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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: simón gaviria

Valorización nacional

En 2014 queríamos reglamentar en el Plan Nacional de Desarrollo el impuesto de valorización nacional. Con cientos de kilómetros de vías 4G por construir, resultaba razonable que los propietarios que incrementaran su riqueza, aportaran a los cierres financieros del programa. Desafortunadamente, el temor a incumplir una promesa presidencial sobre impuestos no permitió que se avanzara en la propuesta. Finalmente, después de insistir, la propuesta se logro en la tributaria del 2016, tuvo un Conpes en el 2020, y se reglamento el ultimo día del gobierno Duque. Ahora que el gobierno Petro estrena la figura, se podría dar una revolución de infraestructura, por lo menos disminuir el impacto fiscal que deja la decisión de subsidiar peajes.

La valorización usualmente la asociamos a obras de gobiernos territoriales porque su uso fue declarado inexequible para obras nacionales, debido a que la Ley 105 no detalló el procedimiento para que se tramitara dicha valorización; su reglamentación, tardó 19 años. El pendiente jurídico es saber si dicho cobro se puede establecer para las obras que están en curso o si debe ser previsto desde el inicio del proyecto.

 

Muy hábilmente Min Transporte está viendo en la figura una forma de solucionar financieramente, proyectos del gobierno saliente que no dejo recursos plenos. También podría servir para destrabar proyectos de movilidad en lugares como Bogotá, cuyo metro está en ejecución. Sería razonable permitirles a los dueños de predios pagar hasta 5 años después de ejecutada la obra una vez se materialice el incremento patrimonial.

El primer paso es que el gobierno defina un listado de megaproyectos de concesiones y obras públicas para las cuales quiera utilizar esta medida. También se debe definir la zona de influencia de las obras y su costo, y dar a la DIAN la responsabilidad de hacer el recaudo sobre los inmuebles beneficiados de los proyectos. Si se avanza con el cobro con los proyectos en marcha, los siguientes pasos tendrán retos legales para superar.

La figura también habilita proyectos nuevos que son estratégicos, pero no viables con solo peajes. En el ejercicio de estimación de tráfico de 4G, vimos que en el mejoramiento y ampliación de vías existentes tenemos mejores capacidades de calcular volumen de tráfico, pero que en vías nuevas o mejorías sustanciales el éxito es menor. Proyectos como la ampliación de la vía de Puerto Arimena hasta Puerto Carreño que lograría la tan anhelada conexión del Llano con el Pacífico, no se puede hacer con peajes, pero habilitaría decenas de miles de hectáreas agrícolas que pueden pagar valorización. De igual forma, en zonas donde la conflictividad social no permite la instalación de peajes¸ la valorización nacional podría salvar las obras de infraestructura.

La medida de congelar precios para 145 peajes, muy popular entre conductores, tiene consecuencias fiscales por $700 mil millones, por lo menos durante 2023.

El gobierno debería estar pensando en modernizar la ley de transporte con otros instrumentos modernos de captura de valor de la tierra. El desarrollo orientado por el transporte narra la historia de productividad y asentamientos de Colombia. Los ejemplos internacionales de su interacción sobran, es fundamental utilizarlos con sabiduría en el país.

Simón Gaviria

 

 

Simón Gaviria piensa y medita en sí busca la Alcaldía de Bogotá

El exdirector nacional de Planeación y excongresista, Simón Gaviria Muñoz, está pensando muy bien si se deja seducir por quienes le han invitado para que compita por la Alcaldía de Bogotá a nombre del Partido Liberal o si más bien continúa en la consultoría y opinando sobre el acontecer nacional en los diarios la República, El Heraldo y el portal ConfidencialColombia.com.

Gaviria Muñoz se ha reunido con personas cercanas y algunos ediles y concejales para analizar la situación y las posibilidades que tendría de ganar la llegada al Palacio de Lievano que le ha sido esquiva al Partido Liberal desde 1992, cuando logró el triunfo por última vez con la candidatura de Jaime Castro.

 

Fuentes de Confidencial Colombia, confirmaron que Simón Gaviria se encuentra en la búsqueda de una persona que encabece la lista del Partido Liberal al Concejo de Bogotá, con la que se jugaría una eventual aspiración a la alcaldía más importante del país.

 

Facultades extraordinarias

Evidentemente el ala moderada del gobierno fue derrotada, se impusieron los sectores radicales en la reforma a la salud. Los llamados a construir sobre lo construido fueron ignorados. Porque sea ambiciosa o no tenga consenso, no significa que sea mala, eso está por verse. Puede ser un ejercicio de pedir mucho para ir negociando en el camino. Lo que sí es verdad es que, a pesar de radicar el texto, la mitad de la reforma está por conocerse. En la historia legislativa del país, nunca se habían pedido facultades extraordinarias tan amplias ni tan vagas. Dejar en pendiente tantos componentes de la reforma sería irresponsable del Congreso, mejor que el gobierno organice sus ideas y le presente al órgano legislativo lo que quieren hacer.

Los gobiernos pueden solicitar al Congreso facultades extraordinarias precisas en tiempo y temario, para que el ejecutivo expida por decreto la legislación correspondiente. Es importante entender que esas facultades tienen límites temporales con control judicial. No se pueden expedir estatutos, ni aprobar artículos estatutarios, ni leyes orgánicas, ni modificaciones tributarias.

 

Las seis facultades solicitadas en el artículo 151 del proyecto son mayúsculas. La primera busca garantizar condiciones dignas, estabilidad y conocimiento del trabajo en la salud. La exposición de motivos no trata de justificar las facultades, a pesar que el artículo 53 de la Constitución le atribuye al Congreso directamente la responsabilidad de expedir del estatuto del trabajo. No se estima el impacto fiscal ni se da detalle alguno. Las segundas facultades tienen que ver con los ascensos y la selección de personal de directores. A unir la primera y la segunda facultad, se podría entender como un código laboral en salud, algo expresamente prohibido.

