Hablar de los problemas sociales del Catatumbo es hablar de la organización del territorio en función del abandono estatal. Prueba de ello son las controversias y tensiones que existen entre varios actores sociales de una región atravesada por la violencia.
La distancia que separa a Cúcuta de Tibú podría salvarse en cuestión de un par de horas, sin embargo, el mal estado de la vía dilata el recorrido hasta las cinco horas.
En medio del calor del Catatumbo y de la tensión que se vive en el casco urbano de Tibú, hombres pertenecientes al Escuadrón Móvil de Carabineros, armados hasta los dientes, se paran hombro con hombro junto a soldados del Batallón de Ingenieros No. 30. Sus patrullas pasan en medio de los andenes de una ciudad que se acostumbró a que las armas de gran calibre son algo tan cotidiano como las pimpinas de combustible que cruzan ilegalmente la frontera desde Venezuela, y que se venden sin control en cualquier calle.
En medio de ese escenario se encontraron en el coliseo del Colegio Santo Domingo Savio los representantes de Ascamcat, Cisca, Ñatubaiyibarí y de los pequeños productores de palma aceitera en el marco del X Encuentro Regional para la Paz.
Lo que en principio se presentó como una reunión más que mostraría la tensión que existe entre esas cuatro agendas, se convirtió en un espacio de debate y de reconocimiento.
En un primer momento Eugenio Guerrero, representante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, tomó la palabra para plantear lo que ha sido la bandera de la lucha de esa organización: el establecimiento y declaración oficial de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Guerrero recordó que el paro campesino del pasado 2013, en el que por 53 días se bloqueó el Catatumbo, podría volver a darse por cuenta del incumplimiento del Gobierno Nacional sobre lo acordado en septiembre del año anterior.
La ZRC del Catatumbo tendría, en principio, una extensión de 346.183 hectáreas, acogería a 7 municipios y 326 veredas. Para el área específica de Tibú se estaría hablando de 101. 339 hectáreas.
La propuesta de esta zona de reserva, sobre el papel no reviste mayor problema ni se traslapa con los territorios de los indígenas Motilón-Barí. Sin embargo, este argumento es el que motivó la acción de tutela con la que Ñatubaiyibari, asociación que acoge a los indígenas del resguardo Motilón-Barí, tiene frenada la instalación de esa ZRC.
Ascamcat asegura que ya ha logrado un acuerdo con los indígenas, equiparando ese acuerdo a la figura de la consulta previa que debe surtir trámite, según lo fallado por la Corte Constitucional frente a la demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 160 de 1994. Lo particular de este acuerdo es que fue hecho con algunos representantes del resguardo Catalaura, que acoge a varios miembros de esta etnia pero que, según lo dicho por algunos campesinos de Tibú, recibe la mayor parte del presupuesto para proyectos productivos.
Por su parte, la pretensión de los indígenas organizados en Ñatubaiyibari, representados en ese debate por Sergio Chingay, fue que se respetara la autonomía de los territorios ancestrales y de las zonas de resguardo para que no se presenten combates entre las fuerzas armadas y los grupos armados al margen de la ley. Además, solicitó que se reconozca que el proyecto de ZRC amenaza varios territorios que se encuentran dentro de su resguardo. Algunos asistentes comentaban por lo bajo que la pretensión final de estos indígenas es ampliar el territorio de su resguardo.
Por su parte Ediver Suárez, el representante del Cisca, Comité de Integración Social del Catatumbo, fue enfático en señalar que lo que se debe buscar son zonas agroalimentarias que garanticen la soberanía y el futuro alimentario de la región. Para ello buscan blindar esas zonas contra los desarrollos de monocultivos extensivos como lo es el cultivo de la palma de aceite.
Esta postura del Cisca, cercana en varios puntos a la de Ascamcat, contrasta con la rivalidad que ha marcado a ambos procesos sociales, tanto así que “en varios eventos en los cuales las dos organizaciones participan, el uno busca eclipsar al otro poniendo pendones más grandes y haciendo mayor presencia con su nombre. Eso para no insistir en el hecho de que siempre son estas dos organizaciones las que toman la vocería de los problemas en el Catatumbo”, señala uno de los representantes del gremio palmero que asistió al Encuentro.
Sin estar incluidos en la mesa principal del panel de esa tarde, los palmeros decidieron tomar la palabra ya que como lo señaló uno de sus representantes “la izquierda siempre habla en estos escenarios”. Su postura como gremio fue clara; existen desarrollos agroindustriales en la región que han sido construidos por agricultores locales. De todos los gremios este es el más organizado con cerca de 40 hectáreas cultivadas.
En Tibú el modelo de desarrollo de estos pequeños y medianos palmeros es el de asociaciones con grandes conglomerados palmeros para que estos puedan recibir financiación en la compra de tierras, maquinarias e insumos. Un modelo que fue lanzado en 2012 en Sabana de Torres, Santander, por el entonces gerente de Indupalma, y posteriormente ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, como una reforma agraria desde el sector privado.
El llamado de los palmeros tibuyanos fue a que se les reconozca como un actor e interlocutor válido en el debate existente sobre el futuro agrario del Catatumbo.
Estigmas a la orden del día
Sobre cada de estas cuatro agendas penden estigmas que son impuestos por sus contradictores y, en algunos casos, por la misma población.
Para el caso del Cisca y de Ascamcat los señalamientos van en el sentido de que ambas organizaciones sociales supuestamente tienen connivencia con el ELN y las Farc, respectivamente. Sin embargo, como lo aclararon Suárez y Guerrero, estas acusaciones no pasan de ser una estrategia de desinformación y desprestigio de sectores que no valoran la capacidad organizativa de la ciudadanía y el apoyo que tienen estos dos procesos sociales en la región
Sin embargo, algunas fuentes consultadas señalaron que después del paro campesino del año pasado estas organizaciones, pero en particular Ascamcat, perdieron mucho del apoyo de la ciudadanía del casco urbano de Tibú. Una de las principales razones para que esto sucediera fue el hecho de que las perdidas materiales para muchos comerciantes de esta ciudad fueron cuantiosas.
Sumado a esto también pesa el estigma sobre los palmeros de que este modelo de desarrollo agrícola coincidiría con la incursión de grupos paramilitares en ciertas regiones del país. Acusación que se hizo en algún momento de las intervenciones en esa tarde de debate.
Estos señalamientos hacia los palmeros desembocaron en una molestia de los representantes de ese gremio que caldeó los ánimos haciendo que algunos de ellos abandonaran el recinto.
El cierre de la jornada fue una muestra de los retos que exige la reconciliación de un país en guerra por más de cinco décadas. Todos y cada uno de los participantes en la mesa principal del panel fueron claros en señalar que en ningún momento se considera como paramilitares a los palmeros de Tibú y que por el contrario lo que debe hacerse buscar caminos que logren llevar a un encuentro de las cuatro agendas.
Este podría llegar a ser el primer paso en un largo camino que permita articular estos procesos y hacerlos coincidentes para que el desarrollo del Catatumbo sea un hecho. Un camino que debe empezar por tener claridad en la delimitación de las Zonas de Reserva Campesina y Agroalimentarias para que no entren en conflicto con los territorios ancestrales y resguardos de los Motilón-Barí, sin que se siga estigmatizando la actividad de los pequeños y medianos palmeros de Tibú.
De esa forma fue que los cuatro representantes pudieron darse la mano, estrecharse en un abrazo y reconocerse como actores importantes del Catatumbo en el que quieren llevar a cabo los proyectos que logren redundar en la determinación y autonomía de una región que, ante el abandono estatal, se ha tenido que hacer a pulso.
