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Etiqueta: simón gaviria

Retiro forzoso

No es urgente, pero si es importante, entender el acelerado envejecimiento que vive el país. Se estima un pico poblacional global en 2064 de 9.630 millones. En Colombia, esto ocurrirá antes, en 2060 tendremos 55,4 millones de habitantes. El bono demográfico donde la proporción de la fuerza laboral productiva supera la de menores de 18 años y mayores de 65, que empezó en 2002 se prevé acabe en 2047, según Naciones Unidas. Si se dice que los colombianos se vuelven dependientes cinco años antes, a los 60 años, se recorta el bono 20 años, a 2027, según USAID. Hay que aprovecharlo, de ahí en adelante es nadar contra la corriente, obligar a la gente a retirarse antes de que quiera hacerlo, no tiene sentido. 

Con el ingreso de la mujer a la fuerza laboral, la tasa bruta de natalidad bajó de 46,35 entre 1950 y1955 a 15,03 entre 2015 y 2020, según investigadores de la U. de Antioquia. Con este colapso de natalidad, de acuerdo con el DANE, en 2023 los adultos mayores de 60 años fueron 7.4 millones y sobrepasaron el 14,4% de la población. Más gente laborando hace más fácil el progreso económico, la lucha contra la pobreza y la prestación de servicios sociales. Si tomamos la decisión de decir que una persona se vuelve dependiente a los 60 años, el problema se vuelve urgente porque al bono demográfico le quedarían solo tres años. Debe haber un incentivo económico para que se siga trabajando, son personas que tienen mucho que contribuir a la sociedad para desecharlos.

 

Cuando el presidente Carlos Lleras fijó la edad de retiro forzoso en 65 años, en 1968, la expectativa de vida en Colombia era 60.87 años. Pero las mejoras en salud, hacen que los 70s de hoy sean hasta más saludables que los 60s de la época. Aún con un ajuste en 2016 que subió la edad de retiro a 70 años, dada la expectativa de vida publicada por el DANE en 2024 de 74 años, el ajuste es insuficiente. Tendría más sentido, si fuéramos consistentes con la lógica de Lleras, un retiro forzoso a los 75 u 80 años para garantizar que se mantenga por encima de la expectativa de vida.

Nuestro sistema pensional causa una mayor desigualdad en el país, donde después de pagar pensiones, somos más desiguales. El quintil más próspero en Colpensiones recibe el 50,8% de los subsidios, mientras el quintil más pobre solo logra el 4,3%. La reforma pensional que cursa en el Congreso, busca corregir esta injusticia con un sistema de pilares donde los subsidios cubran un mínimo vital para que después los cotizantes pasen a los fondos de pensiones. Entre más bajo sea el mínimo vital, de manera más positiva, la reforma va a impactar la equidad. El Congreso debe reflexionar en cómo la reforma pensional impacta las decisiones laborales, el trabajo voluntario es algo para incentivar.

El envejecimiento de la sociedad es un hecho cultural, así como económico. Si en los últimos 55 años los colombianos tienen una esperanza de vida de 14 años más, solo ese logro habla de una sociedad más próspera, más justa y menos violenta. Si aquellos nacidos en la década de los 60s siguen contribuyendo al país, será un largo periodo de creciente riqueza, si no les damos su importancia, el bono demográfico se nos acabará pronto. Los que queden produciendo serán menos que los que tienen que sostener.   

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La nueva tributaria

Ya vamos 15 reformas tributarias en los últimos 25 años, con la gravedad que la tributaritis se ha acelerado: Santos en ocho años hizo cuatro, Duque en cuatro años hizo tres, y, Petro en menos de dos años, ya va para su segunda. La mayoría empezaron con la promesa de ser estructurales, como esta, prometieron subir la renta de personas naturales para disminuir la exagerada renta corporativa. Según German Vargas más de 70,000 colombianos emigraron del país para no ser cobijados por el código tributario. En vez de pensar como apretar tuercas a los asalariados, no hay mucho que hacerles, se debería pensar en el tema de fondo: acabar el concepto de ingreso global de renta para los colombianos. En otras palabras, hacer el ajuste, pero limitarlo a los ingresos derivados en el país, para lograr atraer talento y reconstruir base tributaria. 

Tan innovadores como sean los asesores de Min Hacienda, por mucho tiempo mentes brillantes vienen asfixiando a grandes contribuyentes desde la DIAN para después ir a asesorarlos. Si bien el concepto de renta global existe desde 1974, en las últimas ocho tributarias una multiplicidad de multas, aumentos de impuestos, reglamentaciones anti-técnicas, y amenazas penales, hicieron a Colombia quedar 38 de 38 en el Índice de Competitividad Tributaria de la OECD. Tan “exitosos” fueron, que es probable que ningún gran contribuyente de persona natural todavía viva en el país o no haya pasado sus bienes a una sociedad en el exterior. Este proceso se aceleró cuando un falso temor de expropiación a la Venezuela del existente gobierno, llevó a muchos a empezar estas maniobras no solo por razones tributarias sino en defensa de su patrimonio.

 

Cuando un país solo tiene 12 convenios activos de doble tributación, donde ni si quiera está su principal socio comercial EEUU, el cual no comparte información tributaria, residir en Colombia obliga a un empresario globalizado a pagar impuesto dos veces. Una inversión en la Florida paga impuesto en EEUU y después en Colombia por la misma utilidad. Para aquellos colombianos cuyos impuestos genuinamente mueven la aguja fiscal, vivir en Colombia cuesta mucho. Los que se rehúsan a irse, muchas veces pasan sus activos a empresas en el exterior. No es que la nueva reforma tributaria nos vaya a empujar al precipicio, es que ya estamos en caída libre y no hay paracaídas.

Sin meterse en la complejidad de deducciones, ingresos declarados por personas naturales de rentas internacionales son $159 mil millones, la medida en el mejor de los casos recauda $55.500 millones. Puede que suene mucho, pero es ínfima en un presupuesto de $502 billones. Pagar solo por ingresos nacionales en persona natural haría al país más atractivo. Para nuestra diáspora, el ingreso global les hace prohibitivo regresar a Colombia, aún ya pensionados. Sobra decir, no somos competitivos contra destinos de segundas viviendas como Panamá o Republica Dominicana.

