Kevin Hernando Rubio Salcedo, fue capturado al estar señalado de participar en el intento de hurto de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ocurrido la noche del pasado miércoles 2 de abril, en un sector de Modelia, en la localidad de Fontibón.
A este individuo le imputaron los delitos de tentativa de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado y agravado, y falsedad marcaria.
El procesado, que no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Registros audiovisuales y otros elementos de prueba dan cuenta de que, al parecer, Rubio Salcedo en compañía de otras tres personas, habrían interceptado a un escolta que se encontraba en el vehículo para poder hurtarlo. En ese instante se generó un intercambio de disparos que dejó al hombre de seguridad herido.
Rubio Salcedo fue capturado en flagrancia en el momento que intentaba huir del lugar de los hechos en otra camioneta.
La Unidad Nacional de Protección denunció la desaparición de Flor Elvia Guangue, integrante de la cooperativa Multiactiva Caminos de Paz, y de los escoltas Alfredo Potosí Gómez y Cristian Erazo Chacón en el Tambo, Cauca.
Al parecer, la protegida y su esquema de escoltas habría sido interceptados por por un grupo armado en la vía Piagua, entre Popayán y El Tambo, luego de hurtarles el vehículo asignado a la UNP.
Preocupación por desaparición de un esquema de protección con beneficiaria y escoltas en El Tambo, Cauca
Siendo la 1.11 pm., de este viernes (4 de octubre) reportan el robo de un vehículo adscrito a la UNP, esquema de ruta colectiva, que brinda protección a la Cooperativa… pic.twitter.com/eSLduWyjNS
— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) October 5, 2024
Carlos Fernando Galán y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, le presentaron a la ciudad la nueva campaña de cultura ciudadana “En mi casa nos mueve el respeto” que busca combatir el mal parqueo en la capital del país. Además, presentaron el fortalecimiento del equipo de Gerencia en Vía.
La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aseguró que un solo vehículo mal parqueado en una calzada con dos carriles, reduce la velocidad promedio del área de influencia en 52 % y aumenta el tiempo de viaje en 112 %.
Este año se han realizado 14.707 operativos de control enfocados a la recuperación del espacio público, que dejaron como resultado la imposición de 40.187 comparendos por la infracción ‘C.02’, que se refiere a «Estacionar un vehículo en sitios prohibidos».
“Una de las prioridades es el tema de los mal parqueados en Bogotá, esa señal de ‘Prohibido Parquear’ se nos volvió paisaje en la ciudad, la gente la ve y es como si no existiera. Sea el carro que sea, vamos a ejercer control y vamos a declararle la guerra a los mal parqueados”, enfatizó el alcalde Galán.
Este año se han realizado 14.707 operativos de control enfocados a la recuperación del espacio público, que dejaron como resultado la imposición de 40.187 comparendos por la infracción ‘C.02’, que se refiere a «Estacionar un vehículo en sitios prohibidos».
En lo corrido de este año se han realizado 432 jornadas de sensibilización y pedagogía, a través de las cuales se alcanzaron 29.092 ciudadanos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala, en sus condiciones de agentes Escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por haber realizado diligencias del protegido y llevar a personas ajenas a dicho esquema.
De acuerdo con el órgano de control, «este actuar, en contravía de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo».
Los dos funcionarios fueron identificados como Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala. La camioneta de placas IFR 763 habría sido utilizada para realizar diligencias personales de Hernández Gil.
La Procuraduría General de la Nación recordó que solo quienes se encuentran bajo la figura de ‘protegidos’ son quienes pueden utilizar los carros asignados para estos fines.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, anunció que luego de una labor de registro en un puesto de control de la Policía Nacional y el Ejército, fueron detenidas 7 camionetas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección en las que se desplazaban 18 personas pertenecientes al grupo armado residual comandado por alias ‘Calarcá’.disi
Dentro de los detenidos se encuentran alias ‘Firu’ principal cabecilla del frente 36. “Igualmente, cinco personas más en flagrancia, ‘Érika’, quien tenía en su poder un proveedor y otros elementos y María Alejandra Ojeda, quien tenía una pistola en porte ilegal. También, el conocido como ‘Ramiro’, quien, a pesar de tener suspendida la orden de captura, igualmente admitió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias ‘Urías Perdomo’, cabecilla del frente Rodrigo Cadete y alias ‘Oliver González’, de la Comisión Raúl Reyes” manifestó el ministro Velásquez.
El funcionario afirmó que se mantuvo una comunicación con el director de la Unidad Nacional de Protección y que todo el proceso ha sido desarrollado por funcionarios de Policía Judicial, bajo la dirección de una fiscal. “Las personas capturadas serán trasladadas a la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía determinará los procedimientos legales a que haya lugar en cuanto a su privación de libertad en solicitud, que haga o no, ante los jueces de garantías” agregó.
