Las últimas semanas han sido muy interesantes para el mundo de la innovación y la tecnología en el país, eventos como la primera edición de la Colombia Tech Week, el GoFest, el Capital Summit, la Platzi Conf y Andicom han traído dinamismo al ecosistema, reforzando la plataforma para el crecimiento y la colaboración entre empresas e inversores a nivel nacional e internacional.
Los eventos coincidieron en poner el foco en tres temas relevantes: el desarrollo del sector de FinTech, que sigue siendo el que mayor representación tiene en las startups del país; la inteligencia artificial, siguiendo la tendencia mundial; y, por último, la importancia y retos de la transición energética.
Este último tema ha estado en el centro de la investigación y desarrollo desde hace algún tiempo y, como se ha señalado en columnas anteriores, es uno de los ejes centrales de la inversión de los fondos de capital de riesgo. La semana pasada The Economist publicó el artículo llamado «Clean Energy’s Next Trillion-Dollar Business: Grid-Scale Batteries» en el que detalla el auge del almacenamiento de energía a nivel de red, impulsado por el creciente uso de baterías de gran escala para enfrentar los desafíos de intermitencia que presentan las fuentes renovables como la energía solar y eólica.
La capacidad instalada global de almacenamiento con baterías debe crecer, de menos de 200 GW en 2023, a más de 5 TW para 2050 para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). En 2023, el mercado de almacenamiento a nivel de red fue de unos U$15 mil millones, pero se espera que crezca al rango entre U$1 y U$3 billones para 2040. Este crecimiento es impulsado por la adopción de baterías de litio en combinación con proyectos de energía solar y eólica, con costos competitivos frente a la electricidad generada por carbón y gas en algunos mercados.
Este marco resulta particularmente relevante para América Latina, y el crecimiento que han tenido las startups de la región vinculadas con estas tecnologías como lo señala el informe “The State of Energy & Environment Startup Industry in LATAM” de StartupBlink. El informe indica que si bien la zona aún no es un líder global, la industria muestra un notable avance, con un enfoque en la energía renovable y tecnologías limpias, especialmente en países como Brasil, Chile y Colombia.
En 2024, el 5.1% de las nuevas startups del sector Energía y Medio Ambiente (o EnergyTech) mapeadas por StartupBlink provinieron de América Latina. La mayoría de estos emprendimientos está en una fase de desarrollo, con un enfoque en la financiación de etapas tempranas y semilla. Aunque hay menos startups en comparación con otros sectores como Healthtech o Foodtech, el sector atrae más capital, lo que subraya su importancia estratégica y su carácter intensivo en capital.
Colombia ha mostrado un notable ascenso dentro del ranking de ecosistemas de emprendimiento en el sector de Energía y Medio Ambiente, consolidándose como uno de los líderes regionales. Bogotá, la capital del país, ha emergido como un centro importante para las startups en esta temática. En 2023, Bia Energy, una startup con sede en Bogotá, consiguió una ronda de financiación Serie A de 10.5 millones de dólares, lo que subraya el creciente interés y el potencial del país en este ámbito. Este tipo de inversiones indican que Colombia está logrando captar la atención de los inversores, particularmente en tecnologías relacionadas con energías renovables y sostenibilidad.
Por otro lado, el desempeño de Medellín en el sector de Energía y Medio Ambiente (5º lugar) es notablemente más sólido que su octava posición en los rankings generales de startups en América Latina. Esto refleja una especialización en tecnologías limpias y sostenibles que le ha permitido mantenerse competitiva frente a otras ciudades de la región.
El sector de EnergyTech en América Latina, aunque todavía en sus primeras etapas, está mostrando un crecimiento significativo. A medida que el sector continúa madurando, es probable que la región siga desempeñando un papel clave en la transformación hacia un futuro más sostenible. Ahora bien, para lograr estas oportunidades de crecimiento los países deben cerrar la brecha existente entre la producción de energía con fuentes renovables y su capacidad de almacenaje, y la forma en que estas energías se puedan vincular a sus matrices energéticas para facilitar su potencial transporte y comercialización.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha valorado como encomiable el objetivo del Gobierno de Colombia para reducir la dependencia del petróleo y del carbón, en línea con su plan «esencial» de diversificar sus exportaciones para avanzar en la estrategia de transición energética.
No obstante, según ha constatado el personal técnico del FMI para la elaboración del Artículo IV, un plan de transición energética y de diversificación de las exportaciones debe ser bien diseñado y ejecutado para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de la economía colombiana en el largo plazo.
La reorientación del gasto hacia la inversión, dentro de un menor techo de gasto, apoyaría la transición energética y aumentaría el potencial de crecimiento. Para el FMI, la reorientación de parte del gasto hacia proyectos de infraestructura y relacionados con el cambio climático apoyaría el objetivo de Colombia de impulsar su potencial de crecimiento y ser un líder mundial en la agenda de transición climática.
Asimismo, el FMI ha pedido mayores esfuerzos económicos a Colombia en algunos aspectos como la productividad, que debe aumentar en el país como herramienta esencial para impulsar el crecimiento potencial en el mediano plazo.
Para revertir la caída en la productividad total de los factores observada en Colombia en las tres últimas décadas será necesario mejorar el clima empresarial, por ejemplo, simplificando la regulación, reduciendo la rigidez del mercado laboral y eliminando los cuellos de botella que evitan el crecimiento de las empresas más pequeñas y las mantienen al margen de la economía registrada.
En consonancia con estas reformas, el FMI ha pedido al Gobierno que se actúe con gobernanza y transparencia. «El desarrollo de una estrategia integral de lucha contra la corrupción centrada en las áreas con mayor riesgo de corrupción debe guiar los avances en la agenda de gobernanza», ha recogido el equipo técnico.
Estabilidad financiera
En lo que se refiere al sistema bancario, el Fondo ha destacado que los bancos siguen siendo resilientes a pesar del aumento en la morosidad, manteniendo su liquidez y estando bien capitalizados.
No obstante, el personal técnico ha explicado que es necesario seguir vigilando atentamente los riesgos para la estabilidad financiera. «A medida que la economía continúe estabilizándose, la morosidad podría seguir aumentando, lo que requiere un seguimiento cuidadoso», han sostenido.
Finalmente, sobre la política monetaria, el FMI ha apuntado que dados los riesgos al alza para la inflación, incluidos los derivados del fenómeno de El Niño y de la alta indexación, será necesario proceder con cautela en futuras reducciones de los tipos de interés.
A medida que disminuyen la inflación y las expectativas de inflación, ajustar la tasa de interés de política monetaria en función de los datos con el objetivo de situar la inflación firmemente en la meta del 3% a mediados del 2025, permitiría alcanzar un buen equilibrio entre salvaguardar la actividad económica y la credibilidad de la política monetaria.
Como se recordará el gas natural fue por muchos años el hijo indeseado de los hidrocarburos. Cuando las denominadas 7 hermanas, que eran las multinacionales petroleras exploraban en su búsqueda y al perforar un pozo y se topaban con un yacimiento de gas optaban por sellarlo y seguían tras el oro negro. Sólo a raíz de la guerra del Yon Kippur, hace ya 50 años y el embargo petrolero por parte de los países productores del Golfo Pérsico a los países aliados de Israel, encabezados por EEUU, los llevó a plantearse la necesidad de diversificar su matriz energética para no depender sólo del petróleo, cuyas mayores reservas estaban en manos de gobiernos hostiles a ellos. También llevó a las petroleras a plantearse la necesidad de diversificar su portafolio de inversiones, para no poner todos los huevos en una misma cesta.
