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Etiqueta: Transición energética

¿Cuáles son los desafíos ambientales para Colombia este 2023?

Foto: Pexels.

El 2023 llega con un interés recargado por el cuidado y la protección de nuestro medioambiente, impulsado tanto por grandes movilizaciones internacionales, el Acuerdo Global sobre Biodiversidad, como las transformaciones nacionales que buscará el nuevo Gobierno en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. El año que empieza se presenta como una gran oportunidad de fortalecer la integración entre las agendas de clima y biodiversidad para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

A continuación, algunos de los desafíos más importantes que enfrentará el país en el 2023.

1. La lucha contra la deforestación en la Amazonia

Con selvas y ríos inmensos que albergan naturaleza única, que sustenta una diversidad cultural notable en 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es de gran importancia para Sudamérica y para todo el planeta. En ocho países y un territorio de ultramar, esta gran porción de la biosfera alberga casi el 10% de la biodiversidad de la Tierra.

Así como es inmensa y asombrosa, la Amazonía es también frágil y vulnerable a los impactos del actual sistema de desarrollo dominante. De hecho, de acuerdo con el Informe Amazonia Viva de WWF (2022), se estima que un 17% de los bosques amazónicos han sido transformados para darles otro uso. Las actividades económicas que amenazan la región incluyen la ganadería y agricultura extensivas, seguidas de las extractivas, las actividades ilegales y la infraestructura mal planificada.

En este contexto, los anuncios del recién posesionado presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre una Cumbre por la Amazonia para tomar medidas efectivas para su protección y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de un gran acuerdo amazónico que trace los lineamientos necesarios para darle un nuevo enfoque regional, serán fundamentales para evitar un punto inflexión ecológico en la región.

2. Colombia, país anfibio

Colombia es un país bañado por agua. Con 44% de los páramos de Sudamérica, cinco vertientes hidrográficas, 30 grandes ríos, 1.277 lagunas y más de 1.000 ciénagas, es un país anfibio.  En este contexto, Colombia ha liderado un papel protagónico en la conservación de dichos ecosistemas.

Entre el 5 y el 13 de noviembre de 2022 se llevó a cabo, en Ginebra (Suiza), la Conferencia de las Partes sobre Humedales, COP 14 Ramsar, en la cual se abordaron las diferentes amenazas que enfrentan los ecosistemas de agua dulce del planeta. Allí, Colombia jugó un rol fundamental, al hacer parte del grupo de diez países donde habitan delfines de río y otras especies de cetáceos, que se unieron en un llamado a la acción para trabajar juntos por la conservación de estas especies.

Igualmente, en el marco de la COP15 sobre biodiversidad, que tuvo lugar en diciembre, en Montreal, el país hizo un llamado a la acción para que los Estados se unan al ‘Desafío del Agua Dulce’, una iniciativa que busca elevar dichos ecosistemas al mismo nivel que “la tierra y el mar”, para que ya no sean una nota a pie de página, sino el núcleo de las metas en materia de biodiversidad.

Ambos eventos pusieron de manifiesto la importancia que debe tener para el país fijarse como objetivo a corto plazo la conservación de los ambientes de agua dulce.

3. Transición energética

Una de las banderas más importantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la que él mismo ha denominado, en su Plan Nacional de Desarrollo, como Transición Energética Justa. Para el mandatario, es clave que el país empiece a tomar acciones urgentes para superar la dependencia de los combustibles fósiles. Y este es un inaplazable, para el cual será necesario el trabajo conjunto de todos los actores, con el objetivo claro de aportar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Si bien existen ciertas prevenciones o temores por parte del sector minero energético, el año 2023 será el momento oportuno para empezar a resolver esas dudas,la mayoría de las cuales tiene que ver con el hecho de que, en la actualidad, buena parte de los ingresos fiscales del país proviene de la explotación de combustibles fósiles como el petróleo y el gas.

El reto no es menor. Según datos de Fedesarrollo, la transición energética a 2035 costaría US$ 38.000 millones, lo cual significa una disminución anual de entre 0,23% y 0,27% del PIB. Y la Cámara de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) estima que, para alcanzar la meta en el 2050, Colombia requeriría hacer inversiones anuales del orden de COP 86 billones anuales del 2022, equivalentes a 7% del PIB por año, con el fin de financiar completamente la construcción, operación y mantenimiento de los elementos necesarios para consolidar su transición energética.
 

4. Implementar el Acuerdo de Escazú 

Después de casi tres años desde la firma del Acuerdo, en octubre de 2022 la plenaria de la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor del Proyecto de Ley No. 109/2022, por medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

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El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante que busca garantizar el acceso a la información oportuna en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables. El Acuerdo, además, promueve la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos.

Esto es relevante en un escenario global en el que Colombia ocupa el sexto lugar como el país con más conflictos ambientales en el mundo, y también es uno de los países más peligrosos para los defensores del territorio y la naturaleza.

Superado el primer obstáculo que significó la ratificación, ahora el gran reto será la implementación del Acuerdo de Escazú. Y, para lograr ese objetivo, los primeros doce meses de 2023 serán cruciales.

El Acuerdo es una oportunidad para que la divulgación de las investigaciones de los institutos técnicos ambientales sea accesible a toda la población y, entre otros beneficios, debería ayudar a mejorar la protección de los defensores ambientales, las comunidades locales y autoridades indígenas, y contribuirá a hacer frente a la deforestación y las actividades ilegales, desde un enfoque de construcción de paz con perspectiva ambiental.

5. Empezar a saldar nuestra ‘deuda ambiental’

Actualmente, en el Congreso de la República, hace su curso legislativo un proyecto de ley que busca dar una definición de los pasivos ambientales, secuelas en la naturaleza producto de las actividades llevadas a cabo por las personas. Este tipo de consecuencias sobre la Tierra son una deuda ambiental que debe ser saldada de manera urgente. Una ley que defina los pasivos ambientales, clasificándolos, por ejemplo, según su origen, responsables y el tipo de afectación, significa un paso en la dirección correcta para empezar a enmendar el daño ocasionado.

A pesar de que tres proyectos de ley con intenciones similares ya han fracasado en el Congreso, se espera que, en el curso legislativo actual, finalmente, se apruebe el nuevo proyecto, que ya superó los dos primeros debates.

