó el Gobierno en el pasado abril con el Decreto 490 de 2023 en donde quita el precio de la vivienda como determinante en los subsidios y se establece la clasificación socioeconómica del SISBEN IV y se configura un sistema de puntajes para orientarlos hacia los hogares y municipios con necesidades mayores. Y se ha amplificado por la coyuntura de las tasas de interés, aunque manejable por el mismo Gobierno a través del mismo sistema de subsidios (a la tasa), los mayores costos de los materiales (que suben por la causas publicitadas pero no bajan cuando empiezan a desaparecer esas causas, y se convierte en especulación) y de pronto algo, aunque difícil de creer en los estratos a los que se dirigen los subsidios, por la opinión pesimista frente al Gobierno. Sin embargo, Camacol lo que resiente es la demora del Gobierno en reaccionar (La República, 2023).

En un artículo de noviembre del 2022 titulado “Subsidio VIS para clases altas” (ConfidencialColombia, 2023) di cuenta de la forma mañosa que hacían las constructoras para desviar subsidios para la Vivienda de Interés Social -VIS- a las clases que no lo necesitaban, estratos 5 y 6, con el esquema de renovación urbana, una especie de esguince para poder hacer el desvío. Todo legal, pero trampa al propósito del subsidio. Bueno, casi todo. Revisando el mecanismo de un contrato adicional para terminar el apartamento que ofrecían al límite de lo establecido en la norma quedaron muchas dudas de que eso fuera no solo tramposo sino también ilegal. La norma (Decreto 1077 de 2015 que estaba vigente el año pasado) decía que “Todos los valores contenidos en los contratos adicionales que se suscriban por parte del vendedor y los beneficiarios formarán parte del valor final de la vivienda” para efectos del cálculo del tope máximo, detalle que no se cumplía en los casos visitados. La información encontrada para el artículo citado mostraba que durante el año anterior (2021) el 70% de los recursos para subsidios que debieran haber beneficiado a las clases pobres, se había destinado a estratos 5 y 6 por este mecanismo. Había que hacer el ajuste corrigiendo esta injusticia, y desde luego hay que celebrarlo.

Pero trae también un cambio en los trámites que se deben hacer; en palabras de un potencial beneficiario “le pone muchas trabas a la compra de la vivienda” (CityTV, 2023) que hace más lento el proceso, lo cual también ha sido una causa para la crisis. Camacol dice que el 40% de los hogares no están clasificados en el SISBÉN lo que dificultará el trámite y habría que esperar para que logren hacer el proceso correspondiente, lo que ocasionaría un lento retorno a la mecánica que se llevaba, que prácticamente no tenía trámites (Portafolio, 2023)

Aún así, hay optimismo en el sector. La adición al Presupuesto General de la Nación por $1 billón para asegurar 75,000 subsidios (Ley 2299 de 2023) moviliza los recursos necesarios y la ministra Velasco dice que se va a pasar de 33,000 subsidios anuales que en promedio se lograron entre 2018 y 2020 a 50,000 entre 2023 a 2026 (MinVivienda, 2023). Y los empresarios, a través Camacol también se sienten optimistas (Camacol, 2023) aunque advierten que hay que disponer de mayores recursos porque la adición presupuestal no va a alcanzar. Hay que desear que salgan adelante los compradores y beneficiarios de los subsidios, que a los constructores les vaya bien en el proceso, que la economía repunte con este sector y que al Gobierno le funcione bien el ajuste para asegurar que los subsidios lleguen los necesitados y cierre la posibilidad de que injustamente vayan a engrosar las arcas de los que no los requieren. Este tipo de asuntos es necesario revisarlos en todos los sectores y hacer los ajustes que toquen.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Contraloría no controla lo que debe controlar

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 12, 2023. Publicado en Colombia, Opinión.

En los últimos días la Contraloría anunció un proceso en contra de los funcionarios del INVÍAS del anterior Gobierno que salvaron a la Nación de pagarle un monto adicional enorme al contratista del nuevo puente en Barranquilla sobre el río Magdalena en un reciente proceso ante su Tribunal de Arbitramiento, por haber pagado a los abogados y auxiliares de la justicia para lograrlo.

Opinan los funcionarios de la entidad de control que los 1,008 millones de pesos que pagaron para defenderse en el proceso arbitral eran evitables porque en un proceso ordinario se hubiera podido conciliar las diferencias con SACYR y tener el mismo resultado sin pagarle a la constructora un solo peso ni a los abogados y peritos (Las2Orillas, 2023). Y es que recurrir a la justicia ordinaria era el mecanismo de solución de controversias pactado en el contrato original que fue cambiado antes de la terminación del contrato por el mecanismo de resolución de controversias Tribunal de Arbitramiento, muy usado ahora porque es expedito.

Una opinión de expertos supone uno, pero opinión de todas formas. Y seguirá siendo opinión porque ya no se podrá saber cómo hubiera sido el curso de los hechos bajo esa opinión.

Como lo relatamos en el artículo Puentes agridulces la acción del INVÍAS, los abogados y los peritos evitó que la Nación le diera a SACYR otros 135,000 millones de pesos que estaba reclamando mediante el Tribunal de Arbitramento que falló que no había que pagarles nada.

La Contraloría resalta que al pactar el mecanismo del Tribunal de Arbitramiento antes de que se acabara el contrato, el INVÍAS había eliminado del contrato original la cláusula de resolución de controversias, mediante la cual la constructora hubiera tenido que recurrir a un proceso ordinario, cuyo primer paso obligado era la conciliación en la cual se hubiera podido llegar al mismo acuerdo, directamente, cero pesos de pago, sin “perder” lo de los abogados y peritos en el Tribunal. Con base en esa opinión, habría detrimento patrimonial.

Cuando SACYR salió ganadora en la licitación, y al revisar el diseño que debía construir determinó que no podía “apropiarlo” y que debería volverlo a hacer. El diseño original, adelantado por el reconocido diseñador Jaime Fandiño y su empresa, contando con expertos internacionales tan importantes como Jose Fernández Casado con la dirección del famoso ingeniero Materola, no dejaba duda en la calidad del mismo.

Pero para SACYR no debía ser así, ya que como buenos expertos en contratación con nuestro Estado, no podían “desaprovechar” la oportunidad de argumentar aumentos en el monto del contrato usando el procedimiento de “apropiación de los diseños” y efectivamente lograron facturar 120,000 millones de pesos adicionales a los 630,000 millones de pesos de la oferta original con la que se habían ganado la construcción del puente. Nada despreciable.

Su argumentación se basó en que tenían que construirlo sin prefabricación para que les saliera menos costoso; inaceptable porque se ganó el contrato dados unos diseños completamente terminados, con planos perfectamente listos para construir que supuestamente había estudiado en detalle para poder licitar. Pero además, insólito que cambie los diseños para reducir costos y no solo haya que pagarle más por el cambio de diseño sino que al terminar esté reclamando 135,000 millones de pesos más porque tuvo mayor permanencia en obra, precisamente por haber cambiado los diseños. ¿Quién entiende nuestra debilidad institucional?

La apropiación de los diseños es un paso obligatorio que se inventaron en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– de Bogotá, de la década de los años 90, con la directora Patiño, que buscaba una solución a tanto lío que había entre la entidad y los contratistas que argumentaban defectos en el diseño que les entregaba el Instituto pero que eran desde la licitación parte de las reglas de juego. Quería trasladar el riesgo-diseño al contratista para que no reclamara por sus posibles defectos. Al principio funcionó bien e incluso llegó a ser el modelo que adoptaron las entidades públicas a nivel nacional como mejor práctica para contratos de obra pública. Pero si el contratista no quiere “apropiar” el diseño tiene la posibilidad de hacerlo de nuevo; obviamente, pronto se dieron cuenta que los diseños hechos por el mismo contratista daban la oportunidad de cambiarlo en su beneficio y en desmedro de la entidad y de todos los ciudadanos. Los contratistas tienen claro su objetivo, no obstante no sea ético, siempre que siga siendo legal. De paso, acabaron con la consultoría de diseño: ¿a quién le importa lo bueno o malo de un diseño que no se usará?

El problema es que en el proceso del Tribunal de Arbitramiento los peritos técnicos demostraron que el diseño original era un buen diseño y que en cambio el rediseño de SACYR no solamente cambió el precio y el tiempo de ejecución sino que cambió los parámetros de diseño que no podían cambiarse, como el gálibo y la longitud, asuntos que no han debido aprobarse en su momento. Hay que recordar que el gálibo, que es la altura máxima disponible para el paso de los buques en este caso, era la razón para hacer el nuevo puente. Esa razón era incambiable, desde luego.

Los que conocen de grandes contrataciones estatales opinan que SACYR es un duro jugador, muy avezado, que difícilmente pondría una reclamación tan grande para conciliar en el primer paso del proceso y aceptar que no le pagaran nada. Claro, son opiniones.

Como la opinión de la Contraloría.

¿Qué actuaciones ha tenido este ente de control en torno al cambio de diseño que también cambió las razones por las cuales hacer el puente y además con una argumentación técnica discutible (como se demostró con el proceso del Tribunal de Arbitramiento)?

No suena bien que anden buscando castigar a los funcionarios que defendieron los 135,000 millones de pesos adicionales que pretendía la contratista, y en lo cual tuvieron que gastar 1,008 millones de pesos, y al mismo tiempo no haber hecho nada para evitar el cambio de diseño y de sus parámetros que no podían cambiarse, y sí justificar con su silencio una fortuna adicional de 120,000 millones de adición al contrato original.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

No son los Wayuú los que cortarán el viento a ENEL

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 6, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven, Punto de inflexión, Venezuela.

El 25 de mayo pasado ENEL anunció que no iba más con su planta de generación de energía eléctrica Windpeshi con base en los vientos de La Guajira, debido a sobre costos que le ha implicado la interacción con la comunidad Wayuú.

La planta eólica tiene un costo de más o menos USD 1 millón por cada 1 MW instalado. Es decir, que para una planta de 205 MW debía costar USD 205 millones; se supo que han reportado hasta el momento un sobre costo de USD 80 millones, pero que podría llegar hasta completar USD 400 millones. Con seguridad, con ese desfase en la inversión, las expectativas de negocio se fueron al piso.