Se encontró, entonces, el hambre con la comida y fue así como desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado se integró el gas natural a la matriz energética. Desde entonces se empezó a considerar al gas natural como el Príncipe de los energéticos, porque el petróleo sigue siendo el Rey.
Elgasparaelcambio
Ello explica el nacimiento de la industria del gas en Colombia de la mano de la Asociación, la primera en su género, entre ECOPETROL y la TEXAS, para desarrollar los más grandes yacimientos de gas natural libre descubierto en Colombia, Ballena, Chuchupa y Riohacha, en La guajira. Estos, a poco andar se convirtieron en la principal fuente de abastecimiento de gas natural del país, sirviendo de base para el programa de masificación del uso del gas en Colombia, gracias a la política de El gas para el cambio promovida por el Ministro de Minas y Energía Guillermo Perry en la administración Barco. Se dejó, entonces, de quemar el gas asociado en las teas en los campos de explotación petrolera y de reinyectarlo para mejorar la tasa de recobro de petróleo y se extendió su uso industrial, en la generación de electricidad, en la reconversión a gas del parque automotor y en los domicilios.
Esta es la historia del gas en Colombia en donde el mismo participa en la canasta energética con el 21%, el segundo energético en importancia después del petróleo y sus derivados que participan con el 21%. No obstante, en los últimos años, al igual de lo que ha venido ocurriendo con el petróleo, las reservas probadas de gas en el país han venido cayendo debido a la declinación de los principales campos en La Guajira y en los Llanos orientales. La relación reservas – producción (R/P) pasó de 9 años en 2018 a sólo 7.2 años al cierre del año 20222. De esa manera hemos pasado en Colombia de un mercado de abundancia de gas natural a otro de escasez.
La caída de las reservas
Previendo el déficit de gas natural al cual estaríamos expuestos en los sucesivo, a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, autorizamos la instalación de una planta regasificadora que está ubicada en Cartagena (Sociedad Portuaria El Cayao), la cual tiene una capacidad de 400 MMPCD, la cual ha permitido la importación de gas para suplir los requerimientos del parque térmico que la montó. En efecto, como lo advierte ECOPETROL en un comunicado, “entre octubre y lo corrido de noviembre de 2023 se han importado, en promedio, 204 millones de pies cúbicos al día, lo cual equivale al 17% de la demanda nacional, a un costo para la demanda cercano a US $20/GBTU” Y la necesidad será aún mayor ahora que tenemos de por medio la declaratoria oficial por parte del Gobierno del fenómeno de El Niño, el cual ha obligado a una mayor generación térmica, que requiere el gas como combustible, la cual ha pasado de participar en un 15% a más del 40% de la generación de electricidad.
La COP28 y la transición energética
Es en este contexto en el que la reiteración por parte del Presidente Gustavo Petro en el seno de la COP28, que tiene lugar en Dubai, de que “Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”
, no deja de causar desconcierto. Del desconcierto se pasó a la perplejidad después de la adhesión de Colombia al Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, lo cual implica, según lo remarcó el propio Presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”. Utilizó un neologismo para significar que con esta decisión se estaría evitando un “omnicidio” en el planeta tierra. La Primer Ministra de uno de los países firmante, Tuvalu, Kausea Natano, manifestó en nombre de los firmantes que estaban “listos para dejar sus reservas de combustibles fósiles en elsubsuelo”.
Esto es supremamente grave para el país, porque con tal decisión estaríamos dando un salto al vacío, con consecuencias catastróficas para el país! Y ello, mientras el resto del mundo, a contrapelo de lo que plantea y se propone el Presidente Petro, aumenta la producción y el consumo de petróleo y sus derivados. Según la Agencia internacional de energía (AIE), en los próximos 5 años la demanda de crudo en el mundo se incrementará en 5.8 MMBPD y solo a partir del 2030 se empezará a aplanar la curva de demanda. Entre tanto, el Presidente de PETROBRAS Jean-Paul Prates anuncia que Brasil pasará de producir 3 MMBPD a 5.4 MMBPD hacia el 2028. Por su parte Guyana se apresta a salir al ruedo con una producción nueva de petróleo de 1 MMBPD. Y Venezuela no quiere quedarse atrás, Nicolás Maduro se muestra dispuesto a dejarse torcer el brazo de Biden, con tal de que le levante las sanciones y PDVSA salga de la Lista Clinton, para tratar de reverdecer su economía a punta de dólares provenientes de la actividad petrolera, volviendo a aquellos tiempos en los que producía más de 3 MMMBPD. En ello, Maduro no tiene escrúpulos ideológicos ni reparos ambientalistas.
Así las cosas, el discurso en Dubai, así como la firma del tal Tratado, al cual además de Colombia solo se han adherido, según el registro de prensa “varios archipiélagos- Estado del océano Pacifico, Asia y el Caribe como Tuvalu, Timor-Leste, Antigua y Barbuda, Fiji y Vanuatu, ninguno de los cuales depende tanto como depende Colombia de la actividad petrolera, gana aplausos y reconocimientos del activismo de los fundambientalistas del orbe, pero se sitúa, como diría el mexicano premio
Nobel de la Literatura Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, por lo menos de la de Colombia.
La posible sociedad Ecopetrol – PDVSA
Tanto el anuncio de no más firma de contratos de exploración y explotación petrolera y ahora la renuncia a la actividad petrolera, no se compadecen con los términos de la Declaración firmada por los presidentes Gustavo Petro y Nicolas Maduro en el cual se dice, palabras más palabras menos que “es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”
. Tanto más en cuanto que para que ello sea posible es menester firmar allá los contratos de exploración y explotación que se niega a firmar en el territorio nacional. La mayor expectativa que despertó en el Gobierno la flexibilización de las sanciones de EEUU a Venezuela por parte del Presidente Jean Biden es la posibilidad de importar gas desde Venezuela, propuesta esta que se viene acariciando desde los inicios de este Gobierno. Para justificarlo el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla afirmó que “nosotros sí le entregamos el gas y ellos no lo han devuelto. Este es el momento. Y tendríamos el gas para que las térmicas estén actuando” .
Se refiere él al Memorándum de entendimiento firmado entre los presidentes Hugo Chaves y Álvaro Uribe que hizo posible la construcción del gasoducto Antonio Ricaute, con el compromiso de suministrarle gas a Venezuela por parte de Colombia entre los años 2007 y 2015, lo cual se cumplió y luego Venezuela lo revertiría a partir del 2016, lo cual nunca se dio. Huelga decir que, según la Asociación de Geólogos y Geofísicos (ACGG), “en lo que queda de este Gobierno es dificil traer gas y petróleo de Venezuela” .
Habla Petrobras
En momentos en los que se discutía esta posibilidad, que está supeditada entre otras cosas a la posibilidad de que PDVSA salga de la Lista Clinton y se plantean reparos a tal iniciativa por no ser confiable la contraparte, dado sus antecedentes, así como sobre su viabilidad técnica , cuando, de pronto, se conoce el anuncio por parte del Presidente de PETROBRAS, Paul Prates, en una entrevista con la Agencia de noticias EFE, en el sentido de que están trabajando “en un plan de desarrollo de esas reservas para atender el mercado de Colombia y, eventualmente, si nos juntamos con empresas que también tienen reservas en la región, montar una planta para licuar ese gas natural y poder exportarlo a donde queremos”. Con ello, según
la fuente, Colombia, no sólo recuperaría su capacidad de autoabastecerse sino que podría convertirse “en un jugador clave en la exportación de gas”, en momentos en los que debido al conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia hay un gran apetito por el mismo.
