Etiqueta: Rafael Fonseca

Foro sin fundamento en Valledupar: ferrocarriles, discursos y silencios (2/2)

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 4, 2025. Publicado en Opinión.

Para ser más precisos, un elemento principal de una acertada política pública es que las prioridades y decisiones deben estar basadas en la rentabilidad social de los proyectos a través de un correcto Análisis Costo Beneficio -ACB-, exigente y riguroso, estándar, que pasa por varias complejidades que debe sortear.

En términos financieros, todo proyecto a evaluar debe mostrar en la fase de prefactibilidad una clara proximidad a su competitividad comparada con los modos alternativos existentes, como carretero o fluvial; es decir, el flete ferroviario proyectado de punta a punta (origen en el sitio de carga a destino en el sitio de entrega) debe ser menor —o como mínimo del mismo orden de magnitud— al flete de los modos dominantes (generalmente el de los camiones). Y esto lleva al análisis a la comprensión de que el ferrocarril no puede competir en todos los tipos de cargas, por sus características intrínsecas o por la logística que necesitan. Es un hecho que desmonta la mayor parte de los tres cuasi-dogmas, y su conocimiento separa a quienes comprenden el tema de los que no. Por supuesto, la política pública debe provenir de los primeros.

Por más que el tipo de carga sea apropiado para los trenes, la distancia larga les favorezca y la pendiente baja sea propicia, si la cantidad de carga y su frecuencia de despacho no son suficientes para lograr las economías de escala en la operación de los trenes, puede ser que no se logren aproximar a los fletes competitivos frente a los modos alternativos existentes. O que la inversión en las obras que haya que realizar para mantener la pendiente por debajo del 1.5% para que la capacidad y velocidad de los trenes sean competitivas, no impacte el proyecto alejando el flete ferroviario de los fletes de competencia existentes.

Y más allá, aunque en términos financieros el proyecto no tenga cierre por sí solo, es decir que el recaudo por tarifas aplicado a las cantidades de las cargas a transportar -los ingresos- no alcance a cubrir todos los costos, de inversión, operación, mantenimiento, administración y utilidad de los operadores (vía y transporte), podría justificarse si, con evidencia rigurosa, se demuestra su rentabilidad social, para lo cual el Estado debería aportar al proyecto, a través de una menor tarifa por uso de las vías férreas y/o invirtiendo en mayor proporción en su fase de construcción (en el caso de las APPs), e incluso invirtiendo más allá si hubiese un claro objetivo de desarrollo social futuro (en la práctica, subsidiando la operación al inicio).

Esta razonabilidad debe emerger de juiciosos estudios de beneficios y costos sociales y financieros, debidamente valorados que demuestren entre otros, la reducción efectiva de los costos logísticos comparados de punta a punta en las cargas principales, los menores impactos al medio ambiente y al paisaje por efectos de la actividad de transporte, las proyecciones de beneficios por el desarrollo a generar en las zonas impactadas, y hasta los impactos de la integración regional y local que habló la Ministra, siempre y cuando puedan ser evaluados con la misma rigurosidad.

Resulta especialmente complejo evaluar aquellos proyectos que no buscan mejorar la competitividad existente, sino generar polos de desarrollos futuros, inciertos por naturaleza, en un país que tiene poca planeación de largo plazo. Lo que defina un Gobierno, muy probablemente será replanteado por el siguiente. De hecho, este posible replanteamiento de la política pública de transporte férreo que expuso la Ministra sirve para ilustrar este grave problema asociado al subdesarrollo. En otras palabras, cuando se plantea una línea férrea (o una carretera) que se espera que sea detonante de un polo de desarrollo en las próximas décadas, que puede ser lo más adecuado para el país y algunas regiones, hay que suponer que va a haber una política de Estado – y no una de Gobierno – que permitan asegurar coherencia en la ejecución hacia el futuro. Y en estos casos, precisamente, no estaríamos frente a una política pública de transporte, sino ante una política de desarrollo, donde el transporte es uno de sus múltiples componentes.

Por fortuna los cambios introducidos en lo expuesto por la Ministra no son esenciales. El tramo Fundación – Albania, pasando por Valledupar probablemente no pasará de ser una idea. Revivir la ruta La Dorada – Villeta – Bogotá tampoco logrará pasar de la prefactibilidad, y menos, si se tiene en cuenta que la vía por el Carare tiene mucho más sentido y no son complementarias sino alternativas -la una o la otra- al menos con el tamaño de la economía regional y así será por muchísimo tiempo más. El tren del Caribe no podrá ser soportado por carga entre los puertos, porque es exigua frente a lo que empezaría justificar un tren, y sólo quedaría la demanda de pasajeros, que usualmente no alcanzan a lograr la factibilidad del tren. Muy probablemente, el Tren Verde que llamó la Ministra, tampoco arrojará resultados positivos.

En este último proyecto sí que hay que hacer advertencias, dado que hay una condición completamente diferente en el panorama económico y logístico nacional: Puerto Antioquia, en Turbo. Ya se percibe que los fletes terrestres desde o hacia Bogotá y Boyacá hacia o desde Turbo podrían ser radicalmente más bajos que los de Bogotá y Boyacá desde o hacia la Costa Atlántica, con lo cual el mercado guiará a las navieras a reubicar o incluir recaladas en Urabá y no sólo en Cartagena, Santa Marta o Barranquilla.

La ruta Bogotá/Boyacá – Turbo será en poco tiempo protagonista de los transportes en el país. Difícilmente el tren podrá competir con la red planteada, contando con el ramal que la une a Turbo, puesto que implicaría que los trenes suban y bajen a Medellín, enfrentando una topografía abiertamente adversa a su eficiencia. Pero que, además, le agrega mucho más recorrido y más tiempo.

Si el tren quiere competir, debe aprovechar que desde el Magdalena medio existe la posibilidad de llegar a Urabá sin tener que subir y bajar montañas, siguiendo un trazado plano que bordea las estribaciones de las cordilleras central y occidental al norte del departamento de Antioquia y en tierras de Córdoba (una distancia larga, plana y buenas expectativas de volúmenes de carga en los dos sentidos). Ese ferrocarril estaría destinado a contribuir realmente a la competitividad nacional y de todas las regiones vinculadas, contando siempre que la demanda de carbón coquizable de Boyacá se sostenga en el mundo. Le oí esta propuesta al ingeniero Hernando Patiño Ortiz hace un año, la cual sí refleja una visión estratégica con fundamento técnico y sentido de largo plazo.

En un estudio para la ANI en el que participé (ver memorias en la página de la ANI) se incluyeron, con buenos resultados los trayectos Fundación – Sabanalarga y de allí dos ramales a Barranquilla y a Cartagena, dado que en los dos puertos hay volúmenes importantes de cargas hacia el interior -Bucaramanga, Bogotá, de graneles sólidos y contenedores, y son receptores de carbón de Boyacá y Santanderes, principalmente. Valía la pena sugerir que se evaluaran estos proyectos, sin olvidar el escenario de Puerto Antioquia que puede cambiar completamente el tablero de orígenes y destinos de las cargas en el país.

Un foro como el citado en Valledupar era una oportunidad propicia para cuestionar y replantear a fondo los supuestos de la política pública que debe estar contenida en un Plan Maestro después de hacer las evaluaciones en prefactibilidad (con ACB, por supuesto) y no solo como ideas y perfiles de proyecto. Y desde luego, las fuentes de financiación, los tipos de contratación y la evaluación de los beneficios netos con la adopción de un método estandarizado, los problemas encontrados y actuales en la operación ferroviaria, el estado del proyecto de Ley Ferroviaria, el impacto esperable de Puerto Antioquia, todos muy importantes y que fueron desplazados para darle prioridad a contar una visión parcialmente nueva de lo que ya había.

Como era un foro, citado por la Contraloría que suponía la presencia de expertos, se hubiera esperado que estos temas de fondo se hubieran discutido, para que la ministra y sus funcionarios pudieran recoger las críticas bien intencionadas y repensar y mejorar sus planteamientos. En foros sin controversia, sin debate ni confrontación de ideas, planes y proyectos, no se construyen rutas claras hacia el desarrollo. Urge elevar el nivel del debate público y exigir más de nuestras instituciones, de estos foros, y hasta de nosotros mismos.

Rafael Fonseca Zarate

Puertos y mafias: el auto desafío de Petro para cambiar la seguridad portuaria

Escrito por Rafael Fonseca en May 14, 2025. Publicado en Opinión.

El 5 de mayo, el presidente Petro afirmó que “los puertos del país están cooptados por el narcotráfico y el contrabando” y que era el momento de cambiar su administración, dada la violencia creciente en las ciudades donde operan. Además, mencionó que se estaban analizando temas jurídicos y hasta proyectos de ley. Hablaba de los puertos de Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y el aeropuerto de Bogotá. Indicó que se revisaría el papel de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la DIAN, a quienes culpó de haber «fracasado«. Concluyó diciendo que era necesario cambiar “el método de vigilancia y administración de los puertos” (Prensa Presidencia, 2025).

La declaración inmediatamente encendió las alarmas entre los concesionarios portuarios, operando bajo la Ley 1 de 1991 (La República, 2025), quienes fueron respaldados al día siguiente por organizaciones como la Andi, Analdex y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). La CCI, a través de su presidente Juan Martín Caicedo, respondió -con toda razón- señalando que el Estado, en cabeza del Gobierno, es el responsable de erradicar y controlar el narcotráfico y contrabando, incluso en la infraestructura concesionada como puertos, aeropuertos y carreteras (El Colombiano, 2025).

Dos días después, Petro aclaró que no cambiaría la administración de los puertos, sino la vigilancia, que actualmente está bajo el control de mafias (La W, 2025).

El problema que el presidente Petro puso sobre la mesa es sumamente grave, y aunque la administración (operación) de los puertos es muy compleja, la cuestión de la seguridad, particularmente contra el narcotráfico y el contrabando, lo es más y sigue siendo una tarea pendiente del Estado. Si bien Colombia ha alcanzado buenos resultados operativos con puertos en manos privadas (J.M.Caicedo, X, 2025), se convive con una situación crítica que no se debe ignorar.

Un puerto es un epicentro de actividad comercial internacional, lo que lo convierte en un objetivo para el narcotráfico en un país como Colombia, principal productor mundial de cocaína (Statista, 2024), concentrando un punto de alto riesgo. La violencia y corrupción derivadas de este fenómeno son inmensas. Como bien lo expresó Caicedo, el control de estas actividades depende directamente de la Policía y el Ejército, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, aunque los concesionarios deben estar disponibles para colaborar con las autoridades.

El manejo de puertos es peligroso para los operadores privados en un contexto como el colombiano. Es común que haya muertos entre los empleados que no cooperan con las mafias. La corrupción es casi ilimitada, ya que, aunque se conozcan patrones de operación ilícita, los traficantes están permanentemente inventando nuevas formas de contaminación (con droga) y/o vulneración de procesos que funcionen bien. Las estrategias de seguridad deben ser excepcionalmente inteligentes, y más, considerando que las mismas entidades encargadas de la seguridad son vulnerables al poder corruptor de los traficantes.

La clave es eliminar la dependencia de personas, o al menos de personas identificables, en la toma de decisiones para evitar la contaminación de la carga. La política pública en seguridad portuaria debe extenderse más allá de la estrategia policial y de inteligencia policial e incluir las operaciones logísticas. Por ejemplo:

Inteligencia preventiva y reacción: Todas las actividades de inspección, incluyendo perfilamientos y chequeos, deben ser gestionadas por la Policía como autoridad responsable. La inteligencia de seguridad debe ser rigurosa, utilizando la más avanzada tecnología y sistemas automatizados para detectar posibles actividades delictivas.
Recintos portuarios aislados: Todos los puertos deben contar con áreas de alta seguridad, completamente aisladas del exterior y equipadas con tecnologías avanzadas que permitan anticiparse a actos ilícitos. Específicamente, las medidas en el costado de los muelles deben ser mejoradas por ser normalmente muy vulnerables.
Inspección rigurosa de cargas: Cada carga que ingrese al puerto debe ser inspeccionada a fondo con rayos X para escanear los contenedores y vehículos de transporte. Las imágenes generadas deben ser interpretadas mediante sistemas de inteligencia artificial que emitan alertas automáticas ante cualquier anomalía, para luego activar una respuesta inmediata de la Policía.
Control estricto en los patios: Se debe implementar un «toque de queda permanente» en los patios y muelles, de manera que ninguna persona pueda transitar sin estar completamente identificada y autorizada. Los conductores de camiones, por ejemplo, no deben bajarse de sus vehículos en ninguna circunstancia. La policía debe reaccionar de inmediato si se violan estas normas.
Rotación aleatoria de personal: Los operarios de grúas y otros equipos en los muelles deben ser rotados aleatoriamente en cada turno, para evitar que se establezcan vínculos con actores corruptos o ilegales. La asignación de turnos debe ser controlada por un centro de cómputo ubicado fuera del país, para asegurar que los empleados locales no puedan influir en las asignaciones.
Rediseño de patios de contenedores: Los patios de contenedores deben estar diseñados con la metodología poka yoke (a prueba de errores) para impedir físicamente la apertura ilegal de contenedores de exportación para contaminarlos. Por ejemplo: cuñas de concreto que impide abrir las puertas del contenedor a nivel de piso.
Manejo de sellos inteligentes: Que se instalan en la entrada al puerto y viajan con el contenedor hasta el cliente final en el extranjero, y pueden ser leídos con dispositivos de campo o puntos de lectura automatizados en el puerto a distancia. Emiten alertas de violación de sellos en el puerto y por tanto el requerimiento automático de inspección de la Policía.
Identificación inteligente de contenedores en cada operación en puerto: Tanto en la operación de las grúas de patio como en las grúas de cargue y descargue de buques al lado del muelle. Aportan datos muy valiosos a la trazabilidad.
Inspecciones continuas y auditadas: Las inspecciones de contenedores deben ser rigurosas, y todos los procesos deben ser auditados para garantizar la transparencia. La Policía debe poder compartir la información de los sistemas del puerto que aseguren que cada paso del proceso está debidamente registrado, auditado y revisado cuando se requiera.