Por otro lado, el presidente Petro ha sido motivo de burlas en las redes de sus opositores porque confundió capacidad instalada (MW) con energía (GWh), restándole importancia a sus anuncios. Incluso con imprecisiones como la de Lloreda (ElPaís, 2023) que asignan un factor de planta por debajo de la mitad de lo que realmente es, quizás también para menguarle su impacto. Lo que produce por año efectivamente una planta se calcula como su capacidad instalada multiplicada por todas las horas del año y multiplicado por el factor de planta, porque no todas las horas se puede generar a plena capacidad. La maravilla de los vientos de La Guajira es que el factor es bien alto, de más de 50% (y no como yerra Lloreda poniendo el 30%). Por ejemplo, la planta que nos ocupa generará 1,011 GWh/año (La República, 2023) con una capacidad instalada de 205 MW, lo que implica un factor de planta de 56%.

El potencial de generación en La Guajira sí es enorme. Desde hace años se habla de la factibilidad de instalar 15,000 MW (CrudoTransparente, 2023). No obstante que el Presidente hable de 25,000 MW, quedémonos con el primer dato para ser conservadores. Si en toda La Guajira se tuviera el factor de planta de Windpeshi, la generación eléctrica anual en todo el departamento sería del orden de 73,584 GWh/año, muy parecida al consumo nacional en un año que es de 76,654 GWh (durante 2022, XM); solo que hay que almacenar su energía no despachable a la red en las horas de no consumo. Para ello hay que optar por baterías, hidrógeno líquido (verde) u otras formas muy interesantes que están saliendo de las investigaciones científicas movidas por la urgencia del cambio climático (reporte Iberdrola). Entre ellas, la utilización reversible de las hidroeléctricas para almacenar energía potencial en sus actuales embalses (BID, 2018).

Hasta el primer semestre de 2018 se pensaba que era imposible desarrollar el potencial de generación eléctrica en La Guajira por dos asuntos difíciles de vencer: al parecer los “dueños” del negocio de generación en el país bloqueaban los proyectos para la construcción de las líneas de conexión eléctricas que pudieran evacuar la energía que se produjera, y dos, los Wayuú que eran “muy difíciles de manejar”. El evento desafortunado en el túnel auxiliar de desviación en Hidroituango creó una crisis y probablemente el susto sirvió para destrabar la construcción de las líneas. No así el asunto con los Wayuú según las noticias que llegan desde Windpeshi.

Hace unos años tuve la oportunidad de participar en la estructuración del parque eólico Jouktai (viento en wayuunaiki) planta de 20 MW (hoy de Isagen), la primera que tuvo licencia ambiental después de Jepirachi (viento del noreste) que hizo EPM con dineros de fomento del Estado para que abriera esa frontera de desarrollo, pero que malogró en prácticamente todos los aspectos de ese piloto tan importante. Jouktai, con una capacidad de planta del 68% (más sorprendente aún), ha tenido una experiencia con los Wayuú diferente; sus promotores invirtieron algo más de 16 años gestando una relación armónica y confiable. En el proyecto estan incluidas las comunidades a través de sus cabildos y dos municipios, contando con sus autoridades ancestrales (esto es muy importante como se verá). Y participaron en el negocio de varias formas y no solo en el recibo de regalías; aunque no era alta esa participación, ese principio facilitaba relaciones más justas y respetuosas con ellos.

El quid de la problemática es que se ha negociado con los representantes de las comunidades tradicionales (las que han ocupado el territorio) y no con las comunidades ancestrales (que son dueñas del territorio por herencia materna en generaciones anteriores). Esto revela la falta de conocimiento juicioso, mínimo, que cualquiera que fuera a meterse en este negocio debería tener sobre su casi único factor de inestabilidad e incertidumbre. La problemática está bien analizada en el artículo de Monsalve (El País América, 2023).

Los problemas pueden provenir de varias causas comentadas por expertos en el asunto: la legislación del país tiene errores y permite estos conflictos (Torres, Lexir, 2023), las empresas dejan todo en manos de abogados cuando las negociaciones con las comunidades deben ser directas y cercanas, y de alguna forma, se ha visto a las comunidades indígenas como conjuntos de niños tontos a los que se les puede manejar con desdeño. Proponen mejoras, que no solo aplican para esta comunidad, sino que son generalizadas para todo el territorio nacional:

Debería haber licencia cultural, adicional a la ambiental, enfocada claramente al respeto por la cultura y sabiduría de las comunidades y sus derechos. Los Wayuús saben negociar (onagua en wayuunaiki) y nadie en su población pelearía contra la autoridad ancestral.

Las consultas previas hay que arreglarlas, empezando por el conocimiento adecuado de la cultura y de las leyes que los indígenas respetan. Hoy en día pueden durar entre 2 y 3 años, en los que los abogados e incluso el Estado reciben dinero por sus gestiones pero las comunidades solo refrigerios y transporte. Deben estar basadas en la representación legal de las comunidades que quedó mal en la reglamentación actual, que dice tradicionales y no ancestrales. Y deben ser expeditas, para lo cual se incluyen los siguientes tres párrafos.

Para evitar la no alineación de abogados y otros terceros con los intereses de las comunidades y de las empresas, y cuyo interés es obtener la mayor cantidad de dinero posible y no la negociación rápida y en paz, las negociaciones no deben ser acompañadas por terceros, deben estar basadas únicamente entre los representantes legítimos de las comunidades y las empresas directamente, observadas por el Estado.

Se deben establecer formas de participación y tarifas predefinidas en la legislación.

Hay que modificar el Decreto 1088 de 1993, pero no derogarlo. Este decreto les da a las comunidades la oportunidad de asociarse o constituirse en empresas, pero en él se configuraron varias figuras de representación indígena o autoridad como cabildos y autoridad tradicional (la que generó toda esta confusión).

No se necesita pensar mucho para prever los beneficios de estas mejoras: certidumbre para las empresas con sus proyectos necesarios para el desarrollo, quienes dejan de ser tratadas como vacas a las que hay que ordeñar sin piedad, en equilibrio con la naturaleza a través de las licencias ambientales y en equilibrio con los indígenas a través de las licencias culturales, quienes dejan de ser tratados como pobres y miserables a quienes hay que tirarles alguna limosna, y que los proyectos se logran sobre y a pesar de ellos. Como se ve, la causa principalmente está del lado del Estado. No se puede esperar más para erradicarla.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Asambleas Populares, mal remedio para una enfermedad mal diagnosticada

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 28, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El presidente Petro ordenó a sus ministros la celebración de Asambleas Populares en todos los municipios del país (Asamblea Nacional Popular, 2023) para que el pueblo pueda tener el poder, el poder de decidir, según sus palabras. ¿Qué tanto podrá lograr que “en adelante el Gobierno se moverá sobre las decisiones que surjan de las Asambleas Populares” en cada municipio” y que “las Asambleas Populares en cada municipio son para gobernar”?

Menciona al menos tres frentes de trabajo que son: las comunidades energéticas, los caminos campesinos y las comunidades de conectividad. Pero podría extenderse a todos los temas de sus reformas.

Varios artículos de opinión han expresado preocupaciones del alcance de la participación ciudadana, que coinciden principalmente en que no están en el ordenamiento constitucional, no tienen estructura definida, no tienen reglas legales conocidas y aceptadas, no está definida la forma y garantía de representación de toda la comunidad, no necesitan cuórum, las decisiones pueden basarse en abucheos y algarabía y que son vulnerables a la manipulación de grupos organizados; Wasserman (El Tiempo, 2023), Gómez Restrepo (La Patria, 2023), Flórez Arias (La Silla Vacía, 2023), Morales (El Tiempo, 2023).

Las advertencias de los columnistas se ven exacerbadas por nuestra cultura reinante marcada por no-educación, violencia común y corrupción generalizada, lo que avizora que muy posiblemente sean los grupos de poder presentes en los territorios los que tomen las decisiones y no la frágil democracia de las JAC, y por supuesto, por fuera del ordenamiento legal. Esto ya está sucediendo desde tiempo atrás en las zonas en donde las organizaciones armadas ilegales ejercen su influencia directa, pero el problema es que con las Asambleas Populares muy probablemente su ejercicio de poder, real e ilegal, se amplíe a muchas otras zonas en forma significativa.

El resultado puede apuntar a anarquía desde el nivel veredal hacia arriba, que podrán capitalizar los grupos armados ilegales con intereses en narcotráfico que ostentan el poder local. Un riesgo indescriptible, incluso para el mismo presidente Petro que promueve con sus frases tal nivel de entropía política que pronto podría llegar a la imposibilidad de controlarlas y al no poderlas satisfacer por escasez de recursos o límites legales, podrían tornarse en contra de él.

Por otro lado, las decisiones veredales serían eminentemente locales para poder ser populares (arreglar una vía existente que en invierno es impasable), por lo cual solo podrían priorizar las inversiones en su localidad frente a un presupuesto asignado ¿centralmente? Sería imposible priorizar proyectos zonales o regionales que podrían ser los más necesarios. Para ello, de todas maneras deberá haber funcionarios de planeación nacional informados que puedan hacer las optimizaciones zonales o regionales.

El presidente Petro tiene razón en cuanto a la necesidad de encontrar mecanismos para controlar la corrupción generalizada en la contratación estatal y en recuperar la participación de las comunidades en decisiones de proyectos (e inversiones) para su desarrollo y bienestar.

Pero no tiene razón cuando afirma que:

“Una gran inversión pública que en lugar de ir al gran contratista, que casi siempre termina en las cárceles por corrupción, pueda ir a las decenas de miles de acciones comunales”. Ningún gran contratista contrata caminos veredales (y obviamente, solo una mínima parte de los grandes contratistas ha terminado en las cárceles).

“Que sea el pueblo el que pueda contratar con el Estado para que el empleo se pueda irradiar a través del recurso público el trabajo comunal”. Es la pequeña y mediana ingeniería la que construye los caminos campesinos, profesionales necesitados que también son “pueblo” y se ganan la vida trabajando; el empleo irradiado es igual, y la mayoría de las veces la comunidad no tiene disponibilidad para trabajar en las vías porque tienen su trabajo en el campo: por eso son campesinos. Las obras de ingeniería deben contar con ingenieros (Ley 842 de 2013); poner a las JAC a contratar ingenieros (o a subcontratarlos) traerá más costo (intermediación innecesaria) o menos calidad (la contratación del ingeniero sin ningún criterio de selección; ingeniero sujeto a lo que diga o imponga su contratante) o más costo y menos calidad que será lo más probable (obras más caras y mal hechas).

