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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: simón gaviria

Pensión No-Binaria

Uno de los componentes más importantes de la reforma pensional es reconocer los derechos pensionales de la comunidad LGBTIQ. Es fundamental que todos, todas y todes estén incluidos en el sistema de seguridad social. Preocupa que esta innovación desajuste las cuentas actuariales, ya que los hombres biológicos tendrán que esperar 5 anos mas para pensionarse. Según la propuesta, los no-binarios, como las mujeres, se pensionan a los 57 años, mientras que los transexuales toman la edad pensional de su género; los hombres se pensionan a los 62 años. En Dinamarca funcionaria basados en la honestidad cultural del auto-reconocimiento, en Cundinamarca la presión de conseguir la pensión temprana puede llevar a muchos a decir lo que no son. Las consecuencias fiscales hay que tenerlas en cuenta.

La historia de consecuencias no esperadas está ampliamente documentada: en Holanda, cuando decidieron cobrar impuestos por el ancho de la casa, se construyeron casas angostas; en Inglaterra, cuando hicieron el impuesto sobre el tamaño de las ventanas, redujeron el ventanal; en Nueva York, cuando decidieron poner topes a los arriendos, ya no había unidades nuevas para arrendar. Los incentivos económicos tienen impacto sobre el comportamiento, Colombia es bien pragmático cuando hay plata de por medio.

 

Un estudio de Sandra Martínez y Julián Colmenares sobre la incidencia de subsidios sobre la tasa de natalidad entre 2010-2013 muestra que la probabilidad de tener un hijo si se ingresa a Familias en Acción aumenta en un 16,59% y al ICBF en un 41,21%. Si un subsidio por debajo del salario mínimo incide en la decisión de tener un hijo, entendiendo, además, que hay costos asociados, el impacto de declararse no-binario o transexual para recibir pensión anticipada podría ser mayor.

Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2020, al menos 1,2% de los colombianos se identifican LGBTIQ. Diferentes estudios, incluido Gallup para EEUU, ponen el 7,1% en esta comunidad. Desde los 60s, se viene más o menos doblando esta población en cada generación, ya en la Gen Z, el 21,0% se considera de sexualidad fluida. El entorno cultural de la persona, afecta mucho la identificación. En EEUU, donde hay una actitud más tolerante, la proporción es mayor, mientras en Uganda, donde se castiga la homosexualidad con pena de muerte es menor. La tendencia global es hacia más tolerancia.

Muchas sociedades están empezando a tener una conversación sobre cómo administrar la auto-identificación sexual sin verificación. En deportes, causó polémica que hombres biológicos que se identifican transexuales pudieran competir en disciplinas con mujeres biológicas. En otros casos, esta posibilidad tiene un efecto positivo sobre la salud mental de las personas. No se ha construido un estándar todavía, solo Dios sabe lo que se alberga en el corazón de las personas.

Considerando que estamos en Colombia, y hay plata de por medio, asumamos que va a ver más de uno que mienta diciendo ser no-binario sin serlo. Aunque se mantiene el piso de las 1.300 semanas, recordemos que solo 23% del país logra pensionarse, por lo cual lograrlo cinco años antes es un fuerte incentivo. Para efectos fiscales, es mejor asumir que muchos lo van a hacer y transparentar las cuentas.

Simón Gaviria

 

 

¿Dólar Débil?

Este año recibimos el peso con una devaluación del 20%: a finales de 2022, el dólar marcaba $4,810. En lo corrido de 2023, una modesta revaluación del peso frente a la moneda americana coincide con una caída general frente a otras divisas. Algunos confunden una coyuntura, con la idea de destronar el rey dólar, argumentan que la tensión con una China ascendente y las sanciones por la guerra de Ucrania llevarán a un mundo multi-polar que reemplazará al dólar como divisa de reserva. Aunque hemos visto esfuerzos por des-dolarizar desde 1973, cuando se acabó el estándar de oro, la verdad es que este sigue de líder, inclusive puede que su dominancia haya aumentado durante la pandemia.

Es clave entender lo que estamos regresando a la normalidad, las monedas tienden a apreciarse: si suben tasas de interés, se incrementa exportaciones o atraen más inversión, su moneda se aprecia. Estas normas se suspenden en periodos de extrema incertidumbre, donde los inversionistas priorizan preservar capital sobre los retornos. Los temores de la pandemia condujeron al dólar a su tasa de cambio más elevada de los últimos 20 años. Con el fin del Covid, menores utilidades corporativas incluyendo quiebras bancarias y un freno en incremento de expectativa de tasas, causó una leve devaluación del dólar. Las reglas generales ya no están suspendidas, ya pocos tienen tapabocas.

 

Es verdad que Brasil, Rusia, India, China y Sur África (BRICS) discutieron crear una moneda única con respaldo de oro. Rusia desde 2008 viene proponiendo la creación de una súper moneda con poco éxito. El mes pasado China convenció a Rusia, actualmente por fuera de la economía global, que usara el Yuan como moneda de referencia. El mismo anuncio lo habían hecho en 2009 y 2013 sin mucho efecto. Similares anuncios de Arabia Saudita, Francia y Brasil todavía no tienen transacciones. El hecho es que solo el 2% del comercio global se hace en Yuan, pero si quitamos las transacciones entre China y Hong Kong, este es tan solo 0.5%, de hecho, se hace más comercio en Peso Mexicano.  Todavía están lejos de reemplazar el dólar.

