Etiqueta: Vivienda

Camacol lanza la advertencia por desaceleración en la construcción de viviendas

Escrito por Confidencial Noticias en Mar 21, 2023. Publicado en Colombia, Economía.

El más reciente informe de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), advierte por una desaceleración y signos de alerta que se deben atender de manera oportuna. Así lo advirtió el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, durante la presentación de las cifras del sector edificador.

“La única manera de ponerle freno a estas alertas es que el sector privado y el Gobierno Nacional trabajemos articuladamente para lograr que, a través de la Ley de Adición Presupuestal, se garanticen los 3.3 billones de pesos para atender los subsidios de Mi Casa Ya pendientes y los proyectados para lo que resta del año”, agregó Herrera.

El presidente del gremio recordó que 7 de cada 10 unidades vendidas en el país son viviendas de interés social (VIS) y que, precisamente, para frenar la desaceleración que presenta el sector y atender de manera ágil y eficiente los subsidios de Mi Casa Ya, se deben garantizar los recursos suficientes. A la fecha, hay 40.000 hogares que no han podido recibir su vivienda por ausencia de subsidios de Mi Casa Ya.

De acuerdo con el Banco de la República, las estimaciones para 2023 y 2024 proyectan que el sector constructor no crecerá más del 1%.

“El sector constructor es uno de los pilares de la economía nacional, y, por ende, cualquier factor que impacte su normal desarrollo debe ser analizado y abordado con prontitud” explicó el presidente de Camacol, quien señaló que “si se mantiene la tendencia actual, la economía nacional podría presentar grandes afectaciones, teniendo en cuenta que anualmente aporta cerca de 4,5 puntos del PIB nacional y genera 4 millones de empleos, lo que representa cerca del 7% del empleo formal en el país”.

Según las cifras de Coordenada Urbana, gran parte del problema de la desaceleración de la vivienda radica en la falta de recursos asignados para cumplir con la asignación y los desembolsos de subsidios de Mi Casa Ya, lo que ha generado el represamiento de 40.000 VIS terminadas, pero que no se han podido entregar por la falta de subsidios, con las consecuentes afectaciones económicas para las familias que esperan sus viviendas y los constructores.

“Tener esa cantidad de viviendas sin entregar, representa grandes gastos para los hogares colombianos, pues son 40.000 familias que están esperando el subsidio para vivienda y mientras tanto, deben asumir aproximadamente, 15.720 millones mensuales en arrendamiento” y adicionó: “Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo en este país, como lo ha dicho la ministra de Vivienda, es que Mi Casa Ya es la columna vertebral de la política habitacional, y, por lo tanto, invito al Gobierno Nacional, a través del ministro de Hacienda y la ministra de Vivienda, el director de Planeación Nacional y el Congreso de la República, a seguir haciendo un esfuerzo conjunto para asegurar la financiación de este programa y no arriesgar el ahorro de los hogares colombianos y el empleo del país”.

¿Metros cuadrados o metros sostenibles?

Escrito por Alfonso Castro Cid en Mar 14, 2023. Publicado en Colombia, Dos puntos, Opinión.

Por décadas el crecimiento de los centros urbanos se ha visto como una gran complejidad para los diferentes estados en el mundo. Las llamadas megaciudades presentan el mayor desafío para su desarrollo sostenible, marco en el que constantemente se buscan alternativas para mejorar la movilidad, mantener las condiciones ambientales en rangos aceptables y construir infraestructura que se preste para actividades de ocio constante, entre muchas otras variables de sanidad, educación, cultura, negocio y turismo, solamente por mencionar algunas.

Al menos en el caso de Colombia, este desarrollo continúa dándose de forma caótica; son pocas las ciudades que se están proyectando con visiones a 50 o 100 años y libres de las egocéntricas ideas del gobernante de turno. El trillado cuento del metro de Bogotá es una clara muestra de una buena idea pésimamente ejecutada, que ya parece más una fábula que un proyecto de ingeniería y desarrollo para la ciudad. Pero como éste, hay miles de ejemplos que demuestran un descontrol total de las autoridades, unos bajos lineamientos de prospección y en cambio sí mucho pero mucho individualismo.

Paralelo a lo anterior, existen innumerables declaraciones de empresas que viven multiplicando sus proyectos por doquier gracias al crecimiento de los centros urbanos o los nuevos desarrollos turísticos, en los que hacen ver sus proyectos como “amigables con el medio ambiente” o mejor aún “sostenibles”. Se volvió un lugar común esto de calificar las cosas con este adjetivo que tiene mucho de fondo pero que se trabaja, en la mayoría de los casos, con muy poca rigurosidad. ¿Qué tiene de sostenible edificar inmensos complejos de pequeños apartamenticos, con sobrepobladas zonas comunes, al borde de una “carretera” principal con cero vías alternas? ¿Cómo se puede justificar que se levanten gigantescas torres de vivienda en lugares ya sobresaturados de edificios, con redes de acueducto antiquísimas y todo tipo de males de infraestructura alrededor? Las frases bonitas sirven para una linda valla publicitaria, pero para tocar lo de fondo, eso que es real, no se ve nada de nada.

Mirar lo que sucede a la salida de cualquier punto en Bogotá es admirar la desidia histórica del Estado, sumado a la poca o nula atención a la “sostenibilidad” de los cientos de proyectos que se aprueban, y se construyen, al borde de una colapsada vía que hace ya imposible la movilidad y que no se integra con nada que nos permita cambiar el panorama de la perversa fórmula que hemos venido aplicando en nuestros centros urbanos: la mala planeación. La carrera séptima al norte puede ser el mejor ejemplo de lo que una ciudad no debe permitir. Pensar ampliar esa vía, convertida en un embudo, es un proyecto al que nadie va a querer meterle mano porque tendrá no solamente unos altísimos costos, sino un pesado trabajo con comunidades, negocios, vivienda y todo tipo de intríngulis, complejos de resolver. Ahora bien, lo mismo pasa ya en la mal llamada autopista sur y en breve colapsará también, la ya lenta, autopista Medellín.

La corresponsabilidad de quien diseña la norma y de quien otorga el permiso para intervenir un lote es tan grande como la de quien construye en él. Construir por construir no debería ser el único objetivo y debería ir más allá de un bonito mensaje publicitario. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en la vía Bogotá – Girardot, un corredor vial que no solamente es importante porque es una ruta obligada de vacaciones de los capitalinos, sino que es la columna vertebral por donde pasa toda la carga desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico, hasta el centro del país. Se calcula que circulan al año 17 millones de usuarios y en varios tramos la vía es una angosta carretera que parece un caminito menor de una vereda. La joya de la corona, el municipio de Ricaurte, enclavado entre Melgar y Girardot, es hoy en día otro claro ejemplo de lo que no se debería permitir: Una densificación gigantesca y descontrolada que traerá serias consecuencias a una comunidad que no estaba lista para semejante impacto y en tan poco tiempo. La sostenibilidad no se ha asomado por esa zona.