La tercera facultad busca expedir la totalidad de un régimen sancionatorio más la creación de procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la Super Salud. Nuevamente, no hay ninguna justificación en la exposición de motivos, pero más grave aún, al tratarse de temas sancionatorios relacionados al debido proceso, se afecta un derecho fundamental, un tema de ley estatutaria. No existe la posibilidad de que lo avale la Corte Constitucional, se debe tramitar por el Congreso.

La cuarta facultad es la más sorprendente, ya que busca el derecho a cambiar la totalidad de las leyes y decretos relacionados con la salud sin explicar el motivo o razón. Es una facultad de seis meses, tan amplia, que inclusive podría cobijar la misma ley que se está tramitando, haciendo totalmente inocuo el actual debate del Congreso.

Con la quinta facultad pretende reglamentar cualquier tema relacionado con la transición al nuevo sistema de la salud, incluyendo el cumplimiento de derechos fundamentales, algo prohibido. También, sin explicar la conveniencia, piden facultades de traslado presupuestales hacia la Nueva EPS.

Lo más sano para el país es que el Congreso niegue la totalidad de las facultades y se dé un debate respetuoso pero profundo. Si estas se aprueban, sería mejor que la comisión VII no vuelva a trabajar, porque nadie ejercería control. Ojalá no sea que no se tiene el detalle sobre los cambios pretendidos y se esté improvisando en el camino.

Simón Gaviria Muñoz

Regulación política

No es compatible la transición energética con incertidumbre regulatoria. Si después del fracaso de las resoluciones de Min Minas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el presidente quiere resolver el problema de energía en el Caribe hace muy bien. Sin embargo, esto se puede lograr con una intervención puntual, sin tener que asumir toda la agenda regulatoria. Mucho se puede hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, un cronograma de decretos o en la misma CREG. Se debe evitar enviar señales de contracción, cuando la supuesta narrativa es de expansión de renovables. Si no hay claridad, podemos acabar con nubarrones de apagón en un sistema contaminante.

El presidente está asumiendo directamente el estudio de la regulación de energía, frustrado por la falta de resultados.  Asumir toda la agenda regulatoria de servicios públicos causaría una parálisis regulatoria o el descuido de otros temas de Estado. No todos los temas son de relevancia para tomar el tiempo del presidente, además, su asunción implica la elaboración de tantos estudios técnicos, que no existen funcionarios en palacio que los puedan hacer. Más bien, el presidente puede ejercer un control preferente de la agenda regulatoria para escoger solo los temas de especial importancia. La alternativa es que el gobierno debe nombrar tres comisionados que mas su viceministro, fácilmente lograría control técnico sin el traumatismo que esta propuesta crea.

 

Si podría ser útil introducir mandatos más claros de sostenibilidad en las leyes de servicios públicos. La ley 142 fue revolucionaria al permitir invertir capital privado para prestar servicios públicos domiciliarios. Se diseñó una robusta capacidad regulatoria en las comisiones técnicas y de vigilancia con la Super de Servicios Públicos. Al mismo tiempo que limitó las utilidades, también reconoció que ese capital requiere un retorno razonable para expandir coberturas y mejorar la calidad del servicio. Su mandato social hace que los estratos altos paguen tarifas más costosas para financiar un subsidio cruzado para los estratos más bajos. Su neutralidad tecnológica se debe actualizar para premiar lo sostenible.

Por fortuna, el sector de telecomunicaciones no hace parte de esta nueva política regulatoria. La actual ministra y su comisión de regulación tienen una agenda reformista que quiere abordar temas novedosos. No obstante, la injerencia del Consejero Presidencial Digital en diciembre logró que no bajaran tanto las tarifas como estaba originalmente previsto en la Resolución 7007. Lamentablemente, la postura técnica pro-consumidor la frenó la injerencia política.

Curiosamente, lo que sobra son recursos privados para invertir en renovables; la transición energética solo necesita señales regulatorias de largo plazo para materializarse. Al generar dudas sobre el retorno económico, disminuye la inversión, ya Fitch expreso su preocupación sobre las inversión de distribución y transmisión. Aunque la intervención tarifaria pueda tener efectos inmediatos, los resultados a mediano plazo serán devastadores. Inclusive, 2025 se está viendo apretado y puede que necesitemos más energía, ojalá sea limpia.

PS No es clara ninguna razón para intervenir la Comisión de Regulación de Agua.

 

Metro 2035

Los lineamientos originales del metro de Bogotá pactados entre el gobierno Santos y el alcalde Petro dieron los insumos técnicos para estructurar la financiación del proyecto. De manera consecutiva: el alcalde Peñalosa, el presidente Duque, y la alcaldesa López fueron imprimiendo su visión sobre su alcance. Ahora el presidente Petro trata de enrutar el proyecto hacia su visión original, pero el proyecto ya está en marcha. Si no hay coordinación con la alcaldía y el contratista, el riesgo es que pierdan los bogotanos en su movilidad y los colombianos económicamente. Aun con el metro perfecto en 2035, siendo Bogotá la sexta ciudad del mundo que más pierde tiempo en trancones, 122 horas por persona, no hacer intervenciones de fondo por 12 años, sería un error.

