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Etiqueta: Universidad de América

¿Qué está pasando en Colombia con el acceso a la educación superior?

Las instituciones de educación superior en Colombia se han visto enfrentadas a varios retos en los últimos años. La pandemia, sin lugar a dudas nos hizo replantearnos la manera en que percibíamos los modelos de educación tradicionales y que estábamos seguros iban a perdurar con el tiempo. Asimismo, los jóvenes empezaron a cambiar sus preferencias en la formación académica y muchos de ellos apostándole a los cursos cortos y de conocimientos técnicos, que en mi opinión son de gran valor.

Sin embargo, y pese a la disminución de matrículas que sufrieron muchas instrucciones, fenómeno que inició alrededor del año 2018 pero se intensificó durante la pandemia y que hoy en día sigue siendo un total desafío para todas las IES. De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en 2018 la matrícula total en las universidades del país fue de 2′408.041 estudiantes, evidenciando una disminución del 1,5 por ciento frente a 2017 (38.000 alumnos menos) y que en los años posteriores se mantuvo en descenso. Nos queda la pregunta ¿Qué está pasando en Colombia?.

 

Hoy no me queda duda alguna que lo que realmente está sucediendo obedece a la falta de financiación y cobertura. Se requieren costos razonables y fuentes de financiación que se adecuen a las necesidades de los jóvenes, adultos y familias que quieren ingresar a los programas académicos; lo anterior implica reconocer que cada región del país tiene costos de vida y niveles medios de ingreso diferentes y, en ese orden de ideas, se hace necesario procurar medios para que el acceso a la educación de alta calidad se dé y esté dentro de las posibilidades financieras de cada joven del país. Como lo mencione antes, no es culpa de las nuevas generaciones que vean oportunidad en los cursos cortos, una nueva posibilidad de formación a bajo costo; por el contrario, es un reto y un replanteamiento que debemos formular al interior de las instituciones de todo el territorio.

Desde la institución que lidero estamos comprometidos con el acceso a la educación superior de alta calidad. Para lograrlo, la Universidad de América ha consolidado un grupo de ayudas y auxilios educativos que junto a un grupo de aliados financieros externos facilitan el acceso a diferentes fuentes de financiación requeridas por la comunidad estudiantil y aspirantes, haciendo un análisis meticuloso de cada estudiante y cada contexto para tomar decisiones.

Hago un llamado solidario para que en conjunto podamos brindar a nuestros jóvenes un futuro lleno de prosperidad y oportunidades. También es importante que sembremos en nuestros jóvenes la semilla del empoderamiento, no solo el empresarial, sino también el investigativo desde cada área del conocimiento.

Por: Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América.

La apuesta de las universidades por ser más sostenibles

La sostenibilidad se ha convertido en un tema de relevancia sobre todo a la hora de implementar este enfoque dentro de las operaciones de las empresas. Esto debido al impacto positivo que genera en relación a la creciente preocupación por el cambio climático, los recursos naturales y la desigualdad social.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo con mayor riqueza natural y con un gran potencial para el desarrollo de energías renovables; así mismo, según el Banco Mundial, el país es el segundo con el índice de desigualdad más alto de los países de la OCDE, superado solo por Brasil. De allí, la preocupación de las compañías para implementar en sus procesos estrategias que puedan promover sociedades más equilibradas, estables y generar beneficios.

 

En ese contexto, la academia cumple un papel fundamental en la enseñanza y producción de conocimiento en técnicos, tecnólogos y profesionales que desde modelos de sostenibilidad ambiental puedan solucionar los problemas de la sociedad, así como asumir el compromiso de la sostenibilidad como parte de la vida universitaria y vincularla a sus procesos formativos e investigativos.

Actualmente, este tipo de programas sostenibles son muy demandados por los estudiantes y un ejemplo de ella es la Universidad de América, donde “tenemos programas como ingeniería en energías, ingeniería mecatrónica, ingeniería química, arquitectura, administración y otras 6 carreras que han estado en continuo crecimiento los últimos tres años, porque buscan dar soluciones innovadoras, con conocimientos de vanguardia como la robótica, la gerencia inteligente y la construcción sostenible”.

