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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Ricardo Garzón

La caída de Rodolfo Hernández y la hipocresía política en Colombia

En un país asolado por la corrupción política, donde los líderes prometen luchar contra este flagelo, pero terminan sucumbiendo a sus tentaciones, la condena impuesta al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández ha dejado al descubierto la hipocresía que permea la esfera política colombiana. Un político que se presentaba como el paladín de la moral y la honestidad, solo para convertirse en uno de los más corruptos de la nación.

La noticia de su condena a seis años de prisión puede parecer insuficiente para muchos. Después de todo, Hernández no es solo un caso aislado, sino un reflejo de un sistema corroído por la corrupción. Sin embargo, es el escarnio público y la mancha indeleble que ha dejado en su reputación lo que quizás tenga un impacto más duradero en la percepción de aquellos que alguna vez lo apoyaron.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, JP y su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, quienes en algún momento respaldaron a Hernández, se enfrentan ahora a un dilema moral. ¿Cómo justificar su apoyo a un político que resultó ser todo lo contrario de lo que afirmaba ser? ¿Cómo explicar su confianza en un hombre cuya promesa de luchar contra la corrupción fue solo una cortina de humo?

En estos momentos, quienes lo apoyaron enfrentan un desafío crucial: asumir su responsabilidad y rendir cuentas ante sus seguidores. La ciudadanía merece explicaciones claras y convincentes sobre su apoyo a Hernández, y es hora de que estos líderes muestren su verdadero carácter ético y moral.

No obstante, la historia política de Colombia está plagada de casos similares. Líderes que, bajo el manto de la honestidad, prometen un cambio radical, solo para caer en las mismas prácticas corruptas que criticaban. Esta condena es un recordatorio doloroso de la profunda crisis moral que afecta a nuestra clase política.

Esperemos que este episodio sirva como un llamado de atención para que la sociedad exija una verdadera rendición de cuentas y transparencia en el ámbito político. No podemos permitir que la hipocresía y la corrupción sigan minando nuestras instituciones y socavando la confianza de los ciudadanos.

La condena de Rodolfo Hernández no es solo una sentencia, sino un símbolo de la necesidad de un cambio real en la forma en que se ejerce el poder en Colombia. Es hora de que los políticos cumplan sus promesas y sean verdaderos agentes de cambio, en lugar de perpetuar una realidad marcada por la deshonestidad y la corrupción.

En última instancia, la caída de Hernández es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la construcción de un futuro más justo y transparente. La verdadera lucha contra la corrupción no solo recae en manos de los líderes políticos, sino en la voluntad colectiva de exigir responsabilidad y promover un cambio real. Solo así podremos aspirar a una Colombia libre de la sombra de la corrupción.

Ricardo Garzón

A mí no me invitaron, yo vine porque quise…

En la reciente toma de posesión del presidente Bukele, varios dignatarios fueron invitados oficialmente por el gobierno de El Salvador, incluyendo al presidente de Ecuador y Argentina. Empero, entre los asistentes se encontraba el senador JP Hernández del partido verde, quien buscó una manera oportunista de estar presente en el evento, a pesar de no haber sido invitado oficialmente. Este acto de autoinvitación ha generado controversia y merece una crítica firme.

El senador JP Hernández, conocido en el Congreso por su comportamiento agresivo, insultante y misógino hacia sus compañeras. Ha utilizado las redes sociales para realizar shows mediáticos para mostrar ante sus electores que él ha sido víctima de sus contradictores políticos.

Asimismo, en su cuenta de Instagram y titkok, publicó un video donde dio a entender a sus seguidores que él si había sido invitado oficialmente por el gobierno del Salvador. Sin embargo, Caracol Radio realizó una investigación exhaustiva y se puso en contacto con el diputado Christian Guevara, quien reveló que no fue así. Según Guevara, el senador contactó al diputado para unirse a una delegación de la diáspora, dado que había muchas delegaciones de diferentes países interesadas en asistir a la toma de posesión.

Es importante destacar que la información obtenida por el medio de comunicación revela que el congresista colombiano no llegó a entrar a la ceremonia de posesión, ya que su supuesta invitación era un simple PDF diseñado por la oficina del diputado, muy diferente a las invitaciones oficiales. Estas últimas estaban hechas en papel membretado, de manera personalizada, con letras blancas y doradas, y fueron enviadas especialmente desde el palacio nacional para los invitados.