“Y para que se pueda beneficiar en realidad la comunidad campesina y sobre todo para que no se pierda un solo peso del erario”. Una comunidad vigilante, a través de veedurías, sí puede ser garante de esto; pero nada asegura que una comunidad contratista no caiga en las mismas prácticas de corrupción generalizada del país. Lamentablemente no se puede contar con la certeza que no se pierda ningún peso del erario.

Partiendo de un mal diagnóstico de la enfermedad se llega a un mal remedio. En este caso de las vías campesinas, las Asambleas Populares sirven bien para la postulación y priorización local de los proyectos (dándoles la estructura necesaria), pero no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la ejecución, mal diagnosticada por el presidente y su Gobierno.

Es posible, dicen los amigos de las teorías de conspiración, que lo que se busca es crear expectativas y conducir a que los deseos no se pueden satisfacer porque el sistema no deja, y por tanto hay que cambiar el sistema. Y así, manejar votos por canalizar insatisfacciones.

Si el presidente Petro quisiera pasar a la historia como el artífice de grandes cambios positivos, como quisiéramos para que le vaya bien al país, entonces su máxima oportunidad sí es combatiendo la corrupción en la contratación pública lo cual traería un enorme impacto favorable para todos, incluyendo al campesinado.

Se debe establecer que la inversión con dineros públicos siempre debe ser controlada conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación pública) lo cual significaría meter en cintura a entidades como Findeter, DPS, DAPRE, Fondo Adaptación, Universidades y ESE públicas y la eliminación de los llamados “contrataderos”, que son Empresas Industriales y Comerciales del Estado creadas únicamente para prestar el “servicio de ELUDIR la Ley 80 a través de sus propios manuales” como EMDUCE, EDESO, EAG, Fundación Universidad del Valle, un gran etcétera y los fondos manejados mediante Fiducias, en las cuales se puede contratar con régimen privado, lo que a su vez permite establecer controles a su antojo, sin pliego tipo y contratar amañadamente, encareciendo de paso la contratación pública porque hacen el trabajo que las entidades públicas debieran realizar como parte de su misión natural.

Si los políticos difícilmente pudieran intermediar ilícitamente los contratos, perderían su interés en ellos, permitiendo que los proyectos se priorizaran debidamente, como debe ser, con participación de las comunidades y en conjunto con sus representantes políticos dentro del ordenamiento orgánico del Estado, que incluye los concejos municipales. Si no pudiera haber interés económico personal ilegal de los políticos por la dificultad de hacer corrupción, la capacidad del Estado mejoraría y la participación de las comunidades empezaría a brillar.

Ese es el camino en el cual el remedio correcto no solo es mucho mejor que la enfermedad sino que mejora efectivamente la enfermedad. Las Asambleas Populares, que pueden usarse exitosamente para la apropiación de las comunidades de sus proyectos de desarrollo y su priorización local, no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la contratación pública y es posible que nos dejen con mucha más enfermedad que la actual y anarquía. Ese es el riesgo.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Eliminar subsidios a los combustibles, vital para la transición energética

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 21, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El Banco Mundial le ha puesto cifras al enorme gasto del Mundo en subsidiar los combustibles fósiles (BM, 2023). Sí, así como se lee, el Mundo promueve el consumo de combustibles fósiles en contra de las estrategias urgentes que el mismo Mundo debería estar implementando para combatir el cambio climático. Un contrasentido muy grave.

Dice el Banco que a nivel global se gasta monetariamente en subsidios más de doce y media (12.5) veces lo que se había prometido invertir en el marco del Acuerdo de París (USD 100,000 millones por año) para financiar las iniciativas que combatan el cambio climático, destinados a combustibles fósiles, agricultura y pesca, todos con impactos fuertes contra los objetivos de desarrollo sostenible y los límites de sostenibilidad de la tierra. En cuanto hace a los combustibles, en subsidios el Mundo gasta USD 600,000 anuales.

En el informe del BM se señala que su verdadero costo debe incluir los subsidios implícitos a los contaminadores: contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, congestión vial y destrucción de la naturaleza, que no son pagados por quienes los causan. Sumando los subsidios explícitos e implícitos la cifra llega a USD 7 billones anuales, es decir, 70 veces lo que prometieron invertir los países desarrollados por año para combatir el cambio climático.

No estamos siguiendo las recomendaciones de los científicos, ya verdaderas súplicas, sino lo contrario. Por estúpido que parezca, seguimos fomentando el cambio climático. ¡Qué paradójica resulta ser la inteligencia humana!

Difícilmente se harán por fuera de la economía de mercados

Para reforzar la comprensión sin pasiones de este tema, es bueno recordar que las correcciones de rumbo que necesita el planeta difícilmente se harán por fuera de la economía de mercados, mayoritaria como sistema en el Mundo. Los subsidios son deformaciones a los libre-mercados usados como instrumentos de los Estados para corregir los efectos de esa libertad tales como afectaciones negativas a grupos menos favorecidos. Sucede actualmente y en semejantes proporciones en el seno de los países más liberales (hablando de ideología económica) como resultado de la confluencia de la conveniencia de los más ricos (en este caso, las petroleras, muy a la derecha del espectro político) con las intenciones de los políticos de implementar medidas que beneficien a la población más pobre (a la izquierda del espectro). Otra paradoja, que solo se puede explicar por la influencia non sancta del poder económico sobre el político.

Si siguiésemos su lógica, los libre-mercados deberían funcionar así: los precios incluirían el valor de los usos ambientales, de tal forma que por su alto monto se desestimularía la demanda de los productos más impactantes y los Estados recaudarían lo necesario para las compensaciones o reversiones de sus impactos negativos, en favor de toda la humanidad. Los ricos seguirían comprándolos guiados por su comodidad y tendencia suntuaria, pero tendrían que pagar precios muy altos por sus consumos que afecten a todos. En el sistema económico predominante, en la práctica, lo que no tiene precio no tiene valor, y por eso el medio ambiente no ha tenido valor; así se le estaría dando lo que le corresponde. Muy importante resultaría que los altos precios que reflejen el costo de los usos ambientales de los productos más impactantes habiliten la competitividad de sus sustitutos que aunque tuviesen más costos de producción (aún) pero mucho más valor ambiental, terminasen con un menor precio de transacción en los mercados. Ese es el caso de las energías limpias, por ejemplo, o de las iniciativas que todos los días vemos para limpiar el aire o al mar, para que se vuelvan competitivas rápidamente. Con la lógica de los libre-mercados, implementada así, sin “mañas exógenas”, funcionaría rápidamente una inteligente lucha contra el cambio climático que urgentemente necesitamos todos los humanos.

En Colombia también subsidiamos

En Colombia estamos subiendo gradualmente los combustibles para recuperar el ritmo que se abandonó en el Gobierno Duque argumentado como medida anti-inflación para ayudar a los afectados por la pandemia, lo que abrió el enorme déficit estimado a finales de 2022 entre $25 billones y $30 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- (MinHacienda, 2022). La estabilización que iba a hacer el FEPC, suavizando el impacto de las subidas y bajadas de los precios internacionales sobre el precio interno, “en la práctica ha funcionado efectivamente como un subsidio a los precios de los combustibles” puesto que a los Gobiernos les ha tocado ir cubriendo sus déficits. Así las cosas, eliminar los subsidios debe ser prioritario para el Gobierno Petro para ser coherente con su declarada conciencia sobre el problema mundial; suspender la exploración de nuevos yacimientos resultaría apenas secundario en esta perspectiva global, dados los impactos reales de Colombia al respecto.

El BM recomienda diseñar esta gradualidad con el cuidado de no exacerbar la pobreza y la ya muy alta desigualdad; esto deriva en subsidios focalizados a las personas consumidoras (y no masivamente a los materiales como hoy sucede con los combustibles e insumos para la agricultura). El problema radica en la eficiencia de la implementación de la focalización y el resultado al final de la gradualidad que, de no tomarse en conjunto con medidas de crecimiento que conduzca a nuevas oportunidades de ingreso, terminaría de todas maneras dejando más pobres a los ya pobres.

Pero hay alternativas para solventar los problemas (impacto en los más pobres) que emergen a la eliminación del subsidio. De lo que más se debe tratar la transición es en optimizar la demanda, en hacerla eficiente, tal cual como lo explicamos en Una transición energética inteligente (ConfidencialColombia, 2023). Recordemos que de toda la energía que se consume en nuestro país, se desperdicia el 70%. Mucho más importante que gastar en subsidios al combustible deberíamos invertir en la renovación de las flotas de transporte eliminando todos los motores viejos (sumamente ineficientes), o incluso en la reconversión energética de los hogares, especialmente de los pobres. Ambas políticas irían directamente a contrarrestar el impacto indeseable de la eliminación del subsidio, mejorando de raíz el verdadero problema.

Y puede haber más políticas en este sentido. Por ejemplo, podría evaluarse el traslado del subsidio a los combustibles al mayor subsidio de la tarifa de los sistemas de transporte público masivo, en donde quedaría perfectamente localizado en los más pobres y al mismo tiempo, sería positivo para combatir el cambio climático (y aún más, si se acelera su electrificación).

Mayores retos para la Dirección Nacional de Planeación -DNP-, que debe atender a esta necesidad mundial y darle coherencia a las prioridades en las políticas del Gobierno para que sincronice el discurso doméstico con el que debería estar ejecutando el planeta.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Alianzas Público-Populares-Profesionales para los caminos campesinos

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 7, 2023. Publicado en Colombia, Opinión.

En los últimos días y semanas hemos debatido sobre los “Caminos campesinos para la paz” que son parte fundamental del programa de Gobierno consignado en su Plan Nacional de Desarrollo en torno a la economía comunitaria. En síntesis, se quiere llevar al escenario de la ejecución de los proyectos a las comunidades que los requieren.