De igual manera, los beneficios de que las universidades le apuesten a la sostenibilidad desde sus programas son muchos. A continuación, algunos:

  • Aprender cuáles son las causas y efectos del cambio climático para la búsqueda de soluciones y contribuir a la disminución y mitigación del mismo.
  • Formar a los actuales y futuros ejecutores de soluciones y estrategias de sostenibilidad, innovación y paz, así como de los ODS.
  • Aumenta la demanda de programas sostenibles.
  • Prosperar por sociedades más justas, equilibradas y libres de conflicto.

Desde la Universidad de América ya empezamos a implementar este enfoque sostenible desde el Plan de Desarrollo 2020-2025, y “lo hemos incorporado iniciando por la sostenibilidad financiera, luego la ambiental (y de patrimonio en nuestro EcoCampus de los Cerros y nuestras casas patrimonio) y la social que involucra el ADN de nuestros programas; muestra de ello fue la reciente creación del Centro de Emprendimiento e Innovación Sostenible – CEIS como un centro desde donde se gestiona la innovación de la institución y damos respuesta a las necesidades de las problemáticas de nuestra sociedad” concluye Posada García-Peña.

 

Mario Posada García-Peña,

Rector de la Universidad de América

 

 

 

Transición energética: un compromiso desde la academia

Hoy el mundo enfrenta grandes retos sociales, económicos y ambientales. Es imposible negar que el planeta requiere la transición a energías más limpias para cuidar el medio ambiente y preservar la raza humana. Es aquí en donde debemos poner la atención y los esfuerzos para aportar a la agenda sostenible de cara a las próximas décadas.

A través de la historia hemos visto como la humanidad ha cambiado su entorno para sobrevivir, por ejemplo, en el siglo XIX se pasó de la leña al carbón; en el siglo XX del carbón al petróleo. Ahora, en nuestros tiempos, se necesita una transición hacia energías alternativas como el hidrógeno, la energía solar térmica y fotovoltaica, la energía eólica, la hidroenergía, la energía de los océanos y la energía geotérmica.

 

Dicho lo anterior, nuestro país no puede ser la excepción. De acuerdo con el Índice de Transición Energética – ITE del Foro Económico Mundial, Colombia es el tercer país en la región que más esfuerzos ha realizado para alcanzar este objetivo con una ponderación del 65,93%. En este contexto, existe la necesidad moral de todos los actores de la sociedad en lograr la neutralidad del carbono para el 2050. Hoy el Estado cuenta con una capacidad energética de 1.365 MW generados por centrales solares y eólicas y tiene previsto desarrollar más de 4.500 M en los próximos años.

Durante la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP27, realizada hace algunos meses en Egipto, el Gobierno Nacional anunció los pasos para la construcción de la hoja de ruta para la Transición Energética Justa en Colombia, que pretende diversificar la matriz energética de la nación.

Los ingenieros de petróleos, para este fin,  no deben temerle  a esta transición, ya que son los grandes protagonistas en este proceso, pues los recursos obtenidos del sector Oil & Gas serán el motor dinamizador para el desarrollo de tecnologías que impulsen de forma acelerada la transición que sí o sí se tienen que dar para la sostenibilidad del planeta que habitamos.

Expuesto lo anterior, la academia tiene en sus manos la gran responsabilidad de aportar a este debate y generar nuevo conocimiento alrededor de las energías alternativas para proyectar profesionales con competencias y habilidades aptos para ser protagonistas de primer orden en el proceso de la transición energética.

Desde la Universidad de América, integramos en nuestra oferta académica algunos programas que fungen como grandes apalancadores para el gerenciamiento de nuestros yacimientos con el fin de potencializar el recurso y con la implementación de tecnología de punta minimizar los impactos, aumentar las reservas, la producción, la economía y la calidad de vida de las comunidades.

Es indiscutible que la transición energética es un compromiso del mundo con las futuras generaciones. Es por esta razón,  que es  el momento de servir desde la academia para la construcción de la esperanza basada en la ciencia, en el conocimiento, en el deber de ayudar a otros y en caminar hacia un mundo cada vez más sostenible.

