La aprobación en el Senado del plebiscito que busca refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, deja ver las fricciones entre la oposición a las negociaciones y el Gobierno Nacional. Una contradicción que se ha venido presentando en los tres años que ya cumplen los diálogos de paz.
Cómo quedo en evidencia en el Senado de la República, este miércoles 18 de noviembre cuando el proyecto de ley que establece ese mecanismo de refrendación fue aprobado para ser discutido por la plenaria del Congreso, las contradicciones entre quienes no apoyan las negociaciones y el gobierno Santos son uno de los temas pendientes para lograr una paz estable en el país.
Desde el primer momento del proceso actual, en octubre de 2012, cuando fue instalada la mesa de diálogos, las criticas arreciaron. Se pasó de algunas puyas del expresidente Álvaro Uribe a señalamientos de entrega del país a las FARC. Estas acusaciones, que algunas veces han caído en el terreno de la injuria, han llevado a que exista una batalla desgastante para el ejecutivo de cara a cambiar esa percepción. Esfuerzos que podrían estarse destinando a una mejor pedagogía sobre lo acordado hasta el momento entre ambas partes.
Y es que si bien han sido más las zonas oscuras que la claridad existente sobre lo que se negocia, también debe mencionarse que lo logrado hasta la fecha no ha tenido precedente en la historia reciente del país.
En primer lugar los preacuerdos en los puntos 1, 2 y 4 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que corresponden a Desarrollo Agrario, Participación y Política Antidrogas, respectivamente, han generado compromisos de parte y parte que tocan profundamente la vocación, tanto del Estado como de las FARC, así como replantea concepciones políticas que han orientado el funcionamiento estatal como es el caso de la política antidrogas.
Estos tres puntos han levantado ampolla y han llevado a que existan críticas que se apoyan en distorsiones de lo propuesto y pactado en ese acuerdo. Por ejemplo, es falaz, según lo afirmado por el presidente Santos y la delegación de las FARC, que las zonas de reserva campesina serán retaguardias de la guerrilla o zonas francas para el narcotráfico.
Uno de los indicios del compromiso de las partes para dale celeridad a la firma del acuerdo final es el hecho de que la premisa de que “Nada esta acordado hasta que todo esté acordado” fue “traicionada” por ambos equipos negociadores. Es decir, los acuerdos sobre desminado, búsqueda de desaparecidos y justicia restaurativa entran a implementarse así no se haya firmado el acuerdo general.
Estos tres acuerdos, no han estado exentos de críticas y suspicacias. A propósito del marco jurisdiccional que enmarcaría la desmovilización de las FARC, el uribismo ha sido reiterativo en acusar al presidente Santos de busca runa paz con impunidad total para los miembros de ese grupo guerrillero. El hecho de que aún no sea público el documento que sustenta ese acuerdo contribuye a que esa versión haga carrera.
De alguna forma ha sido un diálogo de sordos ya que a pesar de que se explique y se de a conocer la dinámica de estos acuerdos, la oposición al proceso de paz sigue difundiendo esas versiones, que en ocasiones han sido catalogadas como tendenciosas.
Refrendación popular
Desde comienzos de año el gobierno buscó la manera de que el Congreso de la República aprobara un mecanismo de refrendación popular de lo acordado en La Habana. La fecha proyectada buscar esa refrendación era la jornada electoral de pasado 25 de octubre. Sin embargo, esos cálculos fueron muy optimistas y la coyuntura pasó sin que los colombianos fueran consultados en las urnas.
A ello se suma el hecho de que el mecanismo no estaba claro hasta el proyecto de ley presentado al Senado, por parte del Ministerio del Interior. Un plebiscito fue el mecanismo propuesto. Esta propuesta pasó los debates en pertinentes y fue aprobada su discusión en la plenaria del Congreso de la República en los primeros días de diciembre.
Siguiendo ese mismo espíritu de contradicción y oposición al proceso de paz, la bancada senatorial del Centro democrático liderada por el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez, objetó todo el articulado y decidió ausentarse del recinto cuando los representantes del gobierno exponían sus puntos. Además, estuvieron ausentes durante la votación del mismo.
Esta situación deja ver que la búsqueda de la refrendación popular de los acuerdos con las FARC no tiene un camino fácil en su futuro inmediato. Ante la oposición cerrada y desinterés del uribismo por discutir con las partes lo acordado en la mesa de negociaciones se suma el hecho de que la poca claridad y falta de pedagogía sobre el particular es un escollo al momento de convocar un plebiscito buscando que la población le de el espaldarzo al Gobierno Nacional en la búsqueda de terminar la guerra con la insurgencia del país.
