El debate ya no es entonces sobre si se prefiere metro elevado o metro subterráneo, asunto sobre el que cada uno tiene la libertad de opinar como quiera. La controversia se centra en si Petro puede obligar a la alcaldesa de Bogotá –elegida por los bogotanos derrotando a Holman Morris, el candidato petrista–, a someterse a sus caprichos y si, además, puede hacerle el vulgar chantaje que le está haciendo.

La controversia es sobre si Petro puede usar el presupuesto nacional para arrodillar a cada alcalde y gobernador de Colombia a lo que se le dé la gana y maltratar a la ciudadanía y sobre si este país es una democracia, con todos sus defectos, o una autocracia.

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Para completar su autoritarismo, otra hazaña de Gustavo Petro, esta vez defendiendo a ultranza a Irene Vélez, su ministra de Minas, quien nos presentó a los colombianos cifras falsas inflando la reservas de petróleo y gas, puso a firmar dichas cifras a altos funcionarios del ministerio que no las suscribieron y no las comparten y se empecina en que en este gobierno no habrá nuevos contratos para buscar hidrocarburos, con lo que también viola la ley porque a los ministros de Minas no les pagan para impedir la minería sino para promoverla, cuidando por supuesto el medio ambiente, conductas graves e ilegales que debe sancionarle la Procuraduría.

Pero según Petro, como a la MinMinas “no se la critica por bombardear niños o robarse o dejar robar recursos públicos”, no hay problema. Mientras sea petrista, puede proceder a su antojo.

Jorge Enrique Robledo

Exsenador de la República.