La implementación de ésta política no será barata, pero los costos de no hacerlo son mucho mayores: las vidas perdidas, la violencia asociada al narcotráfico, la pérdida de competitividad para el país, los sobrecostos derivados de los procesos manuales de inspección, y el daño directo a los exportadores son solo algunos de los impactos negativos. La prevención y contención son fundamentales, y no deben verse como un gasto, sino como una inversión en la seguridad y prosperidad del país.

Es necesario que el presidente Petro y su equipo se concentren en desarrollar una política seria y efectiva para enfrentar este problema de manera integral. Si se implementa correctamente, Colombia podría dar un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en sus puertos.

Rafael Fonseca Zarate

Autoritarismo democrático: el Estado como arma para apropiarse del poder

Escrito por Rafael Fonseca en May 9, 2025. Publicado en Opinión.

El segundo mandato de Trump no representa una amenaza hipotética para la democracia estadounidense, advierten los profesores Levitsky y Way, sino su desmantelamiento desde adentro. A diferencia de su primer mandato, Trump no llega como un outsider sin experiencia, sin plan ni estructura partidaria. Llega con todo eso. Hoy domina completamente al Partido Republicano, ha purgado a los críticos internos y promete gobernar con leales que lo acompañarán en un proyecto autoritario que ya no se oculta: enjuiciar a sus rivales, castigar a los medios y usar al ejército contra las protestas. Ahora, todo bajo el paraguas de una inmunidad presidencial casi total, otorgada por una decisión extraordinaria de la Corte Suprema. (S.Levistky, L.Way, El camino hacia el autoritarismo estadounidense, POLIS, 2025).

Pero lo más inquietante -afirman Levitsky y Way- no es que se destruya el orden constitucional: es que no será necesario. Estados Unidos seguirá teniendo elecciones, partidos, jueces y prensa. Lo que cambiará será la cancha. El poder presidencial se utilizará para inclinar el terreno, manipular las instituciones, y hacer cada vez más costosa y riesgosa la oposición (¿un golpe blando?). No se trata de una dictadura al estilo clásico. Se trata de un autoritarismo competitivo, un régimen donde la competencia existe, pero es sistemáticamente injusta. (S.Levistky, L.Way, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, 2002). Permítaseme proponer una traducción más descriptiva para nuestro medio: autoritarismo democrático. Paradójico sí, pero está sucediendo.

Este modelo, que ya hemos visto en Venezuela, Nicaragua, Hungría, Rusia, India y El Salvador, permite que el gobierno conserve las formas de la democracia mientras degrada su esencia. Y para lograrlo, necesita una herramienta central: el Estado. No como garante de derechos, sino como arma de intimidación, castigo y cooptación.

A continuación, resumo las nueve formas concretas en que, según Levitsky y Way, el Estado puede volverse un arma al servicio del poder:

La justicia como herramienta de intimidación
El primer paso es el uso del aparato judicial para perseguir selectivamente a los críticos. No se necesita inventar delitos. Basta con usar los ya existentes: evasión fiscal, errores en registros, incumplimientos menores. La justicia se convierte en un mecanismo de desgaste, no de sanción. Lo que importa no es condenar, sino agotar.
La burocracia profesional, convertida en botín
En las democracias sanas, los funcionarios de carrera sirven al Estado, no al presidente. Pero el plan de Trump de revivir el “Anexo F” permitiría despedir a miles de empleados y reemplazarlos con leales sin experiencia. Es una purga encubierta. Y donde antes había normas, quedarían órdenes.
Premios y castigos desde el Estado regulador
Quien controla las licencias, los contratos, las exenciones tributarias y las sanciones, tiene un poder inmenso. Un Estado politizado puede castigar a empresas opositoras, ahogar medios independientes o premiar con contratos públicos a quienes se alineen. El mensaje es claro: “si no estás conmigo, estás en problemas”.
Universidades bajo amenaza
Las universidades -por ser centros de pensamiento crítico- se vuelven objetivos naturales. Bajo el autoritarismo competitivo, se las somete a auditorías, se amenaza su financiación, y se politizan sus procesos de acreditación. El objetivo no es cerrarlas, sino disciplinarlas.
El ataque legal a la prensa libre
Las demandas por difamación se vuelven una forma elegante de censura. No importa ganarlas. Basta con imponer miedo, desgaste económico y autocensura. Los medios, para sobrevivir, se moderan, se silencian o desaparecen.
El IRS como martillo político
En EE. UU., las donaciones a campañas son públicas. Con un IRS politizado, basta con cruzar esa información para seleccionar a quién auditar, a quién castigar. Incluso si no se hace, la amenaza basta para disuadir. La política se convierte en un riesgo fiscal. (IRS = Internal Revenue Service, el servicio de recaudo de impuestos).
Impunidad para los violentos propios
El Estado arma no solo persigue a los adversarios. También protege a los aliados. La inacción deliberada del Departamento de Justicia ante actos de violencia política -como los del 6 de enero- envía un mensaje: quienes atacan a la oposición no solo serán tolerados, sino protegidos.
Desgaste y autocensura de la oposición
No hace falta encarcelar a todos los críticos. Basta con subir el costo de oponerse. El miedo a las represalias fiscales, judiciales o comerciales lleva a muchos a retirarse. Periodistas que dejan de investigar. Rectores que prefieren el silencio. Empresarios que ya no donan. El ecosistema opositor se seca sin necesidad de disparar.
Cooptación preventiva: la “gran capitulación”
Finalmente, el arma del Estado también seduce. Quien controla regulaciones y contratos puede comprar obediencia. Empresas tecnológicas y grandes medios han comenzado a acercarse al nuevo poder, no por convicción sino por cálculo. Lo mismo ocurre con académicos, donantes y líderes sociales. Lo llaman “realismo”. Pero en la práctica es una rendición anticipada.

Levitsky y Way no vaticinan una dictadura clásica para EE. UU. No habrá cierre del Congreso ni desapariciones. Pero sí podría consolidarse un régimen donde la oposición existe, pero compite en desventaja estructural. Donde la ley se aplica con doble rasero. Donde el miedo sustituye al debate, y la resignación al voto.

Lo más inquietante: este patrón no es exclusivo de Trump como ya se dijo. Se está viviendo en Venezuela, Hungría, Turquía, Rusia, India, Nicaragua, se ha visto en Perú y en Brasil, en donde, como Colombia, las instituciones políticas, económicas y sociales son mucho más débiles que en Estados Unidos. La maquinaria del Estado puede convertirse en un botín y en un arma. Depende del verdadero compromiso democrático de quién la controle versus la fuerza -y el coraje- para resistir que tenga la sociedad.

Por encima de las preferencias políticas personales, este análisis sirve como una ilustración esencial -y urgente- para reflexionar sobre la salud de la democracia en Colombia, porque resulta alarmante que en conversaciones cotidianas sea común oír la pregunta de si el presidente Petro seguirá o no en 2026. No porque pueda afirmarse que hay señales claras de ruptura institucional, sino porque el talante de un gobernante puede llevar a tensar -o respetar- los límites del poder. Y eso no debería depender jamás de las simpatías personales, sino del compromiso colectivo con las reglas del juego democrático.

Referencias

J.Arango, La estrategia de los inocentes, ConfidencialNoticias, 2025.
S.Levistky, L.Way, El camino hacia el autoritarismo estadounidense, POLIS, 2025.
S.Levistky, L.Way, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, 2002.

Rafael Fonseca Zarate

Atajando jugaditas de los corruptos en la contratación pública

Escrito por Rafael Fonseca en May 7, 2025. Publicado en Opinión.

Desde el 6 de marzo, el ingeniero Rodrigo Fernández ya había detectado y advertido en un trino que la Alcaldía de Bucaramanga pretendía saltarse las reglas de los pliegos tipo para licitaciones de obra pública. Denunció un “amarre sutil” en el proceso SI-Si-CMA-001-2025 para interventoría del mantenimiento de la malla vial por $1.526 millones: exigían acreditar experiencia clasificada bajo los códigos UNSPSC 41138 y 41139, que no corresponden a interventoría, sino a instrumentos geofísicos y de medición de flujo. Una condición imposible para interventores, diseñada para favorecer a un único proponente.

El resultado fue predecible: 51 oferentes, 49 eliminados, 1 no subsanó y solo quedó uno… el ungido. Fernández, quien lleva años registrando estas violaciones sistemáticas a la libre concurrencia, expresó su frustración: la advertencia no fue escuchada. Sin embargo, esta vez hubo eco. El Procurador delegado primero para la vigilancia preventiva de la función pública Marcio Melgosa envió el 29 de abril una fuerte advertencia al alcalde Jaime Andrés Beltrán y a su secretaria de Infraestructura. Señaló que se violó el pliego tipo, que es inalterable, y exhortó a la entidad a revocar el acto de apertura del proceso.

Otro caso ocurre en Cartagena, con la licitación del Gran Malecón del Mar por $198.000 millones. El concejal Javier Julio Bejarano denunció en sesión del concejo que, tras publicar prepliegos sin toda la documentación, el 13 de marzo añadieron requisitos técnicos y el 20 de marzo abrieron el proceso incluyendo un nuevo literal: una licencia de explotación comercial de la DIMAR, que debía presentarse en solo 11 días hábiles. Un imposible. El 28 de marzo, además, cambiaron la forma de pago, incluyendo un anticipo del 15%. Resultado: dos oferentes, uno eliminado rápidamente por no cumplir y uno solo que cumplía con todo, incluida la sorpresiva licencia de la DIMAR. Otra vez, el ungido.

El pliego tipo versión 3, sustentado en la Ley 2022 de 2020 y la Resolución 2617 de 2025, es inalterable salvo en lo que expresamente permita el mismo pliego tipo. Según Bejarano, el requisito era innecesario, inconstitucional, ilegal y arbitrario. Su objetivo: lesionar la libre concurrencia.

Ambos casos comparten una estrategia: alterar los pliegos para cerrar el paso a oferentes competidores y garantizar que gane quien ya estaba ungido. Ya es un clásico de los contratos amañados, que conecta lo electoral con lo contractual, ese “matrimonio” que describe el ingeniero Fernández como una de las raíces más profundas del cáncer de la corrupción.

¿Qué creen estos funcionarios? Tal vez que pueden violar la ley a su antojo, con fines de corrupción, y que nadie lo notará. Tal vez sean ingenuos por pensar que no habrá quejas. Pero de lo que no son ingenuos es de que, incluso si son investigados, la probabilidad de ser condenados es baja, y aún condenados, difícilmente perderán lo robado. Esa es la jugadita completa.

Los ingenuos somos los demás colombianos que seguimos esperando que se controle la contratación pública.

Pero algo está cambiando. La labor incansable del ingeniero Fernández comienza a tener eco. Las actuaciones del procurador Melgosa y del concejal Bejarano muestran que es posible impedir contratos amañados. Su trabajo merece ser reconocido y replicado: están señalando una vía efectiva para combatir la corrupción a todos sus colegas procuradores y concejales. Colombia los está observando, esperando que cumplan con su responsabilidad.

Rafael Fonseca Zarate

Ciudades-Puerto y Autoridades Portuarias: ¿Dónde está Colombia en el escenario global?

Escrito por Rafael Fonseca en Dic 13, 2024. Publicado en Opinión.

Los puertos son más que simples terminales marítimos; en ciudades como Rotterdam, Singapur y Hamburgo, se han convertido en motores de desarrollo económico, integración urbana y competitividad global. Mas del 90% del permanentemente creciente comercio mundial de bienes se hace por vía marítima; ese comercio demanda puertos eficientes y competitivos, por supuesto. (UNCTAD Review of Maritime Transport, 2024).

Sin embargo, en Colombia la gestión portuaria permanece desarticulada, con múltiples entidades operando de manera descoordinada, lo que afecta negativamente su competitividad. Nuestro modelo de gestión estatal portuaria sigue siendo centralista, desde la extinta COLPUERTOS (liquidada con el estatuto de puerto Ley 1ª del 91) continuó con el INCO, y hoy en día con la ANI.