6. La implementación de Kunming-Montreal

El 19 de diciembre de 2022, mientras buena parte del mundo tenía puesta su atención en las celebraciones navideñas, en la ciudad canadiense de Montreal se firmaba el Acuerdo Kunming-Montreal, un nuevo acuerdo global para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, a partir de objetivos como conservar el 30% de las áreas terrestres, aguas continentales y océanos, y restaurar el 30% de los ecosistemas de degradados de agua dulce, marinos y terrestres.

Si bien a la importancia que reviste la firma de Kunming-Montreal es innegable, y ha sido destacada por diferentes organizaciones, el desafío de la implementación deberá ser abordado por las partes sin demoras. Los países, incluido Colombia, deberán actualizar sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés) en línea con el Acuerdo.

¿Se acaba realmente la exploración de hidrocarburos?

Muchos analistas e incluso ministros de este mismo gobierno, parece, tampoco creen esto y se preguntan lo mismo, ¿se acaba realmente la exploración de hidrocarburos? Esto con base a lo que anuncia el gobierno de Colombia en Davos, dentro del marco de la cumbre del Foro Económico Mundial. Estas declaraciones de terminar la exploración en Colombia, dan a entender que el futuro del Petróleo en Colombia y sus derivados, dependerán de contratos ya firmados, gestionados a la fecha, y no tardan en llover las críticas de esta decisión, que a la larga y por el bien del país, se espera que esta declaración no prospere.

Es evidente que los anteriores gobiernos han incentivado la economía extractiva, dependemos cada día más del petróleo, el carbón y el gas, las cuales representan ampliamente un porcentaje significativo de nuestras divisas que ingresan al país. Por lo tanto, las primeras preguntas con estos anuncios serían, al terminar nuestras existencias de reservas, para nosotros y para exportar, ¿de dónde saldrán las nuevas divisas? ¿de qué tipo de energía dependeremos en ese entonces para cubrir la demanda nacional? De acuerdo que no fue muy inteligente desarrollar una economía basada en la extracción, deberíamos tener décadas de desarrollo de otras industrias, razón misma por la cual suena absurdo cerrar de golpe la exploración de hidrocarburos, sin tener sustituto listo, tanto para consumo de energía como para proveedor de divisas.

 

En anteriores escritos, hemos comentado cómo en países como Chile, aprovechando su potencial en energía solar y eólica, no se producen más de 23 teravatios/hora, y en Colombia, con los esfuerzos hechos a la fecha, producimos solo 2 teravatios/hora con energías alternativas. En ningún caso es suficiente para surtir aún la demanda de energía interna. No está en discusión la transición energética mundial, hay que hacerla, pero el tema es muy gradualmente, sin exabruptos, como parece se piensa hacer en este gobierno con este anuncio, el cual, repito, se espera no prospere.

El otro tema sobre la balanza son las divisas, tema que también requiere inversión para que otra industria poco a poco reemplace las que ingresan por hidrocarburos, las cuales como hemos dicho, superan ya los $20.000 Millones de dólares anuales. Se habla del turismo, pues bienvenido sea el aumento del turismo para obtener más divisas, pero se requiere más infraestructura, vías, inversión amplia para hacer esto realidad y a muy largo plazo, aún así, no se ve muy viable estos reemplazos inmediatos para reemplazar por otros sectores lo que nos llega en divisas por los hidrocarburos.

Claro que se deben estructurar más y mejores sectores para que en un futuro nos brinden más diversidad y seguridad económica, pero esto es un largo proceso, hablemos entonces del desarrollo del cannabis, del cáñamo, de la tecnología, la ciencia, la industria de alimentos transformados hacia nuevos mercados, pero ¿cuánto tiempo nos llevará desarrollar estos sectores económicos? Hay que seguir fomentándolos sin timidez, pero el consejo para el gobierno, por más potencial que se tenga en otros sectores para generar divisas, no hay que frenar la exploración y menos en estas actuales condiciones mundiales, hasta Lula desde Brasil lo ha dicho enfáticamente.

Es una realidad que debemos frenar el cambio climático, pero nuestras emisiones como país en Colombia no son significativas como para sacrificar nuestro propio sustento, si no exploramos, a futuro no vendemos y si no lo hacemos, otro lo hará, así de simple. ¿Ya vieron cómo ha surgido Surinam con los hidrocarburos? Ellos tampoco aportan una significativa parte del CO2 que sale al mundo. Como se aprecia, el tema del cambio climático es estructural, a largo plazo y de forma muy gradual, lo tienen claro algunas grandes potencias y tienen fijadas metas muy estrictas de sustitución de energías a largo plazo, más no por esto, terminan sus exploraciones de hidrocarburos, ¿cuándo sería prudente hacerlo? Talvez cuando la famosa transición energética sea un hecho, no antes.

Espero recuerden cuando hasta hace poco, el baluarte de nuestro gobierno, el ministro de hacienda, Jose Antonio Ocampo, brindaba toda la tranquilidad sobre un posible exabrupto de no hacer más exploraciones, de tener claro el cumplimiento de los contratos actuales y de seguir con esa confianza inversionista basada en ese tema, pero hasta la fecha, no había claridad sobre seguir o no con las exploraciones, de persistir ese plan mencionado en Davos, no quiero imaginar la desconfianza que esto generaría en los mercados, y alimentando ahora sí con argumentos, una aguerrida oposición que busca este tipo de escenarios para validar su causa.

En conclusión, esperemos que esto siga siendo una pregunta, y no se solidifique. De hacerlo, se espera que se tomen las medidas adecuadas con el fin de no incurrir en riesgos, en alarmas innecesarias, en temas que no tienen posibilidad real de prosperar en el corto plazo. Esperamos sea responsable el gobierno y sigan materializando con hechos,  avances importantes para la nación y dejar a un lado la demagogia.

Liquidar contratos petroleros

A veces es necesario volver a expresar ideas que se pensaban consensos: La inversión privada es buena y si es extranjera, igualmente buena. El capital privado es fundamental para el desarrollo nacional. Colombia ha tratado de promover la inversión directa, ya que es de largo plazo y puede traer transferencia tecnológica. El presupuesto estatal no alcanza para transformar el país. En 2022 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$11.460 millones, un incremento anual de 59,9%. La elección de Gustavo Petro no espantó el interés de los inversionistas extranjeros, por el contrario, el mes de diciembre fue el segundo mejor mes de 2022. Ahora bien, si por razones ideológicas se va desincentivar la inversión en hidrocarburos, se debería hacer de manera organizada y no maltratando inversionistas.