Es verdad que el monto de reservas globales en dólares ha disminuido de 72% en 1999 a 59% hoy. Esto se debe a que muchos países ya no atan su moneda al dólar y que la comunidad europea tomó el Euro para comercio y reservas. Digan lo que digan, en abril de 2023, el 88% del comercio global fue en dólares, en las Américas fue más del 96%. Por ahora, la dominancia del dólar por los menos durará varias décadas. Desde 2010, el dólar se ha apreciado 40% frente a una canasta representativa de monedas. Esta apreciación fue particularmente fuerte respecto al peso colombiano, que desde el inicio de la pandemia ha perdido más valor que las monedas de Brasil, Perú, México y Chile.

Es difícil saber el destino de la tasa de cambio, algunos técnicos en DNP/Hacienda/ Ban Rep creen que el modelo de equilibrio cierra en $4,200 y que lo adicional es turbulencia. Otros en mercados financieros ven un cierre cercano a los $4,800. La verdad es que, frente al comportamiento del dólar americano, muchos se han quebrado apostando en contra de la resiliencia de la economía de EEUU. La volatilidad de corto plazo puede tener sentido, pero los fundamentales de largo plazo son fuertes.

  Simón Gaviria

 

 

 

Remesas digitales

El 2022 fue récord histórico, llegaron US$10,981 millones de remesas al país. Con el precio del dólar subiendo $762 durante el año, su impacto económico fue aún mayor, cerca del 66% del presupuesto de inversión del gobierno. La diferencia es que este llega directamente al bolsillo del consumidor, con una capilaridad que permite la diversidad territorial. Según el Banco Mundial, Colombia es el tercer país de América Latina que más recibe mayor estímulo de remesas como proporción del PIB. Muchos esperaban que después de años de crecimientos elevados, finalmente llegara un descenso, pero a pesar de la meseta de la pandemia, durante el primer trimestre de 2023 se presentó un incremento del 23.6% en dólares frente al año anterior, fue sorprendente. Aunque hay voces escépticas sobre las causas, sin duda las remesas digitales están revolucionando el sector.

Según el estudio del Banco Mundial, entre 2011 y 2020 globalmente las comisiones de envío de remesas se redujeron en 32.4%. Al principio de la década pasada el intermediario, se quedaba con 7.7 pesos de cada 100 enviados. El tamaño del mercado, la estabilidad cambiaria y la penetración bancaria contribuyeron al descenso tarifario, pero los avances tecnológicos de banca digital fueron trascendentales.

 

A pesar de que no existen datos consolidados del último año, la proporción de remesas digitales hacia Colombia en 2019 pasó del 12% del total a casi duplicarse en 2021, con 21%. Teniendo en cuenta la profundización digital que ocurrió durante las cuarentenas, es razonable pensar que esa tendencia seguirá creciendo. Como consecuencia del incremento del espacio digital y la reducción del manejo del efectivo, las comisiones siguen cayendo. En consecuencia, WordRemit, una empresa digital de remesas, recortó en abril en 43% el costo de enviar remesas de EEUU hacia Colombia.

Este fenómeno de digitalizar remesas también está conduciendo a un incremento en la bancarización. Durante el periodo de 2019 al 2021, el giro de remesas a cuentas bancarias incrementó 30.4% para llegar a 46% del total. Al formalizar estos giros y permitiendo la minería de datos, se fomenta un círculo virtuoso de democratización del crédito.

Naturalmente las condiciones macroeconómicas facilitan incrementos, pero también se debe ser conscientes de la creciente importancia de nuestra diáspora colombiana. Si las remesas se clasificarán como una exportación, no solo equivaldría a más del 220% de lo que se exporta de hidrocarburos, sino que aumentaría las exportaciones en 51%. Este dinamismo actual es crítico, ya que marzo fue el peor mes de inversión extranjera de portafolio desde noviembre de 2021.

El costo de remesas ha tomado tanta importancia que es un propósito explícito en el punto 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una visión más escéptica argumenta que el incremento de remesas esta correlacionado con lavado de activos. Los carteles fragmentan los recursos para disimularlos como remesas, por debajo de US$10 mil pasan de agache. Dado el incremento radical de las actividades de narcotráfico puede que haya algo de eso. Al mismo tiempo es incuestionable que la tecnología de remesas digitales está bajando costos, disminuyendo tiempos, y facilitando crédito como nunca antes.

Simón Gaviria Muñoz

 

 

Contrato laboral digital

El trabajador digital no encaja en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano de 1950 ni en los de otros países del mundo, la pandemia solo hizo esto mas evidente. La tecnología cambio la manera como muchos se relacionan con el mercado laboral. El trabajador digital es mas itinerante, acumula contratos, y necesita mayor flexibilidad. Esto aplica a una madre cabeza de familia que empieza mas tarde su jornada porque deja los niños en el colegio o un estudiante que programa el fin de semana para tener ingresos complementarios. Las buenas intenciones propuestas en la reforma laboral podrían simplemente eliminar estos empleos. Lo importante es reconocer la realidad económica, se debe expedir un contrato laboral digital nuevo.

Aunque la retorica política busca que el estado garantice el derecho al trabajo, la realidad es que no existe presupuesto para contratar a cada desempleado. Se requiere del sector privado para generar suficiente empleo. Para que esto ocurra, el beneficio de contratar un trabajador adicional tiene que ser superior a su costo. Entendiendo este principio, se añaden protecciones laborales que impactan el numero de empleados pero que reflejan los valores de la sociedad. Se dan licencias de maternidad, se ofrecen días festivos, se establecen horas extras, entre muchas cosas. El reto es que la tecnología cambio el mercado laboral, las reglas del pasado no sirven para el presente.

 

Una realidad de los mercados laborales digitales es que, así como hay mensajeros cuyo trabajo de tiempo completo es hacer domicilios para Rappi al mismo tiempo un padre de familia que tiene un empleo formal, conduce el fin de semana un Uber para lograr un ingreso complementario. Exigirle a ese padre de familia cumplir horario, simplemente acabaría el empleo y sus ingresos. Aplicarles a los trabajadores digitales normas diseñadas para fabricas de los 40s, simplemente vuelve tan oneroso contratar que simplemente se acaban los empleos.

