Ante la imposibilidad de llegar a una conciliación entre la parte demandante del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá y los representantes de las entidades involucradas (UNP, Alcaldía de Bogotá, Ministerio del Interior y Concejo) el proceso continúa su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
De acuerdo con el abogado, Camilo Araque, ahora sigue la etapa de prueba, donde cada concejal deberá demostrar el nivel de riesgo que existe contra su vida por la labor que ejerce en la política bogotana.
Es así como cada concejal de Bogotá que aceptó el esquema de seguridad que consta de un conductor, una camioneta de alta gama y dos policías motorizados, deberá justificar el por qué se le debe dejar este beneficio de protección que brinda el Estado a personas que, por su labor, corren el riesgo a ser asesinadas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar interpuesta por el abogado Camilo Araque, quien pide suspender los efectos del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá.
El abogado demandante considera que los esquemas de protección a los concejales que presta la Unidad Nacional de Protección fueron asignados sin que exista un análisis que determine que sus vidas corren peligro por cuenta de su labor como agente de control político en la ciudad de Bogotá.
La elaboración de la ponencia quedó en manos del magistrado Cesar Giovanny Chaparro Rincón quien deberá estudiar los argumentos y determinar si hay lugar para fallar a favor o en contra de esta.
El Convenio al que hace referencia la demanda es el número 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y a través de su firma se permitió la asignación de 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.
Reviva el diálogo: ¿Necesitan escoltas los concejales de Bogotá?
Dos hombres que se movilizaban con material de guerra en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron capturados en un retén del Ejército Nacional en la vía que comunica al municipio de Tumaco con Pasto.
Dentro del vehículo, se encontró un arma de fuego y más de 1.400 municiones calibre 9 mm sin la documentación respectiva. Según se pudo establecer, uno de los capturados es funcionario de la Unidad Nacional de Protección quien conducía el auto asignado a la entidad.
“El material incautado se compone de 1 pistola, 2 proveedores, 17 cartuchos 9 mm, 28 cajas de munición con 1.400 cartuchos 9 mm. Las autoridades proceden a verificar origen, características y destino del material hallado y a definir situación de los detenidos. El funcionario responsable de la administración local no iba en el vehículo en el momento de la inspección en el puesto de control”, indicó la entidad.
La camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección fue destinada por la entidad al alcalde de Tumaco, Julio Cesar Rivera.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), informó que un vehículo blindado oficial perteneciente al esquema de la Presidencia recibió un impacto cuando circulaba por Bogotá.
«Impactado un vehículo UNP en avenida circunvalar en Bogotá. Se trata de una camioneta (…) blindada, conducida por personas de protección que viajaban en sentido sur-norte con destino a Cajicá a cumplir servicio. No hay personas afectadas», ha detallado la UNP en sus redes sociales.
Más tarde, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha confirmado que el vehículo blindado efectivamente forma parte del esquema de protección y seguridad de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Además ha señalado que a bordo iban tres personas.
El organismo ha compartido unas fotografías en las que se observa un impacto en la ventanilla trasera izquierda del vehículo. Aunque en un primer momento se ha informado de que el coche había recibido un disparo de bala, más tarde la Policía Metropolitana ha especificado que el impacto se ha producido con un objeto contundente.
Un reconocido abogado de litigios de alto impacto prepara una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidiendo la suspensión del contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la Unidad Nacional de Protección con el que se asigna escoltas y carros de alta gama a los concejales de Bogotá.
El abogado, quien por el momento prefiere mantener su nombre en reserva, considera que se están vulnerando derechos colectivos como la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público, al asignar esquemas de seguridad a través del Convenio 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, con él que se implementó 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección para 17 beneficiarios, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.
El demandante considera que estos esquemas de protección al ser pagados con recursos públicos deben entregarse a quienes tienen problemas de seguridad, demostrados mediante un análisis de riesgos elaborado por la Unidad Nacional de Protección, basado en información que entregue la persona a la que se va a proteger, cruzando además información con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que demuestre los riesgos contra su integridad física.
Al parecer, según lo analizado por el abogado, estos esquemas de seguridad se estarían entregando teniendo en cuenta la majestad del cargo y no el posible riesgo que presenten los concejales, que en muchas ocasiones no son reconocidos por la mayoría de los ciudadanos en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección – UNP -para que brinde la adecuada seguridad al director de la cárcel Modelo de Cúcuta, Ángelo Smith Torrado, quien extrañamente tomó la decisión de cambiarle el vehículo blindado por uno convencional.
