Los mineros del carbón y otros metales le propusieron al Gobierno aprovechar la reforma constitucional para la paz con el fin de volver a los tiempos en que los colombianos eran dueños del suelo y del subsuelo como ocurre en el resto del mundo.
El presidente del Sindicato Nacional Minero, Juan Pardo Zamudio le dijo a directivos del ministerio de Minas y Energía que el raigambre del problema en la minería es precisamente el hecho que el estado es dueño del subsuelo, condición inequitativa y voraz que atenta contra la propiedad privada e favor de las multinacionales y los negocios con vacíos jurídicos.
El dirigente sindical le dijo a Confidencial Colombia que lo peor que le pudo pasar a Colombia con la Constitución del 91 fue permitir que el subsuelo pasara a manos del aparato estatal porque con ello y de manera leonina se le dio poder al ejecutivo para expropiar y generar detrimentos económicos y sociales.
“Esta situación es lamentable, con la potestad que se le dio al estado con el subsuelo ningún colombiano es dueño de ningún predio, salvo del pasto y la casa de campo. Ahora falta que la papa y la yuca, sembradas con tanto esfuerzo pasen a manos del Gobierno por estar por debajo del césped”, dijo irónicamente el sindicalista.
Pardo cuestionó las críticas y el quite a la propuesta asegurando que para el estado es muy fácil cambiar las reglas de juego en tanto que para el colombiano de a pie es muy engorroso recuperar su legítimo derecho.
De manera increíble en 1991, en una carrera desenfrenada se le entregó al gobierno que no es más que un administrador de turno el subsuelo de todos los colombianos, es decir le dieron la propiedad privada de todos los colombianos. “El ejecutivo por mandato del pueblo es un empleado de cuatro años que es elige en favor de la sociedad y no en su perjuicio”.
Aparte de la reforma constitucional para devolverles a los colombianos lo que por derecho les corresponde, el gremio minero solicitó el otorgamiento de las reservas especiales mineras a todos los mineros tradicionales y de hecho de todo el país. “Otra fórmula es la reversión de los títulos entregados en concesión los cuales fueron mal habidos los cuales están expuestos a la nulidad porque fueron mal concebidos”.
Pardo indicó que la minería ha hecho hasta lo imposible por capacitarse y cumplir con la normatividad vigente. Contrario a ello, dijo que el estado ha sido inferior a sus responsabilidades por las ataduras de tipo legal que golpean al minero tradicional que ejerce su oficio de manera atávica y con un ADN trabajador que va de generación en generación.
Los trabajadores de las minas de carbón aseguran que insistirán ante la comunidad internacional con el fin de que sea mediadora en un proceso de devolución de tierras y de subsuelo para tener la garantía de la propiedad como un todo.
“Tristemente el estado nos cercenó un derecho constitucional siendo dueños del suelo y del subsuelo generando grandes líos sociales y de tipo económico. Por lo que se vé el Gobierno tan solo quiere ver en la minería la esclavitud que fomentó España hace unos siglos”, dijo el señor Pardo Zamudio.
No toda la minería es igual
La representante de los mineros de municipios de Boyacá y Cundinamarca, Patricia Baracaldo Vélez aclaró que el problema de la minería es la dualidad de criterios normativos frente al tema puntual de la legalización en todo el país. Explicó que hay reglamentaciones para la extracción de oro que están siendo aplicadas al carbón, la arcilla y otros materiales pétreos, situación que llevó a que los mineros fueran tildados de ilegales.
“Ahora el Gobierno ha cambiado esa mentalidad y con un nuevo glosario define la minería tradicional con lo que se pretende formalizar este sector de la economía, el asunto es que ya es tarde porque no hay áreas libres y el país fue entregado a firmas internacionales”, declaró.
Comentó que la situación es tan complicada para los mineros legales y tradicionales que hoy ven como hay contratos de concesión que prácticamente son títulos de engorde que están en cabeza de multinacionales o empresas colombianas de papel como es el caso de Carbones Americanos que tiene varias hectáreas de minería en Cucunubá y Nemocón.
“A los mineros los llaman a mediación, pero la conciliación implica exageradas sumas de dinero que no pueden ser asumidas por los pequeños productores de carbón o tradicionales a los que se les pide remunerar la sesión de derechos o de áreas. Allí cabría una figura jurídica que permita la formalización minera”, afirmó la señora Baracaldo.
Invitó a la Contraloría a revisar los grandes contratos o títulos mineros y las obligaciones económicas tales como los cánones superficiarios que en muchos casos son prorrogados en el tiempo para las grandes firmas, lo que no ocurre con e pequeño minero al que en ocasiones se les declara la caducidad.
“Indiscutiblemente hay muchas cosas por revisar y por eso le pido al nuevo Ministro que quizás es uno de los grandes aciertos del Presidente Santos, a que mire con coherencia, inclusión y constitucionalidad los derechos de los mineros en Colombia. Por fortuna el es cercano a nosotros y conoce mucho del sector, eso nos hace ver luz al final del túnel porque hay de por medio un tema álgido de alto contenido social”, dijo.
Para la experta en asuntos mineros, lo único que se le pide al Gobierno es el respeto por el derecho al mínimo vital, por el trabajo y la vida en condiciones de dignidad porque todas esas concesiones históricas son las que, paradójicamente, tienen en la miseria a un país rico como Colombia.
Arcilleros, hasta el barro
Cuando se pensaba que el Gobierno les quitaba el derecho a los mineros del carbón y a otros sectores afines, resulta que inclusive y según las denuncias, el ejecutivo no quiere dejar ni siquiera el barro, el mismo que dejó huella orfebre de las comunidades precolombinas.
La vocera de los mineros de Nemocón dijo que en ese municipio hay un problema con los procesos de legalización por el tema ambiental, situación que es muy delicada toda vez que muchas familias derivan su sustento de esa materia prima.
Patricia Baracaldo Vélez reveló que la CAR amenazó con cerrar varias empresas mineras de la arcilla por la contaminación que estas acarrean. Este frente, en su opinión, amerita también una revisión para acompañar al minero, pero no para acabarlo con decretos y reglamentaciones súbitas.