De cinco propuestas que fueron evaluadas por Alcaldía y el Presidencia, dos fueron seleccionadas. La primera opción busca subterranizar de la calle 72 con Caracas hasta la calle 100 con autopista y la segunda desde la Primera de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72 con Caracas. En esencia, la primera opción mantiene el actual proyecto, pero extiende el alcance con un tramo subterráneo. La segunda opción reemplaza parte del actual diseño volviendo al concepto subterráneo original. Por otro lado, el concesionario apoyó la segunda opción argumentando la importancia de ampliar el proyecto 3.9km que añadiría 20 mil pasajeros adicionales.

 

Para empezar, como estrategia de negociación contractual, entre menos se modifique mejor. Existe el riesgo que, en cualquier tipo de renegociación, el concesionario busque recuperar los cerca de $11 billones de mayores costos causados por la devaluación. La primera opción tiene el menor riesgo ya que se puede manejar como una adición. El reto financiero de los $12,3 billones de más, requiere que Bogotá aporte $4,1 billones, ya que la nación no puede financiar más del 70% del proyecto. También ese tramo de Unilago es donde la calidad del suelo limita las opciones de tunelización causando mayores gastos, tráfico, y tiempo.

La segunda opción es volver al proyecto original, pero es una opción más costosa. Como regla general con sinnúmero de asteriscos, si una opción férrea terrestre cuesta 1 peso, una opción elevada cuesta 2 pesos y un subterráneo cuesta 5 pesos. Con esta opción solo quedarían solo 10.6km de metro elevado, cuyo beneficio de movilidad significa una mayor capacidad carga. Algo que una de las ciudades más densas del mundo, Bogotá, sin duda necesita. Como en su momento existían limitantes financieras, al metro volverse elevado se habilitaba recursos para construir Transmilenio que alimentaba la demanda y disminuía el costo del pasaje.

Hay que abonarle a la alcaldesa su no disponibilidad de sacrificar los cables ni el tren de cercanías. Al mismo tiempo, decisiones de ella como no construir la Alo o APPs para mejorar la entrada/salida de la ciudad se ven menos sabias. Todo el ruido de amenazas, parece se resuelve con la chequera nacional asumiendo los gastos adicionales. La preocupación es que lo que parecía una impresionante bolsa adicional de $20 billones de la tributaria para cumplir el plan de gobierno, entre SOAT, subsidios y salarios, ya se está comiendo un tercio de la plata y solo vamos en febrero.

Simón Gaviria

Tormenta en vivienda

Preocupa la tormenta perfecta que se arma contra la construcción de vivienda: alza de tasas interés, inflación de insumos de construcción, devaluación del peso, incrementos en costos laborales o la insuficiencia presupuestal para subsidios, entre otros. Junto a su importancia empresarial y social, la construcción de vivienda es fundamental como herramienta anticíclica. Con diferentes entidades previendo un crecimiento del PIB en 2023 entre el 0 y 1,5%, la vivienda puede ser una tabla de salvación para el desempeño económico del país. Hay que hacer mucho más para garantizar su éxito.

Las cifras del sector vivienda el año pasado son exitosas, el ultimo dato de noviembre de 2022 incremento el área destinada a vivienda de 37,0%, en relación con el 2021. Cabe anotar que, aunque las restricciones de pandemia crean una línea base que exagera el contraste, al hacer la comparación con el año anterior a la, también se aumenta 23%. Resultados tan positivos, no se dieron por si solos, fue necesario incentivar el sector y hoy no hay cómo hacerlo.

 

Durante 2022, un año electoral, el gobierno anterior anticipó los subsidios previstos para 2023, generando un estímulo sustancial, pero dejando desfinanciado este año. Para no causar un desplome en el sector, los subsidios de vivienda deben aumentar por lo menos $1 billón en la adición presupuestal; programas como Mi Casa Ya, que este gobierno sabiamente decidió mantener, podrían absorber ese monto e incluso uno superior. Esto, en adición a otras iniciativas en estructuración, podría estabilizar al menos el mercado de interés social.

Según el DANE, en el tercer trimestre de 2022 la inflación del sector construcción fue del 19,1%; como consecuencia, muchos proyectos que encontraron punto de equilibrio el año pasado, están entrando en negativo. Situación que se agrava con el aumento de los precios del cemento, hierro y varios importados. Para contener los precios, el gobierno nacional podría considerar una reducción temporal de aranceles. Los alcaldes que tengan modificaciones de su POT podrían ayudar incorporando más terrenos para vivienda e invirtiendo en acueducto y alcantarillado, mejorando el costo de la tierra.

En ese contexto, preocupa que el fenómeno de costos de la construcción se multiplique con el costo financiero. Con los bancos captando capital al 16,0% y colocando al 25,0%, es difícil que un negocio aguante esas tasas de interés. Ni los constructores ni ciudadanos son capaces. El Fondo Nacional del Ahorro debe retomar el crédito constructor para estimular la actividad y programas de subsidio a la tasa de interés fortalecidos.

Con los nubarrones económicos que vislumbra 2023, se requiere que el gobierno desarrolle una política de promoción de vivienda para estimular la economía. Varios sectores tienen buenos argumentos para solicitar recursos, pero el multiplicador de 2,4 de vivienda es poderoso. Por cada $1 billón de demanda jalona 2,4 billones de actividad económica en 30 sectores generando 50 mil empleos. Debido a su dinámica, el sector puede ejecutar en 2023 los recursos que le pongan, mientras los otros estructuran proyectos. El déficit habitacional sigue siendo de 5,21 millones de vivienda. En tiempos de incertidumbre, es mejor trabajar con lo que ya está probado.