Pero parece que el tema no se resiste a morir y está comenzando a aparecer en la agenda, al menos esto lo deja ver la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, que ha presentado la primera edición del Congreso Camacol Verde, bajo el lema de “sostenibilidad en construcción”, a realizarse en el mes de mayo de este año. Ojalá los resultados de las conversaciones levanten más ampollas que aplausos y generen reflexiones profundas para que la responsabilidad de construir en entornos complejos permita el mejor desarrollo para todos, no solamente lindos carteles y fotos con drones, de lugares con todo tipo de problemáticas, sociales, ambientales, de salud y de movilidad.

El desafío de crecer sosteniblemente es de las mayores proporciones, y parte de realmente creerse el cuento. El sector constructor está en el centro del debate por el poder y responsabilidad que tiene de proponer profundas transformaciones en las ciudades que continuarán desarrollándose.

Porque para lograr ese equilibrio, en un mundo que crece a ritmos desmedidos y que necesita las mejores soluciones aquí y ahora, hay alternativas que seguramente requerirán sacrificar algunos metros cuadrados o reacondicionar proyectos para disminuir su impacto. Todas, decisiones que requieren muchas renegociaciones internas y nuevas conversaciones que realmente pongan a la sostenibilidad, con todo lo que implica, en el centro.

Alfonso Castro Cid

Managing Partner

Kreab Colombia

Tormenta en vivienda

Escrito por Simón Gaviria en Ene 31, 2023. Publicado en Opinión, Para tener en cuenta.

Preocupa la tormenta perfecta que se arma contra la construcción de vivienda: alza de tasas interés, inflación de insumos de construcción, devaluación del peso, incrementos en costos laborales o la insuficiencia presupuestal para subsidios, entre otros. Junto a su importancia empresarial y social, la construcción de vivienda es fundamental como herramienta anticíclica. Con diferentes entidades previendo un crecimiento del PIB en 2023 entre el 0 y 1,5%, la vivienda puede ser una tabla de salvación para el desempeño económico del país. Hay que hacer mucho más para garantizar su éxito.

Las cifras del sector vivienda el año pasado son exitosas, el ultimo dato de noviembre de 2022 incremento el área destinada a vivienda de 37,0%, en relación con el 2021. Cabe anotar que, aunque las restricciones de pandemia crean una línea base que exagera el contraste, al hacer la comparación con el año anterior a la, también se aumenta 23%. Resultados tan positivos, no se dieron por si solos, fue necesario incentivar el sector y hoy no hay cómo hacerlo.

Durante 2022, un año electoral, el gobierno anterior anticipó los subsidios previstos para 2023, generando un estímulo sustancial, pero dejando desfinanciado este año. Para no causar un desplome en el sector, los subsidios de vivienda deben aumentar por lo menos $1 billón en la adición presupuestal; programas como Mi Casa Ya, que este gobierno sabiamente decidió mantener, podrían absorber ese monto e incluso uno superior. Esto, en adición a otras iniciativas en estructuración, podría estabilizar al menos el mercado de interés social.

Según el DANE, en el tercer trimestre de 2022 la inflación del sector construcción fue del 19,1%; como consecuencia, muchos proyectos que encontraron punto de equilibrio el año pasado, están entrando en negativo. Situación que se agrava con el aumento de los precios del cemento, hierro y varios importados. Para contener los precios, el gobierno nacional podría considerar una reducción temporal de aranceles. Los alcaldes que tengan modificaciones de su POT podrían ayudar incorporando más terrenos para vivienda e invirtiendo en acueducto y alcantarillado, mejorando el costo de la tierra.

En ese contexto, preocupa que el fenómeno de costos de la construcción se multiplique con el costo financiero. Con los bancos captando capital al 16,0% y colocando al 25,0%, es difícil que un negocio aguante esas tasas de interés. Ni los constructores ni ciudadanos son capaces. El Fondo Nacional del Ahorro debe retomar el crédito constructor para estimular la actividad y programas de subsidio a la tasa de interés fortalecidos.

Con los nubarrones económicos que vislumbra 2023, se requiere que el gobierno desarrolle una política de promoción de vivienda para estimular la economía. Varios sectores tienen buenos argumentos para solicitar recursos, pero el multiplicador de 2,4 de vivienda es poderoso. Por cada $1 billón de demanda jalona 2,4 billones de actividad económica en 30 sectores generando 50 mil empleos. Debido a su dinámica, el sector puede ejecutar en 2023 los recursos que le pongan, mientras los otros estructuran proyectos. El déficit habitacional sigue siendo de 5,21 millones de vivienda. En tiempos de incertidumbre, es mejor trabajar con lo que ya está probado.

Simón Gaviria

Tenga en cuenta estos pasos para vender su vivienda

Escrito por Jazmin Barón en Ene 17, 2023. Publicado en Economía.

En diferentes momentos de la humanidad todas las personas sueñan con tener una vivienda donde vivir cómodamente junto a su familia, por lo que, al momento de encontrarla y conectar con la ciudad, la ubicación, con el estilo de vida del lugar y por supuesto, que se ajusta al ahorro destinado para su compra, no dudan por un instante en hacer un contrato de arras.

En Colombia la finca raíz sigue siendo una de las inversiones más rentables, por la valorización de los terrenos y porque representa una estabilidad en futuros ingresos, como arriendos temporales o fijos: aquí tiene aspectos importantes que debe tener cuando se toma la decisión de vender una vivienda.

Revisar las limitaciones legales que tenga la propiedad

Esto quiere decir que esté al día en con el pago de impuestos, que no tenga hipotecas, embargos, o trámites pendientes en sucesiones, esto ahorra tiempo y agiliza la decisión de compra del cliente.

Realizar la promesa de compraventa de la vivienda

Es la garantía para la persona que vende y para la persona que compra la vivienda, donde se pactan las cláusulas del negocio, fijan el precio, la manera de pago, instituyen las penalidades por incumplir el las mismas, ponen los compromisos de cada parte y pactan las fechas.

Establecer la escritura pública

Es un requisito fundamental ya que significa la venta la propiedad. Es muy importante tener los siguientes documentos completos.

Promesa de compraventa.
Copia de la escritura, tenga en cuenta que debe estar vigente.
Certificado de Tradición y libertad: recuerde que la vigencia no puede ser mayor a 30 días.
Paz y salvo del impuesto predial y paz y salvo del IDU.
Para el caso de propiedad horizontal, sea casa o apartamento debe tener certificado de Tradición y libertad, así mismo, paz y salvo de administración.
Boletín Catastral
Fotocopias de cédula del propietario actual y del futuro dueño.

