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Senado hunde el servicio social y deja vigente el servicio militar obligatorio
La plenaria del Senado de la República aprobó con 40 votos a favor y 39 en contra una proposición que buscaba la eliminación de los artículos 10 y 11 de la ponencia y que creaban un servicio social para la paz como alternativa del servicio militar obligatorio.
La discusión hizo parte del debate que sigue la plenaria del Senado sobre el proyecto de Ley de la discusión de la Ley de Orden Público.
La proposición fue impulsada por las senadoras del Centro Democrático, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes consideraron estos dos artículos como inconvenientes porque “pone en riesgo la seguridad del país”.
¿De dónde van a salir los recursos para el servicio social para la paz? Si los incorporan a la fuerza pública vamos a desfinanciar la seguridad del país”, sostuvo la senadora Paloma Valencia.
La congresista del Centro Democrático recordó que cualquier modificación al servicio militar obligatorio debe hacerse a través de un proyecto de reforma constitucional.
La lista a cerradas no convence a todos los partidos en el Congreso
El proyecto de reforma política trae dos puntos en sus contenidos que prácticamente son de honor para el Gobierno y para las principales fuerzas de la coalición, en este caso el Pacto Histórico y la Alianza Verde.
El primero de ellos tiene que ver con la lista cerrada, esto hará que, en las elecciones de senado, cámara de representantes, concejos, asambleas y juntas administradoras locales, se vote por el partido y no por el candidato como sucede en la actualidad. Para esto, cada movimiento político deberá ejecutar unas elecciones primarias que permitan establecer que personas integrarán la lista con la que competirán en las elecciones y su posición en ellas dependerá del número de votos que logre en las primarias.
El segundo punto tiene que ver con la financiación, que, según lo aprobado en el debate de la Plenaria del Senado, será preponderantemente estatal, dejando un pequeño espacio para que los privados puedan hacer donaciones.
Aunque el Pacto Histórico y la Alianza Verde, procuraron que esta fuera cien por ciento estatal, partidos como el Centro Democrático hicieron todo lo posible para que se les diera espacio a los privados en la financiación de campañas.
Nota relacionada: La MOE no quedó muy contenta con lo aprobado de la reforma política
El Centro Democrático, partido de oposición, quedó tranquilo porque se dio la posibilidad a los privados de participar en las campañas políticas haciendo donaciones en dinero.
“Cuando usted está trabajando en la política lo lógico es que represente a la gente que le ayuda en su campaña y prohibir eso es antidemocrático”, afirmó la senadora Paloma Valencia.
El senador de la Alianza Verde, Jota Pe, confesó a Confidencial Colombia, tener sus reparos con la lista cerrada muy a pesar de que su partido votó por ella. Para él, ya no serán los colombianos quienes elijan a los congresistas si no que serán los caciques en cada partido quienes decidan las diez primeras posiciones en la lista.
“Personas como yo – que me ubicaron en el número 54-, pero que aun así fui la mayor votación del partido, no vamos a llegar”, afirmó.
Cambio Radical en cambio no está de acuerdo con la reforma porque según este partido, “el proyecto revive el transfuguismo”. Tampoco están de acuerdo con el artículo que les permite a los congresistas renunciar para de inmediato ser ministros, lo que el senador David Luna llama “artículo chupeta”.
Los congresistas de este partido tampoco están de acuerdo con la idea de competir en unas elecciones a través de una lista cerrada. Según David Luna, “esto no permite a una igualdad de competencia”. El senador considera además que la financiación de las campañas a corporaciones debe ser totalmente estatal.
Para Cesar Pachón, senador del Pacto Histórico si se hace una lista cerrada – cremallera, se garantiza la misma cantidad de hombres y mujeres y se da oportunidad a sectores que antes no podían competir además de permitir que los partidos presenten temas de país como colectividad y no de forma individual.