España abordo esta pregunta con la ley Rider que trataba de reglamentar las plataformas digitales equiparándolos a trabajadores del pasado, su fracaso fue rotundo. Según el gremio que cobija los domiciliarios digitales, un tercio de ellos perdieron su trabajo al imponer inflexibilidades de la nueva ley. Un contrato laboral para el trabajador digital tiene en su corazón que ofrecer flexibilidad para ambos. Ni se puede exigir horarios al trabajador ni se puede instalar la rigidez actual al empleador. Este servicio de trabajo solo se presta si existe voluntad de ambas partes. El contrato digital debe proteger al trabajador, pero solo activarse cuando trabaja. Se puede innovar con las prestaciones legales para reflejar el monto trabajado. Parte de los problemas es que no existe el trabajo formal por horas en el país.

Recientemente tuve que explicarle a un extranjero la palabra “informal”, explicar que es algo que no es legal ni ilegal, sino que es un área gris, sobra decir el no entendía. Muy sorprendido cuando explique que 57.9% de los colombianos son informales. No le veía el sentido de aprobar leyes que no se pueden cumplir, le explique que el congreso lo hacia con buenas intenciones. Me recordó que muchas veces el infierno esta llena de ellas. Tristemente casi 60% del país no tiene protección del derecho laboral ni una esperanza de protección a la vejez.

Motos mayoritarias

Hay un incremento innegable en las soluciones de movilidad en dos ruedas, ya el carro motorizado es minoría. Naturalmente la bicicleta no cuenta con enemigos, pero le hacen falta defensores que den resultados. La movilidad eléctrica de patinetas, y bicicletas, aunque empieza de una base baja, viene creciendo al cerca del 20%, según Fenalco. Mientras tanto la moto motorizada ya representa el 60% del parque automotor, según el RUNT. La época de ignorarlas como fenómeno de movilidad se acabó, este nuevo lugar privilegiado obliga más responsabilidades, pero menos discriminación. Al final del día, toca pensar de ahora en adelante más en las motos que en los carros.

Las ciudades colombianas de pequeños enclaves coloniales se desarrollaron y crecieron en torno al carro. De ahí, se trato de dar un giro con el acertado consenso en que la prioridad debe ser el transporte público. Mientras se logra cobertura universal de transporte publico de calidad, no es realista exigir a todos los ciudadanos bajarse de manera inmediata del carro/moto con una cobertura insuficiente.

 

Dado su alta accidentalidad, contaminación auditiva, y, en ocasiones imprudencia de los conductores, hay un sesgo anti-moto. Las restricciones para seguridad vial bienvenidas, las demás parece no estar basadas en evidencia. Según cálculos del gremio español de dos ruedas, las motos no solo son 50% menos contaminantes, sino que disminuyen en un 70% los tiempos de viaje urbano. Para este país se calculó que, si se reemplazara el 10% de los carros motorizados por motos, se reduciría hasta en 40% el tiempo de los trancones. Las soluciones de dos ruedas permiten más vehículos en las vías, son menos contaminantes, son más económicas, entran donde los buses no llegan y facilitan el parqueo. Es razonable pensar en hacer vías dedicadas solo a vehículos de dos ruedas.

Si preocupa que la versión más contaminante de las soluciones de dos ruedas se esté imponiendo, solo el 0.3% de las motos son eléctricas. Aunque es difícil saber cuándo la bicicleta asistida se vuelve moto eléctrica, pero no aún si se pudieran incluir todas las definiciones, el dinamismo de ventas que tienen las motos motorizadas es superior. Según Andemos, la venta de motos eléctricas entre 2021 y 2022 aumentó en un 0.2%, mientras que las motos motorizadas aumentaron en el mismo periodo en 22.1%.

El rezago de la venta de motos eléctricas sorprende dado a que son mas económicas. Mientras recorrer 100km en moto motorizada cuesta cerca de 20 mil pesos, en la moto eléctrica es tan solo mil pesos; esto, sin incluir gastos adicionales de motorizados como filtros, aceite y mantenimiento. Sobra decir las patinetas o bicicletas eléctricas son radicalmente más económicas y ambientales. El Estado debe enfocar sus estímulos tributarios y normativos para privilegiar este sector sobre otras opciones de movilidad.

Los detractores dirán que lo mejor es enfocar la atención pública en mejorar el transporte público, en eso estamos de acuerdo, pero mientras se logra, hay que dar soluciones. En zonas rurales la moto fortaleció el núcleo familiar con los esposos pudiendo ir y volver el mismo día a sus cambuches de trabajo. Las motos ahora son el principal medio de transporte de los colombianos, la regulación ahora debe pensar en ellas, con lo bueno y lo malo de esa consecuencia.

La energía barata

El gobierno quiere reducir precios de energía, una meta loable, pero si es mal implementada tendría consecuencias nefastas. Las alegrías del presente, pueden ser las pesadillas del mañana. Casi siempre congelar precios acaba con escasez de producto, falta de modernización y mal servicio. En energía, un ejercicio populista fácilmente nos puede llevar a un racionamiento. Aun con la decisión del Consejo de Estado, el presidente nombrará tres delegados mas el vice de energía tendrá mayoría en la Comisión de Regulación de Energía (CREG). Ojalá las voces técnicas sean escuchadas.