Los planificadores del Departamento Nacional de Planeación (DNP) han diagnosticado esta desarticulación, como se describe en varios documentos CONPES, entre otros: 3990 Colombia Potencia Bioceánica Sostenible y 4118 Política Nacional Portuaria: modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria y su articulación con el territorio, donde se plantean estrategias que no se concretan en normas, políticas de Estado o hechos. Todo apunta a la necesidad de una gobernanza local con autonomía para poder competir, y al mismo tiempo, servir de motor de desarrollo económico y social.

A través de ejemplos internacionales, este artículo explora cómo el país debe migrar hacia un modelo integral que responda a las necesidades locales, nacionales y globales.

Ejemplos de Éxito: Ciudades-Puerto y Autoridades Portuarias Integrales

PORT AUTORITY OF NEW YORK – NEW JERSEY.

Dos ciudades distintas, dos estados distintos, comparten territorio marítimo, y lo desarrollan de manera integral y sostenible. Las ciudades hacen parte, pero no son la cabeza directiva de la “autoridad”. La infraestructura administrada no se limita a los terminales marítimos, sino que se extiende a los tres aeropuertos del área, el Metro, los túneles y puentes, e incluso el World Trade Center, procurando el desarrollo económico y social de las dos “Ciudades-Puerto”.

PORT OF ROTTERDAM. Rotterdam: La Ciudad-Puerto por Excelencia

Rotterdam, el puerto más grande de Europa, destaca por su integración entre la planificación urbana y una Autoridad Portuaria única que coordina intereses locales y globales. Entre sus logros destacan: Integración con el hinterland: infraestructura vial y ferroviaria que conecta eficientemente el puerto con el resto de Europa; Liderazgo en sostenibilidad ambiental: Implementación de iniciativas como el uso de energía renovable y tecnologías limpias; Desarrollo urbano: Revitalización de barrios cercanos al puerto, combinando usos industriales con residenciales y comerciales.

En contraste, los puertos colombianos carecen de esta articulación. Por ejemplo, Buenaventura opera sin un plan urbano que integre las necesidades portuarias con las de la población local, perpetuando conflictos sociales y limitando el desarrollo (Semana, 2019).

MARITIME & PORT AUTHORITY OF SINGAPORE (MPA). Singapur: Liderazgo Global desde una Isla

El éxito del puerto de Singapur, gestionado por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, se basa en la centralización de decisiones relacionadas con operación, sostenibilidad y desarrollo. Sus estrategias incluyen: Uso de tecnología avanzada: implementación de procesos automatizados que reducen costos y tiempos logísticos; Conexión eficiente: el puerto sirve como nodo central en una vasta red de comercio marítimo, aprovechando conexiones terrestres y ferroviarias en países vecinos.

HAMBURG PORT AUTHORITY. Hamburgo: Puerto Integrado y Sostenible

Hamburgo ha equilibrado la operación industrial del puerto con la sostenibilidad y la integración urbana. Su modelo incluye: Participación ciudadana: involucramiento de la comunidad en la planificación portuaria, minimizando conflictos sociales; Red de transporte multimodal: conexión eficiente del puerto con su hinterland, maximizando su competitividad en Europa; Reducción de emisiones contaminantes: priorización de prácticas sostenibles que refuerzan su reputación internacional.

En Colombia, puertos como Cartagena y Santa Marta han avanzado en tecnología y manejo ambiental, pero carecen de una conexión estratégica con sus ciudades y su hinterland, limitando su competitividad (UCC Repository, 2017).

Hacia un Nuevo Modelo Portuario

La competitividad de los puertos colombianos requiere una transformación estructural basada en las lecciones aprendidas de los mejores puertos del mundo. Este nuevo modelo debe centrarse en:

1. Creación de Autoridades Portuarias Regionales: Entidades con autonomía administrativa que centralicen la planificación, gestión y operación de todos los puertos en una región. Por ejemplo, una sola Autoridad Portuaria en Buenaventura integraría los intereses de varios puertos concesionados y privados, unificando esfuerzos para mantener el canal de acceso y optimizando recursos, y poder enfrentar la competencia de Posorja (Ecuador), de aguas profundas. Deberán funcionar como Cámaras de Comercio, exentas de politiquería, en donde el ente territorial local pueda tener voz y voto, pero tomando las decisiones en forma colegiada con la Autoridad Portuaria.

2. Unificación de Propósitos: Estas autoridades articularían objetivos comunes para garantizar la capacidad y funcionalidad de la infraestructura compartida, como los canales navegables, reduciendo duplicidades y conflictos entre actores.

3. Planes Ciudad-Puerto: La integración entre el puerto y la ciudad es clave, promoviendo desarrollo urbano que revitalice las áreas cercanas al puerto, reduzca impactos sociales y garantice beneficios económicos para la población local. Los modelos mundiales de Ciudades-Puerto, se pueden consultar en la IAHP, International Association of Ports & Harbors.

4. Optimización del Hinterland (áreas de influencia): Inversiones en corredores logísticos multimodales (carreteras, ferrocarriles y vías fluviales) que permitan expandir la influencia económica de los puertos y reducir costos logísticos. Incluye los aeropuertos para efectos de los viajeros de negocios portuarios.

5. Enfoque Ambiental: Adopción de prácticas sostenibles que integren eficiencia logística con cumplimiento de normas ambientales. Un solo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el puerto, debe evitar la repetición y la tramitología burocrática; de hecho, los POT lo incluyen como documento único.

Nueva Articulación de la Normativa Nacional

La implementación de este modelo requiere una reorganización para cumplir con la normativa nacional y garantizar la coordinación entre los actores involucrados. Aspectos clave incluyen:

Relación con la ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantendría su rol en la contratación con concesionarios privados, pero en coordinación con la Autoridad Portuaria Regional, que centralizaría la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Esto aseguraría que las inversiones en infraestructura portuaria estén alineadas con los objetivos regionales y nacionales.

Cumplimiento de Normas Ambientales

El Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) trabajarían directamente con la Autoridad Portuaria Regional para diseñar planes ambientales específicos para cada puerto. Estos planes incluirían: Estudios de impacto ambiental integrados: Supervisados por la Autoridad Portuaria para evitar duplicidad de trámites y conflictos; Monitoreo continuo: Utilización de tecnología avanzada para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales; Estrategias de mitigación ambiental: Priorización de la reducción de emisiones contaminantes y la protección de ecosistemas costeros. La Autoridad Portuaria asumiría la responsabilidad integral de coordinar con el Ministerio para garantizar que todos los actores, incluidos concesionarios privados, cumplan con la normativa.

Articulación con Gobiernos Locales

Los planes de ordenamiento territorial incluirían los puertos como piezas clave del desarrollo urbano, asegurando su conexión vial y mitigación de impactos sociales. Las secretarías locales trabajarían en conjunto con la Autoridad Portuaria Regional para garantizar una planificación integrada y estratégica, bajo su coordinación.

Reflexión Final: De la Desarticulación al Liderazgo

Colombia tiene el potencial de convertirse en líder portuario en América Latina. Los ejemplos de NY&NJ, Rotterdam, Singapur y Hamburgo demuestran que los modelos portuarios, descentralizados del Estado, autónomos e integrales son el mecanismo para potenciar la competitividad. Una Autoridad Portuaria unificada, junto con un enfoque estratégico Ciudad-Puerto e inversiones en infraestructura (en el hinterland) y en lo social, transformaría los puertos colombianos en motores de desarrollo económico y social, enmarcados en lo sostenible. No actuar significa seguir perdiendo competitividad frente a países vecinos que ya son líderes en este ámbito con mayor visión y coherencia.

Este artículo fue posible por el trabajo en equipo con el conocido experto ingeniero Orlando Castañeda. Agradecimientos especiales por la generosidad con sus conocimientos y su dedicación.

Referencias Bibliográficas:

United Nations Trade & Devolopment, UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2024. https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2024

Rotterdam Port Authority. (2024). Annual Report 2023. Recuperado de www.portofrotterdam.com.

Maritime and Port Authority of Singapore. (2024). Sustainability and Innovation in Port Operations. Recuperado de www.mpa.gov.sg.

Hamburg Port Authority. (2024). Integrated Urban and Port Planning. Recuperado de www.hamburg-port-authority.de.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). Competitividad Portuaria en América Latina y el Caribe. Recuperado de www.iadb.org.

ProColombia. (2024). Análisis de Puertos en Colombia: Desafíos y Oportunidades. Recuperado de www.procolombia.co.

Semana. (2024). Los problemas estructurales de Buenaventura. Recuperado de www.semana.com

Empaquetamiento de contratos: una trampa que elimina a ingenieros colombianos

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 21, 2024. Publicado en Opinión.

Tenemos en la memoria, muy fresca aún, la debacle en que se tornó la contratación de 539 colegios en todo el país a través del Fondo Financiero de Infraestructura Educativa (FFIE) desde 2015; 4 años después, cuando se suponía que se acabaría el programa, no se habían podido terminar 114 colegios (el 21% del total) (Contraloría, 2019) (FFIE, 2024).

Se suponía que en 4 años se haría toda la construcción y mejoramiento, y que para 2019 todos los municipios incluidos se estarían beneficiando de esa infraestructura social clave, que son los colegios. Para hacernos una idea de los sobrecostos financieros, la Contraloría estimó en 559.853 millones de COP de 2019 debido a retrasos y problemas en la ejecución de las obras; eso sin contar los costos sociales de no disponer de los colegios, que elevarían la cuenta varias veces.

El Ministerio de Educación optó por contratar a dos fiduciarias para establecer allí la gerencia de un programa de construcción de 5.1 billones de COP de 2015, sin experiencia en contratación y administración de proyectos, y menos en un programa tan grande, que implicaba distribuir pequeñas obras por todo el país llenas de detalles, permisos, contingencias, y comunidades tratando de poner a la medida local cada colegio. Es decir, un problema de mediana complicación local, manejable a ese nivel, se convirtió en un problema de gran complejidad al centralizarse en Bogotá, lejos de la multiplicidad de detalles en cada municipio.

Para complicar más el asunto, empaquetaron los pequeños proyectos en grandes contratos sin mediar un análisis de cuál era la demostración de la supuesta mayor eficiencia que se lograría al hacerlo. Así, trasladaron también la mayor complicación para quien fuera el contratista grande, sin medir las consecuencias. El resultado sigue a la vista: un desastre.

Nunca un problema de optimización (y en general, de logística) se resuelve bien con un atajo dogmático. Había que analizar que los costos de la gerencia de estos proyectos son más variables que fijos, porque no se pueden compartir los recursos tan fácilmente debido a que los lugares de obras son muchos y lejanos. Lamentablemente, el diseño de la contratación estaba orientado al empaquetamiento desde el principio. Las razones son más de una “optimización” mal entendida del ente contratante, porque es más fácil otorgar 1, 2 o 3 contratos grandes que 539 pequeños. Pero esto conduce a una falacia, porque simplemente se están trasladando los costos de coordinación y gerencia al contratista grande y no hay ninguna optimización real en el proyecto en su conjunto.

Y lo más grave no es esto. El contratista más grande favorecido con el contrato no era siquiera colombiano sino portugués, lo cual alejaba aún más su conocimiento particular y consecuente valoración de riesgos que debía tener en cuenta en su propuesta, sobre todo en lo concerniente a los trámites, las dificultades de planeación y ejecución que tenemos, y lo los conflictos que pueden emerger con las comunidades. Sin contar con el aumento de la vulnerabilidad de este esquema a la amenaza de la corrupción, que nunca se puede ignorar en Colombia.

Ahora Findeter está copiando el esquema, con la diferencia buena que es experta en manejo de todo tipo de contratos para ejecuciones públicas desde su régimen privado. Pero igual, en cuanto a empaquetamiento de pequeños proyectos en uno solo más grande, para que resulte más atractivo a grandes jugadores. Se conoció recientemente que la compañía China Harbour Engineering Company estaba pidiendo más plazo para el cierre del proceso PAF-DPS-O-138-2024 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para contratar la “construcción de Puntos de Abastecimiento Solidario – PAS, del grupo 5” por 40,103,174,662 COP que corresponde solo al departamento de Bolívar.

Se trata de construir en 13 municipios (Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Cartagena, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Juan Nepomuceno, Zambrano) pequeñas áreas para el Plan Hambre Cero, que consisten en Puntos de Abastecimiento Solidario que, al revisar, se cuestiona uno qué hará la gigante china CHEC, acostumbrada a construir puertos, aeropuertos y Metros, enredada en semejantes obritas regadas por el departamento durante siete meses únicamente, en las que debe responder hasta por un Plan de Gestión Social y Reputacional (PGSyR) en cada municipio. No tiene sentido.

