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Ya se sabía” o “era un secreto a voces”. Es lo que muchos repiten sobre las últimas, graves y dolorosas declaraciones ante la JEP del extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Pero las verdades de Mancuso tienen novedades e implicaciones que no pueden soslayarse. Verdades que no solo hacen referencia a un sangriento pasado que no debe repetirse, sino también al presente y a el futuro político de regiones como el Caribe y en particular, en departamentos como el Cesar.

Primera novedad: estas declaraciones de Mancuso corresponden a la audiencia única de verdad que definiría su ingreso a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).  La propia JEP advierte que podrá admitir a Salvatore Mancuso solo si entrega “información verídica y constatable de con quienes se relacionó en los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado que no hayan sido judicializados para planear, ejecutar y ocultar los crímenes (…)”. Sobre cuatro asuntos tendrá Mancuso que aportar verdad probada: las Convivir como fachada del accionar paramilitar; las operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública; las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública; y la filtración de información del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con fines criminales. En otras palabras, si Mancuso miente, al no ser admitido en la JEP, tendrá que responder ante la justicia ordinaria por sus conductas.

Segunda novedad: lo dicho por el ex jefe paramilitar corrobora, con la propia voz de un protagonista del más alto nivel, los abundantes hallazgos de importantes investigaciones y estudios. “La parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y sus acuerdos políticos” de Mauricio Romero y León Valencia, publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris; “La economía de los paramilitares, redes de corrupción, negocios y política”, de los mismos autores; o “Paramilitarismo, Violencia y transformación social, política y económica en Colombia” de Raul Zelik. Parte de lo dicho, hace parte de testimonios rendidos ante el tribunal de justicia y paz, solo que allí no se exigía su comprobación judicial. Pero está establecido comprobadamente en numerosos expedientes y condenas judiciales; y lo más importante, en el completo, riguroso y documentado informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, presidido por el padre Francisco De Roux y derivado del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.

Las implicaciones de estas verdades, que deben ser corroboradas por la JEP, son de la mayor importancia. Como la experiencia mundial y la historia de la humanidad enseña, la verdad es una condición sine qua non para la no repetición. El horror que estamos de nuevo escuchando en boca de Mancuso, que padeció la sociedad colombiana y particularmente la región Caribe, debe ser reconocido, castigado y reparado, para que nunca más vuelva a ocurrir en ningún lugar del planeta. La ausencia de esta verdad explica que estructuras políticas y clanes familiares se hayan mantenido y se mantengan incólumes en el poder político regional o hayan actuado como soporte territorial del poder nacional. Mientras los jefes paramilitares han tenido que comparecer ante justicia y paz, ahora ante la JEP, e incluso han sido extraditados, sus aliados o beneficiarios políticos mantienen un férreo control político de gobernaciones y alcaldías, gozando de su propia representación parlamentaria. Control que les permite reproducirse políticamente y alimentar su patrimonio económico familiar por la vía de la contratación pública irregular.

Hay responsabilidades penales que deben ser establecidas por la justicia, en este caso, por un tribunal de justicia transicional que como la JEP goza del respaldo de la Corte Penal Internacional. No olvidemos que estos crímenes son una ofensa a la humanidad. Las responsabilidades políticas deben ser reclamadas por la ciudadanía en todos los órdenes. Sobre todo, en las urnas.