Diego Cancino
Así titulamos el tercero de los cinco conversatorios sobre Cundinamarca – Bogotá: diálogos para tejer región, que emprendimos con la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol), El Espectador y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes, en torno a la imprescindible conversación sobre la visión de una región compartida que cuide la vida y priorice una integración sostenible en beneficio de todos y todas; encuentros en los que he tenido la oportunidad y el privilegio de participar con expertas, expertos y activistas, sobre todo en asuntos ambientales y de desarrollo.
En este conversatorio agua que no has de beber déjala correr me centré en el papel del agua en la región y los múltiples intereses económicos que vienen cooptando la institucionalidad en beneficio del capital privado.
Uno de los ejemplos más fehacientes en ese sentido son las licencias de urbanismo que otorgan las curadurías urbanas para todas las construcciones en Bogotá. Es decir, que un ente de carácter privado tiene una enorme responsabilidad sobre el desarrollo en la ciudad y un poder casi ilimitado sin quien pueda interceder porque los entes de planeación estatal no tienen ninguna injerencia.
Por ejemplo, hoy en día existen por lo menos 3.594 licencias urbanísticas otorgadas a 100 metros o menos de los corredores ecológicos de ronda, cuerpos de agua, rondas hidráulicas, zonas de manejo preservación ambiental ZAMPA y Parque ecológico distrital de humedal, según un derecho de petición que hicimos a la Personería Distrital, lo que evidencia que no se están respetando las zonas de protección ambiental.
Es similar a lo que pasa en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cooptada también por intereses privados, en particular de constructores que tienen vínculos con el poder político en la región y a quienes lo que menos les interesa es el ambiente.
Según información del Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP), actualmente, la CAR ha realizado o está realizando intervenciones de “adecuación hidráulica” en 13 ríos de su jurisdicción: La Calera (Río Teusacá), Apulo, Soacha, Conde, Subachoque, Ubaté, Suárez, Lenguazaque, Neusa, Quebrada los Manzanos, Quebrada Laureles, Quebrada Quipileña, Chicú y Suta, con múltiples denuncias ciudadanas tanto frente al proceso de contratación como frente a su ejecución.
El agua siempre ha sido un factor de unión entre los territorios, es ahora en la época moderna que la vemos como una desventaja en vez de una oportunidad de integración. Un ordenamiento territorial incluyente y sostenible debe reconocer el agua como un elemento conector entre lugares diferentes y también debe comprender la capacidad que tienen los cuerpos de agua para autorregularse en el marco de un sistema ecológico más amplio, no es metiéndole maquinaria, removiendo la cobertura vegetal y acabando con la biodiversidad que vamos a mejorar las condiciones de los asentamientos humanos alrededor del río, sino comprendiendo sus propios procesos y potenciándolos, con enfoques como el de la adaptación basada en ecosistemas que consiste en promover la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para ayudar a las comunidades a reducir los efectos adversos de la variabilidad y el cambio climático.
Los retos y dilemas para ordenar el territorio en torno al agua están asociados a que verdaderamente no se reconocen los cuerpos de agua como elementos vitales para el ordenamiento de los territorios. Como sociedad hemos desconocido esta importancia y eso se ve en las dificultades que existen en la coordinación de los instrumentos de planificación, en general hemos puesto por encima de los intereses ecológicos los intereses del aprovechamiento económico, es por esto que en la formulación del POT de Bogotá y de los municipios que componen la región se le de prioridad a la protección del patrimonio ambiental por encima de intereses inmobiliarios, teniendo en cuenta la interdependencia que existe con Cundinamarca pues ellos también deben comprometerse con esta protección. Pero esto se torna muy difícil si la máxima autoridad ambiental, encargada de darle viabilidad a todos estos instrumentos de planeación actúa desde una perspectiva corporativa favoreciendo intereses económicos por encima de los socioambientales.