«El Ministerio Público no se explica cómo después de lo sucedido, el pasado 16 de mayo con el asesinato del coronel Elmer Fernández, se den estas actuaciones por parte de la entidad y más cuando el propio ministro de Justicia solicitó reforzar la seguridad para los directores de los establecimientos carcelarios a nivel nacional», dice el organismo de control en el comunicado.
La denuncia fue dada a conocer por el alcalde de Cúcuta ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, a cargo de Javier Sarmiento, quien urgió explicaciones al director de la UNP sobre este caso y de paso le recordó la declaratoria de emergencia carcelaria que rige desde el 12 de febrero de 2024, a raíz de los riesgos de seguridad y actos de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-ya que a la fecha han sido asesinados 5 funcionarios y más de 100 son blanco de amenazas.
El complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta hace parte de los 15 establecimientos con más amenazas, razón por la que el Ministerio Público no se explica el porqué de la decisión de reducir las medidas de seguridad a su director.
A los bogotanos se les convirtió en paisaje el ver estacionados en calles y andenes a los carros oficiales que escoltan a los altos funcionarios públicos, congresistas; concejales y/o personajes que, sin tener un cargo en alguna entidad del Estado, presentan riesgos contra su seguridad.
Los conductores de los vehículos adscritos la Unidad Nacional de Protección acostumbran estacionarlos en cualquier lugar, sin importar, si obstaculizan el libre tránsito por alguna de las vías de la capital o si está prohibido estacionarse, muy a pesar de que su oficio no los exime del cumplimiento de las normas de circulación en calles y avenidas.
Cuando se le preguntó a través de un derecho de petición a la Unidad Nacional de Protección, si existe algún parágrafo en la norma que rige el tránsito en Colombia o algún decreto que exima a los vehículos asignados a la UNP del respeto que se debe tener por el espacio público, la entidad respondió de manera categórica que “estos se encuentran en la obligación de respetar las reglas y su categoría especial no los libra del cumplimiento”.
“No existe normatividad o decreto alguno que exima a los vehículos asignados a los diferentes esquemas de seguridad asignados a nuestros beneficiarios, respecto de las normas de tránsito a nivel nacional; que los mismos se rigen por la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito”, afirmó la entidad en su respuesta.
Dijo, además, que de manera constante realiza capacitaciones tendientes a respetar y cumplir a cabalidad con las normas de tránsito a nivel nacional.
Sin embargo, los conductores y escoltas parecen no atender los llamados a respetar las normas de tránsito, especialmente la que obliga a no invadir el espacio público. Prueba de lo anterior es lo que ocurre en el centro de la capital del país, más exactamente en la Carrera 5 entre calles 5 y 6, donde las filas de vehículos de escoltas en su gran mayoría asignados a los congresistas, impiden el libre tránsito.
Carrera 5 con Calle 5, Sector Nueva Santa fe, Bogotá.
Fuentes de la Secretaría de Movilidad confirmaron a Confidencial Colombia que constantemente se les ha hecho el llamado para que esta situación no siga presentándose, sin embargo, a pesar de que en múltiples ocasiones se les ha impuesto una multa, estos hacen caso omiso y continúan invadiendo las calzadas no solo en esta zona de Bogotá, sino además en la localidad de Chapinero, en donde están ubicados los restaurantes lujosos.
Confidencial Colombia habló con varias personas que prestan servicio de escoltas y que pidieron reserva de sus nombres, quienes aseguraron “que sí esta situación se presenta no es porque no quieran cumplir con las normas, sino por petición del mismo protegido, quien exige que se le espere en el andén, y qué, aunque en teoría la multa la debe pagar la persona a la que se debe cuidar, esta muchas veces se niega a hacerlo y que son ellos quienes la deben asumir para luego no tener problemas”.
En el caso de los carros asignados a los congresistas, la Secretaría de Movilidad ha hecho el llamado para que se ocupen los parqueaderos del Congreso de la República, sin embargo, este hoy ha rebosado su capacidad porque hay senadores y representantes que tienen asignados más de dos carros, al punto en que ya no queda espacio para tanto vehículo.
Al respecto, el concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero, quien viene realizando un ejercicio de control político a la invasión del espacio público por mal estacionamiento de los vehículos de alta gama, pide a la UNP y a la parte administrativa del Congreso de la República buscar la manera de solucionar este asunto.
Esta situación obliga a un bueno número de escoltas a estacionar las camionetas de alta gama por los alrededores de las instalaciones del Legislativo, dejando muy poco espacio para el libre tránsito de quienes utilizan estas vías.