Con el nombramiento de Clara Guatame como directora de la ANH, junto a los equipos que de Min Ambiente y Min Minas, es evidente que el gobierno está siendo consecuente con su promesa de campaña de desmontar al sector de hidrocarburos; quiere frenar la exploración administrativamente y desincentivar la inversión tributariamente. Atrás quedaron las épocas en que se promovía el desarrollo del sector, ahora se hará lo mínimo necesario para “garantizar la soberanía energética” tal como lo mencionan las bases del Plan de Desarrollo del gobierno. Esto, a pesar de que el 71,9% de la inversión extranjera directa de 2022 fue de proyectos de petróleo y minería.

 

Ya mucho se ha advertido sobre las consecuencias fiscales y cambiarias, pero es una decisión tomada. No obstante, el gobierno no debería perder de vista que muchos de los fondos que invierten en hidrocarburos también son los que invierten en infraestructura, telecomunicaciones o en la deuda del país; en vez de agotarlos con papeleo interminable y un ambiente hostil de autoridades, se debería explorar una manera organizada de terminación de contratos.

Los contratos de inversión en el sector de hidrocarburos a través de la ANH vienen acompañados de requisitos de inversión y cuantiosas exigencias de garantías. Si efectivamente el gobierno no tiene interés de que se hagan esas inversiones, primero debería agotar la alternativa voluntaria para que se deshagan esos contratos. Para efectos de transparencia y estabilidad jurídica lo óptimo sería que, a través del Congreso, se tramitara un marco jurídico y económico para hacer esos arreglos. Inclusive parte de las válvulas de escape para cancelar contratos podría ser el requisito de inversión en la transición energética que tanto busca el gobierno.

Destruir la imagen de Colombia como destino de inversión con expropiaciones, cancelaciones unilaterales u hostigamiento burocrático sería un costoso error. El mismo gobierno está buscando cuantiosas inversiones para el agro, turismo y la infraestructura del país. Si matan el petróleo habrá miedo de invertir en otras cosas, no importa que prometan. Las terminaciones voluntarias de los contratos sería un mecanismo para convertir las diferencias ideológicas en oportunidades. Seguir con la idea que Colombia continúa siendo amigable al capital privado. Ya se sataniza mucho al gobierno por ser de izquierda, destruir confianza en el país seria un error que iría mas haya del petróleo.

 

Las explicaciones de la ministra Irene Vélez por sus declaraciones en Davos

A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, explicó su intervención en el foro económico de Davos.

«No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpia», señaló.

 

De acuerdo con la funcionaria, “la decisión de Colombia es aprovechar recursos disponibles hoy y respetar los contratos vigentes. Dijo, además, que en el plan de Colombia está el aumentar las reservas de hidrocarburos y respaldar la transición desde la autosuficiencia energética, potenciando contratos vigentes y destrabar los suspendidos.

Vélez aseguró que se han revisaron los contratos existentes y se determinó que con estos se garantiza el abastecimiento nacional de gas hasta más allá del año 2037 e incluso puede haber recursos excedentes.

BID apoyará a Petro con 73 millones de dólares para la transición energética

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 73,5 millones de dólares para impulsar la transición energética y en la implementación del Plan de Contención de la Deforestación en la Amazonía, lo que se constituye en el primer apoyo de la banca multilateral al Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

El anuncio de la organización financiera internacional se dio durante el encuentro bilateral del Mandatario de los colombianos con el Presidente del BID, Ilan Goldfajn, que tuvo lugar este miércoles en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos (Suiza).

 

En ese contexto, se estableció que 70 millones de dólares del BID serán dirigidos al fortalecimiento de la política de transición energética, uno de los pilares del Gobierno del Cambio. De hecho, los dineros serán invertidos en infraestructura y tecnología en comunidades energéticas.

Asimismo, en el encuentro se indicó que los 3,5 millones de dólares restantes, donados por la banca multilateral, van orientados a la cuenca amazónica para el diseño y la estructuración de mecanismos financieros y de un marco regulatorio para implementar el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y mecanismos de reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).

Se trata de transferencias directas por servicios de conservación ambiental que ayuden a contener y detener la deforestación, en coordinación con las comunidades locales y bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente.

Adicionalmente, el Presidente del BID indicó que este organismo podría apoyar la financiación de la logística de la Cumbre de la Amazonía y sus mesas técnicas.

Cabe destacar que el BID había aprobado una cooperación técnica de 450.000 dólares para iniciar el apoyo al Ministerio de Ambiente en la implementación del Plan de Contención.

¡Oh paradoja!

Amylkar Acosta M[1]

No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

 

En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el Departamento de La Guajira.

Destaca en su Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”. En la región es superada sólo por Chile que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014 que estimula e incentiva las FNCER primero, a las subastas para asignar los proyectos y finalmente la entrada en vigencia de la Ley 2099 de julio de 2021, que vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

En el mismo reporte, además, pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta climascopio. De hecho, las cuatro naciones principales de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor en común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energía estructurados abiertos a inversores privados”.

En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico el año anterior, redondeando la cifra de los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71% y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante del total. La inversión en estas últimas experimentó un auge inusitado con un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre los años 2017 y 2021 (¡!):

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar. Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios. Por lo pronto marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024 (¡!). A ello no deben ser ajenos ni el Gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el Alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. Para luego es tarde!

Cota, enero 14 de 2023

www.amylkaracosta.net

[1] Miembro de Número de la ACCE

Banco Mundial aprueba millonario crédito a Colombia: será aplicado a «transición energética»

El Ministerio de Hacienda de Colombia informó que el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó US$1.000 millones para Colombia. Estos recursos se van a utilizar para impulsar la transición energética baja en carbono, promover el uso sostenible de la tierra, y reforzar la resiliencia y adaptación al cambio climático.

En el marco de esos planes de transición energética se incluyen el aumento de la capacidad de producción de energías renovables no convencionales y el desarrollo de una industria de hidrógeno verde.

 

«El Banco Mundial aprobó un crédito presupuestal por $1.000 millones de dólares, que representa el crédito más grande en la historia de Colombia, este crédito demuestra la confianza que tienen las instituciones internacionales, y la comunidad mundial en general en nuestro país, será destinado a combatir el cambio climático , a mejorar el uso de la tierra y a defender nuestro patrimonio natural», así lo anunció el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Otras expectativas de la transición energética

Desde el Gobierno aseguran que estos recursos, en el marco de la transición energética, también buscan la protección de la biodiversidad, estrategias que desde el Gobierno son clave para promover los cuidados por el cambio climático.