Bajos precios de energía alivian el bolsillo de los hogares, mientras que incentivan producción estimulando empleo. El reto de la transición energética es que la justicia social no siempre está alineada con la sostenibilidad ambiental. La transición energética requiere de inversión: hay que instalar paneles solares, molinos de viento y fábricas de hidrógeno. Si por precios los proyectos no son rentables, simplemente no se hacen, hay que mantener un balance. Elevar el estándar ambiental cuesta más, hay que hacerlo, pero con transición. Promover la oferta y mejorar la vigilancia nos puede dar la misma reducción en precios, pero sostenibles en el largo plazo.

 

El fracaso de la resolución de la Creg y Min Minas en octubre no debe llevar a acciones equivocadas. Fácilmente se podría revisar la exportación de energía a Ecuador que reduce la oferta disponible entre 4-5% o revisar el precio de exportación para proteger la tarifa nacional. Es como si Hidroituango se hubiera construido para atender a Ecuador y su energía no entrara para la demanda colombiana.

Según XM, operador del mercado colombiano, el año pasado se realizaron vertimientos equivalentes a 17% de la demanda energía. Las hidroeléctricas, en vez de tener agua disponible para generar, la vertieron, con lo cual disminuyó la oferta de energía barata de hidro. Esto implica el despacho de otras energías más costosas, se debería sancionar generadores de hidroeléctricas que desembalsan por razones comerciales, como mínimo cobrar el desembalse.

Igualmente, en el espíritu de las alianzas público populares, se podría sustituir los subsidios perdidas de energía, por la constitución de prestadores solares comunitarios. Estos reducirían los subsidios que actualmente se reconocen, tendrían a las juntas de acción comunal como accionistas con el arduo trabajo del control social de no pago. Actualmente, en las costas, esto podría ser entre el 14% y el 20% de la demanda como 400 MW. Es convertir un subsidio en un activo permanente.

Hay muchas cosas por ver: recalcular el costo de capital, flexibilizar el esquema de garantías e inversiones, ajustar la definición del índice de precios al productor, acelerar las metas de medición inteligente, créditos blandos temporales, entre muchas cosas. Para empezar, se le deben dar facultades más robustas de vigilancia a la Super de Servicios.

Una decisión de congelar precios nos solo conduciría hacia un racionamiento, sino que mataría la esperanza de transición energética. No se nos puede olvidar que este año hay niño y los precios de carbón están por el cielo. El ambiente de inversión está en deterioro, si se suma la mala regulación, las consecuencias serían terribles.

Simón Gaviria

Valorización nacional

En 2014 queríamos reglamentar en el Plan Nacional de Desarrollo el impuesto de valorización nacional. Con cientos de kilómetros de vías 4G por construir, resultaba razonable que los propietarios que incrementaran su riqueza, aportaran a los cierres financieros del programa. Desafortunadamente, el temor a incumplir una promesa presidencial sobre impuestos no permitió que se avanzara en la propuesta. Finalmente, después de insistir, la propuesta se logro en la tributaria del 2016, tuvo un Conpes en el 2020, y se reglamento el ultimo día del gobierno Duque. Ahora que el gobierno Petro estrena la figura, se podría dar una revolución de infraestructura, por lo menos disminuir el impacto fiscal que deja la decisión de subsidiar peajes.

La valorización usualmente la asociamos a obras de gobiernos territoriales porque su uso fue declarado inexequible para obras nacionales, debido a que la Ley 105 no detalló el procedimiento para que se tramitara dicha valorización; su reglamentación, tardó 19 años. El pendiente jurídico es saber si dicho cobro se puede establecer para las obras que están en curso o si debe ser previsto desde el inicio del proyecto.

 

Muy hábilmente Min Transporte está viendo en la figura una forma de solucionar financieramente, proyectos del gobierno saliente que no dejo recursos plenos. También podría servir para destrabar proyectos de movilidad en lugares como Bogotá, cuyo metro está en ejecución. Sería razonable permitirles a los dueños de predios pagar hasta 5 años después de ejecutada la obra una vez se materialice el incremento patrimonial.

El primer paso es que el gobierno defina un listado de megaproyectos de concesiones y obras públicas para las cuales quiera utilizar esta medida. También se debe definir la zona de influencia de las obras y su costo, y dar a la DIAN la responsabilidad de hacer el recaudo sobre los inmuebles beneficiados de los proyectos. Si se avanza con el cobro con los proyectos en marcha, los siguientes pasos tendrán retos legales para superar.

La figura también habilita proyectos nuevos que son estratégicos, pero no viables con solo peajes. En el ejercicio de estimación de tráfico de 4G, vimos que en el mejoramiento y ampliación de vías existentes tenemos mejores capacidades de calcular volumen de tráfico, pero que en vías nuevas o mejorías sustanciales el éxito es menor. Proyectos como la ampliación de la vía de Puerto Arimena hasta Puerto Carreño que lograría la tan anhelada conexión del Llano con el Pacífico, no se puede hacer con peajes, pero habilitaría decenas de miles de hectáreas agrícolas que pueden pagar valorización. De igual forma, en zonas donde la conflictividad social no permite la instalación de peajes¸ la valorización nacional podría salvar las obras de infraestructura.

La medida de congelar precios para 145 peajes, muy popular entre conductores, tiene consecuencias fiscales por $700 mil millones, por lo menos durante 2023.

El gobierno debería estar pensando en modernizar la ley de transporte con otros instrumentos modernos de captura de valor de la tierra. El desarrollo orientado por el transporte narra la historia de productividad y asentamientos de Colombia. Los ejemplos internacionales de su interacción sobran, es fundamental utilizarlos con sabiduría en el país.

