El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico, confirmó que los 60 militares secuestrados por un grupo de pobladores en la región del Cañón del Micay. fueron liberados tras la presión de la comunidad para que salieran del punto en el que se encontraban.
«Nuestras tropas fueron liberadas y estamos reposicionando sobre el Cañón del Micay para continuar con la operación Perseo, 1.400 hombres dispuestos dentro del cañón, fueron solo 60 los hombres asonados», dijo el alto oficial confirmando además que las operaciones continuarán con total normalidad.
La comunidad retuvo al grupo de militares de la zona, respondiendo a la presión de los grupos armados ilegales que operan en el territorio y que se han visto afectados por las diferentes acciones de la fuerza pública en las últimas semanas.
El Ejército de Colombia confirmó el secuestro de 60 soldados integrantes de dos pelotones del Comando Específico del Cauca en la región del Cañón del Micay.
De acuerdo con el comunicado del Ejército de Colombia, cerca de 250 pobladores del sector de El Filo, zona rural entre los municipios de Argelia y El Tambo los retuvieron mientras adelantaban operaciones de seguridad y estabilidad del territorio, en el marco de la operación Perseo.
La comunidad exige el retiro de los militares de la zona, de inmediato, de manera helicoportada. Al parecer, lo anterior por presión de los grupos armados ilegales que operan en el territorio y que se han visto afectados por las diferentes acciones de la fuerza pública en las últimas semanas.
Al parecer, la instrumentalización de la población civil para este fin habría sido ordenada por alias Giovanny, uno de los cabecillas de la estructura Carlos Patiño, quien estaría adelantando un ‘Plan Pistola’ en contra de los integrantes de la Fuerza Pública que se encuentran desplegados en el corregimiento de El Plateado adelantando la Operación Perseo.
La Unidad Nacional de Protección denunció la desaparición de Flor Elvia Guangue, integrante de la cooperativa Multiactiva Caminos de Paz, y de los escoltas Alfredo Potosí Gómez y Cristian Erazo Chacón en el Tambo, Cauca.
Al parecer, la protegida y su esquema de escoltas habría sido interceptados por por un grupo armado en la vía Piagua, entre Popayán y El Tambo, luego de hurtarles el vehículo asignado a la UNP.
Preocupación por desaparición de un esquema de protección con beneficiaria y escoltas en El Tambo, Cauca
Siendo la 1.11 pm., de este viernes (4 de octubre) reportan el robo de un vehículo adscrito a la UNP, esquema de ruta colectiva, que brinda protección a la Cooperativa… pic.twitter.com/eSLduWyjNS
— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) October 5, 2024
Fue liberada una menor de edad que había sido secuestrada en Bogotá, de acuerdo a las denuncias de su padre. Los hechos se dieron en Chinácota, Norte de Santander, donde también fue detenida una persona.
Una vez se conoció la denuncia del padre de la menor, quien denunciaba el secuestro de su hija y una prima en Bogotá, el Gaula Militar Cundinamarca alertó al Gaula Militar Norte de Santander del posible desplazamiento de la niña hacia Cúcuta.
Luego de hacer seguimiento en la búsqueda de la menor, soldados del Gaula Militar y CTI de la Fiscalía llegaron hasta una vivienda en Chinácota, donde al parecer estaría la niña secuestrada.
En el lugar fue liberada la menor y capturado un sujeto, quien al parecer estaría implicado en el secuestro. En la vivienda también se encontraban dos adolescentes, a las cuales se les restablecieron los derechos y fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De manera simultánea, en Bogotá, otra persona secuestrada fue liberada por presión de las tropas del Gaula Militar Cundinamarca.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez y el director de la Policía Nacional de Colombia, William René Salamanca, confirmaron la desarticulación del grupo delincuencial ‘Las sombras’, una banda criminal compuesta por 8 personas las cuales se hacían pasar por taxistas de Bogotá, para amedrentar a pasajeros mediante secuestro extorsión y hurto calificado.
Las autoridades revelaron también que en el marco de esta ‘Operación Tacio’ 22 hombres del ‘Clan del Golfo’ fueron capturados en el departamento de Magdalena. Entre los capturados se encuentran alias ‘Cesar’ y alias ‘Deivi’, cabecillas de las subestructuras ‘David Meza Peña’ y ‘Sergio Antonio Carrascal Gómez’, respectivamente.