Por: Mario Posada García–Peña, rector de la Universidad de América.

La hiperregulación del trabajo a distancia en Colombia

Las medidas de confinamiento que se impusieron como control al contagio de Covid-19 aceleraron en Colombia las transformaciones tecnológicas, sociales y laborales. Para muchas empresas e incluso para los trabajadores, antes de la pandemia era impensable considerar la realización de las actividades productivas rutinarias prestando los servicios desde los hogares o algún lugar diferente al puesto de trabajo en la compañía.

El impulso lo trajo el confinamiento, pues para que la productividad se acomodara ante las limitaciones de contacto, las empresas debieron encontrar la forma de seguir operando con sus trabajadores desde las casas. Según datos del MinTic, las modalidades alternativas de trabajo remoto incrementaron en más de un 400% después de la pandemia, sin que decir de la intención actual de los trabajadores de encontrar formas de trabajo que eviten los tiempos de desplazamiento y resulten más amigables con sus compromisos en el hogar, lo cual confirmó el DANE en su más reciente encuesta de Pulso Social al encontrar que el 87,6 % de los trabajadores encuestados desean trabajar desde sus casas.

 

En el Congreso Nacional de Derecho Laboral y Seguridad Social 2022, celebrado hace unas semanas, varios líderes y lideresas de áreas de talento humano compartieron sus experiencias destacando el relato de Grupo Isa, que luego de haber adelantado un estudio previo a la pandemia habían encontrado que el 48% de los cargos no era posible adaptarlos para cumplir con las funciones a través de modalidades alternativas de trabajo, mientras que una vez la empresa se vio obligada a acomodarse a las medidas de aislamiento, encontraron que en la realidad el 99% de los cargos en la compañía efectivamente podían desempeñarse con modalidades de trabajo no tradicionales dentro de las oficinas.

Pero, ¿Cuáles son esas modalidades alternativas para prestar servicios fuera de la empresa? En principio debe decirse, que mientras en el mundo la figura genérica y conocida es el trabajo a distancia, en Colombia contamos con una dispersión legislativa que inicia desde 1940 con la modalidad de trabajo a domicilio. Esta es regulada en el Código Sustantivo del Trabajo y consiste en realizar la actividad de servicios desde el domicilio del trabajador que incluso lo puede hacer con ayuda de su familia. En el año 2008 inicia la regulación del teletrabajo que pretendía estimular el uso de una figura contractual para que los trabajadores prestaran servicios con la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciendo tres tipos de modalidades dependiendo del tiempo de permanencia física en la empresa durante la semana y la utilización de dispositivos móviles.

Las vigentes en el momento en que las realidades laborales exigieron a las empresas disponer de la prestación de servicios de sus trabajadores desde la casa, no solucionaron las necesidades de implementación de las medidas de aislamiento. El trabajo a domicilio se ha considerado en desuso por la tecnificación de las labores y el teletrabajo ha tenido una serie de requisitos que se consideran un obstáculo en su implementación.

Surge el trabajo en casa como la modalidad transitoria y excepcional que soluciona en los tiempos de emergencia sanitaria, pero que ahora no puede entenderse como el mecanismo permanente que resuelve la petición de los trabajadores de prestar sus servicios desde las casas, mientras que contamos con otras alternativas adicionales como lo es el trabajo remoto, que debe mantenerse desde el inicio hasta su fin sin interacción entre el empleador y el trabajador, lo que en el práctica no resulta siendo una modalidad altamente aceptada por el empresariado debido a que no se le permite tener contacto físico en ninguna ocasión con el trabajador.

Finalmente, de la hiperregulación que tenemos en Colombia nos quedan cuatro maneras de prestar los servicios por fuera de la empresa, pero que en la realidad ninguna satisface las necesidades de flexibilidad, permanencia, espacios de bienestar para compartir los trabajadores, entre otras circunstancias que cada vez más exigen normativas vigentes y pensadas para los cambios que ya están sucediendo en el presente y futuro del trabajo.

