En el 23 el cambio democrático se juega su suerte. En efecto, las elecciones territoriales de octubre serán una contienda entre las fuerzas progresistas que representan e interpretan las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Petro y de los gobiernos alternativos en Bogotá y otras regiones del país, versus las estructuras de la política tradicional que articulan entramados de captura del poder público en provecho propio, al tiempo que actúan en función de sectores económicos pre modernos y rentistas.

Los clanes políticos desempeñan un papel estelar en las estructuras de la política tradicional colombiana. Más que los partidos, son los clanes el eslabón de producción y reproducción del viejo sistema político. Su trinchera son los poderes regionales o las Alcaldías y Gobernaciones, desde allí controlan el aparato y la contratación pública, someten las regiones a su voluntad omnipresente, dominan la representación parlamentaria, capturan los partidos tradicionales y la expedición de avales. Son una mediación de facto entre el territorio y la nación, desarrollan una inmensa capacidad adaptativa para incorporarse a las coaliciones del gobierno nacional y no dudan en acudir al chantaje y la extorsión cuando las circunstancias se lo exigen. Son entramados que generalmente se mezclan con la criminalidad y ejercen una suerte de autoritarismo regional o territorial.

En Colombia tenemos más clanes que partidos. Mientras vamos en 34 partidos con personería jurídica, la Fundación Paz y Reconciliación documentó en sus estudios 54 grandes clanes políticos familiares a los qué hay sumar una estela de por lo menos 300 clanes de tamaño intermedio articulados a los primeros. A pesar del avance de las fuerzas alternativas en la composición del Congreso de la República, los clanes y los clancitos siguen conservando un inmenso poder parlamentario que hoy cobran caro el apoyo a las reformas o las ponen en serias dificultades. Solo tres clanes del Caribe, por ejemplo, los Char, los Cotes y los Gnecco suman más de 20 congresistas articulados a los partidos cuyos jefes se oponen rabiosamente a la reforma a la salud, a la laboral o a la pensional.

El cambio de rumbo y la agenda progresista sólo será viable si las fuerzas alternativas se juntan para enfrentar y derrotar a los clanes políticos. No hay otra alternativa. A no ser que se resignen a ser espectadores de la transacción perversa a la que sus representaciones parlamentarias someten al gobierno nacional. Si la tarea democrática del 22 fue la derrota de la derecha del establecimiento, la del 23 es la de imponerse regionalmente a los clanes.

Que las fuerzas alternativas unidas se impongan en las regionales significará una bocanada de oxígeno para el gobierno Petro, permitirá romper el autoritarismo subnacional ejercido por los clanes, instalar relaciones intestitucionalizadas entre la nación y los territorios, y armonizar el poder político regional con la agenda de cambios y reformas liderados por el presidente y su gobierno. Amanecerá y veremos.

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