Ser competitivos no solo frenaría el desangre migratorio, inclusive si es bien diseñado, podría atraer personas de otras jurisdicciones. Atraer los colombianos de los más altos ingresos no solo mejoraría impuestos al pagar otros tributos sino mejoraría el emprendimiento. El beneficio tributario es mínimo para una medida que expulsa talento obviamente hay mucho consultor que depende de ella.

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Prohibicionismo ambiental

El retroceso de 10 puestos del 29 al 39 en el ranking del Foro Económico Mundial de Índice de Transición Energética ratifica que la estrategia de prohibicionismo ambiental por si sola, no garantiza resultados ambientales. Con mucho orgullo el gobierno sistemáticamente viene negando licencias ambientales de cobre, oro, concesiones de puertos, autopistas, inclusive de los proyectos de energías renovables. El colapso de inversión al nivel mas bajo como porcentaje del PIB desde el 2005 tiene varias consecuencias, pero desaprovechar el interés nacional e internacional de invertir en sostenibilidad claramente hace daño al medio ambiente. Las grandilocuentes exigencias en foros internacionales pierden fuerza si localmente no hay resultados en construir un economía mas sostenible. Negar los proyectos de desarrollo por “razones ambientales” tendrá un aplauso momentario, pero nos atrapa en la irremediable posición de quedarnos en mas de lo mismo. No hay iniciativa, no hay cambio.

Es razonable que el antiguo Fondo de Adaptación que imperfectamente venia haciendo la tarea que impone el cambio climático pase de Min Hacienda a Min Ambiente. Para empezar ese fondo debe alinear los variados proyectos de inversión a nivel territorial con las diferentes Corporaciones Autónomas. En vez de hacer tanto micro proyecto se debe hacer grandes iniciativas con una gran bolsa: solucionar la erosión costera del Caribe, resolver problemas de la mojana, prevenir deforestación en el Amazonas, etc.

 

Esperemos que a pesar del fracasado esfuerzo de fin de ano de elegir aliados de la Vice-Presidenta en estos cargos, se pueda dialogar con los directores, aunque no sea de la cuerda política del gobierno o sean apolíticos. Inclusive, a pesar de la desconfianza de la inversión privada del gobierno, la clave seria utilizar recursos públicos para jalonar inversión privada. Desafortunadamente el afán fiscal del gobierno debilito la posibilidad del pago impuestos con conservación en la ultima tributaria. Pensar en mecanismo de mercado para lograr la transición energética podría facilitar inversión extranjera.

Ahora que va a ser anfitrión de la COP 16 de Biodiversidad en el 2024 tiene muchas lecciones del mercado de créditos de carbono para promover bonos para financiar la protección de la biodiversidad. Si bien Colombia no es un gran emisor ni actual ni histórico de dióxido de carbono y tiene una capacidad intermedia de remediación, si es una potencia global en biodiversidad. El segundo país mas biodiverso del mundo en términos absolutos después de Brasil, el cambio climático esta arrasando con nuestra biodiversidad. Con la meta de proteger 30% de la biodiversidad global en la ultima reunión en Montreal, se debe construir la infraestructura institucional para que estos fondos se materialicen. Se debe validar proyectos, fijar prioridades de biodiversidad, tener mecanismos de verificación, vincular comunidades, y priorizar soluciones naturales. En materia de biodiversidad los recursos pueden ser sustanciales, pero hay que crear un mercado.

A la fecha no esta clara la estrategia de transición energética del gobierno. Ni si quiera a campanas que promocionen mejores hábitos de consumo en el hogar. Esperemos que estos recursos para el medio ambiente que históricamente tienen bajos niveles de ejecución por la falta de proyectos, no acaben nuevamente en manos de consultores ambientales. El gobierno encontrara que plan ambicioso de transformación hacia la sostenibilidad tiene mas aliados que su coalición de gobierno.

Penn, Harvard y MIT

El conflicto de Israel contra Hamas se está extendiendo mucho más allá del Medio Oriente, siendo su más reciente víctima la presidenta de la Universidad de Pennsylvania, Liz Magill. Es una conversación que genera pasiones y malentendidos. En este caso, las tres presidentas de Penn, Harvard y MIT, en sus declaraciones frente al congreso de EEUU, argumentaron que por sí solo un genocidio de judíos no violaba el código de conducta de estas universidades. La indignación fue de tal magnitud que, tras lograr la renuncia en Penn, varios activistas están apuntando a las otras presidentas.  El incidente creó un debate sobre doble estándar en la academia.

Lo increíble es lo sorprendidas que están las presidentes con la indignación. Su argumentación se basa en las sentencias de la corte suprema de EEUU donde opiniones por sí solas, aunque sean ofensivas, no pueden ser sancionadas. Una cosa es el estándar de comportamiento para consecuencias legales y otra cosa es el deber universitario de guiar al estudiante. Argumentar a favor del genocidio de judíos, armenios, musulmanes, católicos o cualquier raza o religión, no es aceptable bajo ningún contexto. No debe estar presente en ninguna universidad. Sobra decir que, dada la historia reciente del holocausto y sinnúmero de actos anti-semitas, estas amenazas tienen credibilidad.

 

En algunas de estas instituciones, las teorías del presentismo, donde se ve la historia con los estándares morales de hoy, está construyendo una nueva moralidad. Es la lógica que lleva a condenar a Abraham Lincoln como racista y que durante el paro llevó a tumbar estatuas de los “colonizadores” de Colombia. Bajo sus nombres en inglés, estos “woke” reconstruyen la sociedad en función de “opresor” y “oprimidos”. Es un mecanismo de justificación de cualquier acto del oprimido para derrotar al opresor. De aquí, muchas voces lamentan que Hamas haya violado abuelas y asesinado niños, para después entrar a justificarlo. De la deshumanización de los israelís es que salen los llamados de genocidio contra los judíos. Es una nueva moralidad que es equivocada.  