En lo que tiene que ver con la financiación, que, para él, deber ser totalmente estatal, está tranquilo porque aún quedan debates en donde el Pacto Histórico se dará a la tarea de convencer a sus pares de los beneficios que la aprobación de este punto podría traer.
El Partido Conservador por su parte, anunció que se reunirá en los próximos días para decidir qué posición tomarán de manera oficial frente a los proyectos del Gobierno Nacional que son discutidos en el legislativos, entre ellos, el de reforma política.
El texto aprobado en el debate en la plenaria del Senado contempla lo siguiente:
- Democracia interna de partidos y movimientos políticos.
- Incluye como causal de perdida de personería jurídica la falta de democracia interna para elegir directivas y candidatos de elección popular.
- Financiación de campañas electorales y organizaciones políticas. Preponderantemente estatal.
- Cumple con sentencias del Consejo de Estado en situaciones en que el voto en blanco sigue al primero en votación y este no acepta como se designa esa curul.
- Nadie puede ser reelecto para más de 4 periodos consecutivos en corporaciones públicas (Senado, Cámara, Asambleas, Concejos y JAL).
- Fortalece responsabilidad política de partidos en el ejecutivo.
- Clarifica la participación de congresistas frente a financiación.
- La inscripción de candidatos en procesos de elección popular, lista cerrada, bloqueada y en alternancia.
El proyecto pasó a tercer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes.
Las recomendaciones de la MOE para la discusión de un nuevo Código Electoral
La Misión de Observación Electoral (MOE) recomendó al Congreso de la República no cometer el mismo de la legislatura pasada cuando se aprobó un proyecto de Ley Estatutaria que dio vida a un nuevo Código Electoral Colombiano, cuando el país estaba a un año y siete meses de elecciones.
“Más de 200 artículos que contenían importantes ajustes y cambios a los procedimientos electorales fueron aprobados a la carrera, sin un profundo debate que permitiera tener una clara comprensión del impacto de cada una de las medidas aprobadas”, considera la MOE quien sugirió iniciar esta discusión después de las elecciones de 2023.
La organización explicó en la pasada audiencia pública en la Comisión Primera del Senado citada para escuchar sugerencias y aportes que puedan tener diferentes voces en el país sobre un proyecto que modifique el sistema electoral en Colombia.
La MOE invita a cada una de las bancadas del honorable Congreso a no repetir este error. “El Código Electoral debe ser debatido a profundidad, sopesando los impactos y consecuencias de las decisiones que se tomen”, indicó.
La segunda recomendación que hace la MOE tiene que ver con las auditorías, “es necesario que los plazos para la acreditación de auditores sean razonables y se adecúen a los tiempos del calendario electoral, permitiendo el examen de procesos como la inscripción de cédulas, que requerirían acreditación un año antes de la elección”.
Otro asunto que preocupa a la MOE es el mecanismo por el cual se eligen a las personas que han de prestar sus servicios profesionales en las entidades electorales, en este caso la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
La MOE considera que todos los cargos de registradores municipales, zonales y auxiliares deben ser nombrados por concurso de méritos y pertenecer a la carrera administrativa especial de la Registraduría y no pueden estar sujetos al libre nombramiento y remoción.
Por último, la organización le recuerda al Congreso la importancia que tiene la implementación de las nuevas tecnologías, recomendándole establecer parámetros más claros de progresividad y gradualidad para la implementación de tecnologías en el proceso electoral.
Recorte vacaciones de los congresistas supera la segunda prueba
La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate, el recorte del período vacacional del Congreso de la República, dando la autorización para que el debate continúe en la Cámara de Representantes.
La iniciativa liderada por el senador de Cambio Radical, David Luna, firmada por varios partidos, busca que el periodo de sesiones legislativas inicie el 16 de enero y el 16 de marzo como actualmente se encuentra establecido.
“Las vacaciones que el Congreso tiene al finalizar cada año, se reduce desde el 16 de diciembre al 16 de enero y en segundo lugar, el cuarto año legislativo, se permanece en el receso legislativo entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo para que se pueda tramitar el proceso electoral”, explicó el senador David Luna.