Simón Gaviria

 

 

Simón Gaviria piensa y medita en sí busca la Alcaldía de Bogotá

El exdirector nacional de Planeación y excongresista, Simón Gaviria Muñoz, está pensando muy bien si se deja seducir por quienes le han invitado para que compita por la Alcaldía de Bogotá a nombre del Partido Liberal o si más bien continúa en la consultoría y opinando sobre el acontecer nacional en los diarios la República, El Heraldo y el portal ConfidencialColombia.com.

Gaviria Muñoz se ha reunido con personas cercanas y algunos ediles y concejales para analizar la situación y las posibilidades que tendría de ganar la llegada al Palacio de Lievano que le ha sido esquiva al Partido Liberal desde 1992, cuando logró el triunfo por última vez con la candidatura de Jaime Castro.

 

Fuentes de Confidencial Colombia, confirmaron que Simón Gaviria se encuentra en la búsqueda de una persona que encabece la lista del Partido Liberal al Concejo de Bogotá, con la que se jugaría una eventual aspiración a la alcaldía más importante del país.

 

Facultades extraordinarias

Evidentemente el ala moderada del gobierno fue derrotada, se impusieron los sectores radicales en la reforma a la salud. Los llamados a construir sobre lo construido fueron ignorados. Porque sea ambiciosa o no tenga consenso, no significa que sea mala, eso está por verse. Puede ser un ejercicio de pedir mucho para ir negociando en el camino. Lo que sí es verdad es que, a pesar de radicar el texto, la mitad de la reforma está por conocerse. En la historia legislativa del país, nunca se habían pedido facultades extraordinarias tan amplias ni tan vagas. Dejar en pendiente tantos componentes de la reforma sería irresponsable del Congreso, mejor que el gobierno organice sus ideas y le presente al órgano legislativo lo que quieren hacer.

Los gobiernos pueden solicitar al Congreso facultades extraordinarias precisas en tiempo y temario, para que el ejecutivo expida por decreto la legislación correspondiente. Es importante entender que esas facultades tienen límites temporales con control judicial. No se pueden expedir estatutos, ni aprobar artículos estatutarios, ni leyes orgánicas, ni modificaciones tributarias.

 

Las seis facultades solicitadas en el artículo 151 del proyecto son mayúsculas. La primera busca garantizar condiciones dignas, estabilidad y conocimiento del trabajo en la salud. La exposición de motivos no trata de justificar las facultades, a pesar que el artículo 53 de la Constitución le atribuye al Congreso directamente la responsabilidad de expedir del estatuto del trabajo. No se estima el impacto fiscal ni se da detalle alguno. Las segundas facultades tienen que ver con los ascensos y la selección de personal de directores. A unir la primera y la segunda facultad, se podría entender como un código laboral en salud, algo expresamente prohibido.

La tercera facultad busca expedir la totalidad de un régimen sancionatorio más la creación de procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la Super Salud. Nuevamente, no hay ninguna justificación en la exposición de motivos, pero más grave aún, al tratarse de temas sancionatorios relacionados al debido proceso, se afecta un derecho fundamental, un tema de ley estatutaria. No existe la posibilidad de que lo avale la Corte Constitucional, se debe tramitar por el Congreso.

La cuarta facultad es la más sorprendente, ya que busca el derecho a cambiar la totalidad de las leyes y decretos relacionados con la salud sin explicar el motivo o razón. Es una facultad de seis meses, tan amplia, que inclusive podría cobijar la misma ley que se está tramitando, haciendo totalmente inocuo el actual debate del Congreso.

Con la quinta facultad pretende reglamentar cualquier tema relacionado con la transición al nuevo sistema de la salud, incluyendo el cumplimiento de derechos fundamentales, algo prohibido. También, sin explicar la conveniencia, piden facultades de traslado presupuestales hacia la Nueva EPS.

Lo más sano para el país es que el Congreso niegue la totalidad de las facultades y se dé un debate respetuoso pero profundo. Si estas se aprueban, sería mejor que la comisión VII no vuelva a trabajar, porque nadie ejercería control. Ojalá no sea que no se tiene el detalle sobre los cambios pretendidos y se esté improvisando en el camino.

Simón Gaviria Muñoz

Regulación política

No es compatible la transición energética con incertidumbre regulatoria. Si después del fracaso de las resoluciones de Min Minas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el presidente quiere resolver el problema de energía en el Caribe hace muy bien. Sin embargo, esto se puede lograr con una intervención puntual, sin tener que asumir toda la agenda regulatoria. Mucho se puede hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, un cronograma de decretos o en la misma CREG. Se debe evitar enviar señales de contracción, cuando la supuesta narrativa es de expansión de renovables. Si no hay claridad, podemos acabar con nubarrones de apagón en un sistema contaminante.

El presidente está asumiendo directamente el estudio de la regulación de energía, frustrado por la falta de resultados.  Asumir toda la agenda regulatoria de servicios públicos causaría una parálisis regulatoria o el descuido de otros temas de Estado. No todos los temas son de relevancia para tomar el tiempo del presidente, además, su asunción implica la elaboración de tantos estudios técnicos, que no existen funcionarios en palacio que los puedan hacer. Más bien, el presidente puede ejercer un control preferente de la agenda regulatoria para escoger solo los temas de especial importancia. La alternativa es que el gobierno debe nombrar tres comisionados que mas su viceministro, fácilmente lograría control técnico sin el traumatismo que esta propuesta crea.

 

Si podría ser útil introducir mandatos más claros de sostenibilidad en las leyes de servicios públicos. La ley 142 fue revolucionaria al permitir invertir capital privado para prestar servicios públicos domiciliarios. Se diseñó una robusta capacidad regulatoria en las comisiones técnicas y de vigilancia con la Super de Servicios Públicos. Al mismo tiempo que limitó las utilidades, también reconoció que ese capital requiere un retorno razonable para expandir coberturas y mejorar la calidad del servicio. Su mandato social hace que los estratos altos paguen tarifas más costosas para financiar un subsidio cruzado para los estratos más bajos. Su neutralidad tecnológica se debe actualizar para premiar lo sostenible.

