¿Cómo se sentirá hoy un afiliado a las aplicaciones de transporte de pasajeros en las ciudades (las conocidas app’s como UBER )con los anuncios de sanciones que hicieron recientemente? Ya se acostumbró a un ingreso regular llevando gente de un lado a otro como si fuera un taxi, sin serlo, pero sabe que corre un riesgo grande ya que no hay legalidad en su servicio.
Su familia depende de ese trabajo ahora, incluso su futuro. Pero cualquier día puede perder su fuente de ingreso. Estas aplicaciones ya llevan 10 años operando, y cada vez hay un número mayor de vehículos en ese servicio.
Los mismos conductores de taxi le cuentan a sus pasajeros que muchos de los vehículos particulares al servicio de las aplicaciones son propiedad de los potentados que tienen flotillas de innumerables taxis. De ahí que ellos mismos expliquen que las protestas de taxistas no han tenido efecto porque en el fondo no son en serio.
Se habla que hay unos 100,000 vehículos particulares en Bogotá que operan con las aplicaciones. Si fueran tantos ya doblarían a los taxis. Según Bogotá cómo vamos, circulan en la ciudad 50,525 taxis. El 56% de todos ellos pertenecen a solo 2 empresas, lo cual muestra la fuerte concentración en el negocio.
Evidentemente hay que solucionar esta situación. Desde hace 10 años había que solucionarla. El anuncio del lunes anterior y algunos videos de actuaciones violentas de la Policía contra unos manifestantes conductores de carros particulares, pusieron en alerta total a ese colectivo, como era de esperarse. Y si fuera verdad que ya superan a los taxis, este Gobierno que le gustan los cálculos electoreros, está equivocándose. A lo mejor fue por eso que el ministro ya salió a los micrófonos de la W a aclarar que sin una concertación no radicarían el proyecto de ley que prohíbe la operación con estas aplicaciones.
Desafortunadamente nos están acostumbrando a anuncios incendiarios que se morigeran posteriormente. Podría ser una técnica para medir la aceptación o no de los anuncios. Mejor estudiarlas bien antes.
Lo que sí debe quedar claro hasta aquí es que el servicio público de transporte de pasajeros tiene un marco legal bien definido en el país, según el cual los vehículos deben tener placa pública y estar afiliados a una empresa de transporte legalmente constituida, normas mediante las cuales se supone que el Estado cuida a sus ciudadanos de abusos, inseguridad y que haya responsabilidad frente a la mala prestación del servicio. Podría uno afirmar que es buena la intención de la ley pero no palpable para los usuarios que sufren permanentemente de todo lo que la ley trata de controlar.
Y también debe quedar claro que la tecnología en el mundo avanza vertiginosamente, solucionando problemas de mercado y ofreciendo nuevas posibilidades, que ayudan a que la gente obtenga mejor servicio y seguridad, y que por lógica, pararla no es una opción. Al revés, lo que han debido hacer los Gobiernos desde la década en que llegaron las apps era buscar la forma de sí avanzar de la mano de la tecnología y no pasar de agache o torpedearla para livianamente congraciarse con los taxistas, porque tarde o temprano, de todas maneras, se impondrá de la mano de la misma gente a la que sirve.
Hace unos años, después de tantos paros de camioneros en el país, uno por año normalmente, el Ministerio de Transporte revisó la Ley 336 de 1996, denominada Estatuto Nacional del Transporte, y le “adaptó” un detallito: que los camiones no tenían que ser afiliados a una empresa, en teoría responsable por la carga y el nivel de servicio del transporte (a la que los camioneros acusaban como simple intermediaria), sino que podían ser los mismos propietarios los que fungieran de empresas, pero unipersonales. Obviamente eso de cumplir las mismas funciones no era posible por los valores agregados que aportan las empresas de transporte de carga. Pero, al menos en teoría, era potencialmente posible que lo hicieran. El mercado no cambió mucho después: las cargas que no necesitaban valores agregados, de bajo valor y riesgo, y pago rápido, pudieron optar por este nuevo esquema; las demás siguieron a través de las empresas.
El Gobierno de entonces se quitó el lío de encima, aparentemente. Los camioneros iban por más. Aún hoy quieren que se limite el parque automotor para eliminar a nuevos competidores y maximizar la rentabilidad de sus depreciados equipos. Nada raro, injusto con la sociedad, pero no raro en el sistema económico en que operamos. Por lo tanto, las fricciones no cedieron del todo.
Algo así debía repensar el Ministerio en este caso. Cómo sí hacer que esa forma de transporte de pasajeros, competencia de los taxis, sea legal. Hay dos claves: uno, que los vehículos sean de placa pública, y dos, que ofrezcan las garantías que en el papel dan las empresas de transporte. La dos es más fácil a través de las empresas que representan a las aplicaciones, que ya les ha tocado legalizarse, y canalizar a través de ellas no solo los seguros indemnizatorios para los malos eventos, sino también los impuestos, y una compensación de las cargas adicionales que tienen los taxistas en sus vehículos frente a los privados. Queda la primera, que reta la creatividad jurídica del Ministerio para que proponga una medida transitoria al Congreso que viabilice una solución así.
Desde luego hay que revisar qué se ha hecho en otros países, sin dejar de vista que el marco legal sea diferente.
Hay interesantes pensadores poniendo trinos como que esto se parece a prohibir los celulares por el daño que le hacen a la telefonía fija. Están equivocados puesto que no es comparable integralmente. Aquí hay un marco legal de por medio que se está violando. De todas maneras la tecnología no se dejará atajar. Más bien, debemos estar al lado de explotar sus beneficios adaptando ese y cualquier marco legal que toque, para poder avanzar en bienestar y competitividad. A los Gobiernos (de turno) siempre les ha correspondido la solución, pero se han quedado en el problema; esperemos que éste solucione de fondo.
RAFAEL FONSECA ZÁRATE
@refonsecaz