Para darnos una idea, esas construcciones y sus áreas son: Galerías de plaza de mercado, 6.25 m2; Locales Comerciales, 12.5 m2; Comedor comunitario y/o olla comunitaria, 25 m2; Centro de Acopio de productos de primera necesidad, 60 m2; Área multipropósito que puede ser usada para ferias artesanales y demás necesidades de la comunidad, 90 m2; Área para suministro de bienestarina generada con productos de la región, 6.25 m2; Área de Administración y Baños, 6.25 m2. En total, si solo hay una unidad de cada componente, serían 206.25 m2 por municipio; o sea, una casa grande, para lo cual, claro que no se necesita una empresa grandísima de talla mundial como la CHEC, y ni siquiera una empresa grande nacional. Se requieren pequeñas empresas de ingeniería o ingenieros contratistas individuales con sus pequeñas oficinas haciendo contratos del orden de 3,085 millones COP cada uno, y no un enorme contratista con un solo contrato de 40,103,174,662 COP. (Findeter, 2024)

Si se la ganara una empresa extranjera, como fue Motta Engil en el caso del FFIE, o la CHEC en este proceso, se induce tristemente a que los ingenieros colombianos sean relegados a ser subcontratistas de los extranjeros. La labor de coordinación se quedará del lado del contratista, con la diferencia que éste exprimirá al máximo a los colegas nacionales para hacer una utilidad del tamaño acostumbrado. ¿Y el PAS recibirá un mejor precio? Apuesto que no.

Al revisar el personal exigido se encuentra que se puede compartir el director del proyecto entre 20 frentes de obra (se supone que cada municipio es un frente de obra) y así otros perfiles generales y asesores, y lo correspondiente a la administración. Obviamente, no el ingeniero residente ni el maestro de obra residente. Cualquiera puede pensar que en eso consiste la optimización; o en la compra masiva de los materiales, asunto que pierde validez en este caso por la dispersión geográfica existente que dificulta esta negociación favorable. Lo que no se evalúa normalmente es que la administración del ingeniero individual es muchísimo menor porque él optimiza su presencia en su contrato y al mismo tiempo hace varios roles y cuida el centavo de su negocio cerquita a donde suceden las acciones. Así pasa con los campesinos individuales y los camioneros individuales, que hacen que no necesariamente se obtenga una mayor competitividad de una empresa grande frente a los pequeños jugadores individuales en su mercado.

Hay que solicitar a Findeter que haga este análisis competitivo, incluyendo sus propios costos adicionales de administrar 13 contratos pequeños y no 1 solo, y lo comparta para discusiones y comprensión de todos los públicos incumbentes; que no se nos olvide, es un costo que, de todas maneras, está en la ecuación porque el gran contratista incurre en él y, por supuesto, lo cobra.

Y que, con esa respuesta en la mano, que Findeter en lo sucesivo, no castre de entrada a las pequeñas empresas de ingeniería y a los ingenieros individuales para que puedan competir abiertamente y se ganen estos pequeños proyectos. Las empresas grandes dejémoslas para los proyectos grandes de verdad, no que resulten grandes por empaquetar pequeños proyectos en uno solo. No nos puede dar pereza hacer varias pequeñas licitaciones y sacar de tajo a los nuestros, eso sí, teniendo costos totales comparables.

De una u otra forma estaremos vigilantes para ver cuántos participantes hay en la licitación de este proceso, que lastimosamente ya no puede se puede cambiar, y si se puede detectar alguna maniobra acostumbrada para que solo quede un proponente. Y entonces, ya el tono de la sugerencia cambiaría porque la razón para el empaquetamiento seguramente sería otra, y no la mentada optimización.

Dentro de una razonabilidad competitiva, no es tiempo para excluir a los ingenieros individuales y a las pequeñas empresas de ingeniería con el empaquetamiento de contratos. El país necesita, en todos los sectores y frentes, que el trabajo de los nacionales sea la base de su desarrollo. Colaborémonos.

Rafael Fonseca Zarate

«El dilema de la energía más allá de la ideología»

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 10, 2024. Publicado en Opinión.

Hace pocos días en el marco del congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), se volvió a poner en alerta sobre la situación de emergencia que tiene el país en materia de energía eléctrica por cuenta de los disminuidos recursos hídricos disponibles, lo cual nos conduce a la problemática del gas (Semana, 2024), que a su vez lleva a la discusión de fondo sobre la política energética, que desde el inicio de este Gobierno ha estado sobre la mesa por las opiniones encontradas entre el presidente Petro y el empresariado, entre la lucha contra el cambio climático y quienes son escépticos al respecto, entre las ideas de izquierda y las de derecha, siguiendo los clichés de la polarización existente. Como bien lo describe Portafolio “las discusiones sobre transición energética están sujetas a poderosos intereses ideológicos, políticos y económicos” (Correa, 2024).

Tan encrespados hemos llegado a este momento que casi nadie quiso escuchar la explicación del presidente Petro sobre la necesidad de la reducción del consumo, hasta llegar a cero en 10 años, por no haberse mostrado eufórico por la confirmación del pozo Sirius por parte de Petrobras, socio de Ecopetrol, que representa 2.5 veces las reservas probadas del país y podría empezar su producción entre el 2029 y el 2030 (Penagos, 2024). Opinaron los expertos que era más del mismo discurso de salvación de la humanidad por parte de la humilde Colombia.

Todos los enterados saben que pasaremos dificultades de aquí a la entrada de Sirius, y habrá que subir las importaciones de GNL (gas natural licuado) y con ello apurar las inversiones en las capacidades de importación y regasificación. Paradójicamente, si fuese cierta la noticia que proviene desde la Universidad de Cornell en la que afirman que la huella de carbono del GNL es un 33% mayor que la del carbón si se tiene en cuenta el procesamiento y el transporte (Roca, 2024), estaríamos haciendo mal la sustitución de carbón, del cual tenemos mucho, por un gas que hoy no tenemos. Hay que revisar bien, y no asumir la transición dogmáticamente.

Para mejorar el criterio en el tema energético, que es tan basto como complejo, traeré un resumen de las tendencias globales que logré por tener la oportunidad de haber asistido a una conferencia del conocido ingeniero, profesor y experto en energías Julián García, a expensas de las comisiones técnicas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y así, poder revisar qué tan bien estamos apostando al futuro que se nos viene. El ingeniero García expuso lo siguiente:

Transición Energética Compleja: La transición energética global no consiste simplemente en reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, como la solar o eólica. Es un proceso mucho más complejo que requiere, entre otras, mejorar la eficiencia energética, electrificar más sectores de la economía y reducir las emisiones. Además, no se trata solo del cambio climático, sino de abordar múltiples problemas ambientales, como la calidad del suelo, la biodiversidad y la contaminación química.

Sector Energético como Principal Emisor: Aproximadamente el 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proviene del sector energético, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles. Aunque otros sectores, como la agricultura, también contribuyen, es claro que la mayor parte del esfuerzo debe enfocarse en transformar cómo producimos y consumimos energía.

Eficiencia de la Generación Eléctrica con Combustibles Fósiles: En los últimos 20 años, todas las plantas de generación, como las de gas, han mejorado significativamente su eficiencia. Hace tres décadas, una planta carboeléctrica o a gas tenía eficiencias de entre el 25% y el 30%, mientras que hoy las plantas modernas alcanzan casi el 60%. Este incremento ha permitido generar la misma cantidad de energía usando la mitad de combustible.

Incremento en la Eficiencia de los Vehículos a Gasolina: En los últimos 15 a 20 años, la eficiencia de los vehículos a gasolina ha mejorado notablemente. Un claro ejemplo es que autos como el Honda Civic, que solían recorrer 30 kilómetros por galón, ahora logran hasta 60 kilómetros por galón. Esto ha sido clave para reducir el consumo de combustibles en el sector del transporte. Países como Japón e incluso EEUU, han bajado los consumos de combustibles fósiles en el transporte por cuenta de esta mayor eficiencia.

Crecimiento de la Electrificación: Actualmente, alrededor del 15% del consumo energético final en el mundo es electricidad, pero la tendencia apunta a que este porcentaje se elevará al 30% o incluso al 50% para 2050. Sectores como el transporte, la calefacción y la cocina están migrando a la electricidad, debido a su mayor eficiencia y menores emisiones comparado con los combustibles fósiles.

Reducción de Costos en Energías Renovables: Los avances tecnológicos han permitido que los costos de producción de energía renovable disminuyan drásticamente. Los paneles solares son hoy un 90% más baratos que hace una década, y la eficiencia de las turbinas eólicas ha mejorado significativamente, pasando de un 27% de eficiencia a un 41%. Esto ha llevado a una expansión masiva de las energías renovables.

Eficiencia Energética como Prioridad: En países como Inglaterra, Japón y Alemania, la eficiencia energética es la prioridad número uno. Cambiar aparatos antiguos por versiones más eficientes es mucho más rentable para la sociedad que construir nuevas plantas de energía renovable. Esta tendencia global hacia la gestión de la demanda ha demostrado ser una de las formas más efectivas para reducir el consumo energético.

Desarrollo Tecnológico en Energía: Los avances en tecnología energética han transformado sectores como la producción eléctrica y el transporte. Por ejemplo, en las últimas dos décadas, las plantas de ciclo combinado han mejorado significativamente su eficiencia, mientras que la perforación horizontal en la industria del petróleo ha permitido recuperar mayores cantidades de recursos con menos perforaciones. Estos desarrollos continúan impulsando la eficiencia.

Cambios en la Geopolítica Energética: La geopolítica de la energía ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. La OPEP ya no tiene el control central del mercado mundial del petróleo. En lugar de eso, los países se están centrando en lograr autosuficiencia energética a través de la diversificación de sus fuentes de energía, como lo ha hecho Alemania con su energía solar y eólica.

Riesgos para la Industria Petrolera Colombiana: Colombia enfrenta desafíos en su industria petrolera. Su petróleo, con más o menos la mitad de baja calidad y alto contenido de azufre, se vuelve cada vez menos competitivo a medida que otros países con crudos de mejor calidad y más baratos atienden el mercado. Con el aumento de la electrificación y la sobreoferta de petróleo proyectada para 2030, la dependencia de Colombia del petróleo podría volverse insostenible.

Como se ve, las frases al inicio del mandato del presidente incluso pueden ya no ser relevantes para el futuro próximo que nos espera, más rápido que lo pensado. Y efectivamente, de pronto por coincidencia (Petro, 2024), todo apunta a que no podemos seguir confiando en que los ingresos de los combustibles fósiles van a seguir siendo el sustento de la economía nacional. Nos toca pensar y planear mejor, dejando en la basura las ideologías. Y que efectivamente, como lo hemos sugerido varias veces, debemos trabajar decididamente en racionalizar la demanda para reducirla a punta de eficiencia en los consumos (Fonseca, 2022).

Todo esto no resulta en línea con la visión del ex vicepresidente de EEUU, Al Gore, en la que nos inculcaba que responsablemente no debíamos confiar en que la tecnología haría parte esencial de la solución para el cambio climático y la degradación de la tierra por efecto del modus vivendi de los humanos (Fonseca, 2023); lo que se ve en las tendencias en mejoras de eficiencia es que la tecnología está dando su batalla, a excepción, eso sí, de la nueva y creciente demanda del uso intensivo de energía para atender los nuevos requerimientos de la Inteligencia Artificial.

Y salvo también a que la paradoja de Jevons volviera a materializarse, implicando que las nuevas tecnologías con mayor eficiencia energética puedan, a la postre, aumentar el consumo total de energía y, simultáneamente, volver a un incremento de las emisiones, puesto que esa mayor eficiencia puede representar aumentos de la producción, lo cual bajaría los precios, lo que finalmente estimularía la demanda. Es preciso que el mundo acuerde una política global para no tener esta vía de regreso a la degradación de nuestro espacio vital.

Para las discusiones en la COP16, para quienes están a cargo del mundo y para quienes queramos ser parte de las soluciones.

Lucha contra la corrupción empieza a tener eco

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 26, 2024. Publicado en Opinión.

Hace unos 11 años publiqué un artículo que se titulaba ¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males?. Curiosamente no tuvo buen recibo porque resultaba una exageración para quienes lo leían. Desde luego no era ni una exageración en ese momento, como tampoco lo es ahora. Pero me temo que aún no podamos tener consenso entre los colombianos, ya que pareciera que a una parte ni siquiera les inquieta y que, los corruptos exitosos siguen siendo unos héroes envidiables, dada la escala de valores inversa en nuestra cultura reinante y como consecuencia de la oportunidad de impunidad que brinda nuestro desvencijado sistema de justicia.

Desde hace más o menos el mismo tiempo, ha habido un luchador solitario contra la corrupción en la contratación estatal, referente a proyectos de ingeniería al que le dediqué un artículo para destacar esa misión quijotesca (Fonseca, 2020). Pero ha pasado el tiempo y ya son célebres los trinos del ingeniero Rodrigo Fernández, con su léxico especial que inventó (el amarre, el ungido, los contrataderos…), muy coloquial y perfectamente adaptado a nuestro léxico común, y que ya se entiende fácil en los medios periodísticos y los de ingeniería. Su trabajo está empezando a tener eco para esperanza de todos. Sigue La W, La Voz del Galeras de Pasto, Vanguardia de Bucaramanga, Paola Herrera de Cambio, Últimas noticias Radio Melodía de Bucaramanga, Caracol Bucaramanga, Radio Nacional de Colombia de Bucaramanga, El Pilón de Valledupar, Contacto Noticias de Violeta estéreo de Yopal, le consultan habitualmente como experto en contratación pública y luchador contra la corrupción.

