Decía don Angel Osorio, uno de los más eximios juristas del habla hispana, en su excelente obra El alma de la toga, que un pueblo o una nación puede vivir sin una buena economía, con mala salud, pero lo que jamás puede prescindir es de una buena justicia. Por la razón expuesta por el cultor de las disciplinas jurídico penales, es que se engañan muchas personas que candorosamente creen que el principal problema de Colombia es la insurgencia y que una vez desaparecida la organización delictiva de las Farc como movimiento militar y firmados los acuerdos de cese bilateral al fuego, la prosperidad vendrá a nuestro país y pasaremos a ser una nación pacífica muy parecida al nirvana social.
Me reafirmo en lo dicho hace algunos días: el principal problema de Colombia es la corrupción, entendida ésta no solamente como el desfalco y la apropiación de los bienes públicos o del erario público. No, también se puede ser corrupto por razones ideológicas, morales, de raza o simplemente por motivos de envidia o antipatía. Y cabe encasillar las conductas desviadas de la legalidad, actos de arbitrariedad, despotismo o desviación de las funciones públicas. Y esto es lo que ha acontecido durante los últimos 30 años con los órganos judiciales, llamados eufemísticamente, de control, los encargados de administrar justicia en el área investigativa, de juzgamiento y en lo disciplinario.
Los tres órganos públicos encargados de impartir y discernir justicia en nuestro medio: la Corte Suprema de Justicia, como corporación mayor en el desenlace de los conflictos jurídicos; la Fiscalía General de la Nación, en el ejercicio de la acción acusadora e investigadora y la Procuraduría General de la Nación, en lo atinente al juzgamiento de conductas susceptibles de sanciones disciplinarias. Un repaso a lo ejecutado, administrado, investigado y fallado por los tres entes públicos encargados de administrar justicia en los tiempos recientes, deja un balance bastante deficiente y descorazonador que justifica el por qué la imagen de la justicia está en el puesto más bajo en toda la historia republicana de nuestra patria.
En otro Estado seguramente muchos de los agentes o funcionarios encargados de la rama jurisdiccional estarían investigados, condenados y quizá pagando largas condenas. Pero en Colombia, tan cerca física como moralmente de Venezuela, ello no ocurre por cuanto carecemos de un tribunal que ponga coto a tan repugnantes como ilegales comportamientos y cuando el congreso legisló en tal sentido, la Corte Constitucional, fallando en su favor y en la de sus colegas y homólogos, declaró contrario a la carta política el acto legislativo tramitado en ambas cámaras. La venezualización de nuestra justicia es cada día más evidente. Antes era taimada, soslayada o revestida de una apariencia de legalidad.
En los dos cuatrienios Santos se alió con el fiscal general para convertir el aparato investigativo en una máquina demoledora de enemigos políticos electorales y de aparato represor encarcelatorio de connotados dirigentes políticos. Hoy no queda duda de este ilegal contubernio, pues desvergonzadamente el ex fiscal Montealegre así lo confesó una vez dejó su alto cargo. Los favores, cercanos al tráfico de influencias, que le prestó a Santos al encarcelar a Luis Alfredo Ramos Botero, inminente contendor en la campaña presidencial de 2014 y el escándalo del llamado hacker como burda comedia judicial para sacar del camino hacia el Palacio de Nariño a Oscar Iván Zuluaga, no admite justificación alguna.
El encarcelamiento de varios políticos del Urabá antioqueño por presuntos nexos con los paramilitares, patentaron la alianza ilegítima y amoral entre el ente acusador y el ejecutivo. Pero quien se lleva las palmas y se alza el triunfo de campeón en arrasar con la legalidad ha sido la Suprema Corte, Sala Penal, que desde hace un cuarto de siglo viene cometiendo desafueros, desmanes y entuertos jurídicos. Se inventó el delito de enriquecimiento ilícito y el hoy comodín hecho punible de Concierto para delinquir, con la finalidad de acabar con varias figuras políticas de la vida nacional. No le ha importado a la Corte que la Corte Interamericana haya declarado que en el proceso 8000 actuó fuera de la ley. A quienes violaron el orden jurídico el estado los tiene gozando de una pensión de jubilación.
En la carrera autodestructiva de la imagen de la otrora respetable corporación judicial, se precipitó al abismo de desprestigio con la pelea que los altos dignatarios de ella sostuvieran, cual verduleras de plaza, con el presidente Alvaro Uribe Vélez. La llamada a ser jueces colegiados rectos y ecuánimes perdieron sus estribos y cayeron en las más bajas pasiones de venganza y retaliación (hay audios que prueban las poco dignas palabras y los móviles bajos de antipatía con los funcionarios del gobierno Uribe a raíz de las llamadas chuzadas).
En venganza y con un propósito justiciero y vengativo, antes que una recta aplicación de la ley y una imparcial aplicación de justicia, juzgaron y condenaron a sus enemigos, a sus espías, a sus contradictores, quebrantando los más elementales principios del juez imparcial. Exministros, altos funcionarios de la Casa de Nariño, otros de menor rango, fueron objeto de un acto de venganza antes que de justicia. Lo que está pasando actualmente en la Corte Constitucional a propósito de una acción de tutela presentada por el ex ministro Diego Palacio prueba hasta la saciedad el acto vergonzosamente contrario a derecho de algunos magistrados de la Suprema Corte. Otro tanto acontece con las demandas ante los tribunales internacionales
El proceso de la parapolítica podría dar para un libro en el que se demuestra cómo la corte ha violado la ley penal, sin que haya forma de parar tantos despropósitos y desaguisados legales. Las cortes se hicieron el harakiri y a manera de escorpiones se inocularon el veneno de la desconfianza o el desprestigio.
Otro tanto ha ocurrido con el ya ex procurador, que llamado a ser el custodio de la legalidad se convirtió en un verdugo de quienes no compartían sus ideas o eran sus contradictores políticos. La justicia contenciosa le ha puesto dique a muchas de sus arbitrariedades.
Con un triada de funcionarios al servicio del linchamiento público antes que del ejercicio legítimo de la justicia ecuánime, el país llegó a los abismos de desestabilización antes impensables. Por eso el pueblo llama a gritos una constituyente para que se reformen de verdad sus tres pilares y estandartes del Estado de derecho.
No más funcionarios de alto nivel elegidos con criterios políticos. ¡Y que entren a concursar por méritos los magistrados, los procuradores y los fiscales!
