El caso judicial conocido como ‘Farcpolítica’ revivió, por cuenta de las declaraciones del politólogo, Andrés Vásquez Moreno, exasesor de la excongresista, Piedad Córdoba, que la involucran con el empresario Alex Saab, reviviendo de paso el fantasma de ‘Teodora de Bolívar’.
La Corte Suprema de Justicia, según lo confirmó el diario El Tiempo, envió copias a la Fiscalía para que investigue algunas propiedades de la exsenadora, quien aspira a la reelección de su curul, no por el Partido Liberal, en donde ha estado su militancia política sino por el Pacto Histórico.
Además de las propiedades de Córdoba, se pide además, según la Revista Semana, investigar a Lya Esneda Ruiz de Córdoba y Zabulón Córdoba, Byron Oswaldo Córdoba Ruiz, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, Gloria Eugenia Córdoba Ruiz, Martha Lya Córdoba Ruiz, Sandra Elizabeth Córdoba Ruiz, José Fernando Córdoba Ruiz, Juan Luis Castro Córdoba, María Castro Córdoba y Camilo Andrés Castro Córdoba, todos familiares suyos.
¿En qué momento iniciaron los problemas para la excongresista?
Piedad Córdoba Ruiz se destacaba por ser una de las congresistas de oposición más contundentes a los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El secuestro del que fue víctima por orden de Carlos Castaño y su posterior liberación, le dio mayor visibilidad de la que tenía antes del lamentable suceso, que según tesis de las Fiscalía, “este tuvo un contenido político por encima de los intereses personales del comandante paramilitar, quien quería presionar al gobierno Pastrana para que incluyera a las Autodefensas en la mesa de negociación y para que el sur de Bolívar, en ese entonces una región bajo el yugo paramilitar, no fuera despejado”.
A pesar de los problemas de seguridad y las amenazas en su contra, Piedad continuaba con su labor como congresista del Partido Liberal sin mayores tropiezos. Los problemas para ella comienzan a partir del momento en que se le ocurre llegar a la codirección del liberalismo, del que fue su presidenta durante seis meses.
Su permanencia en la dirección colegiada le valió enfrentamientos con su colega de ese entonces en la colectividad, Juan Fernando Cristo, quien pedía unidad en el liberalismo y quien gestionó el regreso del expresidente Cesar Gaviria Trujillo, tras la culminación de su período como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como presidenta del Partido Liberal fue la encargada de firmar el aval a la aspiración del exgobernador condenado por Parapolítica, Trino Luna, lo que provocó un enfrentamiento al interior de la dirección colegiada, por tratarse de una candidatura única, y en la que muchos sabían, era respaldada por los paramilitares.
Fue en ese momento cuando el entonces asesor del liberalismo y exconsejero de seguridad del gobierno Duque, Rafael Guarín, pidió públicamente a Piedad Córdoba, asumir su responsabilidad por la firma de los avales de Trino Luna exgobernador del Magdalena y Hernando Molina, exgobernador del Cesar, ambos condenados por vínculos con el paramilitarismo.
Cuando estaba a punto de terminar el primer período de Álvaro Uribe en la Presidencia y este comenzaba su campaña por la reelección, el liberalismo se encontraba fraccionado entre los que apoyaban al primer mandatario, y quienes se oponían a su gestión. Piedad hacía parte del segundo grupo, y haciendo uso del radicalismo que tanto le caracteriza, se mostró como la principal piedra en el zapato ante la posibilidad de que personajes como Germán Vargas Lleras, Dilian Francisca Toro, Nancy Patricia Gutiérrez o Enrique Peñalosa retornaran al liberalismo, sin embargo no logró evitar que Cesar Gaviria fuera elegido como director único ni impedir el regreso de Rafael Pardo, Cecilia López y Andrés González a la colectividad.
Liberaciones de los secuestrados, momento cumbre de Piedad
En el año 2007, el presidente Álvaro Uribe Vélez, acepta la mediación de la senadora Piedad Córdoba para que la guerrilla de las Farc liberara a quienes se encontraban en cautiverio. Sorpresivamente se permite la intervención de la gestión del presidente venezolano Hugo Chávez, a quien el mandatario colombiano le hace una advertencia: “no hablar con los militares”.