El proyecto de reforma constitucional pasa a debate en la Cámara de Representantes en donde deberá surtir trámite en la Comisión Primera, lo mismo que en la plenaria para que pueda continuar su trámite en segunda vuelta a partir de marzo del próximo año.
Petro logra que el Senado le apruebe 405 billones para 2023
La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el Presupuesto General para el año 2023.
El Gobierno hizo valer sus mayorías en el Senado para hacer aprobar 405.6 billones de pesos sin modificaciones frente al texto presentado a discusión de la plenaria.
El valor total aprobado estará distribuido en 74,02 billones que serán destinados a la inversión, 253,6 billones para el funcionamiento del Estado y cerca de 77,99 billones para cubrir el servicio de deuda del Estado.
Las mayorías petristas dieron aprobación a un mayor monto para Educación con 54,8 billones, Salud con 51,2 billones de pesos, Hacienda con 48,7 billones y Defensa con cerca de 49,3 billones. Contempla además 160.000 millones de pesos los recursos para subsidios de ‘Mi Casa Ya’ en 2023.
El proyecto pasa ahora a debate en la Cámara de Representantes.
Senado elige a Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional
Juan Carlos Cortés fue elegido por la plenaria del Senado de la República como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
La elección se dio con 84 votos a su favor de un total 92 senadores que depositaron sus votos en la urna.
Juan Carlos Cortés es abogado y Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Posgrado de especialización Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales de la Universidad de Castilla La Mancha. Magíster en Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ex viceprocurador General de la Nación. Fue director del Centro Regional para Colombia y el Área Andina, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Ex viceministro de Trabajo. Se desempeñó como Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de desempeño laboralmente en varias entidades públicas y privadas del país.
Ha sido docente de importantes universidades de Colombia y autor de libros y publicaciones.
Jalón de orejas de Roy Barreras a la bancada de Gobierno por ausentistas
El presidente del Senado, Roy Barreras, citó a una nueva plenaria el próximo lunes 10 de octubre para la votación del proyecto de reforma política que se encuentra en segundo debate.
La reciente sesión de la plenaria en donde se daría la votación del proyecto de Acto Legislativo de iniciativa gubernamental, fue levantada por no tener el quorum suficiente para su aprobación o archivo.
De inmediato Roy Barreras hizo un fuerte llamado a los partidos que integran la coalición del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, especialmente a la bancada del Partido Conservador quien no tenía a ninguno de sus miembros en el momento de la votación.
“A los compañeros que no están hay que recordarles que seis fallas, en sesiones plenarias donde se voten proyectos, son causal de pérdida de investidura. Gracias a los que aquí están porque están cumpliendo, pero los que no están es bueno que les recuerden eso”, dijo.
El día lunes se citó para sacar adelante el debate de Reforma Política, el martes se debatirá el presupuesto general del próximo año y el miércoles le tocará el turno a la reforma tributaria.
Con proyecto de ley buscan terminar con el despilfarro de energía en las entidades públicas
Foto: Edificio de Catastro, Bogotá.
El Senador David Luna de Cambio Radical junto con los Senadores Miguel Uribe de Centro Democrático, Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal y Guido Echeverry del Partido Verde, presentaron a consideración del Congreso de la República, la iniciativa que busca exigir a las entidades públicas el ahorro de energía y además, a través de lineamiento e incentivos, obligarlas a transitar al uso racional y eficiente de energías limpias.
“En Colombia, de cada 100 unidades de energía se pierden 69, es decir, se aprovecha sólo el 31% de la energía producida y entendida bajo los principios de optimización en el manejo de recursos. Es por eso, que ha sido tan importante iniciar el trámite de esta iniciativa orientada a proteger y defender el medio ambiente”, explican los congresistas en un comunicado.