De otra parte, en los municipios de Bello e Itagüí, Antioquia, las autoridades lograron propinar un golpe contundente a los grupos delincuenciales ‘Pachelly’ y ‘El Tablazo’, dedicados al secuestro, hurto, extorsiones y venta y tráfico de estupefacientes. Los 31 capturados recaudaban anualmente hasta 3.500 millones de pesos producto de las actividades ilícitas, las cuales quedaron expuestas gracias a las denuncias de comerciantes, empresarios, comunidad en general y hasta vendedores ambulantes.
Finalmente, en el municipio de Uribia, en La Guajira, los investigadores del GAULA, materializaron la captura de alias ‘Camba’, acusado de ser el almacenista del material bélico del ‘Clan del Golfo’, y a quien se le tuvieron que materializar los derechos del capturado en su dialecto natal, el Wuayuunaiki. En el operativo los uniformados incautaron armas de largo alcance, incluído un fusil AK-47 enchapado en oro, y munición de distinto calibre.
— ConfidencialColombia (@confidencialcol) June 24, 2024
El militar fue secuestrado el 23 de junio, en la vereda Coropoya, municipio de Solano, departamento de Caquetá, donde integrantes del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) retuvieron una embarcación sobre el río Caquetá, que cubría la ruta Puerto Arango hacia la Tagua, Putumayo, donde abordaron al uniformado y a su familia.
Los hechos ocurrieron el 23 de junio, en la vereda Coropoya, municipio de Solano, departamento de Caquetá, donde integrantes del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) retuvieron una embarcación sobre el río Caquetá, que cubría la ruta Puerto Arango hacia la Tagua, Putumayo, donde abordaron al uniformado y a su familia.
El Ejército instauró la respectiva denuncia en contra del EMC por el secuestro de nuestro soldado profesional y de su familia. «Este repudiable hecho es una violación a los derechos humanos e infracción a las disposiciones del derecho internacional humanitario, así como un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad», dice el comunicado.
Yurledinson Julián Parra Ferreira, alias El Flaco fue judicializado, tras evidenciar que sería integrante del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Alias el Flaco habría participado en los secuestros de cuatro uniformados del Ejército y uno de la Policía Nacional, hechos ocurridos entre junio y agosto de 2022 en Tame (Arauca).
Los casos por lo que debe responder ante la justicia son, en primer lugar, por los secuestros de el soldado profesional, Milton Alexander Moreno Duarte y el del patrullero Mauro de Jesús Muñoz Vergara, ocurrido el 25 de junio de 2022 en la vereda Santo Domingo jurisdicción de Tame (Arauca).
Otro hecho sucedió el 13 de agosto de 2022 cuando fueron secuestrados los suboficiales Gustavo Anacona Acosta y Sherman Santana González quienes regresaban de sus vacaciones a un batallón en Tame (Arauca).
Por último, el secuestro el 16 de agosto de 2022 en la vereda Flor Amarillo de Tame (Arauca). El soldado profesional Ángel Modesto Saosa Dueñas fue retenido cuando se desplazaba en una motocicleta con destino a su batallón después de un permiso.
El Flaco’ fue capturado el pasado 9 de mayo en Pitalito (Huila) por servidores del CTI y Policía Nacional.
Fueron entregadas a una comisión de laCruz Roja Internacional a las cuatro personas secuestradas por las disidencias de Iván Mórdisco el pasado 19 de abril en el departamento del Cauca.
Las personas liberadas fueron los fiscales Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón René Rivera, la civil María Yeni Ruiz y el soldado Yiner Kevin Noscue, secuestradas por el grupo ilegal en zona rural de Santander de Quilichao cuando regresaban a sus casas en Popayán.
Este secuestro fue rechazado por la Fiscalía General de la Nación, quien exigió respetar sus vidas y la dignidad y su inmediata liberación.
La delegación del Gobierno de Colombia que negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha advertido este martes a la guerrilla de que se «se equivoca gravemente» si cree que puede seguir con los secuestros tras anunciar que los retomaría ante la «poca voluntad» de hallar nuevas fuentes de financiación.
«Se equivoca gravemente el ELN si cree que puede secuestrar colombianos porque al margen de incumplir los acuerdos firmados (…) la sociedad colombiana no acepta un secuestro más», ha señalado José Félix Lafaurie, uno de los integrantes de la mesa negociadora del Gobierno.
