Es la tercera generadora de energía eléctrica de Colombia. El gobierno es el principal accionista y este miércoles 13 de enero aspira a vender su participación. Hay dos compañías interesadas.
Por cerca de dos años el gobierno colombiano ha intentado vender su participación mayoritaria en Isagén y si todo sale bien podría lograrlo a mediados de este mismo mes. Ha sido un proceso largo en el que las trabas han sido las protagonistas.
Para el gobierno colombiano Isagén es fundamental en momentos en que quiere desatrasar al país en infraestructura vial. Siempre ha dicho que al querer vender su participación en la generadora eléctrica, pretende cambiar un activo por otro (infraestructura energética por vial). Pretende obtener unos 6,4 billones de pesos vendiendo el 57,61% de sus acciones en la empresa y esos recursos serían para invertir en infraestructura de transporte. “Esa es la propuesta del Gobierno al país: cambiamos un activo que no se va a mover, que está prestando un servicio, un servicio plenamente regulado por el Gobierno, por otro activo que no tenemos, que necesitamos y que todos los colombianos nos vamos a beneficiar al invertir en las carreteras”, señaló días atrás el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Pero a los deseos del gobierno le han salido varios reparos. Se han presentado varias tutelas de empleados, de ex trabajadores e incluso una del ex presidente Álvaro Uribe, para impedir la venta argumentando sostenibilidad fiscal, pérdida de un activo estratégico, pérdida de dividendos, falsas motivaciones para la enajenación, afectación a la democratización y violación al debido proceso, entre otros. Incluso se creó un ‘Comité por la defensa de Isagén’ que logró junto con 80 congresistas firmar una constancia oponiéndose a la venta y hace poco recogió la firma de 40 de ellos para dirigirle una carta a los directivos de las tres empresas extranjeras que estaban en la puja por Isagén, manifestando su rechazo a la privatización de la estatal energética. Algunos congresistas de la oposición sugieren incluso que los recursos de Isagén serán utilizados como “mermelada” para la campaña del plebiscito por la paz que ya inicia. Es decir, recursos para políticos amigos del Gobierno que promoverían en las regiones la votación por el sí a los eventuales acuerdos de paz con las FARC que se firmarían en marzo.
Las tres empresas interesadas en comprar la participación del gobierno en Isagén eran: Colbún (de Chile), GDF Suez (de Francia) y Brookfield (de Canadá). Luego, a través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda dijo que finalmente dos de estas empresas presentaron garantías. “BRE Colombia Investments L.P., del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, quien gestiona más de 225 mil millones de dólares en activos, y el Consorcio del Pacifico, de la empresa de energía chilena Colbun, quien cuenta con una capacidad de generación instalada de 3.278 MW”, señaló el comunicado.
La venta de Isagén ha sido suspendida en al menos dos oportunidades debido a los recursos legales. El Consejo de Estado dictó medidas cautelares, pero luego le dio vía libre a la subasta. De hecho hace unos días el gobierno elevó la valoración de la generadora en un 21,5 por ciento frente al establecido previamente. Es decir que el valor de la participación de la Nación se incrementó y pasó de $5,3 billones (en mayo de 2015) a $6,4 billones con el nuevo precio mínimo que se estableció en $4.130 por acción, para la subasta de este 13 de enero. Anteriormente ese precio estaba en $3.399 (mayo de 2015).
La acción de la empresa ha tenido una tendencia alcista durante estos días desde que se conoció la fecha de la venta, y eso a pesar de que aún, según un sindicato de la generadora eléctrica, existe una tutela pendiente por resolver.
