El avance de la inteligencia artificial ha permeado distintos aspectos de nuestra sociedad, y el sistema legal colombiano no es una excepción. Un ejemplo, es lo sucedido el 30 de enero de 2023 donde se dio a conocer el caso de el juez Juan Manuel Padilla del Juzgado Primero Laboral de Cartagena el cuál empleó ChatGPT para respaldar la exención de pagos de cuotas moderadoras y copagos en una EPS para un menor autista, cubriendo gastos de citas médicas, terapia y transporte, decisión en la cuál se apoyó de la Ley 2213 de 2022, que integra el uso de las tecnologías de la información –TIC– en las actividades judiciales.
Bajo este contexto, surge la pregunta inevitable si la IA representa una amenaza para los principios fundamentales de la justicias y los derechos humanos, bajo este punto Sara Valbuena abogada tributarista y directora legal de Ventus Consultores, comentó que, “la inteligencia artificial puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se utilice. Su uso indebido puede resultar en impactos negativos como la violación de derechos, discriminación y pérdida de privacidad. Sin embargo, cuando se aplica de manera responsable, tiene el potencial de abordar desafíos sociales importantes, como la congestión judicial”.
Además, sobre el cuestionamiento que se hace en base de quien debe dictar sentencia si una computadora o jueces, la respuesta menciona Valbuena es que es algo difícil de prever, ya que el derecho a menudo aborda preguntas sin respuestas únicas. Aunque la tecnología puede avanzar rápidamente, es importante recordar que el derecho implica componentes humanos y morales. “Si los profesionales del derecho optan por utilizar herramientas de IA, deben hacerlo con el objetivo de mejorar la eficiencia, sin descuidar sus responsabilidades éticas y legales fundamentales”, puntualizó.
Por otro lado, es importante mencionar que el nivel de implementación de la IA en Colombia se ve respaldado por las más recientes estadísticas del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), que señalan un aumento del 25,8% en su aplicabilidad. Así mismo, Chat GPT ha venido ganando terreno en el país, con un promedio de 62 millones de visitas diarias, según revela un estudio de Bloomberg en donde Colombia y Brasil lideran la usabilidad de este tipo de tecnología en América Latina. A nivel mundial, Estados Unidos encabeza la lista con 350 millones de visitas, seguido de la India con 330 millones.
Igualmente, la implementación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales ha generado debate, es válido mencionar ciertos beneficios que trae consigo y en los que se pueden apoyar todas las personas asociadas a la rama judicial en el país. Por un lado, los algoritmos pueden apoyar en la predicción y análisis de resultados legales basados en datos históricos y patrones, lo que permite a los profesionales del derecho evaluar mejor las estrategias legales y tomar decisiones más informadas. Así mismo, su aplicabilidad mejora la eficiencia al facilitar la lectura y recolección de normatividad, jurisprudencia y precedentes, lo que acorta los tiempos de investigación.
Sin embargo, es importante destacar que la IA no puede inventar normas o sentencias, por lo que su uso responsable es fundamental. De igual forma, la agilidad que proporciona para dictar sentencias ayuda al estudio del proceso por parte del juez, lo que resulta en un menor tiempo de estudio y contribuye a descongestionar el sistema judicial.
Ahora también, la implementación de IA en el sistema judicial en el país no tiene a la fecha una prohibición legal que impida la utilización de está en la práctica del derecho, por lo que quienes practican está profesión, sean jueces o abogados, podrán apoyarse en el uso de está herramienta, claro está, en los límites que así ha impuesto la ley hasta el momento, como por ejemplo el principio de convicción – Valoración probatoria, que se traduce en que los jueces deben valorar y conocer las pruebas que acompañan el proceso antes de tomar una decisión, que por el momento ningúna IA ha podido reemplazar dicha tarea, comentó la directora legal de Ventus Consultores.
De esa forma, aunque el uso de la IA en el mundo ha generado resultados positivos, Colombia tendrá que trabajar arduamente para regular su implementación, para que de forma acertada y responsable se logré tomar el provecho de estos desarrollos para el bienestar de la sociedad sin generar riesgos de injusticias y vulneración de derechos en su ejecución. Por ejemplo, está la adquisición o disponibilidad de capacidad computacional, derecho al acceso de internet de todo el sistema judicial incluidos particulares y jueces (en especial de municipios alejados), entrenamiento de uso de IA. Por último y no menos importante generar control de está, pues actualmente se encuentra solo implementado el CONPES 3979 del 2019.
Sin embargo, el gobierno actualmente tiene varios proyectos a la espera de aprobación en referencia con estas regulaciones, de los cuales varios podrán quedar archivados o no aprobados. El más sonado en estos días es el de la Ley 091 de 2023, por medio de la cual se busca regular el uso adecuado, responsable de la IA dentro de los principios éticos y legales que garanticen seguridad, transparencia, igualdad y equidad para los particulares.
