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La incapacidad del Estado para vigilar las construcciones en todo el país es la principal fuente de vulnerabilidad a los terremotos: el 50% de todas las construcciones han sido informales, es decir, que no han tenido ni diseño, ni construcción ni control profesional y mucho menos cumplen la norma vigente sismo resistente (1). Del otro 50%, más o menos la mitad fue construida antes de 1984, año en que salió la primera norma, por lo que potencialmente tienen vulnerabilidad. Y para el restante 25%, aunque hayan tenido un proceso formal en su construcción, se sabe que no todo ha quedado bien edificado.
Lo anterior significa que si tuviéramos un terremoto como el de Turquía la devastación podría ser enorme, dado que potencialmente el 75% de las edificaciones son vulnerables, y mataría del orden del 1% de la población. Bogotá y Soacha, por ejemplo, tendrían unos 100,000 muertos. Una absoluta tragedia. Expertos de la Asociación de Ingeniería Sísmica -AIS- han señalado que para el mismo tipo de eventos, ciudades en Japón o USA los muertos podrían estar entre el 0.2% y el 0.3% por sus diferencias en legalidad, cumplimiento de normas y diseños anti-sísmicos. Una gran diferencia.
El viernes pasado, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD- convocó en asocio con el Fondo de Adaptación al Cambio Climático y la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- a un foro llamado: “40 años del terremoto de Popayán: ¿qué tan vulnerables estamos frente a un terremoto?”. La conclusión fue la del primer párrafo. Un asunto muy serio y de la mayor gravedad posible.
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Desde el terremoto de Popayán se ha avanzado mucho en la Norma de Construcciones Sismo Resistentes -NSR- que incluso se convirtió en las leyes 400 de 1997 y 1796 de 2016, y su aplicación en las construcciones. Es decir, que todas las edificaciones que indique la norma están obligadas a observar las condiciones mínimas que allí se establecen, por lo menos. Pero la NSR sólo apunta a ese 25% de construcciones que son formales. Y no han faltado los problemas aun siendo formales: solo falta recordar el desplome del edificio Space en Medellín y las posteriores demoliciones de edificios, y los que se están en observación.
En todo este tiempo la SCI ha estado muy preocupada por esta situación tan alarmante; en 2018 emitió un documento dirigido al Gobierno Nacional (el que esté de turno) con esta alerta máxima y su hoja de ruta incluida para ajustar lo que no está funcionando al respecto:
“Solicitud de ajuste en procesos de negocio, diseño y construcción con miras a asegurar la calidad de las edificaciones y garantizar que sean seguras”, que contiene los puntos clave. El documento completo se puede consultar en la Revista Anales SCI, edición 942, página 10. Aquí la lista sintetizada de la hoja de ruta:
- Control a las construcciones por parte del Estado (no permitir la informalidad).
- Recursos para los Inspectores de Policía como responsables del control urbano (para detectar y no permitir la informalidad).
- Diligencia en las sanciones a Funcionarios, Promotores y Profesionales corruptos.
- Garantizar la real independencia del Revisor estructural y el Supervisor técnico independiente.
- Asignación por reparto de los Revisores, Supervisores y Curadores.
- Emprender la revisión de todas las edificaciones con problemas de licenciamiento, o en las cuales se tenga noticia de sub-diseños por hiper-optimización.
- Revisión generalizada de edificaciones que por su antigüedad o por su informalidad, puedan no cumplir con la NSR-10, y determinar su demolición o posibilidad de refuerzo.
- Revisión y posterior reforzamiento de todas las estructuras públicas priorizadas.
- Crear el marco legal y económico para facilitar que se adelanten las revisiones de las edificaciones privadas y sus posteriores demolición o reforzamientos según sea el caso.
Lo más importante del foro es que la UNGRD (el Gobierno) esté interactuando con la SCI sobre terremotos y riesgo sísmico, trabajando en su función primordial para prevenir los desastres, y menos tener que atenderlos cuando sucedan los fenómenos naturales. Este es un paso prometedor.
Una medida del desarrollo de un país es el grado de preparación para preservar la vida ante los fenómenos naturales como hemos visto. En Colombia tenemos mucho trabajo por hacer al respecto.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
Notas:
(1) Según la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio más del 50% de la construcción que se desarrolla en las ciudades es informal (ilegal, sin licencia), mostrado en su Conferencia en el 65º Congreso de la Construcción Camacol, octubre 19-21/2022; fuente: Ciudades 4.0 Política Nacional Urbana, MVCT 2019.
Nota (2) Fotografías suministradas amablemente por la Fundación Vivienda Segura [email protected] ; autor Luis Guillermo Aycardi.