Ir a una notaría y llevar todos los documentos anteriores: allí debe radicarlos y en un plazo de 3 a 5 días estará lista la escritura para que puedan firmar las dos partes. Los costos notariales deben ser pagados por las dos partes (vendedor y comprador) cada uno aporta el 50%, estos porcentajes varían dependiendo del costo del inmueble ya sea de un apartamento o una casa.

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El último paso es llevar la escritura pública a Registro de Instrumentos públicos; allí se registra la propiedad con el nombre del nuevo propietario del inmueble, y a la su vez, este recibe el nuevo certificado de libertad y tradición.

La compra de una propiedad se facilita teniendo en cuenta los anteriores pasos, para esto, es recomendable llevar un orden que permita hacer las diligencias una sola vez, para evitar devoluciones de los documentos ya sea porque no tengan vigencia o porque necesitan tramites adiciones.

Finalmente, le tomarán más tiempo, y como resultado se corre el riesgo que el cliente cliente pierda el interés o que si regresa pague un precio más bajo por la propiedad por extenderse en trámites que le quitaron mucho tiempo.

Además, recuerde que los negocios se generan siempre por confianza y seguridad, una propiedad que cuente con los documentos al día, donde se muestre firmeza no solo en la estructura de la vivienda, sino, en su legitimidad, garantiza un excelente precio de venta y un cliente que siempre quedará como amigo.

Foto: Pexels.

Subsidio VIS para clases altas

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 2, 2022. Publicado en Opinión.

El programa VIS, Vivienda de Interés Social, promovido como Mi casa ya para ayudar a que las clases de bajos ingresos (menos de 4 SMMLV salarios mínimos mensuales legales vigentes) pudiera tener casa, es de redistribución pura, ya que hablamos tanto de ello en estos días de reforma tributaria. Pero se han ido propagando proyectos en zonas socioeconómicas (los odiosos estratos) altas (de 4 en adelante) proyectos con susidios VIS a expensas de una variante llamada VIS de renovación urbana en que no son propiamente personas pobres las que se benefician de los subsidios. Similar a aquellas altas pensiones que son alimentadas por los subsidios que debían llegar a gente pobre.

En plena avenida Suba con carrera 68a en Bogotá, en el muy conocido barrio Morato, se empieza a promocionar un proyecto enorme de renovación urbana llamado Bosque Central Los Robles.

Renovación urbana se refiere a recuperar sectores subutilizados de las ciudades que hagan parte de programas o proyectos ubicados en zonas destinadas a ello. No necesariamente se diría que se requiera una ayuda como la de VIS de renovación urbana para “recuperar” semejante buena zona de Bogotá, con todos los servicios y privilegios del norte de la ciudad, muy bien conectada y cerca de muchos sitios de interés muy importantes (centros comerciales incluidos) y que aunque se encuentra en estrato 4, perfectamente podría tener vivienda por lo menos estrato 5.

Allí se ofrecen apartamentos de 36 m2 a 239.1 millones de pesos entregados en obra gris. No obra negra. Incluso tienen un mostrario de qué significa obra gris, con algunos elementos sanitarios pero sin acabados ni artefactos domésticos.

Ya la Corte Constitucional había advertido que los programas VIS no se podían entregar en obra negra basados en el concepto de la vivienda digna en condiciones mínimas (sentencia C-191/21). Claro, lo que hacían los constructores era “interpretar” a su favor el marco legal para lograr el mejor negocio posible dentro de los límites establecidos para contar con los subsidios disponibles para los pobres. Menos producto por la misma plata.

En este programa VIS se hace algo parecido, más grueso incluso. La Ley 1955 de 2019 dice que se pueden adelantar programas VIS de renovación urbana para viviendas de hasta de 175 SMMLV, es decir, hasta $ 175 millones de pesos al valor actual. La diferencia al precio ofrecido de $239.1 se tiene que pactar en otro documento que acompaña al de la venta principal por el límite de los $175 millones para hacer que parezca calificar para el subsidio. Eso sí, advierten que no hay subsidio a la cuota inicial como en los programas VIS normales.

Entonces ¿en qué consiste el subsidio? En que los constructores reciben el reintegro del IVA de los materiales empleados en la construcción, de tal forma que no son un costo para ellos, ya que no pueden cruzarlo con el IVA de venta (no hay) y podrían hacer más producto (vivienda) por los $175 millones. Como se ve, no es así. Al apartamento de $239.1 millones hay que meterle (invertirle) unos $30 millones más para dejarlo del estrato alto (4 para arriba) que realmente se está comprando. Es decir, son realmente apartamentos de unos $270 millones que pasan por vivienda de $175 millones para poder acceder a la devolución del IVA en la construcción de obra negra. ¡Apartamentos VIS de $7’500,000 por metro cuadrado!

Desafortunadamente ya sabemos que en Colombia no se puede contar con la ética. Por lo cual, ninguno de los actores en este proceso de desviar subsidios para quienes no están destinados pensará que está haciendo algo malo. El año anterior se estimaba que solo el 30% de todos los subsidios estaba siendo usado para adquirir vivienda por los hogares con menores ingresos (Portafolio, 2021).

¿Está mal que compremos vivienda que usa subsidios que debían dirigirse a las clases más pobres? Pero si el mismo Estado fue el que así lo permitió, dirán quienes se hacen acreedores a ese regalo. ¿Está mal que aprovechemos las leyes o reglas para sacar el máximo provecho a nuestro negocio? No es nuestra culpa que estén mal definidas las leyes las políticas y sus reglas, y dejen rendijas por donde colar las interpretaciones legales, dirán los constructores; no estamos cometiendo ningún delito.

La pregunta clave es ¿qué dirán quienes establecieron mal esta política pública para que pudiera interpretarse mal y quedara mal la ley que la sustenta? O qué podrá explicar Camacol, el gremio de los constructores, que con su permanente e incisivo cabildeo ante el Ministerio de Vivienda ha logrado dejar estas rendijas para que quepan las interpretaciones con las que sus miembros podrán sacar ventaja a dineros que deberían usarse en las clases de bajos recursos y que sirven para hacer negocio con clases altas.

Aunque se hace muy necesaria un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, en la actualidad no está prohibido y por lo tanto resulte lícito para los privados involucrados (constructoras y compradores de vivienda) aunque no sea justo y equitativo con la sociedad en que vivimos, específicamente con los esfuerzos de redistribución en que se basaba el espíritu del programa de subsidios VIS.

Lo muy grave es que así somos con todo. Solo pocos aprovechan los recursos del Estado, que son de todos y aportados por la mayoría, a través de lograr que los legisladores y los formuladores de políticas públicas dejen mal establecidas las leyes y reglas, o con defectos, para que se puedan interpretar de forma en que les puedan sacar provecho esos pequeños grupos de interés que tienen cómo hacer el cabildeo efectivo, así sea en contravía de lo que necesita el país. Cuando no es esto, lícito pero malo, entonces es corrupción franca y de frente. ¿Así cómo vamos a sacar al país de la pobreza?