La conducta del senador JP Hernández es sumamente cuestionable y merece una crítica contundente. No solo ha manipulado la información para su conveniencia personal, sino que también ha actuado de manera poco ética. Un representante del pueblo no debería utilizar artimañas para obtener beneficios individuales, ya que su deber primordial es velar por el beneficio colectivo y actuar en pro de la patria.

Es alarmante que un legislador recurra a estas tácticas oportunistas para estar presente en un evento de relevancia internacional, como lo es una toma de posesión presidencial. Este acto demuestra una falta de respeto hacia las instituciones y hacia el propio cargo que ostenta. La confianza de los electores que lo eligieron se ve amenazada por su discurso populista y por su accionar poco transparente.

Este episodio debería servir como un llamado de atención para todos los ciudadanos colombianos. No podemos permitirnos caer en la trampa de los políticos oportunistas y manipuladores. Es hora de exigir transparencia, integridad y responsabilidad en nuestros representantes políticos.

En las próximas elecciones, debemos elegir con sabiduría y discernimiento a aquellos que nos representarán en el Congreso. No podemos permitir que el discurso demagógico y populista prevalezca sobre el bienestar colectivo. Es hora de levantar la voz y demandar un cambio real en la política colombiana. Solo así podremos construir un futuro más justo y equitativo para todos.

Ricardo Garzón

Influencers en el Poder: ¿Democracia o Demagogia?

De acuerdo a Pierre Levy, las tecnologías de la comunicación permiten la interacción social, una producción cultural y de conocimientos. La ciber-democracia implica no solo el acceso a la información, sino también la capacidad de participar en la creación de diversas sapiencias.

En este sentido las redes sociales han adquirido una relevancia sin precedentes; sin embargo, cuando esta influencia se traslada al ámbito gubernamental, las consecuencias pueden ser catastróficas para la transparencia, la eficacia y, sobre todo, la meritocracia.

El actual gobierno ha sido testigo de una alarmante tendencia hacia la inclusión (contratación) de influenciadores en roles de responsabilidad comunicativa, poniendo en entredicho los principios básicos de la administración pública.

Tomemos el caso de Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, un abogado boyacense que fue incorporado a RTVC para desarrollar contenidos jurídicos. Si bien es cierto que la experiencia legal de Wally podría ser valiosa, su nombramiento plantea serias dudas sobre la selección basada en méritos. ¿Fue su experiencia profesional lo que lo llevó a este puesto, o su alineación política con el petrismo?

La historia se repite con Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis Smile, cuyo ascenso a roles de responsabilidad en entidades gubernamentales ha sido cuestionado debido a su conexión con figuras políticas como Cielo Rusinque. Su paso por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Superintendencia de Industria y Comercio levanta sospechas sobre la prevalencia de la burocracia sobre la meritocracia en su designación.

El nombramiento de María Niny Echeverry como jefe de Oficina de Comunicaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) plantea una serie de preocupaciones graves en cuanto a la transparencia y la ética en los procesos de selección dentro de la institución.

Si bien es cierto que Echeverry puede ser una profesional competente en sus campos de abogacía y comunicaciones, su nombramiento podría ser por “su relación con la Superintendente o por su fuerte activismo político en Twitter”.

Y no podemos pasar por alto el próximo nombramiento de Celso Tete Crespo en la SIC donde va acompañar las comunicaciones de la entidad. Aunque su trayectoria previa en el Senado y el Ministerio de Medio Ambiente podría sugerir competencia y experiencia, su inclusión en este puesto plantea interrogantes sobre posibles influencias políticas en su ascenso.

La aparente preferencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por contratar más influenciadores y activistas políticos, plantea serias dudas sobre los verdaderos objetivos detrás de dichas contrataciones. ¿Se busca realmente mejorar la comunicación y la transparencia de la institución, o más bien consolidar lealtades políticas y favores personales?

En lugar de priorizar la competencia y la experiencia en el campo de las comunicaciones, parece que la SIC está más interesada en promover una agenda política a través de sus canales de comunicación. Esta falta de claridad sobre los criterios de contratación y los objetivos de comunicación de la entidad socava la confianza del público en su capacidad para actuar de manera imparcial y efectiva en la regulación de la industria y el comercio.

Pero tal vez el caso más preocupante sea el de David Rozo, más conocido como Don Izquierdo, quien fue asignado como Community Manager en RTVC con un salario de 5.900.000 pesos, a pesar de contar solo con un título de bachiller. Esta evidente falta de criterio en la asignación de cargos y remuneraciones pone de manifiesto el peligroso camino hacia la degradación de los estándares de excelencia y profesionalismo en el gobierno de Petro.

