El Departamento de Estado de Estados Unidos ha comunicado este viernes el fin de las sanciones impuestas por la anterior Administración de Donald Trump contra algunos integrantes della Corte Penal Internacional (CPI), como la fiscal jefe, Fatou Bensouda, por sus investigaciones sobre posibles crímenes en la guerra de Afganistán.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado ha explicado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revocado la anterior orden ejecutiva de Trump, “poniendo así fin a la amenaza e imposición de sanciones económicas y restricciones de visado” de varias personas que se desempeñan en la CPI.
“Se han levantado las sanciones impuestas por la administración anterior contra la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda; y del jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko”, informa el texto, en el que también se señala el fin de las restricciones impuestas en 2019 a otros miembros del personal de la Corte.
Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que continúa “en total desacuerdo con las acciones de la CPI relacionadas con las situaciones de Afganistán y Palestina” y recalca su rechazo “a los esfuerzos” de la Corte por “hacer valer su jurisdicción sobre el personal” de Estados Unidos e Israel, puesto que son países que no forman parte del Estatuto de Roma.
Por su parte, Bensouda rechazó este argumento de Washington, pues si bien Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma que rige a la CPI, “Afganistán sí lo es si y si los crímenes se cometieron en su territorio”, entonces cuenta con jurisdicción para abordar dicha situación. la CPI investiga posibles crímenes de guerra y de lesa Humanidad perpetrados previsiblemente por tropas estadounidenses.
Acogida de la decisión de EEUU
La CPI ha acogido “con satisfacción” la decisión de Estados Unidos, tal y como ha manifestado a través de una publicación en su perfil de Twitter.
La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma –órgano legislativo y de supervisión de LA cpi–, Silvia Fernández de Gurmendi, también ha expresado, a través de un comunicado, su “profundo reconocimiento” por la decisión adoptada este viernes por el Gobierno de Estados Unidos.
“Esta decisión contribuye fortalecer la labor del tribunal y, de manera más general, a promover un orden internacional basado en el derecho”, ha subrayado al respeto, para señalar que la “decisión se adoptó en una coyuntura fundamental en la que la Asamblea de los Estados Partes y la CPI se han embarcado en un proceso de revisión de amplio alcance para mejorar el sistema del Estatuto de Roma en la búsqueda de la rendición de cuentas por los crímenes más graves de interés internacional”.
Fernández de Gurmendi ha confiado así en que la decisión “marque el inicio de una nueva fase de nuestro compromiso común de luchar contra la impunidad de tales crímenes”. “La Asamblea y sus órganos subsidiarios siempre han acogido con beneplácito la participación de los Estados Unidos, y de hecho de todos los Estados, en su labor, así como han alentado una fructífera cooperación con las actividades del tribunal”, ha agregado.
Al respecto ha reaccionado también la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha incidido en que el fin de las sanciones contra la CPI “elimina un serio obstáculo para que el tribunal brinde justicia a las víctimas de los peores crímenes del mundo”.
“Las sanciones perversamente punitivas de la Administración de Donald Trump contra el TPI demostraron un absoluto desprecio por las víctimas de graves crímenes internacionales y los fiscales que buscan responsabilizar a los responsables”, ha apuntado el director de justicia internacional de HRW, Richard Dicker, en un comunicado.
Asimismo, ha aplaudido que “al eliminar esta amenaza sin precedentes al estado de derecho mundial, el presidente Biden ha comenzado el largo proceso de restaurar la credibilidad de Estados Unidos en la justicia internacional a través del TPI”.
Sin embargo, la organización ha lamentado que al derogar la orden de las sanciones, la Administración estadounidense “ha dejado claro” que continúa oponiéndose a las investigaciones de la CPI en las situaciones de Afganistán y los Territorios Palestinos.
En concreto, la ONG se ha referido a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reiterado este viernes su desacuerdo con las investigaciones de la CPI por posibles crímenes de guerra en Territorios Palestinos. “La investigación del fiscal proporciona un camino largamente esperado hacia la justicia para las víctimas palestinas e israelíes de graves crímenes internacionales”, ha indicado al respecto HRW.
Dado que las sanciones ya no están vigentes, el Gobierno de Estados Unidos “debería revisar su compromiso futuro con el TPI”, ha apelado la organización, para incidir en que “si bien seguirán existiendo diferencias entre Washington y el tribunal, la Administración de Biden debería buscar una cooperación regularizada”.
“El TPI tiene sus limitaciones, pero su papel como tribunal de última instancia para los peores crímenes es más necesario que nunca”, ha insistido Dicker, al tiempo que ha reiterado que Estados Unidos “debe respaldar al TPI para garantizar que las víctimas tengan la oportunidad de obtener justicia y que la cooperación debe ser la regla, no la excepción”.