Especialmente sorprendente es lo que sí viola los estatutos de conducta de estas universidades. En los casos de sexualidad, se le da preferencia a la “verdad emocional” por encima de la ciencia. Si una persona se declara no binaria y alguien decide no utilizar los pronombres preferidos de esa persona, se constituye un acto violento y amerita suspensión. Carole Hooven, exitosa profesora de Harvard, que reconoce la fluidez en las preferencias sexuales, no estaba dispuesta a retractarse de la idea que la sexualidad biológica es binaria, fue tan agredida que le tocó dejar la universidad de Harvard. Hay tolerancia para unas ideas, pero para otras no, es claramente anti-liberal.

De la caricaturización del árabe como terrorista, sale la indolencia por sus víctimas, un fenómeno que también se debe combatir. Todos podemos ser más incluyentes en temas raciales, religiosos y preferencias sexuales. Esto se logra en la búsqueda de la verdad que puede ser incomoda y lastimar sentimientos. Si bien el contexto histórico es importante, robarle a una persona su individualidad al reducirlo meramente a la sumatoria de su perfil demográfico, puede ser el acto más discriminatorio posible.

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Desastre en salud

Por: Simón Gaviria

En la historia reciente del país no hay antecedentes de gobiernos con menos éxito legislativo. A estas alturas del partido, el único logro sustancial es una tributaria que se despedaza en cada sentencia judicial. El quijótico esfuerzo de la reforma a la salud solo ha hecho daño, el gobierno aun ganando, pierde. Todas las voces moderadas socialdemócratas salieron, para depender de un equipo de izquierda con limitada experiencia. A pesar de este sacrificio, nunca hubo un vocero que explicara a los colombianos como se benefician de la reforma. Lo más absurdo es que el proceso ha sido tan accidentado que probablemente se caiga la totalidad de la iniciativa por vicios de trámite.

 

Se perdió una oportunidad para tener una conversación sobre temas fundamentales de la salud. No se está discutiendo la integración vertical, no se fortalece el control de precios de medicamentos, no se creó un control de precios de procedimientos, no se diferencian esquemas en el territorio, ni se implementan estándares de calidad. El giro directo, que creamos en 2014, se fortalece, pero podían lograrse sin el caos que se esta creando. Lo sustancial no se aborda o queda sujeto a reglamentación.

Entendiendo que la puesta en escena del sector salud es difícil de entender para los que no siguen el sector, ningún vocero explicó qué quiere Min Salud. Solo parece un afán de acabar con el aseguramiento para dar un paso hacia la estatización del sector, llamar la salud “paramilitar” destruye el debate. Nadie entiende para qué destruir la meritocracia en el sector. Es probable que desde que empezó la conversación, el gobierno no haya sumado un aliado ni en el congreso ni en la opinión publica.

Desde la sentencia T-760 que declara la salud como un derecho fundamental, las reformas estructurales del sector deben ir por la comisión primera, pero la falta de votos hizo que la reforma fuera por la séptima. Tampoco se presentaron razones de fondo para acumular todos los proyectos de ley de salud. En varias ocasiones durante su trámite, se interrumpieron irregularmente votaciones, violando la Ley 5. De la misma manera, se han hecho anuncios extemporáneos una vez levantadas las sesiones. Además, las diferentes facultades extraordinarias y artículos estatutarios, se han votado sin las mayorías requeridas. Si la Corte Constitucional sigue con su jurisprudencia de vicios de trámites, el proyecto ya está muerto.

Mucho esperó la izquierda colombiana para llegar al poder, la agenda de reformas es pobre. Revivir las ideas económicas de los años 70s les gustará a algunos, pero no es la respuesta para resolver los problemas del siglo XXI. Después de la troika de reformas pensionales, laborales y salud esperamos que finalmente venga algo innovador. Al perseguir con tanta intensidad legislativa y administrativa los privados en salud, es probable que el gobierno logre quebrarlos, pero nadie les va a otorgar eso como una justificación para reformar el sistema. Más bien deberían resolver el “peaje” del Invima que tiene a Colombia con escasez de medicamentos y sin la capacidad de ampliar la producción nacional.

Las primeras legislaturas son las más fáciles, lástima que de esta no está quedando nada, lo que viene es mucho más duro. Aunque gane un pulso político, el gobierno ya perdió.

PDVSA Y Ecopetrol

Antes de descartar esta alianza, se necesitan más detalles. Naturalmente hablar de una fusión, de cualquier naturaleza, no tiene ningún sentido. Toca salir antes de ser novios y de ahí al matrimonio hay mucho camino. El actual gobierno corporativo de PDVSA no es garantía frente al riesgo de intromisión estatal en las decisiones de inversión o selección de proveedores. Hay otros mecanismos de asociación que podrían ser beneficiosos para ambas partes. Los actuales proyectos de gas propuestos parecen no ser viables, en el corto plazo, el deterioro de la infraestructura, no permite avanzar. Aun así, las posibilidades de cooperación son evidentes en varios aspectos de la cadena de valor. Lo clave radica en precisar son los detalles.

Aunque la actual producción de petróleo de Colombia es 30% mayor a la de Venezuela, ellos son un Goliat a nuestro David. Venezuela no solo es un miembro fundador y actor fundamental de OPEC, sino que la naturaleza de su crudo definió la política de refinación de EEUU desde los 70s hasta los 00s. Con 77.500 millones de barriles probados de petróleo convencional y 235.000 millones de barriles no convencionales, Venezuela ostenta las mayores reservas petroleras del mundo. Las reservas de Colombia raspando pasan los 2.000 millones de barriles. Sin sanciones, Venezuela podría aumentar su actual producción de 500 miles barriles diarios hasta seis veces ese valor. Ayudar en el renacer del sector de hidrocarburos venezolano, no solo le prestaríamos un favor a un país hermano, sino que el dividendo económico para Colombia sería transformacional, yendo más allá del petróleo.