Uniformados del Ejército Nacional quedaron bastante sorprendidos cuando en medio de un operativo de control cerca de Porcesito, en la carretera entre Medellín y Amalfi, al encontrar a tres cabecillas de las disidencias al interior de una caravana de vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los cabecillas del Bloque Magdalena Medio quienes tienen órdenes de captura suspendidas mientras dialogan con el Gobierno, son ‘Calarcá’, ‘Andrey’ y ‘Ramiro’. En la caravana era transportado también alias Firu, identificado como Edgar de Jesús Orrego Arango.
Alias Firu pertenece a la estructura 36 de las disidencias del Estado Mayor Central ‘Gentil Duarte’-, quien tiene orden de captura vigente, desde el 14 de febrero de 2024, con vigencia de un año.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, felicitó a los miembros del Ejército por ejercer control en las vías y recordó que no es la primera vez que la ilegalidad utiliza los carros que prestan protección para sus actividades ilícitas.
Como lo advertimos, alias Firu estaba en esa caravana de las disidencias. Su orden de captura está vigente. Ya fue capturado, así como alias Erika Castro, quien estaba armada. Han encontrado además dinero en efectivo. Las pesquisas continúan. pic.twitter.com/d2vnAV2NCf
La Unidad Nacional de Protección reiteró que está prohibido transportar en los vehículos adscritos a la institución, personas con ordenes de captura, combatientes ni visitar áreas de guerra.
Una Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se pide suspender los efectos de cualquier convenio, contrato o acto administrativo que expresamente o de forma aparente (sin que exija realmente la demostración de un riesgo extraordinario o extremo del titular), permita la asignación de esquemas de seguridad a los 45 concejales de Bogotá.
El demandante considera que el ser concejal de Bogotá no es suficiente motivo para tener asignado un esquema de carro asignado a la Unidad Nacional de Protección con escolta y además con uno o dos policías en moto vigilando el esquema.
«Los recursos públicos con que se pagan los esquemas de seguridad de los 45 concejales de Bogotá a la UNP, son en gran medida (por no decir que en la totalidad) de la Secretaría Distrital de Hacienda , que hace parte de la Alcaldía de Bogotá lo que se erige como una intromisión indebida del mandatario de la capital del país al Concejo de Bogotá encargado del control político de su gestión y la de sus funcionarios (mediante debates, mociones y demás), comprometiendo gravemente su independencia, objetividad y autonomía, teniendo en cuenta además, que este órgano de representación tiene competencias sobre temas relevantes para ambas entidades distritales que les pagan este beneficio/estatus (presupuesto, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, etc.)».
Dice además, » los concejales beneficiados con los citados esquemas de seguridad (por el solo pago que se le hacen a la UNP, más no por la existencia de un riesgo extraordinario o extremo de cada uno), no harán el mismo control político, ni cuestionarán de la misma forma la gestión de la administración distrital».
Con la demanda se pretende que se ordene a la UNP, lo mismo que al Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Hacienda y al Concejo de Bogotá, abstenerse de renovar o reiterar el objeto del convenio No. 240467 de 2024 relativo a la asignación de los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá, esto es, sin que se prueba de forma real y suficiente un riesgo extraordinario o extremo para cada concejal de Bogotá, a partir de la notificación de la providencia.
El Convenio 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, permitió la asignación de 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), informó que un vehículo blindado oficial perteneciente al esquema de la Presidencia recibió un impacto cuando circulaba por Bogotá.
«Impactado un vehículo UNP en avenida circunvalar en Bogotá. Se trata de una camioneta (…) blindada, conducida por personas de protección que viajaban en sentido sur-norte con destino a Cajicá a cumplir servicio. No hay personas afectadas», ha detallado la UNP en sus redes sociales.
Más tarde, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha confirmado que el vehículo blindado efectivamente forma parte del esquema de protección y seguridad de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Además ha señalado que a bordo iban tres personas.
El organismo ha compartido unas fotografías en las que se observa un impacto en la ventanilla trasera izquierda del vehículo. Aunque en un primer momento se ha informado de que el coche había recibido un disparo de bala, más tarde la Policía Metropolitana ha especificado que el impacto se ha producido con un objeto contundente.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección – UNP -para que brinde la adecuada seguridad al director de la cárcel Modelo de Cúcuta, Ángelo Smith Torrado, quien extrañamente tomó la decisión de cambiarle el vehículo blindado por uno convencional.