Según sus cálculos en área que comparte con ECOPETROL, su socio, se calculan reservas del orden de 4 TPC de gas, el doble de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país, que están alrededor de 2.9 TPC. Y esto va en serio, toda vez que según aseguró el Presidente de PETROBRAS, esta contempla en su Plan estratégico 2024 – 2028, que prevé inversiones por US
$102.000 millones, se apropiaron US $1.300 millones a operaciones en otros países entre los cuales está Colombia en su radar.
Como lo acotó el Presidente de la Fundación Xua Energy y ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía Julio César Vera, “para el país es una excelente noticia la posibilidad que se puede desarrollar un área frontera, como lo es el off shore, con un potencial tan importante en materia de gas, que no solo permitirá inicialmente duplicar las reservas actuales que aportarían a la seguridad y soberanía energética del país, sino además con un potencial exportador que aporte divisas y recursos importantes. Adicionalmente, se puede generar alrededor del sector off shore un cluster de servicios, innovación y desarrollo tecnológico”11.
Por lo demás, como es bien sabido, en los últimos años han tenido lugar unos hallazgos off shore muy importantes en el Caribe, destacándose entre ellos los campos de Uchuva, Gorgón y Orca, este último en etapa de delimitación y cuantificación de sus reservas, hasta ahora contingentes, para lo cual se avanza en el alistamiento de la perforación de varios pozos por parte de HOCOL, empresa del Grupo empresarial de ECOPETROL.
Así las cosas, nos atrevemos a plantear que no se debe prejuzgar, ni descartar de plano ninguna opción, todas deben considerarse su viabilidad, oportunidad y conveniencia, desde la perspectiva del corto, mediano y largo plazo, asumiendo que el gas natural, el Príncipe de los energéticos, está llamado a ser el combustible – puente en la taxonomía de la Transición energética y teniendo como premisa fundamental la seguridad y la soberanía energética.
Podemos decir que durante este año, el primero de cuatro de la administración Petro, el sector Minero – Energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición energética justa, no se cuenta con su Hoja de ruta. Desde el Ministerio se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. Mucho ruido y pocas nueces!
De hecho no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición energética justa2.
Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro económico mundial (FEM) Colombia perdió 10 posiciones en el Índice de desempeño de la Transición energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el Líder en Latinoamérica, Colombia ahora está de sexto3.
Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la Emergencia económica y social declarada por el Presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en los que los precios están disparados a consecuencia del Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.
Con terquedad aragonesa la saliente ministra de Minas y Energía Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumando peras con manzanas(reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas.
Fue su propia viceministra Belizza Janet Ruíz la que desmintió dicho informe y ello le costó el puesto. Cómo le costó también su permanencia en el cargo a la Directora de la ANH Clara Guátame, quien corrió con la misma suerte, por no prestarse a darle una interpretación amañada y alineada con su postura al informe anual que emite la agencia y que se conoció en mayo pasado.
Y ya para irse, en vísperas de su retiro, autorizó la publicación, en volandas, para comentarios 4 documentos de la Hoja de ruta de la Transición energética justa aún en borrador, de cuyas proyecciones de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda, tomadas del más reciente Informe de la ANH, se infiere como corolario que al paso que vamos Colombia estará importando gas en el 2026 y petróleo en el 2028 (¡!). Así lo consideran Valora Analitik y el experto Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes4, sin embargo en dichos documentos no se repara en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.
Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio tales como la dirección de la ANH, que ya completa 4 meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los Vice ministerios, particularmente el de energía, en donde quien reemplazó a la anterior Viceministra, Cristian Díaz, también renunció.
Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella. El rimbombante anuncio de la Ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas5.
El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto 1277 de emergencia que prácticamente la parálisis de la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad minera tiende más bien a proscribirla.
Se anunció también un proyecto de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos cuyo contenido y alcance aún se desconocen, pero dados los pronunciamientos del Superintendente de servicios públicos domiciliarios hay una gran aprehensión entre sus prestadores. Esperar para ver!
Salvó la cara la Ministra con la decisión, por lo demás sensata y valerosa, tomada por el Gobierno nacional, más atribuible al Ministerio de Hacienda que al Ministerio de Minas y Energía, de sincerar los precios de los combustibles, empezando por la gasolina, reajustando el precio del galón desde octubre del año pasado, primero con incrementos de $200 mensuales y desde junio de este año de $600. Gracias a esta decisión el déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), según el Comité autónomo de la Regla fiscal al cierre de este año será de $18.5 billones, $10 billones menos que el estimado al inicio del año.
Tratando de magnificar los resultados de sus once meses de gestión frente a la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez indujo al error al Presidente Gustavo Petro, quien basándose en el 5º de los 35 “logros” que ella enumera en su carta de renuncia manifestó en su discurso de instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio que ella había logrado un hito histórico al “asignar el 100% de la capacidad de transporte de energía con un proceso competitivo: 8.3 GW para 190 proyectos (77% energía solar, 15% energía eólica”6, confundiendo la asignación de puntos de conexión con transmisión y lo que es peor con capacidad de generación de energía.
Entre otras cosas, a ello y sólo a ello fue a lo que dedicó la UPME, a la que, absorbida por dicha tarea, no abrió una sola subasta para transmisión que es lo que el sistema pide a gritos, para evitar situaciones como el “agotamiento en la red de transmisión regional” del cual habla XM, la empresa que opera el Sistema interconectado nacional en sus dos recientes comunicados, que tiene en estos a la región Caribe con “demanda no atendida”, que es como llama al racionamiento en la prestación del servicio de energía.
Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la Ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la Ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.
1 Ex ministro de Minas y Energía
2 Amylkar D. Acosta M. Acelerando em neutro. Mayo, 24 de 2023
3 Amylkar D. Acosta M. Julio, 1 de 2023
4 Vanguardia. Agosto, 3 de 2023
5 Amylkar D. Acosta M. El parto de los montes. Octubre, 15 de 2023
6 Irene Vélez. Carta de renuncia. Julio, 19 de 2023
Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER) y ello gracias al impulso, enhorabuena, que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.
La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge inusitado de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al Cambio climático.
Pero luego este inusitado boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales2.
Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro económico mundial (FEM) que se acaba de revelar Colombia, junto con chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 en el ranking, que ocupaba en 2021 y a la 39 este año, entre 120 naciones evaluadas de todo el mundo. Y después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países estos que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5.4 puntos de Brasil, que es el país que esta vez encabeza el pelotón en la región.
Su nota en el Índice de Transición energética (ETI, por sus siglas en inglés) del FEM, después de haber ganado 4.4 puntos porcentuales entre 2014 y 2023, bajó del 66 en 2021 a 60.5 y al desagregar esta cifra se puede constatar que los puntaje más bajos se registraron en innovación (25.8), el puntaje más bajo, infraestructura (47.6) y finanzas e inversiones (49). Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales. Y no fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de ruta de la Transición energética hasta febrero del año entrante, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.
No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65.2, en cambio pasa apenas raspando en estabilidad política al obtener 3.58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero (¡!).
El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición energética justa, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2.1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero. Ojalá el Pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido3.
Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner em Holland & Knight, “no basta con un pacto”4 para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición energética. Nada más alejado de la realidad”5. Pactos como este, diría yo, son necesarios pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición energética del Foro económico mundial”6. Así de claro!
Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, gracias a Dios!