 

Además de sus vastas reservas, hay pozos disponibles que podrían recuperarse rápidamente. PDVSA podría facilitarlos para que Ecopetrol realice las inversiones y operaciones necesarias. Esto podría garantizar una regalía para PDVSA, permitiéndonos trabajar juntos, pero no revueltos. Nuestra exposición puntual sería el entorno venezolano y la incertidumbre geológica, riegos medidos con una compensación sustancial. Esto, bajo el supuesto de que EEUU levante sus restricciones sino seria muy riesgoso.

Las conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano avanzan, pero fácilmente se pueden descarrilar. La decisión de anular la consulta de la oposición no es alentadora, y la demora en liberar presos estadunidenses tampoco ayuda. Aunque el levantamiento de sanciones anunciado por EEUU abarca al sector de hidrocarburos, el hecho de no levantarse para varios líderes venezolanos, mantiene la parálisis funcional. Si los avances en garantías democráticas persisten, sería excelente que Ecopetrol estuviera de primero en la fila. El contraste de Colombia frente a Venezuela, hace de nuestro país una opción óptima para manejar operaciones binacionales.

No solo tiene el 18% de las reservas mundiales de petróleo, Venezuela también es próspera en gas, oro y otros metales. Si Venezuela recupera su ritmo económico, sería un gran alivio para el sector industrial colombiano. Ante la ausencia de demanda interna en Colombia, la posibilidad de volver a vender productos básicos a Venezuela sería un alivio para los industriales y agricultores colombianos.  Esto, más un marcado aumento en los dividendos de Ecopetrol, hacen que evaluar la posibilidad valga la pena.

Simón Gaviria

Nubarrones económicos

El año 2023 luce menos dinámico que 2022 en términos de crecimiento económico, y lo más preocupante es que 2024 no pinta nada bien. En el primer trimestre de 2023 la economía se desaceleró a 3.0% y en el segundo trimestre el crecimiento fue solo un 0.3%. Esto obedece a la disminución de demanda interna, la inversión como porcentaje del PIB colapso a 16.9% en el primer semestre, el nivel más bajo desde 2005 (excluyendo anomalías de pandemia). Ya muchos países nos están tomando ventaja, por ejemplo, EEUU con tasa de renta corporativa de 21%. Si no se dan pasos para facilitar la inversión, el panorama económico se puede deteriorar materialmente en 2024. No se está sembrando para cosechar si hay hambre, el gobierno está avisado.

Existe un ciclo económico observado donde los salientes mandatarios locales tienen su máximo nivel de ejecución su último año, después hay un freno cuando llegan los nuevos gobernantes, quienes empiezan a diseñar su plan de desarrollo. Se espera que en 2023 este fenómeno sea menos pronunciado, ya que el gobierno nacional optará por frenar esquemas de cofinanciación con regiones que no gobierna la izquierda, la gran mayoría. Para 2024 el gobierno debe pasar la página, trabajar con todas las regiones del país, la venganza no da resultados.

 

Los actuales motores de crecimiento, remesas e inversión minero-petrolera, se deben a factores externos. Si se mantiene el actual ritmo, es probable que ambos factores logren estar cerca de los $50 billones para 2023. Buenos precios del petróleo atraen inversión, no importa la hostilidad regulatoria, igualmente robustos mercados laborales en EEUU y España tienen un impacto en remesas. El deterioro de la demanda interna debería ser algo a lo que el equipo económico le haga seguimiento.

Una actitud de “yo no me opongo a la inversión privada” no es suficiente, se deber pensar en cómo promoverla. El fenómeno de El Nino no es culpa del gobierno, pero el hecho que, según XM a octubre soló haya entrado el 16% de la capacidad de generación eléctrica prevista, por lo menos debe hacer reflexionar al gobierno. Esos 5.546MW ausentes en el peor de los casos nos salvarían de un apagón, pero como mínimo su ausencia hará más cara la energía para la industria y los hogares en el primer semestre de 2024.

Con proyecciones de crecimiento entre el 0.8% y – 1.5% para 2023 y cifras de desempleo del 9.3%, hay una de dos opciones: o las mediciones de mercado laboral del DANE están equivocadas o hay una caída sustancial de productividad. Puede que haya un fenómeno de medición de mayor emigración de colombianos, el regreso de venezolanos y un aumento de tele-trabajo. Si confiamos en las cifras del gobierno, el aumento del empleo con bajo crecimiento, por mera matemática significa baja productividad. El impacto se verá en una disminución en el incremento del salario mínimo.

James Carville decía que, si pudiera reencarnar en algo, le gustaría ser el mercado de deuda para hacer intimidar a todo el mundo. Déficits masivos durante la pandemia salvaron a la economía colombiana, pero nos dejaron sin mucho margen en este momento. El crecimiento del futuro, si viene, necesita inversión privada. Si empieza un deterioro en las cifras sociales, el margen de maniobra del gobierno será cada vez más estrecho.  

Simón Gaviria Muñoz

Elecciones territoriales

Se tiene que conocer mucha filigrana de política regional para desglosar los resultados de quién ganó y quién perdió en el marasmo de coaliciones políticas. Difícil entender cómo les fue a los partidos detrás de coaliciones como Quinchía Avanza o Compromiso por Belén, dado que hay dinámicas únicas en cada municipio. Lo que sí quedó claro, es una insatisfacción profunda sobre la actual dirección del país. Los esfuerzos de la maquinaria estatal de desviar candidaturas contrarias al gobierno, fracasó. Sería útil para el gobierno nacional, actualmente compuesto solo de dirigentes de izquierda, trabajar constructivamente con los nuevos mandatarios. Por lo menos, muchos de ellos serían capaces de ejecutar los billones de pesos de presupuesto durmiendo en cuentas bancarias.

Al limpiar los resultados electorales territoriales con las votaciones puras de las corporaciones públicas, ya es más claro el panorama de los partidos.  En lo regional la mayor votación fue Liberal (2,430,000 a concejo), seguida de la Conservadora (1,900,000 a concejo) un resultado similar arroja las cifras de asamblea. Esto sin tener en cuenta que muchos de los congresistas de estos partidos, avalan gente de otros movimientos porque no caben en sus listas.