Por fortuna, el sector de telecomunicaciones no hace parte de esta nueva política regulatoria. La actual ministra y su comisión de regulación tienen una agenda reformista que quiere abordar temas novedosos. No obstante, la injerencia del Consejero Presidencial Digital en diciembre logró que no bajaran tanto las tarifas como estaba originalmente previsto en la Resolución 7007. Lamentablemente, la postura técnica pro-consumidor la frenó la injerencia política.

Curiosamente, lo que sobra son recursos privados para invertir en renovables; la transición energética solo necesita señales regulatorias de largo plazo para materializarse. Al generar dudas sobre el retorno económico, disminuye la inversión, ya Fitch expreso su preocupación sobre las inversión de distribución y transmisión. Aunque la intervención tarifaria pueda tener efectos inmediatos, los resultados a mediano plazo serán devastadores. Inclusive, 2025 se está viendo apretado y puede que necesitemos más energía, ojalá sea limpia.

PS No es clara ninguna razón para intervenir la Comisión de Regulación de Agua.

 

Metro 2035

Los lineamientos originales del metro de Bogotá pactados entre el gobierno Santos y el alcalde Petro dieron los insumos técnicos para estructurar la financiación del proyecto. De manera consecutiva: el alcalde Peñalosa, el presidente Duque, y la alcaldesa López fueron imprimiendo su visión sobre su alcance. Ahora el presidente Petro trata de enrutar el proyecto hacia su visión original, pero el proyecto ya está en marcha. Si no hay coordinación con la alcaldía y el contratista, el riesgo es que pierdan los bogotanos en su movilidad y los colombianos económicamente. Aun con el metro perfecto en 2035, siendo Bogotá la sexta ciudad del mundo que más pierde tiempo en trancones, 122 horas por persona, no hacer intervenciones de fondo por 12 años, sería un error.

De cinco propuestas que fueron evaluadas por Alcaldía y el Presidencia, dos fueron seleccionadas. La primera opción busca subterranizar de la calle 72 con Caracas hasta la calle 100 con autopista y la segunda desde la Primera de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72 con Caracas. En esencia, la primera opción mantiene el actual proyecto, pero extiende el alcance con un tramo subterráneo. La segunda opción reemplaza parte del actual diseño volviendo al concepto subterráneo original. Por otro lado, el concesionario apoyó la segunda opción argumentando la importancia de ampliar el proyecto 3.9km que añadiría 20 mil pasajeros adicionales.

 

Para empezar, como estrategia de negociación contractual, entre menos se modifique mejor. Existe el riesgo que, en cualquier tipo de renegociación, el concesionario busque recuperar los cerca de $11 billones de mayores costos causados por la devaluación. La primera opción tiene el menor riesgo ya que se puede manejar como una adición. El reto financiero de los $12,3 billones de más, requiere que Bogotá aporte $4,1 billones, ya que la nación no puede financiar más del 70% del proyecto. También ese tramo de Unilago es donde la calidad del suelo limita las opciones de tunelización causando mayores gastos, tráfico, y tiempo.

La segunda opción es volver al proyecto original, pero es una opción más costosa. Como regla general con sinnúmero de asteriscos, si una opción férrea terrestre cuesta 1 peso, una opción elevada cuesta 2 pesos y un subterráneo cuesta 5 pesos. Con esta opción solo quedarían solo 10.6km de metro elevado, cuyo beneficio de movilidad significa una mayor capacidad carga. Algo que una de las ciudades más densas del mundo, Bogotá, sin duda necesita. Como en su momento existían limitantes financieras, al metro volverse elevado se habilitaba recursos para construir Transmilenio que alimentaba la demanda y disminuía el costo del pasaje.

Hay que abonarle a la alcaldesa su no disponibilidad de sacrificar los cables ni el tren de cercanías. Al mismo tiempo, decisiones de ella como no construir la Alo o APPs para mejorar la entrada/salida de la ciudad se ven menos sabias. Todo el ruido de amenazas, parece se resuelve con la chequera nacional asumiendo los gastos adicionales. La preocupación es que lo que parecía una impresionante bolsa adicional de $20 billones de la tributaria para cumplir el plan de gobierno, entre SOAT, subsidios y salarios, ya se está comiendo un tercio de la plata y solo vamos en febrero.

Simón Gaviria

Tormenta en vivienda

Preocupa la tormenta perfecta que se arma contra la construcción de vivienda: alza de tasas interés, inflación de insumos de construcción, devaluación del peso, incrementos en costos laborales o la insuficiencia presupuestal para subsidios, entre otros. Junto a su importancia empresarial y social, la construcción de vivienda es fundamental como herramienta anticíclica. Con diferentes entidades previendo un crecimiento del PIB en 2023 entre el 0 y 1,5%, la vivienda puede ser una tabla de salvación para el desempeño económico del país. Hay que hacer mucho más para garantizar su éxito.

Las cifras del sector vivienda el año pasado son exitosas, el ultimo dato de noviembre de 2022 incremento el área destinada a vivienda de 37,0%, en relación con el 2021. Cabe anotar que, aunque las restricciones de pandemia crean una línea base que exagera el contraste, al hacer la comparación con el año anterior a la, también se aumenta 23%. Resultados tan positivos, no se dieron por si solos, fue necesario incentivar el sector y hoy no hay cómo hacerlo.