Recientemente, tanto en el Congreso Nacional de Ingeniería como en el Foro sobre la corrupción en el Estado, ambos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, presentó el resultado de su última investigación en la que estudió las 200 licitaciones de más de 1000 millones de pesos sobre infraestructura física, desde mayo de 2023 a mayo de 2024, que sumaban poco menos de 1 billón de pesos según sus presupuestos oficiales. Mostró la participación de proponentes: en promedio solo recibieron 2.02 propuestas por proceso de las cuales solo quedaron habilitadas 1.55; es decir, bajísima pluralidad de oferentes, lo que es el principal indicativo de que pueda haber un acuerdo previo para que gane un ungido, o sea, corrupción.

Es el resultado de lo que él llama los contrataderos mediante los cuales las entidades del Estado se saltan la Ley 80 de 1993, que es nuestro marco legal para contratación pública, encomendándole su contratación de obras y compras públicas a una entidad que sea Empresa Industrial y Comercial del Estado o Sociedad de Economía Mixta, que son de régimen privado, y por lo cual puede aplicar su propio manual de contratación sin tener que controlar el uso e inversión de los recursos públicos que establece la ley para estos casos. Esta figura emergió a expensas de la Ley 1150 de 2007, que estableció en su artículo 14 una excepción a la contratación de este tipo de empresas que permite usar el régimen que les aplique según su naturaleza jurídica. Es decir, régimen privado para recursos públicos, sin aplicación de los controles para los recursos públicos.

Y claro, resultó muy conveniente para que los políticos al mando de municipios y gobernaciones crearan entidades con este régimen y aplicaran sus propios manuales de contratación (régimen privado) a los programas financiados con recursos del Gobierno Nacional, previamente concertados con los Congresistas interesados e impulsores de las aprobaciones centrales, que a su vez, resultaban fichas necesarias para que el Gobierno pudiera impulsar sus iniciativas en el Congreso (sus votos en los proyectos de Ley de iniciativa gubernamental).

El experto mostró la lista de contrataderos, que han crecido como espuma desde su creación, pudiendo llegar a unos 100 ya, por medio de los cuales se pueden estar contratando entre 2 y 3 billones de pesos anuales. De eso, un porcentaje se va para corrupción.

El modus operandi es similar en todos los contrataderos. Se invitan a unos pocos oferentes, no más de cinco generalmente; así, limita de inmediato la participación abierta de quienes hubieran podido ser unos buenos contratistas del Estado. Con los contrataderos es fácil porque no tienen que promover de la competencia, y se puede direccionar la contratación al ungido de manera más expedita. El ingeniero Fernández describió cómo se presentaban tres o cuatro proponentes atendiendo a una invitación, pero a uno se le olvidaba la póliza, otro no atendía un llamado a subsanar algo, el tercero perdía intencionalmente algunos puntos y así, dejaban solo al ungido. Así, simulan un proceso competitivo pero ineficaz. Una franca configuración del delito de colusión eso sí, que es penal y administrativo y que alcanza tanto a los funcionarios como a los contratistas, tanto el ungido como los que se prestan para esta burda burla en detrimento del Estado y de los principios de libre competencia y transparencia.

No hay varios proponentes como debería haber en una licitación, y por tanto no hay competencia, lo cual implica que no hay puja por un precio mas bajo, y se pierde una de las condiciones de los objetivos de contratación para lograr ahorros para el Estado. Cuando el ungido ya sabe que no tendrá competencia, propone cerca al presupuesto oficial, con lo cual el Estado no obtiene los ahorros que en forma lógica se esperarían si hubiera competencia. Tan solo en esta muestra, al Estado le habrían costado estos contratos unos 50,000 millones de pesos menos, según el estimativo del ingeniero Fernández, lo cual se constituiría en el delito de detrimento patrimonial (pérdida de recursos públicos) perpetuado por los funcionarios y el contratista participantes, que tiene también tanto efectos administrativos como penales.

Lo más grave es que esto sucede todos los días en frente de todos los colombianos. Realmente los organismos de control no hacen mayor cosa para combatirla, por no decir nada, frente a semejante tamaño del monstruo. Por eso, no es buena noticia que, por ejemplo, para elegir al próximo Procurador General de la República, se vaya a escoger de una terna de conocidos políticos que salen del seno de la politiquería, dos de ellos de uno de los partidos más tildados de corrupto y el otro del seno del Senado, amigo de todos. Obviamente ninguno haría nada para arreglar el más grave cáncer que tiene nuestra nación. Tal cual, como acusa hoy a la Procuraduría el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por guardar silencio frente a la corrupción (Vanguardia, 2024 edición impresa página 11, septiembre 25).

Hay una forma de mejorar la situación que podría cercenar el mal. Basta una decisión política del Gobierno para condicionar el uso de recursos de programas nacionales para ejecución directa por parte de las entidades territoriales, estrictamente ceñidas al marco de la Ley 80. Esto es apenas lógico: que los recursos públicos se cuiden como se debe. De hecho, el valiente Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ya lo logró en un proceso que comentamos recientemente (Fonseca, 2024); el Gobierno tiene que exigir esta vía en todos los programas si quiere demostrar que realmente tenía compromiso con la lucha contra la corrupción.

Si esto sucediera en forma generalizada, las entidades volverían a hacer sus procesos de contratación, como es lo debido, y los contrataderos se extinguirían solos porque ya no tendrían como llevar a cabo el oficio para los cuales fueron acomodados: la corrupción masiva.

Rafael Fonseca Zarate

Edificaciones que se convierten en trampas mortales: lecciones desde Londres

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 19, 2024. Publicado en Opinión.

En 2017 sucedió en Londres “el incendio más grave de la historia” en un edificio residencial que dejó 72 muertos. Los reportes periodísticos lo resumen así: “Los reproches a los sucesivos gobiernos que consintieron la construcción de inmuebles sin garantías suficientes de seguridad y a las empresas que, con una «falta de honestidad sistemática», ocultaron los riesgos del revestimiento de la fachada, clave para la rápida extensión de las llamas”. Con una conclusión aún más dolorosa: “todas las muertes eran evitables» (20Minutos, 2024).

Las conclusiones de la extensa investigación del siniestro advierten las vulnerabilidades en el sistema de control del Estado y en las deficientes actuaciones de las empresas constructoras (para nosotros: promotores, diseñadores y constructores) que levantan señales de emergencia por nuestro precario sistema análogo de control del Estado y por las prácticas en la construcción de edificaciones, desde casas hasta edificios, porque podríamos estar incubando mecanismos de falla que cobrarían muchas vidas cuando se presenten eventos como terremotos e incendios, de los cuales no estamos exentos de ninguna manera.

La investigadora Dame Judith Hackitt extrae en su informe las lecciones de esta tragedia (GOV.UK, 2024), que son asombrosamente aplicables a nuestra situación, pero no solo para incendios, sino especialmente para sismo-resistencia, que hace que quedemos perplejos al revisar nuestra realidad, donde cerca del 87% de nuestras ciudades densamente pobladas se encuentran en una región expuesta a amenaza sísmica alta e intermedia con construcciones que podrían ser vulnerables (UNGRD, 2024).

En cuanto a condiciones particulares de incendio, la investigadora Hackitt concluye que faltó documentación adecuada para rastrear si se habían llevado a cabo trabajos esenciales de seguridad, que las puertas cortafuegos fallaron y que hubo propagación del incendio entre pisos, todos hallazgos que en una ciudad como Londres no deberían haber ocurrido (se supone un alto nivel de control estatal y un alto nivel de responsabilidad de todos los actores en la cadena de construcción dado el fuerte sistema de justicia al que deberán enfrentar después de un siniestro).

Pero sus conclusiones generales son las que más llaman la atención y son un llamado de emergencia por sus implicaciones en todo lo que abarca la garantía de seguridad de las construcciones, que se supone que brinda el control del Estado con sus procedimientos legales y obligatorios:

Hackitt destaca los problemas sistémicos principales en el sistema actual (Alvarez, 2024, minuto 22 en adelante):
Ignorancia: Las regulaciones y orientaciones no siempre son conocidas o comprendidas por aquellos que deberían seguirlas, y rara vez se busca el consejo de expertos.

Indiferencia: La motivación principal es hacer las cosas lo más rápido y barato posible, en lugar de ofrecer hogares seguros y de calidad. Las preocupaciones sobre la seguridad a menudo se pasan por alto en favor de minimizar costos.
Falta de claridad: La ambigüedad en las regulaciones y en las responsabilidades de las partes interesadas complica la implementación efectiva de las normas de seguridad.

Regulador inadecuado y falta de supervisión rigurosa: El regulador actual no puede garantizar que se construyan edificios seguros debido a una combinación de recursos insuficientes, la aplicación inconsistente de las reglas, y la falta de un enfoque de «mano dura».

Al hacer un paralelo con nuestra situación, principalmente de sismo-resistencia, se nota que compartimos exactamente estos problemas sistémicos, y tenemos muchos más. Que preocupación tan grande queda.

La primera alerta es que al menos el 50% de las edificaciones se hace sin control (estimativos sobre la informalidad). Y de esas, los expertos estiman que el 95% no haya tenido intervención de por lo menos algún profesional responsable que entienda bien la responsabilidad de la seguridad de la edificación (que de hecho, sería una contradicción) (Fonseca, 2022).

La segunda alerta, también enorme es que, del total de viviendas del país, 20,118 millones, en 2024 (DANE, 2024) se estima que el 50% datan de antes de la reglamentación de la Ley 400 de 1997 y que, por tanto, se puede presumir que no tuvieron control en su proceso constructivo (Álvarez, 2024). Es decir, que tan solo el 25% de todas las edificaciones tuvieron licencias y algún esquema de control.

La tercera alerta es que la supervisión técnica, que para explicarlo en términos más coloquiales es el control de calidad de todos los aspectos del diseño y construcción, es deficiente, pese a que se encuentra reglamentado en la Ley 1796 de 2016, Decretos 94 y 1203 de 2017 con las figuras de Revisor estructural independiente, Curaduría y Supervisor técnico independiente; recientemente, en una entrevista a un experto reconocido, afirmaba que de lo que él conocía, que era mucho, tan solo el 20% de la supervisión se hacía en forma aceptable y que en ningún caso se lograba una construcción con todas las condiciones deseables, por más esfuerzos para que todos los responsables cumplieran con todo lo necesario. Eso quiere decir que alrededor de solo el 5% de las nuevas construcciones sería realmente confiable.

}Muy grave. Además, y en contra de la seguridad de las edificaciones y por ende de sus moradores, desde la Ley 1796 de 2016 estas supervisiones no cubren acabados ni elementos decorativos, ni la revisión de bomberos (la fachada fue responsable en el caso de Londres, por ejemplo) quedando claro que la función del Estado no está completamente reglamentada, con problemas y con omisiones. Un absurdo.

Hay varios aspectos que hacen muy débil el sistema de control. La responsabilidad del Estado se traduce en que la competencia de inspección y control urbanístico la tiene el inspector de Policía y la responsabilidad es del Alcalde municipal (Ley 1801 de 2016), lo que en la práctica hace que no sea real en su generalidad, tanto por falta de personal, por falta de preparación específica y por falta de comprensión de la responsabilidad, para nombrar las principales causas.

Las Curadurías Urbanas y más aún las Oficinas de Planeación del municipio, estudian en forma no estándar los proyectos, lo cual hace que haya diferentes métodos de revisión para otorgar licencias de construcción; esas licencias no son modificadas con lo que se construye realmente (planos as built), lo que debería tener una previa autorización de la misma entidad; y ahora, el Promotor pretende que el Supervisor apruebe tales modificaciones, ya que al final otorgará el Certificado Técnico de Ocupación de la edificación, pero que claramente excede su alcance.

Para completar el cuadro, sumándole al de por sí ya un débil sistema de control, tanto los Curadores, los Revisores estructurales como los Supervisores técnicos, son escogidos y contratados por el Promotor de la edificación, lo que los hace sus subalternos y en la práctica seguidores de instrucciones de quien puede estar solo enfocado en el negocio, y para quien la calidad y la seguridad son un costo, y puede estar lejos de comprender su responsabilidad social (Fonseca, 2022). Este detalle, desvirtúa el sistema de control estatal delegado al sector privado, y deriva en que aquellos que tienen el propósito de hacer todo en forma correcta terminen en desventaja competitiva frente a los que no. Un verdadero despropósito.

Por otra parte, se sabe que la real aplicación del sistema de justicia está lejana, y que los recientemente introducidos seguros decenales tienen tantos agujeros legales que lo más probable es que nunca se logren cobrar, y menos, repetir contra los responsables porque tocaría demostrar que estuvieron mal diseñadas, mal licenciadas, mal revisadas, mal construidas y mal supervisadas, considerando además que esta garantía no cubre los siniestros de incendios, ni terremotos (Varela, 2024). Es decir, no hay incentivos reales para la calidad y la seguridad de las edificaciones.