 

Esta situación también ocurre en elecciones unipersonales, donde muchas veces más de un liberal o conservador aspira, pero al existir solo un aval y una lista, muchos optan por inscribirse por otra colectividad. El alto costo de las consultas hace casi inviable la democracia interna y, de lograrse esta, los medios de comunicación crucifican a los candidatos que participan. El resultado acaba siendo el camuflaje en otras personerías, para después votar al Congreso por estos congresistas. Un fenómeno facilitada por recientes fallos, los cuales duplicaron el número de partidos. 

Esta realidad debería conducir a una reforma política que reconozca los matices ideológicos al interior de los partidos. Nadie debería tener que irse de su partido simplemente por mecánica electoral. Los partidos deberían poder conformar varias listas para las elecciones, incluyendo las unipersonales. En el caso Liberal podría haber una “social-democrática” pero al mismo tiempo una “libertaria.” En el Conservador una del “social conservatismo” y otra de “Salvación Nacional.” En la izquierda un esfuerzo como este se hizo con éxito para el congreso en el Pacto Histórico, pero las reglas electorales lo destruyeron en regionales. Hay un valor inmenso de voces independientes, pero cuando el coctel de apoyos es tan diverso que los candidatos son todo a la vez, pierde la democracia. Mayor claridad ideológica crea más responsabilidad política para los candidatos con sus electores.

Tanta incertidumbre que se vive en la conversación nacional, llevó a que muchos votaran por certezas en lo local, personas que ya habían ejercido el cargo o tenían múltiples aspiraciones. Le haría mucho bien al gobierno no enfrascarse en luchas conceptuales, si busca tener resultados en lo social. El mensaje del gobierno de sectarismo de primero reunirse con los que votaron con Pacto Histórico no es positivo. Al siguiente día del resultado, el peso se revaluó, ojalá alguien en el gobierno hable con la gran mayoría del país, aunque esta opine diferente.

Simón Gaviria

COP 28

El sistema de conferencias de las partes del cambio climático ocurre anualmente para evaluar y proponer avances. En su versión 28, prevista en Dubái a finales de noviembre, resultó polémica la designación de Sultán Al Jaber a presidir la reunión. El es Ministro de Industria y Tecnología Avanzada, pero también es presidente de la petrolera estatal. Varios activistas argumentan que existe conflicto de intereses, considerando que EAU no solo es miembro de OPEC, sino que es uno de los principales exportadores de petróleo.  Sin embargo, dado el sustancial esfuerzo diplomático, es posible que se abra un debate interesante: ¿Puede la industria de petróleo ser carbono neutro? Todo indica que sí.

Se celebró inmensamente el esfuerzo de la COP 21 en París, por ser el primer evento donde se alcanzaron metas concretas frente a la disminución de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). El logro no es una camisa de fuerza, cada país, con la regulación que escoja, puede definir lo que va a lograr en reducción. De esta manera, es la presión de la ciudadanía y la comunidad internacional la que conduce a lograr la meta colectiva. Lo que falta es regulación para los sectores más contaminantes globalmente, incluyendo el petróleo, ya que las responsabilidades nacionales no permiten acuerdos. Nadie quiere de manera individual ser el único que asume costos, perdiendo competitividad.

 

Así como era necesario un feroz anti-comunista como Nixon para que EEUU hiciera la paz con China, puede que sea el presidente de una petrolera estatal el que nos genere los primeros estándares comúnmente aceptados para los sectores más contaminantes. Tras conversaciones con más de 50 presidentes de petroleras, se está generando un protocolo para lograr el deseado petróleo verde antes de 2050. No solo eso, también se lograría un entendimiento sobre acero, aluminio y cemento. El propósito puntual antes de 2030 sería ser emisores neutros de metano avances que se pensaban hasta poco impensables.

Sí existen voces de ONGs buscando la eliminación gradual de hidrocarburos, pero puede que estemos lejos de esta meta. En la última COP en Glasgow, se estuvo cerca de un lenguaje que gradualmente eliminara el uso de carbón térmico. El énfasis de esta COP estará más enfocado en modernización que en prohibición. EEUU con EAU están pujando duro al sector de hidrocarburos a desarrollar el mercado de hidrógeno, fomentar las tecnologías de captura de carbono, eliminar el metano e incrementar de manera exponencial las energías renovables. Toda esta agenda debería estar replicándose en Colombia, pero se ve poco de este esfuerzo en la política pública.

Razonablemente, Min Minas está enfocando en la eminente crisis de El Niño, pero Min Ambiente, Hacienda, DNP, ANH y Ecopetrol podrían ser mayores protagonistas. En todos los sectores de modernidad, el potencial de Colombia es masivo, se podría generar la posibilidad de que en país también ocurra la innovación. Sabiendo que rogar para intercambiar deuda por conservación tiene poco futuro, Colombia debería liderar la integración de mercados globales de carbono, pero ni si quiera se ha creado el mercado nacional. En lo diplomático, lo perfecto es enemigo de lo bueno, si somos inteligentes entenderíamos que los vientos globales soplan a nuestro favor.

Freno del consumo

Una manera de entender el bienestar es ver los productos que compra el ciudadano. El dato recién publicado en julio evidencia una contracción del 8.2%, siendo la segunda mayor caída de 2023. Los vientos de impulso al consumo que nos dejó la pandemia, se están agotando. No hay motor de crecimiento local, el estímulo son las remesas, las cuales presentaron un incremento en septiembre del 12%, a un récord de US$8,187 millones, y el sector minero-energético con inversiones de US$8.009 millones es el único segmento de inversión extranjera directa que aumenta con un 38,8%. Aunque los datos de desempleo mejoraron en casi 1.0% frente a junio, el PIB del segundo semestre registró una caída del 3.9%. El gobierno debería pensar en un plan anti-cíclico que impacte la demanda pero que, con señales regulatorias, incentive la inversión privada nacional.