@refonsecaz

Solicitan incremento en el presupuesto general para viviendas en Providencia

Escrito por Confidencial Noticias en Oct 5, 2022. Publicado en Nación.

La senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, desarrolló una audiencia pública en Providencia para hacer seguimiento e inspección a las obras de reconstrucción y restructuración, derivadas del paso del huracán Iota en noviembre de 2020 en el archipiélago. La Senadora solicitó enfáticamente un incremento en el Presupuesto General de la Nación, cuya destinación y asignación estaría en cabeza de la Isla de Providencia para el 2023, con el objetivo de mejorar las condiciones mínimas de vivienda, saneamiento básico y salud, tanto para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“En este encuentro en Providencia logramos vincular al Gobierno Nacional, delante de diversos actores políticos y líderes comunitarios que asistieron a la audiencia, como la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, los viceministros de Salud, representantes del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entre otros; resaltando que el valor total del proyecto de reconstrucción de viviendas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina asciende a $646.218.461, de los cuales se han desembolsado por parte de Findeter $476.369.788, correspondiente al 73.72 % del avance financiero”, puntualizó la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado.

El proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lleva un retraso de seis semanas y media. En total, se han realizado pago por conceptos de intervención, rehabilitación y reconstrucción de viviendas por $412.880.112 millones; al igual que se han desembolsado $10.569.152 millones por apoyo de las fuerzas militares en las labores de reconstrucción en el archipiélago. Además, es necesario destinar en agua potable $353.232.841 millones, fundamentales para cubrir el plan maestro de acueducto, los planes de dragado del embalse de agua dulce y la optimización de las plantas de tratamiento.

Por otro lado, se requieren para los sectores de deporte y educación $237.400.680 millones, los cuales permitirán la reconstrucción de escenarios afectados. En infraestructura cultural se requieren $6.881.210 millones, para intervenir y mejorar la Casa de Cultura, el teatro principal, el museo y la biblioteca.

Adicionalmente, si bien es menester destacar que se ha realizado la entrega de 1.768 unidades habitacionales, las cuales han sido construidas en las Islas de Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota, no obstante, se debe continuar con el seguimiento, inspección, vigilancia y control de los avances y recursos para la finalización de obras y entrega a satisfacción de la comunidad

En el encuentro con los diversos actores, que se desarrolló en lugares como el Campamento por la Dignidad en Old Town Bay Providencia, se estableció que existen viviendas, que aunque, fueron afectadas parcialmente por el huracán, por su condición y evaluación estructural se les debe efectuar un proceso de intervención y rehabilitación a partir de su diseño y la distribución original.

“La importancia de esta visita consistió en que escuchamos a todos los líderes de los sectores de la isla y conocimos de primera mano el estado de las escuelas, escenarios deportivos y culturales, posadas y restaurantes, así como, el aeropuerto El Embrujo, el reforzamiento del sistema de acueducto, las obras del hospital, zonas deportivas, las obras de alcantarillado y saneamiento básico, y diversas áreas comunes, a las que les da uso la comunidad isleña”, puntualizó la senadora vallecaucana.

El huracán Iota que alcanzó categoría 4 en el océano Atlántico en noviembre de 2020 y durante el 15 al 16 de noviembre, pasó cerca del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los destrozos producto de dicho fenómeno ha implicado el desarrollo de las obras de reconstrucción que ha representado en Providencia uno de las apuestas más grandes y complejas que ha enfrentado el país; ya que el fenómeno natural devastó el 98 % de la infraestructura local.

Providencia, ¿Casas caras, corrupción o precariedad en la atención de desastres? (1) costo alto.

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 1, 2022. Publicado en Opinión, Punto de inflexión.

La construcción de las casas en Providencia está muy comentada por todos los medios de más sintonía en el país y hasta por la Contraloría (CGR). Todo debido a que el presidente Petro fue, miró, oyó y “reclamó por lo que consideró que fueron millonarios sobrecostos en la reconstrucción de viviendas” del gobierno Duque (1), y claro, ese tipo de disparadores cumplen su objetivo. Los medios conocidos han lanzado sus conclusiones pero vale la pena ir hasta las causas últimas (o raíz) del asunto para poder aprender y mejorar de este resultado del que, realmente, no es posible estar muy orgullosos.

Aquí encontrará el lector planteamientos urdidos con base en todo tipo de información de los medios y testimonios de personas locales o que estuvieron durante los trabajos, lo cual implica que para un análisis riguroso, con pruebas más duras, hay que solicitarle a la Contraloría y a los periodistas de investigación sugiriéndoles que lleven sus trabajos hasta un alcance parecido al que aquí se presenta.

El disparador: lo dicho por Petro

Lo siguiente resume lo que dijo el presidente después de su revisión de la reconstrucción en la isla y centra sus conclusiones en 2 aspectos: costo por metro cuadrado exorbitante (casi 10 millones por m2), y desnaturalización de la cultura raizal puesto que los diseños de las casas no corresponden a lo normal en la isla. Y pidió una investigación a los órganos de control. Además afirmó que Duque había incumplido en salud, en aeropuerto y en colegios. Detalles en (1).

Sobre lo que dijo el presidente algunos habitantes expresaron que se había quedado corto (Amparo Pontón, periodista residente), quienes como ella se han adelantado a las conclusiones de las investigaciones y afirman que se debió a “corrupción, falta de planeación, y falta de conocimiento y respeto de la cultura” (2).

La respuesta: todos a rebatir

De inmediato salieron los trinos de Duque, dos exministros de vivienda (Jonathan Malagón y Susana Correa (quien también fue la Gerente de la Reconstrucción)), un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre- (Muñoz). Entre las declaraciones de los dos exministros se resume la explicación: “el costo fue alto, pero esta reconstrucción ha sido una de “las más complejas y exitosas en nuestro país” y “se tuvo que gestionar el faltante de mano de obra con casi 2.000 empleados y la logística para llevar materiales a 700 kilómetros del continente en medio de una pandemia” y “que las viviendas cumplen normas técnicas de resistencia de viento de 240 kilómetros por hora, y que para su construcción se dialogó con líderes de las comunidades raizales” (1).

Por su parte, las tres constructoras del Consorcio Providencia también dieron su explicación (3). En resumen: el diseño es superior al de una vivienda de interés social -VIS-, son sismorresistentes y diseñadas para soportar huracanes (tipo refugio, soportan vientos hasta 250 km/hr, estructura en acero galvanizado, paredes en concreto reforzado, peso de 75 toneladas cada una, bioclimáticas), la situación geográfica y las condiciones de la isla (transporte de materiales costoso, escasez de todo en este pico de demanda y por lo tanto efecto en los precios (mano de obra tocó llevarla masivamente y asumir costos de transporte y manutención, hasta el agua)), viviendas adaptadas al lote -VAL- que implican un proyecto diferente por casa (mayores costos administrativos), y no menores los efectos de la pandemia, la crisis mundial de contenedores y la escasez del acero. Resaltan que no recibieron ganancia por estos trabajos.