En el gobierno de Gustavo Petro, la traición a los principios democráticos y la degradación de la administración pública son evidentes. La preferencia descarada por los influencers sobre profesionales competentes y experimentados es una afrenta directa a la meritocracia y un golpe a la integridad de las instituciones estatales.

Este camino hacia la superficialidad y el clientelismo político no solo desdibuja los pilares de una democracia funcional, sino que también arroja una sombra de duda sobre el futuro de la nación… Si el gobierno de Petro tiene alguna intención real de cambio, debe abandonar de inmediato esta peligrosa inclinación y volver a comprometerse con los principios de servicio público y transparencia, de lo contrario, su legado será el de un gobierno que sacrifica la excelencia en el altar del oportunismo político, condenando así a Colombia a un futuro incierto y desdibujado.

Ricardo Garzón

La corrupción, una enfermedad en búsqueda de una cura

De acuerdo al documento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del 2004, en su prefacio la define como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

En esta columna se intentará realizar un corto recorrido de los principales actos de corrupción que ha tejido la historia de Colombia. No se abordarán en su totalidad, ya que estos nos daría para escribir varios tomos de la corrupción.

Un recorrido por la historia colombiana: De la Colonia a la actualidad

Año 1602, Santa fe de Bogotá:

Como lo menciona el reconocido periodista Juan Gossain, en su columna del tiempo publicada en 2017, el primer caso de corrupción en nuestro país se originó por parte del “presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sande, cuyo cargo equivale a lo que será en el futuro la Presidencia de la República”

La corona española le entregó al señor Francisco de Sande, cinco mil pesos oro en efectivo, que se suponía deba ser consignados en la tesorería del virreinato, pero como arte de magia ese dinero desapareció. Si quieren saber más sobre este caso, como lo indiqué en líneas anteriores, pueden consultar la columna en el siguiente enlace https://shorturl.at/MpuO3
1778-1810, Corrupción en la Renta de Tabaco del Virreinato de Nueva Granada.

Entre 1778 y 1810, la administración principal de Santafé se convirtió en un epicentro de malversación, donde funcionarios y estanqueros se enriquecían ilícitamente a costa del erario público.

La apropiación indebida de fondos era una práctica común entre los estanqueros. Se quedaban con parte de las ganancias de las ventas de tabaco, sin registrarlas en los libros contables. Un caso emblemático fue el de Manuel Rodríguez, quien desfalcó las arcas reales, El monto exacto robado debido a esta malversación es difícil de determinar con precisión debido a la falta de registros detallados y la opacidad en la administración colonial. Sin embargo, se estima que las pérdidas fueron significativas y tuvieron un impacto negativo en la economía y las finanzas del virreinato.

Para encubrir sus fechorías, los estanqueros recurrían a la falsificación de documentos. Alteraban los registros de ventas o creaban documentos falsos para justificar faltantes de dinero o tabaco. Juan Bautista Pérez, un hábil falsificador, logró evadir la detección de sus fraudes durante varios años, causando un daño de 30.000 pesos a la Real Hacienda.

1904- caso de la concesión Pertuz

El caso de la concesión Pertuz fue un episodio importante en la historia política de Colombia. José Vicente Concha era el presidente de Colombia en ese momento, el cual otorgó una concesión otorgada a Rafael María Pertuz para la construcción de un ferrocarril en la región del Magdalena Medio.

La concesión Pertuz fue objeto de controversia debido a acusaciones de corrupción y favoritismo hacia la empresa de Pertuz. Se alegó que el presidente Concha había recibido sobornos a cambio de otorgar la concesión a Pertuz, en detrimento de otras empresas que también estaban interesadas en el proyecto.

La Era de Álvaro Uribe: Casos de corrupción que marcaron su Gobierno

Durante la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, entre 2002 y 2010, el país experimentó avances significativos en términos de seguridad y estabilidad económica. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por una serie de escándalos de corrupción que empañaron su legado y generaron controversia en la opinión pública.

El escándalo de la parapolítica
La parapolítica en la Casa de Nariño
El escándalo de la Yidispolítica
Las chuzadas del DAS
Agroingreso seguros
Caso de Carimagua

Iván Duque y sus desastres

Desde que asumió el cargo en 2018, la presidencia de Iván Duque en Colombia ha estado plagada de controversias y escándalos de corrupción que han desafiado su liderazgo y generada desconfianza en las instituciones del país.