Naturalmente, el incremento de tasas de interés frenó los ritmos de crecimiento del crédito al consumo, se pasó del 20% a tan solo el 3.7% nominal en julio. Según RADDAR marco un decrecimiento del 5.2% de consumo per cápita real en Colombia. Solo en cinco categorías hay incrementos en consumo, según el DANE: bebidas no alcohólicas (14.2%), licores y cigarrillos (10.0%), aseo personal (5.0%), artículos de uso doméstico (4.0%), y libros, periódicos y útiles (3.0). Lo demás, todo cae con varias categorías en dos dígitos. El fenómeno cobija los cinco principales departamentos más Bogotá existe decrecimiento continuo de las ventas minoristas desde noviembre de 2022. Sin motor de crecimiento interno, el colombiano está dejando de comprar.

 

En un contexto donde se dan señales hostiles regulatorias contra el capital privado y se presenta un deterioro en la seguridad, el país es más vulnerable a los vaivenes internacionales. Inclusive, a pesar de señales de mercado de expansión, muchos industriales se mantienen al margen, dados los altos niveles de incertidumbre. Las remesas reflejan la salud de los mercados laborales de Europa y EEUU que benefician la diáspora colombiana, mientras el auge minero-energético del gobierno Petro más que, inducido, es un síntoma de altos precios. Las promesas de auges turísticos, agrícolas o industriales no se están materializando en las cifras. Una desaceleración del contexto internacional podría tener una repercusión desmedida en lo local.

Varias iniciativas del gobierno podrían traducirse en un programa de reactivación económica: transición energética, vivienda rural, reorganización programa de subsidios, reindustrialización, etc. A la fecha estas ideas no cuentan con un CONPES que las aterrice ni un respaldo presupuestal que las magnifique. Aunque antes de iniciar nuevo gasto, es necesario enfocarse en ejecutar lo ya comprometido, considerando que al final de julio el gobierno solo había comprometido el 32.5% de su presupuesto asignado.

Si el segundo semestre sale igual que el primero, hay que tener un programa listo para el próximo año. Los nuevos alcaldes y gobernadores son lentos en ejecución mientras aprueban sus planes de desarrollo, y esto sumado al Niño, cada vez más intenso, el año 2024 no pinta para nada bien. El descenso en consumo de los hogares colombianos debería ser una alarma para generar acción. Entendiendo la coyuntura, la omisión puede ser un pecado.

Revolución de pagos

En el caso de los bancos centrales, ser aburrido tiende a ser bueno. Su independencia consagrada como eje fundamental de la Constitución del 91, la gran mayoría de sus interacciones gira en torno las tasas de interés. La calidad de sus investigaciones y el manejo del portafolio pasan desapercibidos, pero se prepara una revolución silenciosa en el sistema de pagos. Esta modernización se logra gracias a avances tecnológicos que nos pasan del tortuoso trámite de validación de cheques a la inmediatez del pago digital. Pocas cosas formalizaron la economía de Brasil e India como los avances en este frente, esperamos que pase lo mismo en Colombia cuando entre en vigencia el segundo semestre de 2025.

David Vélez atribuye el éxito de Nu Bank a las decisiones regulatorias del banco central de Brasil. La banca brasileña era pesada en 2013, con cinco bancos que tenían el 80% de la participación del mercado, la idea que compitiera un naciente banco digital era improbable. Nu Bank se enfocó en la eliminación de comisiones y experiencia al cliente, pero fue la posibilidad del pago instantáneo digital respaldado por el banco central lo que permitió la eliminación de sucursales y burocracia, hoy cuenta con más de 35 millones de clientes con tarjeta.

 

En solo dos años el sistema de pagos inmediatos digitales en Brasil se desbordó: en octubre de 2022, registró 135 millones de usuarios de un potencial de 213 millones, transando US$190,5 mil millones, el ejercicio de formalización más grande en la historia de América Latina. Solo con un correo electrónico, un número de celular, o un código QR se usa el sistema de pagos. El Banco Central de Brasil obligó a todas las entidades financieras, incluyendo las FinTech, a participar de este servicio, el cual se presta gratis. A pesar del fantasma de contaminación de plata ilegal o fraude, se empieza la discusión de poder ofrecer crédito a través de la plataforma. Diferentes esquemas públicos tienen lecciones, en India UPI, el sistema de pagos inmediatos, tiene tasas de crecimiento de más del 58% anual.

En Colombia, ya se puede empezar a cantar una victoria parcial de modernización. El Sistema de Pagos de Bajo Valor (SPBV) empezó con esquemas privados pero que todavía no se hablan. En 2019 se implementó Transfiya, con 18 participantes, el cual, para 2022, aumentó en 336% el número de transacciones y en 495% el valor. Nequi y Daviplata avanzan con la estrategia de códigos QR; solo Nequi tenía 1.6 millones de códigos en 900 mil comercios, para mayo de 2023. Si todos estos sistemas fueran interoperables la magnitud del crecimiento seria mayor. Esto es el comienzo, las definiciones pendientes se definen en este momento con las facultades entregadas en el articulo 104 plan nacional de desarrollo.

Esperamos que el Banco de la República logre cambios estructurales frente a los pagos, transferencias, topes y comisiones, que reflejan el éxito brasileño. Debe ser esta entidad la que lidere reglas y estándares de interoperabilidad, confianza de información y liquidación de cuentas. Las experiencias de otros países son demasiado contundentes como para frenar esta iniciativa. El Ban Rep. tiene en sus manos una de las principales herramientas de formalización y lucha contra la pobreza. Todos le debemos ayudar.

Simón Gaviria

Transporte subsidiado

La propuesta del presidente Petro de ofrecer gratuidad en el transporte público a cambio de un pago en la factura de luz ha recibido sorprendentes apoyos como el de Enrique Peñalosa, su más aguerrido contradictor. La mayoría de alcaldes vigentes recibieron con beneplácito la propuesta sujeta a mayor detalle. Claudia López en sus cálculos estimó que en el caso de Bogotá la contribución sería de 200 mil pesos, una cifra por fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos. Sin saber la metodología para alcanzar esa cifra, lo que sí es un hecho es que la falta de empadronamiento en Colombia hace difícil la focalización efectiva. Considerando que el transporte público no tiene progresividad en tarifa, sería bueno tomar la idea del gobierno y explorar, por si solo no es suficiente la calidad y implementación son problemas.