Hasta ahí va bien. Pero como parte de su estrategia en la práctica se saca a la ingeniería como parte esencial de sus ejecuciones, lo cual no está bien por varias razones, que hoy analizaremos desde la perspectiva del proyecto y de sus impactos positivos para sus usuarios (la comunidad). Esto es posible a partir de unas premisas que no son ciertas y que han sido parte de la argumentación del Gobierno; curiosamente, pone en riesgo el desempeño y éxito de su propio programa estrella.

Como parte del debate, presentamos aquí una alternativa en la cual se tengan en cuenta los profesionales (ingenieros en este caso) como actor vital pero integrado a la estrategia del Gobierno en que las comunidades tengan un rol principal.

Premisas no ciertas

Los caminos campesinos los hacen las grande firmas contratistas. Los caminos comunitarios, vecinales o terciarios los hacen generalmente ingenieros que empiezan su vida como contratistas, o pequeñas firmas de ingeniería que atienden estos trabajos. No son construidos por grandes contratistas.

Los ingenieros se roban la plata. Es cierto que toda la contratación en el país está sumida en corrupción. Es lamentable. Lo más grave para un ingeniero que construye caminos campesinos es que le pidan plata para poder trabajar y sobrevivir. Y los mecanismos de corrupción parten de la política y del sistema electoral, en donde se han mezclado los votos con los contratos para pagarlos. La ingeniería, en su gran mayoría, ha sido presa de la corrupción en la contratación, y no al revés.

Las “obritas” no necesitan ingeniería. Este es un pensamiento dentro del subdesarrollo. Si las obras, por pequeñas que sean, se hacen bien, prestan su función, son durables, son económicas y no causan costos terribles como desestabilización de taludes y otros graves impactos ambientales que pueden incluso causar o no evitar la pérdida de vidas; de ese tamaño es la importancia de esto. La ingeniería es siempre necesaria para hacer los proyectos bien y con los menores costos, presentes y futuros. Pero no hay que olvidar que una obra de 6,000 millones de pesos dista totalmente de ser una “obrita”, y por supuesto, requiere de mucha ingeniería.

Las JAC pueden hacer las “obritas”. Es cierto que algunos miembros de Juntas de Acción Comunal pueden y hacen obras; con su participación se pueden hacer y no necesariamente hay que trasladar mano de obra no local. Pero no siempre esto es posible, incluso porque se parte de la premisa, no cierta, que los campesinos de la región no hacen nada o no trabajan en el campo, y esto no es así. Pero eso no quiere decir que su participación no solo sea deseable sino muy benéfica para los proyectos, solo que asumiendo roles que agreguen real valor y no lo destruyan por no ser actores idóneos. También aquí hay que recordar que una inversión de 6,000 millones no es para ninguna “obrita”.

Las JAC cuidarán la “platica”. Es una premisa lógica que parte del deseo de que la realidad fuera como debiera ser. Pero la realidad es como es, y hay muchos ejemplos de problemas de corrupción, clientelismo y abusos de poder entre directivos de las Juntas de Acción Comunal. No se puede contra “a ojo cerrado” de que no haber corrupción entre ellas. Lo apropiado en nuestro país es que las políticas y leyes tengan siempre en consideración que hay riesgo de corrupción y que por lo tanto hay evitar al máximo las vulnerabilidades que puedan abrirse al promulgarlas.

Nuevos roles en Alianzas tripartitas

Que el Gobierno quiera honrar sus promesas de campaña introduciendo cambios en los que se reivindiquen a las comunidades, es un propósito que se ha compartido en la mayoría de círculos profesionales y más en los de la ingeniería. Y que se quieran introducir medidas para combatir la corrupción, es más que bienvenido. Pero la conformación de esos cambios eliminando la participación de la ingeniería no es bueno para las mismas comunidades que, se supone, serán favorecidas. Si los proyectos no quedan bien hechos, no son en realidad ni buenas ni grandes ayudas a las comunidades.

En el cuadro siguiente se muestran los esquemas de contratación, indicando los roles que toman o tomarían los actores principales en los proyectos de desarrollo incluyendo una alternativa a la estrategia expuesta del Gobierno, enmendando los errores causados por las premisas no ciertas:

Cuadro by Confidencial Colombia on Scribd

Es esencial resaltar que ningún proyecto en el país se debe hacer sin tener estas etapas completas, es decir, mediante las cuales se asegure una mínima y buena maduración.
No es posible que en condiciones de recursos escasos se pueda hacer planeación distribuida totalmente, porque hay que repartirlos entre departamentos, comarcas, municipios y veredas, por lo que es indispensable que haya trabajo de coordinación y asignación de entidades centrales como el DNP, Invías y Departamentos que dispongan de información general para distribuir con equidad. Con postulaciones de proyectos por parte de las comunidades, ¡claro!

Es perfectamente posible que las Entidades (Invías, Departamentos o la que le corresponda) se encarguen de los diseños, con o sin contratos de diseño externos, dependiendo de la magnitud de los trabajos. Lo indispensable es que queden bien hechos y con planos listos de construcción de acuerdo con la realidad de la obra. Esta etapa debe estar copada de ingeniería.
Cuando se contrata la obra con un ingeniero (entiéndase también pequeña o mediana empresa de ingeniería) se establece una relación de responsabilidad con ese ingeniero contratista; de ahí la necesidad de las pólizas de cumplimiento y estabilidad. Hay que asegurar que la obra quede bien construida de acuerdo con los planos diseñados. Pero es perfectamente posible distribuir algunas de sus funciones como la contratación de la Mano de Obra o integrar otras como las labores de compra (Proveeduría) siempre y cuando se solucione la estrategia de distribución de responsabilidades también, sobre todo en cuanto a calidad tanto de los trabajadores como de los materiales. Es cierto que no todo tiene que hacerlo el ingeniero, pero quien lo haga tiene que responder por la parte correspondiente.

Hacer que sean las comunidades las que contratan al ingeniero solo logrará encarecer su contratación a través de un intermediario. Pero además, un mal intermediario en este caso porque no tiene ni el conocimiento ni la estructura para contratar ni controlar al ingeniero, lo que seguramente generará una mala relación de trabajo que afectará al proyecto. O introducirá algunas formas corruptas para solventar este requisito fingiendo contratar a un ingeniero para llenar el requisito, haciendo que el proyecto pierda en calidad.

Siguiendo con el análisis, no puede haber proyectos llevados a cabo con recursos públicos que no tengan una interventoría que garantice que los trabajos se llevan a cabo como dicen los planos, o que ayuden a resolver problemas no previstos en ellos. Podría hacerlo la Entidad, con ingenieros, siempre y cuando tenga la capacidad técnica para hacerlo y sobre todo, la disponibilidad de tiempo de ingenieros para hacerlo. Si no, las empresas e ingenieros interventores deberán cubrir esta actividad.

En la financiación del proyecto tenemos los mayores problemas. Lo normal es que el ingeniero se endeude como pueda para financiar el proyecto, sin recibir una remuneración por hacerlo, y en algunos casos recibiendo un anticipo para funcionar en parte. Esto es, en realidad, una anormalidad puesto que debía ser la Entidad, con el presupuesto apropiado y disponible, la que financiara el proyecto. En las APPs (populares) esgrimidas en el PND se aspira a que sean las comunidades las que pongan hasta el 50% de la inversión en el proyecto (con montos que podrían ir hasta 3,000 millones de pesos) a título de aporte; se entiende que el espíritu de esta política es la de recibir el aporte en especie (mano de obra) de las comunidades, lo cual es poco probable fuera de montos muy pequeños. A no ser que emerja la corrupción: presupuestos inflados, aportes en dinero de fuentes desconocidas que puedan integrar redes de lavado, o quién sabe qué más. Muy grave dejar esta puerta abierta.

Lo que sí puede resultar interesante, es que dados todos los demás componentes, la comunidad proponga que con su aporte en especie se puedan hacer más obras (más longitud, más pavimentación, etcétera); manejado a nivel micro local por la Entidad a cargo.

La veeduría ciudadana debería ser un actor siempre principal en los proyectos. Ellos representan a la comunidad circundante que son los usuarios del proyecto.

Invitamos de esta forma al Gobierno a pensar en esta alternativa que integre a los Profesionales a las Alianzas pero contratados al mismo tiempo que las JAC para hacer un trabajo complementario y colaborativo entre ambas. Y además, controlado entre sí como un mecanismo preventivo contra la corrupción. Esa relación hay que diseñarla con sumo cuidado para que no emerjan problemas.
La prosperidad pese a las duras realidades del campo
La prosperidad de los campesinos que se genere por una mejor infraestructura de transporte (en este caso), es el verdadero retorno de estas inversiones. No habrá tal prosperidad o será mermada si los proyectos no se planean, diseñan, construyen, financian y controlan debidamente. Es con ingeniería que pueden hacer inversiones durables, funcionales y que no generen riesgos innecesarios y peligrosos. Un cambio que mejore lo actual y potencie lo bueno, es un cambio positivo.

Inteligencia humana, en duda

Escrito por Rafael Fonseca en May 31, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

A medida que la crisis nos vaya haciendo experimentar sus nuevas realidades y a someternos a sus fenómenos ampliados y descontrolados, nos encontraremos recriminándonos acerca de nuestra inteligencia, esa de la que tanto nos habíamos preciado los humanos por haber sido los conquistadores absolutos del planeta. Y aunque habrá un efecto “de demora” puesto que las desgracias llegarán con más furia a algunas zonas antes que a otras, una temporalidad en la que los valores, como los conocíamos, se desplomarán reclasificando nuevamente el territorio para que la exclusividad que compra el dinero de hoy vire hacia la estabilidad ante el cambio climático, finalmente llegará a todos (lea el símil de la caverna y la asfixia de la humanidad).

El drama humano será que su inteligencia singular no hubiera alcanzado para actuar con inteligencia colectiva. Ojalá no lleguemos hasta este punto sin retorno pero no hay motivos para el optimismo, ya que es bien es conocido que los humanos tendemos a tomar las decisiones más duras solo cuando la crisis ya está en marcha y nos está afectando.