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Adicionalmente se van a utilizar los recursos para promover el uso sostenible de la tierra en páramos, aumentar la adopción de sistemas ganaderos sostenibles y acelerar la implementación del catastro multipropósito, una base importante para contener la deforestación.

“Esta operación apoya el fuerte compromiso de Colombia para abordar el cambio climático a través de reformas de políticas que apuntan a un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono”, dijo Mark Thomas, director del Banco Mundial para Colombia, México y Venezuela.

De acuerdo a Valora Analitik, se debe tener presente que este monto entra como desembolso del 2022, financia apropiaciones presupuestales de esta vigencia y prefinanciamiento del 2023. El crédito tiene un plazo de 20 años, periodo de gracia 3,5 años, tasa SOFR más una tasa variable y una amortización semestral (33 cuotas).

Foto: cortesía.

Transición energética: un compromiso desde la academia

Hoy el mundo enfrenta grandes retos sociales, económicos y ambientales. Es imposible negar que el planeta requiere la transición a energías más limpias para cuidar el medio ambiente y preservar la raza humana. Es aquí en donde debemos poner la atención y los esfuerzos para aportar a la agenda sostenible de cara a las próximas décadas.

A través de la historia hemos visto como la humanidad ha cambiado su entorno para sobrevivir, por ejemplo, en el siglo XIX se pasó de la leña al carbón; en el siglo XX del carbón al petróleo. Ahora, en nuestros tiempos, se necesita una transición hacia energías alternativas como el hidrógeno, la energía solar térmica y fotovoltaica, la energía eólica, la hidroenergía, la energía de los océanos y la energía geotérmica.

 

Dicho lo anterior, nuestro país no puede ser la excepción. De acuerdo con el Índice de Transición Energética – ITE del Foro Económico Mundial, Colombia es el tercer país en la región que más esfuerzos ha realizado para alcanzar este objetivo con una ponderación del 65,93%. En este contexto, existe la necesidad moral de todos los actores de la sociedad en lograr la neutralidad del carbono para el 2050. Hoy el Estado cuenta con una capacidad energética de 1.365 MW generados por centrales solares y eólicas y tiene previsto desarrollar más de 4.500 M en los próximos años.

Durante la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP27, realizada hace algunos meses en Egipto, el Gobierno Nacional anunció los pasos para la construcción de la hoja de ruta para la Transición Energética Justa en Colombia, que pretende diversificar la matriz energética de la nación.

Los ingenieros de petróleos, para este fin,  no deben temerle  a esta transición, ya que son los grandes protagonistas en este proceso, pues los recursos obtenidos del sector Oil & Gas serán el motor dinamizador para el desarrollo de tecnologías que impulsen de forma acelerada la transición que sí o sí se tienen que dar para la sostenibilidad del planeta que habitamos.

Expuesto lo anterior, la academia tiene en sus manos la gran responsabilidad de aportar a este debate y generar nuevo conocimiento alrededor de las energías alternativas para proyectar profesionales con competencias y habilidades aptos para ser protagonistas de primer orden en el proceso de la transición energética.

Desde la Universidad de América, integramos en nuestra oferta académica algunos programas que fungen como grandes apalancadores para el gerenciamiento de nuestros yacimientos con el fin de potencializar el recurso y con la implementación de tecnología de punta minimizar los impactos, aumentar las reservas, la producción, la economía y la calidad de vida de las comunidades.

Es indiscutible que la transición energética es un compromiso del mundo con las futuras generaciones. Es por esta razón,  que es  el momento de servir desde la academia para la construcción de la esperanza basada en la ciencia, en el conocimiento, en el deber de ayudar a otros y en caminar hacia un mundo cada vez más sostenible.

Por: Mario Posada García–Peña, rector de la Universidad de América.

«Transición energética sí pero no así»: Paola Holguín

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, dice que está de acuerdo con la transición energética, pero sin sacrificar la energía que hoy depende de los hidrocarburos.

Usted radicó un proyecto para que el gobierno nacional busque nuevos contratos de explotación y exploración petrolera y de gas ¿Qué le hace pensar que esto puede salir adelante cuando el gobierno no es muy amigo de esto?

 

Paola Holguín: Una cosa es el gobierno, otra cosa es el congreso. Colombia es una democracia, donde hay división de poderes, uno esperaría que el debate del Congreso sea técnico y que los congresistas entiendan que eliminar la posibilidad de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pone en riesgo la seguridad energética, la seguridad fiscal y la seguridad alimentaria. Hoy tenemos un alto costo de insumos del sector agropecuario, en vez de eliminar por ejemplo los nuevos contratos para explorar gas, deberíamos antes incentivarlos. Nosotros hoy tenemos una producción de gas que nos da para ser autosuficientes, pero no exportamos, si tuviésemos más gas, y creáramos un incentivo podríamos ser productores de insumos para el sector agropecuario.

El gobierno justifica su discurso argumentando que esto es para evitar mayores consecuencias por el cambio climático.

Paola Holguín: Yo creo que estos temas requieren conocimientos técnico y científico, y audacia no irresponsabilidad. Además, uno entiende la responsabilidad con el tema del cambio climático del planeta, pero no se vale que le echen la carga al país que genera solo el 0.3%,  nosotros hoy deberíamos tener por el contrario más capacidad económica, para mitigar y para poder soportar las consecuencias del cambio climático que Colombia, sin ser el gran responsable, sí es uno de los países que mas va sufrir las consecuencias.

Considera entonces que esto hay que hacerse, pero de manera pausada

Paola Holguín: Sí, nosotros apoyamos la transición energética, nosotros hicimos la ley de transición energética, hicimos el marco legislativo para el tema de hidrogeno verde y azul. Pero uno no puede ir más rápido de lo que va el mundo, de lo que va nuestra capacidad tecnológica. Le voy a poner un ejemplo sencillísimo, si nosotros hoy tenemos que importar gas, una familia de estrato 1 y 2, que  paga en promedio 30 mil pesos de factura, la tendría que pagar a 150 mil ¿Usted sabe lo que representa eso hoy para los bolsillos de una familia de estrato 1 y 2? Entonces transición sí, pero no así, transición segura y que no ponga en riesgo la seguridad energética de los colombianos

¿Cuanto nos podremos tardar en esa transición?