Simón Gaviria

Liquidar contratos petroleros

A veces es necesario volver a expresar ideas que se pensaban consensos: La inversión privada es buena y si es extranjera, igualmente buena. El capital privado es fundamental para el desarrollo nacional. Colombia ha tratado de promover la inversión directa, ya que es de largo plazo y puede traer transferencia tecnológica. El presupuesto estatal no alcanza para transformar el país. En 2022 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$11.460 millones, un incremento anual de 59,9%. La elección de Gustavo Petro no espantó el interés de los inversionistas extranjeros, por el contrario, el mes de diciembre fue el segundo mejor mes de 2022. Ahora bien, si por razones ideológicas se va desincentivar la inversión en hidrocarburos, se debería hacer de manera organizada y no maltratando inversionistas.

Con el nombramiento de Clara Guatame como directora de la ANH, junto a los equipos que de Min Ambiente y Min Minas, es evidente que el gobierno está siendo consecuente con su promesa de campaña de desmontar al sector de hidrocarburos; quiere frenar la exploración administrativamente y desincentivar la inversión tributariamente. Atrás quedaron las épocas en que se promovía el desarrollo del sector, ahora se hará lo mínimo necesario para “garantizar la soberanía energética” tal como lo mencionan las bases del Plan de Desarrollo del gobierno. Esto, a pesar de que el 71,9% de la inversión extranjera directa de 2022 fue de proyectos de petróleo y minería.

 

Ya mucho se ha advertido sobre las consecuencias fiscales y cambiarias, pero es una decisión tomada. No obstante, el gobierno no debería perder de vista que muchos de los fondos que invierten en hidrocarburos también son los que invierten en infraestructura, telecomunicaciones o en la deuda del país; en vez de agotarlos con papeleo interminable y un ambiente hostil de autoridades, se debería explorar una manera organizada de terminación de contratos.

Los contratos de inversión en el sector de hidrocarburos a través de la ANH vienen acompañados de requisitos de inversión y cuantiosas exigencias de garantías. Si efectivamente el gobierno no tiene interés de que se hagan esas inversiones, primero debería agotar la alternativa voluntaria para que se deshagan esos contratos. Para efectos de transparencia y estabilidad jurídica lo óptimo sería que, a través del Congreso, se tramitara un marco jurídico y económico para hacer esos arreglos. Inclusive parte de las válvulas de escape para cancelar contratos podría ser el requisito de inversión en la transición energética que tanto busca el gobierno.

Destruir la imagen de Colombia como destino de inversión con expropiaciones, cancelaciones unilaterales u hostigamiento burocrático sería un costoso error. El mismo gobierno está buscando cuantiosas inversiones para el agro, turismo y la infraestructura del país. Si matan el petróleo habrá miedo de invertir en otras cosas, no importa que prometan. Las terminaciones voluntarias de los contratos sería un mecanismo para convertir las diferencias ideológicas en oportunidades. Seguir con la idea que Colombia continúa siendo amigable al capital privado. Ya se sataniza mucho al gobierno por ser de izquierda, destruir confianza en el país seria un error que iría mas haya del petróleo.

 

Más detalle…

La tradición política colombiana ofrece a sus mandatarios una luna de miel, entre 6 a 12 meses donde sus iniciativas y equivocaciones se dejan pasar. Históricamente esta ventana de confianza la aprovecha el ejecutivo para radicar ambiciosas reformas frente al congreso. Este gobierno que viene con expectativas masivas de cambio, optó por la cautela en su primera legislatura. Mientras tanto, un temor fundado en experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina, una narrativa de dictadura narco comunista de la oposición y varias salidas en falso de funcionarios están deteriorando el clima de inversión. Brindar más detalle sobre las próximas reformas sería útil políticamente, fomentaría la economía y mejoraría las mismas iniciativas. La incertidumbre confunde a pesar del buen momento que viven muchos empresarios.

Fácilmente se puede confundir el periodo de luna de miel con un falso consenso sobre el qué y el cómo de las reformas. Se corre un riesgo, como le pasó al presidente Duque, de aislarse en políticos y académicos que solo compartieron las opiniones del mandatario. Si efectivamente las reformas prometidas son de la escala y variedad de las cuales se habló en campaña, se debería anunciar esa agenda con un anexo que incluya el detalle de las propuestas del gobierno.

 

Las conversaciones populares que se adelantan en el marco del plan de desarrollo son valiosas, pero tienden a tener un enfoque regional. Pocas veces existe la oportunidad de profundizar sobre temas sectoriales, menos aun cuando la conversación está basada en percepción y no datos. Se debe escuchar a expertos independientes por fuera del esquema oposición-gobierno, inclusive totalmente alejados de la política, quienes son fundamentales si se quiere hacer grandes reformas que requieren consenso.

El plan de desarrollo nos dará más luces sobre la dirección de reformas. Hasta ahora solo se aprobó la tributaria, el grueso de esta pulida en la discusión congresional al tramitarse sin el afán usual de fin de año. Aunque esta cumplió con su propósito de recaudar lo requerido haciendo el menor daño posible, nadie argumenta que fue una reforma estructural. A parte de esto, en trámite viene una reforma política, más bien diseñada para favorecer los intereses del partido de gobierno. Al cierre de esta legislatura, se pueden destacar varias iniciativas del Congreso, pero las reformas grandes de gobierno vendrán más adelante.

La reforma pensional basada en pilares, una propuesta razonable promovida por el Banco Mundial, ya la están satanizando como el fin de los mercados de capital. La reforma a la salud la están desprestigiando diciendo que acabaría la opción privada de atención para depender exclusivamente de un monopolio estatal. Si bien hay mucho rumor, si deberían decir qué va a reemplazar las EPS después de acabarlas. Con el detalle e inclusive el derecho a opinar de voces que piensan diferente, se puede construir confianza.

La economía va a tener un buen cierre de año, pero muchos empresarios están dilatando inversiones en el país hasta no tener más claridad. Existen buenas ideas, especialmente propósitos, pero ya es hora de mostrar el detalle.