Una pequeña muestra de esto está consignada en una sola frase: “Es necesario cambiar hacia una economía sostenible que tenga en cuenta los límites de los recursos naturales y esté enfocada en el bienestar humano en lugar del crecimiento económico continuo» advirtiendo que eventualmente podríamos hacer colapsar las capacidades de nuestra tierra. Solo que esa frase es de 1972, ¡de hace 50 años! del olvidado libro «Los límites del crecimiento» publicado por un equipo de investigadores del MIT encabezado por Donella Meadows en el seno del capitalismo cuando apenas empezaba a aflorar el desaforado neoliberalismo (como se le conocen a éstas últimas cinco décadas) que ha llevado a los humanos a hacer todo lo contrario a aquellas sesudas recomendaciones de los científicos.

Cincuenta años después aún no hemos tomado la decisión correcta. Probablemente porque, aunque la crisis ya deja ver cómo podría ser su magnitud y los científicos llevan años de malos pronósticos, cada vez con más afán, aún no es una crisis generalizada ni palpable para la mayoría. Está sucediendo, se está desencadenando, pero a la mayoría no le interesa saberlo porque aún no lo ha afectado.

Esa enorme mayoría, me atrevería a decir, siguen inocentes de lo que se viene. Gran parte, por su actitud de negación alimentada por aquellos que les dan esperanzas sobre no cambiar de estilo de vida, que la tierra se recupera sola o que la tecnología la recuperará. Aquellos son los defensores del statu quo, es decir, de seguir consumiendo y depredando para seguir en la comodidad actual, y que como resultado, sus intereses económicos de corto plazo sigan fluyendo como hoy en día.

Pareciera haber dos corrientes de pensamiento, con las que incluso han querido confundirnos con sus bases ideológicas: la primera tiene que ver con la necesidad de elevar la conciencia de todos los habitantes del planeta y cambiar sus comportamientos hacia el consumo frenando el uso bárbaro de bienes comunes: nuestros recursos naturales de la tierra. Esta es la escuela de Gore. La segunda tiene que ver con que los adelantos tecnológicos nos salvarán de la crisis. Tal como Harari ha planteado escenarios en los que la infotecnología y la biotecnología lograrían rescatarnos en los últimos instantes de esta carrera geológica.

Un ejemplo para monitorear lo que va pasando en esta carrera contra el tiempo, lo podemos ver en un sector cuya información es de dominio público: los viajes en avión. El impacto actual de esta actividad ya llega al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (National Geographic, 2022).

Francia ha prohibido los viajes cortos en avión que se pueden realizar en tren debido a que su cadena tecnológica tiene un menor impacto sobre los gases de efecto invernadero. Los aviones queman combustible fósil (gasolina de alto octanaje) mientras que los trenes consumen energía eléctrica cuya fuente de generación podría ser nuclear, eólica, incluso alguna de hidrógeno, o hasta de combustión de carbón (con la que el efecto positivo disminuiría). Pese a que la asociación de aerolíneas diga que es mínimo su impacto (ninguna sorpresa), lo que sí se conoce es que en Europa, por persona, un viaje en avión representa aproximadamente 6 veces más contaminación que uno en tren (BBC, 2023). Este dato muestra que es una medida sensata y alineada a lo que toca hacer para tratar de enfrentar la crisis.

Todas las medidas para parar los consumos suntuarios, los no estrictamente necesarios o incluso aquellos que podríamos desviar a otros que tengan menores impactos y que sumadas las acciones de cada humano, producirían, sin duda, un fuerte movimiento inverso a la crisis. Las conciencias de los humanos se pueden activar o se pueden condicionar, desde enseñar comportamientos hasta prohibir aquellos que le resulten contrarios a la sociedad, bajo la realidad práctica en la que vivimos casi en todos los países, en que las libertades individuales son limitadas por las de los congéneres y su conjunto, tras un bien común. Salvo para los melancólicos anarquistas que se enfilan con la lógica contraria.

Pero también aparecen noticias de adelantos interesantísimos como los aviones que podrán ser alimentados con hidrógeno, dejando en el aire agua en vez de gases tóxicos. Empresas como ZeroAvia y la famosa Airbus (NatGeo, 20023) están anunciando que en los próximos años (desde 2027 ZeroAvia y en 2035 Airbus) tendremos esta absoluta maravilla en los aviones comerciales.

Buena noticia para quienes viajan en avión o tienen la posibilidad de hacerlo y hayan mejorado su nivel de conciencia. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los seres humanos no pueden por su condición de pobreza, su buena noticia será que al menos, quienes sí pueden no seguirán degradando la casa mayor en que todos los humanos habitamos, pobres y ricos.

Descontando que la manifestación de inteligencia colectiva ha debido empezar hace años, cuando algunos pensadores empezaron a notar la finitud de los recursos comunes y que era preciso administrarlos (Hardin, Meadows, Daly, Rees) y no pasaron de ser personas destacadas con inquietudes intelectuales, podemos abordar para este momento de la historia el tipo de inteligencia que deberíamos tener.

Los adelantos tecnológicos van haciendo lo suyo, tanto en erradicar la causa raíz de la contaminación, como el hidrógeno en este caso, hasta la atenuación de las consecuencias, como la consigna europea para renovar los motores de los aviones actuales que reduzcan el consumo de combustible y despidan menos gases tóxicos.

Pero no es posible relajarse porque la advertencia de los científicos es que no va a haber tiempo suficiente para que esto se dé. Y lo más seguro es que antes de terminar esta década ya habremos sobrepasado el límite de los 1.5º centígrados de aumento de la temperatura con respecto a la época preindustrial, que consideran ellos será el punto de inflexión en la que las reacciones descontroladas en la naturaleza empezarán su viaje sin retorno, como la liberación de metano en las nieves perpetuas (permafrost) en Siberia y Canadá, la acidificación de los mares, o que el Amazonas deje de atrapar carbono, por ejemplo.

No hay forma de considerar que la humanidad haya sido inteligente hasta aquí. Está claro que su inteligencia colectiva no ha producido resultados. Pero nunca será lo suficientemente tarde para tratar de atenuar la crisis, por lo que podríamos estrenarnos con la decisión de combinar ambas corrientes sin más dilaciones. Conciencia colectiva para actuar con inteligencia a través de los Estados y de cada persona, combinada con el mercado para que sus estímulos hagan sus maravillas promoviendo los adelantos tecnológicos necesarios. No hay tiempo para no usar la inteligencia humana y seguir yendo en la dirección al desastre.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Reinventar el capitalismo

Escrito por Rafael Fonseca en May 24, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En estos días la fundación Rockefeller está convocando a candidatos a su programa del Bellagio Center en Italia, cerca del lago Como, para trabajar en “encontrar soluciones innovadoras para aliviar el impacto social negativo de nuestros sistemas económicos en los países de renta baja y media y en las comunidades marginadas. Los candidatos seleccionados reimaginarán los sistemas económicos, mejorarán las prácticas de financiación del desarrollo e innovarán en los principios básicos de nuestra economía global, entre otros, para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible”.

Y anota sus áreas de interés:

Liderazgo moral y gobierno corporativo – ¿Cómo pueden los líderes establecer nuevas normas y estándares a través de un liderazgo basado en valores y redefinir lo que significa hacer «buenos negocios»?¿Cómo podemos ir más allá de la ASG, la RSC y la inversión de impacto para introducir cambios sistémicos en nuestra forma de medir los resultados?

Brecha de ingresos y riqueza – ¿Cómo podemos crear nuevos incentivos legales, económicos y empresariales para abordar la creciente brecha entre ricos y pobres?

Conceptos fundamentales – ¿Cómo podemos innovar y mejorar los pilares conceptuales y jurídicos del capitalismo, como los derechos de propiedad o los derechos de la empresa?

Democracia y derechos de los trabajadores – ¿Cómo evitar que los intereses económicos eclipsen o erosionen los ideales democráticos, la protección del capital natural y los derechos de los trabajadores?

La economía del cuidado – ¿Cómo podemos crear políticas y sistemas que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado relacionado con el cuidado de niños, ancianos y tareas domésticas?

Recuperación económica mundial – ¿Cómo podemos reformar los mecanismos de financiación del desarrollo para ofrecer condiciones de financiación más equitativas a las naciones en desarrollo y permitir así que el mundo acelere los avances en retos mundiales como el cambio climático?

Eventos como este son una oportunidad para repensar el capitalismo, propiciados en este caso por un programa al que hasta el nobel Stiglitz ha asistido. Como la fundación sostiene iniciativas en alimentación, salud, energía y clima, innovación y recuperación de la economía global, las discusiones podrían tener el alcance adecuado. Ojalá varios colombianos de diferentes vertientes asistieran a esta convocatoria y nos pudieran contar los resultados de las deliberaciones y conclusiones en temas tan claves.

A continuación, intentaremos algunas respuestas a preguntas que cualquiera se haría sobre este asunto tan crucial para la humanidad:

¿Por qué es necesario reinventar el capitalismo?

Para nadie puede ser algo desconocido que el sistema económico predominante es un fracaso con respecto al bienestar y prosperidad de la mayoría de los humanos. Basta mirar la pobreza y las malas condiciones de vida de la mayoría. Y no tiene que ver con revivir el comunismo, fracasado del todo, lo cual solo haría parte de una dicotomía ideológica que no consulta el pensamiento crítico, tan necesario ahora. El capitalismo tiene la oportunidad de corregir su rumbo con nuevas formas o complementos y no abrirle posibilidades a regímenes desconocidos, seguramente absolutistas o anárquicos, que terminarán por acabar con el bienestar de todos.

¿Se puede separar una reinvención del capitalismo de la crisis climática que ha empezado?

En la esencia misma del capitalismo que ha emergido en los últimos dos siglos, no se consideró el valor y finitud de los recursos naturales de la Tierra, y por tanto, el apogeo de este sistema económico, basado en un consumo desmedido y sin tener en cuenta los costos de uso de los bienes ambientales y naturales, ha llevado a la actual crisis que amenaza con volverse irreversible y grave en extremo, y atentar directamente contra el estilo de vida que el capitalismo mismo ha promovido. No es posible separar una reinvención correcta del capitalismo de la búsqueda de soluciones a la crisis climática.

¿Cuál es el meollo del problema del capitalismo?