Implicaciones en el incremento del precio a la gasolina

La gasolina es el combustible de la movilidad de la mayoría de los colombianos y del sector industrial. Desmontar los subsidios a la gasolina para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) implica una afectación social muy importante dado que no repercute solamente sobre los millones de transportadores, sino que igualmente impacta los precios de la cadena de valor de productos y servicios como a las materias primas, alimentos y especialmente al aparato productivo que se moviliza en los diferentes medios de transporte. Es decir, el impacto a la economía es muy fuerte afectando el bolsillo de todos los colombianos produciendo un efecto inflacionario que podría desbordarse dada la influencia externa por el incremento en los precios internacionales del crudo debido a la crisis de suministro de hidrocarburos por la guerra en Ucrania y la alta demanda que se va a presentar al final del presente año.

Recordemos que en el país contamos con alrededor de 10 millones de motociclistas y que de estos más del 90% son de los estratos 1,2 y 3  que el impacto para sus familias sería directamente complejo. El gobierno debe ser coherente en su política de igualdad y bienestar para que no afecte a las personas de menores ingresos en el país.

 

El déficit total del del FEPC en 2021 se estima en $11,7 billones, de los cuales $3,9 billones se pagaron en diciembre de 2021, dejando $7,8 billones pendientes por pagar este año.Si bien es cierto que el déficit actual es importante, el recaudo para suplir este valor no debe recaer directamente sobre los consumidores del transporte dado el grado de impacto que mencionamos en la economía nacional.

Por tanto, se debe cubrir con el mismo sector, por ejemplo dentro de la distribución de las regalías por la extracción de petróleo se debe contemplar una parte para que vaya directamente al FEPC y de esta manera se cumpla con el objetivo para la cual fue creado el fondo en el sentido de permitir que el precio de la gasolina no se vea afectado por los precios del crudo en los mercados internacionales y a su vez no repercuta en el índice de inflación que de por sí ya está al cierre del mes de agosto en 10,84% en la variación anual según el DANE.

Por otra parte, se debe amortiguar este recaudo gradualmente para minimizar el impacto teniendo en cuenta que comparativamente la gasolina del país es la tercera más barata de la región después de Venezuela y Bolivia.

Finalmente debemos ser claros en que el remedio no sea peor que la enfermedad.

 

La educación es protagonista para el aseguramiento de la sostenibilidad

Por: Mario Posada García–Peña, rector de la Universidad de América.

Son muchos los retos que dejó la pandemia derivada del Covid-19 para el mundo. Hoy, además de avanzar hacia la reactivación económica de todos los países, vivimos un panorama con tensiones y conflictos nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial, hechos que han puesto a la sociedad contra la cuerda.

 

Aunque se pensaba que el 2022 sería el año en el que se podría cerrar el capítulo de la crisis, la realidad ha sido otra. Somos testigos del impacto significativo que la coyuntura ha tenido no solo en la salud física y mental, sino en el desarrollo y el crecimiento. De acuerdo con el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, publicado este año, se han perdido más de cuatro años de progreso en la erradicación de la pobreza, más de 24 millones de estudiantes (desde preescolar hasta la universidad) están en riesgo de no regresar a estudiar y las emisiones de CO2 relacionadas con la energía aumentaron un 6% en 2021, alcanzando el nivel más alto de la historia.

Ante este panorama, es clara la necesidad de abordar los desafíos desde una visión integral, articulada y a largo plazo para dar una respuesta concreta a un reto que pone en vilo la supervivencia humana. Pensar en el mundo que le dejaremos a las futuras generaciones implica compromiso y fomentar alianzas que nos lleven a trabajar por un mismo camino. La academia tiene un amplio rango de acción en este ámbito. Desde el sector educativo tenemos la responsabilidad de generar conciencia sobre los retos en materia de sostenibilidad y protección del medioambiente, pero también promover conocimiento y nuevas ideas para resolver problemáticas actuales.