«El Ministerio Público no se explica cómo después de lo sucedido, el pasado 16 de mayo con el asesinato del coronel Elmer Fernández, se den estas actuaciones por parte de la entidad y más cuando el propio ministro de Justicia solicitó reforzar la seguridad para los directores de los establecimientos carcelarios a nivel nacional», dice el organismo de control en el comunicado.
La denuncia fue dada a conocer por el alcalde de Cúcuta ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, a cargo de Javier Sarmiento, quien urgió explicaciones al director de la UNP sobre este caso y de paso le recordó la declaratoria de emergencia carcelaria que rige desde el 12 de febrero de 2024, a raíz de los riesgos de seguridad y actos de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-ya que a la fecha han sido asesinados 5 funcionarios y más de 100 son blanco de amenazas.
El complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta hace parte de los 15 establecimientos con más amenazas, razón por la que el Ministerio Público no se explica el porqué de la decisión de reducir las medidas de seguridad a su director.
A los bogotanos se les convirtió en paisaje el ver estacionados en calles y andenes a los carros oficiales que escoltan a los altos funcionarios públicos, congresistas; concejales y/o personajes que, sin tener un cargo en alguna entidad del Estado, presentan riesgos contra su seguridad.
Los conductores de los vehículos adscritos la Unidad Nacional de Protección acostumbran estacionarlos en cualquier lugar, sin importar, si obstaculizan el libre tránsito por alguna de las vías de la capital o si está prohibido estacionarse, muy a pesar de que su oficio no los exime del cumplimiento de las normas de circulación en calles y avenidas.
Cuando se le preguntó a través de un derecho de petición a la Unidad Nacional de Protección, si existe algún parágrafo en la norma que rige el tránsito en Colombia o algún decreto que exima a los vehículos asignados a la UNP del respeto que se debe tener por el espacio público, la entidad respondió de manera categórica que “estos se encuentran en la obligación de respetar las reglas y su categoría especial no los libra del cumplimiento”.
“No existe normatividad o decreto alguno que exima a los vehículos asignados a los diferentes esquemas de seguridad asignados a nuestros beneficiarios, respecto de las normas de tránsito a nivel nacional; que los mismos se rigen por la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito”, afirmó la entidad en su respuesta.
Dijo, además, que de manera constante realiza capacitaciones tendientes a respetar y cumplir a cabalidad con las normas de tránsito a nivel nacional.
Sin embargo, los conductores y escoltas parecen no atender los llamados a respetar las normas de tránsito, especialmente la que obliga a no invadir el espacio público. Prueba de lo anterior es lo que ocurre en el centro de la capital del país, más exactamente en la Carrera 5 entre calles 5 y 6, donde las filas de vehículos de escoltas en su gran mayoría asignados a los congresistas, impiden el libre tránsito.
Carrera 5 con Calle 5, Sector Nueva Santa fe, Bogotá.
Fuentes de la Secretaría de Movilidad confirmaron a Confidencial Colombia que constantemente se les ha hecho el llamado para que esta situación no siga presentándose, sin embargo, a pesar de que en múltiples ocasiones se les ha impuesto una multa, estos hacen caso omiso y continúan invadiendo las calzadas no solo en esta zona de Bogotá, sino además en la localidad de Chapinero, en donde están ubicados los restaurantes lujosos.
Confidencial Colombia habló con varias personas que prestan servicio de escoltas y que pidieron reserva de sus nombres, quienes aseguraron “que sí esta situación se presenta no es porque no quieran cumplir con las normas, sino por petición del mismo protegido, quien exige que se le espere en el andén, y qué, aunque en teoría la multa la debe pagar la persona a la que se debe cuidar, esta muchas veces se niega a hacerlo y que son ellos quienes la deben asumir para luego no tener problemas”.
En el caso de los carros asignados a los congresistas, la Secretaría de Movilidad ha hecho el llamado para que se ocupen los parqueaderos del Congreso de la República, sin embargo, este hoy ha rebosado su capacidad porque hay senadores y representantes que tienen asignados más de dos carros, al punto en que ya no queda espacio para tanto vehículo.
Al respecto, el concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero, quien viene realizando un ejercicio de control político a la invasión del espacio público por mal estacionamiento de los vehículos de alta gama, pide a la UNP y a la parte administrativa del Congreso de la República buscar la manera de solucionar este asunto.
Esta situación obliga a un bueno número de escoltas a estacionar las camionetas de alta gama por los alrededores de las instalaciones del Legislativo, dejando muy poco espacio para el libre tránsito de quienes utilizan estas vías.
En el año 2022 en Bogotá, fueron impuestas un total de 17.921 multas a vehículos tipo campero y camionetas por estacionar en sitios prohibidos; en el 2023 se impusieron 15.780 y entre y febrero de 2024, 2.568 multas.
