El presidente Petro ordenó a sus ministros la celebración de Asambleas Populares en todos los municipios del país (Asamblea Nacional Popular, 2023) para que el pueblo pueda tener el poder, el poder de decidir, según sus palabras. ¿Qué tanto podrá lograr que “en adelante el Gobierno se moverá sobre las decisiones que surjan de las Asambleas Populares” en cada municipio” y que “las Asambleas Populares en cada municipio son para gobernar”?
Menciona al menos tres frentes de trabajo que son: las comunidades energéticas, los caminos campesinos y las comunidades de conectividad. Pero podría extenderse a todos los temas de sus reformas.
Varios artículos de opinión han expresado preocupaciones del alcance de la participación ciudadana, que coinciden principalmente en que no están en el ordenamiento constitucional, no tienen estructura definida, no tienen reglas legales conocidas y aceptadas, no está definida la forma y garantía de representación de toda la comunidad, no necesitan cuórum, las decisiones pueden basarse en abucheos y algarabía y que son vulnerables a la manipulación de grupos organizados; Wasserman (El Tiempo, 2023), Gómez Restrepo (La Patria, 2023), Flórez Arias (La Silla Vacía, 2023), Morales (El Tiempo, 2023).
Las advertencias de los columnistas se ven exacerbadas por nuestra cultura reinante marcada por no-educación, violencia común y corrupción generalizada, lo que avizora que muy posiblemente sean los grupos de poder presentes en los territorios los que tomen las decisiones y no la frágil democracia de las JAC, y por supuesto, por fuera del ordenamiento legal. Esto ya está sucediendo desde tiempo atrás en las zonas en donde las organizaciones armadas ilegales ejercen su influencia directa, pero el problema es que con las Asambleas Populares muy probablemente su ejercicio de poder, real e ilegal, se amplíe a muchas otras zonas en forma significativa.
El resultado puede apuntar a anarquía desde el nivel veredal hacia arriba, que podrán capitalizar los grupos armados ilegales con intereses en narcotráfico que ostentan el poder local. Un riesgo indescriptible, incluso para el mismo presidente Petro que promueve con sus frases tal nivel de entropía política que pronto podría llegar a la imposibilidad de controlarlas y al no poderlas satisfacer por escasez de recursos o límites legales, podrían tornarse en contra de él.
Por otro lado, las decisiones veredales serían eminentemente locales para poder ser populares (arreglar una vía existente que en invierno es impasable), por lo cual solo podrían priorizar las inversiones en su localidad frente a un presupuesto asignado ¿centralmente? Sería imposible priorizar proyectos zonales o regionales que podrían ser los más necesarios. Para ello, de todas maneras deberá haber funcionarios de planeación nacional informados que puedan hacer las optimizaciones zonales o regionales.
Pero no tiene razón cuando afirma que:
“Una gran inversión pública que en lugar de ir al gran contratista, que casi siempre termina en las cárceles por corrupción, pueda ir a las decenas de miles de acciones comunales”. Ningún gran contratista contrata caminos veredales (y obviamente, solo una mínima parte de los grandes contratistas ha terminado en las cárceles).
“Que sea el pueblo el que pueda contratar con el Estado para que el empleo se pueda irradiar a través del recurso público el trabajo comunal”. Es la pequeña y mediana ingeniería la que construye los caminos campesinos, profesionales necesitados que también son “pueblo” y se ganan la vida trabajando; el empleo irradiado es igual, y la mayoría de las veces la comunidad no tiene disponibilidad para trabajar en las vías porque tienen su trabajo en el campo: por eso son campesinos. Las obras de ingeniería deben contar con ingenieros (Ley 842 de 2013); poner a las JAC a contratar ingenieros (o a subcontratarlos) traerá más costo (intermediación innecesaria) o menos calidad (la contratación del ingeniero sin ningún criterio de selección; ingeniero sujeto a lo que diga o imponga su contratante) o más costo y menos calidad que será lo más probable (obras más caras y mal hechas).
“Y para que se pueda beneficiar en realidad la comunidad campesina y sobre todo para que no se pierda un solo peso del erario”. Una comunidad vigilante, a través de veedurías, sí puede ser garante de esto; pero nada asegura que una comunidad contratista no caiga en las mismas prácticas de corrupción generalizada del país. Lamentablemente no se puede contar con la certeza que no se pierda ningún peso del erario.
Partiendo de un mal diagnóstico de la enfermedad se llega a un mal remedio. En este caso de las vías campesinas, las Asambleas Populares sirven bien para la postulación y priorización local de los proyectos (dándoles la estructura necesaria), pero no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la ejecución, mal diagnosticada por el presidente y su Gobierno.
Es posible, dicen los amigos de las teorías de conspiración, que lo que se busca es crear expectativas y conducir a que los deseos no se pueden satisfacer porque el sistema no deja, y por tanto hay que cambiar el sistema. Y así, manejar votos por canalizar insatisfacciones.
Si el presidente Petro quisiera pasar a la historia como el artífice de grandes cambios positivos, como quisiéramos para que le vaya bien al país, entonces su máxima oportunidad sí es combatiendo la corrupción en la contratación pública lo cual traería un enorme impacto favorable para todos, incluyendo al campesinado.
Se debe establecer que la inversión con dineros públicos siempre debe ser controlada conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación pública) lo cual significaría meter en cintura a entidades como Findeter, DPS, DAPRE, Fondo Adaptación, Universidades y ESE públicas y la eliminación de los llamados “contrataderos”, que son Empresas Industriales y Comerciales del Estado creadas únicamente para prestar el “servicio de ELUDIR la Ley 80 a través de sus propios manuales” como EMDUCE, EDESO, EAG, Fundación Universidad del Valle, un gran etcétera y los fondos manejados mediante Fiducias, en las cuales se puede contratar con régimen privado, lo que a su vez permite establecer controles a su antojo, sin pliego tipo y contratar amañadamente, encareciendo de paso la contratación pública porque hacen el trabajo que las entidades públicas debieran realizar como parte de su misión natural.
Si los políticos difícilmente pudieran intermediar ilícitamente los contratos, perderían su interés en ellos, permitiendo que los proyectos se priorizaran debidamente, como debe ser, con participación de las comunidades y en conjunto con sus representantes políticos dentro del ordenamiento orgánico del Estado, que incluye los concejos municipales. Si no pudiera haber interés económico personal ilegal de los políticos por la dificultad de hacer corrupción, la capacidad del Estado mejoraría y la participación de las comunidades empezaría a brillar.
Ese es el camino en el cual el remedio correcto no solo es mucho mejor que la enfermedad sino que mejora efectivamente la enfermedad. Las Asambleas Populares, que pueden usarse exitosamente para la apropiación de las comunidades de sus proyectos de desarrollo y su priorización local, no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la contratación pública y es posible que nos dejen con mucha más enfermedad que la actual y anarquía. Ese es el riesgo.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