Aquí alguno de sus casos más sonados de corrupción y que fueron destacados por sus altos índices de impunidad, son los siguientes:

PROSPERIDAD SOCIAL – DPS: $22.000 millones fueron desembolsados a al menos 50.000 personas fallecidas, o que no estaban inscritas en el Sisbén.

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES- SAE: arrendamiento de millonarios bienes con un valor reducido

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN- UNP: uso delincuencial de vehículos de protección, blindajes falsos, ausencia de sanciones a contratistas.

AEROCIVIL: falsas licencias a pilotos en los últimos tres años, irregularidades en contratación, presuntos vínculos con el narcotráfico.

Corrupción en el actual gobierno

En la actualidad Colombia está viviendo otro capítulo más, de este entramado de la corrupción. Dentro de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre) que literalmente es un desastre.

Carlos Carrillo director de la UNGRD, en una entrevista concedida a Blu Radio, indicó que la corrupción “lamentablemente, está enquistada en la sociedad colombiana; en lo público y en lo privado, en la derecha, en la izquierda y en el extremo centro, sigue habiendo personas inescrupulosas que quieren llenarse los bolsillos con el dinero del Estado.

El entramado de la UNGRD, es el escándalo más grave que ha sacudido el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, pues el anterior director Olmedo López junto con sus secuaces Sneyder Pinilla y congresistas como el presidente del senado Iván Name y Andrés David Calle, fueron nombrados por recibir dineros, sacados de esta Unidad. El tema centra de este capítulo fue la compra de 40 carrotanques, con un sobre costo de 20 mil millones de pesos. Estos iban a ser utilizados para llevar agua a la guajira.

Para concluir, es mi deber realizar proponer las siguientes consideraciones para acabar con este problema de raíz.
La lacra de la corrupción ha carcomido las entrañas de nuestro país por muchos años. Esto no es un mal fortuito, al contrario, es la consecuencia de un sistema político corrompido, podrido y plagado de instituciones débiles, llenas de impunidad galopante, que lo único que se fortalece es el clientelismo que caracteriza a la clase política tradicional.
Debemos crear leyes y reformas más contundentes en contra de todos esos ladrones de cuello blanco que saquen las arcas del Estado, para embolsillarse grandes cantidades de dineros y pasar ante la sociedad, poco vigilante, como seres transparentes e impolutos.

Es Necesario levantar la voz y exigir cuentas claras a nuestros gobernantes. Debemos dejar de lado la apatía y convertirnos en protagonistas de nuestro propio destino. La lucha contra la corrupción no es solo responsabilidad del Estado, sino un compromiso que debemos seguir peleando todos nosotros como ciudadanos para el algún momento llegar a estar en el país ideal, sin corrupción

La corrupción no se puede permitir como un acto normalizado dentro de nuestra sociedad, No podemos acostumbrarnos a las mordidas, los contratos amañados y el descarado desvío de fondos. Cada acto corrupto es una bofetada a la dignidad de un pueblo que anhela un futuro mejor.

Ricardo Garzón

Colombia y los fantasmas del bipartidismo: De la Violencia a la polarización actual

Nuestro país ha estado marcado por la polarización política y la violencia. La cruel guerra civil de 1885, que enfrentó a liberales y conservadores, fue el punto de partida de un largo camino de confrontaciones que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana. Este confrontamiento entre dos partidos políticos se agudizó a mediados de los años 90, liberales (cachiporros) y conservadores (godos) por la lucha del poder.

Esta disputa generó desplazamientos, muertes y desaparecidos, lo cual dejó marcas de dolor en nuestro país. En la actualidad la violencia bipartidista ya cesó; sin embargo, sus ecos resuenan en la polarización actual entre la derecha y la izquierda.

En esta columna, expondré las similitudes y diferencias entre estos dos períodos históricos, buscando hechos históricos, necesario para la comprensión de los desafíos que enfrentamos actualmente, a causa de las posturas políticas de Colombia.

La Violencia del 9 de 1948.

El 9 de abril de 1948, es una fecha fatídica que recuerdan la inmensa mayoría de los colombianos. A las 12 del mediodía saliendo del edificio Agustín Nieto ubicado en la carrera 7, con calle 15 fue abaleado y asesinado por el joven Juan Roa Sierra de tan solo 26 años, el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Inmediatamente la noticia se regó como pólvora que habían matado a Gaitán. Desde ese momento se desató una ola de violencia sin precedentes que enfrentó a liberales y conservadores en una guerra sin cuartel. Estos desmanes, peleas, agresiones y robos, la historia lo nombraría como el Bogotazo.