De ser aprobado este proyecto, las entidades públicas deberán presentar ante el Ministerio de Minas y Energía, un Plan de Eficiencia Energética Individual, en dónde se especifique cuáles serán las medidas que implementarán para hacer uso racional de la energía y el cual será objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la República.
Así mismo, los edificios que se construyan dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigencia de la ley, deberán desarrollar una calificación que mida su eficiencia energética, como requisito para obtener la licencia de construcción por parte de la curaduría urbana y esta calificación debe ser incluida en toda publicidad de venta que se realice.
Tras seis años de promulgada esta ley será obligatorio realizar el proceso de calificación de eficiencia energética. “Lo anterior, es con el fin de empezar a generar una cultura donde en las edificaciones se haga evidente la eficiencia energética de las construcciones y sea un valor agregado a la compra o venta de un edificio, como, por ejemplo, incluyendo en sus fachadas y techos verdes”, explican.
Solicitan incremento en el presupuesto general para viviendas en Providencia
La senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, desarrolló una audiencia pública en Providencia para hacer seguimiento e inspección a las obras de reconstrucción y restructuración, derivadas del paso del huracán Iota en noviembre de 2020 en el archipiélago. La Senadora solicitó enfáticamente un incremento en el Presupuesto General de la Nación, cuya destinación y asignación estaría en cabeza de la Isla de Providencia para el 2023, con el objetivo de mejorar las condiciones mínimas de vivienda, saneamiento básico y salud, tanto para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
“En este encuentro en Providencia logramos vincular al Gobierno Nacional, delante de diversos actores políticos y líderes comunitarios que asistieron a la audiencia, como la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, los viceministros de Salud, representantes del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entre otros; resaltando que el valor total del proyecto de reconstrucción de viviendas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina asciende a $646.218.461, de los cuales se han desembolsado por parte de Findeter $476.369.788, correspondiente al 73.72 % del avance financiero”, puntualizó la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado.
El proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lleva un retraso de seis semanas y media. En total, se han realizado pago por conceptos de intervención, rehabilitación y reconstrucción de viviendas por $412.880.112 millones; al igual que se han desembolsado $10.569.152 millones por apoyo de las fuerzas militares en las labores de reconstrucción en el archipiélago. Además, es necesario destinar en agua potable $353.232.841 millones, fundamentales para cubrir el plan maestro de acueducto, los planes de dragado del embalse de agua dulce y la optimización de las plantas de tratamiento.
Por otro lado, se requieren para los sectores de deporte y educación $237.400.680 millones, los cuales permitirán la reconstrucción de escenarios afectados. En infraestructura cultural se requieren $6.881.210 millones, para intervenir y mejorar la Casa de Cultura, el teatro principal, el museo y la biblioteca.
Adicionalmente, si bien es menester destacar que se ha realizado la entrega de 1.768 unidades habitacionales, las cuales han sido construidas en las Islas de Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota, no obstante, se debe continuar con el seguimiento, inspección, vigilancia y control de los avances y recursos para la finalización de obras y entrega a satisfacción de la comunidad
En el encuentro con los diversos actores, que se desarrolló en lugares como el Campamento por la Dignidad en Old Town Bay Providencia, se estableció que existen viviendas, que aunque, fueron afectadas parcialmente por el huracán, por su condición y evaluación estructural se les debe efectuar un proceso de intervención y rehabilitación a partir de su diseño y la distribución original.
“La importancia de esta visita consistió en que escuchamos a todos los líderes de los sectores de la isla y conocimos de primera mano el estado de las escuelas, escenarios deportivos y culturales, posadas y restaurantes, así como, el aeropuerto El Embrujo, el reforzamiento del sistema de acueducto, las obras del hospital, zonas deportivas, las obras de alcantarillado y saneamiento básico, y diversas áreas comunes, a las que les da uso la comunidad isleña”, puntualizó la senadora vallecaucana.