Lafaurie ha rechazado que exista una relación entre el fondo que reclama la guerrilla para financiar el proceso de paz con dejar de lado la práctica del secuestro. Colombia no acepta, la sociedad colombiana no acepta secuestrar y al mismo tiempo dialogar con un grupo en armas», ha advertido.
En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos debido a la «falta de voluntad» del Gobierno para crear un fondo para financiar las labores y la organizaciones de quienes integran la guerrilla y negocian la paz.
Tras el anuncio, la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.
«Siempre se le ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano», zanjó la Delegación de Paz.
En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.
A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.
Individuos armados han secuestrado al candidato del Partido del Trabajo (PT) al Ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas, en el sur de México, Rey David Gutiérrez Vázquez.
Gutiérres estaba en su vivienda el sábado sobre las 23.00 horas cuando varios hombres llegaron en vehículos todoterreno, irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron, según han denunciado familiares y conocidos citados por el diario ‘El Universal’.
Gutiérrez Vázquez ya fue candidato en 2021 del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el ayuntamiento de Frontera Comalapa. Ya entonces durante el proceso electoral, el coordinador de campaña de Gutiérrez, Edy Leonel Pérez Escobedo, fue raptado por un grupo armado y liberado días después.
El municipio de Frontera Comalapa está inmerso desde hace más de dos años en una ola de violencia protagonizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado, Maíz, que exige el pago de derecho de piso a transportistas, dueños de negocios, tiendas, restaurantes y otros.
Soldados del Grupo Gaula Militar Caquetá, lograron la liberación de e un hombre que habría sido secuestrado por criminales que estarían exigiéndole a su familia cerca de $5.000.000 a cambio de su libertad.
Con la oportuna denuncia del padre de este hombre, en tiempo récord se logró dar con la ubicación de la persona, quien fue hallada en la vereda Bajo Caldas, en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Así mismo, fue recuperada su motocicleta, la cual fue encontrada a pocos metros del lugar del rescate.
El hombre se encuentra en buen estado de salud y fue entregado sano y salvo a su hogar.
Integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, secuestraron a Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón René Rivera Fernández dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
El secuestro se presentó al mediodía del 19 de abril en zona rural del Dominguillo, en el municipio de Santander de Quilichao, cuando retornaban a la Seccional Cauca (Popayán) de la Fiscalía.
La entidad exigió al grupo armado ilegal respetar la integridad de los dos funcionarios y su pronta liberación.
La Fiscalía General de la Nación rechaza el secuestro de los servidores del CTI Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rene Rivera Fernández, pide respeto por su vida e integridad física, y exige su liberación inmediata a las disidencias de las FARC Gaor Dagoberto Ramos. pic.twitter.com/MXiRzEPEPg
La Fiscalía ha explicado que los liberados se encuentran en «aparente buen estado de salud», según recoge el diario mexicano ‘El Universal’ en su edición digital. El organismo público no da detalles sobre cómo ni dónde se produjo la liberación o rescate.
Entre los liberados hay cuatro mujeres de 56, 44, 36 y 32, tres hombres de 60, 58 y 27 años, dos adolescentes varones de 13 años y una niña de 5 y tres niños de 3, 6 y 8 años, así como otro hombre del que no se especifica la edad.
El ataque se atribuye a «un grupo armado que buscaba a un hombre» y que perpetró un «secuestro masivo» contra los miembros de cuatro familias. Al no encontrar al hombre que buscaban, se llevaron a varios de sus allegados.
El Gobierno respondió al secuestro con el envío de 100 miembros de las Unidades Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional con dos helicópteros, así como 390 militares procedentes de Tamaulipas y San Luis Potosí.
Las autoridades mexicanas han informado del secuestro de 25 personas de tres familias, incluidos diez menores de edad, en la localidad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa.
El secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ha explicado que hasta el momento no se ha recibido ninguna petición de rescate y que las fuerzas de seguridad están trabajando en la investigación, según recoge el diario mexicano ‘Milenio’.
En la operación participan efectivos militares, de la Guardia Nacional, de la policía estatal, policía municipal y Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República.
«No tenemos ningún contacto con ninguno de ellos ni tampoco podemos precisar quién o qué motivó o qué pudo hacerlo, o quién pudo hacerlo, pero sí, hay alguna información que están manejando la fiscalía que no ha querido compartir y es correcto, porque se afectaría el proceso de la investigación», ha apuntado.