1 Miembro de Número de la ACCE
2 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Diciembre, 11 de 2022/Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023
En más de doscientos años de vida republicana, la región Caribe, que representa el 14.7% del PIB, abarca el 11.6% del territorio nacional y alberga el 21.9 de la población colombiana, sólo ha tenido la oportunidad de tener en el solio de Bolívar tres presidentes, en su orden Juan José Nieto, Rafael Núñez y Gustavo Petro. Este es un hecho inédito, digno de destacar, como lo es también su visita en este momento crucial para el Departamento de La Guajira, que conmemora 58 años de su creación, pero a diferencia de las de antaño esta vez no su visita no será fugaz y estéril sino para gobernar desde la Península. La misma que, como dice la letra de la Canción de Rafael Manjarrez “se mete hasta el mar así, como si pelear quisiera, como engreída, como altanera”, altiva y desafiante.
La Guajira, históricamente, ha padecido del aislamiento y el desdén oficial1. Lo resume patéticamente nuestro laureado con el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez: “del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, los soldados, las malas noticias incubadas a más de dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación por el Río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña”. Ahora llega usted, presidente, en medio de una gran expectativa del pueblo, esperanzado de que, después de tanto óxido del poder que ha llegado desde el interior, usted sea portador de buenas noticias, incubadas esta vez al nivel del Mar Caribe que baña sus costas.
Usted ha dispuesto declarar la Emergencia económica y social para encarar el Estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucionalmediante su Sentencia T – 302 calendada el 8 de mayo de 2017, la cual tuvo su origen en el flagrante incumplimiento por parte del Gobierno de las medidas cautelares que tomó la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a través de la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015 en orden a preservar la vida de la niñez y la adolescencia del pueblo Wayüu, que se debate en medio de su penuria y laceradas por las lacras de la desnutrición y el hambre2.
Según la propia Corte (Sentencia T-025 de 2004), se decreta el Estado de cosas inconstitucional “cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”, la que se ha prolongado en el tiempo, porque con la Sentencia de la Corte al igual que, con la Resolución de la CIDH, tal y como acaecía con las cédulas reales de la Corona española, se obedecen, pero no se cumplen3.
Esta en sus manos, señor presidente, dar cumplimiento al Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica. De esta manera se estaría dando un paso importantísimo en la dirección correcta para paliar por lo menos la crisis humanitaria que afecta a la población más vulnerable. Hasta ahora se ha quedado en el papel, que lo resiste todo, víspera de mucho y día de nada4.
De otra parte, el Consejo de Estado acaba de pronunciarse ordenando a la Agencia de Desarrollo Rural -ADR- iniciar inmediatamente los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios tendientes a la terminación del proyecto multipropósito del Río Ranchería, el cual permanece a medio palo5, como el más monstruoso elefante blanco del país desde 2010 cuando se inauguró la presa de El Cercado. Esta es su primera fase y mientras no se construya la segunda fase, consistente en dos distritos de riego, el del Ranchería y el de San Juan del Cesar para irrigar 18.030 hectáreas, el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento y una microcentral de generación con capacidad de generar 7 MW de potencia, seguirá siéndolo6.
De lo que se trata, entonces, es de poner en marcha la «Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, elaborada por la Agencia De Desarrollo Rural y adelantar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto ejecutando su segunda fase, que permita alcanzar los propósitos planteados desde su formulación y estructuración. No se necesitan más estudios ni más actualización de la actualización de los mismos, como modalidad del mamagallismo oficial7.
También en este caso se expidió el Documento CONPES 3362 de julio 14 de 2005, declarando este proyecto como de importancia estratégica y por ello mismo de alta prioridad para el Ministerio de agricultura. Incluso en el documento CONPES 3926 del 23 de mayo de 2018 se estableció como “línea de acción 3.4” la culminación de obras de este proyecto. Pero, bien se ha dicho que en este país un Documento CONPES no se le niega a nadie, para que después quede como letra muerta.
Y, desde luego, la otra asignatura pendiente es la contramarcha de la Transición energética justa, en la que está comprometido su gobierno. La guajira posee el mayor potencial de energía eólica y solar fotovoltaica del país, así como también la mayor capacidad de generación asignada, que supera los 2.400 MW de potencia, para lo cual se requiere la instalación de 16 parques eólicos, lo cual constituye para La Guajira y los guajiros una ventana de oportunidad8. Empero, desencuentros y dificultades en los procesos de consultas previas que conlleva su instalación, así como la colectora y las líneas de transmisión, han obligado al aplazamiento de su entrada en operación, frustrando este desarrollo y de paso poniendo en riesgo la seguridad energética del país al poner en neutro la caja de velocidad de la Transición energética9.
Se trata, entonces, señor presidente, de que el Estado, remolón y negligente como lo ha sido, cumpla su palabra empeñada, que no dilate más el cumplimiento de la Sentencia T – 302 de 2017, que se ponga en práctica el Documento CONPES 3944 de 2018, que se destrabe, de una vez por todas, la ejecución de la segunda fase del proyecto multipropósito del Río Ranchería, dándole cumplimiento a la providencia del Consejo de Estado. Si ello hasta ahora no ha sido posible es porque no ha habido voluntad política, pero su declaratoria de la emergencia económica y social, es una muestra palmaria de que usted la tiene, pues al amparo de la misma usted puede proceder sin más dilaciones a honrar la palabra empeñada. ¡Enhorabuena!
Se impone, además, la intervención y mediación con presteza del Gobierno Nacional que permita viabilizar el avance de los proyectos de energías renovables, procurando compaginar y compatibilizar los legítimos intereses de las comunidades con los de las empresas desarrolladoras de los proyectos y los de la Nación. Bien ha dicho el Banco mundial que “las turbinas eólicas no existen en un vacío social, como las creaciones humanas no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. ¡Y el camino no es otro que el diálogo y la concertación!
Si su gobierno la da una respuesta satisfactoria a tan compleja como intricada problemática, La Guajira toda se dará por bien servida, usted pasará a la historia y será recordado, como hoy el pueblo Wayüu aún recuerda agradecido al General Gustavo Rojas Pinilla por cuanto hizo por ellos para saciar su inveterada sed10. ¡Que así sea!
1 Amylkar D. Acosta M. La Guajira: del realismo mágico a la real realidad. Septiembre, 20 de 2016/ La Guajira y sus contrastes. Enero, 31 de 2023
2 Amylkar D. Acosta M. S.O.S por La Guajira/ A propósito de las medidas cautelares tomadas por la CIDH. Diciembre, 21 de 2015/ Ya era hora. Junio, 8 de 2018/ Cuándo será ese cuándo. Mayo, 21 de 2022-
3 Amylkar D. Acosta M. Se obedece pero no se cumple. Marzo, 28 de 2021 4 Amylkar D. Acosta M. Manes del centralismo. Enero, 30 de 2020 5 Amylkar D. Acosta M. A medio palo. Julio, 16 de 2011/ La represa represada. Agosto, 20 de 2018 6 Inaudito. Febrero, 23 de 2020/ Los elefantes blancos. Octubre, 12 de 2020.
7 Amylkar D. Acosta M. El mamagallismo oficial. Mayo, 9 de 2020.
8 Amylkar D. Acosta M. Una ventana de oportunidad. Enero, 30 de 2020 9 Amylkar D. Acosta M. Oh paradoja. Diciembre, 11 de 2022/El riesgo inmanente de racionamiento de energía.
Mayo, 20 de 2023/ Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023 10 Amylkar D. Acosta M. Añorando a PROAGUAS. Septiembre, 12 de 2021.
El presidente Gustavo Petro durante estos primeros 10 meses de gobierno ha tenido una importante agenda internacional que ha permitido fortalecer la imagen de Colombia ante el mundo, establecer relaciones diplomáticas y concertar acciones para la consolidación económica de nuestro país.