Paola Holguín: Lo que pasa es que los tiempos no son los que a uno se le de la gana, son los que la tecnología y el curso normal de la innovación ponga. Nadie tiene varita mágica. Yo le voy a contar una incidencia, el presidente Petro le dijo al presidente Uribe que él, en un año podía sustituir el petróleo por hidrogeno verde o azul. Lleva casi una década Estados Unidos y los países más desarrollados trabajando el tema, nosotros tenemos ya el marco legislativo y ya estamos haciendo pilotos. Pero vamos al ritmo que vamos. Uno aquí no puede pensar con el deseo sino con la realidad, y también con las consecuencias, porque uno se choca cuando no tiene los pies en la tierra, es que vamos al ritmo que podemos ir. Es muy duro que uno ponga a sufrir a los colombianos cuando los grandes responsables, como China, no están tomando medidas

¿Apostarles a las dos cosas al tiempo no es tanto como rezarle a Dios y al diablo?

Paola Holguín: Yo no sé si es rezarla al diablo o a Dios. A mi me enseñaron una cosa, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar un país, esa es la responsabilidad. Y uno no lo puede liderar, ni con sus caprichos, ni con su deseo. Uno tiene que tener una visión y dirigirse ahí, pero con base en el realismo. Es que sino las consecuencias de sus decisiones las padecen 50 millones de colombianos.

¿No es una manera también del gobierno nacional de curarse en salud para evitar el fracking?

Paola Holguín: Con el tema de fracking, yo lamento mucho que el debate sea ideológico y no técnico. Yo quisiera preguntarle a la gente que se opone al fracking, ¿cuántos pozos con fracking conocen? y ¿qué tanto han estudiado el tema? Estados unidos tiene a casi un millón de pozos con fracking. No se ha podido demostrar científicamente que cause mas sismicidad, ni mas problemas. De hecho, un pozo con fracking emplea menos agua que un pozo convencional. Yo lamento mucho las decisiones respecto al fracking, porque yo quisiera que el debate lo diéramos con argumentos técnicos y no con sectarismos ideológicos.

 

 

 

 

Banco Europeo de Inversiones se compromete con Colombia para la transición energética

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y el presidente del BEI, Werner Hoyer, firmaron el acuerdo en el pabellón de Colombia en la COP 27 de Egipto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y otros altos dignatarios asistieron a la ceremonia de la firma en Sharm El-Sheikh (Egipto).

En su discurso en el acto de la firma en la COP 27 de Egipto, el presidente del BEI, Werner Hoyer, ha señalado: “El Banco Europeo de Inversiones está totalmente comprometido a apoyar la acción climática global a través de tecnologías y soluciones innovadoras como el hidrógeno verde. El acuerdo anunciado hoy en la COP 27 sienta las bases para una mayor asociación entre la UE y el gobierno de Colombia para alcanzar objetivos climáticos ambiciosos y una transición energética justa y equitativa. El BEI ha sido socio financiero de Colombia durante más de 15 años y se complace en tener un papel clave en este importante viaje para el país, alineado con nuestra visión como el banco climático de Europa en todo el mundo”.

 

En relación con el acuerdo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, ha declarado: “Para implementar la Transición Energética Justa, Colombia necesita apoyo internacional. Así como la comunidad internacional ha sido fundamental en la búsqueda de la Paz Total en nuestro país, también lo será para impulsar las comunidades energéticas y la economía productiva en la transición energética. Necesitamos tecnología, conocimiento y financiamiento para desarrollar y desplegar energía verde a partir de hidrógeno, geotérmica, solar y eólica”.

La transición energética en Colombia

Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.

Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron los 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales, en un 51% para el 2030.

 

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones. Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

A guisa de ejemplo, mientras el total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global en 2019 fue de 51.1 miles de millones de toneladas, en Colombia sólo se registraron 275 millones, equivalente al 0.57%. Entre tanto las de China, EEUU, India y Rusia, que son los principales responsables de tales emisiones, concentran el 30.65%, el 13.54%, el 7.20% y el 4.52%, respectivamente. Mientras un colombiano emite 1.6 toneladas de CO2 equivalente anualmente, el promedio mundial, según el Informe del Banco Mundial en 2018 estaba en 4.47 toneladas. Un chino, por ejemplo, emite 8 veces más que un colombiano y uno del Reino Unido 2.7 veces (¡!)

1 Miembro de Número de la ACCE

En consecuencia, cada país se ha de dar su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, las cuales, además de robustecer y diversificar aún más la matriz eléctrica, contribuirán también a que la misma sea más resiliente frente al Cambio climático.

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los

431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso,

sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia si no por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos.

 

‘No podemos competir en el futuro si no somos sostenibles’: Eduardo Uribe, director de Sostenibilidad del GEB

En la V Cumbre de Sostenibilidad, expertos resaltaron el trabajo que realiza el país en materia de transición energética. Durante el conversatorio ‘Energías renovables, motor para la transición energética’, los panelistas coincidieron en la necesidad de que el Gobierno nacional avance en el cumplimiento de las metas y políticas públicas que proyectan el desarrollo sostenible del país.

De cara a la realidad que, en materia de cambio climático, fuentes de energía y transición energética enfrenta el mundo, cuatro expertos panelistas se dieron cita en la V Cumbre de Sostenibilidad desarrollada por la Revista Semana, para debatir sobre el futuro de la transición y las energías renovables en Colombia.

 

Eduardo Uribe, director de Sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá, lideró la conversación en torno a cómo la Estrategia de Sostenibilidad de la compañía, enmarcada en el objetivo superior de mejorar vidas con energía sostenible y competitiva, se ha adaptado a un entorno global que en temas geopolíticos y de cambio climático hace necesario que el negocio de la energía tenga en el centro de su razón de ser la sostenibilidad.

“No podemos pensar en competir hacia el futuro si no somos sostenibles o no buscamos contribuir a la sostenibilidad de los países o las regiones donde hacemos presencia. Nuestro negocio es el compromiso con la transición energética y por supuesto esta tiene unos ritmos razonables, debe ser económicamente eficiente, justa y asegurar que no genere problemas de inequidad social, ni reacciones sociales extremas. Tenemos claro que, si no somos sostenibles, nos van a sacar del juego, no tendríamos un futuro muy largo”, explicó Uribe.