A partir de lo anterior, en la Universidad que dirijo, por ejemplo, se han transformado los programas académicos a partir de un enfoque por resultados de aprendizaje que orienta el perfil profesional hacia la resolución de conflictos en desarrollo sostenible. Además de los proyectos que surgen desde el área académica, la Universidad contribuye al cumplimiento de los ODS a través de la construcción de los syllabus de cada una de las asignaturas que responden de forma directa a los planes de estudio y los perfiles globales de egreso.

Por otra parte, es relevante destacar el papel que tiene el fortalecimiento y fomento de la investigación formativa. De aquí pueden surgir proyectos para gestionar el recurso hídrico, contar con alternativas para el desecho de residuos plásticos, empoderar comunidades para su desarrollo, crear biotecnología para cuidar cultivos, por mencionar algunos casos.

En la actualidad, las instituciones educativas estamos llamadas no solo a la formación de los estudiantes, sino también la construcción de la sociedad, a través de educación integral y conciencia global. ¿Qué mejor manera de hacerlo que promoviendo un enfoque sostenible que se pueda mantener en el tiempo? En la actualidad, no basta con compartir información con los estudiantes, es clave generar una formación didáctica y experimental que se base en casos de estudio y proyectos integradores que sean transversales para desarrollar competencias y enriquecer el pensamiento estratégico.

Con motivo de las actividades conmemorativas de los 65 años de fundación de la Universidad de América, la Premio Nobel de Paz (1992) Rigoberta Menchú Tum y el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa participarán el 27 de octubre en Bogotá del foro «Diálogo sobre el desarrollo sostenible al 2050», que será moderado por el senador Humberto de la Calle Lombana.

 

@F_UAMERICA

 

 

¿Dónde está la población informal en la reforma laboral?

Por: María Cristina Londoño

Tanto el ejecutivo como el legislativo siguen proponiendo aspectos para la reforma laboral que no apuntan a resolver las necesidades de la mayoría. La gran tarea para ofrecer trabajo decente a toda la población en edad de trabajar debería ser la principal preocupación de los representantes democráticos. Sin embargo, los proyectos que actualmente cursan en el Congreso de la República mejoran o corrigen situaciones de la relación laboral de un poco más del 40% de la población ocupada, esto es, trabajadores privilegiados con un vínculo formal, con garantías legales y aseguramiento en seguridad social.

 

Las propuestas nuevamente no están pensadas para la mayoría en Colombia, es decir, para la población informal trabajadora que debe trabajar sin las garantías de un marco jurídico que la proteja para obtener ingresos de subsistencia. Se anunció una reforma laboral que presentará el gobierno de turno y que dicen busca resolver cinco frentes, unos más sonados que otros y tan sólo dos de ellos podría creerse están pensados para hacerle frente a los problemas de la informalidad laboral.

Lograr que los ciclos de productividad que naturalmente se imponen por la posición tropical colombiana vuelvan a ser la regla laboral, además de optimizar los resultados de los conflictos colectivos y promover medidas activas para el cierre de brechas de género, son parte de los frentes que está liderando la ministra de trabajo en actuales procesos de concertación.

Cuando se le cuestiona a la cartera del trabajo la ausencia de propuestas pensadas para resolver el desempleo de dos dígitos y la informalidad, la respuesta se cobija en el fracaso estatal de la vetusta ley de flexibilización que no alcanzó la generación de empleo deseada hace veinte años, como si fuera suficiente recordar lo que no fue para resolver las necesidades actuales de trabajo decente en el país.

Para hacerlo más crudo, las cifras de Fedesarrollo indican que las propuestas de la reforma laboral anunciada por el gobierno harían la contratación formal aún más costosa de lo que ya es para la productividad del país. ¿Es esta una verdadera solución?.

Por su parte, los senadores y representantes a la cámara actualmente gestionan proyectos de ley sobre asuntos dispersos, que, si bien son importantes, tampoco resuelven las necesidades de la población informal. Ya están en trámite proyectos de ley que pretenden retornar a la jornada nocturna de las 6:00 p.m., además de mejorar la remuneración dominical y festiva, promover medidas contra el acoso sexual laboral, crear la nueva licencia matrimonial, un salario mínimo para profesionales y otro para técnicos, el aumento de las vacaciones a 20 días hábiles consecutivos, entre otros beneficios; de nuevo, todos pensados para la población formal, minoría en Colombia.