Este anuncio es de una gran importancia para nuestro país porque justamente va en la línea de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y las acciones que desde el Ministerio de Minas se están adelantando pues el hidrógeno verde puede ser un sustituto del gas natural, petróleo y carbón y, según el presidente Petro, América del Sur tiene ventajas competitivas en términos de generación de energías limpias, lo que pone a Colombia en un lugar importante en este aspecto.
Otro de los aspectos importantes de esta noticia de cooperación entre Colombia y Alemania es que nuestro país avanza en un proyecto que requerirá inversiones de entre US$5.000 millones y US$6.000 millones para tener instalaciones de producción de energía limpia, lo que indudablemente significa inversión, empleo y modernización en nuestra infraestructura para la generación de las energías limpias.
En definitiva, Colombia va bien, estamos siendo vistos ante el mundo con ojos de progreso y de innovación y tenemos grandes oportunidades de desarrollo protegiendo al medio ambiente. Entendemos que cambiar las formas en que siempre se han hecho las cosas no es fácil, pero el presidente está cumpliendo el mandato popular y tiene una bancada comprometida y que lo respalda.
El Jefe de Estado hizo el anuncio en la apertura del 15° Congreso Anual de Energía, organizado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica(Acolgen), en donde planteó la importancia de sustituir la energía fósil por energía limpia en el corto plazo.
Dicho proceso debe hacerse “rápido porque no estamos hablando de décadas ¿cómo? Entonces esa pregunta no la voy a responder ahora, sino que la voy a dejar en este Congreso para que se haga una mesa con los actores propios con el Gobierno, con las entidades nuestras, para estudiar las fórmulas –incluso si hay experiencias en el mundo, puede haberlas–“, dijo.
Agregó que en “ese camino de corto plazo, que implica dineros, que implica la acción privada y la acción pública y que, seguramente, implica la acción comunitaria, porque si los wayú, sabiendo su triste historia con el carbón, dicen no es no. Entonces aquí hay que invitar a la comunidad wayú”.
El Mandatario recalcó el potencial que tiene Colombia en la generación de energías limpias y su capacidad de exportar, apuesta que está en marcha gracias al proyecto de interconexión con Panamá.
“No está en fase 1, está en fase 3, lo tiene ISA. Pero si nosotros nos amarramos a la red centroamericana, que tiene todavía algunos problemas, estamos al borde de exportar energías limpias a Estados Unidos.”, precisó el Presidente Petro.
Acabo de intervenir en el XI Congreso petrolero en Barrancabermeja, corazón de la industria petrolera en Colombia, organizado y patrocinado por su Cámara de Comercio.
Mi intervención versó sobre Cómo adelantar la Transición energética justa y responsable y no fracasar en el intento.
Hice hincapié en que Colombia debe darse su propia Hoja de ruta de dicha Transición, la que permita una Transición inteligente, gradual y evite poner en riesgo tanto la seguridad como la soberanía energética.
Se trata de una Transición energética a la colombiana, dándose su propio ritmo, sin incurrir el desaguisado que cometió Alemania, de abandonar prematuramente el petróleo y el carbón, de los cuales depende ostensiblemente la estabilidad de la economía, el empleo y las finanzas públicas, así como la Balanza comercial y su impacto en la tasa de cambio.
Preocupa sobre manera que más de 4 años después de asignados mediante subastas más de 2.400 MW de potencia en energía eólica en La Guajira, los primeros parques eólicos que han debido entrar a operar el año pasado no será posible que se dé antes del 2025(!).
El caso del proyecto Windpeshi es patético, con una capacidad de generación de 205 MW, fue adjudicado en 2019 y a pesar de haber sido catalogado como un proyecto de interés estratégico nacional (PINE), debido a los impasses con los que ha tropezado solo tiene un avance del 39% y el desarrollador del mismo está examinando seriamente la posibilidad de abandonarlo, con todas las consecuencias que se podrían derivar de ello, sobre un eventual efecto rebaño que podría llevar a que otros sigan su ejemplo.
Cómo es bien sabido, a falta de la Colectora, que no se ha podido instalar, están atrapados más de 1.200 MW, sin poder inyectarse al Sistema interconectado nacional (SIN).
Según el gremio de las empresas desarrolladoras de los proyectos de energías renovables (SER), 89% de los 3.300 MW, requeridos para responder al crecimiento de la demanda de energía, que oscila entre el 3.5% y 4.5% y que deberían entrar entre 2023 y 2024 acusan notorios retrasos. Este atraso viene estresando el SIN y presionando al alza los precios y las tarifas de energía.
Ello es sumamente preocupante, porque Colombia se está rezagando y otros países de la región, como Uruguay, que está a la vanguardia a nivel global y Chile, le están sacando ventaja en el ranking de la Transición energética.
Así, mientras, en promedio, en el 2022, según la Agencia Internacional de Energía (AIE) la generación de energía eólica y solar a nivel global participó con el 12%, en Uruguay 33.6% y 2.8% (36.4%), en Chile participaron con el 11% y 17%, respectivamente, sumando el 28%, más del doble, cuando en 2012 fue de solo el 0.6%. Entre tanto Colombia a duras penas tiene instalada gran solares con capacidad de 296 MW y cero en energía c eólica.
Urgen medidas por parte del gobierno para destrabar los proyectos en curso, tanto el completamiento de las 8 unidades (de las cuales sólo están funcionando 2) de HIDROITUANGO, como los parques eólicos en La guajira, así como también los proyectos de transmisión que, como el de Sogamoso -Norte – Nueva Esperanza a cargo del Grupo Energía Bogotá(GEB) y La Virginia – Nueva Esperanza, a cargo de Transmisora Colombia de Energía de ISA, que son claves para garantizar el abastecimiento de energia en el Centro del país, especialmente a la Sabana de Bogotá, poniendo en riesgo la firmeza y la confiabilidad del Sistema.
Están encendidas todas las alarmas, porque ante la proximidad del fenómeno del Niño, si bien no es inminente un racionamiento de energía, este si es inmanente al Sistema de generación cuya base depende en un 68% de las hidroeléctricas y estas de los embalses que se nutren de las lluvias. Esta es la mayor vulnerabilidad del Sistema eléctrico en Colombia, porque solo uno de los embalses de los 90 con los que se cuenta en Colombia que alimentan a las hidroeléctricas, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual. El resto no soporta más de 4 meses de estiaje sin que dejen de ser operativos.
Necesitamos hacer en Colombia una transición energética inteligente. En todo sentido.
En la conferencia titulada la “Transición Energética Justa” del director del IPSE, ingeniero Campillo, durante el 37º Congreso Nacional de Ingeniería en Barranquilla (geográficamente en Puerto Colombia) dejó una ruta más clara de lo que el Gobierno está pensando.
En su introducción focalizó rápidamente el problema. Ya hemos pasado dos de los nueve límites planetarios después de los cuales la ciencia actual considera que caemos en riesgo e incertidumbre sobre la pérdida de los equilibrios naturales sobre la tierra, debido a los impactos de los humanos (Pérdida de biodiversidad y Flujos biogeoquímicos; los otros siete son Cambio climático, Acidificación de los océanos, Cambio en el uso del suelo, Uso de agua dulce, Agotamiento del ozono estratosférico, Carga de aerosoles atmosféricos, Entidades nuevas (químicas, radiactivas)) de los cuales aún tres no se han podido medir. La mayor parte de esos impactos son debidos al sector de la energía (73%). Por energía no solo hablamos de energía eléctrica sino todo lo referente a combustibles fósiles (derivados del petróleo, gas natural, carbón) que son las fuentes de energía más impactantes destinadas a las máquinas de los humanos (vehículos de todo tipo, fuentes de calor, etcétera).