Inercialmente el capitalismo permite que haya concentración de capitales y poder en una ínfima porción de la población; poder que se usa para más concentración puesto que desata la codicia, que al parecer está muy arraigada en la naturaleza humana. Y la codicia tiene el poder de anular la ética y el sentido de humanidad que solo en teoría teníamos instalados en nuestras mentes. El resultado es que cada vez hay menos esperanza de sacar de la pobreza a la mayor parte de la población mundial que vive en condiciones deplorables, lejanas de las de los ricos de sus propios países, o a los niveles de vida de los habitantes de los países ricos. Esta concentración de la riqueza y propagación de la pobreza, además de revelar falta de empatía y ética de la vida dentro del sistema y producir sufrimiento y mínima justicia social, también es un mecanismo activado de inestabilidad y violencia.

¿Cómo es posible erradicar la causa del problema, o al menos, atenuar sus consecuencias?

La concentración de la riqueza no es un problema actual; el capitalismo monárquico y feudal igualmente tenía los mismos efectos, y aún peores que los actuales. Su base era la fuerza bruta, los ejércitos, la violencia, la injusticia y el sometimiento de los menos fuertes. Al emerger la democracia, tras la revolución francesa como hito visible, la democracia se adaptó al capitalismo y no al revés. Las relaciones de poder siguieron siendo esencialmente las mismas, solo que las libertades de las personas hicieron lo suyo y se redujo la pobreza en forma importantísima. Pero el gen de la concentración no se había extirpado y la ausencia de una educación generalizada de la población hace particularmente vulnerable a la democracia. La falta de valores fuertes y ética en las esferas de poder, las relaciones estrechas entre el poder económico sobre el político, el afán de las ganancias inmediatas sin pensar el futuro, y la falta de inteligencia al no incluir el valor de los recursos finitos sobre la tierra, han permitido la hiper concentración de la riqueza con la pérdida de la esperanza de redención de la pobreza y prosperidad a la gran mayoría. He ahí lo que hay que solucionar.

El nivel de abstracción que hay que hacer para abordar un tema tan complejo es enorme.

Y esa es la mayor dificultad. No solo de los analistas y pensadores. De los que hoy ostentan el poder económico, que condicionan al poder político, de los que pueden hacer que el rumbo se corrija: tienen que comprender que sus ganancias hoy no les garantizarán nada, porque mañana el valor de sus activos podría llegar a ser inocuo, cuando se salga de control el clima y las emergencias sean el orden del día mundial. Es ahora cuando hay que ser inteligentes.

PD: si tiene más cuestionamientos y sobre todo ideas para encontrar caminos de solución a los cuestionamientos planteados, por favor escríbame a [email protected] o por mensaje directo en Twitter a @refonsecaz para publicarlos y enviarlos a la fundación, a ver si logramos aportar ideas valiosas a considerar.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

El buen “negocio” de los corruptos exgobernadores de Guainía

Escrito por Rafael Fonseca en May 17, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Sorpresivamente, durante la misma audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en noviembre de 2019, un exgobernador y el gobernador en ejercicio del Guainía fueron asegurados intramuralmente por orden de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en presuntas irregularidades en trámites de 45 contratos de suministro y obras públicas, suscritos con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS., por $86.000’000.000.

Se trataba de Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013-2016) y de Javier Eliécer Zapata Parrado (2017-2019). En julio de 2020 les fueron embargados 87 bienes avaluados en $22.000’000.000 en Chía, Cajicá, Inírida y Villavicencio por su vinculación a procesos penales de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión. Previamente la Fiscalía había podido establecer que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas (El Espectador, 2022).

Noticia “histórica”

En esta semana apareció la noticia “Histórico | Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos” (Semana, 2023). Insólito que nos resulte histórico. Los defraudadores al Estado no nos tienen acostumbrados a este tipo de noticias. Dice que la Fiscalía logró “que los dos exmandatarios devolvieran parte de lo hurtado a los habitantes del departamento” y que fueran condenados a 9 y 11 años de prisión y a pagar multas de 2.036 millones de pesos y 4.103 millones de pesos, respectivamente.

Delitos por montones

La lista es impresionante: el exgobernador Óscar Armando Rodríguez aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio; y Javier Eliécer Zapata Parrado reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. Nos da una idea del trabajo extenuante que tuvieron para lograr todo este prontuario.

Modus operandi

Para lograr semejante febrilidad corrupta el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Verdadero comportamiento de mafioso, todo calculado y sórdido.

Esa es nuestra realidad.

Impunidad engendra corrupción. Impunidad “en parte”, también.

Este caso nos serviría como ejemplo para advertir que sí están funcionando las instituciones de control y justicia. Pero ya habrá advertido el lector que la devolución es parcial: en “parte” como escribe la revista que dijo la Fiscalía. Tampoco deja de sorprender que sea un caso de gobernadores en Guainía. Los más suspicaces pensarán que no tenían suficientes conexiones que los hubieran llevado a esquivar la justicia. Es posible.

Gran parte del asunto recae en la capacidad de las instituciones para responsabilizar a los servidores públicos (citado en el paper “La calidad de las instituciones, su impacto en la relación entre corrupción y crecimiento económico: una revisión teórica” (Mendoza y Portillo, U. Autónoma de Occidente, México, 2020) con clara influencia de Acemoglu). Mientras haya impunidad habrá todos los incentivos para ser corruptos, no obstante, incluso, se deba pasar por la cárcel un tiempo puesto que al final el balance del “negocio” da positivo.

No puede haber margen en este sentido. Los corruptos tienen que devolver todo lo robado, tener la multa por traición a sus electores (sentido ético además del jurídico) y pasar años en la cárcel. Si el balance no es negativo, seguirá habiendo impunidad relativa finalmente positiva, y seguirá habiendo corrupción, y peor, con grandes montos para que alcance a todos los “trámites” que se han escuchado por décadas: comprar ilegalmente al sistema de justicia, negociar devoluciones parciales con la Fiscalía, pagar las multas impuestas por el juez, y al final de purgar la pena con unos pocos años de cárcel (con buen comportamiento se irán a la mitad del tiempo), salir con un buen botín de todas maneras.

Defenestrando la democracia

En la editorial de El Espectador en estos días, hablando sobre el insuceso propiciado por un ex militar que fue presidente de todos los exmilitares (de Acore), advierte “Cuidado con defenestrar la democracia” (El Espectador, 2023) sobre el hecho específico, pero que deja una reflexión en el aire: ¿acaso no estamos perdiendo nuestra democracia en manos de la corrupción, tal vez poco a poco, y sin darnos cuenta? (como defenestrar paulatinamente, lo cual sería un imposible literal). Perder la democracia significa perder la libertad, que tanto asusta a las derechas privilegiadas, pero que por ostentar el poder económico que ha condicionado al poder político en toda nuestra historia y a juzgar por el estado de descomposición generalizado, se les puede achacar que poco han hecho en contra de la corrupción.

Para empeorar las conclusiones del caso expuesto hay que tener en cuenta que la corrupción es multipropósito: los dineros públicos se pierden, las obras no se ejecutan o se ejecutan mal, los proyectos no son priorizados porque lo que interesa es el contrato para robar, y por lo tanto los objetivos de desarrollo y bienestar, como sacar a colombianos de la pobreza y generar oportunidades para la gente, no solo no se cumplen, sino que su cumplimiento se dilata aún más porque la plata no alcanza. La que se robaron, se perdió, la que se invirtió mal, se perdió y para las prioridades ya no alcanza. Sin niveles mínimos de bienestar y con tanta pobreza, los riesgos de terminar de perder nuestra endeble democracia son latentes.

La apatía de la mayoría de los colombianos está permitiendo que los corruptos efectivamente defenestren nuestra democracia.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Leyes que no prevean la corrupción, propician la corrupción

Escrito por Rafael Fonseca en May 10, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

A las 3:50 de la tarde del 18 de abril en Arboleda, Nariño, esperando el cierre de una licitación cuya propuesta habían presentado 30 minutos antes para mejorar una vía terciaria por 22 mil millones de pesos, los representantes de unas PYMEs de ingeniería fueron abordados por un hombre desconocido en moto que les advirtió que si no retiraban su propuesta los esperarían a la salida del pueblo. Para salir de la población y regresar a Pasto tuvieron que ser escoltados por la policía con la colaboración del alcalde.

Significa que ya no solo estamos enfrentando una corrupción desbordada en todo el país; ahora también es violenta. Como se sabe, funcionarios con poder en los municipios y demás entidades locales, departamentales o nacionales, usan los llamados contrataderos (empresas industriales y comerciales del Estado que hacen convenios interadministrativos cuyos estatutos les permite contratar con el régimen privado) para saltarse la Ley 80 de 1993 y no estar sujetos al control del régimen que cuida los dineros públicos, poner las condiciones especiales que les cuadren solo a sus contratistas amigos y así asaltar el botín público, normalmente ligado a pagar los favores durante la anterior campaña para ser elegidos. Una mafia entre políticos, funcionarios y contratistas.

En medio de este contexto tan nefasto y difícil, en el que el Estado no tiene control del territorio en una parte del país y menos de sus procesos de contratación en donde la corrupción es la norma, con una fuerte presencia de grupos al margen de la ley desde guerrilleros hasta narcotraficantes, es aprobado el Plan Nacional de Desarrollo – PND – con dos artículos que podrían abrir troneras aún peores e irreparables.

Con el artículo 356, se puede contratar a las llamadas Asociaciones de Iniciativa Pública, en procesos hasta por 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV -, (6,000 millones de pesos para 2023, realmente grande y muy por encima de los montos establecidos en las normas vigentes (Ley 1150 de 2007)) usando el procedimiento de selección abreviada (que se traduce fácilmente en invitación a dedo, además de exigir condiciones que solo cumpla un proponente) en la cual el contratista debe aportar el 50% de los recursos (puede ser en especie).

Además de dejar por fuera a profesionales y PYMEs de la ingeniería, lo cual puede significar la mala calidad de las obras, un aporte tan grande puede conducir a concentración de la contratación, como lo advierte la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- en un reciente comunicado, o a que por esta vía, sin querer, se empiecen a facilitar procesos de lavado de dinero o incluso a transitar recursos públicos a los grupos al margen de la ley que se apoderen de las formas de presentar las propuestas y hacerse a estos contratos una y otra vez, por siempre

Hay que invitar al Gobierno para que en los decretos reglamentarios estudie con el mayor cuidado cuál podría ser la vulnerabilidad de la contratación pública por este artículo frente a los corruptos, que tienen el poder en los territorios para adueñarse de esta contratación. Hay que atajar resultados que pueden llegar a ser muy funestos.