El huracán Iota que alcanzó categoría 4 en el océano Atlántico en noviembre de 2020 y durante el 15 al 16 de noviembre, pasó cerca del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los destrozos producto de dicho fenómeno ha implicado el desarrollo de las obras de reconstrucción que ha representado en Providencia uno de las apuestas más grandes y complejas que ha enfrentado el país; ya que el fenómeno natural devastó el 98 % de la infraestructura local.
Intento por reformar el sistema electoral se hundió en su primer debate
Con 13 votos en contra y 7 a favor, la Comisión Primera del Senado de la República, hundió el Proyecto de Acto Legislativo que modificaba la organización electoral en Colombia.
La iniciativa contó con la ponencia positiva del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien solicitó a sus compañeros de la comisión votar de forma positiva este proyecto, sustentando la que, según él, despolitizaría la organización electoral.
“Hay una crisis de legitimidad en la organización electoral; nuestro sistema tiene fallas ya que está diseñado para que funcione de forma mafiosa. No puede pasar que pongamos un amigo a supervisarnos», sostuvo.
A la discusión asistieron un delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Sección Quinta Consejo de Estado, la presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Magistrada Fabiola Márquez, afirmó que se ve con buenos ojos que se refuercen las competencias y las atribuciones al Consejo Nacional Electoral como por ejemplo a nivel territorial para que se puedan realizar las investigaciones en el territorio.
El magistrado del CNE, César Lorduy, manifestó que, modificando 12 artículos de la Constitución no se aumentará la participación ciudadana y “mucho menos la transparencia”.
Adicionalmente el registrador para lo electoral, Nicolás Farfán, afirmó, “no nos oponemos a las reformas que tiendan a mejorar el sistema, sin embargo, éstas deben basarse en indicadores que muestren algún tipo o grado de ineficiencia de una institución en el incumplimiento de su función y este no es el caso de la Registraduría. El esquema en el que la Registraduría cumple un rol técnico ha sido reconocido por la Corte Constitucional”.
El Senador, Humberto de la Calle, afirmó que lo que se propone con este Proyecto de Acto legislativo es un Consejo Electoral más independiente y afirmó que no está de acuerdo, que cuando una institución funciona bien no hay que reformarla, pues considera que éstas pueden funcionar mejor.
La propuesta fue acompañada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien considera que los organismos de control deben ser sujetos de control político por parte del Congreso de la República.
Tras obtener mayorías en contra la iniciativa fue archivada.
Confirmado el presidente del Senado Roy Barreras: tiene cáncer
En un comunicado de prensa la Fundación Santa fe de Bogotá, informó que «por solicitud y con autorización del presidente del Congreso senador Roy Barreras Montealegre, que en un chequeo rutinario realizado la semana pasada, le fue encontrada una lesión que ha sido confirmada por estudios de patología, como un adenocarcinoma de vías digestivas bajas, por lo cual se requiere un tratamiento multidisciplinario».
También confirma que el equipo médico de la Fundación Santa fe de Bogotá , a petición del presidente del Congreso se hará cargo del tratamiento integral.
Por su parte Roy Barreras en su cuenta de Twitter se pronunció por medio de un video: «Estoy acá en la fundación Santa fe, voy a la junta médica de expertos, van a decidir la conducta para tratarme este hallazgo que ha aparecido en mi chequeo, que es un pequeño cáncer de colon en la vía digestiva baja, que tiene tratamiento que se cura si uno es juicioso, y aquí me dirán qué es lo hay que hacer; quimioterapia, radioterapia esas cosas.
Además agregó: «A las familias colombianas a mi familia, les comparto dos cosas útiles, siempre es bueno hacerse chequeos de rutina, gracias a ese cheque, yo lo he cogido en una etapa temprana. Y la otra cosa es que, el cáncer es curable, si tienen un familiar que este pasando por estas circunstancias, tranquilos, hay tratamientos hoy en día, hay curación para la inmensa mayoría de estos casos, ya les contaré».