Causas de la Violencia:

•            Disputas ideológicas: En aquella época, liberales y conservadores tenían visiones profundamente diferentes sobre el papel que jugaba del Estado para buscar el equilibrio de la sociedad, la economía, educación, salud, fueron temas de una ardua discrepancia entre ambos partidos, lo cual generó un clima de desconfianza y odio mutuo.

En la actualidad siguen estas discusiones, pero se ven mucho más marcadas por la derecha y la izquierda, que desde hace 8 años vienen generando estas disputas políticas.

•            Desigualdad social: de acuerdo al el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2024 presentado por el PNUD indica que “en Colombia, por varias décadas, han persistido altas desigualdades y baja productividad. A pesar de que el país logró reducciones en la pobreza y la desigualdad, así como mejoras en los indicadores del Desarrollo Humano, estos cambios han sido lentos y no se han podido sostener en el tiempo”.

En este sentido Colombia es un país profundamente identificado por la desigual, con una gran concentración de riqueza en manos de una élite burgueses. Por ejemplo, en el diario la Republica, mostró las familias más ricas de nuestro país “en Colombia aparecen cuatro nombres en el listado, los cuales suman una riqueza de más de US$30.000 millones: David Vélez (US$11.600 millones), Jaime Gilinski (US$7.800 millones), Luis Carlos Sarmiento Angulo (US$7.200 millones) y Beatriz Dávila de Santo Domingo (US$3.700 millones).

•            Debilidad institucional: El Estado colombiano era débil e incapaz de controlar la violencia. La corrupción y la impunidad eran generalizadas, lo que permitió que los grupos armados actuaran con impunidad.

Desafíos para Colombia

El panorama político colombiano, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, ha estado marcado por una profunda polarización que, lejos de disminuir, se ha agudizado en los últimos años. Diversos factores, entre los que se destacan las reformas impulsadas por el gobierno actual y las profundas brechas sociales existentes, han contribuido a exacerbar las divisiones ideológicas y generar un clima de tensión y crispación en la sociedad colombiana.

Las reformas impulsadas por el gobierno actual, particularmente en materia pensional, de salud y laboral, han sido el principal detonante de la actual crisis democrática. Sectores de la población las perciben como medidas regresivas que afectan sus derechos y bienestar, mientras que otros las defienden como necesarias para la sostenibilidad del sistema y el crecimiento económico.

Superar la violencia, transformar las narrativas y recuperar la confianza en las instituciones.

•            Uso de la violencia: Infortunadamente, la violencia no ha sido erradicada por completo del panorama político colombiano. Grupos armados ilegales, como disidentes de las FARC, narcotraficantes y paramilitares, continúan utilizando la violencia para alcanzar sus objetivos, sembrando terror y miedo en las comunidades y en la opinión pública.

•            Discurso de odio: La polarización política ha generado un clima de odio y desconfianza mutua entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana. Esta situación se asemeja al ambiente enrarecido de La Violencia, cuando la desconfianza entre liberales y conservadores era tal que llegó a desatar una guerra fratricida. La proliferación de discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación exacerba aún más esta situación, creando un espacio de disputa y hostilidad que entorpece el diálogo y la construcción de consensos.

•            Debilidad institucional: el Estado colombiano es otro factor que contribuye a la polarización y la violencia. La corrupción por parte de algunas entidades o actores políticos genera una alta desconfianza entre los ciudadanos. La impunidad y la falta de capacidad para garantizar la seguridad y la justicia en todo el territorio nacional crean un vacío de poder que es aprovechado por grupos armados ilegales (disidencias de las FARC, clan del golfo, los rastrojos) para imponer su ley.

La historia de Colombia nos enseña que la polarización política y la violencia tiene dos caras. Como  analista de la política colombiana, (considero, sugiero, recomiendo) que,  los partidos políticos como representantes de los colombianos, se deben comprometer con el país que los eligió, que se escuche a todos los actores, que realicen  consensos, adopten políticas públicas, pero,  insisto, desde una visión de país gobernar para las mayorías sobre lo que desea el devenir del país que anhelamos, no desde el imaginario de una elite apática a  los problemas que aquejan a la mayoría es necesario construir un nuevo consenso nacional basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la búsqueda del bien común.

Es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la justicia para las víctimas. La sociedad civil colombiana tiene un papel fundamental que jugar en este proceso, trabajando por la paz, la reconciliación y la construcción de una Colombia más justa y equitativa.

Ricardo Garzón