Durante los últimos años, los problemas de violencia y delincuencia comenzaron a ser vistos por los ciudadanos de América Latina como una de las más importantes problemáticas que debe ser solucionadas por los Estados nacionales y locales, llámense países, gobernaciones, alcaldías o prefec- turas. Se debe reconocer que uno de los obstáculos más serios para el desarrollo social y económico de cualquier país, región, departamento o municipio está constituido por la violencia y la delincuencia, las cuales aún presentan tasas muy elevadas a nivel internacional. Los niveles de inseguridad causados por esta situación son un lastre muy pesado en materia de bienestar, productividad, competi- tividad y desarrollo.
Cabe anotar que el cumplimiento cabal de las funciones del Estado que ga- rantizan el bienestar de los ciudadanos, depende de la existencia de un orden social seguro. Así mismo, el desarrollo social y económico tiene como condición la posibilidad de que los asociados puedan desenvolver sus vidas en un ambiente previsible de seguridad y convivencia, en el cual estén garantizados los derechos a la vida, la integridad y los bienes. En este sentido, para que cualquier país tenga adecuados niveles de desarrollo humano, es necesario que el Estado garantice la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo los sistemas de justi- cia y seguridad, de tal forma que los habitantes gocen de sus derechos y cumplan con sus deberes.
El presente documento pretende dar un panorama general sobre el compor- tamiento de la violencia homicida en las últimas siete décadas en Colombia, en términos analíticos y estadísticos, así como el papel jugado por el Estado y los distintos gobiernos en materia de seguridad. Un ejercicio orientado a reflexionar sobre los diversos recorridos y manifestaciones de la violencia homicida en este país que nos permitirá comprender por qué durante un largo tiempo ha perma- necido sumido en altos niveles de violencia y sólo eventualmente retoma la senda de la seguridad y la paz.
Periodos de violencia y delincuencia que nos muestran como, a comienzos y mediados del siglo pasado, el Estado colombiano fue instrumentalizado por los partidos liberal y conservador, primero, en una disputa violenta entre ellos para manejarlo y beneficiarse y, segundo, para garantizar su alternancia política “pacifica” de gobierno a través del pacto denominado Frente Nacional (1958, 1974). Una democracia restringida que limitó el ingreso de otros partidos y ten- dencia políticas y que dio origen al conflicto armado con la creación y accionar de distintos grupos guerrilleros durante los años ‘60 y ‘70, y que a su manera querían llegar al poder.
Esta es una etapa que reprodujo, en Colombia, la Guerra Fría que desde mediados de siglo se vivía en el mundo, con dos bloques de poder represen- tados por los aliados (EE.UU., Reino Unido y Francia) y la Unión Soviética, y donde la seguridad del Estado y la seguridad nacional marcaron la pauta y se profundizaron en los subsiguientes años y gobiernos con la llegada y creci- miento del narcotráfico.
Si bien se mantiene la seguridad del Estado, con la Constitución de 1991 se avanza hacia la seguridad de los ciudadanos, en medio de las amenazas del con- flicto armado y el narcotráfico, una situación que en lo que va de este siglo ha generado nuevas amenazas para el Estado y para los ciudadanos en general, con una criminalidad cada vez más organizada.
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Hugo Acero