Ante la noticia salieron muchas voces de aliento hacía el presidente del Senado, una de ellas fue la del senador Alirio Barrera en un tuit le dice: «independientemente de las diferencias políticas, nos une el respeto por la vida. De todo corazón espero que los médicos puedan hacer un buen trabajo con usted; y sacarlo adelante satisfactoriamente DIOS le dé la salud y una pronta recuperación, bendiciones».
Foto: cortesía
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Cabildeo o Lobby
Esta práctica ha sido históricamente de poca aceptación o mal vista por quienes analizan el desempeño del sector público.
Pero tenemos que decir que ya es de aceptación constitucional desde 2009, cuando se incorporó en el artículo 144 de la Constitución Nacional por medio del Acto Legislativo 01 del mismo año. El mencionado artículo 144 ordena que se se reglamente mediante ley de la República.
Ha habido muchas iniciativas de leyes para la reglamentación, pero ninguna ha prosperado durante más de diez años.
En esta legislatura se han presentado nuevamente dos proyectos de origen parlamentario, el 87 y 120 Senado de 2022, que se acumularon para el trámite en primer debate. Este proyecto promueve la regulación del ejercicio del cabildeo, se crea el registro público de cabilderos, se garantiza el principio de transparencia en el proceso de toma de decisiones en el sector público.
El cabildeo o lobby son las actividades o acciones para demandar o influir en la toma de decisiones del sector público, ejecutivo o legislativo. No se contempla para el poder judicial por obvias razones. En caso como leyes o actos administrativos por parte de particulares o personas jurídicas con interés en esas decisiones.
Esto ya es constitucional, como ya se dijo. Se espera que se reglamente legalmente. Por otro lado y que es diferente, todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en el proceso de toma de decisiones en el Estado, a través de mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, cabildos abiertos, iniciativas legislativas, audiencias, derechos de petición, etc.
Quiero con esto decir, que la construcción normativa en Colombia es participativa. Con este proyecto de ley se pretende regular el cabildeo para los intereses particulares o gremiales. El objetivo es transparentar una práctica que se viene dando, para ponerla sobre la mesa.
Habrá registro de cabilderos en el Congreso y en el ejecutivo. En Estados Unidos existe desde 1946, en Perú desde 2003, en México desde 2010, en Chile desde 2014. Por otro lado, organismos internacionales como la OCDE y Transparencia Internacional recomiendan regular el cabildeo adoptando estándares internacionales.
Inicia nueva lucha para reducir el salario de los Congresistas
El pasado 28 de septiembre, la Comisión Primera del Senado dio el primer paso para reducir el salario de los congresistas que hoy supera los 25 millones de pesos mensuales.
La Senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) ponente y autora de este proyecto, presentó unas modificaciones a lo ya planteado en el paquete inicial, luego de llegar a un acuerdo con los senadores del Pacto Histórico, Alianza Verde y Centro Democrático.
” Estoy súper feliz de contarles que logramos aprobar el proyecto del Centro Democrático para reducir el salario. Va a quedar el tope de 23 salarios mínimos y un impuesto para ahora 2022-2026 del 20 % de salario” dijo la senadora Paloma Valencia.
La propuesta quedó con 2 artículos en vigencia:
El salario de los congresistas no será superior a 23 SMLV a partir del 2026 y este no será tomado en cuenta para definir los salarios de los demás funcionarios públicos.
Este es un artículo transitorio que establece que los congresistas y los altos mandos del Estado tendrán un impuesto del 20% al salario del año 2022 a 2026, impuesto que en época de pandemia se conoció como “impuesto solidario” y que se implementaría hasta que se establezca permanentemente en la reforma tributaria que está en curso.
Por su parte, el senador Carlos Motoa propuso que la reducción de los salarios no sea solo para los congresistas, sino que se incluya a todos los funcionarios públicos de altos cargos del Estado, tanto en la rama judicial como en la legislativa, además de que esta proposición sea aplicada a partir de la promulgación de su aprobación. Esta propuesta fue dejada como constancia en el informe de la ponencia.
La iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado de la República.