Todo es cierto y además tiene lógica. Hay otros motivos que hay que agregar a las listas de explicaciones: un manejo de monopolio del puerto existente, de los buques de transporte desde el continente y de las ferreterías en las Islas que complica todo aún más en una situación así; si los movimientos no se contrataban a través de ellos, entonces se demoraban y se perdían las mercancías.

Pero…

Toda persona que compre en un mercado puede calificar si un precio es normal o está inflado o exagerado por simple comparación entre las ofertas disponibles para productos iguales o al menos similares. Lo mismo pasa con las casas en Providencia. Comparar con las casas similares hechas en el continente es ilustrativo pero no válido ni suficiente para salir a denunciar despilfarro o corrupción.

Pero en la misma Providencia, en la misma reconstrucción, sí hay contra qué comparar: casas similares para la misma función que costaron mucho menos que lo obtenido y que hacen necesario que se analice cuál fue el origen de las diferencias.

Las casas que el consorcio Providencia hizo para Findeter salieron en promedio a 6’250,000 $/m2 (hay más de una fuente con datos variados (2)(6)(7)) (no 10 millones $/m2 como dijo el presidente (1)).

Según testimonios de personas que participaron en los trabajos, los refugios que reconstruyó el PNUD para FONTUR salieron entre 2’500,000 y 3’500,000 $/m2, en las mismas condiciones que las casas en cuestión. Y normalmente la reconstrucción es más costosa que la construcción. Este es un punto de comparación valioso. Según estas personas locales, PNUD fue capaz de conseguir bulto de cemento a $45,000 (normalmente a $38,000, citado en varias fuentes) mientras que el Consorcio a $100,000. Esto último es un comentario que debe verificarse y buscar pruebas duras en documentos de compra.
Hay algunas otras referencias, no duras, pero que dan pistas que se deben valorar: por ejemplo, un arquitecto sanandresano, constructor, afirma que en Providencia el m2 salía a $3’000,000 $/m2 antes del huracán (4).

Adicionalmente, había demoliciones. Sobre todo el tema de retiro y disposición de escombros era crítico porque había que llevarlos a Cartagena, con tarifas de 7 millones de pesos por contenedor transportado; se sabía que quien tenía este contrato era ungido con una ganancia adicional por venta para reciclaje de entre 20 a 25 millones por contenedor. Un contratista muy feliz, perteneciente al monopolio del concesionario del puerto y de los buques, y del transporte.

Sobre las casas construidas hay una lista larga de reclamos sobre problemas que ya presentan, en algunos casos en casas sin estrenar. Desde el de los pozos sépticos que no han sido solucionados, hasta problemas aparentemente simples como puertas de madera aglomerada dañadas por humedad, patio de casas sin desnivel que permite que el agua se meta a las cocinas, etcétera. Más quejas y reclamos en la referencia (6).

En el informe de la contraloría (citado en (8)) se encuentran también muchos defectos observados similares, y también fallas en los diagnósticos para reparación que llevaron a irregularidades en los sistemas hidrosanitarios, no conexiones a sistemas de tratamiento o pozos (sépticos) no funcionales y en general falta de planeación en el manejo de las aguas residuales. Subraya las “fallas en el deber de planeación al identificarse contratos con adiciones superiores al 50 %”.

Demasiados defectos.

No deja de llamar la atención testimonios como el de alquiler de una lancha a 5 millones de pesos, cuando el valor normal era 500,000 pesos, pero con la condición de que el lanchero devolviera 4.5 millones al que lo contrataba (2), y que lleva a que se califique como una verdadera “danza de los millones”. Por ello es imprescindible que los investigadores profundicen en los procedimientos de compra del contrato de administración delegada (FINDETER – Consorcio), actas de comités de compra e incluso cotizaciones disponibles, para verificar primero la veracidad de este tipo de afirmaciones, y segundo, a qué precios estaban comprando versus lo conocido en el mercado, como en el caso de los bultos de cemento, para determinar si por esta vía podría haber una parte importante del alto costo final de las viviendas.

¿Casas adecuadas?

¿Era adecuado el diseño de las casas frente al servicio que cumplirían? Hasta donde se entiende de todas las fuentes revisadas, la estructura metálica se complementaba con unos muros de cemento doblemente reforzados (malla venada (para que adhiera el mortero de cemento) y malla electrosoldada) que llevan a pensar que se tenía una doble estructura (redundancia), o que el diseño era demasiado conservador por ponerle algún término. Adicionalmente, las paredes y techos debían ser forrados en paneles de yeso o madera seguramente para confort climático y para dar un aspecto más local.

Según la información en medios, la gente pedía la reconstrucción de una casa similar a la que ya tenían, con un baño y un cuarto que sirvieran de refugio. No más m2 según se desprende de las múltiples entrevistas de las referencias. Todos los proyectos deben ser así, localizados y contextualizados a la gente y a su cultura y su territorio. Es preciso que los investigadores verifiquen los documentos donde hayan registrado lo acordado porque claramente hay divergencias entre lo diseñado y lo que dicen que la gente solicitaba. Un diseñador trabaja con los requerimientos que le suministra su cliente; por lo que es importante también que se verifique cuáles fueron tales requerimientos.

Las casas resultantes tienen aproximadamente de 30 a 34 columnas y 75 toneladas. Hay que recordar que el peso era una variable muy “pesada” para el análisis de una debida decisión entre “alternativas de diseño” de las casas por sus efectos en más transporte y en más mano de obra, el uno costosísimo y lleno de restricciones prácticas y el otro, escaso, difícil de solucionar y muy impactante en forma negativa para la situación que se estaba viviendo (no es para nada deseable llevar 3,600 personas flotantes a un lugar de espacio y servicios limitados, recuperándose de un desastre y en pandemia, donde viven apenas 5,900 personas). Se supone que tal decisión se tomó comparando varias alternativas, por lo que es importante que los investigadores logren conocer su registro en los documentos correspondientes (informe, memoria, acta, lo que sirva para explicar la decisión tomada).