PS Fueron 78 anos de espera para nosotros los hinchas del Pereira, también 8 anos en la B, pero finalmente nos llego nuestra estrella.

 

 

La tributaria territorial

Todo candidato promete gastar más, pero cobrar menos impuestos. Una aritmética basada en “eficiencias” en la administración de impuestos, esfuerzos que, aunque útiles, nunca han recaudado lo suficiente para equilibrar finanzas. La disciplina del mercado no solo impone alzas de impuestos. En lo territorial es más dramático porque el gobierno nacional se queda con el desgaste de tramitar una tributaria, pero sin el beneficio del recaudo. Las entidades territoriales, especialmente los departamentos, siguen con la misma estructura tributaria de la colonia dependiendo de los impuestos al pecado. Si en serio se va a hacer una revisión de esta estructura, ojalá sea para modernizarla, no para hacer más de lo mismo.

Cuando se instaló la corona española construyó un sistema de impuestos basado en el vicio. Es una estructura tributaria territorial dispersa en tributos de escaso recaudo que solo generan carga administrativa para el contribuyente y el gobierno.  De 14 impuestos, solo 5 explican el 85% del recaudo total departamental. En los departamentos, 57% del recaudo está concentrado en impuestos al pecado (54.2% cerveza, 21.7% licores y 24.0% tabaco). Salvo los de mayor desarrollo, los departamentos no tienen autonomía, sus ingresos propios tributarios representan tan solo un 27% de sus ingresos. La dependencia frente a las transferencias y las regalías es de cerca el 61%, el resto requiere gestionar frente al gobierno nacional.

 

A través de los años, mientras nuestra sociedad se convirtió en más virtuosa y los recaudos disminuyeron, se aumentaron las tarifas de los impuestos tradicionales de manera agresiva. Con excepción del tabaco, todas las tarifas están por encima del promedio OECD. Esta dependencia fiscal coloca a los departamentos en la incomoda decisión de que al tratar de disminuir consumos por razones de salud afecta sus propias finanzas. Con el tiempo, el recaudo departamental (1% del PIB) cayo para ser menos de la tercera parte del de los municipios. Además, es muy desigual los 7 departamentos más grandes son responsables de mas del 40% del recaudo, mientras que en los 11 más pequeños, no supera el 10%.

En la última reforma tributaria, sabiamente Min Hacienda excluyó los temas territoriales, para verlos integralmente. Se presentaron ideas para explorar: la creación de impuestos para vapeadores, la cesión de las rentas del cannabis o la transferencia del IVA de la gaseosa, las cuales, aunque tenga sentido hacerlas, se mantienen en la línea histórica de combatir lo pecaminoso. La nueva argumentación es la compensación por daños en salud, pero para efectos de recaudo nada de esto mueve la aguja. Hay esfuerzos para que el gobierno se meta en disputas privadas, cerveza vs licores o loterías nacionales vs. Internacionales porque los lobistas buscan hacerse zancadilla, pero eso tampoco logra mucho.

La solución estructural pasa por la adopción de un único Estatuto Tributario Territorial que amplíe la base y racionalice la dispersión de tributos de bajo impacto. Seguir aumentando la tarifa de lo de antes permitiría recaudar una gota más, lo cual puede que sea aplaudido por la galería, pero no resolvería ningún problema de fondo, si acaso crearía retos de contrabando. Mucho se podría hacer modernizando el recaudo, ojalá no salgan con más de lo mismo.

 

Decrecimiento derrotado

Una de las conclusiones de la COP 27 es la derrota de la teoría del Decrecimiento. Con diferentes voces, pero bajo la influencia de Serge Latouche, el movimiento del Decrecimiento busca producir y consumir menos, para garantizar un crecimiento más sostenible; en otras palabras, solucionan el problema de emisiones frenando la economía. En Sharm-el-Sheik, delegación tras delegación presentó sus avances y muchos orgullosamente mostraron el desacoplamiento entre prosperidad y emisiones, destacando que están logrando construir economías menos intensas en emisiones. Existe consenso en que, disminuir emisiones a punta de prohibición, es como matar al paciente para curar la enfermedad.

El Decrecimiento de Latouche argumenta que, al disminuir la actividad económica, el crecimiento se vuelve duradero en el tiempo, ocurre a las buenas o las malas. Pero sus tesis no distinguen entre niveles de desarrollo, por lo que la reducción de recursos, aun para países pobres, es un costo inevitable. Incluso sostienen que como se mejora la calidad de vida gracias al menor trabajo, el Decrecimiento conduce a un freno de natalidad configurando un circulo virtuoso. Los políticos ecológicos del Decrecimiento tomaron como símbolo al caracol, con la metáfora de que, cuando un “río se desborda, queremos que bajen sus aguas para que vuelvan a un cauce natural.” En esencia se trata de un rechazo al crecimiento económico como propósito.

 

El mensaje de los líderes mundiales que se reunieron en Egipto fue esperanzador: se puede lograr desarrollo económico con disminución de emisiones. Según The Economist, 33 países lograron un crecimiento sostenible entre 2007 y 2019, sus emisiones cayeron un 15%, al tiempo que el ingreso per cápita aumentó 23%; son resultados basados en evidencia no filosofía. Ya Argentina, México y Uruguay lograron este desacoplamiento, que Colombia lo logre no es impensable.

Más tecnología en procesos de producción, el despliegue masivo de energías renovables y un más exigente estándar ambiental están cambiando la correlación entre emisiones y progreso económico. El reto de los países, especialmente los pobres, es de financiación para hacer estas inversiones, pero ese es un problema diferente al de prohibir la actividad económica.