Para la producción de esa energía, los combustibles fósiles participaron en 2018 con 64%. Y de todo el resto, apenas el 5% son provenientes de fuentes renovables (que no causan impacto como su nombre sugiere). Para el 2050 deberíamos tener un panorama completamente diferente si queremos mantener al planeta dentro de sus límites sin disparar reacciones en cadena que hemos descrito en anteriores artículos (ver notas): los combustibles fósiles no deben pasar del 10%, la electricidad debe llegar al 51% y el hidrógeno emerger con el 12%, con al menos un 61% de toda la energía proveniente de fuentes renovables. La transición energética se trata de alcanzar estas metas en 2050.
La situación en Colombia es diferente. Pero la transición se trata de lo mismo por compartir el mismo planeta, con estrategias diferentes eso sí. Sobre lo de dejar de vender el petróleo fue considerado por fuera de lo justo. Sabemos que el mundo seguirá consumiendo derivados del petróleo pero su demanda irá disminuyendo por efectos de la misma transición, el precio irá descendiendo e irán quedando las fuentes de menor costo de producción. Haciendo un chequeo de la información disponible (por fuera de la conferencia), para 2018 para Arabia estuvo alrededor de 7.5 USD por barril según el Informe Anual de Estadísticas del Petróleo de 2019de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), mientras que para Colombia fue de 25.70 USD por barril, dato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH). Seremos de los primeros en salir del mercado. Debemos vender hasta que no nos compren o sea más barato comprar afuera que producir en nuestro suelo.
Pero es que la Transición Energética no solo trata de este aspecto, aunque se le haya dado el máximo despliegue por haberse convertido en un emblema de contradicción política.
Los puntos claves de la conferencia se resumen en los programas estratégicos que expuso el ingeniero Campillo:
Expansión de las Energías Renovables: Interconexión Eléctrica Nacional y regional Latam, Tecnologías de Almacenamiento, Despliegue del Hidrógeno Verde.
Gas Natural para la Transición Energética: Transporte Masivo y Carga Pesada.
Movilidad Sustentable: Transporte multimodal de bajas emisiones y Ciudades inteligentes.
Eficiencia Energética: Transporte masivo y carga pesada.
Transición Energética Intensiva en Conocimiento: Creación del Instituto Nacional de Transición Energética y Transición laboral en territorios de minería e hidrocarburos.
Hay que enfatizar, basados en la conferencia del ingeniero Julián García, experto en energías, también durante el congreso de ingeniería, que de lo que más se debe tratar la transición es en optimizar la demanda, en hacerla eficiente. Es decir, una amable pero estratégica sugerencia al ingeniero Campillo de subir el punto 5 y el 4 en lo que concierne, al numeral 1.
Las cifras lo dicen todo:
De toda la energía que se consume en nuestro país, se desperdicia el 70%. Sí, así como suena: se bota el 70% y solo es útil el 30%. Vivimos en un gran desperdicio energético.
En transporte tan solo es útil el 23%. Es decir, de todo lo que gastamos en gasolina y diésel, se desperdicia el 77% (se vuelve calor). Se explica principalmente por la edad de camiones, buses y carros.
Pero en las casas es peor: solo el 21% es útil. Además de todavía usar leña y gas propano en muchos hogares, aún tenemos aparatos domésticos viejos e ineficientes (nevera, aire acondicionado, estufa, calentador) para generar frio o calor.
En la Industria (incluida la agropecuaria) es mejor, 55% de energía útil pero aún muy ineficiente.
El asunto “se cae de su peso”, como se dice coloquialmente. La principal estrategia de la transición energética debe enfocarse en renovar el parque automotor, todos los aparatos domésticos y volver eficiente el consumo en las industrias. Las inversiones del Estado deben estar ahí, con prioridad absoluta: planes de subsidios y préstamos blandos para conversión de viejos motores (y una estrella: cambio a motores eléctricos donde ya la tecnología esté disponible, como en carros) y modernización de vehículos, actualización de aparatos domésticos y lo propio para las industrias. De paso arreglaríamos el aire en las ciudades y bajaríamos las enfermedades y muertes por la contaminación cada vez más asfixiante, y contribuiríamos de verdad en el objetivo mundial para el 2050, además de convertirnos en un ejemplo global, ese sí, memorable.
Ya en 1980 enseñaban estos criterios de eficiencia energética en las universidades en EE.UU. El ingeniero Carlos Fonseca, experto en economía ecológica, suele comentar que le enseñaron en la universidad un procedimiento de screening (tamizado) para proyectos de energía que consistía en demostrar que el nuevo proyecto tuviera mejor desempeño que un “proyecto sombra” alternativo de ahorro y uso eficiente de energía. Aquí hemos creído que el subdesarrollo es un asunto de clasificación por ingreso per cápita bajo, pero esto nos demuestra que es más un asunto de mentalidad. De nuestra mentalidad subdesarrollada.
El asunto clave que le podríamos sugerir al ingeniero Campillo, es que ubique siempre en el primer lugar de su ordenamiento estratégico de la transición a todas las acciones para hacer eficiente la demanda. Así, sin duda, estaríamos en la ruta de una transición energética inteligente, fuera de ser muy justa.
Colombia a través del Ministerio de Minas y Energía, adhirió a la iniciativa ‘Zero Routing Flaring by 2030’ para lograr acuerdos financieros e implementar nuevas tecnologías que permitan la descarbonización.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, ratificó el compromiso del Gobierno del Cambio con la transición a fuentes renovables no convencionales y la soberanía energética del país.
“Nos hemos propuesto que a 2030 tengamos unas metas muy claras respecto al control de las quemas rutinarias de gas sobrante en los nuevos desarrollos de campos petroleros. Colombia es ejemplo de regulación y podemos seguir avanzando en términos de eficiencia en el sector de los hidrocarburos para contribuir a la mitigación del cambio climático”, señaló Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
Asimismo, durante la participación en este evento, la jefe de la cartera sostuvo una reunión con Pedro Romero, Vicepresidente Internacional de Exploración de OXY, para revisar los tiempos de ejecución del proyecto de gas en offshore profundo en el Caribe Colombiano con un potencial de 165TCF (trillón de pies cúbicos), y la viabilización de las siguientes fases.
Adicionalmente, la ministra Irene Vélez Torres, dentro del compromiso del gobierno de optimizar los contratos de exploración y explotación ya firmados, sostuvo reunión de trabajo con Jean Paul Prates, presidente de Petrobras, Ana Paula Zettel, gerente general de Aguas Profundas y Gabriela Damasceno Duarte, gerente general de GYE, con el fin de revisar los periodos de ejecución y el desarrollo del proyecto Uchuva, perforado en aguas profundas del país a 32 km de la costa y a 76 km de la ciudad de Santa Marta.
El senador Miguel Barreto durante su intervención en el foro para la transición energética, organizado por la Contraloría General de la Nación, lanzó fuertes críticas a las líneas que se empiezan a trazar en materia minero energética desde el Gobierno de Gustavo Petro.
“La tarea por parte del legislativo está hecha. Tenemos leyes sólidas, que han abierto las puertas a una correcta transición energética. Lo que nos debemos preguntar es, ¿qué tan firme ha sido el papel de la institucionalidad?”, señaló el congresista.
Según Barreto Castillo, la meta del país para el 2023 era llegar al 15% de la transición energética; sin embargo, en lo corrido del año no se ha alcanzado el 1%.