Consultando con personas de la isla e ingenieros, las casas que existían se habían hecho, siguiendo sus tradiciones, en palafitos de madera para prevenir inundaciones que luego fueron sustituidos con zapatas y columnas de concreto; con este sistema se hacen casas de 10×10 metros con luces de 5 metros (distancia entre columnas) resultando solo 9 columnas. O con 3 luces continuas de 3.5 metros que darían 16 zapatas y no 30 o 34 como quedaron. Sobre estas columnas se hace una plataforma de concreto sobre la cual se construye una estructura industrializada, prefabricada y modular en madera, acero o mampostería, debidamente anclada que permite pesos del orden de 30 toneladas (la mitad), lo cual hubiera generado ahorros en materiales y por ende un menor costo de transporte y de mano de obra, menor manutención y menor impacto sobre la población. Y un aspecto no menor, como lo dicen los testimonios de los providencianos: el material de las viviendas es fundamental para el mantenimiento ¿qué pasará cuando haya que hacer arreglos o reparaciones?

Esto podría explicar la mayor parte del alto costo de las viviendas: el diseño se alejó de lo requerido aunque resulte funcional y más seguro. Por lo pronto no es adecuado saltar a conclusiones apresuradas porque la situación era muy compleja. En el próximo artículo tendremos esa oportunidad.

* @refonsecaz

Referencias

(1) Pelea entre Petro y Duque por casas de Providencia: ¿sí valen $600 millones? El Colombiano, 2022.

(2) Saqueo en Providencia: la isla de la fantasía que dejó Iván Duque, A fondo con Maria Jimena Duzán, 2022

(3) ¿Por qué costaron tanto las viviendas que hizo Duque en Providencia? El Colombiano, 2022

(4) Arquitecto San Andresano, constructor habitual. (pendiente verificar fiabilidad)

(5) Twitter del constructor Leonardo Castro (en las respuestas hay quienes desmienten que sean en la isla pero sí en San Andrés y que no han pasado realmente por la prueba de un huracán). (pendiente verificar fiabilidad).

(6) Casas de más de 600 millones en Providencia ya tienen grietas y daños: ¿qué responde el consorcio? Noticias Caracol, Diego Alvira, 2022

(7) ¿Qué pasa con las casas en Providencia? Revista Cambio, 2022

(8) Contraloría confirma sobrecostos y otras irregularidades en reconstrucción de Providencia, Revista Semana, 2022

(9) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–

La financiación de vivienda sintió el efecto de la inflación del 2022

Escrito por Confidencial Noticias en Ago 31, 2022. Publicado en Economía.

Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que durante el primer trimestre del año se desembolsaron créditos por valor de $5.209.385 millones de pesos corrientes para compra de vivienda. De esta cifra, $3.729.578 millones fueron créditos de vivienda y $1.479.807 millones fueron para adquisición de leasing habitacional.

Al respecto, Johann García, Coordinador de la Tecnología en Gestión Bancaria del Politécnico Grancolombiano, explica la relación que existe entre la inflación y los créditos de vivienda.

En Colombia, muchos de los créditos de vivienda se otorgan con una tasa que se denomina UVR (Unidad de Valor Real) la cual permite que un crédito hipotecario sea expresado en una unidad que aumenta o disminuye al mismo tiempo que la inflación del país, más unos puntos adicionales ligados al IPC (Índice de Precios al Consumidor).

En la medida en que el IPC se aumenta con relación a la inflación, los deudores de créditos de vivienda se verán afectados, puesto que les va a encarecer el pago de la cuota y el costo de la vivienda. Es por ello, que muchas personas cuando acceden a este tipo de créditos prefieren la cuota fija en pesos, dado que saben cuál es el valor de la cuota al conocer también la tasa de interés; mientras que, al adquirir un crédito UVR, el comportamiento es impredecible al estar atado al IPC.

Por lo tanto, si bien es cierto que en el 2020 el IPC estuvo por debajo del 2 % y la UVR no tuvo una variación representativa, para los dos siguientes años este cambió. En el 2021, la tasa del IPC fue más del 5 % y, para el 2022, se presenta un IPC que va en 10,21 %. Por efecto de la inflación y la variación UVR, se ha visto un incremento en el valor de las cuotas para los deudores hipotecarios.

El docente también aclara que, los bancos o los intermediarios financieros se ven afectados en la medida que el crédito se encarece, debido a que la demanda de créditos disminuye por parte de las empresas y personas. Es por eso que los intermediarios financieros buscan tratar de protegerse y canalizar los recursos de los agentes económicos que tienen excedentes a través de las captaciones y colocar esos recursos con una tasa de interés variable atada a la inflación.

Esto lo realizan a través de los diferentes productos como los CDT (Certificado de Depósito a Término) o los CDAT (Certificado de Depósito de Ahorro a Término) con tasas más elevadas, transfiriendo así un mayor costo a las empresas o personas que requieren crédito; sin embargo, ese mayor costo en el que incurren las entidades financieras se lo trasladan a los deudores, con el objetivo de que los bancos puedan manejar un margen, teniendo en cuenta que les cuesta más captar recursos porque la tasa de interés del Banco de la República ha subido.

Además, dicha captación se maneja a través de un referente como el DTF (Depósito a Término Fijo) que es el promedio que pagan las entidades financieras por los depósitos a 90 días. En la medida en que los CDT se calculan por los DTF, la tasa aumenta y es trasferida a la hora de adquirir un crédito por parte de las empresas, quienes utilizan generalmente créditos que no son con tasa fija, sino con tasas variables; en otras palabras, con unos índices como la UVR (Unidad de valor real), IBR (Indicador Bancario de Referencia) o a través de la APR (Tasa Porcentual Anual).

Por esta razón, requieren buscar cómo su rentabilidad o margen de intermediación no los perjudique, sino los beneficie. Para eso, son más rigurosos a la hora de hacer un estudio de crédito, teniendo en cuenta que el riesgo para las entidades financieras es más latente ante una economía inflacionaria, dado que se generan muchas expectativas e incertidumbre.

Distrito entrega subsidios para mejoramientos de vivienda

Escrito por Confidencial Noticias en Jul 23, 2022. Publicado en Bogotá.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, notificaron a 500 hogares que serán beneficiados con mejoramientos de vivienda en zona urbana y rural, así como de vivienda nueva rural.

“Que felicidad ver a la gente de Usme y Ciudad Bolívar que hoy, gracias al trabajo del sector Hábitat, tiene una vivienda digna para ellos y sus familias —una labor que se hace realidad por empresarios, tenderos y familias que pagan sus impuestos”, dijo la Alcaldesa Mayor.

“Esta es una gran apuesta de la Alcaldía, llevamos 2.700 mejoramientos de vivienda en la ciudad y estamos recorriendo barrio a barrio y vereda a vereda para mejorar la calidad de vida de los hogares bogotanos más necesitados”, añadió la mandataria.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de las viviendas de la zona rural y urbana de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) entregó subsidios de Mejoramiento de Vivienda a 494 familias de Ciudad Bolívar y Usme.

Adicionalmente, se entregarán viviendas nuevas en la ruralidad a seis hogares de la localidad de Ciudad Bolívar. “Estamos construyendo dignidad y no se nos puede ir la vida esperando una vivienda de calidad. Esta administración, además de retomar después de seis años los mejoramientos de vivienda rural, entrega por primera vez subsidios de vivienda rural”, destacó la Alcaldesa Mayor.

