Hace una semana les contaba la historia de los señores Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca (CAR), que llevan en el cargo alrededor de 20 años y a quienes hemos denunciado penal y disciplinariamente por considerar que al parecer han utilizado métodos irregulares para hacerse al cargo.

Al revisar una a una las organizaciones que votaron por ellos para el periodo 2020-2023, nos encontramos que al parecer muchas sólo existen en el papel por las conexiones que hallamos. Por ejemplo, encontramos que de las 112 ONG que votaron por Garzón, Motta o por ambos, 40 de ellas (35.7%), están registradas en el mismo barrio, la misma cuadra o la misma dirección: 25 en Pacho, 7 en Bogotá, 5 en Fusagasugá y 3 en Girardot. Resulta que las de Fusagasugá aparecen en una de las propiedad de Motta.

Vaya casualidad que coinciden además la fechas y los años de sus registros: De las 112 ONG, 42 ONG (37,5%) fueron registradas en 2000 y, de esas, 34 fueron registradas en el mes de septiembre del mismo año. Algunas de ellas incluso fueron registradas el mismo día. Curiosamente esto coincide con el tiempo que llevan los representantes en el consejo de la CAR.

Estas ONG no sólo coinciden en el voto por los señores Motta y Garzón, la dirección de sus sedes y las fechas en año y mes de su registro; también coinciden en sus representantes legales: 39 de las 112, o sea 34,8% tienen concentrada su representación en 18 personas. También evidenciamos que 33 de esos representantes legales ocupan cargos en las juntas directivas de 53 ONG (47.32%). Toda una red.

Por eso insistimos no sólo en que las autoridades revisen e investiguen lo que hemos puesto en evidencia en repetidas ocasiones y en que la región metropolitana no puede avanzar sin tocar la CAR. La CAR debe revisarse, adoptar mecanismos democráticos, de transparencia y de rendición de cuentas. Recuerden también que la Contraloría tiene reparos en los recursos que maneja por más de 1 billón de pesos.