Les corresponde a nuestros legisladores comprometerse con la idea del estatuto del trabajo, desde la génesis de una constitución política del estado social de derecho y que nos transformó hace más de treinta años, pero sin dejar de observar las necesidades actuales de la población trabajadora en medio del progreso tecnológico y los cambios que se imponen en la demografía.

 

María Cristina Londoño es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de América.

«Tenemos un compromiso con el desarrollo sostenible»: rector Universidad de América

El rector de la Universidad de América, en entrevista para Confidencial Colombia, explica los compromisos de la institución con el desarrollo económico sostenible del país.

¿La Universidad de América está dispuesta a ayudarle a la sociedad a entender la diferencia que hay entre desarrollo económico sostenible y ambiental y populismo ambiental?

 

Mario Posada: Por supuesto que sí, y parte de los propósitos que tenemos es ese. Es poder definir desde el punto de vista económico, cómo comprometernos con el desarrollo sostenible sin tener que caer en lo que se conoce como el compromiso falso de ciertas empresas y personajes del mundo. Nosotros en nuestros programas tenemos un compromiso con el desarrollo sostenible y les explicamos a nuestros estudiantes como lograrlo desde el punto de vista económico, sin afectar por supuesto a los más pobres en el país.

¿La sociedad está cayendo en ese dilema de proteger al medio ambiente y el radicalismo ambiental?

Mario Posada: Absolutamente. Si usted mira los informes de responsabilidad social de muchas empresas y se va a dar cuenta de que no son informes reales, sino simplemente un cumplimiento de un requisito legal y ahí si vemos ese “Green Wash”, ese lavado verde, que se quiere adelantar solamente para quedar bien con la sociedad, pero no hay un compromiso real con el mismo.

La organización Oxfam presentó r un informe en donde dice la sociedad latinoamericana debe reconocerse primero como pluriétnica y conocer cada una de esas características que las diferencian ¿Usted está de acuerdo?

Mario Posada: No conozco el informe, pero le quiero decir que, desde la Universidad América, tenemos una unidad de patrimonio que trabaja por la inclusión de todas las personas en el país, entonces la Unidad de Patrimonio termina siendo un componente transversal de la institución, permea todos los programas y muy seguramente entonces le podría decir que sí, estaría de acuerdo con el informe y con lo que usted me dice.

“La búsqueda de la paz va más allá del desarme”: Rigoberta Menchú

La nobel de Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, recordó que la búsqueda de la paz implica enormes esfuerzos que van más allá del desarme y que en ese sentido entiende que hoy en Colombia se hable de paz total, incluso con quienes en el pasado incumplieron acuerdos firmados.

“Significa transformaciones, significa garantizar la comida de los pueblos, su desarrollo integral, la sostenibilidad que siempre hablamos y, sobre todo un marco de respeto. En muchos tiempos nos hemos enfrascado en conflictos por no aceptar la diversidad, por no respetar la diversidad tan natural del planeta, y también por creer que los problemas se los van a resolver, porque unos lo comprendieron, pero otros aún no lo comprenden. La paz efectivamente es un esfuerzo. Primero, un esfuerzo multisectorial, es un esfuerzo de la diversidad de liderazgos.”, indicó.

 

La nobel de paz estima que todo esfuerzo por la paz es válido y es útil, y es un proceso a la vez. Resaltó además los profundos procesos en América Latina y es consciente de que hay retrocesos, pero que también hay avances.

“Los retrocesos, muchas veces depende del cumplimiento o de sobrevalorización de algunas políticas que al final se convierten en desesperanzas ¿Cómo podemos hacer para que hagamos una buena fiscalización? Para Menchú, hay un deber ciudadano y hay institucional y se debe fiscalizar sus propios procesos.

Las declaraciones las hizo en el marco del foro ‘Diálogo sobre los retos del desarrollo sostenible al 2050”, convocado por la Universidad de América, en Bogotá.