Se requiere, con urgencia, que hagamos una revisión a fondo del marco legal de la seguridad de las edificaciones, y que corrijamos de una vez los problemas que están suficientemente diagnosticados. Y de paso, que nos enfrentemos, tanto políticos como técnicos, a la posibilidad de que haya una gran parte de las edificaciones que no cumplan con los mínimos establecidos en las normas, y que representen un riesgo mayor para una gran parte de los colombianos. Esta es una prueba ácida qué permitiría verificar hasta dónde va realmente la responsabilidad social de los dirigentes, y por supuesto, de la ética profesional de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción en general.

Rafael Fonseca Zárate

Valorización en carreteras y el principio de justicia

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 22, 2024. Publicado en Opinión.

En la financiación de las carreteras hay tres fuentes principales de pago de la inversión: los peajes, recursos del presupuesto nacional y la valorización (puede haber otros cobros adicionales por uso y usufructo del corredor como publicidad y derechos de uso de zonas para estaciones de servicio). La valorización en la vía Barranquilla – Cartagena ha planteado un conflicto que hay que resolver pronta y justamente porque es aplicable a todas las vías y autopistas del país.

Cuando una vía se paga exclusivamente por una sola de ellas, alguien está siendo subsidiado o el Estado le está regalando a alguien recursos de todos los colombianos, lo cual no está bien y no es lo justo. Cuando el recaudo de los peajes son la única fuente para construir y mantener la vía, aquellos que tienen tierra junto a esa infraestructura resultan beneficiados al subir su precio de mercado, en parte pagado o subsidiado por los que viajan y pagan esos peajes. Pero también, todos los colombianos resultamos beneficiados porque tenemos la disponibilidad de una buena vía para cuando queramos materializar el bienestar de viajar, y también de otra forma más cuantificable, por el hecho de que el país aumente su competitividad en alguna porción debido a una mejor conexión de las cargas y mercancías lograda por la carretera, y por ende, surjan más oportunidades, desde mayor producción y empleos hasta mayores impuestos, que terminan por revertirse para todos en alguna medida. Así es que el tema no es tan simple como una protesta con miras a no pagar.

De la misma forma, pero inversamente se puede analizar que, si las vías solo se pagan con recursos del presupuesto nacional, o sea impuestos, todos los colombianos terminamos regalándole a los terratenientes el mayor valor de sus predios, o a los que viajan y a los transportadores, el derecho de uso de una buena vía. Sería injusto también que solo se pagaran las vías por valorización porque resultarían los dueños de las tierras cercanas subsidiando a los viajeros y transportadores, y a todos los colombianos en cierta medida. Lo que ha estado pasando en la realidad es que la mayoría de las vías se han pagado con recursos del presupuesto nacional (caso de las vías manejadas por Invías) y por una combinación de peajes y presupuesto nacional (caso de las concesiones de la ANI, salvo las Iniciativas Privadas -IP- que solo se basan en peajes), todo lo cual significa que le estamos regalando el enorme mayor valor de las tierras a terratenientes y demás poseedores de tierras en el área cercana a la carretera, lo cual puede llegar a ser tan injusto como una redistribución totalmente regresiva, es decir, la mayoría de los colombianos, pobres, contribuyendo a que los que ya tienen mucho se hagan más ricos sin ninguna razón aceptable.

No hay que caer en la tentación de dejarse llevar por ideologías, de ningún lado, que terminan sesgadas frente a la justicia requerida para todos los ciudadanos. Lo que hay que comprender y actuar en consecuencia es la necesidad de establecer un satisfactorio equilibrio que haga justicia para todos.

En la legislación colombiana, la contribución por valorización es un tributo especial que se impone a los propietarios de bienes inmuebles (terrenos, edificios, etc.) cuando se realizan obras públicas que generan un incremento en el valor de sus propiedades, y de esa forma compartan con el Estado parte de ese beneficio. El monto de la contribución por valorización se determina según el aumento del valor que la obra pública genera en las propiedades beneficiadas. Es decir, no se basa únicamente en el costo de la obra, sino en el beneficio económico que esta aporta a los propietarios de los inmuebles. Esta contribución por valorización está regulada por la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial).

Se ha usado ampliamente en las ciudades, pero no tanto en las carreteras.

Algunos de los opositores en el caso de Barranquilla a Cartagena son los gremios económicos (Herrera, 2024), como Intergremial del Atlántico y el Comité Intergremial de Bolívar que actúan como cabildantes en nombre de sus afiliados y no como propietarios directos de tierras en la zona aledaña a la carretera, que seguramente sí son los dueños de las empresas que son afiliadas al gremio, que se verían afectados por el recaudo pero que ya se vieron positivamente impactados por el mayor valor de sus terrenos por el avance de los trabajos. Pero no necesariamente porque sea una labor del corazón del objetivo económico del gremio.

Expliquemos esto. Entre más conectividad haya (mejores carreteras y otros medios) mejor para todos los objetivos económicos, particularmente los regionales; deberían estar siempre al lado de la promoción de más y mejores vías. Si las fuentes no son solo peajes y presupuesto nacional, se esperaría que los peajes no fueran tan altos o los impuestos nacionales a la larga no fueran impactados por toda la inversión, y con ello la esperanza de que al menos en parte, no subieran más. Es decir, ambos objetivos alineados con los empresarios que representan esos gremios por lo cual no se entiende bien su oposición.

Quienes se oponen, no obstante, tienen observaciones importantes.

Dicen que no hay estudios suficientes y no se ha consultado la capacidad de pago. Sin embargo, la Ministra de Transporte ha explicado los estudios en varios foros, incluyendo debate en el Congreso de la República. Este tipo de estudios tienen también fases de desarrollo, y es posible que haya necesidad de aclarar en qué fase están y disipar las dudas.

Dicen que se está aplicándose una norma por fuera de tiempo, puesto que ya se ha avanzado la construcción y faltan solo 6 kilómetros de doble calzada. Esto tiene una implicación difícil: quienes compraron predios recientemente ya pagaron ese mayor precio por la valorización del terreno por la vía, y se verían conminados a pagar nuevamente por el mismo concepto. En el estatuto anterior se declaraban durante un tiempo como predios de utilidad pública para evitar que se negociaran con especulación, lo cual tiene el mayor sentido.

Expresan su preocupación por el destino de los recursos recaudados, advirtiendo que «el recaudo del impuesto se invertiría en otras regiones del país» basados en que la Ley 2010 de 2019, artículo 149 habla que los cobros de valorización nacional pueden destinarse como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de infraestructura (en general). Si los recursos de la valorización no se usan en la misma vía, se pierde el equilibrio de las tres fuentes explicado, es decir, que ayuden a bajar la tarifa de los peajes y las contribuciones del presupuesto nacional. Algunas voces apoyan que se usen en vías terciarias en la misma región (editorial de Vanguardia, 22 de agosto 2024) pero querría decir que otra vez los viajeros y transportadores, y en parte los colombianos, estaríamos mejorando el valor de los predios en esa región en detrimento del equilibrio que debe existir sobre la vía. En el caso de la carretera que nos ocupa ya hay un acuerdo al respecto (Díaz, 2024) para que se queden los recursos en la región, desvirtuando el justo equilibrio planteado.

Esta discusión no es un asunto menor para ningún colombiano. Se trata de principios de justicia y atañe a asuntos de equidad, de competitividad del país, de desigualdad y de concentración de la riqueza. Debe aprovecharse el momento para hacer una reforma a la ley que arregle justamente los problemas de una vez.

Rafael Fonseca Zarate

¡Insostenible! Venezuela

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 5, 2024. Publicado en Opinión.

Hace dos años, al finalizar nuestras últimas elecciones en Colombia, tuve la oportunidad de escuchar a un ingeniero especializado en aplicaciones sofisticadas con inteligencia artificial, sobre la manera de auditar en tiempo récord los resultados de los comicios. Según su reporte, media hora antes de que salieran los resultados oficiales, ellos (su grupo de trabajo compuesto igualmente por expertos en estas tecnologías, todos trabajando en la virtualidad) ya tenían el resultado y pudieron comprobar que los resultados oficiales tenían la misma tendencia registrada en las actas por mesa (formato E14 en nuestro caso); incluso, podían detectar tendencias y desviaciones sospechosas, y comparar con todo tipo de información de referencia para detectar posibles fraudes. Todo, casi en tiempo real, pues mientras la registraduría hacía su conteo (rápidamente en Colombia) ellos pudieron, no solo contar los resultados mesa por mesa, sino analizarlos y detectar posibles problemas de fraude. Esta máquina virtual antifraude, como la llaman, es el mundo de hoy, donde la tecnología puede ayudar estructuralmente a combatir la corrupción y el fraude en todas sus formas. La velocidad entre la votación, el cierre de las mesas, sus actas y su procesamiento es la clave para evitar el fraude.

Ahora han leído toda la información disponible (en el ciberespacio) y han comprobado las actas y resultados en Venezuela, con base en las actas que hizo públicas la oposición a partir de sus grupos de veedores en las mesas (advirtiendo que aún no han hecho la verificación de posibles repeticiones o problemas particulares en las mismas actas). Para consultar la información y el resultado que publica la oposición venezolana, se puede visitar su página Resultados Venezuela: 67% Edmundo González con 7,156,462 votos contra 30% Nicolás Maduro con 3,241,461 votos. Están a la espera de que por fin el CNE (la registraduría venezolana) publique las actas “oficiales” para establecer las diferencias en minutos, las tendencias y los casos extraños (al cierre de este artículo ya han pasado 8 días desde los comicios y 6 desde el plazo legal que tenía el CNE para hacerlo).

Les llamó la atención en la revisión de 1000 actas al azar, que en ninguna ganaba N. Maduro, lo que les sugirió chequear resultados de mesas en barrios reconocidamente chavistas desde que el barrio fue construido por los mismos chavistas, verificando que allí también ganaba E. González (puede haber sucedido, pero con baja probabilidad, observan). Tendrá que profundizarse en este aspecto tan importante.

Los mismos oficialistas han reconocido que la oposición les montó una registraduría paralela. Seguramente y por lógica, después de haber sufrido la impotencia de no poder demostrar que en las elecciones anteriores hubo fraude, según su propia conclusión, la oposición montó un operativo que no dista de sacar fotos de las actas al cierre de las votaciones en cada mesa, enviarlas por algún medio (los celulares), convertirlas a digitales por medio de software (Reconocimiento Óptico de Caracteres, OCR por sus siglas en inglés), pasar los datos en forma estructurada a una base de datos y hacer las sumas requeridas para obtener los resultados, al mismo tiempo que poner toda esta información en un sitio web para que pueda ser leída por cualquier persona en el mundo. Tecnología disponible desde hace años ya.

En un reciente video que ha circulado en las redes llamado “Jorge Rodríguez muestra actas falsas en la página web de María Corina Machado, 2 de agosto de 2024”, durante una rueda de prensa ofrecida ese día por N. Maduro, 5 días después de las elecciones, se hacen notar varios problemas que, según el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, invalidan las pruebas presentadas por M. C. Machado en su página web.

Mediante una verificación de falacias lógicas usadas en la exposición, pretendidamente triunfalista de J. Rodríguez, se puede llegar a concluir que su argumentación no es lo contundente que él mismo cree y en cambio deja ver la dedicación de mucho tiempo a desvirtuar al oponente en vez de publicar las actas “oficiales” en los términos que tienen legalmente para hacerlo, que es lo que les corresponde. Aun así, ridiculizan el resultado de la oposición con unos cuantos ejemplos de actas no firmadas, actas con manchones, una consulta positiva con la cédula de un muerto, y unas actas incompletas. Quizá la más importante de todas las objeciones esgrimidas, es que, al contar las actas presentadas, dicen ellos, solo hay el 32% del total, lo cual difiere de lo anunciado por M. C. Machado y por la verificación con la máquina virtual que comentábamos al inicio.

Típicamente, esto es lo que se conoce como la falacia del hombre de paja, toda la rueda de prensa lo es: en vez de discutir lo objetivo e importante, se distrae la atención a otra problemática conexa a la cual se ataca sin piedad, pretendiendo desviar el análisis; y dentro de su contenido, varias falacias de encuadre basadas en sesgos de confirmación (concluir sobre el todo basado en pocas observaciones, llegando al extremo de decir que todos los muertos votaron con base en la verificación de un único caso; pero además, basados en una falsedad, que pretende tumbar un acta porque el sistema de la oposición dice donde debía votar una persona, cuya fuente es el registro electoral (establecido previamente por el CNE) y no las elecciones).

Y lo increíble: al sugerir que la razón por la que la oposición demoró 24 horas en publicar las actas en su sistema web era para tener tiempo de manipularlas, estuvo condenándose a sí mismo y anticipar la razón de por qué el oficialismo ha demorado su publicación 144 horas por fuera de los términos legales, razón que, por cierto, intuye todo el mundo.