El programa de Mejoramiento de Vivienda busca realizar mejoras locativas en viviendas de la población vulnerable que no cuenta con los recursos para intervenirlas, con adecuaciones en baños, lavaderos, cocinas, enchape de muros y pisos, entre otras.

Para el caso de las viviendas urbanas el subsidio es de hasta 18 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), mientras que los de ruralidad la asignación para cada hogar es de hasta 25 SMMLV.

Por su parte, las intervenciones en vivienda nueva rural responden a la construcción de nuevas edificaciones acordes con su entorno, clima y topografía, en pro de asegurar el confort en su interior y generar condiciones de adaptabilidad productivas y sostenibles para las familias beneficiarias.

El subsidio de Vivienda Nueva Rural corresponde a un aporte de hasta 70 SMMLV, más un aporte distrital por concepto de transporte, dadas las distancias que presentan los predios en la ruralidad bogotana.

La SDHT tiene como meta para 2022 entregar 1.900 mejoramientos de vivienda, 1.720 en zona urbana y 180 en zona rural; además 20 subsidios para vivienda nueva rural; todo con una inversión de más de 27 mil millones de pesos.

Esta entidad entregará 5.182 mejoramientos de vivienda, 4.500 en zona urbana y 682 en zona rural; así como 75 subsidios para vivienda nueva rural, con una inversión de más de 90.000 millones de pesos.

Proyectos inmobiliarios seguirán comercializandose este año, le contamos por qué

Escrito por Confidencial Noticias en Feb 21, 2022. Publicado en Economía.

En el nuevo año que comienza, la confianza de los empresarios (actores claves en el engranaje de la construcción y el desarrollo inmobiliario y la posterior ocupación de espacios) debe seguir siendo promovida con herramientas que faciliten la unión de esfuerzos.

“En 2021, muchos empresarios se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza. Por ello, salieron a buscar alianzas, inversionistas o socios que les faciliten volver a poner en marcha sus negocios y, de esta manera, aprovechar esa creciente demanda de bienes o servicios que está trayendo la reactivación”, afirma Alejandro Salamanca, gerente de Accion Fiduciaria.

Muchos están acudiendo a la fiducia inmobiliaria: un mecanismo que les permite pagar por los inmuebles al ritmo de la reactivación de sus negocios.

2021 positivo; 2022 esperanzador

Hoy por hoy, existe un clima inmejorable para apostarle a los bienes raíces en sus dos renglones principales: habitacional (vivienda) y empresarial (locales, bodegas u oficinas).

En el rubro habitacional, el MinVivienda calificó el 2021 como un año histórico para la vivienda en Colombia. Con 209.638 unidades vendidas de enero a noviembre (15.000 más que en 2020), una inversión en la compra de vivienda de $35 billones (32% más respecto al 2020) y 97.000 subsidios entregados, están dadas las condiciones para que en 2022 los colombianos sigan haciendo realidad su sueño de vivienda propia.

Por su parte, en el ámbito organizacional, las plantas físicas están jugando un rol fundamental en la reactivación. No es casualidad que la recuperación de los negocios se esté dando a la par de una mayor demanda de inmuebles empresariales; con una vacancia de oficinas de solo un 11,3% (cifra menor a las proyecciones de agencias inmobiliarias como Colliers), el retorno a la presencialidad avanza.

Fiducia dinamiza el sector

Los empresarios y sus aliados (bancos, constructoras, inversores, etc.) que están liderando los proyectos inmobiliarios que seguirán comercializándose en 2022 han encontrado en la Fiducia inmobiliaria una útil herramienta para adquirir un inmueble con las dimensiones, ubicaciones, usos y facilidades acordes a la nueva normalidad.

Para brindar confianza y seguridad a las partes involucradas en un proyecto inmobiliario, qué mejor que acudir a la Fiducia Inmobiliaria: un instrumento que gestiona los recursos de un proyecto tal y como los involucrados dispongan.

“En la Fiducia Inmobiliaria, el dinero aportado por los creadores de un proyecto, los inversionistas e, incluso, el aportado por bancos financiadores se manejan a través de un fideicomiso, para así gestionar los recursos de forma clara y transparente en la compra, arriendo o hasta construcción de un inmueble, como lo puede ser una oficina, bodega o local comercial”, afirma el experto de ACCION Fiduciaria.

La Fiducia Inmobiliaria también le permite al empresario ir retornando el dinero entregado por inversionistas o bancos en cuotas periódicas que se adecúan al flujo de caja y los niveles producción que el negocio vaya evidenciando en meses futuros.

“Esas cuotas periódicas, en tiempos de reactivación e incertidumbre, son un instrumento eficaz para establecer plazos claros pero flexibles de acuerdo a los resultados que se vayan dando”, puntualiza Alejandro Salamanca, gerente de ACCION FIDUCIARIA.

Subsidios 2022

Y es que en 2022 hay buenas noticias para quienes tengan entre sus planes la compra de vivienda:

Subsidio de hasta $50 millones de pesos para aquellos con ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y afiliados a una caja de compensación familiar, dirigido a viviendas de interés social (de hasta 150 salarios mínimos en las ciudades principales).

Subsidio de hasta $20 millones de pesos para la cuota inicial de una vivienda de interés social (VIS) dirigido a los colombianos que devengan ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos y sean afiliados a una caja de compensación.

De igual manera, para quienes desean adquirir una vivienda de segmento medio o alto (No VIS), los beneficios del Gobierno Nacional incluyen:

Subsidio de $500.000 pesos mensuales para el pago del crédito hipotecario durante los primeros siete años. Aplica para viviendas con valores de hasta 500 salarios mínimos.

El nuevo subsidio ‘Ecobertura’, dirigido a viviendas No VIS sostenibles certificadas, el cual roza los $52 millones de pesos gracias a una cobertura de $619.000 pesos por los primeros siete años del crédito hipotecario.

Sin importar sus metas en 2022, sus inversiones siempre deben contar con asesoría experta. En el sector fiduciario, tanto personas como empresas tienen a disposición un nutrido grupo de expertos en el sector inmobiliario listo para ayudarlo a cumplir sus objetivos. Cualquiera que sea el caso, las entidades fiduciarias están en capacidad de brindar los mejores consejos para una inversión inteligente.

Alquilando, la startup que promete revolucionar los alquileres en Colombia

Escrito por Confidencial Noticias en Ene 19, 2022. Publicado en Actualidad, Tecnología. No hay comentarios en Alquilando, la startup que promete revolucionar los alquileres en Colombia

Llega la ProTech argentina Alquilando a Colombia, que se enfoca en transformar y empoderar a las inmobiliarias tradicionales con su tecnología para que sean más competitivas en el mercado y puedan así conectar propietarios e inquilinos en una sola plataforma. En este lanzamiento la startup invita a todas las inmobiliarias a ser parte de su plan piloto, cerrado y controlado, para ser las primeras en transformarse digitalmente.