Cuando Chávez y Piedad Córdoba pasan por alto la advertencia de Uribe, este les desautoriza y cancela su mediación. Sin embargo, en diciembre del mismo año, las Farc anuncian que serían liberadas la excandidata a la vicepresidencia Clara Rojas y su hijo Enmanuel, junto con la exrepresentante Consuelo González de Perdomo, y que serían entregados al presidente de Venezuela y a la senadora liberal. El gobierno Uribe desestimó el anuncio y reveló que el hijo de Clara Rojas estaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Finalmente la liberación de las dos mujeres se dieron en las condiciones impuestas por las Farc y quedó la impresión de que el futuro de los secuestrados estaría en manos de Piedad Córdoba, quien vivía momentos de gloria.
A las liberaciones de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, siguieron las de Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Géchem. Más adelante se dieron las del exgobernador Alan Jara, el exdiputado Sigifredo López y el suboficial Pablo Emilio Moncayo. Estas últimas liberaciones fueron posibles, aun con lo que significó para las Farc el revés sufrido por la Operación Jaque que logró arrebatarles a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a los tres norteamericanos y un grupo de policías y militares secuestrados.
Todo este trabajo le permitió a Piedad mantener su lugar en la opinión pública, como una especie de autoridad en la búsqueda de la paz.
Aparece el computador de Raúl Reyes y con él, un nuevo dolor de cabeza para Piedad
En 2008, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ejecuta la Operación Fénix en la frontera con Ecuador, del lado del vecino país, en donde cae el jefe guerrillero Raúl Reyes. El hecho provoca la ruptura diplomática entre Colombia y el entonces gobierno de Rafael Correa.
En el operativo fue incautado el computador que pertenecía al líder guerrillero Edgar Devia, alias Raúl Reyes, en donde se encontraron documentos que mencionaban a ‘Teodora de Bolívar’. En uno de los apartes, según hace saber en un mensaje, dice: “Incluyan en el listado (…) la siguiente dirección: [email protected]. A esta dirección mandan mi nota a nombre de Teodora”. En otra ocasión, Reyes adjunta “una carta de Piedad” firmada por “Teodora”.
Según las declaraciones entregadas por el exasesor de Piedad Córdoba, divulgadas por Noticias Caracol, ella era la tan mencionada “Teodora de Bolívar” que tanto se mencionaba en el pc, lo que le valió a la senadora la destitución de parte de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, quien validó la información contenida en los computadores como prueba disciplinaria, muy a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, los había invalidado como prueba judicial.
En el pc se sugiere, “ignorar las presiones para liberar a Ingrid Betancourt, la secuestrada más relevante. Según lo transcribe, alias César, uno de los mandos guerrilleros. “La senadora Piedad Córdoba” cree “que hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Ingrid”. Dice además “que Ingrid está flaca, pero que siempre fue flaca y que no se va a morir de eso”.
Córdoba siempre ha negado, ser Teodora de Bolívar y asegura que su labor se limitó a gestionar la liberación de las personas secuestradas por las Farc.
La información encontrada en el computador fue entregada a la INTERPOL para que realizara un análisis y certificara que no hubo manipulación en los archivos.
El Comité Ejecutivo de INTERPOL ratificó la validez del informe redactado por su Secretaría General sobre el material informático encontrado en los computadores: “Basándonos en un examen pormenorizado de todos los datos pertinentes, respaldamos íntegramente el informe y todas sus conclusiones”, afirmó el Comité Ejecutivo, encargado de la supervisión de la Secretaría General de Interpol.
Aun así la Corte Suprema de Justicia, quien tenía la potestad de decidir la suerte judicial de la senadora Piedad Córdoba, lo invalidó como prueba al considerar que este no debió abrirse en ningún momento y recordó que Colombia suscribió un acuerdo de cooperación judicial bilateral con Ecuador, que estipula limitaciones.
El auto señala que solo el Fiscal General de la Nación podía practicar ese tipo de diligencias, previa autorización de las autoridades legitimadas para otorgarla y que ninguna otra autoridad nacional puede traer pruebas penales del exterior, y menos de facto, desconociendo las facultades de las autoridades extranjeras.
De esta forma, mientras la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso judicial contra Piedad Córdoba por Farcpolítica, la Procuraduría General de la Nación le mantuvo la destitución por 18 años, de la que vino a rescatarla mucho tiempo después el Consejo de Estado, quien le revivió políticamente.
“La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contemplan el ordenamiento jurídico colombiano, ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para esos efectos”, manifestó el presidente de la Corporación, Danilo Rojas, en su momento.
Desde entonces la situación para Piedad vuelve a la tranquilidad, hasta el momento en que reaparece su exacesor Andrés Vásquez Moreno, quien ratifica que en efecto ella era Teodora de Bolívar, y que sus relaciones con Venezuela fueron más allá de una simple admiración y simpatía, lo que revive los dolores de cabeza y hoy la tiene de nuevo en la picota pública.