En diálogo con Confidencial Colombia, el Subsecretario de Movilidad, John Alexander González, aseguró que la entidad ha realizado operaciones de control en las diferentes vías de Bogotá y que, sin importar, si es un carro oficial o no, seguirá en la labor de hacer respetar las normas de tránsito en la capital.
El presidente del sindicato de trabajadores del INPEC, Óscar Robayo, recordó al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, que seis meses atrás se le advirtió a la entidad sobre las amenazas que ha recibido Eleasid Durán Sánchez, director de la cárcel de Girón, municipio de Santander.
De acuerdo con el líder sindical, en la UNP no ha permitido revisar y analizar las medidas que desde mucho tiempo atrás debieron ser asignadas a Durán Sánchez, quien debe trasladarse a una cárcel que está ubicada en un lugar de difícil acceso al que se llega por una única vía, que se encuentra en malas condiciones.
El funcionario del INPEC ha recibido intimidaciones de parte de integrantes de grupos al margen de la ley que se encuentran en el penal y no comparten o no están de acuerdo con los controles que se vienen ejerciendo.
La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra el agente de la Unidad Nacional de Protección, Francisco Torres Luna, porque al parecer, utilizaba los vehículos que tenía a cargo en dicha entidad, ya que, al parecer estos eran utilizados para dar tours a ciudadanos extranjeros.
El Ministerio Público evidenció que, presuntamente, «los tours transportaban a algunos turistas brasileros y mexicanos. Las excursiones ofrecidas se daban en Bogotá, y algunos municipios de Cundinamarca como lo son: Guadalupe, La Calera, Choachí, Zipaquirá y Cajicá».
El Ministerio Público tuvo conocimiento que el funcionario cobraba sumas de $200.000 a $250.000, aproximadamente.
En la comunicación enviada al presidente del Senado, Iván Leonidas Name, le recuerda que desde el 2012 cuando asumió el cargo, el Estado le brindó protección por lo delicado de los asuntos que tiene que tratar y denunció que este le fue retirado de un momento a otro sin explicarle las razones para la decisión.
«Me encuentro sin el servicio de seguridad a cargo de la Policía Nacional, para el cabal cumplimiento de mis funciones como secretario general del Senado de la República, lo que implica riesgos serios y ciertos de posibles sucesos indeseables por la delicada misión que cumplo y responsabilidad que implica el ejercicio de mi cargo, así como el altísimo nivel de exposición pública que se deriva del ejercicio como secretario general, al igual que por la polarización descontrolada e impredecible que se vive en el país y que son de conocimiento público”, dice Eljach en su carta.
La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó once de las 17 camionetas que fueron robadas este viernes e iban a ser destinadas a la Unidad Nacional de Protección del país (UNP).
El robo se produjo en las primeras horas de la madrugada del viernes en un aparcamiento de la localidad de Suba, según ha informado la emisora W Radio
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general José Daniel Gualdrón, expresó su gratitud a la ciudadanía por proporcionar la información oportuna que condujo al descubrimiento de las camionetas en un aparcamiento de la localidad Rafael Uribe Uribe.
El comandante ha instado a la ciudadanía a continuar colaborando e informando sobre cualquier hecho anómalo relacionado con las camionetas Toyota Prado, ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos 4.700 euros) por información que conduzca a la captura de los responsables y la recuperación de los vehículos.
«La solidaridad ciudadana y la colaboración institucional son fundamentales en este momento. Pedimos a la ciudadanía que se comunique a la línea 305 817 56 71, del grupo automotores, con cualquier información relevante», dijo el comandante Gualdrón.
El robo, llevado a cabo por aproximadamente por 20 individuos, fue descubierto gracias a que uno de los vigilantes fue capaz de liberarse y alertar a las autoridades. Por el momento, se han realizado cuatro arrestos relacionados con el caso.
La investigación en curso ha descubierto que las camionetas aún no han salido de Bogotá, y se están revisando exhaustivamente las cámaras de seguridad de los aparcamientos de centros comerciales y las salidas de la ciudad. Gualdrón ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana como factor clave para avanzar en la investigación.
En declaraciones a RCN Radio, el director de la entidad aseguró que estas camionetas no han sido entregadas a la UNP y que se encuentra a la espera de un informe detallado sobre lo que realmente ocurrió y que se encuentran adelantando las autoridades para recuperar la totalidad de estos carros.
Cada uno de estos vehículos tiene un costo de 500 millones de pesos y serían utilizados para reforzar las medidas de seguridad de algunas personas que requieren protección. De acuerdo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el momento se han recuperado seis de estos vehículos.
La Policía Nacional adelanta un operativo en el departamento de Cundinamarca y en la ciudad para cerrarle el paso a los responsables del hecho.