El Sector minero-energético e hidrocarburos, representan el 15% del Producto Interno Bruto, el 50% de las exportaciones de la nación y el 40% de la inversión extranjera. Es importante que nos cuenten a todos los colombianos, de a dónde se obtendrán esos recursos si se plantea la generación de energía, solo con fuentes no convencionales, prohibiendo las demás opciones, como la extracción de gas”. Recalcó Migue Ángel Barreto
“No entendemos cuál es el afán. Es importante hacer una transición energética, de eso no hay duda, pero debemos hacerla de manera responsable, paso a paso.
Mucho se ha hablado en los últimos días de la propuesta del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, de “democratizar la energía”, como una medida entre otras, de hacer justicia económica con millones de hogares colombianos que hoy están siendo afectados por las onerosas tarifas de servicios públicos, especialmente las de energía.
Es una buena propuesta la del mandatario, y en esa dirección ya se dio un primer paso importante al asumir por un período de tres meses, las funciones de carácter general de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual le permitirá al presidente y a su gobierno hacer un rediseño de la metodología para la definición de tarifas.
Las reacciones a esta iniciativa gubernamental no se hicieron esperar, el pasado 24 de febrero, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, solicitó al presidente Petro congelar las tarifas de EPM, sin duda, una extraordinaria noticia que permitiría a millones de hogares tener un respiro económico y de paso combatir la inflación, como lo aseguró el mismo Quintero en su misiva al Jefe de Estado. Es importante que EPM se suba a ese bus, pero desde luego ya hay sectores que pusieron el grito en el cielo, pues la mayoría de ellos representan a los seis oligopolios que dominan este mercado.
Recordemos que Antioquia es el departamento que tiene más hidroeléctricas, cuenta con once en total. San Carlos, Porce II, Porce III, Guatapé, Guatrón, La Tasajera, Playas, Jaguas, Carlos Lleras, San Miguel y por supuesto Hidroituango que cuenta con una capacidad de generación de 2400 mega vatios. EPM es entonces el actor más importante del país en cuanto a generación de energía, pues produce más del 27 % de la energía que se consume en Colombia y dicho porcentaje subirá a 40 % cuando las ocho turbinas estén operando.
Democratizar la energía como lo planteó recientemente el presidente en Caldono, Cauca, no solo les permitirá un alivio al bolsillo de millones de familias colombianas, sino también que abre la posibilidad para que comunidades campesinas debidamente organizadas puedan ser generadoras de energía.
Hoy cómo viene funcionando el sistema, se crea un componente técnico, se socializa y se presentan comentarios de todos los agentes, la CREG recibe comentarios y hace los debidos ajustes atendiendo sugerencias y luego procede a expedir la resolución. Ahora bien, cómo funcionará en adelante, bajo el nuevo esquema planteado por el gobierno, se mantienen las reuniones técnicas para recoger sugerencias y apreciaciones, habrá reuniones con prestadores de servicios donde se tendrán en cuenta los factores de riesgo a futuro, reuniones con organizaciones de usuarios, hasta el 16 de mayo el Presidente Petro tomará las funciones de regulación.
Es una decisión que apoyamos, aquí ha faltado mucha regulación porque siempre ha habido un contubernio entre la CREG y las generadoras que se amangualaron para afectar el bolsillo de la gente y favorecer a los oligopolios y sus cabezas que son los que han dominado con el poder económico a este país desde hace décadas.
Quienes hemos estado de cerca haciéndole seguimiento a estos complejos, pero importantes temas, vemos que es una medida que hacía falta, el país la venía reclamando desde hace años, pero intereses económicos no habían permitido que se hiciera efectiva, hoy el gobierno del cambio ha demostrado que ¡sí se puede!
Esperamos que los resultados positivos se vean en el corto plazo para que la población colombiana tenga al menos un respiro en medio de tantas circunstancias adversas que heredó este gobierno.
En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), en el cual se fijaron dos objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1.5 grados a finales de este siglo y tercero alcanzar la carbono – neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía la clave para alcanzar los otros dos objetivos.
De la Transición energética /Energiew ende) se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.
Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73.5%. No es el caso de Colombia en donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.
Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son infimas en comparación con otros países, apenas representan el 0.55% del total de dichas emisiones. Las emisiones per capita de Colombia, alrededor de 1.6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4.5 toneladas e incluso del promedio de Latinoamerica, que tiene un registro de 2.6 toneladas. Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores estos que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI. Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.
Además de las particularidades anteriores que acusa Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la Hoja de ruta de la Transición energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, de ingresos para la Nación, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, por concepto de renta petrolera y dividendos y más del 40% de los recursos para la inversión de las entidades territoriales, provenientes de las regalías que paga esta industria. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una Transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.
Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas cargando a cuestas con el resto del mundo. Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.
Es bien sabido que, no obstante esta ostensible dependencia de Colombia con respecto al petróleo, no es un país petrolero, toda vez que sus reservas son precarias y su producción, que no supera el 0.75 del total de la producción a nivel mundial, es limitada. Pero, como bien dice el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes “debemos procurar que el petróleo y la minería no inhiban el desarrollo de moteros sectores, pero de ninguna manera dejar pasar oportunidades en minería y petróleo que no atenten contra el medio ambiente”.
Y tiene toda la razón, porque la verdad monda y lironda es que, como lo señala la Agencia internacional de energía, sólo a partir del año 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda por petróleo en el mundo, superando los 100 millones de barriles/día y en el escenario más optimista, en el que los países cumplan al pie de la letra sus compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, el consumo de crudo superará los 93 millones de barriles/día. Y el principio keynesiano de que toda demanda crea su propia oferta es infalible, si no es Colombia quien lo produce y exporta siempre habrá quien ocupe su lugar, sus competidores, entre ellos el más próximo sería Venezuela. De modo que no porque Colombia lo deje de producir y exportar se dejará de consumir, de manera que serán otros países, nuestros competidores los que ocuparían el lugar de Colombia como proveedores. Bien dijo el economista y profesor de Harvard Ricardo Hausmann, “una reducción de la producción petrolera de Colombia no ayudaría al mundo, pues estimularía la producción de otras geografías, pero perjudicaría al país”.
La encrucijada para Colombia, entonces, es doble, estamos ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando nuestra balanza comercial, porque no sólo dejaríamos de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.
Por eso, los expertos y conocedores del tema han considerado fuera de lugar las reiteradas declaraciones de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez eran el sentido de que, como lo afirmó en el reciente Foro económico mundial de Davos, “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Esta afirmación tan categórica, que se ha convertido en un mantra para la Ministra, tomó por sorpresa a todo el mundo, empezando por la Viceministra de energía Belizza Ruíz y el sosegado Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien había dado cuenta de un acuerdo suyo con la Ministra Vélez de atenerse a los resultados de un estudio y de unas proyecciones, que la propia Ministra había dicho que se conocería en mayo de este año.
Para sustentar su sorpresivo anuncio la Ministra Vélez se apoyó en un controvertido estudio hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, que deja más dudas que certezas. En el mismo, aunque no se llega explícitamente a la conclusión de no conceder nuevos contratos, quien lea el controvertido y cuestionado documento Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa, contenido en 32 páginas, avalado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), piedra de escándalo y publicado el pasado el 13 de diciembre, entre líneas, observa que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas e imprecisas que no resisten un análisis serio pero que inducen a dicha conclusión.
Es de anotar que la Viceministra, quien aparece firmándolo, al apartarse de la opinión de la Ministra por considerar que las cifras utilizadas están sesgadas, son imprecisas y débil su argumentación, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”6. Y la verdad sea dicha, ni el documento lo plantea ni puede colegirse del mismo, como lo hizo la Ministra, en forma errada y errática, que no se firmen nuevos contratos. Bien se ha dicho que una mala causa empeora cuando se la trata de defender.