El problema de fondo está en que, en esencia, los defensores del Decrecimiento asumen que la matriz de producción no puede ser optimizada y mantienen una relación lineal entre emisiones y crecimiento. Según la UPME, en Colombia solo con la entrada de los proyectos que están en marcha, se aumentará 100 veces la capacidad de renovables del país, logrando que la economía sea mucho más sostenible. Basados en evidencia, el progreso económico disminuye tanto la natalidad como el desperdicio de recursos. Se avanza haciendo la matriz energética más limpia y mejorando la eficiencia de consumo.

En síntesis, la teoría del Decrecimiento que llegó al país está más basada en filosofía que en análisis técnico, es una solución facilista; se le olvida que una nueva conciencia ambiental ciudadana facilita cambios estructurales en la estructura de consumo. Financiación para sostenibilidad hay mucha en la comunidad internacional, mejor enfocarnos en conseguir más recursos para hacer más inversiones y hacer las cosas mejor.

 

 

 

Segunda Línea del Metro

Después de experimentar exitosamente con Transmilenio, dado que su capacidad estaba al limite, Bogotá desarrolló el metro. Según DNP, entre 2011 y 2015 los tiempos de viaje en Transmilenio aumentaron en 18.0%, el carril exclusivo en la Caracas tenia trancón. El centro ampliado era responsable del 50% de los 15.2 millones de viajes que ocurrían en 2015 y se estimaba que el metro duplicara la carga hasta 80.000 pasajeros sentido hora. Ahora, que esta en ejecución, el fantasma de la devaluación ronda el proyecto. Antes de iniciar la licitación de la segunda línea, sería bueno verificar que la primera esté garantizada. No queremos quedarnos sin el pan y sin el queso, papa nación no tiene con que pagar una equivocación.

Desde el DNP, trabajamos con el alcalde Petro, el Banco Mundial y el BID diseñando un trazado del metro. Sin embargo, para no repetir el error del metro de Medellín que, al no tener alimentadores, no canalizo suficientes pasajeros causando una tarifa excesivamente alta, se previó que el SITP, Regiotram, y Transmilenio fueran alimentadores del metro. No se debe permitir un tiquete de metro más caro que el de Transmilenio.

 

Los primeros presupuestos del metro se hicieron con una TRM de $1.975, con un valor estimado del proyecto de U$$ 7.601 millones. Naturalmente no todos los costos del proyecto son en dólares y para el momento de adjudicación ya la TRM estaba en 3.479. La estructuración del contrato contempla un mecanismo de pago en dólares de hasta de US$1.000 millones para mitigación de riesgo cambiario, que, disminuye el riesgo de que el contratista deje el proyecto abandonado. Tan útil como es esta clausula, nadie esperaba una devaluación que superara el 30%. Ya cubrir con esta obligación es $2.43 billones mas onerosa por cambios en la moneda.

Solo el material rodante, el cual es importado, en octubre de 2014 se estimaba en US$591 millones o $1.17 billones, en la fecha de adjudicación subió a $2.05 billones y hoy ese monto es $2.96 billones. En otras palabras, solo este componente, tomando en cuenta la inflación y la escasez de capacidad, podría subir el valor podría mas haya de los $1.1 billones. El problema es que entre 38-40% de los insumos del proyecto son importados, lo cual puede significar mayores costos de $11.6 billones. La cláusula de riesgo puede absorber parte, pero quedarían pendientes más de $6 billones por resolver con un dólar a $5.000.

Para el Regiotram, los retos son diferentes, dado que todos los pagos al contratista son en pesos. En un acto para destacar de gerencia publica, la gobernación de Cundinamarca logro introducir en el contrato expresamente que la totalidad de costo adicional de la devaluación debería ser asumido por el contratista. Si bien pueden dejar el proyecto abandonado, es diferente uno demandar por incumplimiento a ser demandado por desequilibrio.

Estas cuentas de servilleta, son relevantes para que se le de una solución de movilidad a los Bogotanos. Nadie niega la importancia de la segunda línea del metro, es necesaria, pero es fundamental un alto en camino para verificar que no quedemos con dos huecos. Como mínimo se podría reforzar la estrategia de coberturas cambiarias del actual proyecto. Ya las cosas están duras, pero ¿qué pasa si acabamos con dólar a 6.000?

No Perder Colombia

Durante los últimos 25 años, la relación Colombia-EEUU ha sido de amistad inquebrantable; el éxito del Plan Colombia, EEUU principal socio comercial nuestro y una masiva diáspora, construyeron un vinculo estrecho. Colombia llego a ser el tercer mayor receptor de ayuda de EEUU, hoy noveno. Se crearon lazos en esferas de seguridad y inteligencia. El temor de que un gobierno de izquierda disolviera esta alianza era preocupante para EEUU, Chávez decía como ofensa, aunque muchos lo tomaran con orgullo, que “Colombia era el Israel de Sur América.” Sin embargo, la relación se mantiene y, a pesar de dificultades, Colombia no está ni cerca de aliarse con Rusia ni Irán, aunque sí con Venezuela.

Si bien el nuevo tono colombiano fue recibido de manera agridulce en Washington, por ahora se impone la tesis de “no perder a Colombia”. En otras palabras, existe disposición de dialogar sobre temas donde existía previo consenso y alineación. Por ejemplo, en la lucha contra las drogas, donde el esfuerzo conjunto tiene más de 40 años. En relación con la nueva actitud colombiana de legalización de la cocaína, esta tiene defensores, incluyendo un editorial de The Economist, pero no es para todo el mundo, ni en Bogotá ni en Washington.

