Diego Cancino, concejal de Bogotá e Iván Velásquez ex magistrado y director de la Corporación Justicia y Democracia, instauraron una acción pública de inconstitucionalidad contra la figura de los traslados por protección, reformada por el artículo 40 de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Los demandantes consideran que la medida es usada por la Policía de manera “generalizada, arbitraria y sin cumplir las condiciones mínimas establecidas”, y que se estaría utilizando para “violentar la libertad personal, restringir la protesta social y violar derechos humanos”.
Según Cancino, “la Policía Nacional, entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2021, realizó 4.846 traslados por protección en todo el país; 268 de ellos fueron realizados en Bogotá”.
Cancino explicó que “a través de la figura del traslado por protección la Policía Nacional puede privar de la libertad a una persona hasta por 12 horas para proteger su vida o integridad o la de terceros. A pesar del aparente carácter protector de la medida, defensores de derechos humanos y diversas autoridades, como la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han constatado que la aplicación de ésta ha vulnerado los derechos humanos”.
En la exposición de la demanda se asegura que las causales del traslado por protección, “son extremadamente ambiguas y carentes de elementos objetivos, permitiendo la coexistencia de múltiples interpretaciones, en los que participarían elementos subjetivos del policía, sobre la realización del traslado. Teniendo en cuenta que, en un Estado de Derecho, la libertad personal es la regla y la restricción es la excepción, las causales deben contener garantías que eviten la arbitrariedad del operador, en este caso de la Policía”.
La demanda señala que solamente habrá lugar a realizar el traslado cuando la Policía agote otras medidas menos restrictivas.