Y en el artículo 91 se faculta a que se contraten directamente a personas naturales o entidades sin ánimo de lucro mediante las llamadas Asociaciones Público-Populares y hasta por la mínima cuantía. Y podría decir esto que los trabajos de ingeniería se queden sin contar con alguna ingeniería, como lo establece la Ley 842 de 2003; es decir, también plantea una violación a una ley vigente. De paso, una gran parte de las PYMEs y profesionales de la ingeniería también podrían estar en la economía popular pero estarían siendo excluidas por ser formales. Una verdadera paradoja.

En los decretos reglamentarios correspondientes será preciso que el Gobierno evalúe en detalle el riesgo de dejar sin ingeniería a obras de ingeniería degradando su calidad y funcionalidad, y que todos los procesos mayores a esta mínima cuantía se fraccionen para que puedan adjudicarse a dedo. Sería una multiplicación de la corrupción.

Un abogado recordó en las redes una frase adaptada de Montesquieu que viene al caso: «hay dos tipos de corrupción: una cuando el pueblo no observa las leyes y otra cuando el mismo pueblo es corrompido por las leyes». Más que el dinero público perdido, sería irreparable el hecho de que se estuviera propiciando una mayor corrupción en estas comunidades. Hay que advertir que sería un viaje sin retorno.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

La ética práctica, primer paso para una inteligencia más sofisticada

Escrito por Rafael Fonseca en May 3, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En el artículo previo La ética global (Fonseca, ConfidencialColombia, 2023) se habla de cómo los humanos hemos llegado a una situación de vulnerabilidad autoinfligida que cuestiona duramente y por sí sola la inteligencia de la especie.

En los años 60 (hace 60 años ya) Hardin estaba especialmente preocupado por el crecimiento de la población, al entender que los recursos disponibles de la tierra eran finitos, y por lo tanto una tasa de crecimiento permanente de la población llevaría a la tragedia tarde o temprano; por eso abogaba por la coerción como estrategia de contención del crecimiento para preservar la lógica del bienestar para todos (Hardin, 1968). La coerción es la forma general para indicar las reglas que la misma sociedad se autoimpone para regularse, vía leyes, impuestos y otras formas de control.

Sus detractores clamaban porque las libertades individuales se veían amenazadas con estas medidas de coerción, en un mundo que todavía no sentía el problema, pero que evidentemente él sí visualizaba. La mayor parte de la gente prevé consecuencias de corto plazo, pero muy pocas personas prevén consecuencias de largo plazo.

Estaba reclamando por el uso de impuestos o instrumentos similares, que limitaran el uso de recursos como el agua y el aire, porque su uso libre, basado en la decisión particular y egoísta de cada persona terminaría afectando a todo el mundo. Hoy, esta realidad está sobrepasando por lejos su anticipación. Planteó tempranamente un curso de acción brillante al respecto, que ayuda a resolver el cuestionamiento principal: a situaciones cambiantes, cambia también la racionalidad con que se toman las decisiones. Me atrevo a complementar: puede incluso también cambiar la ética dependiendo de la magnitud del cambio de la situación.

Si se hubiera reconocido el costo de los usos ambientales en su momento, como hoy se le llama a la utilización de los recursos naturales, bien fuera por vía de impuestos, o de tasas que representaran la reparación o la recuperación del estado inicial del recurso para uso de la humanidad, se hubiera dado un marco diferente para la racionalidad de las decisiones, aún sin tener que apelar a la razonabilidad que habla Savater (Savater, 2008).

Ahora es fácil decirlo porque estamos viendo ya las consecuencias de su agotamiento. Aunque hubo unos pocos, como Hardin, que previeron las consecuencias de largo plazo, pudo más el inmediatismo y egoísmo del capitalismo imperante, – de las utilidades ya – fin último, e incluso tuvo más peso la ética de las libertades individuales que impidió reconocer la tragedia venidera para toda la humanidad. Una curiosa pero popular inteligencia desarrollada a partir de premisas no correctas, que ahora tenemos el enorme reto de corregir este error estructural para reformular el desempeño de la humanidad sobre la faz de la tierra, y obtener, por fin, un resultado colectivamente inteligente (Innerarity, 2019).

No se nos haga raro que en no más de unos 20 años se piense que lo que vivimos en la actualidad de las ciudades más pobladas perteneció a una época bárbara, absurda, en que buses y autos las contaminaban asfixiantemente y los ciudadanos estaban condenados al mal aire que respiraban, y no será fácil entender bien cómo se generó semejante estupidez colectiva.

En un nuevo orden, el industrial que quisiera explotar un mineral, debería contabilizar entre su estado de resultados la reparación de los daños ambientales, con el consecuente traslado de esos costos al precio, y ese efecto precio sobre la demanda determinaría si aún habría estímulos para producir y mercadear, o si por el contrario habría que innovar hacia nuevas formas de productos y servicios; también habría límites desde los cuales no estuviera permitida alguna actividad, no por efectos de mercado sino de regulación.

Ese nuevo capitalismo, o capitalismo sostenible como lo llaman modernamente algunos autores, el del cambio del marco de reglas e incentivos que incorporen a la naturaleza como recurso valiosísimo, finito y en muchos casos ya escaso, para así también cambiar la forma en que las personas decidan el consumo de productos, deberá necesariamente incorporar la economía de mercados como parte de la solución, para que sea aceptado con rapidez. De resto, cualquier otro camino que pretenda un cambio completo de sistema generará unas enormes fricciones con quienes ostentan posiciones de poder económico actualmente, y razones para seguir polarizando y luchando para conservar sus privilegios, mientras se pasa el tiempo valioso que ya no tenemos, y con el riesgo de no concluir en el final feliz de ninguna iniciativa.

Aunque las reclamaciones sean justas y lógicas en torno a la inequidad, la concentración de la riqueza, y las pocas esperanzas de vencer la pobreza, es más probable que una transición con fórmulas provenientes del mismo capitalismo de mercados sea no solo más viable sino más rápida. Es factible que algunos ricos puedan ser más ricos, sin corrupción, pero que se logre el objetivo del aumento de la calidad de vida para la mayoría de la población, equidad en todos los servicios básicos que presten los Estados, la salida de la pobreza para la mayoría y el rescate del equilibrio del ser humano con la tierra, que es lo que realmente importa.

Lentamente, pero en forma creciente, del mismo capitalismo se han venido emitiendo declaraciones de que “no todo vale” para hacer dinero. De esa misma forma cada uno, por su cuenta, debería reflexionar y apelar a su razón para cambiar la forma en que toma sus decisiones cotidianas y ser éticos por encima de su propia racionalidad.

Con un nuevo sentido ético, práctico, que debe conducirnos a comprender que es necesario apuntar a que el bien común sea piedra esencial del bien propio y poder derrotar el egoísmo predominante que solo les funciona bien a unos pocos y muy mal a la mayoría.

Necesariamente esto nos debe llevar a reconsiderar que el corto plazo no puede ser el escenario para la fijación de metas, y que, por el contrario, debemos siempre estar evaluando los efectos en el largo plazo, aunque ya no existamos, pero sí nuestra descendencia. Una nueva ética práctica, en la que, con una inteligencia más sofisticada, mucho menos primaria como la que hoy nos gobierna, nos permita comprender que solo a través de la prosperidad colectiva se logra maximizar la prosperidad propia.

Ingeniería y no politiquería para las vías terciarias

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 27, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Hace un mes la pequeña ingeniería estaba en alerta máxima porque según los anuncios del Gobierno Nacional, el programa de Vías Comunitarias para la Paz Total se iba a hacer con las Juntas de Acción Comunal -JAC- dejando por fuera a los profesionales del gremio (ver artículo Alerta máxima para la pequeña ingeniería). Después de hacer los cuestionamientos y escuchar a los directivos del INVÍAS en sus explicaciones detalladas sobre el programa, ha desaparecido la alerta y ahora hay que ponerse a planear cómo apoyar y participar en el muy importante programa y vigilar que se cumpla lo planeado y expresado por ellos.

Atendiendo la solicitud que les hiciera la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-, los ingenieros Juan Alfonso Latorre y Edgar Jesús Rojas, director y director técnico del INVÍAS, explicaron en detalle el programa y respondieron las preguntas de los miembros del gremio, después de lo cual no queda duda que todas las obras se harán con el concurso pleno de la ingeniería en todas sus actividades.

El programa tiene la ambiciosa meta de intervenir en este gobierno 5,000 kilómetros de vías terciarias y secundarias, del orden de 200 kilómetros por departamento, con una inversión estimada de 8 billones de pesos. Hay que aplaudir esta meta que tanto estaba haciendo falta, pese a que sea una cantidad mínima en comparación de las necesidades del país si se compara con los cerca de 300,000 kilómetros estimados que hay en todo el territorio nacional, pero que está completamente limitada por la disponibilidad de recursos monetarios de inversión.

El objetivo del programa es la transitabilidad de corredores de alto impacto, que obedezcan a las necesidades más sentidas en las regiones que permitan desarrollar sus actividades económicas y sociales de forma fluida.

El inventario de las vías a intervenir se logró mediante de un trabajo de planeación en la dirección del INVÍAS con base en la convocatoria a las JAC que la atendieron con postulaciones de vías en las que participaron del orden de 29,000 y culminaron el proceso 23,000 en todo el país. Y su priorización obedece a la habilitación de los corredores que respondan a las necesidades de la producción de las regiones, y ha coincidido con priorizaciones existentes como la de Planeación Nacional según los funcionarios. Otro criterio de priorización es la facilidad de la intervención y así lograr el mayor número posible de vías mejoradas.

El director del INVÍAS hizo énfasis en que el proceso ha sido técnico y no político, y para despejar toda duda sobre la vulnerabilidad a la politización del programa comentó que aunque en este tipo de convenios con las comunidades no aplica la Ley de Garantías (desde julio por el próximo proceso electoral) él, personalmente, no firmará ningún convenio después de junio.