 

Durante 2022, un año electoral, el gobierno anterior anticipó los subsidios previstos para 2023, generando un estímulo sustancial, pero dejando desfinanciado este año. Para no causar un desplome en el sector, los subsidios de vivienda deben aumentar por lo menos $1 billón en la adición presupuestal; programas como Mi Casa Ya, que este gobierno sabiamente decidió mantener, podrían absorber ese monto e incluso uno superior. Esto, en adición a otras iniciativas en estructuración, podría estabilizar al menos el mercado de interés social.

Según el DANE, en el tercer trimestre de 2022 la inflación del sector construcción fue del 19,1%; como consecuencia, muchos proyectos que encontraron punto de equilibrio el año pasado, están entrando en negativo. Situación que se agrava con el aumento de los precios del cemento, hierro y varios importados. Para contener los precios, el gobierno nacional podría considerar una reducción temporal de aranceles. Los alcaldes que tengan modificaciones de su POT podrían ayudar incorporando más terrenos para vivienda e invirtiendo en acueducto y alcantarillado, mejorando el costo de la tierra.

En ese contexto, preocupa que el fenómeno de costos de la construcción se multiplique con el costo financiero. Con los bancos captando capital al 16,0% y colocando al 25,0%, es difícil que un negocio aguante esas tasas de interés. Ni los constructores ni ciudadanos son capaces. El Fondo Nacional del Ahorro debe retomar el crédito constructor para estimular la actividad y programas de subsidio a la tasa de interés fortalecidos.

Con los nubarrones económicos que vislumbra 2023, se requiere que el gobierno desarrolle una política de promoción de vivienda para estimular la economía. Varios sectores tienen buenos argumentos para solicitar recursos, pero el multiplicador de 2,4 de vivienda es poderoso. Por cada $1 billón de demanda jalona 2,4 billones de actividad económica en 30 sectores generando 50 mil empleos. Debido a su dinámica, el sector puede ejecutar en 2023 los recursos que le pongan, mientras los otros estructuran proyectos. El déficit habitacional sigue siendo de 5,21 millones de vivienda. En tiempos de incertidumbre, es mejor trabajar con lo que ya está probado.

Simón Gaviria

Liquidar contratos petroleros

A veces es necesario volver a expresar ideas que se pensaban consensos: La inversión privada es buena y si es extranjera, igualmente buena. El capital privado es fundamental para el desarrollo nacional. Colombia ha tratado de promover la inversión directa, ya que es de largo plazo y puede traer transferencia tecnológica. El presupuesto estatal no alcanza para transformar el país. En 2022 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$11.460 millones, un incremento anual de 59,9%. La elección de Gustavo Petro no espantó el interés de los inversionistas extranjeros, por el contrario, el mes de diciembre fue el segundo mejor mes de 2022. Ahora bien, si por razones ideológicas se va desincentivar la inversión en hidrocarburos, se debería hacer de manera organizada y no maltratando inversionistas.

Con el nombramiento de Clara Guatame como directora de la ANH, junto a los equipos que de Min Ambiente y Min Minas, es evidente que el gobierno está siendo consecuente con su promesa de campaña de desmontar al sector de hidrocarburos; quiere frenar la exploración administrativamente y desincentivar la inversión tributariamente. Atrás quedaron las épocas en que se promovía el desarrollo del sector, ahora se hará lo mínimo necesario para “garantizar la soberanía energética” tal como lo mencionan las bases del Plan de Desarrollo del gobierno. Esto, a pesar de que el 71,9% de la inversión extranjera directa de 2022 fue de proyectos de petróleo y minería.

 

Ya mucho se ha advertido sobre las consecuencias fiscales y cambiarias, pero es una decisión tomada. No obstante, el gobierno no debería perder de vista que muchos de los fondos que invierten en hidrocarburos también son los que invierten en infraestructura, telecomunicaciones o en la deuda del país; en vez de agotarlos con papeleo interminable y un ambiente hostil de autoridades, se debería explorar una manera organizada de terminación de contratos.

Los contratos de inversión en el sector de hidrocarburos a través de la ANH vienen acompañados de requisitos de inversión y cuantiosas exigencias de garantías. Si efectivamente el gobierno no tiene interés de que se hagan esas inversiones, primero debería agotar la alternativa voluntaria para que se deshagan esos contratos. Para efectos de transparencia y estabilidad jurídica lo óptimo sería que, a través del Congreso, se tramitara un marco jurídico y económico para hacer esos arreglos. Inclusive parte de las válvulas de escape para cancelar contratos podría ser el requisito de inversión en la transición energética que tanto busca el gobierno.

Destruir la imagen de Colombia como destino de inversión con expropiaciones, cancelaciones unilaterales u hostigamiento burocrático sería un costoso error. El mismo gobierno está buscando cuantiosas inversiones para el agro, turismo y la infraestructura del país. Si matan el petróleo habrá miedo de invertir en otras cosas, no importa que prometan. Las terminaciones voluntarias de los contratos sería un mecanismo para convertir las diferencias ideológicas en oportunidades. Seguir con la idea que Colombia continúa siendo amigable al capital privado. Ya se sataniza mucho al gobierno por ser de izquierda, destruir confianza en el país seria un error que iría mas haya del petróleo.

 

Más detalle…

La tradición política colombiana ofrece a sus mandatarios una luna de miel, entre 6 a 12 meses donde sus iniciativas y equivocaciones se dejan pasar. Históricamente esta ventana de confianza la aprovecha el ejecutivo para radicar ambiciosas reformas frente al congreso. Este gobierno que viene con expectativas masivas de cambio, optó por la cautela en su primera legislatura. Mientras tanto, un temor fundado en experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina, una narrativa de dictadura narco comunista de la oposición y varias salidas en falso de funcionarios están deteriorando el clima de inversión. Brindar más detalle sobre las próximas reformas sería útil políticamente, fomentaría la economía y mejoraría las mismas iniciativas. La incertidumbre confunde a pesar del buen momento que viven muchos empresarios.