Alquilando nació en Argentina en el año 2017 en cabeza de 4 emprendedores: Victoria Simón, Mauro Ayala, Javier La Banca y Carlos Missirian, con el propósito de mejorar la experiencia de las personas que arriendan en Latam, a través de los años (y a raíz de la pandemia), se han posicionado y potencializado como la mejor opción y solución en el mercado inmobiliario. Actualmente mueven más de 35 millones de dólares anuales en alquileres y ahora llegan a Colombia con una inversión de US$2.5 millones para consolidar su crecimiento en Latinoamérica, su próxima parada es Perú y México.

Alquilando decide llegar al país debido al gran potencial en el mercado colombiano y como punto estratégico para seguir su expansión por América Latina, pues las cifras lo corroboran, según Fedelonja el 44% de la población en Colombia, cerca de 21,1 millones de personas, viven en arriendo a la fecha, tomando como referencia el dato del Censo del DANE que indica que la población de total es de 48 millones de habitantes, además de haber un gran número de alquileres de tipo comercial.“El mercado inmobiliario en Colombia está bastante profesionalizado, las inmobiliarias gestionan muchos servicios de posventa de alquileres, administrando un gran número de contratos, y para esto utilizan diversas plataformas y herramientas que pretenden agilizar la experiencia del consumidor final” cuenta Victoria Simon, gerente de mercadeo de la compañía. Sin embargo esto no termina siendo real “Y el cliente entonces termina teniendo 5 u 8 sistemas, y no pueden lograr esa transformación que esperan, sin que pueda evolucionar la empresa” agrega.

Con esta nueva startup las inmobiliarias obtendrán una interfaz tecnológica 100% responsive y en la nube, además de accesos a servicios financieros como recaudaciones, adelantos de cánones entre otros, la cual podrá ser utilizada por arrendatarios y propietarios. Alquilando ha trazado un mapa de ruta que incluye integraciones con los múltiples sistemas más utilizados. Esto tiene por objetivo generar un ecosistema de soluciones digitales para la inmobiliaria, de forma que la información fluya siempre de manera bidireccional y que impacte de inmediato en todos las plataformas correspondientes.

Es un hecho que esta solución agiliza los procesos manuales porque aporta la fluidez en el manejo de la información, y brinda un canal con múltiples módulos relevantes para todos los actores involucrados tales como inventarios, PQRS y gestión de los estados de cuenta.

La meta de Alquilando es generar más de 10 mil contratos de alquiler en el primer año en Colombia, al mismo tiempo que empieza a desarrollar el negocio en Perú; y planea en 18 meses comenzar operaciones en México.

Mercado inmobiliario: quiénes buscan apartamentos para comprar

Escrito por Confidencial Noticias en Dic 13, 2021. Publicado en Economía. No hay comentarios en Mercado inmobiliario: quiénes buscan apartamentos para comprar

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El derecho a la vivienda digna en el POT

Escrito por Diego Cancino en Nov 28, 2021. Publicado en Bogotá, Contigo la rompemos, Opinión. No hay comentarios en El derecho a la vivienda digna en el POT

El derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política. Este artículo establece que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna” y que “el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

Además, el Decreto 1232 de 2020, que actualiza contenidos y procedimientos sobre los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en el país, establece en su artículo 2 que en los POT se deben determinar las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas de vivienda de interés social, las cuales deben estar orientados, entre otras, a solucionar el déficit habitacional actual y proyectado para la vigencia del POT.

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, en el POT que actualmente se está discutiendo en el Concejo de Bogotá se deben definir los criterios de ordenamiento que permitan la producción de vivienda digna, y a su vez se deben establecer acciones concretas que posibiliten a la Administración tener un rol activo en la producción del hábitat, pues las dinámicas del mercado, por sí solas, no garantizarán el cumplimiento de ese derecho fundamental.

La Administración reconoce que hay un gran déficit habitacional en la ciudad, el cual no ha sido resuelto por el mercado inmobiliario ni por las acciones estatales; sin embargo, la propuesta de POT que fue presentada ante el Concejo de Bogotá no tiene una apuesta audaz ni decidida para cumplir con el mandato constitucional de la vivienda digna.

En el POT se establece que una de las obligaciones que tienen los proyectos de construcción de vivienda en los tratamientos de consolidación y renovación urbana es destinar parte de su construcción a Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP), como una medida para revertir los patrones de segregación espacial y para garantizar la oferta adecuada de vivienda para las poblaciones de bajos recursos.

Sin embargo, en la propuesta de la Administración los porcentajes de construcción obligatorios de VIP son muy bajos con respecto al déficit cuantitativo de vivienda: por ejemplo, en proyectos de renovación urbana con índice de edificabilidad efectivo mayor a 5 (es decir, los proyectos más rentables) solo se produciría un 6% de VIP.

Además, en el articulado del POT no hay instrumentos definidos para garantizar que la producción de vivienda VIS y VIP tenga como destino las poblaciones más necesitadas de la ciudad. Es decir, no hay una apuesta para garantizar el acceso a vivienda al sector de la población que lo necesita.

Por otro lado, en este POT la Administración excluye a las zonas más densas de la ciudad y con mayor déficit cualitativo de vivienda del tratamiento de mejoramiento integral, el cual está llamado a solucionar este déficit. Esto es muy grave, teniendo en cuenta que el déficit cualitativo de la ciudad es de aproximadamente 285 mil hogares.

Así, barrios como Patio Bonito, que tienen un alto déficit cualitativo de vivienda, pasarían a tratamiento de Renovación Urbana o Consolidación, lo cual incentiva la producción de vivienda nueva, elevaría de los precios de la tierra y así desplazaría hacía la periferia a la población más pobre de la ciudad.

En conclusión, necesitamos coger el artículo 51 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda digna y volverlo sagrado. El norte de la vivienda digna para nosotros es que el Estado decida, sin dejarlo al mercado inmobiliario, que los más pobres, las personas más vulnerables vivan en condiciones dignas: allá en Mochuelo, allá arriba en Lijacá. Si lo dejamos al mercado inmobiliario, las constructoras jamás van a garantizar ese artículo de la Constitución y esa entonces debe ser una apuesta del Estado. Es cumplir con la Constitución. Ese es el mandato de un POT.

*Le agradecemos enormemente a la profesora Angélica Camargo por sus conocimientos e ideas sobre la vivienda digna en el POT, las provechosas discusiones que hemos tenido con ella al respecto y los conocimientos que nos ha transmitido alimentan definitivamente las reflexiones que presentamos en este artículo.