Desde el Plan de Desarrollo de 2014, al transporte público pasó de se le abrió la puerta para subsidiarlo. La idea de que el gobierno nacional subsidie el transporte público, como ha insinuado el Min Transporte, sería novedoso. Aunque existen dudas sobre las capacidades fiscales del gobierno, no hay chequera que aguante, solo ayudar a crear un nuevo esquema de financiación sería útil.

 

Pasar de un esquema de pagar por usar a otro donde todos contribuimos al transporte público, puede ser controversial, pero sin duda crearía una sociedad más igualitaria. El simple ejercicio de tomar el gasto anual y dividirlo por el número de predios, podría causar facturas de energía imposibles de pagar para la mayoría de colombianos, especialmente si viene un niño en energía el próximo año. Para poder calibrar una tarifa progresiva, hace falta tener mejor información de ingresos y saber cuántos miembros tiene cada hogar. Esto sería útil, no solo para optimizar el gasto en transporte público sino para todos los subsidios.

El riesgo de fijar subsidios es que remueve el incentivo de buscar eficiencias operativas, en el caso de Buenos Aires estos subsidios pueden llegar al 1% del PIB nacional. La incapacidad de los mandatarios locales de eliminar el transporte paralelo causo en Colombia un déficit estructural de demanda y financiero para los sistemas masivos. Una oferta con precio cero eliminaría por la fuerza de mercado el transporte paralelo y solucionaría los temas de demanda de muchos sistemas.

Uno de los retos del costo de transporte en Colombia es que la estructura tarifaria no prevé una tasa diferencial para usuarios recurrentes. En la mayoría de ciudades, el ciudadano local paga tarifa diferente a la del turista. Adicionalmente, el factor salarial de subsidio de transporte que desincentiva la formalización laboral, podría ser utilizado de manera más eficiente en un esquema de gratuidad en el transporte público. Un reto para abordar sería cómo manejar el transporte intermunicipal que es parte fundamental del mercado laboral.

Los sistemas de transporte masivo nacieron del pecado de muchos gobernantes que, con el afán de hacer obras, cargaron su construcción a la tarifa. Esto causó tarifas elevadas que significaron que no se materializó la demanda esperada. Después de pandemia, lo que venía mal resultó peor. Cualquier esfuerzo para reorganizar la financiación del transporte público es bienvenido, incluyendo la propuesta del presidente.

Gasolina en su pico

Por algunas décadas se ha estado vaticinando la cima de la producción petrolera sin mucho éxito, pero Sinopec, la estatal petrolera mandarina, acaba de hacer un anuncio histórico: en 2023 China llegará al pico de su consumo de gasolina. Así como la edad de piedra no se acabó por falta de piedra, la transición hacia medios de transporte más sostenibles no será por falta de petróleo. China tomó la decisión de hacerlo y lo logró, es justo el tipo de problema con robusta intervención estatal que tanto le gusta al equipo económico del gobierno. Más que atacar los hidrocarburos, el éxito en salvar el planeta es ofrecer alternativas, no se trata de prometer pobreza sino de ofrecer innovación.

Acelerar la transición energética requiere de ayuda estatal, no se da solo por altruismo. En materia de transporte, se requiere actualizar códigos de construcción y planes de ordenamiento territorial, para que nuevos apartamentos tengan carga eléctrica y los existentes prevean adecuaciones. Casi aún más importante, es la habilitación de suficientes electrolineras (gasolinera de electricidad) con cargue rápido de carros eléctricos por la ciudad y autopistas.

 

Las limitaciones en autonomía de viaje del carro eléctrico frenan su adopción. También se puede trabajar a través de impuestos, aranceles, créditos blandos y regulación, para hacer los vehículos eléctricos más asequibles y disponibles. Es una excelente medida que los vehículos eléctricos estén exentos de pico y placa. Se debe pensar en construir un pilotos con el transporte de carga en sus principales corredores.

Aunque hoy la mejor opción para promover la movilidad sostenible son los vehículos eléctricos, la regulación estatal debe promover varias alternativas. Vivimos en una época de tantos avances tecnológicos que el hidrógeno, la captura de carbono y el biodiesel pueden ser sorpresivos. La nueva estrategia de largo plazo de Toyota se está alejando de los carros eléctricos para apostarle a estas nuevas tecnologías. Igualmente, mientras se hace un despliegue de toda esta regulación, se debe reconocer el papel fundamental que cumplen los vehículos híbridos, son mangos bajitos.

El gobierno nacional debería pensar en un CONPES de movilidad sostenible. Es verdad que la administración Duque, a través de los CONPES de Movilidad Regional y Transición Energética, abordó la movilidad sostenible en varios capítulos, pero sería interesante ver al gobierno Petro desarrollar una estrategia integral agresiva. Un buen comienzo es el documento CONPES Distrital de Claudia López, el cual fija prioridades en la materia hasta el año 2040. Por ejemplo, se recogen temas tan importantes como que todos los taxis sean sostenibles en 2026, y lo mismo debería aplicar para UBER y demás plataformas, esto aporto mucho al éxito chino.

Actualmente, según Bloomberg, solo 24 países logran que más del 5% de las ventas de automotores sean sostenibles, pero en esto Colombia podría ser líder, especialmente en motos. El gobierno está haciendo lo correcto frente el precio de la gasolina, un acto de responsabilidad, pero podría hacer más para gestionar la demanda aunque sea de largo de plazo. Me atrevo a decir que, si bien esas propuestas audaces de transición causan mucho apoyo en campaña, en gobierno tendrían mayor respaldo.

Simón Gaviria Muñoz

País ganadero

Por: Simón Gaviria

En preparación de la aprobación del TLC con EEUU, un estudio de DNP de 2013 mostraba los productos con mayor potencial que tenían retos fitosanitarios. Según este estudio los arándanos, el acai, el pimentón y el aguacate podrían representar centenares de millones de dólares en exportaciones, pero solamente la carne podría sobrepasar los mil millones de dólares. Lo único que se necesitaba era la aprobación del Departamento de Agricultura de EEUU para habilitar la exportación de carne colombiana. Para esto se requería implementar el Decreto 1500 del 2007 que obligaba a tener estándares de higiene, frío y trazabilidad. Desafortunadamente, el masivo potencial de exportación de carne quedó en el papel.