Fácilmente se puede confundir el periodo de luna de miel con un falso consenso sobre el qué y el cómo de las reformas. Se corre un riesgo, como le pasó al presidente Duque, de aislarse en políticos y académicos que solo compartieron las opiniones del mandatario. Si efectivamente las reformas prometidas son de la escala y variedad de las cuales se habló en campaña, se debería anunciar esa agenda con un anexo que incluya el detalle de las propuestas del gobierno.

 

Las conversaciones populares que se adelantan en el marco del plan de desarrollo son valiosas, pero tienden a tener un enfoque regional. Pocas veces existe la oportunidad de profundizar sobre temas sectoriales, menos aun cuando la conversación está basada en percepción y no datos. Se debe escuchar a expertos independientes por fuera del esquema oposición-gobierno, inclusive totalmente alejados de la política, quienes son fundamentales si se quiere hacer grandes reformas que requieren consenso.

El plan de desarrollo nos dará más luces sobre la dirección de reformas. Hasta ahora solo se aprobó la tributaria, el grueso de esta pulida en la discusión congresional al tramitarse sin el afán usual de fin de año. Aunque esta cumplió con su propósito de recaudar lo requerido haciendo el menor daño posible, nadie argumenta que fue una reforma estructural. A parte de esto, en trámite viene una reforma política, más bien diseñada para favorecer los intereses del partido de gobierno. Al cierre de esta legislatura, se pueden destacar varias iniciativas del Congreso, pero las reformas grandes de gobierno vendrán más adelante.

La reforma pensional basada en pilares, una propuesta razonable promovida por el Banco Mundial, ya la están satanizando como el fin de los mercados de capital. La reforma a la salud la están desprestigiando diciendo que acabaría la opción privada de atención para depender exclusivamente de un monopolio estatal. Si bien hay mucho rumor, si deberían decir qué va a reemplazar las EPS después de acabarlas. Con el detalle e inclusive el derecho a opinar de voces que piensan diferente, se puede construir confianza.

La economía va a tener un buen cierre de año, pero muchos empresarios están dilatando inversiones en el país hasta no tener más claridad. Existen buenas ideas, especialmente propósitos, pero ya es hora de mostrar el detalle.

PS Fueron 78 anos de espera para nosotros los hinchas del Pereira, también 8 anos en la B, pero finalmente nos llego nuestra estrella.

 

 

La tributaria territorial

Todo candidato promete gastar más, pero cobrar menos impuestos. Una aritmética basada en “eficiencias” en la administración de impuestos, esfuerzos que, aunque útiles, nunca han recaudado lo suficiente para equilibrar finanzas. La disciplina del mercado no solo impone alzas de impuestos. En lo territorial es más dramático porque el gobierno nacional se queda con el desgaste de tramitar una tributaria, pero sin el beneficio del recaudo. Las entidades territoriales, especialmente los departamentos, siguen con la misma estructura tributaria de la colonia dependiendo de los impuestos al pecado. Si en serio se va a hacer una revisión de esta estructura, ojalá sea para modernizarla, no para hacer más de lo mismo.

Cuando se instaló la corona española construyó un sistema de impuestos basado en el vicio. Es una estructura tributaria territorial dispersa en tributos de escaso recaudo que solo generan carga administrativa para el contribuyente y el gobierno.  De 14 impuestos, solo 5 explican el 85% del recaudo total departamental. En los departamentos, 57% del recaudo está concentrado en impuestos al pecado (54.2% cerveza, 21.7% licores y 24.0% tabaco). Salvo los de mayor desarrollo, los departamentos no tienen autonomía, sus ingresos propios tributarios representan tan solo un 27% de sus ingresos. La dependencia frente a las transferencias y las regalías es de cerca el 61%, el resto requiere gestionar frente al gobierno nacional.

 

A través de los años, mientras nuestra sociedad se convirtió en más virtuosa y los recaudos disminuyeron, se aumentaron las tarifas de los impuestos tradicionales de manera agresiva. Con excepción del tabaco, todas las tarifas están por encima del promedio OECD. Esta dependencia fiscal coloca a los departamentos en la incomoda decisión de que al tratar de disminuir consumos por razones de salud afecta sus propias finanzas. Con el tiempo, el recaudo departamental (1% del PIB) cayo para ser menos de la tercera parte del de los municipios. Además, es muy desigual los 7 departamentos más grandes son responsables de mas del 40% del recaudo, mientras que en los 11 más pequeños, no supera el 10%.

En la última reforma tributaria, sabiamente Min Hacienda excluyó los temas territoriales, para verlos integralmente. Se presentaron ideas para explorar: la creación de impuestos para vapeadores, la cesión de las rentas del cannabis o la transferencia del IVA de la gaseosa, las cuales, aunque tenga sentido hacerlas, se mantienen en la línea histórica de combatir lo pecaminoso. La nueva argumentación es la compensación por daños en salud, pero para efectos de recaudo nada de esto mueve la aguja. Hay esfuerzos para que el gobierno se meta en disputas privadas, cerveza vs licores o loterías nacionales vs. Internacionales porque los lobistas buscan hacerse zancadilla, pero eso tampoco logra mucho.

La solución estructural pasa por la adopción de un único Estatuto Tributario Territorial que amplíe la base y racionalice la dispersión de tributos de bajo impacto. Seguir aumentando la tarifa de lo de antes permitiría recaudar una gota más, lo cual puede que sea aplaudido por la galería, pero no resolvería ningún problema de fondo, si acaso crearía retos de contrabando. Mucho se podría hacer modernizando el recaudo, ojalá no salgan con más de lo mismo.