Si el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quiere lograr su meta de atraer 4 millones de turistas extranjeros y US$4.000 millones en ingresos por esta actividad en 2014, primero debe lidiar con la reglamentación de la Ley de Turismo.
La Ley de Turismo 1558, sancionada el 12 de julio de este año. Sus principales retos son la administración de los predios producto del narcotráfico, la informalidad en el sector y la protección del consumidor, entre otros.
Sobre los hoteles que estaban siendo administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, el Ministro Sergio Díaz-Granados aseguró que su paso al Fondo de Promoción Turística “permite una administración, operación, enajenación de estos y sus utilidades para ser reinvertidas en los hoteles objetos del incauto”; es decir, en el mejoramiento del sector.
Ya existen 1.300 habitaciones de este tipo y 34 predios entre incautados y con vocación turística. De acuerdo con Adolfo Scheel, gerente de GHL, quién ya ha tenido experiencia en la operación de hoteles que han confiscados por ser producto del narcotráfico, afirmó que existe un problema mayúsculo en la inversión para el mejoramiento de la infraestructura de los predios. Tanto así, que comentó cómo en su caso, con la operación del Sunrise, en San Andrés, ha sido imposible mejorar su infraestructura. “He pasado seis años pidiéndole al Estado poder intervenir en el predio $4.000 millones”.
Pero además, destacó que en este aspecto los operadores deben lidiar con la fama del establecimiento y muchas veces también con sus pasivos, incluyendo la carga prestacional de sus trabajadores. Un tema muy costoso y que en la mayoría de casos no resulta rentable para el operador.
Por otra parte, en opinión del ministro Díaz-Granados se debe hacer un trabajo fuerte en la regulación de la informalidad, enfocada en la parahotelería, que son quienes no pagan impuestos por esta actividad, así como los nuevos aportantes en el sector como los guías turísticos, quienes deberán empezar a pagar impuestos por esta actividad.
Y finalmente, sobre los ‘micos’ que había denunciado el Superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, ya fue solventado el conflicto. “El Estatuto del Consumidor es una norma aplicable al ciento por ciento de las actividades económicas. La preocupación era que ese estatuto no fuera utilizado en los pasajeros, sobre todo de aire; pero no, el estatuto sigue vigente. Se cambia es quién ejerce la vigilancia, que no será la SIC, sino la Aeronáutica Civil. No hay lugar a interpretaciones, la ley es una sola”, agregó.
Sobre ésto, Paula Cortés, presidenta de Anato, concluyó que el usuario debe reclamar dependiendo del producto adquirido. “Si es un paquete turístico lo regula la SIC y si es un pasaje, la autoridad es la Aeronáutica Civil”, manifestó Cortés y agregó que sobre estos temas solo habrá una decisión, en una u otra instancia.
Alcaldes de 484 municipios no han pagado deudas por $1,9 billones a EPS subsidiadas
La Procuraduría alertó que 484 alcaldes no han realizado ninguna acción para pagar la deuda que tienen por $1,9 billones con las EPS del régimen subsidiado.
El Ministerio Público hizo un llamado urgente a los mandatarios localas para que cumplan con su obligación, pues se trata del pago de deudas por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011.
“El plazo para que las autoridades territoriales determinaran el valor de los recursos adeudados venció el pasado 22 de junio, y los respectivos pagos debieron efectuarse, a más tardar, el 24 de julio”, señaló la entidad. Ante esta situación la Procuraduría exhortó a los alcaldes que aún no han cumplido esta obligación a que remitan de manera inmediata la información de sus municipios a la entidad competente, no sin antes advertirles que ya omitieron su obligación de reportarla dentro del plazo fijado por la norma vigente, 2lo que se constituye en falta disciplinaria”.
“El decreto 1080 de 2012 fue muy claro y preciso, pues fijó el procedimiento, plazo y actividades tendientes a lograr que las entidades territoriales sanearan la cartera con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, que para el momento de expedición del citado decreto ascendía a $1,9 billones”, agregó. Por su parte, el Ministerio de Salud reveló que los recobros provenientes de acciones de tutelas se redujeron 30% en los primeros cuatro meses del año. Mientras que el año pasado se solicitaron alrededor de 287.000 recobros por acciones de tutela, en 2012 ese número bajó a 201.000. “Esto se debe a las medidas tomadas por el Gobierno de actualizar el Plan de Beneficios incluyendo nuevos tratamientos, procedimientos, medicamentos, así como a los valores máximos de recobro establecidos para los medicamentos de alto costo”, dijo la ministra de Salud Beatriz Londoño.