Distrito llegó a 15 acuerdos de conservación I Conozca cuántas y cuáles hectáreas son

Distrito alcanza ya 15 acuerdos de conservación por 174,02 hectáreas, para consolidar varios ecosistemas estratégicos de Bogotá

¿Qué es un Acuerdo de Conservación?

 

Es un acuerdo voluntario entre dos o más actores que busca preservar, restaurar y realizar usos sostenibles de la biodiversidad, así como generar conocimiento ambiental, garantizando el bienestar de los ciudadanos.

Los recursos para ejecutar estas acciones provienen de fuentes financieras del Estado y alianzas con privados. Los proyectos buscan principalmente conservar las condiciones ambientales de los ecosistemas en los que se firman.

La Secretaría de Ambiente recientemente firmó cinco nuevos acuerdos de conservación con colegios localizados en la reserva Thomas van der Hammen, que suman un total de 17.84 hectáreas.

La firma se realizó con los colegios Evergreen School, en 6,96 hectáreas (ha); José Joaquín Castro Jiménez, en 1,23 ha; Nuevo Campestre, en 1,94 ha; Colombo American School, en 4,6 ha; y con el colegio Alfonso Jaramillo, en 3,11 ha. Estos acuerdos son el resultado del compromiso y voluntad de la Secretaría de Ambiente y los colegios, quienes implementarán acciones de conservación en sus predios.

Además, estos acuerdos aportan en la consolidación y protección de la reserva, y en el restablecimiento de la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá. También, contribuyen al cuidado y mantenimiento de las condiciones naturales del suelo, aumentan los hábitats para la biodiversidad de fauna, flora y los servicios ecosistémicos del sector.

“Con estos acuerdos vamos a sembrar, preservar, educar a los alumnos (…) desde el Distrito les entregaremos material vegetal y, por supuesto, vamos a trabajar en la conectividad de esa reserva que busca que tengamos todos acceso al recurso hídrico, tan importante para la ciudad”, agregó la secretaria Urrutia.

Con estas firmas, el Distrito ya ha alcanzado 9 acuerdos de conservación en 70,02 hectáreas para la protección y consolidación de la reserva Thomas van der Hammen, cumpliendo así con el 70 % de la meta del Plan de Desarrollo (100 ha).

Los acuerdos son un ejemplo para los demás actores que están en la reserva, además, una muestra de voluntad y de trabajo conjunto para lograr un equilibrio entre conservación y conectividad, sin excluir las diferentes actividades que se desarrollan en la reserva.

Nuevos acuerdos de conservación en otros puntos de la ciudad

Con el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, ubicado en la localidad de San Cristóbal, la Secretaría de Ambiente suscribió un acuerdo de conservación en un área de 63,6 hectáreas, en zona rural.

Y con la Universidad de América, ubicada en la localidad de La Candelaria, la Secretaría de Ambiente suscribió un acuerdo de conservación en un área de 3,9 hectáreas. Además, el Distrito trabaja en la finalización de un nuevo acuerdo con otra universidad de la ciudad.

Con estas nuevas firmas, son seis los acuerdos en varias zonas de la ciudad, con un total de 104 hectáreas en toda la ciudad, superando el 65 % de la meta (153 ha).

Gracias a estos acuerdos de conservación, se realizarán estrategias integrales para la conservación, conectividad ecológica, restauración, monitoreo de la biodiversidad (fauna y flora), además del manejo de residuos: posconsumo y orgánicos. También, se implementará talleres de educación ambiental e intercambio de saberes.

“Estamos felices de trabajar con los ciudadanos y ciudadanas para aprender juntos a conservar estas áreas de protección, a tener claro que tu importancia indica que es responsabilidad de todos y todas cuidarlos”, puntualizó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

La meta de la Administración es llegar a 100 hectáreas en la reserva Thomas van der Hammen y 153 hectáreas en otras zonas de la ciudad, a través de este instrumento. Con diálogo, el Distrito avanza en la preservación de la biodiversidad y reconstrucción de la confianza ciudadana.