GEB apuesta a la sostenibilidad

Transición energética

A su paso, Gian Paolo Daguer, gerente de Sostenibilidad de Enel, socio del GEB, precisó que la agenda de la transición energética en Colombia se viene desarrollando desde hace más de siete años con importantes resultados para el país.

“Somos un país afortunado porque tenemos diversas fuentes de energía, tenemos agua, viento, sol, gas y eso nos permite identificar y garantizar la eficiencia y la cobertura que se requieren en el país. Esa diversificación de la matriz energética permite que Colombia también pueda contribuir a que sigamos siendo un gran actor no solo nacional sino regional en la transición energética”, precisó Daguer.

Para ello, dijo el gerente de Sostenibilidad de Enel, hay temas que deben avanzar de la mano del Gobierno nacional, como el de la interconexión eléctrica con otros países “para que la transición energética no solo sea aprovechar los recursos que afortunadamente tenemos, sino para que pueda ser parte de la transición de los países vecinos”, y el de la electrificación de la matriz energética colombiana.

Equidad social

“El tránsito a una matriz energética más limpia debe ser prudente y machar a un ritmo seguro, de hecho, una de las ocupaciones importantes del Gobierno entrante es la equidad social y ese es un objetivo que la mayoría de los colombianos creemos necesario. Sin embargo, una transición energética que no se haga con cuidado y con todos los recursos disponibles, puede resultar inequitativa, atentar contra la inequidad social y generar un gran descontento. Por eso, en un contexto en el que hay gran expectativa por contribuir a la equidad social, el ritmo de la transición energética resulta totalmente relevante”, indicó el representante del GEB.

Al término del conversatorio ‘Energías renovables, motor para la transición energética’, los presentes ratificaron su compromiso de seguir aportando al desarrollo y bienestar del país desde el aprovechamiento social y eficiente de los recursos existentes.

“Hay que acelerar los proyectos solares, eólicos, como se está haciendo, pero el Gobierno y la sociedad no pueden renunciar a la utilización de otros energéticos, que, por razones técnicas, de respaldo y demás son importantes y contribuyen a la conformación de una canasta energética socialmente eficiente y aceptable. La transición es una necesidad, pero si no se hace bien implica riesgos sociales muy grandes y tal vez el más grande es que los estratos sociales menos favorecidos terminen pagando costos más altos y eso traería consecuencias muy graves, sobre todo para un gobierno que está preocupado por la equidad”, concluyó Eduardo Uribe.

La transición energética justa es larga, pero tenemos buenas oportunidades: Juan Ricardo Ortega

El Presidente de la multilatina señaló que las oportunidades de Colombia van de la mano del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las empresas para lograr estar entre los países que alcanzan la prosperidad a través del acceso justo a la energía para las comunidades.

“La transición energética genera incertidumbres y grandes retos. No sabemos qué va a pasar, pero si nos fijamos en el horizonte, Colombia está ad portas de tener una de sus mejores oportunidades para el sector. Este es un momento crucial; no vamos a enfrentar décadas como esta en mucho tiempo”.

 

Las palabras son de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) en su intervención, en la edición 24 del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que se celebra en Cartagena.

Ortega hizo una presentación sobre transición energética con responsabilidad social, una apuesta del GEB enmarcada en el propósito superior de la compañía, ‘Mejorar vidas con energía sostenible y competitiva’ y que, además, se alinea con las políticas del Gobierno nacional en materia de transición justa y energías renovables no convencionales.

“La adversidad geopolítica entre Estados Unidos y China es un hecho preponderante para lo que va a pasar en los próximos 30 años en el mundo. Ante esa adversidad, las grandes empresas de Estados Unidos que quieren invertir están mirando cómo hacerlo en regiones competitivas y ahí es donde esta costa colombiana deberá jugar un papel fundamental y ser uno de los polos más atractivos para esa inversión durante las próximas dos décadas”, subrayó Ortega.

Esa proyección, conjugada con los proyectos energéticos y de servicios públicos que se impulsan en el país para llevar desarrollo y progreso a las comunidades, será la plataforma estratégica para que las empresas extranjeras encuentren conocimiento, competitividad y capacidad institucional en un mercado llamado a ser polo de abastecimiento para la industria estadounidense, la economía más grande del mundo.

“Tengo la convicción –apuntó Ortega– de que podemos ser los perfectos socios para hacerlo, pero eso solo se logra si trabajamos en equipo y entendemos cómo funciona una agenda de transición energética para un país como Colombia y en un contexto de incertidumbre como el actual”, en el que, desde 1978, solo se ha crecido 70 por ciento en capacidad de acceso a la energía, mientras que países como China, por ejemplo, lo han hecho 400% desde inicios de 2000 a la fecha”.

En ese sentido, destacó que es necesario entender que la producción y el desarrollo de una sociedad va ciento por ciento de la mano de su capacidad de tener acceso a la energía, pues, enfatizó, donde está la energía está el poder: “Donde se redefinan las nuevas fuentes de energía y las hagan factibles serán los países que van a ser prósperos. Quien controla la energía en el mundo moderno es rico y el que no tiene acceso a ella es pobre. En Colombia, en la gran apuesta por la transición energética justa, tenemos grandes oportunidades”, dijo.

Finalmente señaló que el Grupo Energía Bogotá está comprometido con una transición energética justa, en la que el gas natural es clave y en el tránsito hacia la descarbonización y la lucha contra el cambio climático.

“Compartimos la política del actual Gobierno de una transición energética justa y estamos trabajando en ello para que todos los colombianos y los países donde operamos tengan mayor acceso a la energía y por ende a posibilidades de desarrollo. Esta transición es larga, pero tenemos buenas oportunidades”, concluyó.

Participación de Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB en Andesco 2022

Transición energética sí, ¿pero no así?

El actual gobierno del presidente Gustavo Petro, y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, parece tendrán que seguir aterrizando más sus propuestas de transición energética para el país que incluye un proceso durante los siguientes 6 u 8 años como lo han propuesto de forma reiterada ante los medios de comunicación y de acuerdo a los planes de gobierno en materia energética. Así como se espera continúen con la intención de continuar con los actuales contratos de exploración de hidrocarburos.

Pongamos sobre la balanza 2 hechos importantes que se unen en estos tiempos en torno a esta propuesta de transición energética, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el despertar de la humanidad para cambiar poco a poco su demanda de energía producida por combustibles fósiles.