 

Las elecciones del martes, aunque hacen la relación bilateral más difícil, crean un escenario mejor que el esperado. Al contrario de Colombia, donde el Congreso es solo consultivo en relaciones exteriores, en EEUU este no solo ejerce control, sino que define presupuestos. Se esperaba que una contundente nueva mayoría Republicana Trumpista en cámara y senado se generara un choque con el gobierno colombiano; sin embargo, con los Demócratas previendo ampliar su mayoría senado y la cámara en foto finish inclinado hacia Republicanos, el giro no será brusco.

De especial interés, fue la derecha en la Florida, donde De Santis, el actual gobernador Republicano, se volvió el fenómeno electoral. Es la primera vez, desde la guerra civil que no hay ningún Demócrata elegido estatalmente. La diáspora colombiana apoyo decididamente a De Santis, quien ganó en Miami-Dade. Con esos resultados, si Trump no aspira y aunque aspire, De Santis entra a ser uno de los favoritos para ser el próximo presidente de EEUU. Por lo menos sabemos que es amigo de Colombia.

Lo que debía ser una victoria fácil para los Republicanos, se convirtió en una derrota, dada la escogencia de candidatos excéntricos en varios estados. El presidente Trump apoyó a más de 300 candidatos, pero a los que aspiraban a liderar elecciones en zonas competidas todos perdieron. Sin un mandato claro, pero con mayorías Republicanas en la Cámara, va a haber mayor auditoría sobre Colombia, pero no rompimiento.

La economía de EEUU desde 1950 en cada año después de las elecciones de Congreso siempre crece, inclusive en promedio un presidente Demócrata con un Congreso dividido ofrece un 13% de retorno en la bolsa de valores desde 1932. Con la derrota de los extremos en el Congreso de EEUU y mejores perspectivas económicas, se podría esperar que las visiones opuestas lleguen a puntos moderados. Si la amistad de Colombia con EEUU puede navegar un gobierno de izquierda colombiano y una activa Cámara de Representantes Republicana, la amistad será aún más estrecha que antes.

Hidrogeno, el Futuro

Colombia es rico en todo tipo de energía: genera el 70% de su electricidad con hidroeléctricas, es el productor 20 del mundo en petróleo, el 6 en materia de carbón y está lleno de sol, viento y biomasa. Sin embargo, este potencial de generación eléctrica se frena por limitantes de exportación y la creciente complejidad del entorno de permisos.

El hidrógeno, que parecía ser una fuente energética de ciencia ficción, está a décadas de ser parte de la matriz energética y puede ser la llave para destrabar el potencial de energía del país. El hidrógeno no solo es una solución sostenible, además, brinda confiabilidad al sistema eléctrico, que para Colombia es el futuro.

 

En esencia, la producción de hidrógeno es un proceso que consiste en utilizar energía para romper átomos y aislar el hidrogeno. Si fuera, por ejemplo, agua (H20) se utilizaría la electrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno. Una convención es el uso de colores para distinguir entre métodos de producción: verde, se produce con energías renovables; azul, se genera con gas natural, pero con captura del CO2; gris, surge con gas o metano, sin ninguna restricción; negro, con carbón; morado, con energía nuclear y el blanco ocurre naturalmente. Hoy, de las 87 millones de toneladas producidas en 2020, el 95% se producen con hidrocarburos y tan solo el 4% con renovables. Dado la nueva conciencia ambiental, el potencial del verde y azul es inmenso.

En paralelo, la posibilidad de generar electricidad en Colombia para exportar a otros países está limitada, lo hacemos con éxito al Ecuador, pero inclusive esa interconexión da redundancia en momentos de escasez. El Amazonas limita la conexión con Perú y Brasil, el temor de garantía de pago frena buenas iniciativas con Venezuela y, el Darién bloquea la interconexión con Centro América. Limitaciones de exportación, retos de licenciamiento ambiental o de consulta previa, restringen el mercado doméstico aún más.

La potencia de renovables que es La Guajira, con un potencial de más de 8 mil MW, languidece frente a 42 consultas previas requeridas para construir una línea de transmisión. Igual es el caso de la excelente cuenca hídrica del sur del país, pero que tampoco es posible interconectar con el sistema nacional. Si dependemos del sistema eléctrico, estos proyectos están a décadas de desarrollar su potencial, el hidrogeno hace viable estos proyectos.

La oportunidad es generar hidrógeno colombiano para transformarlo en Amonia (NH3) o Metanol (CH3OH), los cuales pueden ser fácilmente exportados. El mercado global de hidrógeno vale US$135 mil millones, pero cada vez exige más que sea verde o azul. En Colombia sobra el viento, el sol y el agua para producirlo. Con avances tecnológicos de captura carbón esto le podría dar una segunda vida a la industria del carbón térmico. Nuestro mercado natural es el este de EEUU, aunque puede haber oportunidades en Asia.

Se le ha hecho tarde al Congreso y al Min Minas para presentarle al país una ley marco de hidrógeno. Si bien es verdad que existe una ley de renovables, esta tenía otras tecnologías en mente. Deben existir incentivos, una entidad responsable para su regulación y otra para su promoción. Ojalá no se muera en la falta de claridad regulatoria y tramitología eterna que está liquidando a otros proyectos de renovables, se requiere una señal clara.

 

 

Extranjeros vs. Locales

Mucho se ha dicho sobre la devaluación del peso colombiano, aunque lo discrepante es el comportamiento entre locales y extranjeros. Son los mismos hechos, decretos y comentarios, pero las interpretaciones son diferentes. Según el Banco de la República, en los primeros nueve meses de 2022 la inversión extranjera directa aumentó 62.4% frente a 2021 con un sesgo de hidrocarburos y minería que subió 78.6%. En paralelo, la inversión directa de colombianos en el exterior aumentó 35.2% durante el mismo periodo. Así, mientras muchos locales están saliendo del país al percibir un aumento del riesgo, muchos extranjeros están entrando, en busca de activos baratos. Aunque es demasiado temprano para saber qué efecto primará, lo cierto es que tanta incertidumbre no es buena, la inversión necesita confianza. Tanto anuncio impreciso, no ayuda.

