Con el desplazamiento de por lo menos 6.300 guerrilleros de las Farc a las denominadas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) para comenzar el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, el país ha girado su mirada hacia las áreas que deja de controlar la guerrilla más antigua del continente para comenzar una afrenta directa contra aquellos actores armados que se han atribuido dicho control de los territorios que abandonan las Farc y a los que aún no llega el Estado para evitar el vacío de poder.
En un informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación se detalla cuál es la realidad de dichos territorios que habiendo sido liberados del yugo de las Farc, han sido copados por diferentes actores armados que, entre otras cosas, buscan ganar el domino de los mismos para tener autoridad de las economías ilegales que los perjudican.
Las Farc dejarán de afectar un total de 242 municipios y pasarán a agruparse (durante 180 días) en 26 zonas veredales, localizadas en 9 departamentos. Ante el inminente éxodo, la Fundación estudió los retos territoriales del posconflicto con los que se encontrará el gobierno y evidenció que existen (hasta hoy) cinco tipos de zonas postfarc, así: con presencia de ELN; con presencia de bandas criminales; con aumento de la delincuencia común; con expresiones de disidencias de las FARC; y, finalmente, con esfuerzo de recuperación del Estado.
El reporte preocupa particularmente en dos aristas presentadas: Bacrim (mutación paramilitar) y el ELN. Bien podría decirse que, sacando a las Farc de la fotografía, estos dos actores armados son definitivamente la piedra en el zapato del gobierno de Juan Manuel Santos. Y preocupa porque, de acuerdo con las conclusiones del documento, si no se toman las medidas de contingencia esto podría resultar en una intensificación de la violencia.
Respecto a la tremenda expansión que ha logrado la guerrilla del ELN, el documento explica que el trabajo de los elenos ha sido provechoso y han logrado expandir su presencia y tener control en zonas que en el pasado apenas mostraban alguna manifestación de injerencia. Este caso se ha podido ver con mucha notoriedad en la zona del sur Chocó, específicamente en la subregión del San Juan, lugar en el que la presencia de las FARC había sido tradicional y que hoy cuenta con un control fuerte por parte del ELN, lo mismo sucede en municipios del Norte de Santander y Arauca.
Mientras tanto, en los municipios de Ituango y Briceño, allí organizaciones criminales que históricamente tuvieron asiento en el municipio de Bello han comunicado su llegada a la zona, se ha denunciado la llegada de “Los Pachelly” banda adscrita a la oficina de Envigado y la cuál presuntamente trabajaría en alianza con el clan del golfo en esta nueva zona del país.
De las 14 regiones donde las Farc estuvieron operando, 11 de ellas tienen una importante presencia de economías ilegales (minería ilegal y cultivos ilícitos, principalmente), lo que representa un caudal de capital bastante atractivo ahora que se elimina al actor armado que históricamente les controló.
Los retos de estas formas de mercado ilícitos en las regiones, el monopolio de la administración de justicia y la fuerza son los que más atención requieren para evitar nuevas olas de violencia una vez ingresen las Farc a la vida civil.
Más allá de la macabra radiografía que expone el reporte de la Fundación Paz y Reconciliación, la realidad muestra que los obstáculos en estos territorios son profundos: la periferia no está conectada al mercado nacional, pues la infraestructura del país es mediocre, además son pocos los sistemas de integración política que ha destruido el mínimo tejido social generado comunidades apáticas, segregadas, abandonadas y escépticas.