Según la Ministra Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y además se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por ECOPETROL y sus socios en el Caribe offshore se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y va más lejos aún al asegurar que si se le adicionan los recursos prospectivos actuales se extendería dicho horizonte hasta el 2042 (¡!)7. Estas son cuentas alegres como las de La lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Según el Presidente de la Asociación de Geólogos y Geófisicos del petróleo Flover Rodriguez no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles (1p, 2p y 3p) con los contingentes y prospectivos. Estos últimos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”8. En síntesis, no se pueden sumar peras con manzanas.
Por lo demás, una de las mayores limitaciones del documento de marras es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van mucho más allá, tales como el impacto de tal decisión en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario, en la afluencia de inversión extranjera, entre otros. Por ello es entendible la posición asumida por el Director de crédito público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta, persuadido cómo está de que el Ministerio de Minas y Energía es la caja registradora del Estado, al salirle al paso a la Ministra Vélez y advertir que pese a su anuncio de un no rotundo a la firma de nuevos contratos “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno…Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”9. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.
Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarían los próximos gobiernos, porque debido al efecto inercial y a la actual coyuntura de altos precios el cuatrienio del Presidente Gustavo Petro, irónicamente, va a pasar a la historia como el de mayores exportaciones de petróleo y de carbón con cifras récord tanto en volúmenes como en ingresos de divisas. De hecho en 2022 Colombia se destacó como el tercer país en crecimiento de sus exportaciones, con el 49%, después de Trinidad y Tobago (69%) y Venezuela (63%), gracias a las mayores exportaciones de petróleo y carbón. Según las estimaciones de CORFICOLOMBIANA sólo la estatal ECOPETROL le transferirá a la Nación este año $52.5 billones y contribuirá con el 3.4% del PIB.
Para algunos de quienes nos consideramos apolíticos y que preferimos conservar prudente distancia con ese mundo, es necesario tomar partido, al menos desde estas tribunas, en coyunturas como la agenda energética global, porque las decisiones que allí se toman nos incumben y a todos por igual.
Así las cosas, llamó mi atención la frase “… La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón” pronunciada por el presidente Gustavo Petroen su intervención en la COP27. Quizá en el largo plazo tenga razón, pero no para el corto y menos para el mediano y explicó algunas de mis razones.
Del cacareado asunto de la no suscripción de nuevos contratos de exploración, el propio gobierno sabe que no podrá ser así (no tengo pruebas, pero tampoco dudas), porque lo que estaría en juego es la soberanía energética y el país se vería abocado a importar hidrocarburos, debido a que la demanda por sus derivados es una realidad creciente y el país no tiene cómo sustituirla con tanta celeridad. Importar hidrocarburos sería la solución, pero con un escenario de alta incertidumbre habida cuenta del manejo político de nuestro vecino país petrolero (valdría la pena recordar el alto costo que está asumiendo Alemania al depender de otro país para atender la demanda doméstica de energía), y la volatilidad de las condiciones de mercado, sería irresponsable con sus habitantes y con consecuencias impredecibles.
Luego no tiene sentido dejar enterrados los hidrocarburos que garantizarían la soberanía energética, solo por cumplir con una agenda ambiental liderada por países con enormes huellas de carbono. Dicho de otra manera, equivaldría a que los países más pobres, con menores emisiones de gas efecto invernadero – GEI, subsidien ambientalmente ahora a aquellos países que cargan la mayor responsabilidad del deterioro del medio ambiente que ya estamos padeciendo.
Ello no quiere decir que la política nacional deba ser mezquina con el resto de planeta haciendo caso omiso al cambio climático y seguir emitiendo GEI sin responsabilidad. Por el contrario, el desarrollo de una política de Estado, que garantice una transición energética apropiada para el país y no de una agenda de gobierno para un cuatrienio, es y será de buen recibo por el mundo entero, lo cual aseguraría la financiación para implementar aquellas medidas ambientales que viabilicen una transición energética en función de la realidad del país, así como mantenernos dentro de niveles apropiados de la huella de carbono que le permitan a la mayoría de la población colombiana mejorar sus condiciones de vida. Permítanme ilustrar esta última parte:
Suena bastante bien en los foros locales, pero especialmente en los internacionales, comprometerse con metas como la reducción de 51% de las emisiones GEI y lograr carbono-neutralidad para 2030 y 2050 respectivamente, pero al revisar las cifras, pareciera que la balanza no está de nuestro lado, como lo evidencia este pareto: según Glen Peters, del Center for International Climate and Environmental Research, en Oslo, en términos de población mundial, casi el 50% de la huella de carbono atribuida a los hábitos de consumo, es producida por el 10% de la población de mayores ingresos, mientras que sólo el 10% de ésta, lo aporta el 50% más pobre.
¿Y cuál es el tamaño de esa huella ambiental? De acuerdo con cifras de Banco Mundial, para el 2019, ésta era de 4,4 toneladas por año per-cápita como promedio del mundo. Pero como promedio que se respete, esconde los matices, veamos esa huella de carbono para algunos casos a fin de comparar nuestra realidad: la Unión Europea 6,4, Norteamérica 14,8, el mundo árabe 4,3, Qatar 32,8 (inverosímil), miembros de la OCDE 8,5, LATAM y el Caribe 2,6, Brasil 2, Argentina 3,7, Chile 4,6 y Colombia 1,6 (juzguen ustedes mismos); por otra parte, está entidad clasifica a Colombia dentro de los países con ingreso mediano y bajo, grupo que aportó 3,4 ton por año de las emisiones de GEI, para el mismo año.
Muchos de los países que han alcanzado niveles de desarrollo altos, consecuentemente clasificados en ingresos altos por el mismo buró, se financiaron, entre otros, con el desarrollo de su industria extractiva (mientras Colombia exporta sus materias primas sin desarrollo profundo de su aparato productivo) y ahora que el planeta se está calentando, nos piden que aportemos en la misma medida. Respetuosamente, debo manifestar que no coincido con esa postura y mucho menos con la suspensión de los contratos para nuevas exploraciones de hidrocarburos. Coincido con aquellas voces que aseguran que dejar enterrados nuestros hidrocarburos, por cuenta de estas ambiciosas metas, implicaría una presión fiscal innecesaria y el sacrificio de la fuente de financiación natural que requiere una transición energética responsable para el país, con el costo adicional del desvanecimiento de la esperanza para que muchos de los menos favorecidos mejoren sus condiciones de vida.
Esa política de Estado que nos permita hacer una transición energética apropiada para el país debe: i) no ser solo un plan de un gobierno; ii) debe considerar la ejecución de los actuales contratos de exploración para hidrocarburos y la suscripción de nuevos mejorando las condiciones para el estado, prestando mucha atención inclusive a los hidrocarburos no convencionales; iii) materializar la inversión anunciada de USD200 millones anuales del estado para combatir la deforestación de la Amazonia Colombiana; iv) reestructuración de sector de ganadería extensiva, que, junto con el anterior, son los mayores aportantes de emisiones GEI en el país y finalmente, v) Colombia debe continuar con la mejora de la composición de su matriz energética, particularmente en la sustitución de fuentes fósiles por renovables sin sacrificar el consumo de sus reservas de hidrocarburos. Larga y difícil tarea, pero ese es el camino.
Nota: ¿Qué espera el Gobierno Nacional para incentivar a los actuales agentes del mercado de combustibles líquidos, que permiten la generación de energía en las zonas no interconectadas del país, para hacer una sustitución a gas y quizá gradualmente a nitrógeno, gris por ahora, con la participación de Ecopetrol?