 

Diez años después, no solo no se avanzó y no se exporta carne a EEUU, sino que ahora se quieren abrir mataderos municipales, lo cual puede ser un retroceso. La chef Leonor Espinosa criticó esta decisión al destacar que ningún matadero de zona rural cuenta con medidas fitosanitarias para garantizar la salubridad. Al habilitar estos mataderos buscando bajar un poco el precio de la carne se pone en riesgo la calidad del producto. Sin protección de salubridad se evapora la posibilidad de exportar carne y las potencialidades del hato ganadero. Si la carne no cumple con los estándares de Colombia, mucho menos va a cumplir los de EEUU.

El primer logro nacional fue la declaratoria de libertad de aftosa en 2009. Aunque hubo un riesgo de perder la clasificación en 2017, esta fue ratificada en 2020, lo cual abrió las posibilidades de exportar la carne colombiana. En 2022 el país recibió US$523,6 millones por la venta de carne al exterior, vendiéndole a Rusia, Chile, Egipto y Líbano que son países con menores exigencias fitosanitarias. Aun a estos destinos, limitaciones de sanidad derivadas de no poder garantizar la cadena de frío, hacen que la solución sea exportar ganado en pie, lo cual es mucho menos rentable. Mercados más grandes y que generan mayores utilidades, como la Unión Europea, EEUU y Japón están mucho mas alejados de nuestras exportaciones.

Si Colombia se especializara en los mercados de carne natural u orgánica, fácilmente podría multiplicar sus exportaciones. Para lograr esto, la carne tiene que estar refrigerada y debe tener trazabilidad, algo que ha sido imposible de lograr en el país. La prevalencia del consumo de carne caliente hace que la mayoría de frigoríficas no inviertan en cadena de frío y se ubique al producto en centro de consumo en vez de en zonas de exportación. El no prohibir el transporte de carne caliente limita el uso de frigoríficas, aumenta la clandestinidad, y los costos de transporte.

Los colombianos guardamos identidad cultural cafetera, aunque la frontera del café no abarca el país entero; es el ganado que es una constante en el desarrollo nacional.  Si la apertura de los mataderos municipales es indiscriminada y no viene acompañada de un plan de inversiones para modernizar la salubridad de las plantas de sacrificio, no solo se corre el riesgo de no exportar, sino que pueden aumentar las infecciones de E coli y salmonela entre otras. Muchos de los mataderos ni si quiera cumplen con las normas nacionales. Esta decisión hay que verla con cuidado, hacerlo sin pensar en la salud también tiene un efecto económico.

El Niño

En círculos energéticos es el tema central de discusión, su intensidad y duración es lo único que genera discrepancias entre expertos. Con el tiempo, dada la gravedad de los pronósticos, un grupo más amplio se suma a la conversación. Las medidas impuestas por la saliente Min Minas aumentaron la vulnerabilidad frente a un racionamiento. Para muchos sorprendieron positivamente las primeras declaraciones del nuevo Min Minas, mostrándose pragmático y técnico. Su mandato se caracterizará por la manera como enfrente el riesgo energético durante el primer trimestre de 2024. Parte de su éxito o fracaso, vendrá de lo que coseche durante 2023, la CREG y Min Minas son los actores principales.

El fenómeno de El Niño es un evento climático de aumento de temperaturas superficiales del mar, en Colombia se asocia a un largo periodo de sequía. Aunque ocurre cada 2 a 7 años, usualmente cada 4 fenómenos, hay uno de especial intensidad. Esta sequía es grave por su impacto en la agricultura y desastres naturales, pero traumática en la generación eléctrica. La matriz energética nacional es cerca del 70% hidroeléctrica. Si los embalses pierden agua, no se puede generar electricidad, por lo cual se activan las plantas que el país mantiene apagadas, si alcanza sube el precio, si están no alcanzan hay apagón.

 

La primera actividad en la cual debe concentrarse Min Minas es la de finalizar los nombramientos de la CREG. Desde abril, la Entidad está sin comisionados en firme para tomar decisiones. Es fundamental que las personas designadas sean técnicas, no que lleguen a aprender. Hay demasiadas decisiones pendientes a que se formalicen estos nombramientos.

Aunque estamos ya tarde, debe crearse un grupo especial de seguimiento para acelerar el ingreso de proyectos, considerando que varios de ellos se encuentran frenados por trámites. Cada molécula de energía va a ser útil durante 2024, deben entrar proyectos, aunque estén a prueba. Se debe prever un plan de abastecimiento de combustibles, así como de mantenimiento de la infraestructura logística de gas. Se podría inclusive pensar en promover la autogeneración en áreas especiales, donde la energía se liquide como si estuviera conectada detrás de la frontera de usuarios, otorgando los beneficios de generación. Hay muchas ideas por revisar, pero hay que empezar.

Existe una oportunidad para revisar el rol de la demanda. Para empezar, con hidrología extrema, se debe suspender la exigencia de consumo mínimo a grandes consumidores, dado que su objetivo de garantizar la expansión de cobertura, pierde sentido cuando el sistema está bajo estrés. Lo más innovador sería habilitar a consumidores para ofertar su desconexión en el despacho de corto plazo, incluyendo el mercado de restricciones. Se debe promover la agremiación de pequeños consumidores hasta el punto que ciudades enteras se puedan desconectar y recibir el correspondiente pago económico.

Por encima de cualquier tema, el sector energético necesita un capitán que maneje el barco, es clave entender que, además de la transición energética, tenemos que pasar el huracán que se avecina con El Niño. Con la holgura de capacidad instalada que existe hoy, puede que Colombia no se apague, pero el palo no está para cucharas, y el país no aguanta incrementos radicales en la tarifa.

Simón Gaviria