En el año 2022 en Bogotá, fueron impuestas un total de 17.921 multas a vehículos tipo campero y camionetas por estacionar en sitios prohibidos; en el 2023 se impusieron 15.780 y entre y febrero de 2024, 2.568 multas.
En diálogo con Confidencial Colombia, el Subsecretario de Movilidad, John Alexander González, aseguró que la entidad ha realizado operaciones de control en las diferentes vías de Bogotá y que, sin importar, si es un carro oficial o no, seguirá en la labor de hacer respetar las normas de tránsito en la capital.
La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra el agente de la Unidad Nacional de Protección, Francisco Torres Luna, porque al parecer, utilizaba los vehículos que tenía a cargo en dicha entidad, ya que, al parecer estos eran utilizados para dar tours a ciudadanos extranjeros.
El Ministerio Público evidenció que, presuntamente, «los tours transportaban a algunos turistas brasileros y mexicanos. Las excursiones ofrecidas se daban en Bogotá, y algunos municipios de Cundinamarca como lo son: Guadalupe, La Calera, Choachí, Zipaquirá y Cajicá».
El Ministerio Público tuvo conocimiento que el funcionario cobraba sumas de $200.000 a $250.000, aproximadamente.
Desde el proceso de dejación de armas en 2016, han sido asesinados 396 firmantes de paz que hacían parte de las antiguas FARC. Desde el 7 de agosto de 2022 (día en que se posesiona el actual gobierno) hasta el 31 de julio del presente año, la cifra ascendía a 35 excombatientes asesinados, según datos de Indepaz. La mayoría de los homicidios fue contra militantes del partido Comunes, organización que originalmente surgió en 2017 bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), pero que cambió su nombre en 2021 para evitar asociaciones con la extinta guerrilla y con las disidencias que actualmente existen.
El pasado 31 de agosto, decenas de militantes de Comunes y excombatientes protestaron en la entrada del Ministerio del Interior exigiendo protección a sus vidas y el esclarecimiento de los asesinatos que, por falta de investigaciones de la Fiscalía, están impunes. La protesta tuvo lugar luego del atentado en Bogotá contra el firmante de paz, Marino Molina, el martes de la semana pasada.
El atentado ocurrió luego de un proceso de inteligencia y seguimiento por parte de delincuentes que lo abordaron en un barrio del sur de Bogotá y que, a pesar de haber herido gravemente a dos de sus escoltas, no pudieron acabar con la vida de Marino. Según información suministrada por un dirigente político de Comunes, a la organización le preocupa que el atentado haya ocurrido en la capital, pues alrededor de 800 integrantes del partido político habitan en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Sumapaz. Además, les llama la atención la Alerta Temprana que publicó la semana pasada la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las FARC en siete localidades de Bogotá, pues es posible que estos grupos armados estén detrás del atentado.
Sumado al número de firmantes que ya hay en Bogotá, han llegado desplazados del centro poblado “Georgina Ortiz” en Vista Hermosa, Meta, y de Arauca otro grupo importante, producto de amenazas de disidencias y combates entre grupos armados ilegales. En lo manifestado por el dirigente político de Comunes, los firmantes desplazados están en una situación de riesgo, pues la actual administración no les ha prestado las ayudas necesarias, ni los esquemas de protección debidos.
Por otra parte, el atentado de la semana pasada tiene connotaciones más profundas, pues Marino es el fiscal nacional del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (SINTRASEPAZ), dirigente nacional del partido Comunes e integrante de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP) de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que es la encargada de definir la asignación de esquemas de seguridad.
SINTRASEPAZ (organización sindical de trabajadores de la UNP) emitió un comunicado rechazando el atentado contra Marino Molina y responsabilizando, “por acción u omisión”, a la Unidad por la publicación de información reservada y videos estigmatizantes contra integrantes del componente Comunes a la MTSP y, en general, trabajadores afiliados al sindicato. Asimismo, aseguran que el intento de homicidio “tiene sus raíces en la no implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP)” y en las dificultades presentadas en la asignación de vehículos a los protegidos del partido Comunes.
En el comunicado también conminan al presidente Gustavo Petro para que sea consecuente con la implementación integral del acuerdo de paz, pues se ha desconocido el programa de protección para los integrantes del partido Comunes, establecido en el punto 3.4 de los acuerdos de paz de la Habana.
A la crítica situación que viven los firmantes de paz y trabajadores de la UNP, se suma el atentado contra la vida del director de la entidad, Augusto Rodriguez, en marzo del presente año y las amenazas que recibieron los funcionarios Daniel Augusto, Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco y sus familias. La violencia en contra de trabajadores y directivos de la UNP obedece a las denuncias que han realizado por la presencia de mafias al interior de la Unidad.
