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Tras más de 35 años de vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, sigue dando de qué hablar.

En primer lugar, hay un malestar generalizado del gremio de motociclistas en Colombia por las onerosas tarifas anuales que se cobran por concepto del SOAT.

Si bien las aseguradoras argumentan que como actores viales, son los motociclistas quienes provocan la mayoría de accidentes en calles y carreteras lo que no les da un margen absoluto para respaldar la atención en salud de las personas que sufren accidentes y son víctimas de siniestros viales, porque dicen ellos, el porcentaje destinado para tal fin no les da para cubrir. Manifestando un déficit en ese sentido que tiene que ser subsanado con lo que pagan los propietarios de vehículos con cilindraje hasta de 2500 CC que hoy registran menos accidentalidad en las vías. Algo no del todo entendible, cuando vemos que la ADRES ( Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) recibió entre 2016 y 2020, cerca de $1,8 billones de pesos.

Y es que el sistema de seguridad en carreteras se queja de que la gente no paga el SOAT, y claramente no lo están pagando por los altísimos costos de esos seguros. En muchas ocasiones el SOAT cuesta lo que vale una moto, entonces tiene que haber ahí una racionalidad entre la tarifa y la garantía de seguridad en salud para terceros.

Ahora bien, no nos digamos mentiras, también se están presentando hechos de corrupción gravísimos, no en vano en los últimos días hubo un pronunciamiento del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunciando que cinco IPS que manejan este tema se han robado un billón (con B) de pesos. Algo totalmente desbordado que, requiere una investigación a fondo y que los responsables vayan a la cárcel.

Estamos de acuerdo en que la gente pague el SOAT, pero a unas tarifas justas y que los recursos sean bien administrados por las aseguradoras, las afiliadas a FASECOLDA.
Estamos aquí ante un caso similar a lo que ocurre en la Costa Atlántica con las tarifas de energía eléctrica, la gente no paga por los altísimos costos en el valor de ese servicio.

Entonces, es prioridad en Colombia, establecer tarifas diferenciales para motociclistas, todos sabemos que las grandes ciudades tienen un riesgo enorme de producir los accidentes que lo que tienen que cubrir las pólizas, pero en el sector rural, entre los campesinos de Colombia, hay mucho menos riesgo de accidentalidad, el número de accidentes son muy bajos. Entonces, no existe digamos, la necesidad de tener grandes tarifas para garantizar una accidentalidad muy baja, quiere decir que los campesinos de Colombia están ayudando a financiar la alta accidentalidad de las ciudades, eso a toda luces es injusto y por supuesto tiene que buscarse esa alternativa.

Hoy en Colombia la gente que es propietaria de un vehículo o una pequeña moto tienen que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las secretarías de tránsito, y además el exagerado precio que valen las licencias de conducción en Colombia. Esto se volvió un círculo vicioso del abuso con la gente.

Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado.

Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas y la gente, no tiene forma de pagar.

Por ejemplo, un campesino en Bruselas, el corregimiento cafetero más grande de Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; me decía que paga $700 mil pesos al año, cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial. Entonces, estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras. Algo ilógico.

Se está volviendo costumbre en Colombia que sino es la DIAN, es la UGPP, todo el mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no aguanta más.

Lo que hay que hacer hoy es reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo.

De igual forma que las aseguradoras dediquen un porcentaje de esos billonarios recursos y articulen con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, campañas de prevención efectivas para evitar la alta accidentalidad vial que deja anualmente a más de 7200 víctimas en las carreteras de Colombia