Difícilmente Maduro y su régimen podrían lograr desviar la atención, pero, aunque lo lograran, hay dos hechos de los que no se podrían evadir en el hipotético caso de querer llegar a una solución: llevan demasiado tiempo demorando la presentación de las actas “oficiales” y no podrían evitar hacerlo tarde o temprano para someterse a una revisión que sería aún más detallada por parte de expertos de todo el mundo. Ha circulado también la posibilidad de anular las votaciones con la disculpa de un supuesto ataque cibernético durante las elecciones, lo cual no parece tener ni asidero ni consecuencia: el ataque hubiera tenido que hacerse en contra del sistema electrónico de elecciones (catalogado por ellos mismos como el mejor del mundo) y que hubiera podido cambiar los votos en el momento mismo de las votaciones, antes de la generación de las actas; nada de eso fue revelado hasta el momento pero sería comprobable con la tecnología disponible; y, si se jugaran esta movida desesperada, implicaría hacer unas nuevas elecciones en las que podrían estar seguros de que van a tener una supervisión global y a sabiendas de que van a perder (teniendo el antecedente de los actuales resultados), por lo que es presumible que eso no vaya a pasar.

Lamentablemente, se encuentran muy entrabados en Venezuela y con riesgos enormes de que se genere mucha más violencia. Es una situación insostenible, en extremo, que por su misma gravedad y dentro de lo malo que es en sí misma, tiene de bueno que deba resolverse… en días, diría la lógica.

Rafael Fonseca Zarate

Debe retirarse con prioridad el mal ejemplo

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 24, 2024. Publicado en Opinión.

En Ecuador, país que vive en similar situación de corrupción generalizada como Colombia, están discutiendo en la Asamblea Nacional una reforma judicial muy importante con un proyecto de ley que implementaría la figura de la cadena perpetua para los delitos graves, entre ellos la corrupción, además de narcotráfico, sicariato, asesinato, femicidio, violación, desaparición forzada y torturas. En los casos de corrupción, los corruptos podrían acogerse a un procedimiento abreviado si devuelven el producto del perjuicio económico ocasionado al país y la pena será máximo de diez años (El Universo, 2024).

En el caso colombiano, una reforma así cambiaría el paradójico poder que se les confiere a los corruptos al negociar con la Fiscalía su reducción de penas por una regla más lógica en la cual el corrupto debe devolver todo lo robado y entregar toda la información a la Fiscalía si quiere evitar la cadena perpetua; es como poner las cosas en orden y evitar lo que podríamos llamar una corrupción residual en estos procesos de negociación.

Un proyecto de ley así tendría un trámite muy difícil en nuestro congreso, puesto que, como se ha demostrado en tantos casos en las décadas precedentes, muchos congresistas son parte de las cadenas de corrupción a través de la contratación pública. Pero hay que seguir esa senda.

Como esta, las propuestas para invertir la tendencia a la corrupción creciente en el país desvelan a quienes aún conservan el sentido ético de la vida en sociedad y la claridad de que mientras haya corrupción el país no podrá mejorar en todas las metas deseables y pendientes de desarrollo, reducción de la pobreza y de la desigualdad.

Y ayudaría a parar la impunidad. Imposible cambiar nuestra condición de corrupción generalizada con una impunidad descomunal: “es lamentable que ahora se tenga que admitir que los índices de impunidad superan el 90 por ciento” Diego Corredor, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Cuesta, 2024).

Cuando gente bien intencionada y con genuino cariño patrio dice que la educación es el camino (refiriéndose a la casa, al colegio y a la universidad), están en lo cierto, pero solo conceptual y parcialmente hablando. Nuestra cruda realidad indica que, como para educar a una nueva generación se requiere que la anterior pueda y quiera educarla, ni lo uno o lo otro es muy probable. Una mirada pragmática nos dice que no es fácil que una generación en la cual hay una corrupción generalizada pueda educar en valores a la siguiente generación porque precisamente le resultan contrarios a sus ideales de inteligencia y viveza, como la honestidad, la calidad y el respeto.

Es un concepto menos simple que el de la típica historia del papá que insta a su hijo a darle en una paliza al compañerito que lo hostiga, o que se enfada porque no fue capaz de participar en el robo de los exámenes para sacar una buena nota sin estudiar, como sí hicieron algunos de sus compañeros. La inversión de valores es profunda y arraigada.

Un escollo protuberante para que la nueva generación le quede tan difícil cambiar su percepción en torno a lo corrupto, radica en los malos ejemplos con los que se ve bombardeada permanentemente, principalmente fuera de casa, en todas las actividades en que nos desenvolvemos. Bien resumido en la frase “educar con el ejemplo no es una forma de educar, es la única” (atribuida a Einstein), efectivamente estamos educando en corrupción todos los días a la nueva generación a través de los malos ejemplos.

Con un agravante más: el cinismo que despliegan los corruptos. El cinismo es aún peor que la corrupción, porque además de la corrupción que lo origina, reafirma que el corrupto puede pasar por encima de todo; la impunidad lo deja indemne y le permite la corrupción, pero el cinismo lo hace héroe. Y ese es el ejemplo cotidiano.

Mientras logramos avanzar en cambios de la ley como la propuesta en discusión en Ecuador, y en educación, tenemos que, a todo ejemplo negativo descollante, cometido por un personaje público visible para el país, una región o una organización influyente, generar un gran rechazo de todos los ciudadanos no contaminados que presione tanto a quienes eligen, nombran o controlan al corrupto que se vean precisados a castigarlo por su mal ejemplo. Los corruptos más visibles y tristemente más exitosos, que despliegan ese mal ejemplo, profundizan y perpetúan que la nueva generación crea que la corrupción es el factor determinante para tener éxito en la vida.

Un par de casos que han sucedido en los últimos días ilustran esto:

El señor Jesurum es una figura pública que ejerce una gran influencia indirecta en millones de colombianos. Su comportamiento deplorable no puede quedar impune porque más allá de la pésima imagen que deja al país, la enseñanza para esos millones es por creces mucho peor. Este señor no puede estar un segundo más como figura pública influyente y debe ser castigado con la presión que hagamos todos de forma tal que obligue a que sea retirado de esa posición destacada.
El caso de la UNGRD cada vez sorprende más. Todo indica que la acción misma de pretender robar más del 50% de los dineros de una enorme compra pública, con una solución mal diseñada e improvisada, tenía como objetivo, no la solución a la sed guajira, sino el contrato multimillonario que pudiera ser esquilmado. Los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla y demás funcionarios directos implicados deberían tener una condena severa, previamente devolviendo lo que les correspondió en el ilícito y de señalar con precisión a quienes entregaron los cuantiosos recursos. El ministro Bonilla, que se unió a la cadena corrupta, aun cuando al parecer no percibiría dinero alguno, debe retirarse y dedicarse a su defensa, recibiendo en forma anticipada la consecuencia de operar de manera incorrecta. Todas las conexiones y ramificaciones de este caso deben ser castigados para que sirvan de ejemplo de que “no paga” ser corrupto (coloquialmente hablando).

No debe perderse de vista lo expresado por el ex primer Ministro Lee Kuan Yew en Singapur en los años 60 cuando empezó su gesta salvadora de su país de las garras de la corrupción: “si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares” (Gossain, 2019). Aquí nos lidiamos entre la admiración que causa el éxito de los corruptos, ilícito, pero éxito al fin de cuentas, y el caos de aplicar medidas fuertes contra la corrupción porque probablemente tocaría las puertas propias y las de amigos y familiares. Hay que tomar partido por un país libre de corrupción, con una decisión fuerte y valiente que nos mejora a todos.

Debemos retirar de las posiciones de influencia a los corruptos, con prioridad, para impedir que den mal ejemplo y no puedan seguir educando en corrupción a nuestra sociedad y su nueva generación.

Rafael Fonseca Zarate

Crisis climática: un problema de economía y geopolítica

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 26, 2024. Publicado en Opinión.

“El Norte Global sigue dependiendo de la «apropiación imperialista» de recursos y mano de obra del Sur Global, que anualmente asciende a 12.000 millones de toneladas de equivalentes de materias primas incorporadas, 822 millones de hectáreas de tierra incorporada, 21 exajulios de energía incorporada y 188 millones de años-persona de mano de obra incorporada, por un valor de 10,8 billones de dólares a precios del Norte, suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces». Esta frase tan impactante es extraída del artículo de investigación “Apropiación imperialista en la economía mundial: Drenaje del Sur global a través del intercambio desigual, 1990-2015” desarrollado por Jason Hickel en conjunto con 3 investigadores más (Hickel, Dorninger, Wieland, & Suwandi, 2023)

Jason Hickel es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (una de las dos mejores en España y en varios rankings globales clasificada entre las 200 mejores del mundo), es PhD de Antropología de la Universidad de Virginia; ha sido profesor de otras varias destacadas universidades del mundo, entre ellas la London School of Economics. Sus libros causan todo tipo de reacciones (tiene una producción editorial sobresaliente) y a través de ellos es parte activa del movimiento de cambio de mentalidad que tiene que afrontar la humanidad para superar la crisis climática; sus temas pico son decrecimiento y descolonización para enfrentar el cambio climático y la desigualdad mundial. En nuestro medio, tan conservador (ideológicamente) estos temas son considerados de izquierda, pero como se verá, sus alcances superan por lejos las discusiones criollas y constituye toda una invitación a superar este legado castrante que hemos recibido de nuestra historia, exacerbada desde la época de “la violencia”. Tiene una particularidad: nació en el reino de Eswatini, un pequeño enclave rodeado por Suráfrica y con límites marítimos con Mozambique; el pequeño país conserva un 28% de población con HIV. Sus padres fueron médicos que fueron a luchar contra la enfermedad y por ello él nació allí.

El concepto del Norte Global y del Sur Global es una clasificación entre países del hemisferio norte y Oceanía, desarrollados e industrializados, en donde predominan los sectores de manufactura, tecnología y finanzas, con alta renta per cápita, con mayor acceso a educación, salud y tecnología, y con poder económico y político dominante en el concierto internacional, y los países del Sur que se caracterizan por lo contrario: subdesarrollo (en vías de desarrollo, eufemísticamente) basados en agricultura y extracción de recursos (minería y materias primas), baja renta per cápita, menor acceso a educación, salud y tecnología, y desde luego, menor poder económico y político. No es una mera clasificación geográfica, aunque su nombre así lo hiciera parecer.

El asunto central viene desde el siglo XIX, en que el Norte conquistó y colonizó al Sur para apropiarse de sus recursos a sangre y fuego, y así “integrarlo al capitalismo”. Por ejemplo, lo sucedido en la India fue brutal: más de 100 millones de muertes de forma prematura, caída de la expectativa de vida, baja de salarios, aumento de la pobreza extrema del 23% en 1810 a 50% a mediados del siglo pasado, y hasta hambrunas inducidas (lamentablemente suena conocido) (Hickel J. , Cómo los colonizadores británicos causaron la hambruna de Bengala, 2022). Las medidas económicas aplicadas condujeron a que el colonialismo inglés haya sido devastador (Sullivan & Hickel, Cómo el colonialismo británico mató a 100 millones de indios en 40 años, 2022).

Critica al capitalismo justo en su mayor argumento: los datos empíricos muestran que la expansión capitalista a partir del siglo XVI estuvo asociada con una disminución del bienestar humano; el progreso comenzó alrededor del siglo XX, con el surgimiento de movimientos sociales radicales (Sullivan & Hickel, Capitalismo y pobreza extrema, Un análisis global de los salarios reales, la estatura humana y la mortalidad desde el largo siglo XVI, 2023)

Pero no es un asunto referido al relato de la historia únicamente, sino a hechos que aún siguen sucediendo.

Afirma que los países ricos son responsables del 74% del uso excesivo de recursos a nivel mundial durante el período 1970-2017, y están causando el colapso ecológico. Son responsables también del 92% de las emisiones globales que exceden las cuotas justas de los límites planetarios que no tienen ninguna justicia con el Sur. Concluye con base en estos hechos, que el cambio climático se está desarrollando siguiendo el mismo esquema colonial (Hickel J. , Cuantificación de la responsabilidad nacional por el colapso climático: un enfoque de atribución basado en la igualdad para las emisiones de dióxido de carbono que exceden el límite planetario, 2020).

Por otra parte, desaprueba la estrategia de desarrollo económico de «crecimiento verde» que busca conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental pero que en la práctica mantiene el exceso de energía en el Norte global y concilian esto con los objetivos de París al limitar el uso de energía en el Sur global y apropiarse de tierras del Sur para biocombustibles. Es tremendamente injusto y por increíble que parezca, también es de naturaleza colonial (Hickel & Slamersak , Los escenarios de mitigación climática existentes perpetúan las desigualdades coloniales, 2022).

Esto induce a reflexiones sesudas al respecto, que debemos hacer para contribuir al bien de la humanidad, lejos de las ideologías politiqueras y económicas dogmáticas. En el ámbito mundial, los países del Norte global deben pagar por los servicios ambientales que reciben, abandonando el monumental error de la teoría económica dominante, que la naturaleza era un recurso ilimitado, y que hoy nos tiene en peligro. En el modelo económico dominante que tenemos hoy, lo que no tiene precio, no tiene valor; hay que ponerle precio a la naturaleza para que tenga valor. Es el mayor valor que podemos tener, ya que sin ella perdemos la vida.

