La expresidenta de Argentina Cristina Fernández ha acusado este miércoles al Poder Judicial de «proteger» a los «ideólogos» de su intento de asesinato en septiembre de 2022 y al fiscal que lideró la acusación en su contra, Diego Luciani, de contribuir a la «violencia política» que sufrió.

«Faltan los autores ideológicos, los financiadores. El partido judicial sigue protegiendo a los ideólogos», ha declarado Fernández durante el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 por parte de Fernández Montiel, vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal.

Antes, ha abordado el clima de «violencia política» que se generó en su contra, recordando cómo después de la pandemia su despacho en el Senado fue atacado sin que la Policía actuara, señalando a Luciani de contribuir al acusarla durante días al peronismo y a ella misma de corrupción en horarios de máxima audiencia.

«Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió. Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani. Están los autores materiales, pero no los financiadores», ha insistido, señalando también a los medios de contribuir a esta «violencia simbólica».

Así, Fernández ha comenzado a mostrar publicaciones de los medios de comunicación en las que aparecía caricaturizada. «Sufría estas agresiones en mi condición de mujer (…) Dicen que me quiero hacer la víctima, no es una cuestión de hacerse la víctima. Son datos objetivos», ha dicho, recogen medios argentinos.

Fernández ha mostrado una portada en la que aparecía con un ojo morado bajo el título ‘El negocio de pegarle a Cristina’ y, en lo que para algunos medios ha sido una referencia velada a la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, ha dicho, «tiene actualidad, ¿no? Todo siempre se repite».

La expresidenta argentina ha estado declarando durante más de hora y media en el juicio contra Montiel y su novia Brenda Uliarte por los delitos de intento de homicidio, que les podría acarrear penas de cárcel de hasta 20 años, y en el que está siendo también juzgado su jefe, Nicolás Gabriel Carrizo, por complicidad.

Luciani lideró la acusación contra ella por corrupción en los doce años de su gobierno y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner en la conocida como ‘causa Vialidad’, que le supuso una condena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. La sentencia ha sido recurrida.