Por su parte, la devaluación no es un tema específico de Colombia, según The Economist, en lo que va de este año, el dólar se apreció 18% frente a las 12 principales monedas del mundo. La combinación de la pandemia con la inflación global contribuyó a una percepción de riesgo generalizado que fortalece el dólar. En momentos de incertidumbre, los inversionistas buscan activos seguros y, como dicen los venezolanos, “no hay dólar caro.” El refugio en estos momentos son los mercados financieros de EEUU.

 

En paralelo a este fenómeno, el alza de las tasas de interés en EEUU hace que el capital golondrina migre buscando mejores retornos. Esto tiene eco, casi de inmediato, en otros bancos centrales que al ver devaluada su moneda y con el temor de importar la inflación, incrementan sus tasas de interés locales, atrayendo inversión extranjera. Frente a la coyuntura, casi todas las monedas se están devaluando frente al dólar.

En el ranking de 103 monedas que publica La República, con 16.9%, el peso colombiano era el 24 más devaluado a nivel global en el 2022, hasta el 24 de octubre. No necesariamente es nuestra moneda la que más ha perdido valor, pero en América Latina solo Argentina se devaluó más que Colombia. El mercado espera dos incrementos adicionales de 0.75% de EEUU en el corto plazo, esto no se acabado.

A pesar de un record de remesas hasta agosto de US$5.532 millones, la OPA por el control del Sindicato Antioqueño, y hasta el 23 de septiembre, un superávit en la balanza comercial, el peso se está devaluando más de la cuenta. Muchas familias colombianas están comprando propiedades en el exterior, abriendo sociedades para sacar su patrimonio o vendiendo activos en el país. Que hay nervios, los hay, que tengan razón, aún está por verse.

A tan solo 77 días de iniciar el gobierno, todavía no se han materializado los cambios de fondo, sobre cuyas promesas el gobierno ganó las elecciones. A la fecha no hay decretos sustanciales ni leyes que afecten la estructura social y económica. El papel de Min Hacienda corrigiendo comentarios de otros, deben tener todo nuestro respaldo. Cuando los funcionarios públicos opinan, no es para hacer una lluvia de ideas o explorar. Ahora, independientemente de si los locales o los extranjeros tienen la razón, sin duda a largo plazo Colombia sigue siendo un país con mucho futuro. Ojalá la turbulencia actual no se vuelva permanente, la plata que se va se demora en volver.

Un nuevo PIB

Todos los países miden su producto interno bruto (PIB), lo cual, en esencia, es medir el estado de resultados de la economía. Algunos toman medidas más amplias, como Bután que trata de estimar la felicidad o Picketty que contabiliza la riqueza nacional, aunque útiles por si solas son incompletas. Ahora que EEUU empieza una ambiciosa construcción de contabilidad ambiental para hacer un balance de la nación y Biden busca aterrizar el Cambio en la Riqueza Natural (CRN) en un solo dígito, medir el avance de la conservación, así como se mide el de la economía. Dado el interés del actual gobierno en la agenda ambiental, el DANE podría hacer lo mismo para Colombia. Esos datos no solo mejorarán la toma de decisiones, sino que transparentar los servicios eco-sistémicos contribuirá a nuestra conversación global.

En los 80s Reagan trató de construir un balance de activos para los EEUU, pero no incluía activos ambientales; Clinton en los 90s incluyó temas ambientales, pero recortes presupuestales y la oposición posterior de George W. Bush frenaron la iniciativa; la Unión Europea tiene una comisión permanente de Cuentas de Capital Natural y, en 2021, el Reino Unido publicó un reporte económico sobre la biodiversidad. Biden no solo busca formalizar esta contabilidad ambiental sino incluirla en los análisis de costo beneficio de varias agencias federales.

 

Aunque desde los 70s se ha tratado de innovar contabilizando nuestra riqueza ambiental, solo hasta ahora la tecnología y su reducción de costos están permitiendo una medición más precisa e integral. Los avances en medición satelital permiten censos que incluyen la medición individual de árboles en un bosque, la calidad del agua o las reservas metálicas; también nuevos sensores permiten medir la calidad del aire.  Mejoras con las cuales, Nicholas Mueller, en EEUU, determinó se aportaría 3% en crecimiento adicional por cuenta de enfermedades prevenidas. Con todo, todavía falta mucho consenso por construir en aspectos metodológicos.

Los esfuerzos originales en la materia trataron de usar información de mercados para definir el valor, nuevas técnicas son más amplias. Por ejemplo, un árbol que presta servicios eco-sistémicos de producción de oxígeno, captura de carbono y sombra, tiene un valor más allá de su madera. Con contabilidad ambiental sabemos que entre el 2010 y 2018 la riqueza de cobre y hierro en EEUU cayó 51% dada su intensa extracción para la producción de baterías en la transición energética. Más preocupante es que en el mismo periodo se perdió 10% del valor de los manglares por deforestación o que 33% del valor de las abejas se perdió desde 2006. No todo el crecimiento es igual, hay uno más sostenible que otros.

Si Colombia quiere ser potencia de la vida, líder mundial en conservación, el argumento se construye mucho más fácil a partir de evidencia. La tecnología está disponible, inclusive el catastro multipropósito está a punto de levantar información sobre 26% del país que antes no tenía. Cuando sacamos la protección de arrecifes coralinos, un argumento que ayudó a convencer escépticos fue que 1km de ellos prestaba US$1 millón en servicios ambientales. Los cambios que se requieren serán más fáciles si la evidencia fortalece las buenas intenciones.