En charla informal con un integrante del sindicato, señaló que existen varias mafias: la de la gasolina, que se encarga de hurtar parte del combustible asignado a las camionetas de los protegidos; la de las “rentadoras” que se apropia de dinero alquilando vehículos que no cumplen con el blindaje establecido; la mafia de la “contratación”, que se encarga de contratar escoltas tercerizados pagados a 10 millones de pesos por la entidad, pero realmente reciben 3 millones, convirtiendo la tercerización en un negocio, supremamente, lucrativo.
Es urgente que el gobierno nacional le ponga la lupa a la protección de la vida de los firmantes de paz si se quiere acabar con el exterminio que están pasando. Si el gobierno nacional no depura la entidad, continuaran enquistadas las mafias que ejercen violencia contra los funcionarios y se apropian de los dineros públicos.
Esta semana tuvimos una sesión informativa con el director de la Unidad Nacional de Protecciónque ha develado los escándalos de corrupción que encontraron al interior de la entidad luego de que el gobierno del cambio ha llegado a poner la casa en orden y buscar soluciones frente a esta problemática.
Adicional a los hechos ya conocidos que involucraban el uso de los vehículos para el servicio del narcotráfico, la infiltración de la entidad por bandas delincuenciales y el alquiler de esquemas de seguridad, ayer nos enteramos de hallazgos aún más graves que muestran el nivel de descomposición en que se encontraba la Unidad Nacional de Protección.
Por un lado, está el hecho de que los vehículos estaban siendo puestos al servicio de una especie de transporte de valores donde los que recibían la protección tercerizaban los automóviles para dicho fin, y en un caso hasta hubo montaje de un falso retén para robar el dinero que se transportaba.
El otro caso es el de pago de dinero en la subdirección de la Unidad Nacional de Protección encargada de definir el riesgo para modificarlo o alterarlo: se le elevaba de manera falsa para aumentarle su esquema o en el caso contrario para disminuir o quitar el esquema y atentar contra la vida del protegido.
Pero también se habló de vehículos con falsos blindajes o el hecho de que se detectó una puerta giratoria en la que empleados de la UNP pasaban a las rentadoras de vehículos o a empresas tercerizadoras de personal, en las que conociendo las entrañas de la entidad y su funcionamiento utilizaban esta información para favorecer a las empresas.
Sin duda un entramado perfectamente aceitado que ha puesto en peligro hasta la vida de quienes lo están exponiendo pero que al detectarse ha permitido tomar acciones y trabajar por soluciones como lo viene haciendo el director Augusto Rodríguez para fortalecer la institución y ponerse de verdad al servicio de la protección de los colombianos que presentan riesgo y no seguir funcionando como la empresa de seguridad al servicio de las mafias.
El compromiso del gobierno del cambio con la lucha contra la corrupción es irrestricta. Avanzamos.
En las últimas horas se desató una fuerte discusión entre el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez,luego de que el congresista de oposición revelara una lista con el nombre de algunos de sus colegas que, según él, reciben un bono para la gasolina de los carros que conforman sus esquemas de seguridad.
De acuerdo con Uribe Turbay, los senadores que se han visto beneficiados con este bono son Aida Avella y Jahel Quiroga, de la Unión Patriótica (UP); Iván Cepeda, Piedad Cordoba, Gloría Flórez, Robert Daza, Aida Quilcue (Pacto Histórico) y Humberto de la Calle (Centro Esperanza).
Durante su intervención en la plenaria del Senado, el congresista negó que alguien de su partido reciba en estos momentos estos beneficios.
Horas más tarde el director de la UNP aseguró que el senador Miguel Uribe Turbay recibió este beneficio durante el año 2022 y que dentro de los 18 congresistas que actualmente se les entrega este ayuda se encuentra también los congresistas del Centro Democrático Juan Felipe Corzo, María Fernanda Cabal y José Vicente Carreño.
La respuesta del senador Miguel Uribe Turbay no se hizo esperar y dijo que desde que es senador de la república, no recibe bono para combustibles de su esquema de seguridad, y que este beneficio lo tuvo antes de llegar a la curul.
La Contraloría General de la República halló deficiencias en el control del parque automotor de la entidad y el manejo presupuestal y administrativo de convenios interadministrativos.
De nada valió ser uno de los periodista más amenazados del país. A Luis Carlos Cervantes lo mataron de nueve disparos en la cabeza mientras iba a recoger a su hijo al colegio. El asesinato de este periodista reitera las preguntas sobre el oficio periodístico en Colombia y sobre los alcances de las medidas de protección que el Estado otorga a los comunicadores.