 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a los precios del gas, por ejemplo, a los más altos niveles en Europa ahora debido a que la semana pasada Rusia cortó el suministro que venía pasando por el Nord Stream 1 por temas de mantenimiento. Esto hizo que el precio del Megavatio hora llegara a los 342 euros. En Alemania y Francia se lograron tristemente nuevos records en precios también del Megavatio hora por electricidad, 850 euros en Alemania y hasta 1.000 euros en Francia.

Entonces, ante una evidente escases de este y otro tipo de hidrocarburos y subida de precios en la generación de la energía en el mundo, ¿De dónde saldrá ahora la energía que se necesita para suplir estas necesidades? La guerra de Rusia con Ucrania efectivamente ha logrado poner sobre la mesa la eterna discusión de los hidrocarburos, su oferta, sus precios, su distribución, porque lamentablemente aún no se ha llegado al límite de reemplazarlos por energías alternas en tu totalidad, esto es una realidad. Mas no quiere decir que no se busque esa transición, si de algo pueden estar orgullosos muchos países europeos, es de sus avances en la transición energética. Alemania, entre otros tiene metas muy precisas para cambio de combustibles alternativos y dejar los hidrocarburos en el largo plazo. Dinamarca propone solo vender nuevos vehículos eléctricos desde el 2030, pero hasta que todo esto suceda, el problema de escases y altos precios en la energía, ocasionará inestabilidad en el mundo. Incluso el Estado de California ya aprueba la intención de lograr para el año 2035, venta de automóviles nuevos solo funcionando por electricidad o hidrógeno, igual la iniciativa no piensa prohibir los vehículos a gasolina, los nuevos deberán no ser de combustible fósil, por lo tanto, esa transición será más larga de lo que se piensa, pero sucederá. Para el 2045 California también planea alimentar gran parte de su economía con energía eléctrica, no de combustibles fósiles, actualmente cuentan con 80.000 cargadores públicos, y para el 2030 esperan llegar a 1.2 millones de cargadores eléctricos. Con esto se evidencia el despertar para cambiar poco a poco esa demanda de energía tradicional, es algo, es un avance, mas no es suficiente a hoy, son conscientes que la transición tomará más tiempo.

Con estos planteamientos volvemos a Colombia. Si vemos estos ambiciosos planes en varios países del mundo, ¿qué nos hace pensar en nuestro país que lograremos la transición energética en 6 u 8 años como proponen desde este nuevo gobierno? La guerra entre Rusia y Ucrania puede ser una oportunidad para el mundo con el fin de acelerar procesos de búsqueda de energías alternativas, sumado a la urgencia del invierno que se avecina, esto es claro, pero en el largo plazo, hasta no tener estos reemplazos, el mundo debe seguir consumiendo energía con lo que tiene, los hidrocarburos entre ellos.  En Colombia, el 70% de la energía que se consume proviene de los combustibles fósiles, y del consumo total, el 28% viene del gas. Para lograr ese reemplazo de consumo por una energía alternativa, se requieren mayores inversiones en investigación, infraestructura, entre otros factores, para lograrlo en esos 6 u 8 años que manifiestan. En nuestra región latinoamericana, países como Chile, donde se tiene una excelente fuente lumínica por sus desiertos, ente otros, se ha logrado explotar la energía solar, por ejemplo, llegan a los 23 teravarios /hora con estas fuentes alternativas de energía, lo cual no es suficiente aún para suplir a todo el país, pero ya es un avance. Colombia con sus esfuerzos ha logrado llegar a los 2 teravatios/hora en energías alternas. Claro, el gobierno anterior continuó esfuerzos con el tema de energía solar y eólica, pero no llegamos aún a más de eso, 2 teravarios/hora.

Por lo anterior, hay un camino trazado por la humanidad hacia la disminución de emisiones de CO2, existe voluntad política en este gobierno de Colombia para avanzar en esa transición energética, lo cual es muy valioso, pero se debe tener en cuenta que no tenemos aún el desarrollo, la inversión o la infraestructura suficientes para comprometer un cambio en 8 años, o incluso en 12, como lo han mencionado últimamente en el gobierno. Debemos aterrizar estas propuestas, esta transición, la cual es indiscutible, inevitable, se debe dar, pero como lo hemos mencionado, si hay países más desarrollados, con metas más reales, sería importante que Colombia lograra esa transición también con planes a más largo plazo, y sin dejar por fuera los hidrocarburos, que mal que bien, los debemos seguir consumiendo hasta lograr ese reemplazo serio, real, coherente. Hasta no lograrlo, no podemos cerrar nuestras puertas al gas, al petróleo. Tenemos las hidroeléctricas, pero precisamente depender de ellas ante el inminente cambio climático, renunciando al gas, sería depender de suministros de energía externos que pondrían en riesgo la productividad del país. Depender de países hermanos, por más que se reestablezcan relaciones diplomáticas, tampoco es garantía de futuros recursos de gas si se agotan nuestras existencias. Es positivo apostarle en grande a las energías alternativas, como lo hace Chile, entre otros, de forma creciente, ordenada, más debemos tener en claro nuestras limitantes en este tipo de proyectos de producción de energía alternativa, deben ser más ambiciosos, deben pretender abarcar todo el país, ahí está el gran reto para este gobierno y los siguientes.

Cuando se logre una plena transición, se cambiará a las energías alternativas, el planeta y nuestros hijos, lo agradecerán.

 

@Jack80x

El gas natural: El combustible puente de la transición energética

¡Para llegar a la tarde hay que pasar por el medio día!

Antecedentes

 

El Departamento de Santander fue la cuna de la industria petrolera y de la producción del gas asociado al mismo en Colombia, el cual se quemaba en los campos mediante teas que se instalaban en los mismos, amén de su reinyección para imprimirle una mayor presión a los pozos y de esa manera obtener una mayor tasa de recobro. Fue sólo en 1961 que, mediante la Ley 10, expedida por el entonces Presidente de la República Alberto lleras Camargo, se obligó a las empresas operadoras de los yacimientos petrolíferos “evitar el desperdicio del gas producido, bien aprovechándolo industrialmente o confinándolo a los yacimientos para su utilización futura o como fuente de energía para la máxima recuperación final de las reservas de petróleo”. Se trataba de optimizar el aprovechamiento de este.