Para detener la crisis ecológica será necesario que los países ricos apliquen políticas transformadoras de poscrecimiento y decrecimiento (Heckel, O’Neill, Fanning, & Zoomkawala, 2022). Hickel (y otros) proponen toda una serie de estrategias en “El decrecimiento puede funcionar: así es como la ciencia puede ayudar” (Hickel, y otros, 2022), que incluyen reducir la producción menos necesaria, mejorar los servicios públicos (garantizar el acceso universal), introducir una garantía de empleos verdes (instalación de energías renovables, aislamiento de edificios, regeneración de ecosistemas y mejora de la atención social), reducir el tiempo de trabajo (reduciendo la edad de jubilación, fomentando el trabajo a tiempo parcial o adoptando una semana laboral de cuatro días), posibilitar el desarrollo sostenible (condonar las deudas injustas e impagables de los países de ingresos bajos y medianos, frenar el intercambio desigual en el comercio internacional y crear las condiciones para que la capacidad productiva se reoriente hacia el logro de objetivos sociales).

Al estar tan inmersos en el paradigma actual, a algunos les sonarán estas frases a utopías, o incluso a tonterías; como en el terraplanismo, negando las evidencias de las ciencias, sin caer en cuenta de que la peor ignorancia es aquella que ocurre cuando, disponiendo de la información, se prefiere ignorarla. Hasta que, como escribió Dostoievski, nos toque cambiar porque habremos tocado fondo (Los hermanos Karamazov, no literal). Ojalá que en ese momento, el cambio climático no se haya vuelto irreversible del todo.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

#economíaecológica

Bibliografía

Heckel, J., O’Neill, D., Fanning, A., & Zoomkawala, H. (2022). Responsabilidad nacional por el colapso ecológico: una evaluación de la participación equitativa en el uso de los recursos, 1970-2017. The Lancet Planetary Health, 6(4), e342-e349. doi:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00044-4

Hickel, J. (2020). Cuantificación de la responsabilidad nacional por el colapso climático: un enfoque de atribución basado en la igualdad para las emisiones de dióxido de carbono que exceden el límite planetario. The Lancet Planetary Health, 4(9), E399-E404. doi:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30196-0

Hickel, J. (21 de enero de 2022). Cómo los colonizadores británicos causaron la hambruna de Bengala. New Internationalist. Obtenido de https://newint.org/features/2021/12/07/feature-how-british-colonizers-caused-bengal-famine

Hickel, J., & Slamersak , A. (julio de 2022). Los escenarios de mitigación climática existentes perpetúan las desigualdades coloniales. The Lancet Planetary Health, 6(7), e628-e631. doi:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00092-4

Hickel, J., Dorninger, C., Wieland, H., & Suwandi, I. (marzo de 2023). Apropiación imperialista en la economía mundial: Drenaje del Sur global a través del intercambio desigual, 1990-2015. Global Environmental Change, 102467. doi:https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467

Hickel, J., Kallis, G., Jackson, T., O’Neill, D., Schor, J., Steinberger, J., . . . Ürge-Vorsatz, D. (12 de diciembre de 2022). El decrecimiento puede funcionar: así es como la ciencia puede ayudar. Nature(612), 400-403. doi:https://doi.org/10.1038/d41586-022-04412-x

Sullivan, D., & Hickel, J. (2 de dic de 2022). Cómo el colonialismo británico mató a 100 millones de indios en 40 años. Aljazeera. Obtenido de https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/2/how-british-colonial-policy-killed-100-million-indians

Sullivan, D., & Hickel, J. (enero de 2023). Capitalismo y pobreza extrema, Un análisis global de los salarios reales, la estatura humana y la mortalidad desde el largo siglo XVI. World Development, 161, 106026. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106026

Precariedad e injusticia del contrato de prestación de servicios permanente

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 11, 2023. Publicado en Opinión, Punto de inflexión. No hay comentarios en Precariedad e injusticia del contrato de prestación de servicios permanente

El “contrato de prestación de servicios permanente” es ese que se repite todos los años entre una entidad del Estado y una persona particular, que típicamente se acaba en diciembre y vuelve a empezar en enero, después de 30 días para saltarse efectivamente el contrato laboral establecido en la ley laboral.

Esto lo padecen una enorme cantidad de los funcionarios públicos desde hace años. Incluso conozco casos de personas que llevan 18 años siendo “contratista” de un ministerio, cumpliendo funciones, en las que incluso, ha ascendido.

Es una vergüenza que el Estado que debe velar por los empleos de buena calidad “se haga el de la vista gorda” y tenga tal cantidad de funcionarios en esta condición de empleo precario. Las razones son varias, pero de mal origen todas. Entre otras: la flexibilidad para sacar al funcionario, pues solo toca esperar hasta que se termine el contrato y adiós; muy propicio para cambios de Gobiernos. La contratación de “asesores” que no cumplen una misión específica, salvo la de pagar un favor político o mantener una tropa básica que ayuda en las siguientes elecciones. Y desde tiempos de Santofimio, conocido por quitarles un porcentaje de los ingresos a sus “favorecidos” con puestos en las entidades estatales, para financiar sus campañas o enriquecerse a costillas de todos sus “seguidores”.

En todas estas relaciones no son solo culpables los directivos que contratan, porque pueden hacerlo, porque están en la cadena de pagos de favores políticos o porque se los ordenan sus jefes y hay que hacer caso, sino también quienes se dejan contratar así. Pero no los voy a condenar en ningún sentido, ya que no son quienes tienen algún poder de negociación y muchas veces, ninguna otra opción de ingresos. Aquí, claramente el poder comparado de la relación, y en forma descomunal está del lado del que ordena la contratación. En esas condiciones, cómo se puede esperar que el funcionario sea leal a su país, y todos los días luche la forma de mejorar su misión, incluso hasta llegar a discutirle a su jefe lo que está haciendo mal, o la ingenua idea que lo denuncie cuando esté corrompiéndose.

Es curioso porque hablando de la comparación entre los dos sistemas (laboral y prestación de servicios), sobre la subordinación, los abogados expertos laborales dicen que en este tipo de contratación que: “En el caso de la prestación de servicios será aquel que preste el servicio quien imponga la mayoría de los puntos del acuerdo. Por otra parte, en el contrato laboral es el empleador quien definirá la gran mayoría de las cláusulas, existiendo un nivel de jerarquía entre este y el trabajador”. (D&E Abogados, 2023). Risible cuando menos. Al “contratista” se le asignan rangos, funciones, responsabilidades y demás características que obviamente son simétricos sino iguales a los del contrato laboral, tratando de disfrazar que el resultado de su gestión es la que cuenta.

Pero la connotación horrible es que es dentro del Estado, generalizado y contrario a lo que supuestamente el mismo Estado debe hacer para proteger empleos justos. Dice un artículo que son 910,000 contratos de este tipo firmados con las entidades de todo orden el Estado (Portafolio, 2023). Imagínese la cantidad de gente: todo Cartagena, según las proyecciones del DANE para 2023. Aunque otras fuentes dedicadas al tema hablan de 2´500,000 (ElEmpleo.com, 2023).

En la última fuente, se citan las tres reglas que impuso el Consejo de Estado para la debida clasificación como contratos de prestación de servicios: uno, “El contrato por prestación de servicios, debe estar plenamente justificado y no puede ser permanente”; dos, “Entre un contrato y el siguiente deben pasar treinta días, de lo contrario se entenderá que hay una relación laboral formal, por nómina y con prestaciones”; y tres, “Si se evidencia la existencia de un contrato por prestación de servicios, que en realidad es un contrato formal, no hay lugar a la devolución de las prestaciones pagadas por el trabajador, ya que esto hace parte de los parafiscales que sostienen el sistema de salud”.

La condición dos la cumplen todos saltándose la ley laboral y quedándose en la Ley 80 de 1993, que lo define en el artículo 32, numeral 3, como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. Claro que en funciones que se contratan año tras año, implica que las puede hacer un empleado de planta y que los conocimientos especializados se necesitan dentro de la entidad. Y lo del “término estrictamente necesario” se burla abiertamente ya que son permanentes.

En la reforma laboral que pretende aprobar este Gobierno en el Congreso, uno de los artículos, el que se dedica a este tema, decía en febrero así “No se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas” (ElTiempo, 2023). Y aunque los anunciados procesos de meritocracia por la ministra del ramo, quedaran mal en el sentido de evitar que se usen las contrataciones de personal como parte del XXXXXX de los politiqueros de siempre, al menos no se estaría abusando de las personas, como hoy sucede. Vendrían otros problemas, como el mayor costo al Estado cuando haya cambios de Gobierno, y los entrantes directivos quieran sacar a media entidad y haya que hacer indemnizaciones a granel. Esto nos induce a advertir a la Función Pública que no solo se trata de procesos de meritocracia para la selección, sino al mismo tiempo de revisar y fortalecer los procesos de carrera para el mejoramiento y permanencia de los funcionarios, a la manera de muchos países en el mundo de donde se pueden tomar buenos ejemplos.

Sería un cambio significativo, ya que no hemos observado los demás cambios ofrecidos en campaña, al menos con respecto a la corrupción. Y este también pasa por quitar “beneficios” personales que obtienen los políticos en su diario proceder. Difícil. Ojalá la ministra y el Gobierno logren este cambio.

Rafael Fonseca Zarate

¿Qué resultados producen los pequeños remedios para un gran mal?

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 23, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Este tema tiene que resultarnos interesante porque vivimos con grandes males. Solo para enunciar algunos: corrupción, narcotráfico, pobreza, desigualdad, y un largo etcétera en todo tipo de asuntos de la vida cotidiana. Y todo a lo que podemos aspirar es a que se planteen pequeños remedios, y si nos va bien, a que se implementen esos pequeños remedios.

La frase original es del filósofo y economista británico John Stuart Mill (1806-1876) y es de hace más de un siglo: «Contra un gran mal, un pequeño remedio no produce un pequeño resultado; simplemente no produce ningún resultado«. Una frase tremendamente actual.

Mill es un autor muy importante en economía por su defensa al libre mercado, a la teoría del valor subjetivo y también a su defensa de la función reguladora del Estado para corregir las fallas del mercado. Claro que, quienes conocen el “principio de la utilidad” de Mill, con la que se le considera como unos de los principales exponentes del utilitarismo, pueden no estar de acuerdo con una faceta de la frase que explicaré en forma breve. El utilitarismo sostiene que el principio moral para una decisión consiste en maximizar el beneficio para el mayor número de personas; suena lógico, pero se puede interpretar que tiene una extensión: por encima del derecho individual.

El utilitarismo puede conducir a resultados éticamente controvertidos. El ejemplo clásico es alrededor de la pena de muerte: los utilitaristas sostienen que la pena de muerte es moralmente justificable si disuade a otros de cometer delitos; sin embargo, otros sostienen que la pena de muerte es moralmente incorrecta, incluso si disuade a otros de cometer delitos, porque viola los derechos individuales. Para terminar sobre el tema, en nombre del utilitarismo se podrían argumentar decisiones que estarían cercanas a movimientos discriminatorios, al fascismo y a la validación de tiranías.

Comentar sobre Mill era necesario para evitar que se usara una falacia ad-hominen y así quitarle valor a esta frase, tan interesante, que desde luego tenemos que encuadrar siempre dentro de la ley y los derechos humanos. Pero sí nos permite reflexionar mucho.

La reflexión de fondo tiene que ver con la real posibilidad de establecer un gran remedio para un gran mal, o de lo contrario, no desgastarnos más haciendo pequeños remedios que nos mantengan entretenidos y abobados, a sabiendas que no producirán ningún remedio. Aunque suene tonto esto, en eso nos la pasamos: leyes, políticas de Gobiernos, decretos, estrategias, programas y planes, que no solucionan ningún problema. Y en todos los períodos repetimos la dosis, una y otra vez como si careciéramos de inteligencia.

Y caben más sub reflexiones, puesto que es usual que nos quejemos de que los demás son los que no hacen lo debido, pero no hablamos sobre qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a la solución. Para que quede claro, aquí va una lista de lo que cada colombiano puede hacer para ayudar, entre todos, a formar un gran remedio al mas grave gran mal, la corrupción.

No ser pícaro, tramposo, mañoso, ni corrupto en forma alguna.
No participar en ningún acto corrupto en ninguna forma.
Evitar a personas que se sabe son corruptas, pícaras, tramposas, o mañosas.
Denunciar todo acto o forma corrupta que se conozca, sin importar que prospere o no la denuncia. Hay que lograr que a punta de persistencia se avance en la lucha contra la corrupción, así sea de forma anónima.
Votar por candidatos que de ninguna forma aparezcan asociados con actos corruptos en el pasado.

Algunas organizaciones que ayudan a esta lucha: Pacto Global Red Colombia, Transparencia por Colombia, Secretaría de Trasparencia de la Presidencia.

No nos quejemos más por la corrupción: ¡actuemos en contra de la corrupción!

Rafael Fonseca Zarate