El programa tiene dos estrategias: Transitabilidad y Mejoramiento.

De los 8 billones de pesos, 2 billones se asignarán a la estrategia de Transitabilidad y será llevada a cabo mediante Convenios Solidarios con Juntas de Acción Comunal cuyo valor unitario será del orden de 150 millones de pesos, en los cuales la ingeniería estará a cargo de los ingenieros de las 26 Direcciones Territoriales del INVÍAS que están siendo reforzadas con más ingenieros dedicados a trabajar directamente en el territorio, viabilizando las solicitudes de las comunidades, diseñando, acompañando y supervisando los tramos de vías que se estén interviniendo.

Otros 5 billones de pesos se invertirán a través de la estrategia de Mejoramiento contratada por obra pública con Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES- de ingeniería, en la que ojalá se puedan privilegiar aquellas que sean de las mismas regiones, y tendrán montos superiores a 1,000 millones de pesos en cada contrato. Los diseños para la contratación y la supervisión de las construcciones también serán llevados a cabo por los ingenieros del INVÍAS.

Y para las zonas de conflicto en donde no se lograría de otra forma, los Batallones de Ingenieros del Ejército Nacional ejecutarán del orden del 10% del programa.

Con base en las explicaciones de los dos funcionarios se puede afirmar que el programa sí está concebido para ser realizado con el concurso necesario de profesionales de la ingeniería en todas sus actividades como lo establece la Ley 842 de 2003 para este tipo de trabajos. Como debe ser.

Dos aspectos finales para destacar. Todo el programa está siendo llevado a cabo sin papeles; desde las postulaciones de vías por las JAC, su ubicación georreferenciada, la Viabilización por parte de los ingenieros del INVÍAS, los diseños, los reportes de supervisión, los pagos a las JAC y a las PYMES, todo el proceso sistematizado en la plataforma de la Entidad. Magnífico ejemplo para las demás entidades. Y el segundo es muy importante: el uso de nuevas tecnologías para el diseño y construcción de las vías de acuerdo con las realidades y posibilidades de cada territorio, y no solo la construcción de “placa huella” que son costosas y no necesarias en muchos casos: veremos soluciones de estabilización de las superficies que ofrecen reducciones de costos que permiten hacer más kilómetros con la misma inversión. Una demostración de ingenierías aplicadas a los trabajos de las vías.

Como lo hemos dicho desde esta columna en múltiples oportunidades, nada tan multi-objetivo como las vías terciarias: apuntan a reducir los cultivos ilícitos al hacer competitivas las tierras para producir y transportar productos diferentes a la coca (que no necesita vías para ser transportada), y por ende, apuntan a la paz en los territorios y al desarrollo y bienestar de las comunidades campesinas que los habitan, además de la posibilidad de soñar en producir para la seguridad alimentaria nacional y la exportación de productos agrícolas generando negocios interesantes para el campo y divisas para el país. Objetivos todos de carácter superior.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Puentes agridulces

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 19, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

La semana anterior fue agridulce para la ingeniería en el país.

Lo agrio: Se cayó el puente del Alambrado sobre el río La Vieja en el Quindío, que impide la conexión directa entre el Valle, incluyendo el puerto de Buenaventura, y el centro del país, una de las más activas en el territorio nacional. Por fortuna, hay una vía alterna razonable pese a tener que recorrer más kilómetros y un poco más de tiempo. Comentaremos este caso próximamente cuando se dispongan los análisis técnicos de la falla.

Lo dulce: el Tribunal de Arbitramento del contrato del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla, determinó que la reclamación de la firma SACYR no tenía fundamente y sentenció que el INVÍAS no tendría que pagarle un solo peso de un monto reclamado de 135 mil millones de pesos (actualizado a hoy rondaría los 150 mil millones). En realidad es un poco agridulce también, porque el recuento de cómo se llegó a esta situación es agrio, pero por lo menos genera grandes lecciones aprendidas para que sean aplicadas de aquí en adelante. Su historia a continuación.

Laudo arbitral del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla

La mayor parte de la reclamación de SACYR se trataba de una Mayor Permanencia en Obra (70% aproximadamente) debido al cambio de diseño y sistema constructivo. Una paradoja si se tiene en cuenta que el principal objetivo de la constructora al inicio del contrato era este cambio, para lo cual se llenó de argumentos (entre los cuales estaba la eventual compra de un terreno en el lado oriental por la existencia de una instalación de una empresa de gas) y terminó convenciendo al INVÍAS de ambos cambios y además facturarle 120 mil millones adicionales a los 630 mil millones con los cuales se había ganado la licitación de construcción de obra pública. Para que nos hagamos una idea, la sola adición significa nada menos que hacer más de un puente como el Chirajara, el famoso de la vía al Llano. La constructora dijo que no era posible construirlo con prefabricados; en el fondo lo que quería fundir in situ para que le saliera menos costoso; insólito si se recuerda que se ganó el contrato dados unos diseños completamente terminados, con planos listos para construir, como debe ser.

El diseño del puente fue contratado por el reconocido ingeniero Jaime Fandiño con su empresa y un consorcio que lo acompañó; a su vez de contaron con la asesoría de la firma de Jose Fernandez Casado con el ingeniero Materola liderando el diseño, pesos pesados de la ingeniería española con renombre mundial. Se reforzaron del lado colombiano con el ingeniero Jorge Padilla para tener una relación técnica de altísimo nivel con los asesores. Este punto es importante.

A partir del hallazgo de una menor longitud del puente construido comparado al inicialmente diseñado (315 metros menos) el perito técnico, ingeniero Mario Lara, desenredó una madeja que llevó al equipo de defensa del INVÍAS a una posición muy sólida ante el Tribunal.

Se preguntaba el ingeniero Lara que al disminuir la longitud del puente lógicamente tendrían que haberse aumentado las pendientes del mismo. Sin embargo, al comprobar que no fue así siguió investigando y encontró que se había bajado el gálibo de diseño en la sección central (de 51 metros a 45), lo cual tenía implicaciones en la prestación de servicio para el que fue construido el puente. El gálibo en este caso es la altura libre entre el nivel del río y la parte más baja del puente en su punto más alto, o sea, la mayor altura que puede tener un barco al pasar por debajo del puente; nada menos que el argumento principal por el que se decidió hacer el puente con semejante inversión (ese es otro debate de grueso calibre que revisaremos en próximo artículo).

Pero encontró más asuntos difíciles. La menor longitud del puente fue lograda recortándolo en el lado oriental, con el argumento de evitar la instalación de gas. El diseño original entraba unos 400 metros desde la orilla del río; por supuesto les pareció más fácil entrar solamente 100 metros y así evitar los gastos aparentemente innecesarios de adquirir los terrenos. Lo que descubrió el perito técnico es que el río está permanentemente erosionando esa margen y que el diseño original proyectó tal longitud para poder preservar la vida útil del puente a 75 años. Eso significa que tal decisión nos está dejando con la inminente construcción de protecciones cuando el río con su erosión esté llegando al estribo del puente. Pero adicionalmente, revisando en detalle la geometría del sitio llegó a la conclusión que se hubiera podido evitar la compra de los terrenos de la instalación de gas y conservar la longitud original. Es decir, una solución errada usada seguramente para justificar el cambio de diseño, para a su vez generar un mayor valor, tal como sucedió.

Y con esta reclamación, además, querían otros 135 mil millones por haberles aprobado el cambio de diseño y sistema constructivo para bajar sus costos de construcción y pese a haberles aprobado los primeros 120 mil millones.

A buena hora los Árbitros comprendieron muy bien los argumentos del perito ingeniero Lara, ya conocido por sus explicaciones sencillas de entender a temas complejos de ingeniería, para las que utiliza maquetas y gráficos que facilitan la comprensión.

Un gran logro, puesto que estamos más acostumbrados a recibir malas noticias en la defensa del Estado contra los grandes contratistas y mas trasnacionales como SACYR, reconocidos por tener más abogados que ingenieros.

A pesar del alborozo, no es lo ideal. Lo ideal es que no se llegaran a estas controversias y que los contratos del Estado, grandes y pequeños, se llevaran en la paz contractual que emergería de procesos de contratación trasparentes y bien madurados. Por eso hay que sacar las lecciones aprendidas de este sonado y abultado caso.

Lecciones aprendidas

Los contratos de construcción deben basarse en diseños bien hechos. Este era el caso, pero se ha perdido con las figuras de apropiación de diseños, las concesiones y las actividades de diseño y construcción unidas en las que el contratista de construcción hace el diseño; es simple prever que conllevan, todas, el incentivo perverso de hacer diseños de acuerdo con los intereses del constructor.

Los diseños bien hechos deben respetarse. El mismo tema, para hacernos revisar de fondo las formas contractuales actuales que van en contra de los intereses del Estado. No es cierto que las Entidades no puedan volver a manejar procesos contractuales de diseños bien hechos con la debida responsabilidad del diseñador.

Los cambios en el diseño o el sistema constructivo deben estar a cargo exclusivamente del contratista y así debe especificarse en los pliegos. Deberían quedar prohibidos estos cambios en los contratos, pero si así se aceptaran, los mayores costos inducidos deben estar a cargo exclusivo del contratista, eliminando así el incentivo perverso.

En caso de controversias es de la mayor importancia que las Entidades estatales se asesoren de los mejores peritos técnicos y que en el Tribunal de Arbitramento o en el Panel de Amigables Componedores debe haber al menos un ingeniero de mucha experiencia. Sobre todo en casos de gran complejidad y monto enorme, es clave poder llegar a los detalles técnicos más agudos que permitan valorar debidamente los argumentos del contratista.

Hay que mejorar el sistema de selección de árbitros evolucionándolo a un sistema similar al de reparto, para evitar que los árbitros otorguen una especie de premio de consolación para no estar en la lista negra de empresas que, como SACYR, permanentemente están invocando Tribunales de Arbitramiento que representan grandes ingresos para ellos.

Curiosamente así era antes. Hemos involucionado en contratación estatal y hemos, de paso, privilegiado las argucias y la corrupción. Tenemos que recuperar el trecho desandado lo antes posible.

Rafael Fonseca Zarate