Este es el antecedente más remoto de la producción y el uso del gas natural en Colombia, que tuvo su hito más importante el 10 de marzo de 1962, hace 50 años, cuando se puso en funcionamiento la primera planta de tratamiento del gas de Cicuco y se construyó el primer gasoducto para transportarlo hasta Barranquilla. Posteriormente, en 1964, se construyó el siguiente gasoducto para llevarlo, esta vez, desde el campo de Jobo Tablón hasta el complejo industrial de Mamonal en Cartagena.

Pero sería sólo el 12 de agosto de 1977, con la inauguración por parte del Presidente Alfonso López Michelsen de la Estación de producción de gas natural libre en el campo de Ballena en La Guajira y el gasoducto de PROMIGAS para transportar el gas desde el más importante yacimiento descubierto hasta la fecha hasta La heroica, cuando el gas natural se integró en forma a la matriz energética. Posteriormente, en el año 1996 entró a operar el gasoducto de TGI que transporta el gas desde Ballena hasta empalmar con el que conecta a Barrancabermeja con el centro del país.

Y ello se dio justo cuando, a consecuencia del embargo petrolero de los países árabes a los países aliados de Israel llevó a estos a apelar al gas y al carbón para diversificar sus fuentes de suministro de los energéticos y lo propio hicieron las multinacionales petroleras, diversificando su portafolio de inversiones. Ello explica que una multinacional petrolera (TEXAS) se asociara con la estatal ECOPETROL para la extracción de este gas, al tiempo que otra (EXXON) se asoció con CARBOCOL para explotar el carbón de El Cerrejón. Desde entonces el gas natural ha cobrado cada vez una mayor importancia a nivel global, participando con el 24.7% de la canasta energética y su uso se ha extendido exponencialmente.

En Colombia, particularmente, se ha masificado su uso residencial, en el transporte, en la industria y en la generación de electricidad. El mayor impulso al gas natural se lo dio el ex ministro Guillermo Perry, con su estrategia del Gas para el cambio (1986 – 1988). El año 2020 cerró con un número de 10´253.699 usuarios de gas natural en el país, 10´061.213 domiciliarios, 186.760 comerciales y 5.726 entre automotores, industriales y generadores de energía.

De la Abundancia a la escasez

Después del hallazgo de gas natural en La Guajira y en el pie de monte llanero, las dos principales fuentes de suministro del gas del país, que ya están en franca declinación, no ha habido otro de su importancia. Las reservas con que se cuenta, de 3.1 GPC, a duras penas alcanzan para 8 años, de allí la urgencia de explorar aún más para recuperarlas, ya que desde hace una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas, poniendo en riesgo el autoabastecimiento. Por fortuna, en los últimos días se ha anunciado por parte del Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón descubrimientos muy importantes y esperanzadores que pueden alejar el fantasma de las importaciones de este energético. De todos modos se cuenta con una planta regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao, localizada en Cartagena, para importarlo ante eventuales déficits internos de suministros, cuando el parque de generación térmica así lo requiera.

Este es el escenario que enfrenta Colombia en medio de la crisis energética a nivel global que ha exacerbado la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados de la UE a Putin, que ha elevado sensiblemente la cotización del gas, superando los US $8 el MMBTU, incrementando exorbitantemente los precios y las tarifas de energía, atizando de paso la inflación global. Ello ha venido a interferir la marcha de la Transición energética en dichos países, obligándolos a dar marcha atrás en su avance, en pos de garantizar la seguridad y sobre todo la soberanía energética. Claro está que este impasse puede servir de catalizador a la Transición energética, acelerándola, única vía para superarlo con éxito.

En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la Transición energética y así lo catalogó el parlamento europeo, integrándolo a su matriz energética con el sello verde, dándole el mismo tratamiento de las energías renovables. Colombia requiere del gas natural para avanzar en una Transición gradual, como tiene que ser y responsable. Y dado que nuestras reservas de gas son tan precarias es imperativo continuar con la exploración del mismo, pues sólo se encuentra si se busca, para así garantizar una Transición tranquila. Una de las lecciones aprendidas de la tragedia que vive la UE es que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad y la soberanía energética.

Quienes desestiman la importancia del gas natural en la fase en la que estamos de la Transición energética, como Jésica Arias, del equipo de energía de Transforma y Ph.D en Transición Energética, afirman que “en la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables” (El Espectador. Agosto, 18 de 2022). Ello es absolutamente falso, tanto más en cuanto que los principales proyectos de energía eólica que se están instalando en La guajira sólo entrarían al sistema interconectado nacional (SIN), si no se presentan más demoras, el 1º de abril de 2024 (¡!), según el aplazamiento dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en su Resolución 40181 de mayo 23 de este año.

 

Además, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), dada su intermitencia, requieren contar con el respaldo de la energía firme que sólo puede garantizar el parque térmico, que cuenta con 5.400 MW de potencia instalada y este requiere para operar del gas natural. Y no podemos cometer la misma insensatez de los europeos de apagarlas asumiendo el riesgo sistémico subsiguiente.

Del gas natural, al igual que del petróleo, podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de ellos es depender de sus importaciones. Ello fue lo que llevó al Congreso de la República a expedir la Ley 2128 de 2021, tendiente a promover “el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país” y la masificación de su uso “se declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental”. Exponer al país a tener que importarlo contraviene esta Ley, ello sería impensable.

A guisa de ejemplo, según el Plan Energético Nacional Colombia ideario energético 2050, elaborado por la UPME, para el año 2030 circularían en el país 600 mil vehículos con motor eléctrico y se proyecta que para entonces tendríamos un parque automotor de 22 millones de vehículos. ¿Será que se podrá prescindir del uso del gas vehicular y de la mezcla de los biocombustibles para garantizar la movilidad automotriz? No, uno y otro contribuyen a la movilidad sostenible.

Lo propio podemos decir del gas domiciliario. Si bien la Transición energética le apuesta a la electrificación de la economía, si se pretendiera sustituir el consumo de gas natural por la electricidad en la cocción de alimentos, el calentamiento de agua y el aire acondicionado, según cálculos del ex viceministro de energía Manuel Maiguashca ello tendría un costo de $36 billones (Manuel Maiguashca. La maldición de los dinosaurios muertos. Agosto de 2022)

Cabe preguntarse ¿Quién asumiría semejante costo?